En medio de las internas, charla del Ministro y el Secretario de Comercio
La llamada telefónica de Guzmán a Feletti
Fue luego de la entrevista en la que el titular de Hacienda habló de seguir aplicando la política económica con los que están "alineados". Cómo sigue la relación entre ambos.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, llamó anoche al secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, luego de que en una entrevista televisiva el titular de Hacienda disparara munición gruesa al decir que "gestionaremos con la gente que se encuentre alineada con este programa económico". La primera lectura -lógica en el marco de una interna abierta del Frente de Todos- fue que se trató de un mensaje dirigido a la interna y a Feletti, que venía expresando la necesidad de subir retenciones al campo, algo que el Gobierno descartó del plano. "Ninguno de los dos tenía dudas sobre lo que se había dicho, pero por si acaso charlaron", contó un alto dirigente, ante las interpretaciones de que las palabras de Guzmán fueron un dardo dirigido al secretario.
Pero los hechos se dieron de la siguiente manera, según reconstruyó Página I12. Un rato antes de la nota de Guzmán en televisión, un alto funcionario del gabinete económico habló con Feletti (al que conoce de muchos años), le avisó que mirara la nota y le pidió que después de eso charlaran con el ministro. Al finalizar la misma, Feletti le mandó un mensaje de Whatsapp a Guzmán, quien le devolvió el llamado diez minutos más tarde. Allí, el secretario le agradeció y reconoció el gesto de haber puesto sobre la mesa que la solución a la inflación es una macroeconomía ordenada. El ministro le contestó que lo que hace Comercio es fundamental para una parte del plan, pero no explica la totalidad. Coordinaron además seguir charlando y "trabajar en tándem". "Lo demás es cotillón, no se sintió aludido", completó alguien que supo del llamado y frecuenta a Feletti.
"Hay una buena relación, hablan seguido, y nadie cree que las críticas que se hagan tengan que ver con no estar alineados en la idea oficial", contó a este diario otro de los funcionarios que está al tanto de esa conversación nocturna. En la llamada, Feletti recordó también que tiene opiniones personales previas, que ha puesto incluso por escrito en diversos artículos, como el caso de retenciones, pero que "no hizo de eso la madre de todas las batallas, nunca amenazó con irse y siempre estuvo comprometido con la gestión".
Citan para esto dos casos: la reunión con directivos del Fondo Monetario (FMI) en la que presentó los acuerdos de precios; y la última aparición junto al Presidente Alberto Fernández en la introducción de Precios Cuidados. Desde la Casa Rosada, en tanto, confirman el buen nexo y admiten, de todos modos, que las lecturas del conflicto son posibles en el marco de internas públicas del Frente de Todos, que se dan hace tiempo.
Un dato poco conocido es que, cuando Feletti mencionó el tema retenciones el jueves de la semana pasada y usó la frase "se puede poner feo" en relación al contexto por la inflación, recibió un llamado de Guzmán y volvieron a charlar del asunto. Ambos tienen, según sus interlocutores, contacto fluído y más de lo que se publicita.
En la conversación del lunes a la noche, además, el ministro le explicó al secretario que no fue un mensaje direccionado a su figura el de resaltar que hay que acompañar la política y ambos coincidieron en alinearse para resolver la cuestión inflacionaria. De hecho, fue el propio Guzmán el que le detalló en la charla que en la nota televisiva había explicado que la inflación es un fenómeno multicausal que "no tiene por qué resolver la secretaría de Comercio". Feletti le respondió que no sintió que sus palabras hayan sido un ataque.
Los dichos del ministro de Economía en los medios confirmaron algo que, de manera tácita, Feletti buscaba. Que la responsabilidad y el impacto del alza en los precios no recaiga en su cartera, teniendo en cuenta que no es el órgano de aplicación de la política económica. “Hace unos días, el secretario de Comercio dio una definición muy importante y muy cierta cuando dijo que la inflación no se va a reducir con políticas de precios. No es que decís acuerdo de precios y se acabó la inflación. No funciona así”, indicó Guzmán en la nota con C5N. Al mismo tiempo advirtió que “la inflación de marzo va a ser la más alta del año, superando el 6 por ciento mensual”. Feletti le dijo también durante la conversación telefónica que no piensa que Guzmán se desentienda de la inflación como una estrategia política.
"Estamos haciendo muchas cosas que se van a empezar a ver en resultados en breve", coincidieron hacia el final de la charla. Naturalmente, el dato de inflación de marzo que dará a conocer mañana el INDEC será un golpe para el Gobierno, siendo el más alto del año, pero la idea oficial era llegar con un concepto más amplio del abordaje del fondo de la cuestión a esa fecha caliente. Con la cabeza del ministerio hablando del tema y quitándole peso en el éxito o fracaso a cuestiones muy microsectoriales.
El Plan Estratégico pone foco en la reducción de la evasión y la mejora de la progresividad
Los objetivos de la AFIP para 2025
Habrá controles más intensivos en la actividad granaria y la economía digital.
La AFIP presentó su plan hacia 2025, con foco en la mejora de la recaudación, el incremento de la progresividad tributaria, el alza de los índices de registración laboral, el fortalecimiento de la fiscalización del comercio exterior y una mayor eficiencia de gestión. Se trata de un documento de 140 páginas que describe al detalle cómo funcionan las distintas áreas de gestión del organismo, indicadores de desempeño, objetivos para los próximos años y las distintas formas de alcanzar dichas metas.
Recaudación
"La recaudación tributaria nacional como porcentaje del PBI muestra un incremento significativo a partir del año 2004, alcanzando valores máximos históricos entre 2012 y 2015, cuando se ubicó alrededor del 26 por ciento del PIB. Esta tendencia no se mantuvo, sino que se revirtió durante el período comprendido entre 2016 y 2019. En 2020 la recaudación, si bien mantiene su carácter procíclico, cae en una proporción menor a la actividad económica. Este logro se debe en parte a medidas de política tributaria, como el establecimiento del Impuesto PAIS y las modificaciones en el Impuesto sobre los Bienes Personales", describe la AFIP.
Uno de los objetivos concretos para elevar la recaudación es la reducción de la evasión del IVA, asociada a la economía informal. "La brecha de cumplimiento en el IVA ha sido históricamente significativa. En los últimos años, el incumplimiento tuvo dos caídas pronunciadas cuyos pisos fueron los años 2007 y 2018, con mínimos de 33,2 y 31,5 por ciento, respectivamente. Sin embargo, en 2019 se da nuevamente un proceso de crecimiento de este indicador que se ubica en el 34,3 por ciento de la recaudación potencial y, durante el 2020, como consecuencia de los efectos de la pandemia, se estima que llega a superar el 38 por ciento", indica el informe. Para reducir el no pago del impuesto, la AFIP buscará promover el cumplimiento voluntario a través del pago electrónico, disuadir el incumplimiento y aplicar sanciones.
