Críticas de los colegios profesionales al Ejecutivo provincial
La retirada enojó a los jueces y abogados
Las corporaciones de magistrados y de letrados alertan sobre las consecuencias de seguir sin cubrir las vacantes en el Poder Judicial
El Ejecutivo provincial abrió un nuevo frente de tormenta en el tablero político y esta vez despertó la reprimenda y el disenso de la corporación del Poder Judicial, el repudio opositor y también dentro del oficialismo, ante la decisión de retirar el jueves de la Asamblea Legislativa todos los pliegos de candidatos a ocupar vacantes en la magistratura santafesina.
A la previsible crepitación política que se elevó en el ámbito legislativo, ayer despertaron los colegios de Magistrados y de Abogados, para señalar el segundo retiro de pliego de aspirantes a jueces que hace el gobierno de Omar Perotti, algo inédito, pero agravado esta vez porque fue a último momento y porque la necesidad de completar vacantes en el Poder Judicial se hace notar más que antes.
El Colegio de Magistrados de Santa Fe emitió ayer un comunicado que firman sus titulares, Gustavo Salvador y Roberto Dellamónica, y en el que expresan "profunda preocupación" por el sorpresivo retiro de pliegos en la Asamblea Legislativa, cuando ya había acuerdo para aprobar al menos cuatro de los 10 candidatos presentados.
"La situación generada reviste una innegable gravedad institucional y afecta la normal prestación del servicio de justicia, atento a que posterga indefinidamente la cobertura de vacantes -a las que se producirán otras próximamente- imprescindibles para el correcto funcionamiento de este Poder del Estado", recriminó el mensaje de la corporación judicial.
"Hacemos un llamado a la reflexión a los estamentos políticos del Estado provincial a fin de que, superando diferencias e intereses coyunturales, asuman debidamente responsabilidad institucional que la Constitución de la provincia les asigna y adopten las decisiones necesarias para la inmediata cobertura de las vacantes existentes en el Poder Judicial", concluyó.
El Ejecutivo ordenó ya con la Asamblea en pleno el retiro de los 10 pliegos, a pesar de que había cuatro ya consensuados para su aprobación, y había otros dos con el apoyo suficiente como para empujar su postulación. No ocurría lo mismo con los cuatro aspirantes que restaban, carentes de respaldo político. “Iban a prestar acuerdo a menos de la mitad de los pliegos enviados; se creyó que era un manoseo permitir que tumben la mitad de los enviados, y algunos con un criterio totalmente discrecional. Por eso se retiró el paquete, y vamos a reconducir el diálogo”, le dijo el jueves a este diario una fuente de la Casa Gris.
El presidente del Colegio de Abogados de Rosario, Lucas Galdeano, opinó en el mismo sentido que los magistrados, opinó que al gobierno le faltó cintura política para negociar y temió por la consecuencia probable: futuras deserciones de aspirantes que quieran concursar cargo de jueces.
"Esta vez parecía que estaba todo conversado, pero terminó de esta forma. Fue un manoseo a los aspirantes, que tienen una carrera por cuidar, a los justiciables. Fue frustrante", señaló Galdeano ayer a Rosario/12. El representante de la corporación de letrados consideró que en Rosario las vacantes son pocas pero existen en todos los fueros y cámaras, y "resiente el trabajo de los otros jueces que deben subrogar".
"Faltó diálogo previo al enviar los pliegos. El problema no es solo con la oposición, sino con el propio oficialismo", advirtió. Y vislumbró que "en adelante quien quisiera aspirar a juez no se presente a concurso para no exponerse a este manoseo".
Ya en marzo, en la apertura del año judicial, el presidente de la Corte Suprema, Rafael Gutiérrez, había enviado un reclamo claro al Ejecutivo para que active en el Consejo de la Magistratura la cobertura de las 57 vacantes que hay dentro de los 374 cargos de jueces en la provincia.
En la sesión de la Asamblea, los que manifestaban reparos apuntaban a que 4 de los 10 pliegos atendían las vacantes de juzgados en Rafaela. Uno era Sebastián Pusineri, hermano del ministro de Trabajo; otra Jorgelina Basano, ex candidata suplente a senadora detrás de Alcides Calvo.
