Lxs dueñxs de la tierra: sólo el 10%
de lxs agricultores registradxs posee
el 60% de la tierra productiva en
Santa Fe
Por RedEco, Resumen Latinoamericano, 13 de abril de 2022.
El proceso de gentrificación de la tierra tiene como consecuencia la desaparición de 150 mil explotaciones en los últimos 30 años, afectando principalmente a lxs pequeños y medianxs productores. De esta manera, se concentra a su vez la participación en la producción agropecuaria.
Los pequeños y medianos productores agropecuarios denuncian que, desde hace años, la cantidad de explotaciones productivas a lo largo del país, y en especial en Santa Fe están desapareciendo. En los últimos 30 años, más de 150 mil explotaciones han desaparecido en favor del crecimiento de los latifundios, al punto que sólo el 10% de los agricultores registrados posee el 60% de la tierra productiva en Santa Fe. A nivel nacional, este fenómeno es mucho más marcado.
La concentración de la tierra en Argentina y en la provincia de Santa Fe llega a niveles muy importantes: actualmente, hay 227.300 explotaciones con límites marcados, pero la mayoría tiene menos de 500 hectáreas de extensión. Estos datos, que muestran el cambio de composición de la estructura agropecuaria nacional, puede verse al comparar los censos agropecuarios realizados en los últimos años: en 1988, había registradas 378.300 explotaciones alambradas. Ése número baja a 297.400 explotaciones catorce años después, según el censo realizado en el 2002, para seguir decreciendo a gran ritmo hasta que al 2018, último año de registro del Indec, hay 227.300 explotaciones agropecuarias en territorio argentino. Se trata de 151 mil explotaciones menos, es decir, una reducción del 40% de las propiedades productivas en tan solo 30 años.
Esta reducción de las parcelas productivas a lo largo del territorio nacional tiene como característica dos aspectos: por un lado, las hectáreas productivas se vieron reducidas en un 10% desde el 2002, pero sin embargo no llega a ser significativo en tanto a la cantidad total de tierra productiva, explicado por la ampliación de los conglomerados urbanos y la reutilización de las parcelas para otros fines.
El segundo aspecto resulta ser el más llamativo: el sector más golpeado y que explica esta reducción del total de unidades productivas comprende a las explotaciones más pequeñas. Entre el 2002 y el 2018, la superficie promedio de las propiedades agropecuarias aumentó, de 401,4 hectáreas a 478 hectáreas, sólo en Santa Fe.
En Santa Fe, de las 37.029 explotaciones registradas por el Indec en el 1988, ahora se percibe sólo a 19.949 en el 2018, es decir, el 46% menos que treinta años antes. Según el último censo agropecuario, publicado en abril del año pasado, hay 2044 explotaciones que superan las mil hectáreas, que juntas representan el 58,5% de la superficie destinada a la explotación agropecuaria: el 10% de los productores posee casi el 60% de la tierra productiva en la provincia.
El sector más golpeado por esta desaparición in crescendo de estas producciones se identifica al comparar las tablas de evolución de sus extensiones: de un registro al otro, se ve una tendencia a la baja en la proporción de las hectáreas productivas registradas en las explotaciones de menos de 500 hectáreas de extensión, mientras que el fenómeno se revierte y empieza a demostrar un incremento de los latifundios superiores a las 1000 hectáreas de superficie. Si se suman las explotaciones superiores al millar de hectáreas de extensión, nos encontramos con que 26.887 explotaciones (el 11,82% del total) son a su vez las más importantes, concentrando nada menos que el 80% (123.644.902,8 hectáreas) de la superficie productiva registrada por el INDEC.
Mario Fabro, agroproductor y dirigente de Bases Federadas, organización de productores distanciados de la actual dirección de la Federación Agraria Argentina, explica a El Ciudadano que los pequeños productores “tenemos una estructura de retenciones igualitarias, por un lado, y por el otro una estructura de costos con un dólar oficial, y costos e insumos a un dólar libre, por lo cual, en términos de capacidad de compra, hay una fuerte exclusión de las estructuras económicas de productores más chicos que lo que antes compraban con mil quintales de soja, hoy necesitan 2 mil” y profundiza su análisis: “¿Dónde se reflejan estos números? En la cantidad de productores y explotaciones agropecuarias menos, ¿y cuáles desaparecen? Los más chicos”.
Es decir, por los costos de producción diferenciados pueden ser afrontados por los explotadores de los latifundios y las explotaciones más grandes, mientras que los pequeños y medianos productores se les hace más complejo seguirle la carrera a sus competidores de mayor espalda, por lo que terminan siendo absorbidas por las explotaciones más importantes.
Por si fuera poco, el problema no se explica sólo por el tamaño de los latifundios, sino por el volumen de participación de los mismos en la producción general. Según un informe realizado por el área de divulgación científica y tecnológica de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA), la concentración en la propiedad de la tierra no sólo afecta a la exclusión de los productores de menor escala, sino también a la diversidad de cultivos.
Javier Moreira, docente e investigador de la cátedra de Extensión y Sociología Rurales de la FAUBA, explica en ese informe, que “los productores más chicos desaparecen porque su margen de ganancia depende en mayor proporción de la mano de obra, respecto de otros productores más tecnificados que obtienen una mayor eficiencia y menores costos, trabajando a mayor escala”.
Moreira explica que “creció la superficie productiva dedicada a los cultivos anuales”. El investigador es detallista con los números, y argumenta que “en los últimos 30 años, la superficie implantada se mantuvo en unas 33 millones de hectáreas, pero la proporción de esa superficie dedicada a cultivos anuales como la soja, el trigo y el maíz aumentó de 7,67 a casi 23 millones de hectáreas, en detrimento de otras producciones como las pasturas y las producciones regionales”, y agrega que “es un proceso de concentración, con explotaciones más chicas que se anexan a otras más grandes. El problema es que tenemos más hectáreas en producción y explotaciones de mayor escala, pero menos establecimientos. La tierra no salió de la producción, sino que hay menos gente produciendo”.
Para el dirigente agropecuario Fabro, “el otro gran dato que siempre está oculto es la propiedad de la tierra y la concentración de su uso”. En el año 2015, con la última etapa de la devolución de exportaciones, recuerda Fabro, había 75 mil explotaciones, que vendían los 5 principales cereales en la Argentina, de las cuales menos de 3 mil hacían el 65% de la producción general. Es decir, el 80% de los productores no llegaba al 20% de la producción. “Esos son los números pavorosos de la concentración. Por eso hablamos de políticas diferenciadas de segmentación”.
