Los padres o personas no gestantes pasarán de tener de 2 a 15 días y llegarán progresivamente a 90
Licencias por maternidad y paternidad: cómo es el proyecto para cambiar el régimen
Para las madres o “personas gestantes”, el beneficio pasaría de 90 a 126 días. El proyecto también protege a todas las personas que realizan tareas de cuidado.
El Gobierno envió este lunes al Congreso un proyecto de ley que crea un Sistema Nacional de Cuidados y amplía el régimen de licencias por maternidad y paternidad, que ya no se denominarán así sino para “personas gestantes” y “no gestantes”. En el caso de las licencias para “personas no gestantes”, independientemente de su género, la iniciativa oficial la extiende de 2 a 15 días en una primera etapa y al mismo tiempo establece un aumento gradual cada dos años hasta llevarla a 90 días. Otro gran cambio es que será obligatoria. Para las madres o “personas gestantes”, el beneficio pasaría de 90 a 126 días, cumpliendo así con la recomendación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Las licencias se amplían a empleadas de casas particulares, monotributistas y autónomos, para quienes se prevé un pago equivalente al salario mínimo vital y móvil y se adecua con las mismas reglas al trabajo agrario y al de la administración pública. Se crearán además licencias para adoptantes, para futuros adoptantes, para situaciones de fertilización asistida y por violencia de género, entre otras novedades. Pero no implica ningún incremento de costos para lxs empleadorxs: en todos los casos, la inversión correrá por cuenta de la seguridad social. Otro aspecto clave es que se incluyen los meses de licencia por gestación en el cálculo previsional como meses aportados. Por otra parte, obliga al Ministerio de Obras Públicas de la Nación a destinar anualmente al menos el 8,5% de su presupuesto a la ampliación de la infraestructura pública para cuidados del país, entre otros puntos.
El anuncio lo hizo el presidente Alberto Fernández junto con la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; el Ministro de Trabajo y Previsión Social, Claudio Moroni, y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, durante el acto que encabezó el mandatario en un patio en la Casa Rosada, por el Día Internacional del Trabajador y la Trabajadora.
“Hoy estamos dando un paso importante en ampliación de derechos. Ahora le toca al Congreso avanzar para que esta ley sea posible”, dijo el Presidente. "Es hora de igualar a las mujeres y a las diversidades con los hombres para que todos tengamos los mismos derechos. El trabajo de la mujer, ese trabajo silencioso y tan importante que nos hace crecer no puede no ser reconocido. Es amor y es trabajo”, indicó el mandatario.
Durante la apertura de la Asamblea Legislativa, el 1° de marzo, Fernández había adelantado que enviaría dos iniciativas con estos temas, una para crear un Sistema Integral de Cuidados y otra, para reformar el régimen de licencias previsto en la Ley de Contrato de Trabajo. Finalmente, será un solo proyecto. Fue elaborado por los ministerios de Mujeres y de Trabajo, y se tomó en cuenta el trabajo de una comisión asesora que participó en un primer borrador, y además, se hicieron consultas a nivel federal y con la mesa interministerial de cuidados de la que forman parte 15 áreas y organismos del Gobierno.
¿Qué cambia si se aprueba este proyecto?
* Reconoce el derecho de todas las personas a recibir y brindar cuidados así como también el derecho al autocuidado.
* Protege a todas las personas que cuidan, sea de forma remunerada o no, y también a todas las que necesitan cuidados: niñas, niñes, niños y adolescentes, con prioridad hasta la edad de 5 años inclusive, personas de 60 años o más, cuando lo requieran, personas con discapacidad, cuando lo requieran.
* Crea un Sistema Integral de Cuidados con perspectiva de género (SINCA). Esto es un conjunto de políticas y servicios que aseguran la provisión, la socialización, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado, entre el sector público, el sector privado, las familias y las organizaciones comunitarias y entre todas las identidades de género para que todas las personas accedan a los derechos de cuidar y ser cuidadxs en condiciones de igualdad.
* Fija los objetivos que deben seguir las políticas de cuidados en general y las destinadas a poblaciones específicas en particular.
* Promueve la ampliación de la oferta de servicios e infraestructura de los cuidados. Obliga al Ministerio de Obras Públicas de la Nación a destinar anualmente al menos el 8,5 por ciento de su presupuesto a la ampliación de la infraestructura pública de cuidados del país.
* Reconoce y promueve el trabajo de cuidados remunerado. Obliga al Poder Ejecutivo Nacional a crear un registro nacional de trabajadoras y trabajadores del cuidado remunerado con el fin de facilitar la instrumentación de las políticas antes mencionadas.
* Reconoce y busca fortalecer el trabajo de cuidados en el ámbito comunitario. Obliga al Poder Ejecutivo Nacional a crear un registro de espacios comunitarios de cuidado.
* Modifica el régimen de licencias público y privado pero no implica ningún incremento de costos para lxs empleadorxs, dado que se prevé que las nuevas licencias y la extensión de las vigentes sean financiadas por la seguridad social.
* Se extiende la licencia para personas gestantes de 90 días a 126 días.
* Amplía licencias para personas no gestantes, de 2 días a 90 días, independientemente de su género. Este aumento de las licencias para personas no gestantes se prevé progresivo, es decir que se realizará de manera escalonada: a partir la entrada en vigencia de la ley, se elevará la licencia a 15 días; luego de dos años, a 30; luego de cuatro a 45; luego de seis a 60 días y al cumplirse ocho años de vigencia de la ley, la licencia será de 90 días.