Prevé ejercer un "control integral" sobre la actividad granaria, con fortalecimiento de la inteligencia satelital, entre otras medidas. Otra área puntual de trabajo es la economía digital, en donde la AFIP advierte que se "requiere de una constante adaptación normativa, la incorporación de nuevas tecnologías, la formación de equipos de expertos, una mayor cooperación internacional y el desarrollo de nuevas estrategias, esperando generar un aumento de la percepción de riesgo y del cumplimiento voluntario, una disminución de las brechas de incumplimiento y una desincentivación de las maniobras vinculadas a delitos de lavado de activos, narcotráfico y corrupción".
Progresividad
La AFIP pone en la balanza los impuestos progresivos, como Bienes Personales o Ganancias, frente a los regresivos, como el IVA, a la hora de establecer el grado de progresividad de la estructura tributaria nacional. Desde 1980, el sistema tributario fue casi siempre regresivo, con escasas excepciones. Durante el macrismo, la regresividad se incrementó, a partir de la retracción en Bienes Personales, Ganancias y Derechos de Exportación. En 2020, se achicó la regresividad por la mayor participación de Bienes Personales y la creación del impuesto PAIS.
En este terreno, la AFIP advierte que la principal responsabilidad corresponde a la política tributaria, aunque también el organismo tiene importancia porque "desde hace muchos años ha prestado especial atención al cumplimiento de las obligaciones en los impuestos generales al consumo, básicamente el IVA".
El organismo comenzará a medir el cumplimiento de los impuestos más progresivos. "Los esfuerzos que se hagan para mejorar el desempeño recaudatorio de los impuestos más progresivos repercutirán en la construcción de un sistema tributario más justo", indica el documento.
Regularización laboral
"Se verifican diversas situaciones de incorrecto registro de los vínculos laborales. Por un lado, la relación asalariada sin registrar y, por tanto, sin aportes y contribuciones a la seguridad social; por otro, la relación asalariada con subdeclaración del salario y, en consecuencia, con monto menor de aportes y contribuciones. También la relación asalariada registrada como trabajador/a independiente y el trabajador/a independiente no registrado/a en AFIP", es el diagnóstico oficial.
"La informalidad laboral es un problema endémico en Argentina, que se viene expandiendo desde la última dictadura militar y que llegó al punto máximo durante la Convertibilidad, cuando se produjo una profunda crisis ocupacional que se reflejó en una tasa de asalariados/as sin registración superior al 50 por ciento. Con la recuperación del aparato productivo y la reconfiguración del rol estatal en las relaciones laborales, la tasa tuvo una drástica reducción que alcanzó su piso en el año 2015 con 32,7 por ciento del total de asalariados. La vuelta de una política económica similar a la implementada en la década de los '90 hizo que la tasa de los asalariados no registrados llegue al 35,1 por ciento en 2019, disminuyendo en 2020 al 30,2", indica el informe.
El Gobierno quiere atacar la tasa de no registro a partir de "una mayor capacidad de detección temprana de situaciones de trabajo informal y disminución de los tiempos requeridos en los procedimientos de investigación y fiscalización".
Fuente:Pagina12
Dirigentes sindicales, sociales y referentes de la cultura investigan la deuda externa
Alrededor de cien personalidades crearon un comité para "priorizar la deuda interna"
Cerca de cien referentes políticos, sociales, culturales, sindicales, comunicadores, científicos y de derechos humanos conformaron un Comité de Acreedores de la Deuda Interna (CADI) para investigar el crédito que tomó el gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional y visibilizar "la deuda con el pueblo".
La multisectorial está integrada por figuras como Juan Grabois del Frente Patria Grance; el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel; el director del banco Nación, Claudio Lozano; los gremialistas Pablo Moyano (CGT), Hugo Yasky (CTA) y Roberto Baradel (SUTEBA); la periodista Sandra Russo; y activistas de derechos humanos como Taty Almeida (Madres de Plaza de Mayo- LF), entre otros.
Todos los referentes también expresaron su apoyo al proyecto del Frente de Todos de crear un impuesto a los capitales fugados para pagar la deuda con el FMI y, al mismo tiempo, piden revisiones trimestrales de las principales deudas sociales.
Como primera acción, el Comité envió una carta al senador José Mayans en calidad de presidente de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y Pago de la Deuda Exterior de la Nación para pedir una audiencia y expresar su preocupación “por los magros avances en la investigación de las responsabilidades por la deuda contraída contra el pueblo y fuga de capitales consecuentes”.
Asimismo, se mostraron preocupados por “la crisis social íntimamente asociada a estos procesos de endeudamiento ilegítimo cuyo peso siempre recae en las mayorías populares” y se propusieron "demostrar a nivel nacional e internacional la corresponsabilidad del Fondo Monetario Internacional en la estafa de la deuda".
Entre otros desafíos, también plantearon hacer revisiones trimestrales de las políticas de desarrollo humano destinadas a "saldar al deuda interna para evitar que la presión del FMI vaya en detrimento de las políticas públicas que benefician a las grandes mayorías".
Bajo la consigna “La deuda es con el Pueblo”, reclamaron atender los problemas sociales y económicos hacia el interior del país luego de las "consecuencias de cuatro años de gobierno del ex presidente Mauricio Macri y del impacto más reciente de la pandemia de Covid-19".
Fuente:Diagonales
Masiva movilización en Jujuy para
exigir libertad a los presos por
protestar / Liberaron a Sebastián
Copello gracias a la lucha, sigue la
pelea por Juan Chorolque
Resumen Latinoamericano, 12 de abril de 2022.
Desde las 10 horas de la mañana se concentraron miles de manifestantes en la Plaza de los Inmigrantes, provincia de Jujuy, para movilizar a Casa de Gobierno y reclamar por la inmediata libertad de Sebastián Copello y Juan Chorolque, detenidos ilegalmente por orden y cuenta del gobernador Gerardo Morales. Se calcula una participación masiva, con más de 10.000 manifestantes.
Sebastian Copello, dirigente provincial del Partido Obrero y del Polo Obrero, y Juan Chorolque fueron sustraídos de sus casas bajo un procedimiento irregular y procesados por participar de dos manifestaciones por asistencia social y alimentaria, hecho que ya estaba siendo investigado por los tribunales contravencionales.