"El gobierno tiene que buscar consenso y acuerdo, no se ha acercado nadie a hablar del Ejecutivo, envían los pliegos y hay que aprobarlos porque sí", se quejó el peronista Luis Rubeo, quien votó en contra del retiro de postulaciones igual que sus pares de bancada Leandro Busatto, Ricardo Olivera y Lucila de Ponti.
Carlos Del Frade (Frente Social y Popular) fue uno de los que se abstuvieron en la votación que le aceptó al gobierno el retiro de los pliegos. "Fue una vergüenza institucional, un ida y vuelta de sectores del PJ, del radicalismo, PRO, socialismo, que se arrogan el mérito de construir consensos y terminaron en este fracaso. Nos abstuvimos porque el 23 de marzo habíamos pedido que para esta primera asamblea legislativa se discutiera el caso Traferri, la persecución a los fiscales y el increíble fondeo de leyes en Senadores. No seguiríamos entonces con ese juego perverso de los tres poderes. Lo de Perotti es una señal más de la ciénaga institucional que es exclusiva responsabilidad de los partidos mayoritarios que gobernaron los últimos 20 años", disparó.
"Perotti dio una muestra más de autoritarismo y de intentar interferir en la independencia de poderes", cuestionaron desde el bloque UCR.
Canje
Denuncia por enriquecimiento ilícito contra Horacio Rosatti
Una voz de peso antes de decidir
La Cámara Federal de Rosario le pidió la opinión al presidente de la Corte antes de resolver si habilita que lo investiguen o no.
Desde Santa Fe
La Cámara Federal de Rosario le pidió la opinión al presidente de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti antes de resolver si lo investiga o no. Lo decidió esta semana la Sala A –que interviene en el caso- en un incidente previo a tratar el “fondo del asunto”, que es una denuncia anónima contra el supremo por presunto “enriquecimiento ilícito” que tramita en el Juzgado Federal Nº 1 de Santa Fe desde junio de 2021. La decisión se adoptó por mayoría, a pedido del fiscal general Oscar Arrigo, quien fundamentó su propuesta en resguardo del “derecho de defensa” de Rosatti y las garantías del “debido proceso”.
El incidente se planteó por un decreto del presidente de la Sala, Aníbal Pineda, quien el 31 de marzo “pasó la causa al Acuerdo” para resolver el “fondo del asunto”, que es si se investiga (o no) la denuncia contra el presidente de la Corte. El fiscal Gustavo Onel ya dijo que no. El primer juez que intervino, Reinaldo Rodríguez, dijo que sí, pero fue recusado por Rosatti en los tribunales de Comodoro Py, donde la Cámara de Casación (Sala I) lo apartó del proceso, como quería el recusante.
El fiscal Onel ya intentó cerrar la causa dos veces. En junio de 2021 desestimó la denuncia y pidió su archivo. Y dos meses después, en setiembre, solicitó el “sobreseimiento” del presidente de la Corte y ahora también del Consejo de la Magistratura por “prescripción de la acción penal”. El 27 de setiembre, el juez Rodríguez rechazó el “pedido de prescripción y archivo solicitados” por Onel, quien apeló ante la Cámara Federal de Rosario, que ahora deberá resolver el recurso. Rosatti adhirió a la apelación.
El 4 de octubre de 2021 –a la semana de que el juez Rodríguez rechazara el cierre de la causa- se presentó a declarar en el juzgado un ex chofer de la Municipalidad de Santa Fe. En la audiencia, pidió conocer la denuncia anónima. Y después habló de una supuesta entrega de “sobres”, contó quién se los daba y que él se encargó de llevarlos “al domicilio del doctor Rosatti todos los meses”. Rosatti fue intendente de Santa Fe en el período 1995-1999. Lo sucedieron en el cargo Marcelo Álvarez (1999-2003) y luego Martín Balbarrey (2003-2007). El período que el testigo ubicó su tarea sería el tercero, cuando Rosatti se desempeñaba como procurador del Tesoro de la Nación (2003-2004) y ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (2004-2005).