* Crea licencias para futurxs adoptantes y licencias por adopción. Crea una licencia de 2 a 12 días por año para quienes estén por adoptar para visitar al niño/a o adolescente que se pretende adoptar. En caso de adopción, el Proyecto de Ley prevé una licencia de 90 días.
* Crea una licencia de 2 a 6 días para cuidar o acompañar al cónyuge o conviviente que realiza técnicas de reproducción médicamente asistida y la extiende de 3 a 10 días en el caso que tuviesen hijos/as menores de edad a cargo.
* Incorpora extensiones de las licencias para hijxs con discapacidad, ante nacimientos o adopciones múltiples, nacimientos prematuros o con enfermedades crónicas. Si se tratara de nacimientos o adopciones múltiples, la licencia se extenderá por el plazo de 30 días por cada hijx a partir del segundo. En los supuestos de nacimiento prematuro la licencia se extenderá por el plazo de 30 días. En caso de nacimiento o adopción de hijx con discapacidad o con enfermedad crónica, la licencia se extenderá por el plazo de 180 días.
* Reconoce el derecho a cuidar a monotributistas, monotributistas sociales y autónomxs, a través de la creación de una asignación para personas gestantes, personas no gestantes y por adopción. El monto de la asignación consistirá en el pago mensual del Salario Mínimo Vital y Móvil.
* Establece el mismo régimen para personal de casas particulares, personal temporario de trabajo agrario y para toda la Administración Pública Nacional. Para el caso del personal de casas particulares, crea una asignación para personas gestantes, personas no gestantes y por adopción de, como mínimo, un salario mínimo vital y móvil.
* Reconoce el derecho a personas no gestantes y adoptantes al período de excedencia de la misma manera que lo reconoce a personas gestantes.
* Elimina la presunción de renuncia. Si el personal gestante, no gestante y adoptante no se reincorpora a su empleo luego de vencidos los plazos de licencia y no comunica a su empleador dentro de las 48 horas anteriores a su fin que se acoge a los plazos de excedencia, el empleador deberá cursar intimación y ya no podrá asumir que la persona renunció.
* Modifica las licencias especiales previstas en la Ley de Contrato de Trabajo para ampliar el derecho a cuidar:
a. Amplía la licencia por fallecimiento de cónyuge o conviviente (estos últimos se agregan) y por hijx. Pasa de 3 a 5 días.
b. Amplía la licencia por fallecimiento de hermanx. Pasa de 1 a 3 días.
c. Crea la licencia especial para cuidado por enfermedad de persona a cargo, conviviente o cónyuge, que actualmente es de 2 días, a un máximo de 20 días por año.
d. Crea la licencia por violencia de género, de hasta un máximo de 20 días por año.
* Se incluyen los meses de licencia en el cálculo previsional como meses aportados. El proyecto de ley prevé el cómputo como tiempo de servicio los períodos correspondientes al goce de la licencia por maternidad, las licencias parentales para el personal no gestante y por adopción así como también los períodos de excedencia.
“La Argentina se diferenció del resto de los países del continente por la forma de dar derechos, la educación pública, la salud pública, cada vez que la sociedad argentina amplió derechos fue una mejor sociedad. Cuando el pueblo más derechos tenga, más progreso, más desarrollo”, sostuvo el Presidente.
Otros aspectos del proyecto
* Personas mayores: promueve la creación y mejora de servicios y prestaciones para un envejecimiento digno y el sostenimiento de la autonomía. Elaboración de un baremo de medición de dependencia personal con implicancias de prestaciones incluidas en el PMO.
* Personas con discapacidad: promueve la creación y mejora de servicios y prestaciones para la vida independiente. Promueve los apoyos para la vida independiente y el ejercicio de los derechos a ser cuidadas y cuidar.
* Niñas, niños y adolescentes: promueve superar la brecha de calidad existente entre los distintos dispositivos de educación y cuidado y la ampliación de la oferta de cuidados y educación con prioridad hasta los cinco años de edad.
En otros países
En América, Argentina es de los países más atrasados en este tema. De aquellos que cuentan con licencias por paternidad, solo Guatemala tiene dos días. Le siguen: Bolivia, Panamá y El Salvador con tres días, Chile, Brasil y México con cinco, Ecuador con 10, Uruguay con 13 y Colombia y Venezuela con 14. Con este proyecto, la Argentina contaría con una licencia por paternidad de 15 días que irá creciendo.
En Europa, Italia tiene una licencia por paternidad de 10 días obligatorios y uno opcional, Francia tiene una licencia por paternidad de 28 días, y España ha igualado recientemente ambas licencias que, a partir del 2021, son de 16 semanas para ambxs progenitorxs. Países escandinavos como Suecia, por ejemplo, tienen un esquema aún más extenso de 480 días para repartirse entre ambos progenitores. La experiencia internacional demuestra que sólo las licencias con misma cantidad de días, mismo grado de obligatoriedad y misma fuente de financiamiento son las que garantizan una verdadera igualdad de género en el cuidado.
En el país, algunos sindicatos, como el de Trabajadores Judiciales de la Ciudad de Buenos Aires (Sitraju) ya lograron mejoras: en 2010 consiguieron en el convenio colectivo ampliar las licencias por maternidad a 120 días, es decir, un mes más que lo que indica la LCT. Y en el caso de parto múltiple o con complicaciones, la llevaron hasta 180 días. Además, la licencia por paternidad --y también por comaternidad, para cuando se trata de dos madres-- es de 60 días, plazo que la debe ubicar entre las más altas del país. En la provincia de Buenos Aires acaba de anunciar un incremento de días para el sector público. En otros ámbitos del trabajo estatal también están vigentes regímenes más beneficiosos que el que establece la Ley de Contrato de Trabajo.