Liberaron a Sebastián Copello en Jujuy, sigue la pelea por Juan Chorolque
Durante la tarde del martes fue liberado Sebastián Emilio Copello, dirigente del Polo Obrero, mientras que Juan Chorolque dirigente del MTR, 12 de abril, continúa detenido. Ambos son perseguidos por protestar contra el hambre, imputados de «entorpecimiento del transporte y servicios» (art. 194 del Código Penal) y «desobediencia a la autoridades» (Art. 239 del Código Penal).
Desde su detención se ha desatado una intensa actividad política y solidaria de diversas organizaciones piqueteras, sociales, sindicales, de derechos humanos y políticas, reclamando contra la judicialización de la protesta social, en una provincia dominada por el hambre y la desocupación, donde se persigue al activismo que actúa con independencia política del Estado y rechaza la cooptación gubernamental.
El pasado lunes 11 se realizó una conferencia de prensa con distintas organizaciones y referentes de lucha, y una delegación de CABA reclamó audiencia con el gobierno y el juez interviniente para reclamar por la libertad de los detenidos, tras lo cual visitaron a los compañeros privados de su libertad.
Al llegar a Casa de Gobierno los manifestantes fueron recibidos por la policía provincial que, al igual que como ocurrió con Copello y Chorolque, labró un acta contravencional contra los dirigentes piqueteros, en lo que es la sistematización de una práctica nefasta contra el derecho a manifestarse.
Los manifestantes denuncian que existe un agravamiento de la política represiva del gobernador, con métodos que ya se han utilizado en el pasado, que buscan amedrentar a los luchadores y activistas en un cuadro de crisis social y económica que obliga a miles de personas a salir a las calles a manifestarse contra el hambre y el ajuste.
Fuente: Prensa Obrera y ANRed
Denuncian que una niña de 13 años
fue abusada en el Instituto Goretti,
Tucumán
Resumen Latinoamericano 12 de abril de 2022.
El abuelo de la chica señaló a tres celadores como responsables. También dijo que en el Goretti podría operar una red de explotación de la prostitución, ya que, de acuerdo con el relato de su nieta mayor, durante la madrugada ingresaban al lugar tres hombres para «buscar a las niñas para prostituirlas».
En Tucumán, un hombre denunció que su nieta, de 13 años, fue abusada sexualmente por celadores en el Instituto Santa María Goretti, en donde, por orden judicial, son alojadas niñas y adolescentes sin cuidados parentales o en conflicto con la ley penal.
La investigación recayó en la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Integridad Sexual III, informaron fuentes judiciales.
En tanto, el abuelo de la niña volvió a presentarse en las últimas horas ante la Justicia para ratificar y ampliar su denuncia. Según relató el hombre, la hermana mayor de la chica, quien también estuvo alojada un tiempo en la institución, le había contado que «a todas las chicas que ingresan le colocan de forma obligatoria» un chip anticonceptivo.
Además, el abuelo de las chicas señaló que en el Goretti podría operar una red de explotación de la prostitución, ya que, de acuerdo con el relato de su nieta mayor, durante la madrugada ingresaban al lugar tres hombres. «Ellos son los que van a buscar a las niñas para prostituirlas», dijo el hombre, que es tutor de las dos chicas y solició en su denuncia que se les permita a sus nietas brindar sus testimonios en Cámara Gesell.
La chica ya fue trasladada a otra institución y la justicia dictó una orden de restricción de acercamiento para protegerla de sus presuntos agresores, informó el abogado de la familia, Gustavo Morales.
El letrado adelantó que mañana brindará su testimonio en el marco del expediente el presidente de la Fundación Crecer en Familia, destinada a ayudar a detectar, rehabilitar e incluir personas con discapacidad, quien el año pasado también había denunciado casos de abusos en el Goretti.
En una primera revisación médica practicada tras radicada la denuncia de abuso, se determinó que a la niña le habían colocado un chip anticonceptivo.
Un legislador provincial, José Ricardo Ascarate (UCR), interpretó que la colocación de dispositivos anticonceptivos en niñas y adolescentes alojadas en ese instituto es «irregular», y tiene «el fin de encubrir los abusos sexuales que estarían sufriendo por parte de celadores».
Sin embargo, un comunicado del gobierno provincial advirtió que «la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinayf) indica que los implantes anticonceptivos se realizaron conforme a la Ley 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable, siguiendo en Plan ENIA que se aplica en la provincia desde el 2018 a través del Sistema Provincial de Salud (Siprosa)». Además, aseveró que el Instituto cuestionado «siempre actuó bajo los instrumentos legales que lo regulan».
En tanto, el Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) expresó su «preocupación» por «el abordaje comunicacional y la denuncia realizada por parte del legislador (en referencia a Ascarate), que ponen el foco en los métodos anticonceptivos, y no así en los presuntos abusos sexuales sufridos por las adolescentes del Dispositivo de Cuidado Institucional Goretti». Además, indicó que «el acceso a anticonceptivos es parte del acceso al derecho en salud sexual y reproductiva de niñas, niños, adolescentes y toda la población».
A un año de la «cacería» Asamblea
El Algarrobo exige sobreseimiento y
desvinculacion de la causa judicial a
vecinxs
Resumen Latinoamericano 12 de abril de 2022.
Este martes 12 se cumple un año del horror en Andalgalá. El 12 de Abril del 2021 la (in)justicia Andalgalense ordenó salir a «cazar» 12 vecinas y vecinos que pasaron días y semanas privadxs de su libertad, la que consiguieron recuperar gracias a la enorme movilización y apoyo del pueblo y la solidaridad de todo el país.
Comunicado de las redes sociales:
A UN AÑO DE LAS DETENCIONES ILEGALES DE NUESTRXS VECINXS POR LUCHAR POR El AGUA EN ANDALGALÁ. DONDE HAY MEGAMINERÍA NO HAY ESTADO DE DERECHO!!! SOBRESEIMIENTO Y DESVINCULACIÓN YA!!!
Hoy, 12 de abril de 2022 se cumple un año de las violentas e ilegales detenciones de nuestras vecinas y vecinos defensores del agua. Puertas rotas, muebles tirados al piso, rodillas en el cuello, golpes, allanamientos en la oscuridad, y todo tipo de irregularidades son recuerdos del horror de esos tres días de tensión absoluta donde nuestro pueblo fue violentado, como otras veces lo ha sido, por el sólo hecho de defender sus cerros del proyecto MEGAMINERO MARA AGUA RICA ALUMBRERA.
Un día como hoy, hace un año, la justicia Andalgalense, con declaraciones testimoniales sin sustento, dictó la orden de «cazar» a 12 vecinos y vecinas, que pasaron entre días y semanas privadxs de su libertad, la que recuperaron gracias a la enorme movilización de nuestro pueblo y la solidaridad de todo el país en plena pandemia.
