Más de 300.000 trabajadores y trabajadoras de la economía popular conmemoraron su día
La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) se movilizó en el centro porteño este 1° de Mayo y presentó el proyecto de Ley General de Tierra, Techo y Trabajo, para mejorar la realidad del sector. La concentración comenzó horas antes del mediodía, sobre avenida de Mayo y 9 de Julio, y en ese lugar se montó un gran escenario donde se expresaron dirigentes nacionales de la UTEP. Por Agencia de Noticias Solidarias (ANSOL).
El acto comenzó pasadas las 14 horas con un homenaje a Freddy Mariño, el referente social de la Corriente Clasista y Combativa que falleció a principios del mes de abril. Acto seguido, la proyección de un video de la líder de la Túpac Amaru, Milagro Sala, enviando su apoyo al conjunto de trabajadoras y trabajadores. La referente social aprovechó la oportunidad para recordar: “seguimos siendo rehenes de Gerardo Morales todos los presos políticos de Jujuy. El Lawfare sigue vigente”.
Antes de que comiencen a hablar los integrantes de la comisión directiva de la UTEP, dieron lectura a las organizaciones sociales, políticas y gremiales que enviaron su adhesión, entre ellaS: la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN); el Secretario General del gremio de Camioneros, Pablo Moyano; el personal de trabajadores y trabajadoras del hospital Ramos Mejía; y la agrupación Celeste CCC del Astillero Río Santiago; entre otros.
El primero en dirigir sus palabras a las y los trabajadores, fue Gildo Onorato, secretario gremial de la UTEP: «Queremos en esta Jornada, ratificar nuestro compromiso fundamental, Tierra Techo y Trabajo, recién se leyeron nuestras propuestas para el sector, muchas de ellas son leyes muy necesarias, como la ley de Humedales, el Ingreso Básico Universal, el monotributo productivo, la Reparación a la Agricultura Familiar y otras tantas.” A la vez planteó que «Está claro que hay muchas deudas pendientes pero nunca vamos a ser funcionales a debilitar este gobierno.»
A su turno, el líder de la Corriente Clasista y Combativa y diputado nacional por el Frente de Todos, Juan Carlos Alderete, aseveró que “con esta enorme movilización le estamos contestando a esa derecha reaccionaria a esos oligarcas que lo único que hacen es desprestigiarnos, diciéndonos, vagos, planeros”.
Por su parte, Norma Morales, secretaria adjunta de la UTEP, subrayó: “tenemos que cuidar a nuestro pueblo. No podemos permitir regalarle a la derecha en bandeja servida a nuestro pueblo, si no lo hace la dirigencia lo haremos nosotros».
Los discursos giraron en torno a las propuestas presentadas por la UTEP, entre las que se encuentran: el Monotributo Productivo; las leyes de Comunidades indígenas, la de Humedales, la de Envases y la Pesca Artesanal, la Ley de Promotoras de Género, Cinturones Verdes, Reparación histórica de la Agricultura Familiar; el Ingreso Universal, Regulación de Barrios Populares y la Ley de Tierra, Techo y Trabajo.
Dina Sánchez, secretaria Adjunta de Trabajadores y trabajadoras de la Economía Popular, señaló que “los ricos tienen poder y mucha capacidad de hacer daño. Por eso es fundamental que dejemos atrás la defensiva y comencemos a construir la unidad con toda la clase trabajadora, porque necesitamos que se avancen en políticas que realmente toquen intereses”.
El cierre estuvo a cargo del secretario general de la UTEP, Esteban Gringo Castro, quien cuestionó a un sector de la política por no comprender la importancia de los trabajadores y trabajadoras informales. “Por qué es tan difícil entender lo que es la economía popular”, preguntó.
El líder social habló sobre la inflación y la necesidad de que “una parte de la producción de alimentos tendría que estar en manos de los movimientos populares”, e invitó a la dirigencia a recorrer los barrios populares y las zonas más postergadas del país: “Vengan a nuestros barrios, miren lo que hace mi pueblo, y van a ver lo que es construir esta Patria”.
Arriba del escenario también estuvieron presentes los dirigentes Emilio Pérsico, Juan Grabois, Daniel Menéndez y los y las diputadas nacionales Leo Grosso, Natalia Zaracho, Federico Fagioli, Juan Carlos Alderete, Natalia Souto, y Eduardo Toniolli.
Qué incluye el proyecto de Ley General de Tierra, Techo y Trabajo
El documento está compuesto por siete partes: La ampliación de Derechos, Salario Universal y Desarrollo de la Economía Popular. Aquí se le da creación al Ministerio de la Economía Popular; se implementa el “Salario Básico Universal” y el “Monotributo Productivo”. Además se crea el “Fondo Fiduciario para la Promoción del Crédito a la Economía Popular”, y se instituyen las “Compras Gubernamentales en la Economía Popular”.
El Acceso a la Tierra y Protección de Zonas Estratégicas de Soberanía Alimentaria, está compuesto por un Inventario de Zonas Estratégicas de Soberanía Alimentaria; un Fondo “Fiduciario Público de Crédito para la Agricultura Familiar”; el “Reconocimiento Presupuestario para la Reparación Histórica de la AFCI”; y la “Protección de la pesca Artesanal”.
También se incluye el Reconocimiento de Trabajadoras Promotoras de Género. El mismo debe ser laboral y salarial, con una declaración de la emergencia pública nacional en materia social por la violencia de género. Otro de los puntos es la “Gestión Integral de Envases y Reciclado Social”, que crea el “Sistema Nacional de Gestión de Envases, la “Tasa Ambiental, y el “Fondo para la Gestión de Envases y Reciclado Inclusivo”.
Uno de los puntos fuertes del proyecto de Ley es la “Protección de Humedales”, con el objetivo de crear un “Inventario Nacional de Humedales”, el uso sustentable de los mismos. Crea la figura del “Consejo Nacional de Humedales”, junto a un “Fondo Nacional de Humedales”. Los últimos dos puntos del proyecto están compuestos por los Pueblos Originarios, donde se exige la prórroga de la ley 26.160 y una “Reglamentación de la Propiedad Comunitaria”. Y el apartado sobre los Barrios Populares, que habilita una prórroga de la prohibición de desalojos; la afectación de la propiedad de tierras del AABE (Agencia de Administración de Bienes del Estado); la creación de viviendas nuevas e infraestructura social básica generando puestos de trabajo; y la creación de lotes con servicio.
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Conferencia de prensa de la Comunidad de la Danza Argentina: «sin ley, sin instituto, sin financiamiento»
Foto: Prensa Frente de Emergencia de la Danza.
En el marco del Día Internacional de la Danza y bajo el lema «Sin ley, sin instituto, sin financiamiento», la Comunidad de la Danza de Argentina (integrada por el Frente de Emergencia de la Danza, el Movimiento por la Ley Nacional de la Danza Argentina y la Asociación Argentina de Trabajadores de la Danza – AATDa), dará una conferencia de prensa abierta nacional virtual y presencial este viernes 29 de abril a las 11 en la sede de la CTA Autónoma Nacional (Perón 3866, Ciudad de Buenos Aires). Allí expondrán las diferentes problemáticas históricas y urgentes que tiene el sector, profundizadas por la pandemia. «El sector carece de un régimen previsional que garantice jubilaciones dignas y acordes a las características de la actividad. Los formatos laborales son mayoritariamente en el ámbito no oficial: la gran mayoría trabaja como monotributista y en una gran medida no registrados, por lo tanto, sin obra social ni aportes jubilatorios. Muchas compañías oficiales funcionan con contratos de locación, favoreciendo la precarización y la inestabilidad y muchas no cuentan con espacios de trabajo en condiciones aptas», denuncian. Por ANRed.
La conferencia de prensa, bajo el lema «Sin ley, sin instituto, sin financiamiento», será este viernes 29 de abril a las 11 de forma presencial en la sede de la CTA Autónoma Nacional (Perón 3866, Ciudad de Buenos Aires), pero también se transmitirá de forma virtual en el canal de Youtube del Frente de Emergencia de la Danza.
La actividad, que se realizará en el marco del Día Internacional de la Danza, servirá para que la Comunidad de la Danza de Argentina (integrada por el Frente de Emergencia de la Danza, el Movimiento por la Ley Nacional de la Danza Argentina y la Asociación Argentina de Trabajadores de la Danza – AATDa) exponga las diferentes problemáticas históricas y urgentes que tiene el sector, profundizadas por la pandemia.