En el sector privado algunas empresas ofrecen licencias extendidas, tanto en términos de días como de sujetos alcanzados: la más generosa es de seis meses para flamantes padres y madres en el laboratorio francés Sanofi. Maltería y Cervecería Quilmes la llevó a 45 días , Natura a 40 días, Santander, Accenture y Manpower a un mes, Randstad también pero es obligatoria y no optativa.
¿Cuáles son los objetivos de la ampliación de licencias parentales?
* Mejor distribución de las tareas de cuidado dentro del hogar
* Más familias con derechos
* Mejor inserción laboral de las mujeres.
¿Qué es el trabajo de cuidado?
Son todas las actividades que se hacen a diario para asegurar la subsistencia propia y la de lxs demás. Cocinar, limpiar, ordenar, hacer las compras o estar al cuidado de niñxs, personas mayores o personas con discapacidad que requieran apoyos de algún tipo. Son tareas relacionadas con la reproducción, el bienestar y el sostenimiento de la vida.
¿Por qué es necesario un Sistema Integral de Políticas de Cuidados?
* El 10 por ciento de las personas mayores de 60 años, aproximadamente 743.000, se encuentran en situación de dependencia básica (no pueden realizar por sus propios medios actividades esenciales como alimentarse, bañarse o vestirse).
* En un 77% este cuidado recae sobre las familias y, en particular, sobre las mujeres (Encaviam-Indec, 2012).
* 4 de cada 10 departamentos del país no cuentan con ninguna residencia para personas mayores (Mapa Federal del Cuidado - MMGyD, 2021).
* El 12,9 por ciento de la población, 5.114.190 personas, tiene alguna discapacidad en el país (Censo 2010- INDEC). Y del total de personas que tienen Certificado Único de Discapacidad, se estima que aproximadamente 126.000 personas necesitan un alto grado de apoyos y asistencia directa para la vida diaria.
* Aproximadamente 2.128.100 (95%) de lxs niñxs de 0 a 2 y 285.861 (60%) de lxs niñxs de 3 años no asisten a establecimientos educativos y de cuidados.
* El 45% de los jardines o escuelas infantiles no cuenta con sala de 3 años.
* La mitad de las mujeres con niñxs menores de 3 años están fuera del mercado laboral y por lo tanto, sin ingresos propios.
* Según la OIT, los países que más invierten en políticas de cuidado alcanzan tasas de empleo femeninas mayores al 70%, generando resultados positivos en términos económicos.
La remuneración de los cuidados
En Argentina, según el módulo de uso del tiempo que se incorporó en 2013 a la Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU), el tiempo social promedio dedicado al trabajo de cuidado no remunerado es muy desigual. Las mujeres pasan 5,7 horas por día haciendo trabajo de cuidado no remunerado mientras que los varones dedican en promedio solo 2 horas diarias (Indec, 2014).
En la pandemia, de acuerdo con el Estudio sobre el impacto de la covid 19 en los hogares del Gran Buenos Aires realizado por el Indec, la carga de cuidado aumentó y fue absorbida sobre todo por las mujeres (65% de los casos). Esa feminización del trabajo gratuito de cuidado no solo impacta en la vida económica de las mujeres, lo que explica gran parte de la “inactividad”, el desempleo y la informalidad en Argentina, sino que también produce pobreza y desigualdad en las familias.
Los resultados preliminares de la Encuesta de Uso del Tiempo 2021 presentados el pasado jueves reproducen esa misma realidad, esto es, una mayor dedicación de las mujeres respecto de los varones a las responsabilidades de cuidado.
Organismos de derechos humanos y sindicatos darán una conferencia de prensa este martes
Una convocatoria a marchar contra la Corte Suprema
Organismos de derechos humanos y organizaciones sindicales darán este martes una conferencia de prensa para anunciar la marcha a los Tribunales prevista para el próximo jueves. La movilización está conovocada "en reclamo de la renuncia de Horacio Rosatti (presidente de la Corte) al Consejo de la Magistratura, por el juicio político a la Corte Suprema y por la ampliación de su número, con el fin de democratizar el acceso a la justicia”.
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capital, Familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz, APDH, MEDH, Liga Argentina por los Derechos Humanos, APDH La Matanza, Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, Fundación Memoria Histórica y Social de Argentina, Asociación Buena Memoria serán los organismos que participarán, junto a la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, la Corriente Sindical de la CGT, el Frente Sindical de la CGT y otras organizaciones sociales, religiosas, feministas y políticas.
La conferencia de prensa se realizará este martes 3 de mayo, a las 12, en el Salón Blanco de la Cámara de Diputados.
A partir de junio
Tarifas de luz y gas: Quiénes perderán los subsidios
Economía precisó que la quita alcanzaría a 921 mil titulares del servicio de luz y 760 mil de gas. Son aquellos que forman parte del 10 % de usuarios con mayor poder adquisitivo. Se estima que una tarifa sin subsidio debería aumentar al menos un 200 por ciento.
El gobierno precisó que 921.778 titulares del servicio de electricidad y 760.600 titulares del servicio de gas residencial perderían todo tipo de subsidio a las tarifas a partir del mes próximo, si es que finalmente se aprueba el plan de segmentación que impulsa el ministro de Economía Martín Guzmán. Son las personas que forman parte del 10 por ciento de usuarios con mayor poder adquisitivo. No está claro aún cuánto pasarían a pagar, pero se estima que una tarifa sin subsidio debería aumentar al menos un 200 por ciento.