A UN AÑO de estas detenciones irregulares, la justicia aún retiene indebidamente los bienes secuestrados en las detenciones y allanamientos: sus teléfonos, sus computadoras para trabajar y para estudiar, que al día de hoy NO FUERON DEVUELTOS.
Como en 2005, como el 15 de Febrero de 2010, como en 2012, donde el pueblo de Andalgalá fue reprimido por la corporación estatal judicial Minera, otra vez se demostró que este modelo de extractivismo de muerte para los pueblos no cierra sin represión, y eso en vez de amedrentarnos, nos hace cada vez más conscientes y más firmes en la lucha.
Pedimos el SOBRESEIMIENTO Y DESVINCULACIÓN DE LA CAUSA JUDICIAL A LXS VECINXS DE ANDALGALÁ
Si te querés sumar a esta movida, mandanos tu foto con un cartel con el pedido.
Estamos usando los hashtags #SobreseimientoYa #AndalgalaResiste #bajenlasmaquinasdelcerro
Abril, clave para le hidrógeno verde
Por Susana Lara, Resumen Latinoamericano, 12 de abril de 2022.
El gobierno de Río Negro busca obtener en las próximas semanas el aval de la Legislatura local al proyecto de producción de hidrógeno verde que presentó Argentina Fortescue Future Industries S.A., firma de capitales australianos. Con acuerdo general de ministros, el Ejecutivo envió el proyecto de ley que incluye la oferta pública de hasta 650.000 hectáreas de tierras fiscales para su concesión por 50 años para el desarrollo de distintas etapas y fases del proceso industrial de hidrógeno y derivados, así como su transporte y comercialización. Una comisión especial con presencia de la oposición ya aprobó el proyecto propio de Fortescue formulado en los términos del Régimen de la Iniciativa Privada. Así, se descuenta que el oficialismo logrará que se trate y apruebe esa ley después de Semana Santa, aunque antes de que la gobernadora Arabela Carreras viaje a Israel junto al ministro del Interior Wado De Pedro para visitar obras de la empresa estatal de aguas.
Por el decreto 1423, en noviembre del año pasado el gobierno provincial ya otorgó aproximadamente 400.000 hectáreas de tierras fiscales a Fortescue en concesión por un año para realizar los estudios de prefactibilidad vinculados al proyecto. Ni en ese decreto, ni en el proyecto ingresado la última semana a la Legislatura el gobierno indicó que esas tierras están comprendidas por la Ley General de Tierras Públicas 279 y, en muchos casos, alcanzadas por la Ley Integral del Indígena 2287 y el plan de manejo del Área Natural Protegida Meseta de Somuncurá, por mencionar algunas normas vigentes.
Al sur del paralelo 42°, en Chubut, el impacto ya está sobre la tierra rural privada. Entre octubre y enero, la australiana compró una decena de establecimientos rurales que suman aproximadamente 150.000 hectáreas en el departamento Viedma para el futuro parque eólico. Un importante vaciamiento del stock de ganado ovino en la zona alertó sobre los alcances de las operaciones de compra-venta de campos realizadas poco después del anuncio del proyecto hecho por el Presidente Alberto Fernández desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP 26 en Glasgow, Escocia. Las inversiones extranjeras en tierras rurales no estarían autorizadas a mantener la ganadería tradicional con la generación de energía eólica, lo que produce un alto impacto negativo, advirtió Ricardo Irianni, presidente de la Sociedad Rural del Valle de Chubut. La cartera de Desarrollo Productivo se comprometió a zanjar esa presunta incompatibilidad de uso del suelo rural por parte de capitales extranjeros que preocupa a los ganaderos de la zona. Se estima que las compras de inmuebles continuarán, de acuerdo a lo que plantearon en enero los directivos de la empresa que se reunieron con los ruralistas de Chubut.
El desierto
El proyecto de ley busca declarar de interés público el proyecto técnico de las obras de infraestructura necesarias para la generación de energía eléctrica de fuente renovable con destino a la producción de hidrógeno verde y sus derivados, así como reconocer la autoría e iniciativa de la firma australiana. Esa decisión institucional podría haberse hecho por decreto.
La mayor parte de la infraestructura se concentrará en la futura zona franca Punta Colorada, sobre la costa Atlántica, a unos kilómetros al oeste de Sierra Grande: las plantas desalinizadora de agua de mar, la de electrólisis y la de amoníaco, así como el puerto de aguas profundas. Pero la generación de energía eólica necesita mucha superficie en áreas de vientos intensos y constantes. Para eso la provincia cuenta con un activo invalorable, la tierra fiscal, uno de los núcleos centrales del conflicto contemporáneo por las formas de vida de los pueblos en el territorio.
Esta ley puede entenderse como la salida del gobierno de Juntos Somos Río Negro para sortear impedimentos legales a la entrega de tierra pública con fines industriales, sumando al peronismo rionegrino a la jugada institucional. Por eso incluyó la autorización de un llamado a licitación pública para concesionar el uso de tierras fiscales provinciales para la ejecución del proyecto objeto de la iniciativa privada. Una especie de per-saltum para disponer de hasta 650.000 hectáreas libres de ocupantes con derechos sobre el territorio o con ocupantes que no se opondrán a la modificación de su espacio de vida. En ese sentido, el decreto de noviembre fue una prueba piloto para disponer de unas 400.000 hectáreas por fuera de la Ley de Tierras. Además, el texto oficial no explica si el paquete a licitar incluye (o no) las tierras ya cedidas por decreto.
La licitación que se pretende hubiera requerido una reforma de la actual Ley de Tierras, que no pudo hacer el gobierno de Horacio Massaccesi en 1994 para alquilar millones de hectáreas a una forestadora italiana, ni el del actual senador Alberto Weretilneck.
A la vez, Carreras impulsa una reforma al plan de manejo del área natural protegida meseta de Somuncurá, el que tampoco permite desarrollos industriales en su espacio de 1.600.000 hectáreas. Aun cuando reformaran el plan de manejo a la medida del inversor para la eventual futura licitación, el decreto de noviembre no se ajusta al plan vigente ni respetó los derechos colectivos del pueblo mapuche-tehuelche sobre esa fracción del territorio tradicional. Al menos una universidad pública está colaborando con la reformulación del plan de manejo.
Los últimos meses, funcionarios del entorno más estrecho de Carreras realizaron minuciosas inspecciones del área rural, desafectando al menos diez unidades productivas que figuraban con ocupantes en Somuncurá. A la vez, hicieron numerosas reuniones con referentes sociales y políticos de las localidades que rodean la meseta y los parajes cercanos, generando adhesiones y pacto de silencio sobre los movimientos en el terreno. Ya se están ensanchando algunos de los caminos de acceso sobre la piedra en el borde oriental de la meseta, cuyas características medioambientales son extremadamente difíciles, sobre todo en invierno. El cerro Corona y el Puntudo, íconos de la belleza extrema y la soledad, están en la mira de los inversores. En esta formación los hidrocarburos brotan en forma espontánea en varios puntos; el acuífero subterráneo es de agua fósil.