Foto: Prensa Frente de Emergencia de la Danza.
«En una coyuntura dramática para todo el sector cultural ante la posible pérdida de financiamiento del INCAA, INT, INAMU, Bibliotecas populares, Radio y TV Argentina Sociedad del Estado, entre otros organismos por la reforma tributaria aprobada por la Ley 27.432, la danza ni siquiera obtuvo un debate parlamentario para crear un Instituto Nacional de Danza«, alertan.
Asimismo, denuncian las pésimas condiciones de precariedad en la cual se desarrolla su tarea: «salvo escasas excepciones, el sector carece de un régimen previsional que garantice jubilaciones dignas y acordes a las características de la actividad. Diferentes proyectos de ley han sido presentados en el parlamento nacional sin éxito. Los formatos laborales son mayoritariamente en el ámbito no oficial: la gran mayoría trabaja como monotributista y en una gran medida no registrados, por lo tanto, sin obra social ni aportes jubilatorios. Muchas compañías oficiales funcionan con contratos de locación, favoreciendo la precarización y la inestabilidad y muchas no cuentan con espacios de trabajo en condiciones aptas para la tarea», remarcan.
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Los detalles del proyecto del gobierno para las nuevas licencias familiares por maternidad y paternidad
El presidente Alberto Fernández presentará esta tarde el proyecto de ley prometido para ampliar las licencias por maternidad y paternidad. Inclusión de personas no gestantes, adoptantes, monotributistas. Creación de asignación por maternidad y de un contrato específico para reemplazos.
En marzo el presidente Alberto Fernández había adelantado en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación que a lo largo de este año enviaría un proyecto de ley para ampliar y equiparar las licencias por maternidad y paternidad.
Finalmente hoy, en un acto que se espera para las 15 horas, el Presidente presentará el proyecto de Ley «Cuidar en Igualdad» para la creación del Sistema Integral de Políticas de Cuidados de Argentina.
El Gobierno apunta de esta forma a reconocer las tareas de cuidado como «una necesidad, un trabajo y un derecho» en un esquema progresivo que llevará la licencia de maternidad a 126 días apenas entre en vigencia la norma y la de paternidad a 15 días en un año y a 90 días dentro de 8 años, según adelantó el portal Minutouno.
Asimismo, se crearán las licencias para adoptantes, que se harán efectivas apenas entre en vigencia, de 90 días y las de monotributistas/autónomos según los mismos tramos que las y los trabajadores registrados.
Otro punto central es que la licencia por paternidad que se busca ampliar es que pasaría a alcanzar a las personas no gestantes, sin distinción de género.
De aprobarse el proyecto. como se cree que va a suceder, también se ampliarían los plazos de licencias para los casos de nacimiento de un hijo con enfermedad crónica, discapacidad y discapacidad sobreviniente, prematuro y parto múltiple.
Se creará además un contrato eventual específico para reemplazo de quienes están de licencia, detalló Minutouno.
Y la asignación para gestante, no gestante y adoptante será igual a la suma de remuneración imponible neta, contemplando la cobertura de salud y previsional.
Propone crear también una asignación por todo tipo de maternidad que, para el caso de los trabajadores monotributistas, monotributistas sociales y autónomos, será equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil.
Se incorporará el plazo de las licencias como tiempo de servicio para el cómputo a los fines previsionales y el periodo de excedencia a efectos de acceder a una prestación previsional.
Asimismo se incorporará el cómputo de las licencias por maternidad, parentales para no gestantes y por adopción y el periodo de excedencia para asegurar la cobertura previsional por invalidez y fallecimiento.
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Desde este lunes 2 de mayo
Fin de la pandemia: Arranca la presencialidad plena para los trabajadores de la administración pública
Los trabajadores de la administración pública regresan este lunes a la presencialidad plena, de acuerdo con el decreto del Gobierno nacional que estableció como fecha límite el 1 de mayo para poner fin a la modalidad de trabajo remoto, tras haber superado la etapa crítica de la pandemia de coronavirus.
A poco más de dos años de la irrupción de la Covid 19 en el país, dejan de estar vigentes los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) que establecieron mecanismos laborales virtuales como parte de las medidas de cuidado dispuestas para frenar los contagios en el país.
«Cada jurisdicción, organismo y entidad de la administración pública nacional (…) deberá disponer el retorno a la modalidad de prestación de servicios que era habitual en forma previa a la vigencia del Decreto 260 del 12 de marzo de 2020 y sus modificatorios», resolvió la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete, a través de la Resolución 58/2022, publicada el mes pasado en el Boletín Oficial.
Un primer paso ya había sido dado a mediados de agosto pasado, cuando los empleados estatales empezaron a retornar a sus puestos de trabajo, aunque bajo un esquema mixto que combinó tareas remotas y «presencialidad programada».
En aquel momento, la norma dictada por el Gobierno fijó la presencialidad para «los trabajadores que hubieren recibido al menos la primera dosis de cualquiera de las vacunas destinadas a generar inmunidad contra la Covid-19», autorizadas en la Argentina, luego de 14 días posteriores a la inoculación.
Para ese período iniciado en agosto del 2021, el Estado reacondicionó sus sedes, de acuerdo con parámetros establecidos por las autoridades sanitarias para mantener los cuidados que, además del uso de barbijo y la sanitización, obligó a espaciar el número de personas en un mismo ámbito.
Aquella norma fue dictada a partir de la certeza de que se habían alcanzado «altas coberturas de vacunación con una dosis» y que se había registrado un «descenso de casos en la gran mayoría de las jurisdicciones».
De todos modos, ahora también los trabajadores deberán continuar respetando recomendaciones generales para prevenir nuevos contagios de coronavirus y de otras enfermedades respiratorias.
En paralelo y de acuerdo con la resolución firmada el mes pasado por la secretaria de Gestión y Empleo Público, Ana Castellani, los organismos estatales deben solicitar los certificados de vacunación a sus trabajadores.
En el caso de aquellos que hayan desistido de vacunarse contra el coronavirus deberán «firmar una Declaración Jurada expresando que han recibido y comprendido la información vinculada a la vacunación y que asumen toda responsabilidad derivada de la conducta que adopten».
También, los no vacunados tienen que comprometerse a «tomar los recaudos necesarios para evitar los perjuicios que su decisión pudiere ocasionar al normal desempeño del equipo de trabajo que integran».
Para esta vuelta definitiva a la presencialidad, el Gobierno dispuso que seguirán «exceptuadas» las personas que acrediten documentación médica por pertenecer a grupos de riesgos.
«Solamente hoy siguen trabajando de manera remota aquellas personas que tienen algún tipo de inmunodepresión, una comorbilidad, que establece muy claramente los incisos 5 y 6 de la última resolución de Salud, una situación que impide, con acreditación de certificado médico, la asistencia presencial», explicó en su momento Castellani.
Los exceptuados a prestar servicios de manera presencial son, por un lado, las personas con inmunodeficiencias congénita, asplenia funcional o anatómica, anemia drepanocítica y desnutrición grave, con VIH (dependiendo del status) y pacientes que tomen medicación inmunosupresora o corticoides en altas dosis.
En este grupo también figuran los pacientes oncológicos y trasplantados: con enfermedad oncohematológica hasta seis meses posteriores a la remisión completa, con tumor de órgano sólido en tratamiento y los trasplantados de órganos sólidos o de precursores hematopoyéticos.
Además, según los parámetros del Ministerio de Salud, «aquellos trabajadores que tengan diagnóstico de Covid-19, que no hayan requerido internación, podrán reincorporarse a sus lugares de trabajo sin necesidad de presentar resultado de test negativo ni certificado de alta».
Con todo, la resolución que empezó a implementarse hoy advierte que «aquellos trabajadores que no cumplan con la modalidad de servicios exigible serán pasibles de las sanciones que correspondan de conformidad con el régimen disciplinario aplicable».
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Desigualdad laboral
Siete de cada diez mujeres argentinas sufrió discriminación laboral por motivos de género
Siete de cada diez mujeres argentinas afirmaron haber padecido la desigualdad de género en el trabajo, siendo la brecha salarial entre hombres y mujeres la mayor discriminación, según un estudio del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (Cipdh), que funciona en el marco de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
Foto: Nueva Sociedad
El informe publicado en vísperas del Día Internacional de las y los Trabajadores muestra que el 70,7% de las mujeres consultadas afirmó haber «experimentado algún tipo de discriminación en su carrera».