La información surge de un documento oficial elaborado por la Subsecretaría de Planeamiento Energético que será debatido en las audiencias públicas que se realizarán los días martes, miércoles y jueves de la semana próxima.
Los que perderían el subsidio
Lo que hizo el equipo de Guzmán fue tomar en cuenta datos geográficos y socieconómicos para identificar a este universo de usuarios de mayor poder adquisitivo. Aquellos que cumplan con alguno de los siguientes criterios directamente perderán el subsidio:
- Estar ubicado dentro de “polígonos” de alta capacidad de pago identificados por el Ente Nacional Regulación de la Electricidad.
- Registro de barrios cerrados.
- Tener ingresos superiores a 3,5 Canasta Básicas Totales de un hogar tipo 2 del Indec, monto equivalente a 314 mil pesos en marzo.
- Tener 3 o más inmuebles registrados.
- Tener 3 o más vehículos con antigüedad menor a los 5 años.
- Tener aviones o embarcaciones de lujo.
Cuáles son los barrios
El documento que elaboró el subsecretario Santiago López Osornio, que responde a Guzmán, no explicita cuáles son esos “polígonos” de alta capacidad de pago que identificó el ENRE. No obstante, en febrero se filtró la propuesta que elaboró el ENRE en colaboración con el Conicet y allí decía que los usuarios de la Ciudad de Buenos Aires que perderían el subsidio eran aquellos ubicados en Puerto Madero y en gran parte de los barrios de Recoleta, Palermo, Belgrano y Nuñez, una parte de Colegiales, algunas manzanas de Villa Urquiza, Retiro, Saavedra y Devoto y una zona de elevado valor en Caballito. En el Gran Buenos Aires, el recorte alcazaba a una zona específica denominada “el bajo” integrada por los partidos de Vicente López y San Isidro.
A ese listado le sumaban también 466 countries y otras urbanizaciones cerradas que ahora quedarían incluidas en el punto 2.
El informe del ENRE había seleccionado esas zonas a partir de aplicar una metodología de estadística espacial a las características del valor de la vivienda. Esa metodología utilizó los precios por metro cuadrado de las ofertas de venta para los inmuebles de la Ciudad de Buenos Aires y los datos de la valuación fiscal de la tierra para la Provincia de Buenos Aires. “A pesar de haber sido analizada en particular para el caso de los subsidios a la energía eléctrica, el criterio de asignación también resulta aplicable al servicio de gas natural”, asegura Economía en el informe presentado para la audiencia pública.
Patrimonio e ingresos
En el documento se afirma que los mecanismos que definen la asignación de los subsidios en función de la ubicación del suministro en un área determinada tienen un buen funcionamiento en áreas de alta concentración poblacional donde se logra identificar conjuntos de población relativamente homogéneos en relación a los ingresos, como es el caso del AMBA, pero no resultan replicables en otras regiones más heterogéneas. Es por eso que, como complemento de esa metodología, también se tomarán en cuenta variables vinculadas con el ingreso y el patrimonio de los titulares del servicio.
Los criterios que se consideraron más apropiados para alcanzar a un segmento
del 10 por ciento de mayores ingresos combinan el análisis de la información relativa
al patrimonio y los ingresos disponibles en el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS). Economía aclara en el informe que el SINTyS “es el organismo encargado de coordinar el intercambio de información patrimonial y social de las personas entre organismos públicos asegurando su privacidad y confidencialidad de acuerdo a lo establecido por la normativa de Protección de Datos Personales”. No obstante, fuentes oficiales señalaron a Página/12 que para avanzar en esta dirección se debería sancionar una ley o al menos el presidente Alberto Fernández debería autorizarlo por decreto.
Qué pasa si hay errores
La titularidad del servicio puede no coincidir con las personas usuarias del servicio por no haberse realizado el cambio de titularidad, encontrarse fallecido el titular, ser inquilinos del inmueble, etc. También puede ocurrir que no se haya identificado con exactitud las condiciones económicas del titular por diferencias entre la situación actual y la registrada en las bases de datos utilizadas para definir la asignación de segmentos de subsidios.
Si bien se aclara que la actualización de las bases de datos debería ser permanente, Economía señala que la autoridad de aplicación (no habla de las distribuidoras) deberá contar con “un mecanismo ágil de reclamo y solicitud de reconsideración del segmento de subsidios asignado”. Para ello se pondrá a disposición un formulario web, una central telefónica de consultas y atención presencial en organismos que ya participan de otros esquemas de beneficios como lo hace actualmente la Anses con el Programa Hogar. “De esa manera, se le permitirá a todas las personas presentar una solicitud de reconsideración del segmento al que fueron asignadas”, remarca el documento.
Primer encuentro de la Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad
Minería y medio ambiente: derribar mitos con información
Se presentó el Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera, una herramienta virtual de información cuantitativa y cualitativa sobre el sector que busca otorgar transparencia en materia de sustentabilidad y regulaciones.
"Está claro que uno de los principales aspectos y desconfianzas que genera esta actividad es el tema ambiental y esta mesa apunta a derribar mitos con información", concluyó el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, al terminar de escuchar a los disertadores del primer encuentro de la Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad (Memac) que organizó su cartera. Junto a funcionarios de primera linea y con el acompañamiento de empresarios y cuestionamientos de organizaciones ambientales se llevó a cabo la jornada que invita a reflexionar (y destrabar) el desarrollo de la actividad minera en el país.