El hermetismo sobre los alcances territoriales del proyecto jaquea a las comunidades mapuche-tehuelche, a sus organizaciones y a los pobladores dispersos, ya que el frío acentúa las dificultades de trasladarse a localidades más cercanas, así como de visitarlxs. En esta meseta se registraron operaciones de compra-venta fraudulenta de tierras rurales con fines especulativos realizadas desde el Estado para capitales privados entre 2004 y 2007, al mismo tiempo que los casos en la zona andina que relatamos en otras ediciones.
Terceros
El interés del capital estatal de Israel sobre la provincia volvió a aparecer, aunque en el anuncio oficial no se menciona el pasado en que ex embajadores hacían negocios con tierras de la mano de Franco Macri e hijo.
A fin de mes la gobernadora será parte de la comitiva oficial a Israel que visitará obras de agua de la estatal Mekorot Water Company Limitada, con la que la provincia firmó en 2007 un convenio marco de cooperación e intención. En aquel momento hubo recorridas técnicas en vistas a montar una planta de desalinización de agua para abastecer a Sierra Grande y el complejo de hierro, históricamente dependiente del agua tomada del arroyo Los Berros que nace en la meseta de Somuncura. Ahora surge el mismo cuello de botella para el hidrógeno verde, cuyo consumo de agua es fundamental en las plantas industriales que se emplazarán en la zona franca Punta Colorada, sin agua dulce.
Otros jugadores de la energía eólica buscarán reacomodarse ante la futura licitación. Entre ellos INVAP, que conformó Eólica Rionegrina S.A. (ERSA) con Transcomahue S.A. Esa firma hizo un acuerdo con la china Powerchina Resources Limited para la experiencia en Cerro Policía, zona de estepa ubicada al noroeste de la provincia. Ahora, legisladores de la línea sur impulsan la instalación de la planta productiva de ERSA en la localidad de Los Menucos, ubicada en el borde norte de Somuncurá, para fabricar aerogeneradores.
En agosto del año pasado, Nación y Provincia firmaron un acuerdo marco con Fortescue Future Industries Pty Ltd, la matriz radicada en Australia. A partir de ahí, la estrategia empresaria se deduce de algunos movimientos políticos que todavía son muy de las elites. Ahora, con movimiento en el terreno e involucrando directamente a parte del territorio, tal vez aparezcan otros actores con otros intereses.
Sin acuerdo: Este miércoles las
organizaciones sociales vuelven a
las calles contra el fin de las altas
de planes sociales
Resumen Latinoamericano, 12 de abril de 2022.
Tras más de dos horas de reunión entre las organizaciones sociales de desocupados y el Ministerio de Desarrollo Social, no hubo acuerdo, aunque avanzarán en una mesa de «diálogo permanente».
Desde el Ministerio de Desarrollo Social volvieron a ratificar que no habrá más altas de planes sociales, uno de los principales reclamos del bloque de Unidad Piquetera. Es por eso que las organizaciones sociales avisaron que este miércoles volverán a movilizarse, como estaba previsto, aunque sin acampe.
«El Gobierno se sigue negando a universalizar los programas sociales y a aumentar su monto, que hoy está en $16.500. Esto en el marco de un crecimiento de la inflación que arrasa con los ingresos fijos y de un ajuste que golpea al conjunto de la economía y con salarios de hambre. Sobre alimentos hubo compromisos, otra vez, en mejorar la calidad, variedad y cantidad de alimentos, para lo que se constituyó una comisión», detallaron las organizaciones, que anunciaron que este miércoles 13 concentrarán desde las 10 en el cruce de la Avenida 9 de Julio y Venezuela para luego movilizar a Plaza de Mayo. La medida se replicará en otros puntos del país. .
Se trata de uno de los principales reclamos de las organizaciones sociales, junto al aumento de los planes sociales y la ampliación de los productos alimenticios que reciben en los comedores populares distribuidos en todo el país. Recordemos que los planes Potenciar Trabajo hoy alcanzan a unos 1,2 millones de personas.
El dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni resaltó: «Vamos a anunciar la metodología mañana en una conferencia de prensa, pero no tenemos pensado un acampe». En la reunión, estuvo en compañía de Juan Ignacio Aldaya (Coordinadora por el Cambio Social), Mónica Sulle (MST), Carlos Fernández Kostiuk (FOL), Silvia Saravia (Barrios de Pie), Juan Fortunato (MTR) y Federico Alonso (Frente de Lucha Piquetero).
La medida fue votada en un plenario en Plaza de Mayo hace varias semanas, como parte de un plan de lucha.
«El camino es vincular la generación de empleo con unidades productivas y reforzar la economía popular. Sin corte de calles siempre hay una mesa de diálogo que va a seguir funcionando», aseguró a Clarín Juan Zabaleta, ministro de Desarrollo Social, después de la cumbre con los referentes sociales. También participaron por el Gobierno Emilio Pérsico -líder del Movimiento Evita-, Gustavo Aguilera y Pablo Pais.
El Gobierno sostiene un discurso de rechazo a los cortes de calles para tratar de empatizar con un sector de la sociedad que rechaza los piquetes. Así, criminaliza la protesta social que busca mejorar las condiciones de vida de los sectores más golpeados por la crisis. Sin embargo, fue a través de la protesta social que las organizaciones sociales lograron ser escuchadas: luego de un acampe que duró dos días a principios de mes, la semana pasada lograron el aumento del 50% en el monto de la tarjeta Alimentar.
Fuente: Izquierda diario
A 25 años de su asesinato: ¡Teresa
vive, la lucha sigue!
Resumen Latinoamericano, 12 de abril de 2022.
Poder Guevarista adhiere y convoca la acto que se va a realizar en Cutral CO en el aniversario del asesinato de Teresa Rodríguez.
Todos los gobiernos desde 1983 hasta la fecha, mantuvieron intacto el modelo económico impuesto a sangre y fuego por la dictadura videlista, pero fue durante la década menemista cuando terminó de consolidarse en Argentina, el capitalismo monopolista de Estado. Como consecuencia, el país se desindustrializó y la oligarquía financiera se erigió como el dueño absoluto de las instituciones del Estado.
En poco tiempo, la desocupación se difuminó a lo largo y ancho del territorio nacional, dejando como secuela, la pobreza y la marginación de millones de seres humanos.
Neuquén no fue la excepción, y en la comarca petrolera, cuna de los Fogoneros, se produjeron dos acciones de masas que hicieron temblar a los dueños del poder. La primera pueblada se produjo en 1996, y terminó con un triunfo del pueblo, la segunda fue al año siguiente.
En abril de 1997, miles de mujeres y hombres de Cutral Có y Plaza Huincul, fundamentalmente jóvenes, se auto organizaron y aplicaron la democracia directa en asambleas populares; esta forma de organización y lucha, casi inédita hasta entonces, continúa siendo una guía para quienes, aún hoy, se enfrentan a los dueños del poder.
El 12 de abril de aquel año, mientras el pueblo resistía la represión de la gendarmerìa y la policía provincial en el puente ubicado sobre la ruta 17, cruzaba por el mismo Teresa Rodríguez, quien se dirigía a su trabajo. En ese momento, fue victima de un disparo que le arrebató su joven vida.
Veinticinco años después, los responsables materiales y políticos, siguen gozando de la impunidad que les da el ser los perritos falderos de los poderosos. De los diez policías acusados, sólo cuatro recibieron condenas irrisorias que nunca se hicieron efectivas. Los responsables políticos, el jefe de policía, Marcelo Jaureguiberry y el gobernador de Videla, Felipe Sapag, nunca fueron investigados, es mas, haciendo gala de su cobardía, dijeron que en el piquete “había francotiradores o elementos armados”. Igual que su sucesor, Jorge Sobisch, el asesino de Carlos Fuentealba, Don Felipe no se hizo cargo de su crimen.
Las puebladas de la comarca petrolera nos dejaron varias enseñanzas: las formas de organización y lucha, la asamblea popular como único ámbito de debate y decisión, nunca delegar en los “dirigentes” nuestro derecho a decidir, la desconfianza en todas las instituciones del Estado y de sus funcionarios, y la necesidad de crear brigadas de auto defensa para enfrentar la represión de los perros rabiosos de la burguesía.
Este 12 de abril, adherimos al acto de conmemoración del asesinato de Teresa Rodríguez, reivindicamos a Teresa y, en su persona, a todas las mujeres trabajadoras que, como ella, cada día salen a luchar por una vida digna para sus hijos, saludamos fraternalmente a sus familiares, que a pesar del tiempo transcurrido, no abandonan la lucha desigual por justicia y por mantener viva su memoria.
¡TERESA VIVE, LA LUCHA SIGUE!
PODER GUEVARISTA
Daniel Basaldúa: “quienes gobiernan
son los responsables políticos de la
muerte de mi hija”
Resumen Latinoamericano, 12 de abril de 2022.
Cecilia Gisela Basaldúa de 35 años, oriunda de Buenos Aires, había regresado de un viaje de mochilera por Latinoamérica que duró 5 años y estaba escribiendo un libro en Capilla del Monte, ciudad en la que residía durante el aislamiento por la pandemia. El 5 de abril de 2020 fue vista con vida por última vez. Veinte días después, encontraron su cuerpo en un descampado cercano a un basural de dicha localidad.
El próximo 2 de mayo comienza el juicio contra Lucas Bustos, un joven obrero de la zona donde encontraron el cuerpo. Cabe señalar que Bustos confesó en un primer momento haber violado y luego asesinado a Cecilia, pero después de su imputación se presentó ante la fiscalía de Cosquín y denunció apremios ilegales en la comisaría donde estaba detenido, para que se confesara culpable. La denuncia fue desestimada y archivada de inmediato.
Asimismo, la Justicia descartó como sospechoso a Mario Mainardi, el propietario de la casa donde paraba Cecilia, que fue la última persona que la vio con vida y se comunicó con la familia recién tres días después. Incluso el celular y la computadora de Cecilia las tenía él. Sin embargo, la justicia nunca lo investigó.
En diálogo con Prensa Obrera, Daniel Basaldúa, papá de Cecilia, nos expresó lo siguiente:
A dos años del feminicidio de Cecilia, ¿Qué pensas de la justicia cordobesa?
Realmente estoy muy decepcionado con la justicia cordobesa. Yo fui a buscar a mi hija, la encontré muerta, y después no tuve ninguna respuesta. La justicia cordobesa es muy patriarcal, eso está cantado ahí, y más en el Valle de Punilla.
Cuando fuimos a ver a un fiscal general, tampoco nos atendió, nos mintieron. Dijeron que nunca habíamos estado ahí, cuando fuimos con una delegación que se concentró en las puertas de Tribunales. Te imaginás que con eso, ¿Qué puedo pensar?, pienso que la justicia cordobesa es de unos pocos y, como verás, en el caso de Cecilia la fuerza policial está metida hasta el cuadril, y sin embargo no hay ningún sospechoso.
Más los perejiles de Bialet Massé, que había metido presos la Fiscal Paula Kelm, que los tuvo que largar. La gente se olvida de eso. Para nosotros hay una asociación ilícita y hacen lo que quieren. Fíjate que con el caso de Nora Dalmasso pasó lo mismo, quisieron meter preso a un pintor.
El que estaba a cargo de la investigación (Ariel Daniel Zárate, subcomisario), fué detenido por violentarse con una joven, y el que la tenía que encontrar a mi hija (Diego Concha, el ex director de Defensa Civil de la provincia) está detenido por amenazas de muerte a su esposa y abuso sexual de una joven que después se suicidó. Así que te imaginás, qué puedo pensar yo de eso.
¿Hay responsables políticos?
El principal responsable político es el gobernador (Juan Schiaretti), que nunca se comunicó con nosotros. Córdoba es una provincia turística y a mi hija le pasó eso ahí. Cecilia no era de Córdoba, Cecilia fue a escribir un libro. Quienes gobiernan son los responsables. El intendente de ahí (Fabricio Díaz), no movió un dedo por nosotros, yo creo que también es responsable. Y bueno, nadie del poder político cordobés se comunicó con la familia para siquiera darnos el pésame de lo que nos pasó. Así que responsables hay un montón.
¿Cómo se preparan para el juicio?
Para el juicio nos preparamos con nuestra verdad. Y es que ahí, cuando fuimos a Capilla del Monte, hablamos con Mainardi y nos dijo que la había echado a mi hija. En la causa figura que Cecilia se había ido con un palo, con un brote psicótico… Y Mainardi cuando habló con nosotros nos dijo que ella se fué, que él la echó. Hay que estar ahí, hay que pisar el suelo para darse cuenta.