En la apelación a la negativa de Rodríguez de cerrar la causa y exculpar al denunciado, el juez Pineda decretó el 31 de marzo el “pase de las actuaciones al Acuerdo” para resolver la cuestión de fondo. Pero el fiscal Arrigo impugnó el decreto porque a su juicio –antes de que la Sala dicte sentencia- debía correrse vista al Ministerio Público y al propio Rosatti para que opinen. Y solicitó entonces que el tribunal revoque el decreto de Pineda y consulte al presidente de la Corte, antes de resolver si lo investigan o no.
La “función esencial” del Ministerio Público –dijo Arrigo- es “defender la legalidad del procedimiento” y al omitir “correrle la vista” a Rosatti se “violaría el debido proceso” y “el derecho de defensa en juicio” del supremo.
El decreto de Pineda es “arbitrario”, dictaminó Arrigo. “Generó una notable indefensión” de Rosatti. Por lo tanto, solicitó que la Sala lo revoque y pida la opinión del presidente de la Corte, que ya es parte en el proceso. “Mal puede no ser considerado ‘interesado’” en el expediente cuando ya recusó a Rodríguez y planteó la “nulidad de lo resuelto” por el juez de Santa Fe. En junio de 2021, Rodríguez anuló el dictamen del fiscal Onel que había desestimado la denuncia contra Rosatti y ordenó investigar. En agosto, rechazó la recusación del presidente de la Corte. Y en setiembre, desechó el archivo de la causa que volvió a pedirle Onel.
En el debate en la Cámara, el juez Pineda discrepó con Arrigo al considerar que Rosatti no era “parte en el incidente”. “Los derechos que el Código acuerda al imputado podrá hacerlos valer (…) cualquier persona que sea detenida o indicada de cualquier forma como partícipe de un hecho delictuoso”. Pero para eso “no bastará la simple denuncia”, será necesario además el “impulso” del Ministerio Público. Y eso es lo que no ocurrió, el fiscal Onel no “realizó ningún acto jurisdiccional válido que haga recaer una imputación sobre el doctor Rosatti”. Por lo tanto, si el presidente de la Corte “no es parte, no debe corrérsele la vista”. Pineda propuso entonces rechazar el planteo de Arrigo y confirmar el decreto del 31 de marzo.
En el segundo voto, el juez Fernando Barbará coincidió con Arrigo que Rosatti ya es “parte” en el proceso. En setiembre, cuando Rosatti recusó al juez Rodríguez, Barbará rechazó la recusación. Su fallo salió el 16 de setiembre, una semana antes de que Rosatti asumiera la presidencia de la Corte, con su autovoto. El 4 de octubre, Rosatti recurrió a Comodoro Py y Barbará concedió la apelación. Y el 4 de marzo, el presidente de la Corte logró lo que quería: Casación apartó de la causa a Rodríguez.
Entonces, si Rosatti recusó al juez Rodríguez, “mal cabría no considerarlo como parte en el proceso”, cuando sus peticiones ya “fueron abordadas por dos tribunales”: la Cámara Federal de Rosario y la Sala I de Casación, dijo Barbará. Y reveló dos hechos:
1) El decreto del 31 de marzo del juez Pineda ya fue comunicado al abogado de Rosatti por correo electrónico, “a pesar de no encontrarse vinculado al expediente principal”, ni al incidente.
2) La defensa de Rosatti “adhirió al recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la resolución del 27 de setiembre de 2021” del juez Rodríguez, que resolvió: ‘rechazar el pedido de prescripción y archivo solicitados” por el fiscal Onel. La Cámara lo agregó a la causa y decidió “tenerlo presente para su oportunidad”, cuando trate la cuestión de fondo.
Barbará propuso entonces que la Sala revoque el decreto de Pineda y “corra vista al doctor Rosatti” antes de resolver el “fondo del asunto”. El tercer camarista José Guillermo Toledo sumó su voto al de Barbará. Y así se resolvió. Por mayoría, la Sala anuló el decreto del 31 de marzo y pidió la opinión de Rosatti previo a resolver el “fondo del asunto”, que será decidir si el presidente de la Corte será investigado o no.