La Memac se plantea como una instancia de debate público sobre la minería a partir de un esquema de encuentros mensuales en distintas partes del país, en los que expondrán expertos y se presentarán números para trabajar en el desarrollo de la actividad. En este encuentro se presentó el Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera (Siacam), una herramienta virtual de información cuantitativa y cualitativa sobre el sector que busca otorgar transparencia en materia de sustentabilidad y regulaciones.
“En la minería venimos de una larga etapa de falta de diálogo", aseguró el ministro Kulfas en un escenario acompañado por el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; el presidente del Banco Central, Miguel Angel Pesce; la titular de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont; la secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, Cecilia Nicolini, entre otros funcionarios y gobernadores. De esta manera, el ejecutivo busca revertir las reacciones negativas que en el último tiempo generaron proyectos de explotación en algunas provincias como Chubut, Buenos Aires, Catamarca y Mendoza.
Dólares, empleo y trabajo
Los funcionarios hicieron especial énfasis en la capacidad que tiene la actividad para generar exportaciones y, consecuentemente, divisas. A su turno, el presidente del Banco Central lo puso en números: “El sector minero es intensivo en capital y en inversión, y tiene un rol fundamental en la superación de la restricción externa. Por cada dólar que invierte el sector, se generan 4 dólares de superávit en la balanza cambiaria. Hasta que se alcance la meta de exportación de 100.000 millones de dólares, se mantendrá esta situación de administración cambiaria”.
En concordancia con lo que el ministro de Economía, Martín Guzmán, viene prometiendo esta última semana a empresarios, Pesce mencionó estar trabajando para que las empresas del sector puedan financiar sus inversiones a tasas bajas, y quitar presión a la demanda de divisas.
El ministro Claudio Moroni destacó el nivel y la calidad de empleo que genera el sector, que emplea a 28.000 personas con salarios muy altos en comparación con el resto de las actividades. El salario bruto se encuentra 2,5 puntos por encima del promedio de del resto de las actividades. Mientras el total de la economía arroja un salario de 98.700 pesos promedio para 2021, los asalariados mineros cobraban 194 mil pesos.
Además, fue una de las ramas con mayor formalidad laboral en el promedio 2016-2021. El 95 por ciento de los trabajadores de la minería metalífera cuentan con un empleo asalariado formal, un guarismo muy alto si se compara con actividades más aceptadas como la industria, que cuenta con un porcentaje de asalariados registrados de 48 por ciento, los hoteles y restaurantes con 35 por ciento de formalidad o el agro con 31 por ciento.
Marcó del Pont reforzó con números otro de los mitos que el Gobierno dice querer derribar, de que las empresas mineras explotan los recursos naturales sin dejar nada en el país. Del Pont hizo foco en los ingresos que le genera el sector al fisco, un 3 por ciento de la recaudación y detalló los controles vigentes para evitar la evasión: "Desde que comenzó nuestra gestión en la AFIP implementamos cambios regulatorios y normativos que potencian la capacidad de fiscalización y control de sectores como el minero. Contamos con herramientas que nos permiten evitar abusos y desvíos en las operaciones entre empresas del mismo grupo que realizan las grandes multinacionales”.
Punto aparte merece el debate más importante cuando se habla de este sector: el impacto ambiental. Los funcionarios replicaron la idea de que no existe contradicción entre minería y cuidado ambiental, pero la mesa dio lugar a la exposición de dos referentes de organizaciones ambientalistas, EcoHouse y Jóvenes por el Clima, que celebraron la iniciativa para abrir el diálogo y plantear cuestionamientos a la perspectiva oficial, aclarando que no legitiman la actividad por participar de la Mesa.
Varios cuestionamientos por el impacto ambiental de la minería
"Es una actividad que tiene sus controversias públicas"
Eco House y Jóvenes por el Clima participaron del primer encuentro de la Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad organizado por el gobierno nacional.
Uno de los conceptos que atravesó el primer encuentro de la Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad (Memac) fue el cuestionamiento del impacto ambiental de la actividad. Uno de los objetivos de la mesa es "derribar mitos" que se generan en torno a la actividad y generan rechazo social. Además de los funcionarios que demostraron la potencialidad del sector, participaron la secretaria de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Cecilia Nicolini y referentes de las organizaciones ambientalistas EcoHouse y Jóvenes por el Clima.
“Es posible hacer minería de un modo ambientalmente responsable, depende de cada país definir un esquema de políticas públicas que permitan aprovechar sus recursos naturales de modo tal que haya un desarrollo acompasado de sus economías”, destacó la secretaria de Minería de la Nación, Fernanda Ávila, al abrir el evento. La funcionaria se anticipó a lo que se venía: en el chat del evento se repetían mensajes como "No a la minería", "Fuera mineras de Mendoza" o "No pasarán". Más tarde, en las intervenciones de EcoHouse y Jóvenes por el Clima, y en las preguntas del público el eje estuvo puesto en el impacto ambiental.
“La minería es una actividad que tiene sus controversias públicas, por eso tratamos de armar una mesa para poder tener una discusión constructiva sobre el sector, y en este sentido el Siacam - Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera en Argentina- viene a aportar los datos necesarios”, aclaró el coordinador del Plan Productivo “Argentina Productiva 2030” y director del Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI), Daniel Schteingart. Los próximos encuentros de la Memac se realizarán en junio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el mes de julio en Catamarca y, en agosto en Santa Cruz.