La principal testigo dice que la vio el día domingo a Cecilia. Y también nos mintió, porque dijo que andaba con un celular y el celular había quedado en la casa de Mainardi. Además, la novia de Mainardi, -que realmente no entendemos cuál era la relación que tenían-, nos dijo que él había regalado un elemento de Cecilia mientras estaba desaparecida. Todo eso lo vivimos ahí.
Después, nosotros caminando, fuimos al lugar del hecho y llegamos en 20 minutos. Y la fiscal nos dijo que era inaccesible el lugar donde apareció el cuerpo. Hay un montón de cosas que no cierran. Realmente lo que esperamos es que hagan otro juicio. Ojalá que a ese muchacho (Lucas Bustos) no lo metan preso, porque le van a dar 20 años y es un perejil. Así que, desde ya te digo, para nosotros fueron dos años perdidos.
El caso de Cecilia estremeció al movimiento de mujeres y a la sociedad cordobesa, en el marco de la cuarentena, donde se acrecentaron de manera alarmante las denuncias por violencia de género. El Estado no activó el protocolo de búsqueda inmediata para encontrarla. Por el contrario, la causa fue caratulada desde el inicio como “averiguación de paradero”.
Fueron las agrupaciones de mujeres de Capilla del Monte las que, un día antes de que se hallara el cuerpo, decidieron romper el silencio tomando las calles de la ciudad, respetando el distanciamiento social, con sus bocas tapadas y carteles en alto, para reclamar “¡¿Dónde está Cecilia?!”
El próximo 25 de abril, al cumplirse dos años del hallazgo de su cuerpo y a días de que comience un juicio armado para la impunidad, saldremos nuevamente a las calles a exigir justicia por Cecilia y a denunciar el mafioso entramado que hay entre la policía, la justicia y el poder político. El Estado es absolutamente responsable.
Fuente: Prensa obrera
Envio:RL
Detalles del fallo que acusa a la Ciudad de Buenos Aires de espiar a más de 9 millones de personas
El fallo del juez Roberto Gallardo frenó el uso del sistema de reconocimiento facial con el que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta vigiló a más de 9 millones de personas, cuando solo estaba autorizado a buscar a 40 mil prófugos de la justicia. Una causa que desnuda el uso ilegal de tecnología desde el poder.
13/04/2022
El fantasma cada vez más corporizado del espionaje y la intromisión ilegal en la vida privada de las personas vuelve a sobrevolar a una administración de Juntos por el Cambio. El fallo del juez porteño Roberto Gallardo que suspendió la aplicación del sistema de vigilancia y reconocimiento facial de prófugos de la Justicia en el ámbito de la Capital Federal desnudó que, con ese pretexto, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta debía buscar a entre 35 mil y 40 mil evadidos, pero monitoreó movimientos de 9.392.372 de personas entre el 25 de marzo de 2019 y el 20 de diciembre de 2021. Una suerte de “gran hermano” gigante que ni George Orwell hubiera imaginado para su célebre libro “1984”.
¿Estaban los prófugos entre ellos? Según el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro, fueron recapturados unos dos mil prófugos. Pero no revestían tal condición ante la ley Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia; el hombre fuerte el Grupo Clarín, Héctor Magnetto; Estela de Carlotto, Eduardo Belliboni, Sergio Berni, el camarista Roberto Boico, los fiscales Gabriela Boquín, Carlos Stornelli y Franco Picardi; Myriam Bregman, Alejandro Bulgheroni, Patricia Bullrich, Viviana Canosa, Elisa Carrió, Eduardo Constantini, Wado de Pedro, Nicolás del Caño, Eduardo Elsztain, José Luis Espert, Dolores Etchevehere, Eduardo Feinmann, Aníbal Fernández, Marcos Galperín, Alejandra Gils Carbó, Juan Grabois, el Jefe de la Policía Federal, Juan Carlos Hernández; el oficial desaparecido de la Policía de la Ciudad, Arshak Karhanyan, Axel Kicillof, Andrés “El Cuervo” Larroque, Ricardo López Murphy, Facundo Manes, Sergio Massa, Javier Milei, Esmeralda Mitre, Gerardo Morales, Joaquín Morales Solá, Pablo Moyano, el asesor presidencial Juan Manuel Olmos, Hebe de Bonafini, Jorge Pérez Companc, el presidente del BCRA Miguel Pesce, Néstor Pitrola, Julio Piumato, Mariano Recalde, Paolo Rocca, Carlos Rosenkrantz, el empresario fabricante de vacunas contra el Covid-19 Hugo Sigman, Gustavo Sylvestre, la jueza del Tribunal Superior porteño Inés Weinberg, el diputado Emiliano Yacobitti, Raúl Zaffaroni.
“No se encuentran prófugas, rebeldes o con un pedido de captura, o al menos hasta lo que se conoce”, subrayó la resolución del magistrado porteño.
El juez Gallardo recordó que “el Ministerio de Justicia y Seguridad de la CABA sólo podría extraer tales datos siempre y cuando se trate de personas cuya búsqueda haya sido exigida por la justicia”. Seguramente en las próximas horas serán aportados a la investigación todos los pedidos judiciales sobre cada uno de los mencionados que, dicho sea de paso, son sólo una elección limitada y provisional del magistrado porteño.
“Ante los interrogantes que se multiplican, las respuestas se ausentan; en su lugar, perplejidad”, expresó Gallardo. ¿Qué hizo el gobierno porteño ante la investigación? Nada nuevo: recusó al juez –al igual que lo hace en cada causa que interviene-, descalificó su trabajo y omitió explicar para qué consultaba los datos biométricos.
La mejor manera de ocultar un elefante en la avenida Corrientes es poner a mil elefantes desfilando por esa arteria.
La resolución explica que “el marco legal relativo a los datos biométricos es categórico al limitar su acceso a las circunstancias descriptas, por lo tanto, salvo orden judicial, se encuentra prohibido incorporar imágenes, datos biométricos y/o registros de personas que no se encuentran registradas en el Sistema de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (CONARC)”.
“Entonces –se pregunta el fallo-, ¿qué interés puede tener el Ministerio de Justicia y Seguridad de la CABA en acceder a los datos biométricos de personas que no se encuentran dentro de la CoNaRC y que no estarían sujetos a ningún proceso penal?”.
“Si el Ministerio “sólo busca lo que la justicia le pide”, difícilmente efectúe casi diez millones de extracciones de datos biométricos cuando la CoNaRC tiene una nómina de aproximadamente 40.000 personas”.
La resolución, de 118 páginas, explica que el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) le brinda al gobierno porteño datos biométricos “únicamente en aquellos casos, que coinciden con los establecidos en la ley que dispone que el Sistema de Reconocimiento Facial De Prófugos (SRFP) será empleado únicamente para tareas requeridas por el Poder Judicial de la Nación, Provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también para detección de personas buscadas exclusivamente por orden judicial. Salvo orden judicial, se encuentra prohibido incorporar imágenes, datos biométricos y/o registros de personas que no se encuentren registradas en el CONARC”.