Fracasó intento de criminalizar la marcha contra Rosatti y sus pares
Son las reglas del sistema republicano
El fiscal federal Walter Rodríguez rechazó una denuncia contra los organizadores de la protesta del 5 de mayo contra la Corte.
Desde Santa Fe
El Ministerio Público rechazó un intento de criminalizar la marcha contra el “golpe institucional” de la Corte Suprema de la Nación, que el 5 de mayo pedirá el juicio político a sus cuatro jueces y la renuncia de Horacio Rosatti a la presidencia del Consejo de la Magistratura. Esta semana, el fiscal federal Walter Rodríguez desestimó una denuncia de la Asociación Anticorrupción de Santa Fe para que se investigue a los organizadores de la protesta por supuesta “instigación a cometer delitos”, “intimidación pública” y “asociación ilícita”, entre otros cargos. En su dictamen, Rodríguez solicitó el archivo del expediente porque “el hecho denunciado no constituye delito”. El ejercicio del “derecho de reunión” y de la “libertad de expresión” forman parte de la “esencia misma del sistema democrático”. Y más allá del “accionar” de Rosatti y de sus colegas –dijo el fiscal-, la Corte está sometida al “análisis republicano” de sus actos y al “escrutinio social” porque es la cabeza de un poder del Estado que debe garantizar el “servicio de justicia” en la Argentina.
El operativo para judicializar el repudio al “golpe” de la Corte lo impulsó el abogado Mario Pilo, ex concejal de la UCR y actual vicepresidente y director ejecutivo de la Asociación Anticorrupción de Santa Fe. En su denuncia, mencionó a los presidentes honorarios de la entidad, Ricardo Monner Sans y Daniel Sabsay, para dar a entender que tiene avalistas.
Pilo dijo que el 5-M era “una marcha contra la Corte que pone en riesgo a un poder constitucionalmente independiente del Estado. Lo cual podría constituir una instigación a cometer delitos, intimidación pública, sedición, abuso de autoridad y asociación ilícita”, exageró. La causa fue caratulada: “Denuncia sobre instigación a cometer delito”.
En el escrito, Pilo denunció como impulsores de la movilización al Sindicato de Camioneros y a su líder histórico, Hugo Moyano. Pero también involucró en la convocatoria al presidente de la República Alberto Fernández y al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, sin aportar ninguna prueba de sus dichos.
La marcha del 5 de mayo fue convocada en un plenario que reunió al triunviro de la CGT y secretario general de Camioneros, Pablo Moyano, a sus colegas de las dos Centrales de Trabajadores Argentinos (CTA y CTAA), Hugo Yasky y Ricardo Peidro, y al líder de la Asociación Bancaria y la Corriente Federal de los Trabajadores, Sergio Palazzo, entre otros. A la asamblea se sumaron los organismos de derechos humanos y se votó por “unanimidad” exigir en la calle el “juicio político” a los cuatro jueces de la Corte y la renuncia de Rosatti a la presidencia del Consejo de la Magistratura. El 24 de mayo, el juez Juan Ramos Padilla convocó a otra marcha frente a la Corte en repudio al “golpe institucional que consumaron Rosatti y sus amanuenses” al “tomar por asalto” el Consejo de la Magistratura.
El fiscal Rodríguez desestimó la denuncia de Pilo y pidió su archivo porque “el hecho denunciado no constituye delito”. “Sin abrir juicio de valor acerca de los motivos por los cuales” se impugnará en la calle el “funcionamiento” de la Corte, el “derecho de reunión es un medio destinado a la realización de un amplio abanico de derechos, libertades y garantías” que forman la “esencia misma del sistema democrático”, explicó.
El Código Penal no debe aplicarse para “criminalizar” a “grupos de personas que protestan en forma pacífica”, y en este caso, manifestarán su “desaprobación al accionar de la Corte”, que es la cabeza de uno de los poderes del Estado. “Las protestas sociales que toman el espacio público para dirigir sus reclamos, hacerse oír por las autoridades y canalizar sus solicitudes, no deberían ser sujetas a medidas tan gravosas e intensas como es la acción penal”, advirtió el fiscal Rodríguez. “Porque eso conduciría a la criminalización de las manifestaciones sociales pacíficas” y afectaría “derechos de jerarquía superior, como lo son en una República, la libertad de expresión, de petición y reclamo a las autoridades, de reunión y de asociación”.