La ausencia de una política de Estado que segmente de forma diferenciada a los grandes latifundistas de los productores de pequeña y mediana escala, que ponga el ojo en la regulación del uso y de la propiedad de la tierra productiva en Argentina ha tenido como consecuencia no sólo la desaparición progresiva de las pequeñas explotaciones, sino además la tenencia de la tierra en pocas manos y con ella, de la producción general anual de las principales plantaciones. La concentración de la tierra trae aparejados no sólo una organización excluyente y precarizadora de la producción agropecuaria, sino además fuertes problemas para la mercantilización de productos naturales que, al no poder generar valor en origen por faltante de recursos y por la monopolización de los mercados de ciertos víveres, terminan participando de cadenas de valor manejadas por empresas de gran y mediana escala – cuyos precios son colocados bajo criterios mayoritariamente especulativos – y en la dificultad en el acceso de los consumidores a alimentos más sanos y baratos.
Nuevo acampe indígena en Buenos
Aires: “Si es necesario quedarse nos
qeudamos allí frente al congreso”
Por Laki Quispe, Resumen Latinoamericano, 13 de abril de 2022.
14 Comunidades Indígenas de la provincia de Jujuy que integran el Consejo de Pueblos Originarios Llankaj Maki llegaran a Buenos Aires en la semana de los Pueblos Originarios (del 19 al 25 de abril), para realizar una gran jornada de lucha y acampe en reclamo por “la participación activa y la restitución de la tierra y el territorio”. Además denunciar la criminalización de la protesta, entre otros reclamos.
“Nosotros en la provincia lo hacemos todos los años en una jornada que le exigimos al estado la deuda histórica”, contó el coordinador general del Consejo Indígena, Jorge Angulo. Asimismo, piden mesas de diálogo para trabajar con petitorios que han presentado el año pasado, y que debido a la falta de respuesta constatan no estar en la agenda del gobierno. Sin embargo la lucha de este Consejo no es del año pasado, sus pedidos de mesas de trabajo es de larga data por lo que también manifiestan “basta de mesas, basta de diálogo, queremos respuestas”.
El Consejo de Pueblos Originarios Llankaj Maki está integrado por 14 Comunidades Indígenas, cuyos pueblos y naciones más representativas son el Pueblo Kolla y Guaraní, además los Pueblos Churumata, Tilian, Paypaya y Quechua.
Jorge Angulo junto a Mariana Peralta, ambos coordinadores del Consejo viajaron la semana pasada a Buenos Aires para continuar con la organización de la jornada prevista para el día 20 de abril. “Estamos preparando una jornada y acampe con permanencia. Estamos trabajando con los diferentes hermanos de las diferentes comunidades, ayllus, para garantizar los traslados, alquileres de colectivos, comida, olla popular, etc. Llevaremos nuestra carpa y si es necesario quedarse nos quedaremos allí frente al Congreso”, anunció Jorge Angulo del Pueblo Kolla.
Esta medida de lucha es debido al frustrado diálogo del Consejo con el gobierno provincial, que en muchas instancias de presentación de proyectos, notas, pedidos de audiencia, etc, no encontraron disposición por parte de lxs funcionarios, lo que evidencia su des interés. “No estamos en la agenda del gobierno acá en Jujuy. La gente que tiene diálogo con Morales es parte de sus políticas o han sido cooptados”, explicó. Además agregó que “hablar de la cuestión indígena en cualquier lugar siempre destapa olla, destapa situaciones que por ahí a los estados no les conviene”.
Desde el Consejo han generado diversos proyectos para hacerle frente a algunas problemáticas respecto a temas de salud, educación, tierra-territorio y trabajo, para también, desarticular las “políticas de genocidio y de saqueo”, con las que se avasalla los derechos de las comunidades indígenas en los avances de los negocios inmobiliarios y mineros que avala la usurpación de tierras y el funcionamiento de un sistema de producción que va en contra de la cosmovisión Indígena. Cuyos negocios, además, se usan para dividir y poner a indígenas contra indígenas, en la necesidad de trabajo.
El tema central de las demandas de las 14 Comunidades Indígenas es sobre la defensa de la tierra-territorio, en el marco de la participación activa. “Hoy nuestra gran preocupación en este sentido es la prórroga de la ley 26.160. No estamos en agenda, no nos tienen en cuenta, y como consecuencia no hay presupuesto para determinar políticas públicas, o nos hacen creer eso también”, señaló.
Angulo reveló que hasta hoy no tienen relevamiento territorial, excepto algunas comunidades de su Consejo que han sido relevadas pero inconclusas tras no entregarse las carpetas técnicas. El avance contra el despojo y vulnerabilidad territorial es una realidad avalada por los estados. En el Valle de Jujuy se han avanzado contra las Comunidades Indígenas con la explotación y ocupación de sus territorios, como por ejemplo, el Proyecto de Desarrollo de Cannabis Medicinal que tiene como responsable principal al hijo del gobernador, Gastón Morales. “Esos proyectos están en tierras de hermanos productores y se ha pedido al INAI su relevamiento para tener un papel que evite esos desalojos en el marco de la ley 26160”.
Otra de las demandas del Consejo Indígena es el tema de la educación, que tras la falta de diálogo por parte de los funcionarios de la legislación de la provincia y por la falta de decisión política de la ministra de educación genera como consecuencia el no reconocimiento de la educación intercultural – bilingüe, como tampoco se reconoce como trabajadorxs a sus docentes indígenas y bilingües. “Nosotros contamos alrededor de 17 ayllus y 70 educativos con aproximadamente 90 hermanos que son trabajadores, docentes indígenas, pero para el estado no los reconoce así. No hay un reconocimiento de la educación indígena que nosotros reconstruimos, que nosotros promovemos como pueblos y naciones”, agregó.
En materia de salud, alrededor 33 medicxs de la salud indígena conformaron un equipo de trabajo durante la pandemia, mostrandolxs como indispensables y ocupando espacios de la salud criolla, sin embargo Comunidades Indígenas no cuentan con hospital cercano para ser atendidxs, por lo que muchas veces mueren por falta de atención o mala atención. “Entendemos que nuestros hermanos tiene que ocupar esos espacios de salud, pero creo que ese es el segundo paso, o tercero. Primero tenemos que fortalecer lo poco que tenemos, generar la estructura, en este sentido, tener un hospital propio en las comunidades, y desde ahí exigir ocupar espacios”, aclaró.
Por otro lado, el Gobierno de Jujuy ejerce criminalización a las luchas de los pueblos. El Consejo fue criminalizado por la defensa de la tierra y el territorio, por exigir participación activa y por pedir que se resuelva sus necesidades y emergencias; como también ocurre en las Comunidades de la Puna que acampan contra el avance minero. “En Jujuy Luchar genera una contravención, una multa por el gobierno. Hoy estamos perseguidos por luchar, tenemos sentencias por algunas jornadas masivas que hemos hecho. Tenemos un gobierno que ejerce una política de mano dura”, denució Jorge Anguló.
El Consejo de Pueblos Originarios Llankaj Maki llegará a la ciudad de Buenos Aires en la semana de los Pueblos Originarios para solicitar el acompañamiento y el fortalecimiento con políticas públicas del estado a los proyectos que proponen desde su cosmovisión como pueblos y naciones preexistentes. “El estado tiene como responsabilidad la deuda histórica, reparar todo el daño que han cometido y se continúan cometiendo”, ratificó.
