Inminente acuerdo con el gobierno nacional por la deuda histórica
Con actualización de los valores que corresponden
Santa Fe recibirá 132.000 millones en bonos públicos por la coparticipación detraída ilegalmente.
Desde Santa Fe
El gobierno de Omar Perotti está a punto de cerrar las negociaciones con la Casa Rosada para que la Nación restituya a Santa Fe la coparticipación detraída ilegalmente durante casi una década –desde enero de 2006 hasta noviembre de 2015- por un monto actualizado que la provincia ya estimó en 132.000 millones de pesos. “Nunca estuvimos tan cerca”, dijo ayer el gobernador al anunciar que el “acuerdo” es inminente. Santa Fe ganó el juicio en noviembre de 2015, pero la Corte Suprema de la Nación recién definió el monto y las condiciones de pago en su último fallo, el 7 de diciembre de 2021, con lo cual volvió a tener vigencia el plazo de 120 días para “proceder a la cancelación” de la deuda, que vencerá el 7 de junio. Perotti confirmó que la Nación pagará con “títulos públicos actualizados por el CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia)”, como ocurrió con la provincia de San Luis en un pleito similar. Mientras que fuentes de la Casa Gris estimaron que el acuerdo implicaría cancelar los bonos en nueve años: 44.000 millones en lo que resta del mandato de Perotti (22.000 millones en 2022 y 22.000 millones en 2023) y el resto financiado hasta 2031. “Los hechos hablan por nosotros. Estoy convencido de que esta deuda histórica (que ya tiene 16 años desde que comenzó a gestarse y siete desde que se ganó el juicio) será un tema que quedará resuelto en nuestro gobierno”, adelantó el mandatario.
Ya el mismo día del fallo de la Corte, el 7 de diciembre de 2021, Perotti dijo que el monto actualizado de la deuda superaba los 100.000 millones de pesos. A los diez días, cuando le llevó al jefe de Gabinete Juan Manzur el “cálculo final” lo estimó en 132.000 millones. Y explicó que “la sentencia de la Corte (de noviembre de 2015) establecía un plazo de 120 días para preceder a la cancelación” de la acreencia, que vencerá el 7 de junio próximo. En esa audiencia, Manzur recibió la planilla y se la pasó al ministro de Economía, Martín Guzmán. “Las negociaciones fueron muy duras, difíciles, pero nunca estuvimos tan cerca” del acuerdo, reveló ayer Perotti. “La provincia negoció con firmeza, tratando de llegar a un entendimiento”, remarcó.
En esa línea, el gobernador explicó que lo que “ya está acordado es el sistema de pago”, que será el mismo que en el caso San Luis, que ya tiene el visto bueno de la Corte: bonos públicos actualizados por el CER. “Esto significa que conservarán su valor” en el tiempo.
-Usted dijo que nunca estuvieron tan cerca. ¿Estuvieron o están cerca? –le preguntó un periodista de LT9.
-Estamos muy cerca (del acuerdo) –respondió Perotti-. La provincia ha negociado con firmeza, tratando de llegar a un entendimiento que permita, después de muchísimos años, empezar a devolverles a los santafesinos y santafesinas una acreencia. Nosotros resguardaremos que la provincia cobre la deuda con la actualización de los valores que corresponden.
“No vamos a cobrar todo (los 133.000 millones) en nuestro gobierno. Esto está muy claro. Pero sí tenemos la responsabilidad resguardar el valor para los períodos siguientes porque esta es una deuda de la Nación que demandó un esfuerzo de muchos gobernadores que le dieron continuidad y unidad al reclamo de Santa Fe” ante la Corte. Fuentes de la Casa Gris explicaron que los bonos públicos se cancelarían en nueve años: 44.000 millones en el gobierno de Perotti (22.000 millones en 2022 y 22.000 millones en 2013) y el resto hasta 2031.
-Una de las acusaciones de la oposición es que en este tema y en otros su gobierno ha sido muy lento –lo chicaneó otro colega.