El fiscal citó el artículo 1º de la Constitución Nacional: “La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal”. Y agregó: “Sin que esto implique juzgar el accionar” de Rosatti y de sus colegas, “no escapa que la Corte debe someter sus actos a un análisis republicano y en ese contexto quedar sujeta al escrutinio social que pudiera presentarse en el plano institucional, porque se trata –en un sentido amplio- del servicio de justicia”.
Por lo tanto, consideró que “debe desestimarse la denuncia” de Pilo y “disponerse su archivo”.
Diego Leone dejó medioambiente
Chau al gabinete
La semana que viene el Concejo analiza si habilita un incremento
Se define la nueva tarifa de taxis
El estudio de costos oficial mostró un desfasaje de 82% con los valores actuales. Los taxistas aseguran que es mucho más alto.
Con el último estudio de costos del Ente de la Movilidad en la mano, la comisión de Servicios Públicos del Concejo que preside la concejala socialista Verónica Irizar comenzará a tratar el lunes el aumento en la tarifa de taxis y remises. El informe técnico difundido el jueves arrojó un desfasaje del 82%, varios puntos por debajo del estudio que realizaron los taxistas, quienes ayer plantearon su descontento porque consideran que los números oficiales no contemplan algunos ítems que siguen aumentando y encarecen aún más los costos de tener un coche en la calle. Más allá de las diferencias con los números, los titulares de licencias de taxis quieren que el Concejo apruebe de inmediato un incremento del 40%, caso contrario el mismo lunes en asamblea decidirán qué medidas tomarán para visibilizar el reclamo.
Las diferentes cámaras que agrupan a los titulares de licencias de taxis salieron ayer a cuestionar el último estudio de costos que elabora el Ente de la Movilidad y que arrojó una brecha del 82% con la tarifa actual: 131,25 pesos la bajada de bandera y 6,25 pesos la ficha cada 100 metros, en horario diurno; 153,40 y 7,02 en horario nocturno; mientras que los viernes por la noche y sábados hasta las 6, y sábados desde las 22 hasta las 6 del lunes, la bajada de bandera cuesta 159 pesos y la ficha 7,02 pesos.
Según el estudio que realizaron los propietarios de licencias en marzo, el desfasaje en ese mes era del 124%. "Para dar un ejemplo, el costo del GNC era de 50 pesos, ahora está casi en 60 y el lunes aumenta un 15%", dijo Mario Cesca, titular de la Asociación de Titulares de Taxistas Independientes (Atti). "Desde el municipio nos dicen que tenemos la tarifa más cara del país y en realidad tenemos los costos más caros del país, además en otras localidades no se hace un estudio serio de costos", agregó.
A la hora de describir los ítems que impactan en los costos del taxi, Cesca mencionó el seguro que es más caro que el de un auto particular porque tienen que agregar el costo del pasajero transportado, para un coche modelo 2017 están abonando alrededor de 25 mil pesos. El titular de Atti también se refirió a la siniestralidad que tienen los taxis, recordando que hacen entre 200 y 400 kilómetros por día. El taxista dijo que el costo más importante es el laboral. "Hoy, prácticamente es del 33%, es imposible de sostener, y tampoco incluimos dos rubros que son fundamentales: los juicios laborales y las enfermedades inculposas que hacen que el costo laboral esté rondando el 50%", argumentó.
Como ocurre cada vez que la Comisión de Servicios Públicos tiene que avanzar con un decreto para incrementar la tarifa de taxis y remises, este lunes los titulares de licencias irán con sus vehículos hasta el Palacio Vassallo para meter presión y conseguir, de mínima, un 40% de aumento, mientras apuntan a una revisión del 30% en setiembre. "No hay mala predisposición, pero si no avanzamos evaluaremos qué medidas tomar", advirtió Cesca.