Foto: Consejo de Pueblos Originarios Llankaj Maki
TeleSISA – Comunicación con identidad
Lanzan el Comité de Acreedores de
la Deuda Interna (CADI) para «priorizar
la deuda interna e investigar la deuda
externa»
Resumen Latinoamericano, 13 de abril de 2022.
En medio de la tensión dentro del gobernante Frente de Todos (FdT) por el rumbo de la política económica nacional, referentes de derechos humanos, sociales, culturales, sindicales, educativos, sanitarios, académicos, artísticos, campesinos, indígenas, comunicadores, científicos, jurídicos, feministas y religiosos, lanzaron el Comité de Acreedores de la Deuda Interna (CADI), con el objetivo, de «visibilizar la deuda con el pueblo y promover acciones de investigación, denuncia y reparación social en torno a la deuda con el Fondo Monetario Internacional» y apoyar «el impuesto a los capitales fugados, el levantamiento del sector bancario y revisiones trimestrales de las principales deudas sociales». Su primera acción fue el envío de una carta a la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y Pago de la Deuda Exterior de la Nación. Entre sus integrantes están Juan Grabois, Adolfo Pérez Esquivel, Taty Almeida, Alejandro Bercovich, Claudio Lozano, Roberto Baradel, Julio Piumato, Omar Plaini y Pablo Moyano, entre otros y otras. La iniciativa sería el segundo armado en ese sentido, dado que desde enero de 2020 ya existe la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda.
En medio de la crisis gubernamental dentro del Frente de Todos (FdT), tensionado por el tironeo entre el el presidente Alberto Fernández y su vice Cristina Fernández, por el manejo del rumbo económico nacional, y con la consigna de «priorizar la deuda interna e investigar la deuda externa», se lanzó el autodenominado Comité de Acreedores de la Deuda Interna (CADI).
De esa manera, cien referentes sociales, culturales, sindicales, educativos, sanitarios, académicos, artísticos, campesinos, indígenas, comunicadores, científicos, jurídicos, feministas, religiosos, y de derechos humanos lanzaron la campaña con el objetivo de «visibilizar la deuda con el pueblo y promover acciones de investigación, denuncia, y reparación social en torno a la deuda con el Fondo Monetario Internacional«, y en apoyo al «impuesto a los capitales fugados, el levantamiento del sector bancario y piden revisiones trimestrales de las principales deudas sociales«, según indicaron.
La primera acción de la multisectorial fue el envío de una carta a la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y Pago de la Deuda Exterior de la Nación, dirigida a su Presidente, el senador José Mayans.
En la misma, señalan: «nos ponemos en contacto con usted para solicitar una audiencia como Comité de Acreedores de la Deuda Interna (CADI), preocupados por los magros avances en la investigación de las responsabilidades por la deuda contraída contra el pueblo y fuga de capitales consecuentes; preocupados también por la crisis social íntimamente asociada a estos procesos de endeudamiento ilegítimo cuyo peso siempre recae en las mayorías populares; ocupados en impulsar la adopción de medidas tendientes a reparar los daños causados por la ambición de unos pocos en perjuicio de muchos. El Comité es un espacio amplio de articulación entre personalidades y organizaciones sociales, políticas, gremiales, universitarias, académicas, de derechos humanos, eclesiales, sanitarias, periodísticas, feministas, de pueblos originarios, culturales, entre otras, destinado a coordinar acciones públicas, institucionales y judiciales tendientes a buscar conocer verdad, obtener justicia y garantizar la reparación frente a los daños ocasionados por la gran estafa que ha sufrido la Argentina. De esa manera, el Comité se propone hacer realidad efectiva la consigna ‘La deuda es con el Pueblo’, a través de distintos objetivos».
En la misma línea, amplían: «en primer lugar, el Comité buscará visibilizar las múltiples deudas internas que el Estado Argentino mantiene con su único verdadero acreedor: el Pueblo. Los datos de esta enorme deuda son elocuentes. Actualmente en nuestro país un 37,3 por ciento de la población se encuentra bajo la línea de pobreza y un 8,2 por ciento se mantiene por debajo de la línea de indigencia. Son millones de argentinos y argentinas que sufren. Junto con esta situación, hasta el mes pasado el Salario Mínimo Vital y Móvil alcanzaba un total de $33.000, apenas por encima de la canasta básica alimentaria, mientras que el ingreso medio de la población para el tercer trimestre del año 2021 era de apenas $49.218, lo que marca que, aún con el privilegio de un trabajo con aguinaldo y obra social, se puede ser pobre en este país«.
Asimismo, destacan desde el comité: «un dato habla por sí solo: la participación salarial en el Valor Agregado Bruto (VAB) pasó de 51 % a 42.7 % entre 2016 y 2021. La ganancia empresarial se ha lucrado de la inflación a costa del bienestar social de los trabajadores: de forma acumulada entre 2016-2021, la masa salarial en la economía creció 335 %, mientras que los precios crecieron 474 % y los beneficios empresariales 523 %. Esta inequidad beneficia sólo a los grandes empresarios con intereses que no son Nacionales, ya que los sectores PyMEs siguen sufriendo condiciones injustas frente a los grandes corporaciones que impiden el pleno despliegue de su potencial. Además, según datos oficiales de 2018, el déficit habitacional de nuestro país supera las 3,5 millones de viviendas y, de acuerdo al Registro Nacional de Barrios Populares, existen al menos 4.416 barrios populares en los que viven alrededor de 5 millones de personas en condiciones de extrema precariedad y falta de acceso a servicios públicos básicos«, sentencian.
También remarcan: «en el campo pobre, pueblos originarios y comunidades campesinas sufren distintas formas de violencia y despojo. Sin tierra propia en muchos casos, los productores de alimentos son vejados por arrendamientos leoninos y falta de acceso justo a los mercados lo que empuja la inflación. Los pueblos originarios esperan que se termine el Relevamiento Territorial fijado por ley en 2006 que lleva más de quince años de demora. La Naturaleza se encuentra constantemente vejada por las acciones impunes de grandes poderes económicos que con proyectos extractivistas sin licencia social desconocen los ritmos de la Tierra y las necesidades de las poblaciones. Basta señalar un dato: en diez años, se desmontaron 2.776.068 hectáreas de bosque nativo, 150 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires, incumpliendo las leyes ambientales y dejando a poblaciones enteras sin sustento lo que explica, por ejemplo, las muertes de cientos de niños wichí».
En cuanto a la deuda interna, desde el comité expresan: «es evidente, para nosotros, la urgencia que existe a la hora de atender la deuda interna, con más razón luego de las consecuencias de cuatro años de gobierno del ex presidente Macri y del impacto más reciente de la pandemia de Covid-19». En ese sentido, prometen bregar «por promover políticas públicas acompañadas por el correspondiente compromiso presupuestario, de forma tal que se refuerce y garantice el acceso a la tierra, al techo, al trabajo, a la alimentación, a la salud, a la educación y a la cultura para las grandes mayorías, además del respeto a la Naturaleza y los bienes comunes».