Sobre ese total, un 42,4% de las encuestadas consideró que «la mayor discriminación es salarial», dado que las mujeres afirman cobrar hasta un 20% menos que los hombres por actividades iguales, porcentaje que sube a 50% a nivel global.
La directora ejecutiva del Cipdh-Unesco, Fernanda Gil Lozano, señaló que los resultados son «casi una profecía autocumplida» y persiste una discriminación que «refuerza los estereotipos de género».
«A mí lo que me da mucho dolor sobre todo es la discriminación salarial; dentro de todo en la Argentina hay leyes donde, por ejemplo, dos decanos de una universidad tienen que ganar lo mismo sean varones o mujeres, pero hay un montón de otros trabajos que no», aseguró Gil Lozano.
El informe, se realizó entre el 1 y el 24 de abril pasado, a partir del entrecruzamiento de datos de diferentes organizaciones e instituciones afines a la investigación académica, conjuntamente con un trabajo de campo elaborado por el propio organismo, que funciona en la Ciudad de Buenos Aires como entidad descentralizada en el ámbito del Poder Ejecutivo de la Nación, bajo el auspicio de Unesco.
El estudio se elaboró a través de un cuestionario sobre un total de 1.255 casos testigos tomados sobre mujeres trabajadoras de entre 18 y 60 años, y también se encuestó a la misma cantidad de hombres trabajadores en relación de dependencia para cotejar estadísticamente entre ambos géneros los rangos de acceso a diferentes puestos de trabajo, los diversos niveles educativos y salariales.
La investigación subraya que las mujeres trabajan en peores condiciones, dado que «el 60% de las trabajadoras está ocupada a media jornada porque no ha logrado encontrar un trabajo a jornada completa o por la dificultad para compatibilizar trabajo y familia».
El informe también destaca que el 30,9% de las mujeres encuestadas manifestó haber sentido un «trato diferencial», ya que observaron que compañeros varones recibieron ascensos a los que ellas no accedieron aún estando en mejores condiciones profesionales.
Sobre este punto, el estudio observó que las mujeres acumulan una mejor formación que los hombres: alrededor del 40% de las mujeres en el mercado de trabajo concluyó sus estudios universitarios frente a un 27% de los hombres.
Sin embargo, «sólo dos de cada diez mujeres ocupan puestos jerárquicos», lo que conlleva a que haya un mayor porcentaje de mujeres que «están sobre calificadas para el puesto que ocupan», según arrojó la encuesta.
«Aunque la Argentina registra una percepción positiva de los avances en materia de igualdad de género en diferentes ámbitos, la mayoría de las mujeres reconocen que siguen enfrentando grandes desventajas en el mundo del trabajo», explicó Gil Lozano y marcó que «en todo el mundo las mujeres ganan menos que los hombres y siempre tienen mayor probabilidad de tener un empleo informal».
Además de la brecha salarial y el trato diferencial, el 26,7% de las encuestadas reconocieron sentirse discriminadas durante las entrevistas laborales con preguntas que «apuntaban a intereses maternales o de cuidados familiares».
A su vez, cinco de cada diez hombres consultados cree que «la maternidad condiciona las decisiones que toma la mujer en cuanto a su vida profesional y que la mayoría de ellas bajan su rendimiento profesional por las exigencias que impone la maternidad».
Para Gil Lozano, este último índice «demuestra que hay un agregado machista muy elevado en el ámbito laboral que discrimina a las mujeres por su propia condición natural y las obliga a replegarse a tareas de menor valía».
«En la teoría, las empresas dicen que promueven la inclusión y el desarrollo femenino, pero la realidad es que aún hay muy pocas mujeres en los lugares de toma de decisiones», sostuvo Gil Lozano y aseveró que «todavía falta un cambio cultural muy fuerte para lograr la preservación de los derechos humanos y la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral».
Respecto a los desafíos por delante, la directora del Cipdh-Unesco aseguró que «el Estado argentino quiere garantizar la igualdad, el tema es cómo hacemos para que esto se cumpla realmente».
«Hay que hacer más políticas públicas para promover más acciones y también para hacer cumplir las leyes», destacó y adelantó que desde el Cipdh están trabajando para que el Gobierno cuente con bases de datos e información global que disparen estrategias cada vez más inclusivas.
En este sentido, concluyó: «Hay mucho para trabajar y sobre todo en lo que es la cultura y el sentido común, que para las mujeres muchas veces es el peor de los sentidos porque tiene una carga de prejuicios enorme».
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Walter Correa pidió «reforzar los salarios» y que los trabajadores «sean parte de las ganancias»
El líder de los curtidores, y miembro de la rama sindical del PJ bonaerense, le reclamó a Alberto Fernández tomar decisiones que mejoren el impacto de las paritarias.
El titular del Sindicato de Obreros Curtidores (SOC), Walter Correa, se mostró nuevamente muy crítico del Gobierno nacional al reclamar que se tomen decisiones urgentes que refuercen el impacto de las paritarias en los bolsillos de los trabajadores.
En ese sentido, el también miembro de la rama sindical del PJ Bonaerense que el sábado se reunió en Baradero, planteó que «necesitamos que el Gobierno acompañe con un decreto reforzando los salarios y ser parte de las Ganancias».
En declaraciones realizadas a AM 530, el dirigente kirchnerista remarcó que «con las paritarias no alcanza». Por eso insistió en que «necesitamos que el Gobierno acompañe con un decreto reforzando los salarios de los trabajadores y las trabajadoras».
Y agregó que «hoy queremos ser parte de las Ganancias». Esas fueron, precisamente, las definiciones del debate del sábado. «En todas las comisiones los compañeros apuntaron a participar de las Ganancias», aseguró.
Walter Correa y su nuevo respaldo a Cristina
También hizo hincapié en que «la principal preocupación de los trabajadores son los precios y los salarios. El hecho de que con la paritaria no se alcanza y necesitamos reforzar el incremento salarial».
Además, Correa volvió a involucrarse en la interna del Frente de Todos y ratificó su posición: «Yo tengo ganas de votar Cristina Presidente 2023».
Y, al respecto, concluyó: «Más allá de las chances que tenga, el peronismo es un sentimiento y uno tiene que hacer lo que siente».
Hay que recordar que a mediados del mes pasado, en otras declaraciones realizadas a la prensa donde reclamaba «más peronismo explícito» a Alberto Fernández, ya había señalado que Cristina «tiene que ser candidata a Presidenta en 2023».
También en ese momento ya había deslizado la necesidad de «una batería de medidas» para fortalecer los ingresos, y había señalado que «corremos siempre detrás de la zanahoria», para plantear la pérdida constante de los salarios en la lucha contra la inflación.
En cuanto a las recientes declaraciones de Correa, sus palabras están en línea con lo expresado por la rama sindical del PJ bonaerense en un documento que fue elaborado luego del encuentro realizado en Baradero en la previa al Día de los Trabajadores.
Los pedidos de la rama sindical del PJ bonaerense
El plenario del sábado, que fue convocado por el sector sindical encolumnado detrás de la figura de Máximo Kirchner, concluyó con un reclamo de «un aumento salarial de emergencia» y un pedido de «control inflacionario».
El propio Máximo, en su discurso de cierre, disparó contra el empresariado por la suba de precios y los acusó de poner cara de «yo no fui», y hacerse los distraídos, aun cuando «en la emergencia –refiriéndose a la pandemia del Covid-19- el Estado estuvo presente para ayudarlos con el IFE que recibieron todos y cada uno».
También consideró que el oficialismo «debe interpretar los anhelos de la gente», y ahí fue que a la exigencia de la suba salarial de emergencia por decreto le sumó la necesidad de reglamentar la participación en las Ganancias fijada en la Constitución Nacional.
Los principales referentes sindicalistas que estuvieron presentes en el sindicato de Luz y Fuerza de Baradero y que expresaron su opinión fueron, además de Correa; Hugo Yasky (CTA); Roberto Baradel (SUTEBA); Vanesa Siley (Judiciales); Omar Plaini (Canillitas); Carlos Ortega (Secasfpi); Héctor Amichetti (Gráficos); y Carlos Minucci (APSEE).
El encuentro contó también con la participación de más de 600 delegados gremiales que forman parte de los PJ en los 135 municipios bonaerenses.