-Yo podría decir que alguien en 12 años no hizo nada y no digo eso –retrucó Perotti al devolver la ironía. Quedó claro que hablaba de los 12 años del Frente Progresista. “Sí tengo en claro que vamos a resolver este tema. Y con hechos. Nuestro reclamo de la deuda fue permanente y constante. Hicimos presentaciones periódicas ante la Corte Suprema de la Nación como no se habían hecho antes. Ahora, no soy de lo que ponen títulos en los diarios”.
“Somos los que hacemos. Los santafesinos ya están viendo los resultados en cada una de las cosas. Hay hechos y acciones. Obras que hablan por nosotros. Y muchas. Un nivel de inversión en obras públicas que supera los 283.000 millones de pesos para saldar viejos reclamos de la provincia y poner a la infraestructura en el primerísimo nivel que necesita la población y los sectores productivos. Y ayudar a la generación de empleo. Los números de la provincia en la recuperación económica y del empleo no son una casualidad. Queremos redoblar los esfuerzos porque sabemos que esos buenos resultados les tienen que llegar a todos. Tenemos que incorporar más gente al mundo laboral. Los hechos hablan por nosotros. Y acerca de todo el tiempo que pasó (siete años, desde que Santa Fe ganó el juicio hasta cobrar la deuda) no juzgo para atrás. Nosotros hablamos con hechos. Estoy convencido que los hechos también van a marcar este tema que quedará resuelto en nuestro gobierno”, cerró Perotti.
CRIMINALIDAD
"Rosario triplica la media nacional desde 2013. Nunca pudimos bajar esos índices de criminalidad; al contrario, crecieron. Durante estos 10 años pasaron por el gobierno los tres partidos mayoritarios y ninguno pudo resolverlo. Cuadruplicamos la media nacional en homicidios. El dato debe conmovernos a todos".
(Aníbal Pineda, vicepresidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario en declaraciones a Radio 2).
Proyecto del municipio para detección del lavado de activos
El debate promete varios capítulos
El secretario de Gobierno fue al Concejo a defender la iniciativa oficial. La discusión son los puntos de acuerdo para avanzar.
El secretario de Gobierno, Gustavo Zignago, y la subsecretaria Legal y Técnica, Juliana Conti, fueron ayer a la Comisión de Gobierno del Concejo a defender el proyecto del municipio para la detección del lavado de activos. Si bien existe unanimidad de todos los bloques políticos respecto a la necesidad de contar con una ordenanza que apunte a alertar a los organismos que investigan este tipo de delitos, el debate promete varios capítulos, ya que hay varios proyectos presentados por ediles de la oposición quienes pretenden que se incluyan en la discusión. Una de las principales objeciones a la iniciativa del Ejecutivo está relacionada con la creación de la Unidad de Control, integrada por representantes de las secretarías de Gobierno y Hacienda, y de un miembro del Tribunal de Cuentas, al considerar que se debe crear un área especial con personal capacitado. "El criterio es el de poder ampliar las facultades que tenemos y construir herramientas que reviertan este proceso de violencia que aflige a la ciudad", señaló Zignago.
La primera reunión formal entre los funcionarios municipales y concejales en la Comisión de Gobierno que preside Caren Tepp para debatir el proyecto enviado por el intendente Pablo Javkin demandó casi tres horas. Tanto Zignago como Conti se refirieron a la ordenanza vigente, consideraron que fue un buen paso, pero coincidieron en la necesidad de ampliar y mejorarla. "La normativa está construida bajo el concepto de aportar lo que el Estado local tiene, esencialmente la información. En este caso a partir de un proceso de modernización, y dejarla disponible para las agencias de control, de investigación o de persecución penal según sus competencias", dijo el titular de la cartera de Gobierno.
"Entendemos que por las actividades, los montos y las inconsistencias que puedan surgir de la información que este proyecto deberían estar brindando, tendríamos la posibilidad de generar una herramienta más. Sabemos que no será la que va a resolver definitivamente este problema, pero claramente es un aporte más que genera el Ejecutivo local, cuidadoso de sus atribuciones, deberes y facultades", agregó Zignago.