El referente de Eco House cuestionó la ausencia del ministro de Ambiente: ¿Por qué no esta Juan Cabandié asegurando que esta actividad no va a perjudicar el ambiente? Matías Kulfas le respondió que en su lugar estaba Nicolini. También cuestionó el modelo de desarrollo del país, teniendo en cuenta que "la normativa vigente para el sector es una herencia del menemismo. ¿Qué capacidad tiene el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil de contrarrestar la influencia del lobby minero que trabaja la ley de humedales y en 2008 consiguió el veto presidencial de la ley de glaciares?”.
Desde Eco House celebró el avance de compartir la información y el espacio, aunque con reparos: "Las provincias son las que comparten los datos de impacto a ambiental, pero no confiamos en que los gobernadores nos den datos reales entendiendo los intereses y la asimetría de poder que eso supone".
Fuente:Pagina12
Aberración de la justicia: fallan a favor
de la extradición de Facundo Molares a
Colombia // En cercanías del penal
de Ezeiza organizaciones cortan la
autopista
Resumen Latinoamericano, 2 de mayo de 2022.
Editorial de Resumen Latinoamericano
Finalizó el juicio de extradición pedido por el gobierno colombiano. El periodista y militante detenido en Ezeiza es perseguido políticamente por haber integrado las filas de las FARC. El juez de Esquel Guido Otranto dijo que “no reconoce el carácter político de los hechos por los cuales lo requieren”. La defensa presentará un recurso ante la Corte Suprema. La extradición deberá firmarla el presidente Alberto Fernández.
Finalmente se consuma una injusticia en toda línea, que como bien afirma el padre de Facundo, el abogado Hugo Molares, «avergüenza» por el tratamiento que surge de la resolución, ajena a la realidad y entretejida en abstracciones leguleyas. Tanto el Fiscal como el juez Otranto ya tenían tomada esta resolución contra Facundo antes de comenzar el juicio, porque defienden una «justicia» de clase, represora, racista, discriminadora, hecha a favor de los ricos, de los corruptos y los mandamases del poder, en contra de los desposeídos, los eternos «condenados de la tierra».
Sin embargo, no hay que olvidar que esta penuria doble que le han cargado a Facundo por pelear por un mundo mejor, comienza en esta última etapa con la complicidad reaccionaria del gobierno de los Fernández, cuando deciden aceptar el pedido de captura de un gobierno fascista como el colombiano (que ha convertido al país en un cementerio de luchadorxs populares). Son los Fernández y su maldita cancillería las que iniciaron esta etapa del juicio de extradición deteniendo a Facundo, trasladándolo al nefasto penal de Rawson y luego a Ezeiza, para consumar el atropello contra su dignidad.
Enfermo como está desde su detención en Bolivia, Facundo no ha bajado la guardia ni los principios, solo basta escucharlo en esta audiencia final, dando pautas para las nuevas generaciones en lo que hace a continuar la lucha por los de abajo, reclamando algo que muchos «izquierdistas de café» o «progresistas» convertidos en funcionarios represores ignoran, que es pelear por una Argentina sin explotadores ni explotados.
Ahora vendrán las apelaciones de rigor hasta que finalmente sea el propio Alberto Fernández, el que firmó el acuerdo de entrega al FMI y se somete a Washington y a Tel Aviv, el que tome la decisión final. Ese hecho no es para alentar optimismo, de alli, que si en lo que va de aquí a ese momento, no se demuestra en la calle, que son muchos y muchas los que no están dispuestos a que Facundo no sea extraditado hacia la muerte, esta batalla, en la que la Gremial de Abogadxs puso todo lo que tenía para defender a Facundo, se habrá perdido. No hay que dejar que eso ocurra.
El juicio del veredicto final
LA REACCIÓN EN EL ACAMPE SOLIDARIO
La noticia
Tras varios días de audiencia, finalmente este lunes a la mañana el juez federal de Esquel Guido Otranto (tristemente célebre por su rol nefasto en el caso de Santiago Maldonado y otros casos de criminalización de la pobreza y la protesta social) falló contra el periodista y militante político Facundo Molares en un juicio de extradición solicitado por el Estado de Colombia.
Como se viene informando en este diario, diversas organizaciones de derechos humanos, políticas, sociales y sindicales denuncian que este proceso judicial “ha dejado entrever la mirada políticamente discrecional de los fiscales” ya que “se han aportado argumentos y pruebas suficientes sobre la ausencia total de garantías que ofrece el Estado colombiano no sólo para la legítima defensa, sino para garantizar la vida de Facundo”.
La última audiencia comenzó pasadas las 9 de la mañana con las últimas palabras de Molares antes de la sentencia. Allí el acusado reiteró el carácter político de este juicio, donde el Estado argentino termina siendo partícipe necesario de una persecución basada en la militancia política del detenido.
Aunque anticipó que los fundamentos de la sentencia serán informados próximamente, antes de las 10 el juez Otranto ya había resuelto su fallo, dándole curso al pedido de extradición. Según las propias palabras firmadas por el juez, no se reconoce “el carácter político de los hechos por los cuales lo requieren” desde Colombia, con lo cuál la extradición estaría plenamente justificada.
La misma visión que llevó al mismo juez a garantizar en 2018 la extradición del referente mapuche Facundo Jones Huala a Chile, acusado por el Estado del país vecino de un delito del que nunca se comprobó su autoría o participación.
“Es una pena de muerte encubierta”, dijeron desde las organizaciones que integran la Coordinadora por la Libertad de Facundo Molares y que se congregaron frente al penal de Ezeiza, donde se encuentra detenido desde hace meses. “Así lo demuestra el asesinato del Estado narcoterrorista de Colombia contra los guerrilleros desmovilizados”, agregan al recordar que el pedido de extradición se basa en la militancia previa de Molares en la FARC.
