La jubilación mínima representa un tercio de la canasta básica de los y las adultas mayores
Desde la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados de Argentina advirtieron que la canasta básica para los y las adultas mayores, que semestralmente actualiza la Defensoría del Pueblo de la Tercera Edad, dio para el mes de abril un equivalente a $97.238, mientras que la jubilación mínima prevista para el trimestre abril-junio es de $31.630 de bolsillo. Alrededor del 60% de los jubilados y las jubiladas percibe la jubilación mínima, y la mayoría restante cobra entre 40.000 y 60.000 pesos. Esto significa que la mayor parte cobra un tercio o la mitad de lo que necesita para vivir. Por Red Eco Alternativo.
La Canasta Básica del Jubilado, cuya evolución se presenta dos veces por año, y con los mismos componentes, la Defensoría de la Tercera Edad, aumentó un 51,8% en los últimos 12 meses.
Los rubros que componen esta canasta son alimentos, vivienda, medicación e insumos de farmacia, productos de higiene y limpieza, impuestos y servicios, transporte, vestimenta y recreación. Los alimentos, medicamentos y vivienda representan más del 60% de su valor.
“Como siempre expresamos en nuestros comunicados de prensa, actividades, ámbitos de coordinación y en los ‘Miércoles de los Jubilad@s’, la lucha continúa por un aumento de emergencia en todas las escalas, a partir de un haber mínimo jubilatorio de $97.238, que cubra la mencionada canasta y por los cinco puntos básicos acordados con un conjunto de organizaciones de jubilados y gremiales”, expresan desde la Mesa Coordinadora.
Estos puntos están contenidos en tres proyectos de Leyes: la Ley de Previsión Social, la Ley de Normalización del INSSPJ (PAMI), fin de la intervención, y Ley de vivienda en comodato para jubiladxs y pensionadxs.
La Mesa ha presentado estos proyectos de ley en la Cámara de Diputados durante las últimas décadas, con la firma de más de 20 legisladores nacionales: “por decisión política de la mayoría de turno no fueron tratados y cada dos años perdieron estado parlamentario, sin tomar en consideración las movilizaciones en el país y los debates y resoluciones de jubiladxs y pensionadxs en el Foro de la Tercera Edad en el anexo de la Cámara de Diputados y más de un millón de avales de nuestro pueblo. Estamos promoviendo un necesario debate para volver a presentarlos en la Cámara de Diputados de la Nación”.
“El único camino es la unidad de las organizaciones gremiales, sindicales, sociales, territoriales, consecuentes en la defensa de los intereses de la clase trabajadora activa y jubilada, para luchar por estos objetivos y para impedir la continuidad de los ajustes implementados (y la implementación de otros nuevos) a través de reformas previsionales, laborales y tributarias, expresadas o encubiertas, con controles trimestrales del FMI. La lucha continúa por jubilaciones y pensiones dignas, por un verdadero sistema previsional público, de reparto, asistido, intergeneracional para las presentes y futuras generaciones y contra cualquier intento de su privatización total o parcial impuesta por el FMI, organismo de los grandes grupos económicos, verdadero poder real dominante del sistema capitalista”, finalizan desde la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados de Argentina.
Fuente: https://www.redeco.com.ar/nacional/trabajadorxs/35632
.
.
La Bancaria declaró el alerta y movilización por considerar insuficiente la propuesta de las cámaras que diagnostican 60% de inflación
La Asociación Bancaria (AB) decidió hoy el estado de alerta y movilización nacional y convocó a los cuerpos orgánicos del gremio para la semana próxima para disponer «las medidas de fuerza pertinentes antes de fin de mes» ante «la insuficiente propuesta de aumento» realizada hoy por las cámaras en paritarias.
«Las cámaras empresarias realizaron hoy un ofrecimiento que contraviene sus propios pronósticos de inflación, por lo que pretenden que el ajuste lo paguen los trabajadores. Son ellas las que diagnostican inflaciones del orden del 60%, aunque hacen propuestas absolutamente insuficientes», afirmó el gremio.