Al brindar mayores precisiones sobre la normativa -rubros agregados y montos para emitir las alertas, entre otros- la subsecretaria Legal y Técnica explicó que el sistema está compuesto por tres grandes partes. "La primera tiene que ver con la información que vamos a recabar, en segundo lugar con el establecimiento del protocolo para las alertas, y por último qué hay que hacer con esta información. Por eso entendemos que es importante que la autoridad de aplicación pueda definir lo que se denuncia o reporta", destacó Conti.
En defensa de la integración de la Unidad de Control, la funcionaria explicó que "no está planteada como un organismo especializado, si no como un sistema transversal que implique una mayor cantidad de personas observando los expedientes, que tengan una formación contable, financiera, económica y jurídica". En ese marco, informó que esta semana cuatro personas de la Municipalidad iniciaron una diplomatura en Auditoría y Análisis Económico Forense. "Ojalá podamos diseñar una capacitación más específica para las competencias del municipio, pero nos parece un paso importante", apuntó.
"Se perdió mucho tiempo, algunos tenemos iniciativas presentadas desde el 2016, la ordenanza tiene que aggiornarse y modificarse lo antes posible porque en el medio pasan cosas. También nos hace un poco de ruido la Unidad de Control, por la posibilidad de hacer caso omiso a una alerta, queremos saber cuáles serán sus competencias", sostuvo la concejala Fernanda Gigliani (IP), autora de una de las iniciativas presentadas sobre el tema. Además, destacó el rol del Concejo cuando alertó en los casos de Esperanto, Sheraton y Hard Rock Café.
"La respuesta que tenemos que dar es ir a pegarle a la exteriorización de la riqueza producto de la actividad de ilícitos llevadas a cabo por organizaciones criminales", apuntó el concejal Martín Rosúa (UCR-Juntos por el Cambio), que también tiene un proyecto presentado donde propone la creación de una agencia especializada área conformada por contadores, abogados y analistas de datos que realice el entrecruzamiento de la información. El edil consideró que la propuesta del Ejecutivo se puede complementar con la suya, pero cuestionó que haya elegido "un formato insuficiente que ya fracasó".
El concejal de Ciudad Futura, Juan Monteverde, cuyo bloque presentó un proyecto para crear una Agencia de Justicia Urbana, celebró que se debata la iniciativa del Ejecutivo. "Tenemos que ver cuáles son los puntos de acuerdo para avanzar y no caer en un simulacro político, apoyaremos algo que funcione", adelantó. El edil subrayó que "el narcotráfico permeó las estructuras del Estado, a la sociedad, y también al mercado porque la plata sucia está en los negocios lícitos". En ese sentido, agregó: "Nuestro objetivo tiene que ser que Rosario no sea un lugar fácil para lavar dinero".
Al final del encuentro, Tepp adelantó que la próxima semana la comisión comenzará a debatir los proyectos ya presentados y recibirán a referentes del Foro Regional Rosario que solicitaron una audiencia. Además, sumó el compromiso de la subsecretaria Legal y Técnica para ser convocada varias veces, como sucedió con el debate por el nuevo Código de Convivencia, y avanzar en el tratamiento de la ordenanza.
ENCUENTRO
Rosatti recibió al intendente Javkin
Plantarán árboles en un sitio de memoria de Fisherton
Recordar pese a las demoliciones
El Colegio Inglés es propietario del predio al que mañana, por primera vez, entrarán sobrevivientes y querellantes.