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El Gobierno de Zamora reprimió a militantes de la Unión de Trabajadores de la Tierra
La policía golpeó y detuvo a militantes que reclamaban por la libertad de Felipe Suárez, militante de la UTT, que se encuentra detenido por enfrentar a un terrateniente que pretende apropiarse de 1.000 hectáreas de manera ilegal.
Según expresaron los propios manifestantes, se encontraban allí reclamando por la libertad de su compañero, quien había sido detenido el último jueves, cuando se resistió al desalojo de las tierras ocupadas ilegalmente por el empresario Jorge Simón Karan. También denunciaron que la policía viene amedrentando y pretende detener a más campesinos que viven de lo que les da el monte.
Hernan Vitenberg
Las fuerzas policiales coparon la manifestación, con presencia de la policía provincial, infantería, brigada especial, camionetas y combis. Al momento de iniciar el diálogo con los manifestantes, fue el propio Comisario General de la Policía, Roger Coronel, el que se tiró encima del referente de la UTT, Lucas Tedesco, apresándolo y dando lugar al comienzo de la represión, con varios heridos. Hasta el momento se desconoce si hay mas detenidos, ya que fuerzas dispersaron con gases a la manifestación, persiguiéndolos por el monte.
Hernan Vitenberg
Nora, una de las campesinas que se encontraba en el lugar denunció: “Esto que sucede es una vergüenza, estamos reclamando por nuestras tierras para vivir y trabajar, y la Justicia y el Gobierno se ponen del lado de los empresarios. La única respuesta a los reclamos campesinos es represión y desalojos. Queremos la tierra para vivir y trabajar, basta de violencia”.
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Observatorio gremial
Cartografía del trabajo no registrado
POR: JULIANA PERSIAFOTOGRAFÍA: SEBASTIÁN PANI, FOTOGRAFÍA: GALA ABRAMOVICH, FOTOGRAFÍA: ANITA POUCHARD SERRA
Las expectativas de conseguir un trabajo en blanco fueron mermando a medida que se produjeron las reformas neoliberales en la Argentina. Salvo breves momentos excepcionales del período democrático, la informalidad se expande sin retorno. En este informe se detallan las estadísticas actualizadas y las ramas principales en donde laburar sin derechos es ley.
Foto: Sebastián Pani
Los puestos de trabajo asalariado que no están registrados en la seguridad social suman en la Argentina un total de 4.974.775. Según las estadísticas oficiales esta cantidad representa un 23,5% del total de puestos de la economía y el 31,7% de los asalariados. Si solo consideramos la porción del empleo regido por la Ley de Contrato de Trabajo, los asalariados no registrados son 3.969.251 y representan el 34,5% del universo de asalariados en empresas privadas no agropecuarias. En este segundo universo queda exceptuado el sector público, el trabajo agrario y las trabajadoras de casas particulares porque tienen regímenes especiales.
Ahora bien, ¿qué significa no estar registrado? En primer lugar, no tener acceso a las prestaciones de la seguridad social. Es decir, no contar con una jubilación en la vejez, ni pensión por invalidez en caso de sufrir algún accidente laboral o enfermedad que incapacite para el trabajo; tampoco disponer de un seguro por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (ART); no cobrar las asignaciones familiares; no tener acceso a una obra social extensible al grupo familiar; y no tener derecho a cobrar el seguro por desempleo.
Pero esto es solo una parte. La Ley de Contrato de Trabajo prescribe la obligatoriedad de la inscripción en la seguridad social y también otro conjunto de derechos y garantías: cobrar un aguinaldo, tener vacaciones y licencias pagas, cobrar las horas extras y adicionales por antigüedad, contar con la mediación de un sindicato tanto en la negociación del salario como en la determinación de las condiciones de empleo, además de acceder a una indemnización en caso de ser despedido sin causa.
El no registro priva de la seguridad social y también de los derechos y garantías previstos en la ley.
bruto o con plan
Como en muchos otros países, la conformación del sistema de protección social en la Argentina respondió a la adopción del Estado de Bienestar y estuvo anclado en la figura del asalariado y padre de familia como único o principal proveedor. Vale la pena decir que nunca llegó a hegemonizar las relaciones laborales en el plano local: terminado el esplendor del desarrollismo, antes del inicio de la reestructuración neoliberal, en el Gran Buenos Aires la fuerza de trabajo asalariada y registrada en la seguridad social alcanzó el 57% en 1974 para empezar a declinar con la desindustrialización. Hoy ronda el 48%. De modo que mucho antes de que en el mundo desarrollado entrara en crisis el modelo de producción y de gestión de las protecciones sociales, había acá otras formas de hacerse de medios de vida más allá del empleo asalariado formal, es decir, viviendo y gestionando los riesgos vitales por fuera del sistema de seguridad social.
En este sentido, el trabajo asalariado formal no es la única manera posible de acceder a las protecciones frente a los riesgos vitales (enfermedad, vejez y muerte), pero sí la típica y más extendida. Desde principios del siglo XXI en América Latina empezaron a tomar fuerza diversos instrumentos de política de seguridad social “no contributivos”, es decir, no financiados solidariamente por los trabajadores y patrones en relaciones de trabajo formalizadas. En la Argentina existe hoy una estructura bastante abarcativa de prestaciones no contributiva: pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo (AUE) y las moratorias previsionales que también pueden ser incluidas en este grupo. Existe además el acceso híbrido a la seguridad social mediante el monotributo social.
Las prestaciones tradicionales, es decir las formales, se financian con el aporte de los trabajadores y la contribución del patrón. La norma establece que el laburante aporta un 17% del salario bruto y el empleador entre un 23% y 27%. Pero las cuentas que suele argumentar el capital son otras: estiman que la registración del trabajador eleva el costo salarial en un 50% y se convencen de que el aporte y la contribución salen de su bolsillo. En realidad, los empleadores son solo agentes de retención de la parte de la contribución que realizan los laburantes al sistema de seguridad social.
Con frecuencia, la evasión se da en una suerte de compromiso con el trabajador que prefiere cobrar el equivalente al bruto en el bolsillo, o prefiere no perder el plan. Claro está que, siempre y en todo lugar, la preferencia del empleado se escucha solo si conviene al despotismo de la patronal. Pero, en efecto, algunos números indican que parte de los trabajadores no registrados cobran en mano el salario bruto. ¿Por qué lo decimos? Porque más de un tercio de los trabajadores no registrados en el tercer trimestre de 2021, cobraron salarios de 30.000 pesos o más por 8 horas, cuando el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) era de 28.800 pesos bruto (23.904 neto). Esto no es una excepción, se replica a lo largo del tiempo.
Sin embargo, estar “no registrado” poco tiene que ver con una negociación. De acuerdo con la Encuesta nacional a trabajadores sobre Condiciones de Empleo, Trabajo, Salud y Seguridad (ECETT), en 2018 un 46% de los trabajadores que no estaban registrados declararon que en el establecimiento donde se empleaban ningún otro trabajador lo estaba. En 2015 otra fuente oficial, la Encuesta de Protección y Seguridad Social (ENAPROSS), obtuvo prácticamente el mismo resultado (49%) y agregaba otro dato determinante: el 81,3% de estos trabajadores decía que su empleador solo lo aceptaba trabajando en negro.
Por otro lado, el blanqueo o registro implica revisar si el salario que se paga al trabajador es el que le corresponde según su categoría en la escala salarial del Convenio Colectivo de Trabajo –siempre superior al SMVM–, y los adicionales por antigüedad. Estar o no registrado implica contar o no con la tutela de un sindicato y de un convenio colectivo. Lo cierto es que así como estar registrado es mucho más que acceder a las prestaciones de la Seguridad Social, el costo para el empleador es mayor a la alícuota de entre 23% y 27% que corresponde a la contribución del empleador.
Foto: Gala Abramovich
estado de excepción
El capital más estructurado solo residualmente evade la registración de sus empleados: un 96% de trabajadores en unidades con más de 100 empleados declara estar registrado, el 93% en las que tienen entre 40 a 100 empleados, el 81% en las empresas con 10 a 40 empleados. Lo opuesto ocurre en las empresas muy pequeñas –con 6 a 10 empleados–, donde apenas el 62% está registrado. Y mucho peor aún en mini-empresas de cinco o menos trabajadores, cuyo alcance es del 37%. Sin embargo, hay otras formas de evadir que sí usan las grandes: el 12% de los trabajadores en firmas de más de 100 empleados declara que cobra parte de su salario en negro. Es decir, como lo señala la ECETT en 2018, hay mucho registro parcial, en categorías mínimas o por jornadas cortas.