Un comunicado firmado por los secretarios general y de Prensa, Sergio Palazzo y Claudio Bustelo, denunció el fracaso de la reunión paritaria de hoy con las cuatro cámaras patronales y señaló que los empresarios «no trajeron ninguna respuesta respecto de los temas planteados por el gremio, incluido el Banco Central».
Los sindicalistas ratificaron además el rechazo al convenio firmado con la aplicación Ualá para otorgar líneas de créditos a pequeñas y medianas firmas.
La semana próxima sesionarán los cuerpos orgánicos del gremio, que declararán medidas de fuerza antes de fin de mes para el caso de persistir en el Ministerio de Trabajo «los ofrecimientos totalmente insuficientes de los empresarios».
.
.
Ola de despidos injustificados en el Comité para la prevención de la tortura
Desde el 1 de abril el Comité para la Prevención de la Tortura de Chaco comenzó a despedir a trabajadoras precarizadas de manera intempestiva y sin justificativo. Despidieron a una trabajadora de prensa y a una abogada que se desempeñaba en el equipo técnico del área indígena, y anunciaron que revisarían los contratos de más trabajadores. La medida se tomó luego de una reunión con ATE, el sindicato que nuclea a los trabajadores y trabajadoras del Estado, en la que las autoridades se habían comprometido a detener los despidos y realizar los aumentos de salario correspondientes. Por ANRed
El pasado primero de abril, el Comité de Prevención de la Tortura en la provincia de Chaco sumó dos despidos, a la ola iniciada durante la nueva gestión. Las nuevas autoridades del organismo asumieron sus cargos en julio de 2021 y ya en ese momento decidieron despedir a seis trabajadores y trabajadoras que cumplían sus funciones en el interior de la provincia. Los despidos efectuados en esta oportunidad se realizaron de la misma manera, bajo la modalidad de no renovación de contratos temporarios que en realidad encubren una relación de dependencia, con bajos salarios y condiciones de contratación precarias. En menos de un año despidieron a ocho (8) personas de un total de aproximadamente treinta (30) trabajadores con los que cuenta el Comité.
La trabajadora de prensa despedida declaró que hace pública su situación “movida por la profunda convicción de que hechos tan repudiables no deben repetirse en un organismo de Derechos Humanos, y para recordarles a las y los Miembros del Comité que el trabajo digno es un Derecho Humano, que las Mujeres también tenemos derechos específicos a los que se comprometieron a fortalecer y que deben ser impecables a la hora de hacer cumplir estos derechos hacia el interior del organismo tanto como lo hacen en sus discursos públicos”.
Y agregó: “Me mueve también, en un momento, tan difícil el profundo compromiso que me une a mis compañeros y compañeras que aún trabajan en el Comité, pero que están siendo amenazados también con perder su trabajo, y con los/as seis trabajadores/as que fueron despedidos/as el año pasado”.
Trabajadores y trabajadoras del Comité, organizaciones sociales y personas vinculadas a los Derechos Humanos se encuentran a la expectativa de una revisión de estas decisiones que vulneran el derecho al trabajo.
.
.
Detectan explotación laboral en un campo de las afueras de Rosario: «Vivían en un semirremolque sin baño y el agua que tenían para tomar era la misma que la de los animales»
El Ministerio de Trabajo de la Nación intervino en Estación La Carolina, a 20 kilómetros de Rosario. Rescató a una pareja con tres niños oriundos del norte provincial: «Lo que se encontró es realmente una película de terror».
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación detectó explotación laboral en un campo ubicado en Estación La Carolina, un paraje a unos 20 kilómetros de Rosario. Allí rescataron a una familia y otros dos trabajadores rurales que habían llegado engañados al lugar.
