Festival Unidxs por la cultura frente
a Congreso
Resumen Latinoamericano, 27 de abril de 2022.
La cultura está en peligro y para defenderla el próximo 28 de abril, en las puertas del Congreso de la Nación, desplegaremos nuestro pedido de tratamiento YA a la ley que prorrogue los impuestos específicos que nutren los Fondos de cultura.
Por la aprobación del artículo 4 de la ley 27.432/2017 FONDOS CON ASIGNACIÓN ESPECÍFICA PARA LAS INDUSTRIAS E INSTITUCIONES CULTURALES – EXTENSIÓN DE SU VIGENCIA.
Convocatoria de Unidxs por la Cultura:
Vení al Festival Unidxs por la cultura
Jueves 28 a las 16hs frente al Congreso de la Nación
En diciembre de 2017, el gobierno macrista sancionó la Ley 27.432/2017, en el artículo 4to, se establece a fines de este año la caducidad de los fondos específicos para el Cine, el Teatro, la Música, la Radio y Televisión Comunitarias, y las Bibliotecas Populares de Argentina.
Desde entonces se ha desarrollado una lucha activa de todos los sectores de la cultura a nivel federal en defensa de la soberanía cultural.
Más de 700.000 de puestos de trabajo (solo en el sector audiovisual) corren peligro de forma directa e indirecta, miles de relatos que construyen nuestra memoria colectiva dejarán de existir, si la voluntad política no repara este daño.
Miles de películas, obras de teatro, canciones, libros y programas de televisión están en peligro.
Estamos en una cuenta regresiva.
Es urgente defender las industrias culturales, su lógica independiente, el acervo identitario que tanto orgullo nos ha generado en el mundo.
¡Este Jueves 28 de abril se baila y canta en defensa de los fondos de cultura!
16hs en Plaza Congreso y eventos en todo el país.
#EvitemosElApagonCultural
#soberaniacultural
Porque el arte y la comunicación no pueden tener fecha de vencimiento!
Amigxs, compañerxs, trabajadorxs de la cultura:
Como saben, el jueves 28, tenemos el Festival frente al Congreso Faltan sólo 3 días es una actividad MUY IMPORTANTE para todxs nosotrxs y necesitamos de tu COLABORACIÓN, además de tu PRESENCIA!!
Necesitamos reunir $200.000 para todos los gastos del festival.
¿De qué manera podés colaborar? Es muy simple!
Con un cafecito.
De esta forma vamos a poder manifesta
PARA COLABORAR CON UN CAFECITO HACÉ CLICK ACÁ
El próximo 28 de abril, a las puertas del Congreso de la Nación, desplegaremos nuestro pedido de tratamiento YA a la ley que prorrogue los impuestos específicos que nutren los Fondos de cultura.
La cita es a las 16hs, muy pronto anunciaremos los artistas participantes.
Las acciones, manifestaciones, expresiones, se replicarán en todo el país. Las iremos anunciando!
De esta forma vamos a poder manifestar nuestros reclamos en la calle y pedir a nuestros funcionarios el #TratamientoUrgente de la ley para que no caigan los Fondos a la Cultura. #EvitemosElApagonCultural
Mirá el spot haciendo click aquí
¡¡Muchas Gracias!! por estar cerca. Por estar UNIDXS X LA CULTURA
Reclamo ante la Cámara Federal
de las viudas espiadas por Macri
Por Luciana Bertoia, Resumen Latinoamericano, 27 de abril de 2022.
Las familias de los tripulantes del submarino que se hundió en noviembre de 2017 pidieron a los camaristas que confirmen el procesamiento del ex Presidente. Lo hicieron a través de la abogada Valeria Carreras. La decisión está en manos de los jueces Llorens, Bruglia y Bertuzzi. El defensor Pablo Lanusse se opuso a través de un escrito.
Foto de portada: El pedido de las familias espiadas por la AFI.. Imagen: Alejandro Leiva
Las familias de los tripulantes del ARA San Juan, el submarino que se hundió en noviembre de 2017, pidieron a los integrantes de la Cámara Federal porteña que confirmen el procesamiento contra el expresidente Mauricio Macri por la vigilancia ilegal que se realizó desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) sobre ellas mismas mientras el buque estaba desaparecido. “Hubo espionaje ilegal y el beneficiario fue Mauricio Macri”, dijo la abogada querellante Valeria Carreras durante la audiencia que se celebró este martes por la mañana. La defensa del expresidente insistió en atacar a Martín Bava, el juez que procesó a Macri, y presentó al líder del PRO como víctima de una persecución política.