"Ese estudio de costos no refleja lo real, porque el desfasaje es muy superior. Hay mucha bronca en el sector porque no se entiende nuestra posición. Salimos a trabajar todos los días; no nos guardamos nada. Todos los taxis están trabajando y más no podemos hacer", dijo a LT8 José Iantosca de la Cámara de Titulares de Licencias de Taxis y Remises (Catiltar). "Si no acercamos posiciones, el lunes haremos una asamblea donde se resolverán las medidas a tomar", agregó.
Al confirmar que el lunes tratarán el tema en la comisión que preside, la concejala Irizar pidió encontrar una solución de fondo en un contexto muy complicado por el proceso inflacionario. Además, la edila socialista anunció ayer la presentación de un proyecto para que el 100% de los taxis y remises cuenten con las aplicaciones para pedir viajes. "No puede ser un suplicio conseguir un taxi en Rosario. Hay que evitar demoras innecesarias y darle previsibilidad al sistema. Aplicaciones como MoviTaxi y SheTaxi pueden ayudarnos a conseguir viajes y colabora con la seguridad de pasajeros y conductores; a la vez permite tener información en tiempo real al Ejecutivo local para tomar decisiones", explicó.
El 20 de abril dejaron un mensaje y vainas servidas
Abrazo a la escuela Islas Malvinas
A una semana de haber retomado las clases, tras el mensaje amenazante junto con 40 vainas servidas dejadas el 20 de abril, la comunidad de la escuela Islas Malvinas hizo ayer un abrazo solidario. La cuadra de España y Uriburu se llenó de carteles que pedían la paz y el fin de la violencia, realizados por les estudiantes.
"A ver si se ganan el sueldo, así que ocupate de tu cargo y de tus zorras. Seños eran las de antes", rezaba la nota por la que se inició una investigación judicial. Ayer, quizás a modo de respuesta, uno de los carteles que sostenía un grupo de docentes, rezaba: "Con la escuela, no. Somos leonas".
"Gracias a la gente que vino, a las familias que nos apoyan", dijo una de las docentes en Canal 5. "Trabajamos toda la semanacon los chicos, es algo que se trabaja todo el año en el aula, y siempre viene bien reforzar para que ellos entiendan que este lugar es suyo, su espacio", agregó.
Por su parte, Gustavo Teres, de Amsafé Rosario, señaló que "estamos en una ciudad que todos los días está atravesada por estos hechos de violencia, y ésta es la respuesta para la paz, contra la intolerancia, para habitar los barrios de manera solidaria".
Movilizan por fondos para la cultura
La prórroga necesaria
Las, los y les artistas de la ciudad se movilizarán el lunes, a las 18, en la plaza Pringles, en la jornada federal "Cultura, soberanía y trabajo argentino", con la consigna "por nuestra soberanía cultural y comunicacional". La protesta es para hacer visible que se mantengan los recursos específicos que le dan autonomía presupuestaria al Instituto Nacional del Teatro (INT), al Instituto Nacional de Música (Inamu), al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), a Radio y Televisión Argentina (RTA), al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), a la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual y a las bibliotecas populares, a través de la Conabip.
La manifestación alerta sobre la grave situación que puede atravesar la cultura argentina si no se extiende la vigencia de las asignaciones específicas para estos organismos, prevista en el artículo 4 de la ley 27.432. "Los fondos, que garantizan la continuidad de los recursos que se distribuyen de manera federal y equitativa en todo el territorio nacional, dejarán de ser percibidos por los organismos el 31 de diciembre del 2022", alertan desde las distintas comunidades artísticas de Rosario.
Sin ese dinero, la actividad cultural quedará seriamente dañada. "Estas asignaciones resultan imprescindibles para el fomento y el desarrollo del teatro, la música, la danza, el cine, la televisión, el audiovisual, las bibliotecas y medios de comunicación comunitarios. Miles de puestos de trabajo dependen de ellos", afirman quienes convocan a la actividad del lunes. "Es por esto que adherimos y exigimos el inmediato tratamiento del proyecto de Ley que solicita la prórroga de estos aportes esenciales", indicaron les artistas, quienes reclaman una ley de fondos para las industrias e instituciones culturales.