Ivan Fina es el hijo de Isabel Carlucci, una de las cuatro mujeres embarazadas que estuvieron detenidas-desaparecidas en la Quinta Operacional de Fisherton, en Calazans al 8000, en la continuidad de calle Mendoza. Mañana, a las 12, querellantes, sobrevivientes y familiares de víctimas entrarán por primera vez al predio que es sitio de memoria, donde funcionó el centro clandestino de detención que fue demolido en 2016. "Este acto es muy importante por la implicancia que tiene, por la movilización que implica, porque es un lugar de memoria, donde sucedieron cosas tremendas y que por esta vía puede ser resignificado y por el que esperamos tanto tiempo", expresa Ivan a Rosario/12. Fue testigo y querellante de la causa Klotzman, que terminó el 29 de julio de 2021 con las condenas del militar Jorge Fariña y los policías Federales Federico Almeder, René Juan Langlois y Enrique Andrés López por los crímenes contra 29 víctimas. El acto es parte de la campaña Plantamos Memoria, organizado en conjunto por Abuelas de Plaza de Mayo delegación Rosario e H.I.J.O.S. y está anunciada la presencia de Estela de Carlotto, así como también nietes recuperados, hermanes que buscan a los suyos, nacidos en cautiverio. "Es un acto de construcción de memoria", apuntó, por su parte, Sabrina Gullino, integrante de Abuelas de Plaza de Mayo delegación Rosario y de H.I.J.O.S.
Si sobrevivientes, familiares y querellantes pueden entrar por primera vez es porque el predio es privado: pertenece el Instituto San Bartolomé, más conocido como el "colegio inglés". La historia del predio tiene sus vaivenes. Fernando Brarda, uno de los sobrevivientes, denuncia por primera vez ante la CONADEP la existencia de este centro clandestino y los hechos allí ocurridos, aunque recién fue posible identificar el lugar en el año 2005. Al determinar que se trataba de un lugar de trascendencia judicial para el juzgamiento de delitos de lesa humanidad, en 2006 se estableció una medida cautelar que impedía demolera. En 2014, el resguardo judicial cayó. Y el colegio inglés compró el predio. En 2016 decidió demolerlo. Pero antes, quien era jefe de mantenimiento del Colegio entró y reconoció el sitio donde estuvo detenido ilegalmente en 1976.
La Quinta Operacional de Fisherton fue demolida en 2016, tras la caída de la medida cautelar que prohibía tocar las instalaciones donde se cometieron delitos de lesa humanidad.
"Yo trabajaba ahí, y lo declaré. Siempre lo veía custodiado por Gendarmería. Un día empecé a preguntarles a los muchachos que vivían cerca del barrio y me dijeron ese era un lugar donde tenían gente encerrada. Esas eran las palabras que decían", rememora Daniel Guibes. Cuando la Fundación Churchill (a la que pertenece el colegio inglés) compró el predio, Daniel tomó coraje. "Lo primero que hice fue meterme en el chalet, pude ver la habitación, el baño. Me dio espanto, me quedé inmovilizado, no quería entrar. Y para volver a entrar le dije a un compañero de trabajo que me acompañara", relata nuevamente, como ya lo hizo en la justicia y ante este mismo diario, en 2020, en una entrevista realizada por José Maggi. El lugar fue señalado
Del acto participarán el intendente Pablo Javkin y la presidenta del Concejo municipal, María Eugenia Schmuck. Justamente, el legislativo local pondrá una placa. "Creo que el acto implica que Rosario se está haciendo cargo de que allí funcionó un centro clandestino de detención, donde pasaron lasvíctimas, que está totalmente demolido. Ahí va a ser el lugar inicial donde se van a plantar los árboles", subrayó Gullino. Y destacó que la iniciativa fue aprobada por unanimidad en el Concejo. "Esto tiene un significado muy fuerte, al abrazar el Nunca Más, frente a los discursos negacionistas", apuntó sobre el valor del acto.
Por eso, el acto plantea que querellantes y sobrevivientes sumen a la señalización como Sitio de Memoria, que ya existe, la plantación de 33 árboles, que representan a las 29 víctimas más les hijes nacidos en cautiverio, de los cuales sólo la hija de Ricardo Klotzman y Cecilia Barral recuperó su identidad. "Pasaron cuatro embarazadas por ese centro clandestino. Fueron mujeres revolucionarias", plantea Gullino. Nacida también en cautiverio, en el Hospital Militar de Paraná, Sabrina busca a su hermano mellizo, hijo de Tulio Valenzuela y Raquel Negro.