“La Fiscalía advirtió la situación de riesgo de vida para Facundo y sin embargo, negando el evidente carácter político de los delitos imputados y alegando cooperación entre estados, solicita entregar a Facundo”, denuncian las organizaciones. “Este juicio tiene un carácter eminentemente político” y “su resultado pone a prueba la política de derechos humanos en nuestro país”, sentenciaron.
Según se informó apenas conocida la sentencia, la defensa de Molares presentará de inmediato un recurso ante al Corte Suprema de Justicia de la Nación para evitar la extradición. Hasta entonces el periodista y militante seguirá detenido en el penal federal de Ezeiza.
Vale decir que la extradición, si finalmente se concreta al llegar a la última instancia judicial, debería ser firmada por el presidente Alberto Fernández. En ese sentido cobra más valor la definición de la Coordinadora por la Libertad de Facundo Molares acerca de que el resultado de este proceso judicial “pone a prueba la política de derechos humanos” en Argentina. ¿Firmará Fernández la extradición del perseguido político si finalmente la Corte avala el fallo del juez Otranto? ¿Imitará el Frente de Todos el patético papel jugado por Cambiemos cuando Mauricio Macri firmó la extradición de Jones Huala?
En ese marco, los organismos de la Coordinadora solidaria con Molares vienen pidiendo insistentemente una reunión con el canciller Santiago Cafiero o con funcionarios de su ministerio a fin de conocer la postura oficial sobre el caso y qué harán frente a la eventual sentencia firme sobre su extradición. Por el momento esas gestiones no han tenido éxito.
Una vez conocida la sentencia de Otranto, las organizaciones políticas, de derechos humanos y sociales congregadas frente al penal de Ezeiza expresaron su bronca cortando la Autopista frente al penal de Ezeiza.
MANIFESTANTES CORTAN LA AUTOPISTA EN RESPUESTA AL VEREDICTO DEL JUEZ
¡Sea como Sea,
Facundo No Se Va!
«Los valoro y abrazo fraternalmente» (Facundo)
Comenzó el juicio por el femicidio de Cecilia Basaldúa ocurrido en abril de 2020
Resumen Latinoamericano, 2 de mayo de 2022.
Comenzó en Cruz del Eje el juicio por el femicidio de Cecilia Basaldúa, unos días después de que se cumplieran dos años del hallazgo del cuerpo, el 25 de abril de 2020, a la vera del arroyo Calabalumba, en cercanías del basural de Capilla del Monte.
Este lunes comenzó el juicio contra Lucas Bustos, el obrero que fue acusado como único autor del femicidio, un joven que se dedicaba a tareas rurales cuya familia vive muy cerca del sitio donde se encontró el cuerpo de Cecilia.
La fiscal Paula Kelm elevó la causa a juicio acusándolo de abuso sexual con acceso causal y homicidio doblemente calificado por violencia de género y criminis causa.
Para la familia de Cecilia y las organizaciones de derechos humanos de Capilla del Monte y la región, Bustos es un “perejil” y pedirán su absolución para que la causa vuelva a foja cero.
El juicio tendrá varias jornadas (desde el 2 de mayo al 6 y 12 y 13 del mismo mes) y aseguran que podría extenderse más. Además, hace poco se conoció el cambio de Cámara, que pasó de Cosquín a Villa Dolores, a pedido de la abogada de Bustos y con ello, cambio de fiscal y de jueces.
La familia solo desea que se haga justicia por Cecilia. La joven de 36 años se encontraba en Capilla del Monte, Córdoba, como mochilera cuando desapareció. Semanas después, su cuerpo fue encontrado con signos de abuso sexual y violencia.
En diálogo con TN, Daniel, su papá, remarcó: “Nosotros vamos a poner todo lo que esté a nuestro alcance para explicar todo lo que pasó si nos dejan. Hay que ver si nos dejan. También hay que ver qué postura toma el fiscal nuevo durante el juicio”.
Según los elementos que se recopilaron en la instrucción, Bustos confesó el crimen en detalle. Pero, la defensa del acusado expresó en varias oportunidades que éste fue obligado a decir lo que planteó ante los policías que lo interrogaron y luego no lo repitió en la indagatoria frente al personal de la Fiscalía.
El tribunal estará conformado por Carlos Rolando Escudero (presidente), Santiago Camogli Roque y Raúl Alejandro Castro, todos jueces de Villa Dolores ya que los magistrados de Cruz del Eje se apartaron. Habrá jurados populares que tendrán a su cargo la decisión final del caso. El fiscal de Cámara será Sergio Cuello.
Por qué la familia cree que Bustos es un chivo expiatorio
Para la fiscal Paula Kelm, el culpable del crimen de Cecilia fue Lucas Bustos, un joven que alquilaba caballos en la zona donde encontraron el cuerpo, y descartó inmediatamente otros posibles sospechosos.
Mario Mainardi, el propietario de la casa donde estaba parando Cecilia, fue la última persona que la vio con vida. Incluso el celular y la computadora de la joven las tenía él. Sin embargo, Kelm no lo investigó.
La teoría de la fiscal era que Lucas y Cecilia se habían contactado a través de Facebook, que se conocían a la hora del encuentro. Su hermana negó esa hipótesis, ya que tiene acceso a la red social y comprobó que nunca habían hablado antes, ni se tenían agregados. “Y si cree que fue así, debería estar en la causa como prueba y no está, no hay nada”, analizó Soledad.
En ese sentido, los Basaldúa no creen que haya sido Bustos y plantean que la fiscal busca encubrir a alguien más porque la única prueba que se usó en su contra es una confesión realizada mediante “apremios ilegales” y torturas por parte de la policía, según informó TN.
A través de las redes sociales, varias organizaciones sociales feministas convocaron a movilizarse frente a los tribunales para exigir justicia por Cecilia.
Noelia Agüero, Legisladora de Córdoba por Izquierda Socialista en el FIT-Unidad, expresó: «El lunes 25 de abril hubo movilizaciones en Córdoba, en Capilla del Monte y en C.A.B.A. El sábado pasado acompañamos la presentación del documental «No nos callamos más».
Hoy, estaremos en los Tribunales de Cruz del Eje, con nuestra organización Isadora y la asamblea Niunamenos, acompañando a los padres de Cecilia.
Exigimos verdad y justicia por Cecilia Basaldúa. Denunciamos el accionar aberrante de esta justicia patriarcal y la responsabilidad del gobierno.»
Por su parte la Legisladora (MC) Liliana Olivero, dirigente de Izquierda Socialista e Isadora, afirmó: «Repudiamos este juicio lleno de irregularidades. Es innegable la complicidad de las fuerzas represivas y la justicia para encubrir a los verdaderos responsables del femicidio de Cecilia. El gobierno de Schiaretti se llena la boca hablando de las mujeres y disidencias y lo único que tiene para nosotras es un ministerio de cartón. Exigimos presupuesto para la atención de la violencia de género y la aplicación inmediata de la ley Micaela en todas los organismos del Estado.
Chubut presente en Guatemala en
encuentro de comunidades afectadas
por la minera Pan American Silver
Resumen Latinoamericano, 2 de mayo de 2022.
Comunidades afectadas por la minera canadiense Pan American Silver se reúnen para compartir experiencias y realidades sobre la resistencia de los pueblos ante el avance de la multinacional sobre sus territorios.
Desde el domingo pasado, se juntan en Guatemala y la situación que vivió el pueblo de Chubut con la empresa tendrá su espacio. Dos mujeres originarias de la región central de la provincia, una representante de una asamblea ambiental y un comunicador de la Radio Escuela Namunkurá fueron invitados a participar y dar testimonio del caso chubutense, cuando el pueblo le dijo no a la explotación minera.
Gabriela Cual, de la comunidad Mallín de los Cual en la meseta de Chubut, aseguró que con la llegada de Pan American Silver a la provincia “se han violado los derechos de las comunidades” entre ellas las que establece “el Convenio 169 de la OIT” (Organización Internacional del Trabajo).
La firma canadiense “tiene el Proyecto Navidad con el cual ha ido comprando la voluntad de las comunidades y ellas nunca han sido escuchadas por el gobierno”, reclamó.
En tanto, Paola Coronado, de la comunidad Chacay Oeste Laguna Fría destacó la importancia de la cumbre para conocer experiencias y realidades. “Que la resistencia siga trascendiendo y formando conciencia hacia todas las comunidades originarias”, subrayó.
La sede en el país centroamericano está fundada por la resistencia de las comunidades locales ante la multinacional dueña del proyecto El Escobal. Con trabajo y organización lograron frenar la explotación después de episodios de violencia y muerte.
“Vamos a seguir hasta el final, hasta que ‘la empresa’ se vaya de nuestro territorio”, afirmó desde Guatemala Patricia Gregorio, integrante del pueblo originario Xinka, en una entrevista con la radio integrante de FARCO.
El pueblo Xinka y las comunidades agrícolas del sureste de Guatemala se oponen pacíficamente desde 2011 al proyecto minero impuesto sin su consentimiento. Como consecuencia de la resistencia, en 2017 consiguieron una medida judicial de la Corte que suspendió la explotación y ordenó un proceso de consulta que aún continúa.
*Fotos: Fabricio Cardelli (Radio Escuela La Namunkurá) desde Guatemala.
Fuente: FARCO
El Gobierno de Zamora reprimió a
militantes de la Unión de Trabajadores
de la Tierra
Resumen Latinoamericano, 2 de mayo de 2022.
La policía golpeó y detuvo a militantes que reclamaban por la libertad de Felipe Suárez, militante de la UTT, que se encuentra detenido por enfrentar a un terrateniente que pretende apropiarse de 1.000 hectáreas de manera ilegal.
Según expresaron los propios manifestantes, se encontraban allí reclamando por la libertad de su compañero, quien había sido detenido el último jueves, cuando se resistió al desalojo de las tierras ocupadas ilegalmente por el empresario Jorge Simón Karan. También denunciaron que la policía viene amedrentando y pretende detener a más campesinos que viven de lo que les da el monte.
Las fuerzas policiales coparon la manifestación, con presencia de la policía provincial, infantería, brigada especial, camionetas y combis. Al momento de iniciar el diálogo con los manifestantes, fue el propio Comisario General de la Policía, Roger Coronel, el que se tiró encima del referente de la UTT, Lucas Tedesco, apresándolo y dando lugar al comienzo de la represión, con varios heridos. Hasta el momento se desconoce si hay mas detenidos, ya que fuerzas dispersaron con gases a la manifestación, persiguiéndolos por el monte.
Nora, una de las campesinas que se encontraba en el lugar denunció: “Esto que sucede es una vergüenza, estamos reclamando por nuestras tierras para vivir y trabajar, y la Justicia y el Gobierno se ponen del lado de los empresarios. La única respuesta a los reclamos campesinos es represión y desalojos. Queremos la tierra para vivir y trabajar, basta de violencia”.
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