Cuánto se le puede exigir al empleador sin poner en riesgo el emprendimiento productivo es una discusión técnica, pero también política como casi todo en materia de ordenamientos y jerarquías sociales. Aunque en el contexto de capitalismos periféricos con un 74% de los trabajadores no registrados en unidades productivas pequeñas (de hasta diez empleados), estas discusiones son difíciles de dar. Y no menos cierto es que resulta difícil separar a las empresas pequeñas de las medianas o grandes, porque la subcontratación termina uniendo la necesidad con el negocio.
En general se exceptúa a la excepción, pero es tan grande el peso de la microempresa en la estructura productiva local que si se hace la vista gorda ahí seguiremos sin perforar el piso del 30% o 33% de trabajo no registrado. De hecho, durante el primer y segundo kirchnerismo se llegó a bajar la incidencia del no registro desde el 49,2% al 33,7%, en el contexto de un fuerte crecimiento económico y de un conjunto de políticas específicas enmarcadas dentro del Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT): se instrumentaron diversas moratorias destinadas a favorecer el registro de los trabajadores (facilidades de pago de las deuda contraídas con la AFIP, liberación de multas y sanciones con el Ministerio de Trabajo, reducción temporal en las contribuciones a la seguridad social), se mejoraron las tecnologías de control para la detección eficaz de irregularidades y se continuó avanzando con los procesos de simplificación registral que facilitan el acceso y abaratan los costos burocráticos del cumplimiento de la normativa.
De allí en más no se logró ninguna mejora significativa a nivel agregado, salvo en el servicio doméstico mediante la sanción en 2013 de un régimen especial para trabajadoras de casas particulares, que adecuó las alícuotas de las contribuciones y aportes al presupuesto de los hogares y en función de las diferentes formas parciales de contratación —de manera tal que los aportes y contribuciones para una jornada completa no superan el 10% del salario bruto.
En 2014 se implementó una promisoria política de incentivo a la registración del empleo para las empresas pequeñas, con reducción de las contribuciones patronales. La Ley 26.940 de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude laboral, tuvo algunos resultados positivos durante su primer año de implementación. Pero el cambio de gestión de gobierno al año siguiente y la no actualización de los topes de facturación para identificar a las PyMES, le quitó fuerza a este instrumento del que todavía hay mucho para aprender y ajustar en su implementación.
Posteriormente, la gestión de Mauricio Macri otorgó reducciones a las contribuciones patronales a cambio de nada. Es decir que la reducción no buscó mejorar los indicadores de registro de trabajadores. Se trató de una política de subsidio generalizada para todo el empresariado.
Foto: Gala Abramovich
tres burbujas negras
Es habitual abordar al trabajo asalariado no registrado como un todo indiferenciado cuya entidad está dada por su oposición al registrado. Así, en promedio, los trabajadores no registrados en empresas del sector privado cuentan con menos credenciales educativas (solo 51% tiene secundario completo en relación con el 76% de los formales), tienen un mayor componente migrante (5,4% en relación con el 3,4% de los registrados) y sobre todo son más jóvenes (el 29% contra solo el 6% de los formales). Este sesgo, con atributos peor valorados en la demanda de empleo, se da en espejo a las malas condiciones. Los puestos de trabajo que se cubren con mano de obra no registrada son menos calificados (el 36% de los puestos informales son “no calificados” en relación al 15% de los registrados). Allí no se acumula ni premia la antigüedad (47% de los trabajadores no registrados lleva menos de 1 año de antigüedad en su puesto, contra el 17% de los registrados) y están peor remunerados: según el último dato del INDEC (tercer trimestre de 2021) el ingreso de los no registrados fue 27.301 pesos y 62.038 pesos el de los asalariados registrados.
También hay tránsitos entre segmentos: según la ENAPROSS, en 2015 algo más del 40% de los trabajadores no registrados declaró haber tenido alguna vez un trabajo con aportes. Así como se habla de empresas en gris, con parte del personal en blanco y parte no registrado, una parte importante de las trayectorias laborales son “grises”.
Si bien existe trabajo no registrado en toda la estructura productiva, hay nichos donde su presencia es más factible. Hay dos características que tienden a darse en estos segmentos: son en general ramas con mano de obra intensivas, donde priman las unidades productivas pequeñas. Lo que se asocia a los bajos niveles de productividad del establecimiento, así como a la dificultad del Estado para fiscalizar y hacer cumplir la norma.
El gráfico siguiente muestra el total del empleo no registrado de acuerdo con su distribución por rama para identificar concentraciones. El tamaño de la burbuja indica cuánto aporta la rama al total de empleo no registrado. En el eje vertical se ubica el porcentaje del empleo no registrado que se da en unidades productivas muy pequeñas. En el eje horizontal, se presenta el porcentaje de trabajadores no registrados en establecimientos donde ningún trabajador está registrado, esto es, una especie de aproximación al grado de informalidad de la unidad productiva.
Empleo no registrado en empresas privadas: por rama, de acuerdo al tamaño (eje vertical) y la informalidad de la unidad productiva (eje horizontal).
Fuente: Elaboración propia en base a ECETT-MTEYSS
Es necesario advertir que excluimos al servicio doméstico, que si bien explica por sí solo el 25% del empleo no registrado se da en hogares y no en empresas, por lo que no podemos clasificarlo de acuerdo con las variables del gráfico.
Lo primero que llama la atención en el gráfico es el cuadrante vacío, lo que refleja las tendencias ya mencionadas: solo es posible tener a toda la nómina de trabajadores sin registrar en unidades productivas muy pequeñas.
Lo segundo es la gran burbuja de la construcción, que aparece más alejada del resto, lo que indica que ahí ocurre algo diferente. Construcción explica el 14% del total del empleo no registrado en empresas del sector privado no agropecuario. El 80% de este empleo no registrado se da en unidades pequeñas (de cinco o menos empleados) y el 75% está inserto en unidades donde nadie está en blanco. Con estos atributos opera el 63% de todo el empleo no registrado de la construcción. No nos imaginemos una familia contratando a un pintor porque acá nos estamos refiriendo a asalariados (no cuentapropias) de alguna pequeña empresa, muchas veces contratada por empresas más grandes (estudios de arquitectura, empresas constructoras). La construcción es la rama donde menos se ve el segmento “en gris”: está polarizada en blanco –para grandes obras– o negro. Y es aquí donde parece filtrarse un amplio segmento de profesionales y pequeños empresarios que se beneficia empleando a 354.000 trabajadores en condiciones de informalidad. Los montos que mueven estas pequeñas obras permiten pensar que se podrían pagar salarios en blanco, o por lo menos llegar al gris, registrando parte de la relación laboral, sobre todo cuando existe un régimen flexible por jornadas. Es hora de meterse más a fondo y problematizar la forma en la que se estructuró y naturalizó el trabajo en la construcción hasta hoy.
La otra gran burbuja es Comercio. Por su tamaño, es responsable del 14% del total del empleo no registrado urbano, aunque la incidencia del no registro no es tan alto (38,4%). El 72,2% de su empleo no registrado se da en unidades pequeñas. Pero lo notorio, comparando con la construcción, es que hay un segmento significativo del empleo no registrado que está empleado por unidades productivas pequeñas que operan en gris. Solo un 38% del empleo no registrado se encuentra en unidades pequeñas que funcionan totalmente en negro (con relación al 63% de construcción). Es probable que la mayor visibilidad de los comercios tenga peso explicativo.
Por último, queremos referirnos a Hoteles y Restaurantes, una de las ramas con más bajos salarios. Aporta un 7% del empleo no registrado y es la segunda (detrás de Construcción) con más establecimientos funcionando con todo su personal en negro. Aquí hay más empresas medianas con empleo no registrado que en otras ramas. También hay visibilidad, pero es evidente la falta de fiscalización. Por otra parte, entre los asalariados registrados se encuentra uno de los mayores índices de salarios mixtos: el 21,5% declara que cobra parte del salario en negro.
