Por Gustavo Castro
Tres policías que están siendo enjuiciados por el caso de la desaparición forzada de Franco Ezequiel Casco, ocurrida en 2014 en una comisaría rosarina, obtuvieron un ascenso en 2016 retroactivo al año del crimen. Así consta en el decreto 757 del 18 de abril de 2016, firmado por las autoridades de aquel entonces: el gobernador Miguel Lifschitz y el ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro.
Se trata de Enrique Nicolás Gianola Rocha, sometido a juicio en los Tribunales Federales de Rosario por ser uno de los presuntos coautores de la desaparición forzada, y Pablo Andrés Siscaro y Daniel Augusto Escobar, a quienes se los acusa de encubrimiento agravado.
En los tres casos, según se puede verificar en el decreto, al que tuvo acceso Santa Fe Plus
De acuerdo al documento oficial, “la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio actuante emitió parecer” en dos dictámenes de 2015 y 2016, “en los cuales se efectuó el análisis pormenorizado de los concursantes que presentaban causales obstativas para la promoción y la consiguiente exclusión de la nómina”. Este párrafo de los considerandos es clave, en tanto sugiere que a los policías involucrados no se les había abierto el sumario correspondiente, pese a que el caso se había ventilado profusamente y estaba sujeto a investigación judicial.
Conviene recordar las fechas del crimen. El 6 de octubre de 2014, el joven albañil Franco Ezequiel Casco fue detenido en la calle por policías de la Comisaría 7ma de Rosario mientras iba a la terminal de trenes Rosario Norte para volver a su casa de Florencio Varela, tras una visita a familiares. Allí permaneció contra su voluntad hasta el día siguiente, lapso durante el cual sufrió brutales torturas que le causaron la muerte. Su cuerpo apareció flotando en el río Paraná el 30 de octubre de ese año.
En esos 24 días sus padres denunciaron el hecho, que fue negado sistemáticamente por la policía. La versión de los uniformados fue avalada por el gobierno provincial, en la palabra del entonces secretario de Control Ignacio Del Vecchio. La polémica continuó luego de la aparición del cadáver de la víctima, con los familiares ya patrocinados por Gabriel Ganón, en aquel momento Defensor General en Santa Fe. Está claro, en consecuencia, que para la ocasión en que se firmaron los ascensos, abril de 2016, el caso era muy conocido y su tramitación judicial estaba en desarrollo.
El perfil de los policías en cuestión tiene su miga. “El hijo de uno de los represores aquí enjuiciados por desaparecer militantes en la última dictadura siguió los pasos de su padre: siendo también policía está detenido por haber participado en la desaparición de Franco Casco en la comisaría séptima”, dijo la abogada Gabriela Durruty durante su alegato en la causa Feced en 2019. Héctor Gianola, represor del Servicio de Informaciones, es el progenitor de Enrique Gianola Rocha.
Por su parte, Pablo Andrés Siscaro y Daniel Augusto Escobar eran agentes adscriptos a la Unidad Especial de Asuntos Internos, acusados por haber ejecutado maniobras de encubrimiento del crimen junto a otros camaradas de esa dependencia. Ambos eran defendidos por abogados que estaban vinculados con el Ministerio de Seguridad y que, además, habrían cobrado sus honorarios con Fondos Reservados.
Sus abogados
Los abogados a los que se les habría pagado con fondos reservados son José Manuel Alcacer y Lucas Peirone, socios en el mismo estudio jurídico y ex funcionarios políticos de la Secretaría de Control del Ministerio de Seguridad, tanto durante la gestión de Raul Lamberto, como así también en la de Maximiliano Pullaro.
De hecho, por esa causa fue imputado el ex secretario de Control de la Policía, David Reniero, quien se desempeñó en ese área del Ministerio de Seguridad cuando Pullaro, ex Frente Progresista, ahora en las filas de Juntos por el Cambio, era ministro
“Con respecto a esta partida se debe tener en cuenta que el aumento en la misma a partir de Octubre de 2017 y hasta Septiembre de 2018, se debió a que la diferencia de la suma recibida por Asuntos Internos (78.000 pesos), era destinada al pago de honorarios de abogados del personal perteneciente a esta Unidad Especial, que se encontraba involucrado en el caso Franco Casco de la ciudad de Rosario. Esto se dio a partir de una orden del secretario de Control”, señala el informe que el gobierno presentó en la justicia.
Por lo que en su doble rol, tuvieron acceso a información privilegiada como funcionarios de la cartera de seguridad y, a la vez, abogados particulares de los acusados.
Alcácer, además, fue defensor de Luis Alberto Paz, procesado como jefe de una asociación ilícita dedicada a la venta de drogas y lavado de dinero proveniente del narcotráfico cuando era socio en su estudio jurídico del abogado Peirone. Peirone, a su vez, fue defensor de Esteban Alvarado, condenado dos veces por estar al frente de una banda narco.
El tema, en aquel momento, llegó a la Cámara de Diputados: "Casco desapareció en octubre de 2014 y apareció muerto 22 días después en el río Paraná. ¿De verdad a al gobierno provincial (en ese momento del Frente Progresista) no le pareció inapropiado que dos abogados vinculados al Ministerio de Seguridad representaran a algunos de los policías acusados de su muerte?", se preguntó el diputado Leandro Busatto.
Tweet de LEANDRO BUSATTO Fue tal el impacto de esa información, que el 18 de diciembre de 2018, días después de que se conociera esa situación, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Silberstein, confirmó la renuncia como asesor de Peirone para "aventar cualquier duda".
Según publicó el periodista y diputado Carlos Del Frade , Alcácer y Peirone "habían llegado de la mano de Ignacio del Vecchio, ex Secretario de Control en la gestión de Lamberto, un lugar reservado a los radicales que reportan a Julian Galdeano dentro del partido".
Fuente:RosarioPlus
No hay comentarios:
Publicar un comentario