«En segundo lugar, este Comité buscará implementar acciones para demostrar a nivel nacional e internacional la corresponsabilidad del Fondo Monetario Internacional en una estafa, que, en colusión con el gobierno de Mauricio Macri, violó los propios estatutos del organismo para pergeñar una estafa contra el Pueblo argentino, motivada por razones de índole geopolítica y en beneficio de grupos económicos concentrados. En ese sentido, promoveremos la acción internacional del Estado Argentino, así como también las iniciativas judiciales y políticas de su ciudadanía», destacan, sin hacer mención a la convalidación que se realizó, vía Congreso Nacional, de esa misma deuda, desde sectores integrantes del mismo Frente de Todos.
«En tercer lugar, manifestamos nuestro rechazo a cualquier supervisión sobre el ejercicio de la soberanía nacional por parte de organismos que no sirven a los pueblos – ampliaron, en cuanto a las consecuencias negativas del acuerdo con el FMI sobre la soberanía nacional – Sin perjuicio de las eventuales acciones de repudio que realicen organizaciones que integran este Comité contra las llamadas ‘auditorías trimestrales’, el Comité en su conjunto pondrá especial foco en evitar que la presión del organismo endeudador vaya en detrimento de las políticas públicas que benefician a las grandes mayorías. En efecto, consideramos que deben realizarse ‘revisiones trimestrales’ sobre las políticas de desarrollo humano destinadas a saldar la deuda interna para lo que realizaremos una publicación trimestral sobre los grandes ejes de esta deuda», aseguraron desde el comité.
Siguiendo con la enumeración de objetivos del espacio multisectorial, detallan: «en cuarto lugar, con pleno respeto a la posición personal u orgánica de cada integrante sobre el recientemente firmado acuerdo entre el Gobierno y el FMI, sobre la conveniencia o no de su sanción, sobre el mérito de la estrategia de negociación y sobre cualquier otra consideración sobre el particular, el Comité en su conjunto buscará que el pueblo no pague un solo peso de la deuda, y mucho menos la crisis social que trae aparejada, sino sobre quienes se beneficiaron con el proceso de endeudamiento y fuga de capitales que habilitó y fomentó el entonces gobierno de Mauricio Macri«.
En ese sentido, el Comité destaca que «apoya propuestas como el ‘aporte especial de emergencia’ para gravar impositivamente a quienes mantienen ocultos en el exterior fondos millonarios mediante los que evaden sus obligaciones con el fisco, u otros mecanismos coadyuvantes». También, remarca, «respalda la iniciativa de levantar el secreto bancario para conocer qué es lo que verdaderamente sucedió con los fondos que ingresaron a nuestro país en concepto de deuda», y reafirma «la necesidad de la participación popular en los procesos de investigación, justicia y reparación».
De esta manera, el Comité de Acreedores de la Deuda Interna (CADI) sería la segunda convocatoria que surge con la idea de criticar los contenidos de los acuerdos de deuda con el FMI y los demás organismos de crédito, dado que desde el 2020 ya existe la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda, una articulación abierta de organizaciones, movimientos sociales, asambleas y partidos populares, sindicatos, referentes sociales, políticos y de los derechos humanos que desde enero de 2020 impulsan una amplia campaña contra el pago de la deuda externa y las políticas promovidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Esta articulación preexistente realizó, a fines de 2020, un «Juicio Popular contra la Deuda y el FMI» y en diciembre de ese mismo año dieron a conocer el «fallo» del tribunal de ese juicio, integrado por figuras como Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Nina Brugo Marcó, Alejandro Bercovich y Miguel Julio Rodríguez Villafañe.
Compartimos el listado de las 100 personalidades que impulsan el Comité de Acreedores de la Deuda Interna (CADI):
Adolfo Perez Esquivel (Premio Nobel de la Paz), Adriana Serquis (Comisión Nacional de Energía Atómica-CONICET, Rio Negro), Agustín Lecchi (SiPreBA), Alberto Binder (INECIP), Aldi Leiva (Ex Combatiente, Chaco), Alejandro Bercovich (Periodista e Investigador), Alfredo Alfonso (Rector Universidad Nacional de Quilmes), Alfredo Serrano Mancilla (CELAG), Analía Virginia Ponce (Vicerrectora Universidad Nacional de San Juan), Andrés Asiain (Centro de Estudios Scalabrini Ortiz), Antonio Rodriguez Villar (Presidente de la Academia Nacional de Folklore), Ariel Epulef (Comunidad Mapuche Curruhuinca, Neuquén), Atilio Borón (IELAC), Augusto Rosendo Pastore (Cooperativa Cachalahueca, Catamarca), Bruno Rodriguez (Jóvenes por el Clima), Cachorro Godoy (Secretario General de ATE), Carla Gaudensi (FATPREN), Carlos Fernández (FOL), Carlos Vila (Sindicato de Canillitas), Cecilia de Vincenti (Familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz), Claudio Lozano (IPyPP), Cristian Miño (Confederación de Cooperativas de Trabajo, CNCT), Cristina Caamaño (Ex Fiscal Federal), Daniel Fernandez (Rector Universidad Nacional de Tierra del Fuego), Daniel Mana (Unión de Pescadores Artesanales), Daniel Ricci (Secretario General de FEDUN, Docentes Universitarios), Daniel Yofra (Federación de Aceiteros, Santa Fe), Deolinda Carrizo (MOCASE-MNCI, Santiago del Estero), Dina Sanchez (Secretaria General Adjunta de UTEP), Eduardo Dvorkin (CONICET), Eduardo Montes (FETRAES),Eduardo Tavani (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos), Eladia Freyre (Brasas La Comunitaria del Chaltén, Santa Cruz), Elsa Yanaje (MTE Rural), Enrique Spinetta (Organizaciones de lxs Chicxs del Pueblo), Enrique Viale (Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas), Federico Prior (Inquilinos agrupados, Neuquén), Fernanda Beigel (CONICET – UNCuyo, Mendoza), Fernando Borroni (Periodista),Fernando Suarez (Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos), Franco Suárez (Secretario Ejecutivo Federación Universitaria Argentina), Gladis Cancelo (Pueblo Comechingon, Córdoba), Gonzalo Salerno (Decano Facultad de Derecho, Catamarca), Guadalupe Sánchez (Consejera Superior Universidad Nacional de San Juan), Gustavo Fernando Bertran (Asociación Argentina de Salud Mental), Hector Francicetti (Familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz), Héctor Lemos (Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores – UTEP, Catamarca), Hugo Yaski (Secretario General CTA T), Ignacio Prafil (Lof Mapuche, Rio Negro), Isaías Maximiliano Díaz (Consejero Superior Universidad Nacional de La Rioja), Ismael Jalil (abogado de Derechos Humanos), Javier Caccavelli (Liberación Popular), Jorge Elbaum (Escritor), Jorgelina Duarte (ATY Ñeychirõ, Misiones), Juan Grabois (MTE-UTEP), Juan Ignacio Lastra (Consejero Superior Universidad San Juan Bosco, Chubut), Juan Manuel Vides (MTE Rural, Salta), Juan Pablo Ruiz (Movimiento Verde, Córdoba), Julia Mengolini (Periodista e Investigadora), Julieta Nuñez (Bibliotecarias en Lucha, Formosa), Julio Cardozo (Federación Pesquera Argentina), Julio Piumato (Sindicato de Judiciales UJEN), Leandro Da Rold (Instituto Balseiro), Lita Boitano (Familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas), Lourdes Guerrero (Presidenta Federación Universitaria de Lanús), Luci Cavallero (Ni Una Menos), Lucía de Cornelis (Movimiento Nacional de Mujeres Agropecuarias), Lucía Macaggno (Coordinadora Nacional de TV Alternativa), Luis Borelic (Orquesta Sinfónica Entre Ríos), Mabel Careaga (Familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz), Maica Colantoni (Presidenta del Centro de Estudiantes del Juan P. Esnaola), Malvina Luera (Frente Nacional Campesino, Mendoza), Manuel Ernesto Giménez Navarro (Presidente Federación Universitaria de San Juan), Marcelo Horestein (Llamamiento Judio), Marcelo Levicoy (secretario general del Sindicato Argentino de Músicos), María Alicia Noli (Ex-Ministra del Superior Tribunal de Santiago), María Emilia de la Iglesia (Mov. de Cultura Viva Comunitaria Argentino, La Pampa), María Yaconis (Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires), Mariana Gotardo (Consejera Superior UBA), Marianela Navarro (Frente de Organizaciones en Lucha), Martín Tito Ferrari (Frente Popular Darío Santillán), Martin Majestic (Martín Fierro, Chubut), Mercedes D´Alessandro (Economía Feminista), Miguel Barrios (Empresas Recuperadas), Miguel Rodríguez Villafañe (Ex-Juez Federal, Córdoba), Milagros Rezinovsky (Movimiento Evita, La Rioja), Miriam Corina Velardes (Federación Argentina de Costureros, Indumentaria y Textiles – UTEP, Jujuy), Miryam Gorban, (Doctora Honoris Causa UBA, UNR), Moisés Rioja (Productora Audiovisual Wairuro, Jujuy), Morena López (Consejera Superior Universidad Nacional de Entre Ríos), Nacho Levy (La Poderosa), Nadya Loscocco (Presidenta de la FULP), Nahuel Sosa (Agenda Argentina), Nehuén Corbeletto (Secretario Ejecutivo Federación Universitaria Argentina, Río Negro), Norma Morales (Barrios de Pie – UTEP), Omar Plaini (Secretario de Políticas Económicas y Sociales CGT), Orlando Carriqueo (Parlamento Mapuche Tehuelche, Río Negro), Oscar Trotta (Directivo Hospital Garrahan), Pablo Antonini (Foro Argentino de Radios Comunitarias), Pablo Gimenez (Federación de Pescadores Artesanales), Pablo Moyano (Secretario General CGT), Pablo Narvaja (Vicerrector Universidad Nacional de Lanús), Pablo Garciarena (Xumex, Mendoza), Padre Adrián Bennardis (Equipo de Curas Villeros), Paola Zapat (Mujeres Rurales, Santa Fe), Paula Litvachky (CELS), Ricardo Peiró (Secretario General de la CTA Autónoma), Roberto Baradel (SUTEBA), Roberto Salvarezza (Investigador CONICET), Rodrigo Valenzuela (Secretario general Federación Universitaria del Nordeste, Chaco), Rolando Goldman (Sindicato Argentino de Músicos), Rolando González-José (Director Centro Nacional Patagónico CONICET, Chubut), Sabina Frederic (Presidenta de Cascos Blancos), Sandra Carli (Investigadora Principal del CONICET), Sandra Russo (Periodista e Investigadora), Sol Pedre (Ingeniera Comisión Nacional de Energía Atómica, Río Negro), Soledad Escudero (Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra CP, Mendoza),Taty Almeida (Madres de Plaza de Mayo- LF), Teresa Mont (Mujeres Rurales Corrientes, Corrientes), Toto de Vedia (Equipo de Curas Villeros), Victor Fera (Maxiconsumo).
*La firma no necesariamente implica adhesión de la institución, aclaran desde la organización del comité.
Fuente: ANRed
Nueva movilización piquetera contra el
ajuste, al no haber acuerdo con el
gobierno
Resumen Latinoamericano, 13 de abril de 2022.
La Unidad Piquetera salió a las calles nuevamente a exigir al gobierno la creación de trabajos genuinos, universalización de los planes sociales y aumento de los alimentos que llegan a los comedores, en un cuadro de agravamiento de la pobreza y el hambre.
Esta acción se enmarca dentro del plan de lucha resuelto por el Plenario Piquetero Nacional, el 11 y 12 de marzo, cuya última medida consistió en un acampe nacional de 48 horas, con epicentro en Desarrollo Social de Nación, que puso de manifiesto la realidad de miles de familias del país.
Fotos: Julia Mottura
Comunicado de Prensa de Unidad Piquetera
No hubo acuerdo
Sigue el plan de lucha
Las organizaciones de la Unidad Piquetera informamos que no llegamos a un acuerdo con el gobierno nacional esta tarde.
Las dificultades son que el gobierno se sigue negando a universalizar los programas sociales y a aumentar su monto que hoy está en $16.500.
Esto en el marco de un crecimiento de la inflación que arrasa con los ingresos fijos y en el marco de un ajuste que golpea al conjunto de la economía y con salarios de hambre.
Sobre alimentos hubo compromisos, otra vez, en mejorar la calidad, variedad y cantidad de alimentos para lo que se constituyó una comisión.
Por esto hemos resuelto por unanimidad, de la totalidad de las organizaciones, CONTINUAR CON EL PLAN DE LUCHA.
EL 13 DE ABRIL NOS MOVILIZAMOS EN TODO EL PAIS.
BASTA DE AJUSTE !!!
FUERA EL FMI !!!
LIBERTAD A COPELLO Y CHOROLQUE PRESOS POR LUCHAR EN JUJUY.
FIN A LA PERSECUCIÓN DE VERÓNICA URZAGASTI
VENEZUELA Y 9 DE JULIO 10 hs.
Córdoba: jornada de lucha del frente
de unidad piquetero
Resumen Latinoamericano, 13 de abril de 2022.
En el marco de la jornada de lucha que a nivel nacional desarrollaron las organizaciones piqueteras en Córdoba se realizó una movilización y acto en Colón y General Paz.
Nuevamente las organizaciones marcharon en todo el país pidiendo por trabajo genuino, por alimentos para los comedores y reclamando por la ayuda social insuficiente de parte del Estado, además de rechazar el plan de ajuste del gobierno de la mano del pacto con el FMI.
Fotos: OLP Resistir y Luchar
El gobierno
desactivó una operación monopólica de Arcor
La Comisión
de Defensa de la Competencia objetó la fusión de Ingredion Argentina y Arcor
porque aumenta la concentración.
14 DE ABRIL, 2022
La Comisión de Defensa de la Competencia (CNDC) objetó la fusión de Ingredion Argentina y Arcor que adquirieron Ingrear Holding al consideran que lleva a desaparecer un competidor independiente y favorece la concentración en el mercado. De esta forma, el gobierno nacional evitó la conformación de un monopolio en la tarea de la molienda húmeda de maíz y la comercialización de sus derivados (almidón, endulzantes y coproductos).
"El efecto más directo de la conformación es la desaparición de un competidor independiente y el aumento significativo de la concentración, tanto en la molienda húmeda de maíz como en la comercialización de sus derivados", explicaron desde la Comisión de Defensa de la Competencia. La fusión "tiene la potencialidad de permitir la práctica de conductas exclusorias en relación a los competidores de ARCOR en las industrias “aguas abajo”, en términos de cierres de mercado, aumento de costos, aumento de barreras a la entrada, entre otros", agregaron.
El 12 de febrero de 2021, Arcor e Ingredion acordaron, sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones, la conformación de un joint-venture por el que controlarán en forma conjunta las actividades relacionadas con la molienda húmeda de maíz y la comercialización de productos derivados que, previo a la toma de control realizaban cada una de ellas en forma independiente.
El inconveniente radica en el poderío de las dos empresas que se fusionan. Arcor es un grupo multinacional argentino que se especializa en tres divisiones de negocios: alimentos de consumo masivo, agronegocios y envases. INGREDION es un grupo multinacional estadounidense que en Argentina se dedica a la producción y comercialización de ingredientes en base a molienda húmeda de maíz y sus derivados.
Los derivados de la molienda húmeda se utilizan como insumos de las industrias de alimentos, bebidas, papel y farmaceútica.
La CNDC convocará a las partes a una audiencia especial destinada a analizar las posibles medidas que mitiguen el efecto negativo de la operación de concentración sobre la competencia. La CNDC y la Secretaria de Comercio Interior dictan el dictamen y la resolución, respectivamente, sobre la operación.
El Banco
Central subió la tasa de interés por cuarta vez en el año: cuánto rendirán los
plazos fijos
La autoridad
monetaria incrementó nuevamente la tasa de interés de política monetaria y
lo llevó al 46% anual. Dijo que es una respuesta al shock de commodities a
nivel internacional.
13 DE ABRIL, 2022
El Directorio del Banco Central (BCRA) subió en 250 puntos básicos la tasa de interés nominal anual de las Letras de Liquidez (Leliq) a 28 días, pasando de 44,5% a 47%, lo que representa una Tasa Efectiva Anual de 58,7%. La suba también aplica para los plazos fijos y se trató del cuarto incremento en lo que va del año. Para personas humanas, el nuevo piso se fija en 46% anual para las imposiciones a 30 días hasta 10 millones de pesos, lo que representa un rendimiento de 57,1% de Tasa Efectiva Anual (TEA). Para el resto de los depósitos a plazo fijo del sector privado la tasa mínima garantizada se establece en 44%, lo que representa una Tasa Efectiva Anual de 54,1%.
"En línea con la suba de la tasa de interés de política monetaria, a los efectos de propiciar su transmisión plena al retorno de las colocaciones a plazo en pesos, el Directorio del BCRA elevó los límites mínimos de las tasas de interés sobre los plazos", señaló el comunicado de la entidad que conduce Miguel Pesce.
Ante las dudas en torno a cómo puede impactar el encarecimiento del costo crediticio, el BCRA señaló que "las tasas de interés activas se mantienen en niveles compatibles con el impulso de la inversión y la producción, y el desarrollo del sector MiPyME". Adicionalmente, "el BCRA seguirá regulando las condiciones de acceso al crédito para el consumo de las familias", sumó el comunicado.
"La aceleración de la inflación en marzo respecto de los meses anteriores es, en gran parte, fruto de un shock internacional que afectó especialmente a los precios de los alimentos y la energía, causado por la guerra en Ucrania, a lo que se sumó la concentración de incrementos en precios de bienes y servicios regulados (naftas, electricidad y gas, educación y prepagas, entre otros) y aumentos estacionales (especialmente indumentaria)", explicó la entidad. En ese sentido, amplió: "Dada la naturaleza transitoria de este shock de oferta externo, el BCRA espera que la inflación comience a desacelerarse gradualmente a partir de abril y mayo. En este sentido, los indicadores de alta frecuencia que monitorea el Banco Central ya han comenzado a dar cuenta de una desaceleración de los precios en lo que va del corriente mes".
En otro pasaje del comunicado, la autoridad sostuvo que "el BCRA, en coordinación con el Gobierno Nacional, utilizará todas sus herramientas para contribuir a morigerar los efectos de segunda vuelta sobre la inflación del shock de commodities". La determinación de los "incrementos adecuados de la tasa de interés" frente a un shock de oferta negativo requiere de una "calibración diferente a la derivada de un shock de demanda, ya que el objetivo no es moderar la presión de demanda, sino cortar los efectos de segunda ronda del incremento inicial de precios, preservar la estabilidad monetaria y cambiaria y proteger el ahorro en pesos de las y los argentinos, evitando incentivos que aceleren la dolarización".
Objetivo: bajar la inflación
Por otra parte, el Central señaló otras políticas que resultan necesarias para reducir la inflación además de cambiar los parámetros de la tasa:
- La consolidación de la estabilidad cambiaria a través de un proceso de acumulación de reservas internacionales.
- Una brecha cambiaria descendente en los llamados dólares financieros, reflejo de la percepción de que han mejorado los determinantes fundamentales de la macroeconomía.
- Un nivel del tipo de cambio real multilateral que es adecuado para preservar el superávit de cuenta corriente del balance de pagos en los próximos años.
- Un perfil de vencimientos externos compatible con el equilibrio externo y el crecimiento de la economía, luego de las diversas operaciones de refinanciación realizadas.
- La reducción del déficit fiscal, que requerirá de menor financiamiento monetario.
- Agregados monetarios que han vuelto a los niveles históricos luego del pico observado durante la pandemia.
- Una trayectoria descendente del stock de los pasivos remunerados del BCRA (Leliq y Pases) en términos del PIB, como consecuencia de la menor emisión primaria —y por tanto, menores necesidades de esterilización—, la convergencia gradual hacia el equilibrio fiscal y una mayor demanda de dinero por consolidación de un proceso sostenido de crecimiento.
- Instrumentos que permiten amortiguar los efectos del shock de precios internacionales, aislando parcialmente la dinámica de precios locales de los internacionales, tales como el recientemente constituido fideicomiso público para el trigo.
- Acuerdos de precios y salarios que buscan proteger los ingresos reales de la población, a la vez que evitan la amplificación inflacionaria del shock externo reciente mediante la coordinación de expectativas.
Por último, concluyó: "La presente suba de la tasa de interés es consistente con una evolución de los pasivos remunerados del BCRA que finalizarían en 2022 en niveles que, medidos en términos del PIB, estarán por debajo de los del cierre de 2021".
Fuente:ElDestape
14.04.2022 / Salario Universal
El Salario Universal estilo IFE que prepara Alberto Fernández y podría acercarlo a Cristina Kirchner
La iniciativa irá al Congreso y se financiará con un impuesto a alimenticias o suba de retenciones.Avanzar hacia el Salario Universal (SU) asoma como decisión tomada para el Gobierno. Con la referencia de lo que fue en su momento la AUH, marcaron una diferencia, para concretar el SU el camino será una ley.
La iniciativa irá al Congreso y se financiará con un impuesto a alimenticias o suba de retenciones. Estratégico rol para Martín Guzmán en la arquitectura de la medida junto a la pacificación interna del Frente de Todos. Se suma a eso que el Presidente relanzará su gestión, con el foco en "los últimos" y cambios en el Gabinete. Estiman que de mínima el SU debería abarcar a 10.000.000 de beneficiarios y beneficiarias. Avanzar hacia el Salario Universal (SU) asoma como decisión tomada para el Gobierno. Con la referencia de lo que fue en su momento la AUH, marcaron una diferencia, para concretar el SU el camino será una ley.
La norma, insistieron, deberá cristalizarse antes de fin de año, apostando a consensos. Ante la pregunta sobre los fondos para sustentar la norma precisaron: "Las ganancias del sector de alimentación en los últimos tiempos será la base de medidas a definir". Léase: una carga impositiva a la "renta extraordinaria", acotaron confirmando el anticipo de este diario sobre el SU. Otros prefieren apuntar al clásico de la suba de retenciones, sin temores al lobby de los sectores empresarios o del campo. "Gobernar es asumir riesgos", sentenciaron. Sobre cifras del IFE y la cantidad de habitantes que se inscribieron, 13.000.000 de personas, estimaron que el SU no debería comprender a menos de 10.000.000 de beneficiarios.
El martes por la tarde una cumbre ministerial, con cierre hermético, avanzó sobre la alternativa, donde el titular de Economía, Martín Guzmán, fue uno de los protagonistas clave. La necesidad de ordenar la arquitectura para lograr los fondos del SU realza la figura del funcionario, como también su apuesta al "ordenamiento político" para avanzar en un plan.
Nada fue casual, quienes tratan de lograr un alto el fuego en la interna del Frente de Todos consideran que cerrar filas, más allá de las diferencias, es crucial para lo inmediato. Los críticos del ala kirchnerista verán satisfechas sus expectativas de mejorar ingresos en la población, en tanto que los más cercanos al presidente Alberto Fernández destacaban que, además de anuncios de medidas "contra la inflación y la desigualdad" será necesaria una foto con el jefe de Estado y la vicepresidenta Cristina Fernández, "tan sonrientes como en la campaña electoral de 2019".
Además de iniciar con velocidad el camino de que el SU sea ley, otras fuentes gubernamentales remarcaron a este medio que una vez pasadas las Pascuas, habrá "reacomodamiento en el Gabinete Nacional", sin precisar mayores detalles, pero subrayando que esa alternativa de pacificación del oficialismo también es decisión tomada.
El mensaje de Cristina Fernández en el CCK pasando factura a nivel global sobre la presencia y acción del Estado en la pandemia, pasando por el esfuerzo necesario de quienes tuvieron ayuda oficial para mantener en actividad a sus compañías, como también la concentración de riquezas en paralelo al incremento de la pobreza, hilvana la trama política de decisiones fuertes en la economía. En efecto, Cristina remarcó que "las desigualdades no son un producto de la naturaleza sino de "decisiones políticas o la falta de ellas", durante su discurso al encabezar el acto de apertura de la decimocuarta sesión plenaria de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat), que se desarrolla en la Argentina.
Con el SU consideran que quedará zanjada, en parte, la grieta que divide todavía al Gobierno en cuanto a medicina antiinflacionaria como además ordenar la erogación de fondos públicos en diferentes capítulos de los montos que se asignan a los sectores más postergados, más allá de que se asuma que si bien su impacto "puede ser similar a la efectivización de la AUH, no es una solución per se para todas las urgencias que deja la pandemia y la crisis anterior a la pandemia".
14.04.2022 / FMI
Nuevo fondo de "resiliencia" del FMI podría otorgar a la Argentina USD1.300 millones
Se trata de una iniciativa que fue impulsada por el ministro de Economía, Martín Guzmán. Es un instrumento de u$S45 mil millones para ayudar a naciones de ingreso bajo y de ingreso medio.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó este miércoles el nuevo fondo de resiliencia y sostenibilidad que beneficia a países como la Argentina y que fue impulsado por el ministro de Economía, Martín Guzmán. Desde hace tiempo, el Gobierno viene impulsado la aprobación de este nuevo instrumento que nació en el marco del G20 para ayudar a países de ingreso bajo y a países de ingreso medio a enfrentar los desafíos estructurales como el cambio climático y las pandemias, considerados por la Junta del organismo de "largo plazo".
La nueva línea le permitirá al país elegible para acceder a este instrumento contar con más recursos para afrontar los mismos y un plazo de devolución de hasta 20 años. Según pudo saber Ámbito, Argentina podría recibir de parte de este nuevo fondo unos u$s1.300 millones debido a que se encuentra entre las naciones legibles. El Fondo de resiliencia y sostenibilidad comenzará a funcionar desde el 1 de mayo próximo y, entre otros beneficios, ofrecerá vencimientos más prolongados y 10 años y medio de gracia.
La iniciativa aprobada por la Junta también incrementará el impacto positivo de la asignación de derechos especiales de giro del año pasado por u$s650.000 millones al permitir que los miembros más ricos del organismo canalicen sus reservas de emergencia a países donde las necesidades son mayores. De acuerdo a lo planificado por la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, el objetivo es construir un fideicomiso de al menos u$s45.000 millones. Esta semana, cuando se supo que el organismo iba a reunirse para debatir el tema, fuentes afirmaron que había optimismo para su aprobación.
Tal es el caso de Vimal Thakoor, economista del organismo, quien había expresado que reinaba el positivismo en torno al nuevo mecanismo. "Los primeros casos se considerarán para fin de año", adelantó el especialista que dialogó sobre el tema con autoridades del FMI antes de mantener contacto con la prensa. "Es probable que el Fondo comience con recursos de alrededor de u$s30.000 millones, aumentando a cerca de u$s50.000 millones, en el mediano plazo", explicó Thakoor.
Fuente:PoliticaArgentina
El INDEC reportó una suba fuerte de los precios en marzo
Inflación récord: alza del 6,7 por ciento
Hubo una alza del 23,6 por ciento en Educación, de 7,2 por ciento en Alimentos y casi 11 por ciento en textiles. En el año, se llegó a una inflación de 55 por ciento
El INDEC dio a conocer la inflación de marzo, que con un 6,7 por ciento de incremento general se ubicó como la cifra más elevada en 20 años. A diferencia de lo que se pensaba, alimentos tuvo menos impacto que en febrero y la indumentaria volvió a tener aumentos muy significativos. Así, la inflación minorista acumuló una suba del 16,1 por ciento en el primer trimestre del año y del 55,1 por ciento en los últimos 12 meses.
Las subas las lideraron tres rubros: Educación, con un alza del 23,6 por ciento debido al incremento de las cuotas de los colegios privados; Prendas de vestir y Calzado, con un avance del 10,9 por el cambio de temporada; y Vivienda, agua, electricidad y gas, con un aumento de 7,7 por ciento por el ajuste de tarifas. A esto se sumó el aumento del 7,2 por ciento en Alimentos y bebidas no alcohólicas, la división que finalmente tuvo la mayor incidencia en el resultado de marzo del índice en todas las regiones del país. Así y todo, medido contra febrero, que tuvo un alza de 7,5, fue inferior y reflejó que la guerra en Ucrania no tuvo el impacto esperado en los precios generales de marzo.
En este ítem se destacaron el aumento de Pan y cereales; Leche, productos lácteos y huevos; Carnes y derivados; y Azúcar, dulces, chocolate, golosinas, precisó el Indec. Desde el Palacio de Hacienda señalaron que la inflación “se aceleró impulsada también por el contexto internacional".
En marzo, los precios “Regulados” aumentaron 8,4 por ciento y resultaron “el mayor incremento" del mes, ya que, en promedio, aportaron 1,5 puntos porcentuales de la medición. Le siguió en importancia el IPC Núcleo, con el 6,4 por ciento, en tanto los productos y servicios Estacionales registraron un incremento de 6,2 por ciento, fundamentalmente por el alza de Prendas de vestir y calzado.
La suba del 6,7 registrada en marzo es la más alta desde 2016 a la fecha. El mayor registro se dio en septiembre de 2018, con una suba del 6,5 por ciento. En ese mes, una corrida cambiaria y financiera derivó en una suba del dólar, a lo que se sumó una remarcación de precios. Tras esta situación llegó el anuncio de un segundo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), ya que el primero fue rubricado en junio, que elevó el monto total del préstamo al país a 57.000 millones de dólares
La segunda marca en nivel de importancia del IPC fue de 5,9 por ciento y se registró en septiembre de 2019, luego de que el dólar pasara en agosto de ese año de 45 a 60 pesos en un solo día, tras la contundente victoria de la fórmula del Frente de Todos sobre la lista oficialista que encabezaba Macri.
Uno de los mayores malestares del Gobierno con el alza de los precios recayó en los textiles, que tuvieron subas de más de 3 puntos por sobre los alimentos. Un trabajo del Centro de Economía Política (CEPA), afirma sobre el punto que si bien "marzo suele ser un mes de mucha estacionalidad por recambio de temporada. Llama la atención el sensible incremento de precios, dado que es un rubro particularmente protegido por las políticas estatales. Vale mencionar, además, que, en marzo, el gobierno había lanzado el programa “Acción moda”.
Y sobre los alimentos, el trabajo del CEPA destaca que "los aumentos en el rubro se encuentran, según INDEC, particularmente influenciados por panificados (16,6 por ciento en promedio), lácteos (11,2 en promedio) y carnes y derivados (6,9). Al comparar con los datos publicados desde enero de 2017 para acá, el guarismo resulta ser el más alto". Y agregan un dato importante al señalar que "estimaciones propias indican que el incremento en comercios de proximidad alcanzó 3,3, en verdulerías 1,7, en carnicerías 5,1 y en panaderías 7,1, por lo que el efecto de incrementos se explica en mayor medida por las grandes plataformas de comercialización. Resulta evidente que los aumentos de 15 por ciento promedio en grandes supermercados en la semana posterior al 16 de marzo tuvieron un fuerte efecto negativo en el indicador".
Por último, el INDEC reportó la inflación por regiones. La que registró el mayor nivel fue la Patagonia, con un incremento del 7,4 por ciento, seguida por las provincias del Noreste, con una suba de 7,2 por ciento. También por encima del promedio general se ubicaron las provincias de Cuyo y del Noroeste, con un aumento de 6,8 por ciento.
Por su parte, el Área Metropolitana Buenos Aires, que incluye a Capital y el Conurbano Bonaerense, marcó un incremento promedio de 6,7, mientras que en la región Pampeana fue de 6,6.
Comenzó el análisis en Diputados
Debate por el precio de los alquileres
Comenzó el debate de los proyectos que buscan modificar la ley de alquileres en la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados. Las diferentes asociaciones de inquilinos, propietarios e inmobiliarias de distintas provincias expusieron su parecer respecto a los dos puntos más conflictivos de la ley: la indexación de los precios y el plazo mínimo de alquiler.
En la apertura de la reunión, Cecilia Moreau, presidenta de la comisión, puso de relieve la importancia del debate y destacó "la necesidad de escuchar a las provincias que son parte de la problemática", antes de dar la palabra a los expositores, en primer término de la provincia de Chaco.
La indexación de los precios y el plazo mínimo de alquiler de inmuebles de tres años son los dos puntos que se discuten fervientemente en la comisión. Desde la presidencia de la comisión cuentan que todos los expositores coinciden en que no hay que derogar la ley pero que habrá que darle una lógica más federal porque “no todas las realidades son iguales”. Dentro de esas certezas, afloran algunas diferencias sustanciales.
Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, comentó a este diario que "se empiezan a cristalizar los verdaderos objetivos de haber deslegitimado la ley de alquileres desde que entró en vigencia. El mercado inmobiliario habla en nombre de los inquilinos cuando en realidad son los que están llevando adelante las presiones para perjudicarnos". Advirtió que buscan volver atrás con derechos conquistados por los inquilinos y restablecer los plazos de alquiler de 2 años y aumentos escalonados cada seis meses.
"Nosotros no queremos ninguna modificación porque con este Congreso cualquier modificación va a ser regresiva", concluyó Muñoz.
Por su pate, Alejandro Bennazae, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), comentó que en la comisión hay un consenso en la baja del término de contrato. “Lo único que se intenta es corregir dos artículos de la ley, no más. Es inminente la necesidad de fomentar la oferta. Para eso creemos que bajar de tres a dos años los contratos y que se permita actualizar el monto del alquiler con un índice dónde las partes se pongan de acuerdo, y cada seis meses, es un camino a recorrer. Nosotros no queremos derogar la ley pero si modificarla”.
La comisión retomará el debate la semana próxima y para el miércoles 27 alcanzar consenso para firmar el dictamen.
Fuente:Pagina12
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