Foto: Anita Pouchard Serra
patrón rico, empresa pobre
Hablar de no registro implica meterse con el precio que se paga por el trabajo. Para ello se torna necesario poner en discusión las pretensiones de ganancia –en rigor, a veces pretensiones de consumo– del pequeño capital que contrata trabajo en negro de manera directa o subcontratando. La literatura latinoamericana que estudia la sobrerepresentación de los pequeños establecimientos en las economías de la región refiere al bajo componente tecnológico, al uso intensivo de mano de obra, a la escasa diferenciación entre capital y trabajo —significa que el pequeño empresario busca sacar un “salario” en vez de ganancia, y que el excedente pasa con frecuencia a consumo o ahorro más que a reinversión. Con todas las salvedades de grado, resuena aquí también algo de la frase “empresario rico, empresa pobre”.
Es difícil cuestionar a las capas medias y a los empresarios pequeños, pero lo cierto es que gran parte del empleo no registrado se origina ahí. Así como en los usos y costumbres respecto de la contratación del servicio doméstico por parte de las capas medias. En el caso de las empleadas domésticas, se ha identificado desde hace tiempo la necesidad de fomentar un cambio cultural que reconozca su carácter de trabajo con derechos. Puede pensarse que en otros sectores también se deben atacar esos relatos naturalizados que sostienen la inercia: “la construcción es así”; “no quieren por los planes”; “para qué darle más plata al Estado y la AFIP”. La evasión se piensa con relación al Estado y a un lejano futuro de jubilación, pero nadie se hace cargo de que le paga menos al prójimo hoy.
Como en tantos otros temas, no hay mucho para inventar. Respecto a las contribuciones, es razonable subsidiar parcialmente la alícuota o ajustarla a contratación por tiempos cortos en determinados sectores. La Ley de Trabajadoras de Casa Particulares y la de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude laboral parecen marcar un rumbo de acción. Por otra parte, fiscalizar es siempre necesario. Pero, sin dudas, mientras se avanza en la complejidad de las ramas y actores que hay que involucrar para la reducción del no registro en cada segmento, en la determinación de micropolíticas e intervenciones, hay una vara genérica y simple que sí opera: la gestión del Salario Mínimo Vital y Móvil. Su impulso tracciona la mejora de los salarios reales y puede llevar a una mejora inmediata en la distribución del ingreso.
Fuente: Revista Crisis
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“El país de los sueldos más bajos”
Leonardo Gasparini, director del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales de la Facultad de Ciencias Económicas (UNLA), autor de Desiguales (Edhasa), conversó con Diego Genoud acerca de las problemáticas de pobreza y desigualdad, la necesidad de una política redistributiva y la globalización financiera.
“El país de los sueldos más bajos”. Editorial de 30/04/2022 en FM Milenium.
Semana intensa, otra vez, esta que está terminando. Con el ministro de Economía, Martín Guzmán, como protagonista central. No solo por lo que hace o lo que dice, sino por cómo le tiran de manera permanente desde el propio Frente de Todos.
La artillería pesada de Máximo Kirchner a través de Andrés “Cuervo” Larroque, ministro de Desarrollo de Axel Kicillof. De Cecilia Moreau, que representa las acciones de Sergio Massa en el Frente de Todos. Declaraciones del cristinismo y del massismo que apuntan a lesionar a Guzmán en un contexto en el que la inflación está descontrolada. Y se supone que, además, va a seguir muy elevada cuando, en dos semanas, conozcamos cómo cerró este mes de abril. Que a Guzmán no lo votó nadie, que no tiene registro de la realidad, que sigue ajustando, que debería dar un paso al costado. Y Guzmán sigue como si nada. Con el respaldo del Presidente, por lo menos por ahora.
Lo vimos hiperactivo a su regreso de Washington donde estuvo reunido con la jefa del Fondo, con empresarios, donde participó de reuniones de Ministros de Economía del G20. Estuvo con sindicalistas de los gremios de la energía, porque lo vimos en el Coloquio de IDEA vía Zoom. Lo vimos en Neuquén en un foro que había organizado el diario de Río Negro, hablando de energía también. Y lo vimos finalmente con la liga de empresarios que se reúnen en el Foro Llao Llao, con Eduardo Elsztain, el dueño de IRSA, como presidente. Con algunos de los empresarios más importantes de la Argentina, muchos de los cuales apoyaron a Mauricio Macri, quien también estuvo en el Llao Llao. Estuvo Marcos Galperin. Estuvo Martín Migoya, de Globant. Una liga de empresarios, que apostó fuerte en su momento por la aventura de Cambiemos en el Gobierno, escuchándolo a Martín Guzmán como invitado.
Guzmán volvió de Washington convencido de que la guerra en Ucrania le dio a la Argentina una nueva oportunidad. Un poco en línea con la conversación que habíamos tenido hace dos o tres semanas acá con Juan José Carabajales, un especialista en energía que además fue funcionario del Gobierno hasta hace no tanto. ¿Qué le dice Guzmán a Alberto Fernández? Que Europa necesita suplir en parte la oferta energética de Rusia y que Argentina puede jugar un rol muy importante. Por eso viene Guzmán con la idea de impulsar en este 2022 no solo el Gasoducto Néstor Kirchner que ahora, finalmente, empieza a calentar motores, sino también una ley de gas natural licuado. Con esta ley pretende atraer inversiones en un plazo de cuatro o cinco años por 10 mil millones de dólares.
Por eso esa ley que Guzmán va a llevar al Congreso, dice, necesitaría el respaldo amplio. El de la oposición porque para llevarla a la práctica, para ver los resultados, hará falta tiempo. En el corto plazo, Guzmán piensa que, si vienen esas inversiones, si se le garantiza a las grandes petroleras que representan a los países de Europa la libre disponibilidad de reservas y lo que en el lenguaje empresario se denomina “reglas de juego claras”, habrá más trabajo y más inversión en Vaca Muerta en los próximos años. Empezando por este mismo 2022 y 2023, el último año del Frente de Todos o, por lo menos, el último año del presidente.
Sin embargo, un Guzmán entusiasmado que va a Olivos, le dice a Alberto Fernández que Argentina tiene una oportunidad, que lo buscaban los ministros de Economía de Europa para ver de qué manera se podía cerrar un acuerdo con Argentina en el marco de un cambio regulatorio, se encuentra con que, apenas aterrizado, su nombre es el que está nominado para salir del Gabinete cuanto antes. La principal renuncia, diría yo, que le están reclamando los socios del Frente de Todos a Alberto Fernández.
En un contexto en el que la economía crece aunque no se sabe hasta cuándo, por la falta de dólares, que incluso el Gobierno reconoce sigue siendo talón de Aquiles de este proceso de recuperación. Uno entre tantos, quizás el más importante, por lo menos para Guzmán. Y en un contexto en que la inflación pulveriza los ingresos de manera acelerada. Una cifra, no más, de la última semana del propio Gobierno, del Consejo de Coordinación de Políticas Sociales, que en su momento lo presidió Victoria Tolosa Paz: el 54,9% de la población argentina puede ser considerada pobre según este organismo del Gobierno.
Más de 25 millones de personas en todo el país se encuentran afectadas por la pobreza. Dato que contrasta esto con los del INDEC, los últimos que conocimos al menos, que hablaban de un 37,3% de la población argentina bajo la línea de pobreza. Casi 17, 18 puntos menos. Pero este informe del Consejo de Coordinación de Políticas Sociales tiene en cuenta otras variables, como la vivienda, la educación, el acceso a los servicios básicos. Y si uno cuenta o hace un análisis multidimensional, se encuentra con que la pobreza es mayor. Afecta al 55% de la población.
Más allá de las mediciones, tenemos una certeza. Cualquiera que va al almacén, al supermercado, a la carnicería, a la verdulería, lo comprueba cada día. La inflación descontrolada del 6,7% en marzo, que se supone que va a estar alrededor del 6% otra vez en abril. El derrumbe del poder adquisitivo, que, a esta altura, es un fenómeno de largo aliento. Y la nostalgia de una Cristina que cada vez puede recuerda que se fue con los salarios en dólares más altos de América Latina. En horas previas al Día de los Trabajadores y las Trabajadoras no puede ser más distante el escenario actual de aquel.
Citaba hace poco Jairo Straccia, en una nota en El Cronista, un relevamiento de la firma de Personal Temporario Adecco. ¿Qué dice este relevamiento? Algo que ya vienen marcando algunas otras consultoras. En su momento acá hablamos de la Consultora EcoGo, de Marina Dal Poggetto. Habla de los salarios en el tobogán. De que en 2015 eran los más altos de América Latina, como dice Cristina, y hoy son los más bajos de la región, según esta firma de Personal Temporario.