La defensa de Macri –encabezada por Pablo Lanusse– no participó de la audiencia que se realizó por Zoom, pero sí presentó un largo escrito pidiendo que se desvincule al exmandatario de la causa. Entre otras cosas, volvió a cargar contra Bava –el deporte favorito de Macri y de sus asesores legales desde que el 1 de octubre pasado fue llamado a indagatoria. El abogado del expresidente caracterizó a Bava como “parcial, incompetente y carente de independencia”.
Lanusse insistió con que la convocatoria a indagatoria de Macri obedeció a cuestiones electorales, ya que su citación se conoció días después de las primarias del año pasado. Ese argumento fue empleado una y otra vez por Macri, que decía que Bava iba a procesarlo antes de las elecciones generales para lograr un golpe de efecto. El presagio no se cumplió porque el juez tomó las testimoniales que el expresidente pidió y recién dictó el procesamiento el 1 de diciembre pasado.
La defensa de Macri también apuntó contra la actual intervención de la AFI –ya que fue Cristina Caamaño quien presentó la denuncia sobre el espionaje a las familias– y dijo que funcionaba como una usina de denuncias contra el expresidente. Según Lanusse, la intención es comparar a la gestión Cambiemos con la “maquinaria satánica” de la dictadura.
“Es evidente que el Señor Juez Federal subrogante, producto de su parcialidad, dependencia y prejuzgamiento en perjuicio del caso concreto y del Señor Mauricio Macri, intenta construir el relato falso desde un también inexistente esquema sistemático de espionaje ilícito, que supone y construye forzada y fantasiosamente”, escribió Lanusse.
El abogado de Macri ancló parte de su presentación para negar la existencia de espionaje durante el gobierno de Cambiemos en el fallo que la propia Cámara firmó en diciembre pasado. Con esa resolución, la Cámara convalidó la teoría del “cuentapropismo” que salió desde las usinas macristas. Es decir, no niegan que se haya espiado pero dicen que los entonces agentes lo hicieron para sacar rédito propio y no porque obedecían órdenes de sus superiores. Esa teoría quedó bastante maltrecha después de que apareciera un video en el que se veía a tres jerarcas de la AFI coordinando cómo armarle causas a un sindicalista.
Dos de los jueces que ahora tienen que revisar la situación de Macri –Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens– firmaron el fallo del cuentapropismo. El tercero es Leopoldo Bruglia. A los tres los recusó la abogada querellante, Carreras. “Espero haberme equivocado”, les dijo al comenzar la audiencia y les pidió que estén a la altura.
Carreras pidió que confirmen el procesamiento de Bava y reclamó que descarten los argumentos con los que Macri negó que haya existido espionaje ilegal durante su gobierno. Entre otras cosas, Macri sostuvo que la AFI hacía tareas –que incluían a los familiares de los tripulantes– para colaborar con la Casa Militar, encargada de la seguridad del presidente. Eso, a su entender, explicaría los partes de inteligencia que halló Caamaño y denunció ante la Justicia.
Carreras también descartó que la AFI pudiera hacerle una “avanzada” de agenda antes de las reuniones porque los informes, por ejemplo, incorporaban datos personales de los parientes y sus posiciones frente a la búsqueda del submarino. La abogada, por el contrario, insistió en que la exSIDE se infiltró entre las familias.
La Cámara Federal no sólo debe revisar la situación procesal de Macri, sino también de los otros once procesados. Están en esa condición el exdirector de la AFI, Gustavo Arribas y la cúpula, entre otros los exdirectores operacionales de Contrainteligencia, Diego Dalmau Pereyra y Martín Coste, el exdirector de Reunión Eduardo Winkler, el exjefe de la base Mar del Plata Nicolás Iuspa Benítez y los cinco agentes que reportaban en esa delegación –desde donde se hizo la vigilancia sobre las familias de los submarinistas.
Movilización de la Unidad Piquetera
a la Anses por el cobro del bono sin
restricciones
Resumen Latinoamericano, 27 de abril de 2022.
Las organizaciones de la Unidad Piquetera realizaron una actividad desde las 12 horas en el Obelisco para luego marchar a la sede central de la Anses para manifestarse en contra del mecanismo de “reempadronamiento” que exige el gobierno para el cobro del bono de $18.000 para trabajadores informales, precarizados y desocupados.
Las organizaciones piqueteras denuncian que, salvo los jubilados, el conjunto de los aspirantes al bono deben atravesar un engorroso trámite virtual, ante una página que se encuentra colapsada a todas horas, lo que amenaza con dejar afuera del bono a cientos de miles de trabajadores. Sumado a los audios truchos y fake news que circulan en torno a una supuesta incompatibilidad de los programas sociales con el bono, con el propósito de que la gente desista de anotarse.

El bono de $18.000, en dos cuotas, surgió como resultado de la lucha impuesta por el movimiento piquetero independiente del gobierno, con dos acampes y varias movilizaciones en todo el país. Sin embargo, el gobierno estableció un mecanismo que busca excluir a la mayor cantidad posible de trabajadores del acceso al mismo, tanto por dificultades para el uso de computadoras y formularios web como por la imposibilidad de acceder a la página.
Desde el Polo Obrero y las organizaciones piqueteras denuncian que el gobierno cuenta con los registros y el empadronamiento de los tres IFE anteriores -alrededor de 9 millones de personas-, además de la base de datos de la Anses y el Renatep, donde cuentan con un holgado padrón de trabajadores y trabajadoras que requieren del bono de $18.000 ya que no cuentan con ningún ingreso económico regular o solo perciben un programa social de $16.500 de miseria.
A menos de 48 horas de que cierre la inscripción son millones los trabajadores que no han logrado anotarse por la vía indicada por el gobierno. Esto se inscribe en la política de ajuste oficial del gobierno y el FMI, que recorta incluso la asistencia precaria y limitada a millones de trabajadores unidos en la pobreza y la indigencia. Reclamamos que se arbitren los medios, por vía de la incorporación de los padrones preexistentes, más todos los nuevos aspirantes que se hayan anotado, para que todo el que lo necesite pueda acceder al bono de $18.000.
Esta política “asistencial” precaria debe ser superada con un verdadero seguro universal al desocupado que cubra la canasta básica, como respuesta a las necesidades urgentes de millones de trabajadores y con una jubilación mínima que alcance el 82% móvil de la canasta familiar.



Fuente: Prensa Obrera y Facebook Cuba MTR
Chubut. Asesinato de Martín Alejandro
Tino John: 11 meses sin justicia
Resumen Latinoamericano, 27 de abril de 2022
Este 27 de abril, se cumplen 11 meses del fusilamiento de Tino John., un acto perpetrado por el Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) de la Policía del Chubut..
Acompañamos a Claudia, sobreviviente del brutal allanamiento que el 27 de mayo del año pasado terminó con su compañero asesinado. También a sus hijes que reclaman justicia.
Desde la Red de Organizaciones por los DDHH de Chubut pedimos que:
1) Se aparte de la investigación a quienes tuvieron responsabilidad directa o indirecta
2) Una fuerza externa a la provincia para que investigue
3) Se aparte de sus funciones a los implicados
* Nada de lo que pedimos fue escuchado
* LA “JUSTICIA” NO ABRE LA INVESTIGACIÓN
JUSTICIA POR TINO JOHN
Red de organizaciones por los Derechos Humanos Chubut
En Tribunales de Trelew también exigimos Justicia por Tino John
APERTURA YA DE INVESTIGACION
CÁRCEL COMÚN A TODXS LXS RESPONSABLES
En un mes se cumplirá un año de su fusilamiento, nos preparamos para una gran marcha provincial.
BASTA de IMPUNIDAD!

Conferencia de prensa por Flavia
Saganías: “Confié en la verdad y
en la justicia, y terminé presa”
Resumen Latinoamericano, 27 de abril de 2022.
Flavia Saganías fue condenada a 23 años de prisión en noviembre de 2019, acusada de planificar un ataque contra su ex pareja, Gabriel Fernández, a quien había denunciado por abusar sexualmente de su hija. Las agresiones fueron cometidas por familiares de Flavia y, mientras el abusador sigue libre e impune, ella carga con una condena infundada y desproporcionada. Una sentencia carente de perspectiva de géneros que es un claro ejercicio aleccionador para las madres que denuncian abusos sexuales en la infancia. Este miércoles por la tarde se realizó una conferencia de prensa, el caso llega a la Corte Suprema de Justicia, quien tiene la posibilidad de revertir esta injusticia.
Este miércoles por la tarde se realizó una conferencia de prensa por el caso de Flavia Saganias, en la sede de ATE Capital desde las 17hs, con la presencia de la coordinadora del área legal de Madres Víctimas de Trata la Dra Marcela Cano en representación de la niña
Flavia Saganías está condenada a 23 años de prisión, por la Cámara del Crimen Correccional de Cruz del Eje. El 27 de noviembre de 2019, un jurado popular integrado por 12 personas y tres jueces la encontraron culpable de haber instigado, mediante un posteo en Facebook, un ataque violento contra su ex pareja, Gabriel Fernández. A la agresión la realizaron su hermano y madre -condenados también a 23 años de prisión efectiva-.

Había denunciado, en 2017, a su ex pareja por abuso sexual de su hija de 7 años, en la Fiscalía de Cosquín, a cargo en ese momento de Martín Bertone. Hacemos foco aquí, como una foto que retrata los errores y la insuficiencia en los procesos judiciales que investigan abusos sexuales hacia las infancias. “Se apartó de los protocolos para la obtención de prueba tanto en cámara gesell como en revisación médica forense, se buscó a la niña en un patrullero policial y sin ningún tipo de acompañamiento terapéutico, trasladada dos veces en menos de una semana a la ciudad de Córdoba. Sin informarle a su madre que podía contar con la defensa pública gratuita y con el derecho a proponer perito de control para tan trascendental instancia. Al no haber obtenido ‘pruebas’, se archivó la denuncia de ataque a la integridad sexual de la niña”, detallaron desde la defensa.



“A partir de ese momento, mi vida y la de mis hijxs se transformó en una tragedia. Y es lo que viven la mayoría de las madres protectoras que denuncian abusos; enfrentar a una Justicia que no actúa a la altura de las circunstancias, que somete a sus niñxs a procesos largos, desgastantes y, finalmente, destructivos. Y que nos expone a luchar en un terreno que, en la mayoría de los casos, es desconocido, encontrándonos en inferioridad de condiciones, ya que el acceso a la justicia es limitado para quienes no cuentan con recursos suficientes tanto económicos como de apoyo y contención emocional”, recuerda Flavia en diálogo con La tinta.

Ante la impotencia por la inacción judicial, Flavia utilizó la red social Facebook para denunciar que su ex pareja había abusado sexualmente de su hija. Hizo público el dolor y buscó proteger a la comunidad frente al riesgo que supone tener a un abusador libre en un pueblo tan pequeño, lo hizo para que a nadie le pase algo así. ¿Acaso no vivimos en un tiempo donde todo el mundo cuenta sus vidas y hace escraches en las redes? En tiempos de cancelación, la Justicia no opera para todxs por igual. El escrache, como herramienta feminista, ha sido utilizado cuando la justicia patriarcal no responde, como mecanismo de autodefensa ante el desamparo de quedar expuestxs a situaciones de violencias.
Flavia acumula en su cuerpo una historia de desprotección y violencias. Cuando el caso salió a la luz, no solo el Poder Judicial, sino también los medios hegemónicos oficiaron de voceros de la criminalización de las madres que denuncian abusos. De los denunciados no se habla, de los procesos judiciales que no llegan o no tienen perspectiva de géneros, tampoco. ¿Y entonces? Un fallo aleccionador, una condena por unanimidad, sin pruebas objetivas que confirmaran que Flavia había sido la autora intelectual del ataque.
“Siempre dijimos que fue condenada por simples indicios que no tuvieron el peso probatorio que se requiere en materia procesal para alcanzar un grado de certeza que permita condenar. Quedó demostrado que Flavia no estuvo en el lugar de los hechos, en su único posteo de tres renglones, se encargó cuidadosamente de desalentar comentarios violentos que proponían ‘ajusticiar al violador’. La prueba que la incrimina -según la sentencia- son dos llamadas telefónicas de su madre la noche anterior a los hechos. Una apenas supera el minuto, la otra dura poco más de 40 segundos. En esas dos llamadas, para los jurados populares, Flavia organizó ‘un verdadero plan criminal’, distribuyó roles, asignó tareas a su madre y a su hermano, y los convenció de que debían venir desde Bs. As. a matar a Fernández”, expresó su abogado defensor, Chuzo González Quintana.
Fue retirada con esposas de la sala de audiencias, subida a un camión del servicio penitenciario de Córdoba y trasladada a la cárcel de Bouwer sin despedirse de su familia y sin poder organizar la crianza de sus 5 hijxs, siendo que ella era y es único sostén económico y emocional. “Confié en la verdad y en la justicia, y terminé presa”, escribió desde el encierro.
“Incorporamos nuevos elementos que dan cuenta de la veracidad de los hechos y la existencia de indicadores de abuso sexual infantil en el cuerpo de la niña, y la denuncia fue desarchivada por la actual fiscal, Paula Kelm, pero cuando se disponía a tomarle declaración testimonial a la madre de la niña, el Tribunal la condenaba y la alojaba en un establecimiento de máxima seguridad. Flavia no pudo declarar y tampoco llevar adelante la querella contra su ex pareja. Al quedar detenida, una persona pierde toda condición ciudadana, no solo por estar privada de libertad, sino también por la pérdida de la capacidad de hecho a la hora de ejercer sus derechos y los de su hija. Actualmente, la causa se encuentra paralizada, con pocos avances y, por supuesto, con el abusador en libertad y sin ninguna imputación ni sospecha siquiera en su contra”, explica González Quintana.

Flavia estuvo 7 meses privada de su libertad, en contra de la ley que establece la prisión domiciliaria si hay menores de 5 años, una grave e injustificada violación de los derechos humanos de ella y sus hijxs. “El art. 23 inc. f de la Ley N° 24.660 de ejecución penitenciaria establece la ‘posibilidad’ de otorgar el beneficio de prisión domiciliaria a una madre con hijos o hijas a cargo siempre que estos sean menores de 5 años. Resalto el encomillado, porque la ley habla de que ‘el juez podrá’, es una decisión facultativa y no obligatoria. En ese sentido y apoyándose en el supuesto ‘riesgo de fuga’ que significa una condena de tamaña cantidad de años, los tres jueces de la Cámara del Crimen de Cruz del Eje sostuvieron que Flavia, luego de ser condenada a 23 años de prisión, podría fugarse y no volver nunca más. Abandonando a 5 hijxs porque nadie en su sano juicio puede pensar que una mujer va a permanecer prófuga de la justicia acompañada de dos niños casi bebés y 3 adolescentes. Nunca entendieron que es una madre protectora, porque nunca la vieron ni registraron su dolor y su compromiso con el cuidado de sus hijxs, fundamentalmente de la niña a la que Fernández había abusado. ‘Pudieron’ -tal como dice la ley- otorgarle el beneficio de la prisión domiciliaria inmediatamente después de la sentencia, pero eligieron proporcionarle ese plus de dolor: el encierro carcelario durante 7 meses en el primer año de la pandemia”, expresó el abogado defensor.

Con el esfuerzo y apoyo de organizaciones, colectivos e instituciones, se logró que Flavia tenga prisión domiciliaria y vuelva con sus hijxs. Cumple arresto domiciliario en San Marcos Sierras, Flavia nos cuenta que se vio forzada a abandonar su casa e irse de Capilla del Monte, ya que el denunciado nunca dejó de hostigarles, a pesar de contar con una medida de restricción perimetral, que nunca respetó. Está agradecida de la red comunitaria que la ayuda para sobrellevar el día a día.
Apelar: el camino para la absolución
González Quintana, luego de la sentencia, interpuso un recurso de casación ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba que fue rechazado un año después, confirmando la sentencia en todos sus términos. Luego, presentaron un recurso extraordinario federal para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revise el fallo, el cual también fue rechazado por el TSJ cordobés, esta vez, por considerar que la sentencia no viola derechos constitucionales, se encuentra bien fundamentada y no desatiende la perspectiva de género con la que se tienen que juzgar estos casos.