Según detalló a Radio 2 Christian Recchio, director de la región centro del Ministerio de Trabajo, decidieron realizar una inspección tras recibir una denuncia de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE).
«Nos encontramos con una pareja oriunda del norte provincial que tenía a tres chiquitos de entre cuatro y dos años y a otros dos trabajadores, uno de Corrientes y otro de la zona», explicó.
«Llegaron engañados porque les habían ofrecido trabajo digno a través de redes sociales», remarcó el funcionario a Rosario 3.
Al arribar al lugar, los inspectores del Ministerio de Trabajo detectaron que los peones rurales estaban viviendo en condiciones inhumanas. «Estaban en un semirremolque que hacía las veces de casa donde no tenían baño y el agua que tenían para tomar era la misma que la de los animales en los tanques», detalló Recchio.
Durante la intervención estatal se acercó al lugar el responsable de explotar el campo quien intentó justificar las condiciones en las que estaban viviendo los trabajadores rurales. «En un momento le reclamamos la falta de baño y la respuesta del encargado fue que él había traído los materiales para que se lo construyan los propios trabajadores ‘¿o pretenden que se los haga yo?’, nos preguntó».
Por toda esta situación, se elevó una denuncia ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas que derivó la causa a la Fiscalía Federal N° 1 de Rosario. Inmediatamente la Justicia dispuso el rescate de los trabajadores y sus familias.
«El hombre de Corrientes se pegó la vuelta y la familia del norte provincial fue reubicada en otro empleo por la zona con un lugar en condiciones para poder vivir. Además, como lo habían echado por reclamar condiciones, el ex empleador aceptó pagarle una indemnización», sostuvo.
.
.
Marcha a COPAL contra la inflación
Organizaciones sociales, sindicales y políticas marcharon a la entidad que nuclea a las principales cámaras alimenticias para denunciar la remarcación de precios. El acto se hizo el día en que se conoció que la inflación de marzo alcanzó el 6,7%. Proponen imponer retenciones y avanzar en un control social comunitario del sistema de formación de precios
Redacción Canal Abierto | En el día en que se dio a conocer un ínidce de inflación de 6,7% durante el mes de marzo, la CTA Autónoma junto a otras ogranizaciones movilizaron a la sede de la de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) para denunciar al ente que nuclea a más de 300 cámaras de productores de alimentos y bebidas por el creciente aumento que estos rubros vienen teniendo, que en el desagregado arrojó la cifra de 7,2%.
Además de la central obrera, del acto participaron Causa Nacional, Grupo Bolívar, Unidad Popular, PYMES para el Desarrollo Nacional, Federación de Trabajadores de la Energía (FeTERA), Federación Interactiva para la cultura del agua (FIPCA), UTT (Unión de Trabajadores de la Tierra), Organizaciones Libres del Pueblo (OLP), el Sindicato único de trabajadores de administraciones portuarias (SUTAP) y Soberanxs.
Esta afirmación se sostiene en datos de balances contables presentados ante la Comisión Nacional de Valores por las empresas Arcor, Mastellone Hermanos y Molinos Río de la Plata. El documento toma como ejemplo estos números, que reflejan que estas empresas “obtuvieron una evolución de sus ganancias brutas (Ventas – Costos) del 112% durante el bienio 2020-2021 mientras los precios de los alimentos incrementaron en ese mismo período un 114%.Esto no es casualidad ni significa que `empataron a la inflación´. Significa que el oligopolio alimenticio argentino traduce en los precios las ganancias que proyectan”.
“Si a esto sumamos los datos de concentración, el 6% de las empresas concentran el 85% del mercado en alimentos, el 7% de las empresas concentran el 93% del mercado en bebidas, el 11% del total de las empresas concentra el 83% del mercado de medicamentos, el 7% de las empresas concentran el 82% del mercado del sector químico, el 6% de las empresas del sector metalúrgico se queda con el 90% del mercado, el 4% de las empresas en el sector cemento, se lleva el 71% del mercado, el comercio minorista, el 0,6% de las empresas concentra el 70% del mercado, y así sucesivamente. Por lo tanto quienes tienen disponibilidad de divisas, capacidad de acumulación financiera y control sobre los diferentes mercados tienen una posición privilegiada a la hora de disputar la distribución del ingreso”, agrega.
El diagnóstico anterior es el pie para las propuestas presentadas que consisten en “aplicar retenciones para desacoplar los pecios internacionales y avanzar en un control social comunitario del sistema de formación de precios. Esto implica organizar la participación de la comunidad en torno a las cadenas de producción estratégicas (Estado, trabajadores/as, pymes, cooperativas, trabajadores de la economía popular y grupos empresarios) y frenar la inercia inflacionaria a través de un congelamiento de precios previo una redistribución progresiva de ingresos son medidas inmediatas a tomar».
Y afirma que “no sólo se deben adelantar las paritarias, es urgente una nueva convocatoria al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil y la implementación de un Ingreso Universal para la población sin cobertura”.
El escenario elegido para hacer esta movilización se debe a que la COPAL representa al sector concentrado de la alimentación con capacidad de formación de precios. “No sólo el aumento del rubro alimentos viene superando con creces el IPC, sino que el aumento del mismo viene arrojando miles y miles de argentinos y argentinas a debatirse en tener que sobrevivir en condiciones de indigencia, mientras estos grupos empresarios mantienen sus márgenes de ganancias exorbitantes gracias a especular con la vida de nuestros compatriotas”, afirma el documento.
Las organizaciones también convocarán a movilizar el miércoles 20 al Ministerio de Trabajo para exigir la recuperación del control estatal sobre el Canal de Magdalena y la derogación del decreto 949 que posibilita volver a las concesiones privadas.
“Miles de millones de dólares anualmente salen del país sin nuestro control y engrosando la recaudación de concesionarios transnacionales que toleran y/o son socios de la fuga de nuestras riquezas. Maniobras de evasión contrabando y comercio ilegal hacen que el comercio exterior de nuestro país sea en realidad de las corporaciones involucradas. Recuperar el control sobre la red del Paraná y la construcción del Canal de Magdalena se conjugan en clave de Soberanía”, concluye el texto.
.
.
FMI
Crean un comité para investigar la deuda
Referentes de distintos espacios sociales, políticos, gremiales, académicos y de derechos humanos anunciaron hoy la conformación de un Comité de Acreedores de la Deuda Interna (CADI) para «visibilizar la deuda con el pueblo» y promover «acciones de investigación, denuncia y reparación social» en torno a los compromisos asumidos ante el FMI.
Foto: Telesur
El Comité dio a conocer una carta dirigida al senador del Frente de Todos, José Mayans, en su calidad de presidente de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y Pago de la Deuda Exterior de la Nación, para solicitarle una audiencia.
En ese ámbito, el grupos aspira a expresar su preocupación «por los magros avances en la investigación de las responsabilidades por la deuda contraída contra el pueblo y fuga de capitales consecuentes» y por «la crisis social íntimamente asociada a estos procesos de endeudamiento ilegítimo cuyo peso siempre recae en las mayorías populares».
Entre los 100 firmantes de la carta figuran personalidades como el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel; la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño; el secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina, Hugo Yasky; la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida; los periodistas Alejandro Bercovich, Julia Mengolini y Sandra Russo, entre otros.
En su carta a Mayans, el Comité detalla los principales desafíos que los movilizan, entre ellos, la visibilización de las «deudas internas como la pobreza, caída del salario, déficit habitacional, falta de acceso a la tierra, destrucción del ambiente» y la promoción de «políticas públicas de tierra, techo, trabajo, salud, educación, cuidado del ambiente y bienes comunes, acompañadas de un compromiso presupuestario».
Otro de los objetivos enumerados se refiere a la coordinación de acciones públicas, institucionales y judiciales tendientes a conocer la verdad, obtener justicia y garantizar la reparación frente a los daños ocasionados por «la gran estafa que ha sufrido la Argentina»; y demostrar a nivel nacional e internacional la «corresponsabilidad del Fondo Monetario Internacional en la estafa de la deuda».
Asimismo, el Comité solicita una revisión trimestral de las políticas de desarrollo humano destinadas a «saldar la deuda interna para evitar que la presión del FMI vaya en detrimento de las políticas públicas que benefician a las grandes mayorías».
También manifestaron su apoyo a iniciativas orientadas a que «el peso de la deuda no caiga sobre el pueblo», sino sobre aquellos que «se beneficiaron con el proceso de endeudamiento y fuga que fomentó el gobierno de Mauricio Macri».
En ese sentido, manifestaron su apoyo a la iniciativa del «aporte especial de emergencia» y de levantar el secreto bancario para «conocer la verdad sobre qué sucedió con los dólares del FMI que ingresaron a nuestro país».
.
.
Precios populares
La CTA vendió pan a $150 el kilo y denunció a grandes harineras
La Central de Trabajadores Argentinos (CTA) realizó este lunes una jornada nacional de protesta en Plaza Constitución que consistió en la venta de una tonelada de pan a $150 el kilo para denunciar «el accionar oligopólico de las grandes harineras que definen el precio con la única razón de aumentar abusivamente sus ganancias», informó la central en un comunicado.
Foto: Enfoque Sindical
Los militantes de la CTA de los Trabajadores vendieron el pan «a precios accesibles para las grandes mayorías» frente a la estación terminal de tren de la línea Roca, donde previamente habían instalado gazebos, y además entregaron volantes explicativos a los pasajeros que se dirigían hacia el centro de transbordo que conecta el tren con la línea C del subte.
«Los sectores populares padecemos un aumento de precios en el sector de alimentos que licúa nuestros ingresos de manera permanente», alertó durante la actividad el dirigente del Frente Barrial de la CTA en la provincia de Buenos Aires, Juan Vitta, quien además sostuvo que la acción oligopólica de esas empresas genera «condiciones de inestabilidad social y política a través de mecanismos especulativos».
La venta del pan y el volanteo fue acompañada por una radio abierta emplazada sobre la misma Plaza Constitución que dedicó su transmisión a informar sobre la actualidad del mercado harinero en el país, que está «reducido a cinco grandes empresas que definen los precios de forma oligopólica», según describieron los participantes.
En los volantes que distribuyó la CTA de los Trabajadores se describía la concentración del rubro de harinas y panificado, en la que se responsabilizaba a «una gran panificadora (Bimbo), y cinco harineras principales (Molinos Río de la Plata, Morixe, Molinos Cañuelas, Molinos Tres Arroyos y Molinera del Sur)» de «poner el precio a los miles de productores panaderos y millones de consumidores».
Además, los convocantes dialogaron con los transeúntes para difundir una propuesta específica para este sector, que consiste en la creación de una empresa estatal federal de alimentos «que intervenga en el mercado en favor de los consumidores y los pequeños comerciantes que, de otra forma, terminan siendo rehenes de los grandes grupos nacionales y transnacionales alimenticios».
En esa línea, el diputado nacional Hugo Yasky (Frente de Todos-Buenos Aires), principal referente de la CTA, aseguró a Télam que «para frenar la suba especulativa del precio de los alimentos no se puede pedir permiso a los grandes formadores de precios».
«Hay que actuar con toda la fuerza de la ley y desligar los precios externos de la mesa de los hogares argentinos», subrayó.
La jornada se concretó bajo la consigna «en un país hecho de trigo, no puede faltar el pan en nuestras mesas», con la presencia de organizaciones sociales y políticas que conforman el Frente Barrial de la CTA, como el Frente Transversal, el Movimiento Mayo, La Tosco, La Germán y el Movimiento Territorial de Liberación (MTL).
.
.
Reclaman reapertura de las paritarias y aumento salarial por encima de la inflación
Nuevo paro de médicos y enfermeros de CABA
Las asociaciones de médicos y enfermeros de la Ciudad de Buenos Aires comenzaron este martes un nuevo paro en reclamo de reapertura de paritarias con un «aumento salarial por encima de la inflación«. Además, exigen al Gobierno porteño mejoras en las condiciones laborales y volvieron a denunciar los despidos de enfermeros y enfermeras que fueron contratados en los hospitales públicos porteños durante la pandemia. El sector de enfermería reclama una vez más el reconocimiento en la carrera profesional.
«A partir del mediodía de este martes iniciamos un nuevo paro de 36 horas en reclamo de reapertura de paritarias ya. Necesitamos salarios dignos para todos y todas», indicó Héctor Ortiz, delegado de ATE – Salud del Hospital Durand y del Pedro de Elizalde, sobre un reclamo que ya vienen sosteniendo dese hace más de un mes. Además de ATE, la medida de fuerza fue convocada por la Asociación de Médicos Municipales (AMM), cuyos voceros ratificaron el pedido de un aumento salarial por encima de la inflación. Ortiz aseguró que el paro contó con alta adhesión en los hospitales, que funcionan con guardias mínimas.
Además de los aumentos en los sueldos básicos, los trabajadores de la salud reclaman «blanqueo de todos los ítems no remunerativos, aumento de todos los adicionales en guardias técnicas y módulos de enfermería, y pago del plus de áreas críticas«. «A los trabajadores de la salud, que estuvimos y estamos en la primera línea de lucha contra la pandemia, hoy nos tienen con salarios por debajo de la línea de la pobreza, por eso necesitamos con urgencia una recomposición salarial», señaló Ortiz.
Este miércoles, en tanto, se sumará al paro la Federación de Profesionales de CABA, que nuclea a varias de las asociaciones médicas y de enfermeros de la ciudad. «Aumento del sueldo básico a todo el equipo de salud», «mejoras urgentes en las condiciones de trabajo» e «incorporación a la carrera de todos los profesionales«, son las tres consignas centrales de la organización, que denuncia la «falta de respuestas» del GCBA «luego de trabajar sin descanso durante una pandemia sin precedentes«.
La Asociación de Licenciados en Enfermería (ALE) también adherirá a la medida a partir de este miércoles, con un paro de 24 horas, en el que se sumará el reclamo por el pase a planta permanente de los enfermeros contratados durante la pandemia. Hace unas semanas, las asociaciones ya habían denunciado el despido de más de 150 enfermeros y técnicos contratados para desempeñarse en las postas de vacunación y en las Unidades Febriles de Emergencia (UFE).
También la ALE volverá a levantar el pedido de reconocimiento de la carrera profesional de enfermería, sector que no está incorporado dentro del escalafón previsto por la Ley 6.035, que rige sobre todos los hospitales y centros de salud públicos de la Ciudad. La ley fue aprobada en 2018 y reconoció 24 carreras profesionales entre las que no está incluida enfermería. Entre otros puntos, la no inclusión en el escalafón hace que los enfermeros y enfermeras lleguen a cobrar la mitad de lo que podrían cobrar con ese reconocimiento.
La ALE viene reclamando la inclusión de la carrera desde el momento mismo en que se aprobó la ley. El año pasado, iniciaron una campaña de recolección de firmas en apoyo a una Iniciativa Popular que busca garantizar en la Legislatura el ingreso de enfermería a la Ley 6.035. El mecanismo de la Iniciativa Popular establece que los legisladores quedan obligados a tratar un proyecto cuando alcanza las 40 mil firmas y la Asociación informó que están a 20 mil adhesiones de llegar al objetivo.
Envio:RL
.
No hay comentarios:
Publicar un comentario