Hoy la Argentina tiene los salarios más bajos de la región, medidos en dólares o medidos en relación a algunas variables esenciales para una familia tipo. Los salarios en la Argentina son un tercio de lo que son en promedio en Chile. Están a la mitad de lo que son en Brasil o en México. Hoy, por la misma tarea se paga en la Argentina un tercio de lo que se paga en Chile, la mitad de lo que se paga en Brasil, la mitad de lo que se paga en México.
Otros datos como para tener un panorama de en qué contexto se festeja, se celebra, se conmemora mañana el Día de los Trabajadores. Del portal Boomerang, en la Argentina, a marzo de este año, un salario para Juniors, para un camarero, por ejemplo, arranca en $55.000. Un empleado de Rappi gana $47.000 al mes. Y si trabajás con un auto prestado o propio, por ejemplo los choferes de Uber o de DiDi, sacan $80.000 por mes, que pueden ser considerados privilegiados en comparación a los otros.
Tenemos historias recientes, como la de Candela Salazar, esa chica de 24 años de González Catán, que se cayó desvanecida a las vías del tren. Se viralizaron las imágenes hace dos semanas. Candela llevaba por lo menos dos meses sin trabajo y estaba sin comer cuando se desvaneció. Sobrevivió de milagro. En algunas de las entrevistas que le hacían, contaba que ganaba alrededor de $4.000 o $6.000 por semana y que sus amigos ganaban en promedio $30.000, $40.000. A los que mejor les iba, $50.000 por mes.
Si uno mira los informes del propio INDEC, la canasta básica total subió en marzo 7%. En un trimestre, 17,8%. Y, el mes pasado, una familia tipo para no ser pobre necesitó $86.690. Sin contar el costo del alquiler, suponiendo que esa familia tipo es propietaria.
Sueldos de $55.000 para un camarero, de $47.000 para un empleado de Rappi, de $80.000 para un chofer de Uber, de $40.000 para un empleado en el conurbano, según lo que contaba Candela Salazar. Y una canasta básica casi en $87.000. Por supuesto, es para una familia, no es para un sola persona. Pero estamos descontando el alquiler que también hoy representa un peso muy importante para cualquiera que vive en la Argentina.
Esa es la realidad del mosaico laboral, heterogéneo, degradado, deteriorado, sobre todo a nivel de los ingresos. Porque, como muestran también las cifras del INDEC, el empleo se recuperó. Pero, ¿qué tipo de empleo es el que se genera? En muchos casos precarios. Lo mostraba también un informe de los últimos días que hicieron la Revista Crisis y La Nación Trabajadora. Mostraban que hay un total de casi 5 millones de personas que hoy no están registradas en la seguridad social.
Según las estadísticas oficiales, decía la nota de Juliana Persia, son el 23,5% del total de los puestos de la economía y el 31,7% de los asalariados. Una precariedad que es muy fuerte en algunos sectores. Sobre todo, en la construcción, el comercio. Son sectores, nuevas generaciones de trabajadores en muchos casos, que no saben lo que es el aguinaldo, lo que es la obra social, lo que son las vacaciones pagas. Todo eso parece parte de un pasado que no volverá. Por lo menos para 1 de cada 2 trabajadores. Hoy, 1 de cada 2 se mueve en la precariedad.
Mientras vemos que el Gobierno discute, que también la oposición discute, se pelean en función de posicionamientos políticos o por los rearmados de las alianzas electorales de 2023, la pregunta es quién representa ese malestar. El malestar de millones de personas que corren muy desde atrás en relación a la inflación, que no llegan a fin de mes, y en algunos casos tienen empleo de subsistencia.
¿Quién representa ese malestar? En un contexto como este, con el peronismo unido o la mayor parte del peronismo está en el Gobierno, aunque a veces pareciera que hay dos Gobiernos en uno. Pero el peronismo, el Frente de Todos, este experimento, artefacto que surgió del dedo de Cristina en 2019, está en el Gobierno.
El cristinismo, La Cámpora, apuestan a seguir representando el malestar, aunque estén en el Gobierno. Por eso también la discusión con Guzmán. No está claro hasta qué punto están o no en el Gobierno. Están como funcionarios pero consideran que no influyen en las líneas centrales de la política que definen Alberto Fernández y Martín Guzmán.
La izquierda también apuesta a representar ese malestar. Javier Milei apuesta a representar ese malestar, de manera creciente. Y en parte también cada uno de esos sectores lo representaron en las elecciones de 2021. Ya hubo resultados sorprendentes, tanto de Milei en Capital Federal como de la izquierda en el conurbano bonaerense donde antes era muy difícil para el Frente de Izquierda obtener un porcentaje de votos importante.
Ese malestar, ese deterioro, ese derrumbe del poder adquisitivo ya lleva varios años, y se profundizó muy fuerte durante el gobierno de Macri. Decía Alberto Fernández en una de sus presentaciones que los salarios subieron 20 puntos, como en una contestación al cristinismo, en un debate público con la propia vicepresidenta. Los salarios, decía el Presidente, subieron 20 puntos entre 2003 y 2015, puntos que perdieron entre 2015 y 2019. Muy rápido se vino abajo lo que se había construido, dice el Presidente, en los 12 años del primer kirchnerismo. Lo irreversible pareciera era muy poco: “No me pidan ahora a mí que yo recupere esos 20 puntos que perdieron los asalariados con Macri y que habían ganado pero en un proceso de 12 años”. “Que el cristinismo no me pida a mí que haga yo en 2 o 3 años lo que ellos hicieron en 20 años”. Parte de la discusión que se está dando en público, a cielo abierto en el propio oficialismo.
Y en la oposición, está la discusión en torno a un Javier Milei que, según algunas encuestas, ya tiene un porcentaje similar a lo que tuvo en Capital Federal el año pasado pero a nivel nacional. Tiene hoy, según algunas encuestas, me decía un encuestador hace unos días, 20 puntos nacionales. Si eso es así, ya no vamos a una polarización tan grande como la de 2019 o la de 2015, sino que vamos a un escenario donde el electorado se divide por lo menos en tres fuerzas. En cuatro fuerzas, pensará Cristina también, que advierte como desde la izquierda le pueden robar votos al Frente de Todos.
Ese es el escenario en el que mañana se conmemora el Día de los Trabajadores. Con un cambio de fondo que hubo durante los años de Mauricio Macri. Una transferencia brutal de ingresos a favor de algunos sectores, las concesionarias de luz, las concesionarias de gas, las concesionarias de peaje, los bancos. Algunos sectores que ganaron mucho, algunos de los cuales hoy están cerca de este mismo Gobierno. Y en detrimento, o en contraste con esos sectores que se beneficiaron del tarifazo, sobre todo en los dos primeros años de Macri, una pérdida muy importante en el poder adquisitivo. Esa gran obra de Cambiemos o Juntos, de Mauricio Macri, podemos decir que está intacta. Y el Presidente avisa: “No me pidan que yo venga a resolver en tiempo récord un problema de fondo como es la cuestión de los salarios”.
Esa es la gran novedad en la que se da la discusión dentro del Frente de Todos, e incluso dentro de Juntos. El gran dato en el que hoy pareciera ya estamos inmersos. Y que pareciera formar parte de un grado cero, la pérdida del poder adquisitivo, se naturalizó. 20 puntos perdieron los salarios. 2 puntos apenas se recuperaron, según los datos de la Universidad de San Martín. Y por eso también el malestar crece. ¿Quién representa a ese malestar de cara al 2023? Esa es la gran pregunta que todavía no tiene respuesta.
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Los esclavos modernos
Más de 40 millones personas viven en condiciones de esclavitud en todos los continentes. Una parte significativa son niñas y niños. A tres semanas del inicio de la V Conferencia Mundial sobre la Erradicación del Trabajo Infantil, en Durban, Sudáfrica, el esclavismo moderno vuelve a estar en la mira de la sociedad civil planetaria. Por Sergio Ferrari.
El neo esclavismo
Si bien la esclavitud tiene raíces históricas muy antiguas es un fenómeno social vigente. La trata de seres humanos, la servidumbre por deudas, el trabajo doméstico forzoso y el trabajo infantil son algunas de sus expresiones actuales.
Según las Naciones Unidas, en 2016 unos 40 millones de personas padecieron alguna forma de esclavitud moderna.