“Siempre nos pareció que estábamos en presencia de un fallo disciplinador, aleccionador, una sentencia que está mandando un claro mensaje a la sociedad. Fundamentalmente, en relación a los ‘escraches’, que se vuelven un derecho inalienable cuando la Justicia da la espalda a las víctimas vulnerables, violentadas, acalladas e invisibilizadas por el propio sistema. Y hay un plus de violencia que la sentencia le agrega a Flavia; por haberse atrevido a interpelar al Poder Judicial frente al desamparo en el que se encontró luego del archivo de su denuncia. Ella fue a buscar protección, verdad y justicia a una Fiscalía que, en menos de dos meses y sin investigar profundamente, decide archivar las actuaciones ‘por falta de prueba’, como si estos casos tan dolorosos y complejos fueran a resolverse del mismo modo que un homicidio o un robo calificado”, detalla el abogado defensor.

La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia de la Nación le dio formal ingreso al Recurso de Queja por denegatoria de justicia. Serán entonces sus 4 jueces actuales quienes tengan la última palabra en un caso atravesado por diferentes violencias en esta condena de 23 años como hito y mecanismo de disciplinamiento a las mujeres para que no hablen y no denuncien. Será la CSJN quien tenga la última palabra en la última carta que se juega la defensa de Flavia Saganías, no quedan más recursos ni instancias judiciales para revertir esta condena. La defensa y la Mesa Justicia por Flavia Saganías convocan a la comunidad a visibilizar el caso y apoyar. La absolución ya no depende de un planteo técnico, sino del nivel de empatía y acompañamiento que pueda hacer la sociedad a la hora de un reclamo desesperante. Flavia nos necesita.
El viernes pasado, Flavia cumplió 44 años y le restan 21 años presa. Este caso conmueve, pero, sobre todo, pone la mirada sobre el sistema judicial, en lo estructural y en lo particular de las formas del interior provincial, con semejante desproporcionalidad en los años de prisión. Un nuevo caso de violencia judicial. ¿Se dimensiona lo que sucede? ¿Y la formación de la Ley Micaela para el sistema judicial y para los jurados populares? ¿Podemos seguir admitiendo fallos sin perspectiva de géneros y con estos niveles de violencia, como en el caso de Flavia? ¿Con cuáles mecanismos de control vamos a contar para que la Justicia deje de dilatar las causas de abuso hacia las infancias? ¿Entienden cuando hablamos de que necesitamos una reforma judicial feminista?
“Soy una madre protectora desde el día que pude darme cuenta que mi hija había sido abusada sexualmente por mi ex pareja. Cuando pude transformar todo el miedo y la impotencia en una bandera, se organizó como madres protectoras de Capilla del Monte. Se me acercaban madres y víctimas de todas edades a relatar sus experiencias de abusos padecidos, historias traspasadas por el mismo hilo conductor y donde también se tejieron los vínculos más resistentes con otras madres y mujeres. La lucha sigue siendo y será sostenida hasta que se logre una justicia con real perspectiva de género, que la denuncia y la visibilización de los abusos sexuales en la infancia no sea nunca más motivo para someter a las denunciantes, que la justicia obre por y para el bien superior de los niños y las niñas. Hace poco, me preguntaron qué sueños tenía. ¿Qué más puedo soñar sino que se haga justicia y estar en libertad?”, concluye Flavia desde la vida del encierro.
Fuente: La tinta
El Comité de Acreedores de la Deuda
Interna se movilizará al Congreso
Resumen Latinoamericano, 27 de abril de 2022.
«La deuda es con el pueblo», es la principal consigna de la marcha que realizarán distintas organizaciones sociales y políticas este jueves a las 12 horas. «Necesitamos que la gente pueda llegar a fin de mes y recuperar el sentido de futuro», comentó la ex Directora Nacional de Economía, Igualdad y Género, Mercedes D’Alessandro, en entrevista con Barricada TV.
«Son varias las demandas: de educación, llegar a fin de mes, tener un trabajo digno que permita crecer y desarrollarse, y el derecho a la tierra y la vivienda», dijo D’Alessandro. La economista consideró que el gobierno de Mauricio Macri dejó una economía «frágil y desordenada», y con «altos niveles de pobreza y desempleo».
Además señaló que la pandemia empeoró la situación, y que en la actualidad hay un nivel de inflación «altísimo». Se vienen construyendo algunas de las soluciones que se pretende transitar «Se discute la posibilidad salario basico universal y el fortalecimiento de unidades productivas por medio de crédito no bancario», agregó. En ese sentido, remarcó que la economía popular «necesita crédito productivo», y ser incluida dentro del sistema de compras del Estado.
Fuente: Barricada TV
Envio:RL
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