En la Argentina hay muchos prófugos, demasiados. Pero de ninguna manera llegan a casi nueve millones y medio de personas. “Eran aproximadamente 35 mil y al momento de la contestación del oficio (que el juez envió cuando se inició la causa al Ministerio de Justicia y Seguridad porteño) ascendía a aproximadamente 40 mil”. Hay unos nueve millones 300 mil registros que no tiene explicación.
Hay un dato adicional, consignado por el juez, que añade más opacidad al asunto: “Los pedidos de datos personales de todo ese universo de personas se habrían realizado de idéntico modo y su tratamiento habría sido el mismo. En otras palabras, en un único listado se incluyen personas con órdenes de captura, prófugos o declarados en rebeldía y otras cuya razón se desconoce. (…) Ante la consulta de si existe la posibilidad de que alguien manualmente cargue el DNI de una persona para obtener el dato biométrico, Gastón Navarro (Subsecretario de Tecnología e Informática del gobierno porteño) contestó: ‘No. El RENAPER no te da libre albedrío a hacer lo que vos quieras. Te dice que a partir de este canal, que es un tubo, te comunicás de esta forma. Si eso está cerrado, no podés acceder de otra manera. Te limita en la forma de comunicarte”. Queda claro que el límite no era lo suficientemente estricto para proteger, tal como la ley lo impone, los datos biométricos de casi un cuarto de la población argentina.
La sospecha de un nuevo sistema de monitoreo rayano en el espionaje no es la única razón por la que el juez suspendió su aplicación. Aún en los casos en que debió utilizarse para su cometido específico, el sistema de búsqueda de prófugos era irregular. “Se puso en marcha sin garantizar que contara con los organismos de control que el cuerpo legal requiere, lo que se da de bruces con el principio de legalidad que debe regir todo accionar de la Administración. La falta de creación de la Comisión Especial de Seguimiento de los Sistemas de Video Vigilancia y de convocatoria de la ciudadanía a debatir las cuestiones relativas al Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos colisionaría con la conducta participativa que imprime la normativa local. Ello en cuanto se habría privado tanto a habitantes, como legisladores y organizaciones especializadas, de intervenir conforme lo ordena la Constitución Local y la ley de Seguridad Pública”.
No es la única falla. “Desde mayo de 2019 (a poco de iniciada su implementación, NdR) se comenzaron a advertir serias falencias. (…) Se verificó casos concretos sobre la detención de ciudadanos que finalmente no resultaron ser las personas requeridas judicialmente, porque en la mayoría de los casos los números de los documentos de identidad eran erróneos”. La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires describió “numerosos hechos dónde personas fueron detenidas y/o demoradas incorrectamente, confundiéndolas con personas sobre quienes existía una orden de captura o bien ejecutando ordenes que no se encontraban vigentes”.
El informe consigna “un cúmulo de falencias e irregularidades dentro de las cuales recalcó la creación de falsos positivos, es decir elige a personas con similares características dando datos erróneos de alertas, el SRFP tiene un efectividad que se encuentra por debajo del 50 por ciento”.
Crisis en el Incaa: el Gobierno desplazó por decreto a Luis Puenzo
El hasta hace horas titular del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales se negaba a renunciar luego del fuerte cuestionamiento de diversos sectores de la industria del cine y del pedido del ministro de Cultura, Tristán Bauer, para que se alejara del cargo.
13/04/2022
Foto: Telam
El Gobierno nacional oficializó el cese del realizador cinematográfico Luis Puenzo al frente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) luego de que el presidente Alberto Fernández decidiera ayer su alejamiento.
Así lo dispuso el Decreto 189/2022 publicado en el Boletín Oficial que lleva la firma del Presidente y del ministro de Cultura, Tristán Bauer.
«Dispónese el cese del señor Luis Adalberto Puenzo en el cargo de Presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), ente público no estatal en el ámbito del Ministerio de Cultura», expresa el primer artículo del decreto presidencial.
El alejamiento de Puenzo se dio luego de que creciera la tensión en relación con su desempeño al frente del Instituto de Cine a partir de una marcha realizada el lunes en la puerta del Incaa y ante la marcada disconformidad de la industria del cine con su gestión.
Bauer mantuvo ayer una extensa reunión con Puenzo en el Centro Cultural Kirchner, sin que el ganador del premio Oscar por «La historia oficial» admitiera la dimisión, pedida por el Presidente y verbalizada por Bauer.
Las principales críticas a la gestión de Puenzo, expresadas por distintos sectores de la industria del cine se resumen en dos puntos: la parálisis en la ejecución del presupuesto destinado al fomento del cine nacional y la prolongación del plan de subsidios elaborados durante el gobierno de Mauricio Macri y la inactividad ante la posible caída de la Ley de Cine, que garantiza su autonomía financiera, el próximo 1 de enero.
Diferentes actores del sector audiovisual convocaron el lunes a una concentración que pidió la renuncia de Puenzo, en medio de la cual se desató una represión por parte de la Policía de la Ciudad, que detuvo a tres miembros de la industria del cine.
El principal descontento con la gestión que presidía Puenzo fue la no modificación del Plan de Fomento, «impuesto en el gobierno de (Mauricio) Macri que concentra la producción cinematográfica en las productoras más grandes radicadas en AMBA».
La asociación de documentalistas DOCA y el Colectivo de Cineastas, convocantes de la marcha, señalaron que Puenzo «no llevó adelante políticas que impulsen la producción de cine en las provincias».
También el lunes, Directores Argentinos Asociados (DAC) se expresó sobre la situación del cine nacional con críticas hacia Puenzo, el ministro Bauer y a la secretaria de Desarrollo Cultural, Lucrecia Cardoso.
En una nota publicada en su revista institucional, la DAC se quejó de la falta de respuestas ante la posibilidad de que al 1 de enero de 2023 caiga la ley que financia el fomento del cine nacional, así como de otras actividades, como el Instituto Nacional de Teatro y el de Música.
Según los directores de cine, los funcionarios «no hicieron todo lo necesario para desactivar la bomba que el ya famoso artículo 4 de la Ley 27.432 (votada durante la gestión macrista) tiene prevista para terminar con la cultura nacional a fin de este año».
El cineasta Luis Puenzo, ganador de un premio Oscar por «La historia oficial» había sido nombrado el 20 de diciembre de 2019, en el inicio de la gestión del Frente de Todos, como presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, cargo en el que cesó hoy.
Fuente:TiemoArgentino
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