El sitio Web Statista, que retoma el Índice Global de Esclavitud 2018,calculaba en más de 25 millones las personas esclavizadas ese año. Número con el que coincide la Campaña internacional 50 for Freedom (50 por la Libertad) que se lanzó en 2016 con el objetivo de que al menos 50 naciones suscribieran el nuevo Protocolo sobre Trabajo Forzoso de las Naciones Unidas.
La radio internacional alemana Deutsche Welle publicó en noviembre del año pasado un informe completo sobre el tema. En el mismo retoma la cifra de 15 millones de personas atrapadas en matrimonios forzados y unos 25 millones en trabajos forzosos.
Las mujeres y las niñas se ven afectadas de manera particular por esta lacra, llegando a representar un 71% de las víctimas del trabajo forzoso. Más de 150 millones de niños y niñas (casi uno/a de cada diez) se hallan sujetos al trabajo infantil en todo el mundo. Según la Confederación Sindical Mundial, el trabajo infantil involucra a niños y niñas menores de 18 años que resulte mental, física, social y/o moralmente peligroso o perjudicial y que interfiera con su escolarización.
En tanto el trabajo (o servicio) forzoso es aquel que se desempeña contra la propia voluntad y se realiza bajo amenaza de castigo. Se implementa en proporciones cada vez mayores de la economía privada, en sectores de mano de obra intensiva y escasamente regulados, como la construcción, la agricultura, la pesca, el trabajo doméstico y la minería, así como la prostitución.
El trabajo forzoso y el infantil están estrechamente vinculados: se dan en las mismas zonas geográficas y en las mismas industrias y su causa principal reside en la pobreza y la discriminación. La mitad de las personas que realizan trabajos forzosos son niña-os. Según la ONG australiana Walk Free, especializada en el tema, los dos países más afectados por el esclavismo son Corea del Norte y Eritrea, con casi 100 personas de cada mil en esa situación. Entre las naciones más vulnerables a nivel de esclavitud se encuentran la República Centroafricana, Sudán del Sur y Afganistán, muy afectadas por interminables conflictos bélicos. Sin embargo, dicho fenómeno, no solo impacta en el Sur, sino también en países de alto nivel de desarrollo. Según la Campaña internacional 50 for Freedom, más de un millón y medio de personas en Europa, América del Norte, Japón y Australia también viven en condiciones de esclavitud similares.
Del total de esclavos y esclavas modernos, el 68% padece trabajo forzoso en situaciones de explotación laboral. Un 22% es víctima de explotación sexual, y un 10% debe realizar trabajos forzados impuestos por el Estado.
Basándose en datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que ya hace ocho años estimaba los beneficios anuales de la esclavitud en más de 150.000 millones de dólares, 50 for Freedom sostiene que esta práctica inhumana constituye un negocio con ganancias sorprendentes.
El informe de la OIT Ganancias y Pobreza: Aspectos económicos del Trabajo Forzoso (Profits and Poverty: The Economics of Forced Labour) de 2014 señalaba que dos terceras partes de dicha cantidad —aproximadamente unos 99.000 millones de dólares— provenían de la explotación sexual comercial, mientras que otros 51.000 millones resultaban de la explotación forzosa con fines económicos, la cual abarca tanto el trabajo doméstico como la agricultura y otras actividades productivas. El informe también indicaba que, significativamente, las ganancias anuales por cada víctima de trabajo forzoso eran mucho más altas en las economías desarrolladas que en cualquier otra.
Los desafíos de la Conferencia de Durban
En junio de 2021 la ONU contabilizaba 160.000.000 de niñas y niños forzados a trabajar en todo el mundo. 8.400.000 más que en 2016, y en un marco social muy preocupante debido a la pandemia, que incrementó notablemente la situación de riesgo de la infancia en general.
La V Conferencia Mundial sobre la Erradicación del Trabajo Infantil, convocada para el 15 al 20 de mayo próximo, se reunirá en este contexto complejo y cuando faltan solo tres años para alcanzar la meta de la eliminación del trabajo infantil, que los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU propusieron para 2025. Y a solo ocho años del plazo propuesto para la erradicación de todo tipo de trabajo forzoso.
Se realizará, además, en un momento muy particular de lenta recuperación social de la pandemia, la cual, según los organizadores de Durban, tuvo “efectos devastadores en la salud, el progreso económico, la igualdad y el desarrollo social”. Los organizadores de Durban esperan que la V Conferencia —que tendrá un formato híbrido, con participación presencial y virtual— debata un tema esencial: la erradicación del trabajo infantil como condición para un rendimiento positivo del mercado de trabajo. Para ello, sugieren incorporar un enfoque centrado en el ser humano (más que en la economía) y que tenga en cuenta la educación, el desarrollo de competencias, el aprendizaje a lo largo de la vida y la transición de la escuela al trabajo decente.
Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que convoca este cónclave junto con el Gobierno de Sudáfrica, es fundamental que se analice la prevalencia tan marcada del trabajo infantil en el sector agrícola y ganadero, así como su estrecha relación con la pobreza, la informalidad y la necesidad urgente de formular estrategias de supervivencia familiar. La OIT además propone que se avance en la formalización gradual de la economía informal y la mayor creación de trabajo decente; que se inviertan recursos adicionales y que se apliquen políticas específicas dirigidas a las causas mismas del trabajo infantil, así como del trabajo forzoso.
Contra el flagelo esclavista
La Campaña 50 for Freedom ha reunido unas 90.000 firmas en apoyo del Protocolo sobre el Trabajo Forzoso. Y en marzo de 2021 logró —con la adhesión de Sudán—, que el número de los Estados signatarios llegue a 50. En abril de 2022, ya son 59 las naciones que han rubricado el Protocolo. Nueve de las cuales se encuentran en el continente americano: Antigua y Barbuda, Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Jamaica, Panamá, Perú y Surinam.
La Campaña 50 for Freedom es promovida por organismos de las Naciones Unidas, centrales sindicales y empresarias mundiales, así como por ONG humanitarias y de desarrollo como Caritas, Global Citizen, Forum Migration y Walk Free, entre otras. Dicha Campaña continúa vigente dado que los Estados signatarios apenas superan el tercio de las naciones que integran la ONU. Adicionalmente, potencias mundiales de referencia como Estados Unidos y China no han suscrito el Protocolo.
Si bien desde 1930 existe un Convenio sobre el Trabajo Forzoso, los promotores del nuevo Protocolo sostienen que en el presente existen nuevas y más complejas formas de esclavitud, incluso más difíciles de combatir.
El Protocolo sobre trabajo forzoso complementa, entonces, el Convenio de 1930, agregando nuevos elementos. Intenta abordar las causas profundas de la esclavitud para que se pueda eliminar de una vez por todas. Además, exige a los empleadores que actúen bajo el principio de “diligencia debida” para evitar la esclavitud moderna en sus prácticas comerciales y las cadenas de aprovisionamiento.
El Protocolo se define como un instrumento vinculante, es decir, que requiere que los gobiernos adopten las medidas necesarias para luchar contra la esclavitud moderna en todas sus formas. Y busca actuar en tres niveles: eliminar el trabajo forzoso, proteger a las víctimas y garantizar su acceso a la justicia y la indemnización.
Los países signatarios deben garantizar que todos los trabajadores y trabajadoras en todos los sectores estén protegidos por la legislación nacional. Esto significa que deben reforzar la inspección laboral y otros servicios para eliminar prácticas esclavizantes. Además, comprometerse a adoptar medidas adicionales para educar e informar sobre crímenes de esclavitud, como la trata o comercio de seres humanos.
Por último, el Protocolo garantiza el acceso de las víctimas a recursos jurídicos y de reparación y no es necesario que sean residentes legales del país donde trabajan. También las protege de eventuales sanciones por actividades ilícitas que pudieron haber cometido involuntariamente durante su período de esclavitud. Al mismo tiempo, los Estados deberán sancionar las prácticas abusivas y fraudulentas de esclavitud moderna por parte de contratistas y agencias de empleo.
Aunque la esclavitud constituye una tragedia muy bien conocida a lo largo de la historia, a muchos Estados les resulta muy difícil reconocerla en sus formas modernas, y aún más difícil aun, de confrontarla. La memoria tan corta de una parte de la humanidad esconde la magnitud de la tragedia, y esto contribuye a perpetuar la mentalidad esclavista que tanta ruina ha causado hasta el presente. Muchos de los negreros de 2022, empecinados en seguir traficando con seres de carne y hueso, continúan disociando el esclavismo moderno del antiguo y siguen “traficando” con total impunidad.
Envio:RL.
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