Fuente:Rosario12
Entre febrero y marzo el consumo masivo en Santa Fe mostró altibajos
Las ventas en supermercados cayeron por segundo mes consecutivo. Por su parte, patentamiento de autos 0KM Y motos tuvieron regi
stros positivos
Entre febrero y marzo de este año el consumo masivo de la provincia expuso altibajos entre sus variables. Por un lado las ventas en supermercados sumaron su segundo mes consecutivo de caídas y el consumo eléctrico tuvo registros negativos en todas sus variables. Al mirar el vaso medio lleno, aparecen datos positivos sobre patentamiento de autos 0 KM y ventas de motocicletas.
Según el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (Ceso), el consumo es el componente con mayor peso en el producto interno, por lo cual realizan un análisis mensual para comprender los cambios que presenta la economía. En Santa Fe analizan: Patentamientos de Automóviles, Ventas en Supermercados, Consumo de Cemento y Consumo de Energía Eléctrico.
En primer lugar, detectaron un freno en las ventas reales de supermercados. Febrero (último dato actualizado) mostró consumos reales menores al mismo mes del año anterior por segundo mes consecutivo.
Para este rubro, las ventas nominales sumaron un total de $6.734 millones, lo que representa un aumento de 54,1% respecto al mismo mes del año anterior. Durante ese período, la inflación acumulada en los supermercados para la provincia de Santa Fe ha alcanzado el 54,5% en base a la inflación supermercados “IPS-CESO Santa Fe”.
Al analizar los patentamientos de autos 0km, expusieron que durante marzo (último dato actualizado) se patentaron 3.443 autos 0km en la provincia de Santa Fe, un 20,9% más que el mes anterior (2.848). Comparado a marzo de 2021, la cantidad de unidades patentadas aumentó 1,3%.
También se dio un crecimiento en las ventas de motos 0km. En marzo se patentaron 5.044 motos 0km en la provincia de Santa Fe, lo que significó un 13,9% más que el mes anterior (4.430). Comparado a marzo de 2021 la cantidad de unidades patentadas aumentó 20,8%.
Por otra parte, las ventas de cemento no mostraron grandes variaciones. Durante marzo se vendió un 0,6% más que en el mismo mes de 2021. A nivel desagregado, el consumo de cemento en bolsa cayó 1,1% con respecto a marzo de 2021, mientras que el del cemento a granel aumentó 2,9%.
Por último, aparece un dato poco alentador, y tiene que ver con la caída el consumo total de electricidad, uno de los datos testigos de la actividad económica. El consumo “Residencial menor a 10kw” fue el que más bajó en términos interanuales (9,6%), seguido por el de los Grandes Usuarios (4,8%) y el “No residencial menor a 300kw” (3,9%). El “No residencial mayor o igual a 300kw” aumentó 0,4%. En total la disminución fue de 5,5% con respecto a marzo de 2021.
Fuente:RosarioPlus
Manos solidarias festejó cinco años ayudando a los que más lo necesitan
La agrupación solidaria rosarina cumple cinco años de trabajo solidario, e invitaron a todos los interesados a sumarse al proyecto. “Todas las manos son bien recibidas”, subrayó una de las integrantes del grupo.
Ayudar en todo lo que se pueda, por más mínimo que sea. Esa es la premisa de la agrupación “Manos Solidarias”, que este viernes festejó sus cinco años de vida.
El grupo realiza diferentes acciones solidarias, desde asistencia a personas en situación de calle, rondas con alimentos, familias en vulnerabilidad y ayuda a merenderos de la ciudad.
Además, la agrupación también junta mantas y abrigo para el invierno y comenzará a recibir juguetes para lo que será el Día de la Infancia.
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“La idea es que se vaya visibilizando y concientizar para que todos sepan que cada uno puede hacer su aporte por más mínimo que sea. Todo suma”, comentó Adriana Dalmasso, una de las referentes del grupo, en diálogo con Conclusión.
“La idea es que a través nuestro la gente pueda ayudar a los demás. Todas las manos son bien recibidas”, remarcó la integrante de la agrupación.
Quienes estén interesados en colaborar pueden comunicarse a través de las redes sociales de la agrupación o enviando un mensaje al 3415643212.
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