Por su parte, Ivan Fina -que también busca a su hermano, hijo de Isabel Carlucci y de Víctor Hugo Fina, asesinado en 1978- adelanta que el acto resulta muy movilizador para testigos, sobrevivientes y querellantes. "Esperamos tanto para realizar este acto y recuerdo todo lo que esperamos para que se haga el juicio. Es como un mismo movimiento, eso le da mucha importancia, el lugar en el que se hace, que forma parte del movimiento que fue la causa Klotzman y después también, con el mismo correr de los días, en la organización, en la participación, también esto se fue transformando en algo cada vez más convocante", planteó Iván, siempre calmo y contundente en sus palabras. El activista destacó que "eso enseña la experiencia de Abuelas, que es importantísimo para la búsqueda, porque mientras más lejos llegue lo que se hace, más posibilidades vamos a tener de encontrar a nuestros hermanos".
COMUNAS
Fortalecer la igualdad
RECICLABLES
Canje en el Parque Alem
Hace frío y estoy lejos de casa
Alumnos de escuelas secundarias de Rosario realizan un frazadazo ante la falta de gas en unos 150 establecimientos. “El invierno está a la vuelta de la esquina”, alertan las y los estudiantes, y advierten el problema para los comedores.
La Federación de Secundarios de Rosario (Feser) realiza desde las 11 de este miércoles un “frazadazo” en las puertas de los colegios, para protestar por la falta de gas. “Con frío y con hambre no se puede pensar ni enseñar” es la consigna de la movida estudiantil.
“Estamos en las puertas de varias escuelas de la ciudad, para reclamar por la falta de gas en aproximadamente 150 escuelas”, asegura Iara Gotzl, del centro de estudiantes de la escuela Gurruchaga, a la que “le cortaron el gas el año pasado y pensábamos que era una problemática de nuestra escuela”, según aclara.
En diálogo con el programa Poné la Pava (de 8 a 12 por Radio Rebelde Rosario), la dirigente estudiantil aseguró que “cuando nos encontramos que ese problema ocurría en la mayoría de las escuelas, nos quedamos perplejos. El gas es un servicio básico para dar clases, sobre todo en invierno”.
“Hay muchas escuelas que dependen de tener una cocina a gas para poder brindarles un alimento caliente a sus estudiantes. Es complicado tener artefactos eléctricos porque la mayoría de las instalaciones eléctricas de las escuelas son paupérrimas”, agregó además la alumna del colegio ubicado en Salta al 3400. “Necesitamos que el Estado se haga presente para garantizar condiciones dignas”, cerró.
Manuel Monsalve es alumno de la Rivadavia, donde no tienen gas hace 7 meses, según le dice a Redacción Rosario desde las puertas de su escuela, en Oroño entre Mendoza y San Juan. “Acá nos juntamos unas siete escuelas para reclamar por las condiciones edilicias, y sobre todo, por la falta de gas”, afirma.
“Es un número alarmante el de las escuelas sin gas. No es sólo por la calefacción de los pibes y pibas, sino por los comedores escolares. Las escuelas técnicas también necesitan instrumentos que funcionan a gas. Es preocupante la situación”, afirmó el estudiante a este medio, y agregó: “En algunas se van resolviendo el problema, pero en muchas es de larga data la falta de gas. Y el invierno está a la vuelta de la esquina”.
¡SALIÓ TODO BIEN!
Marcha blanca: el tren que une Cañada de Gómez con Rosario tuvo su viaje experimental
Esta prueba piloto se llevó a cabo sin pasajeros y tuvo como objetivo establecer tiempos por tramos, y comprobar el estado del trayecto e infraestructura vial. "Seguimos sosteniendo que el sistema ferroviario es una política de estado que hay que discutirla con todos los sectores de la política" destacó Martín Marinucci, presidente de Trenes Argentinos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario