Se duplicó el presupuesto destinado al programa Billetera Santa Fe
A la espera de aumento en el tope de reintegro
El dato toma relevancia porque genera expectativas. Desde que arrancó el programa se mantiene en cinco mil pesos mensuales.
A través de un decreto, el gobernador Omar Perotti duplicó el presupuesto destinado al programa Billetera Santa Fe, pasando de 12 mil a 24 mil millones de pesos. El dato toma relevancia porque genera expectativas en cuanto a una posible modificación en el tope de reintegro que desde que arrancó el programa se mantiene en cinco mil pesos mensuales. "Entendiendo que los objetivos que dieron origen al programa se sostienen en el tiempo, los créditos específicos para su atención en los restantes meses de este año resultan insuficientes”, se plantea en los considerandos del decreto, aunque sin hacer ninguna referencia a un incremento en el reintegro para los usuarios por el que hubo varios reclamos, tanto en la Legislatura provincial como en el Concejo municipal.
Luego de que el secretario de Comercio Interior provincial, Juan Marcos Aviano, confirmara a fines del mes pasado que el programa Billetera Santa Fe continuará hasta diciembre de 2023, el gobierno decidió asignarle más recursos al programa. En efecto, el pasado viernes se publicó el decreto 1185 con una ampliación de 12 mil millones de pesos, duplicando el monto destinado para el subsidio al consumo de la población.
El gobierno destaca en el texto del decreto que Billetera Santa Fe "tuvo un éxito que superó todas las expectativas con un crecimiento sostenido en el nivel de adhesión por parte de los ciudadanos y comercios, y en el entendimiento de que los objetivos que dieron origen al programa se sostienen en el tiempo se evidencia que los créditos presupuestarios específicos para su atención en los restantes meses de este año resultan insuficientes”.
El decreto establece que la ampliación del presupuesto para el programa se encuadra en las previsiones de dos artículos de la Ley de Administración, Eficiencia y Control del Estado N.° 12.510, las cuales establecen que el Poder Ejecutivo "puede disponer la incorporación al Presupuesto de autorizaciones para gastos no previstos o para los cuales los créditos aprobados hubieren resultado insuficientes para atender hechos de fuerza mayor o excepcionales que requieran la inmediata atención del Estado".
En un contexto inflacionario, la decisión del gobierno de Santa Fe de duplicar los montos destinados a Billetera Santa Fe de 12 mil a 24 mil milones de pesos generó expectativas en cuanto a modificar el tope de 5 mil pesos mensuales para el reintegro que se mantienen inalterables desde que se creó.
En ese sentido, la diputada provincial Matilde Bruera y la concejala Norma López presentaron proyectos solicitando al gobierno que eleve el monto del reintegro. "Según datos relevados por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec), desde que se lanzó el programa en enero de 2021 hasta hoy la canasta básica aumentó más del 75 por ciento en nuestra provincia. Cuando arrancó el programa los 5 mil pesos de reintegro representaban un 27% en la canasta básica, hoy apenas el 15%”, agrumentó López sobre su proyecto.
"Es necesario que que el Ejecutivo aplique una adecuación de los montos de devolución por mes. Los 5 mil pesos iniciales se han vuelto una cifra poco significativa en el volumen de gastos de cualquier adherente al programa", planteó la diputada Bruera en los considerandos de su iniciativa presentada hace unos días.
En la actualidad, el programa Billetera Santa Fe cuenta con 1.600.000 usuarios y 34 mil comercios adheridos. El reintegro es del 30% para las compras en alimentos, heladerías, indumentaria, calzado, jugueterías, librerías, muebles, colchonerías, marroquinería, bazar, artículos de limpieza, bares y restaurantes, farmacias, perfumerías y turismo, y del 20% para electro, informática y artículos del hogar. La promoción está vigente todos los días para alimentos, farmacias, bares y restaurantes y turismo, lunes, martes y miércoles para los otros rubros.
NEGRO
En ocasión de conmemorarse hoy 15 años del fallecimiento de Roberto Fontanarrosa, la Universidad Nacional de Rosario propone un espacio de encuentro con el que no solo se intenta dar cuenta de su extensa obra sino que también se pretende señalar producciones realizadas por jóvenes artistas que promueven planteos ampliatorios de un género que ha ido mutando. Además de la muestra homenaje a Fontanarrosa, el evento articula otras exposiciones, dibujo en vivo, teatro, proyecciones, serigrafías, talleres, feria de ilustradores y distintas activaciones en torno a estos géneros artísticos, en diálogo con la obra legada por el Negro.
(Desde hoy y hasta el 23 de julio, de 15 a 18, en el Espacio Cultural Universitario, San Martín 750).
Javkin refractó críticas por su reunión con ideólogos de seguridad en EEUU
"La crítica que nos hacen es injusta"
Rechazó opiniones adversas a sus reuniones con exasesores de Giuliani y reclamó mejor política de seguridad pública.
El intendente Pablo Javkin defendió su encuentro con asesores del exalcalde neoyorquino Rudolph Giuliani y refutó la crítica formulada por dos criminólogos consultados por Rosario/12. "Como municipio, no tenemos una policía para criminalizar a nadie, no tenemos personal armado. Con un handy no se criminaliza. Sí reclamo la posibilidad de designar a los jefes policiales y distribuir a la policía en el territorio. Nos transfieren algunas potestades o nos cuidan mejor, como se debe", enfatizó ayer por radio.
Durante su gira por Estados Unidos de la semana pasada, el jefe municipal visitó al director institucional de la Policía de Nueva York, Edward Cooper y a Larry Mone, un referente del Manhattan Institute, un centro de estudios neoconservador sobre políticas públicas. Estos trabajaron en los '90 con el alcalde Giuliani, conocido entonces por aplicar con la policía local una política de seguridad ciudadana basada en la teoría Broken Windows (ventanas rotas).
La base de aquella estrategia policial predicaba la persecución y encarcelamiento de delincuentes menores y toda persona excluida del sistema, en tanto potencial caldo de cultivo de un nivel delictivo más complejo. Despejando la escena pública de estas personas –propone Broken Windows– se genera "un entorno urbano que contribuye a crear una atmósfera de orden y legalidad".
Así las cosas, los criminólogos Enrique Font y Ariel Larroude respondieron a la consulta de este diario con mirada crítica. Relativizaron el éxito de ese modelo norteamericano y además lo consideraron de inviable aplicación aquí. Incluso, a riesgo de empoderar una policía viciada de nexos con el crimen organizado.
Javkin rescató su colecta de experiencias con otros pares de EEUU. "Baltimore, Nueva York son ciudades que tienen un manejo local de la policía y empleo del sistema de presencia en el territorio y de distintos aspectos de la seguridad en la vía pública que son interesantes de mirar. La seguridad pública sigue siendo prioridad en Rosario y tuvimos la posibilidad de hacer esos contactos y fue muy interesante”, ponderó por LT8.
“Hay mucha inversión pública urbana en barrios, en viviendas, en infraestructura, con la idea de llevar una mejor propuesta pública a los lugares más difíciles, y a partir de allí, entrelazar un trabajo comunitario y resolver el delito menor, porque el mayor corresponde – al igual que acá – a otros ámbitos. Construir mecanismos colectivos que mejoren la seguridad pública les da buenos resultados”, agregó.
Asimismo, replicó sin mencionarlos a los críticos. “Muchos criminólogos saben que la falta de presencia en los barrios es un déficit brutal de la policía. Leer lo que ellos piensan de la propia policía demuestra que la crítica que nos hacen es injusta. Uno de los mecanismos más importantes que tuvo esa transformación en Estados Unidos fue el nivel de control interno sobre la policía a nivel de depuración”, señaló.
Javkin concluyó en que "es fundamental ganar el espacio público y eso requiere todo tipo de acciones: urbanas y también policiales".
Lo que no deben pagar los inquilinos de la ciudad
Ni TGI ni inmobiliario
El referente de Inquilinos Agrupados de Rosario, Sebastián Artola, indicó “de acuerdo a la nueva ley de alquileres, los inquilinos no deben pagar la TGI ni el impuesto inmobiliario”. Y criticó el acuerdo que “el intendente Javkin y el Colegio de Corredores Inmobiliarios pactaron por fuera de la ley, que dice que la TGI se pague a medias. La TGI no es un servicio ni se define por el consumo. Es una tasa que grava el inmueble. Por eso, el pago de la TGI corresponde en su totalidad a cada propietario”.
“A partir de la nueva ley de alquileres, los inquilinos no deben pagar ni API ni TGI, porque esos impuestos corren a cuenta del propietario”, afirmó el referente de Inquilinos Agrupados de Rosario. Y agregó: “Salimos a rechazar el acuerdo del municipio con el Colegio de Corredores Inmobiliarios, salieron a anunciar que los inquilinos deben pagar la mitad de la TGI. En realidad, no deben pagarla en su totalidad los inquilinos, sino los propietarios”.
En ese marco, Artola remarcó: “No fuimos convocados a esta discusión como organización, el tema debe ser rediscutido en los distintos bloques del Concejo Deliberante. El artículo 1209 de la ley de alquileres dice que la TGI (Tasa General de Inmuebles) no se define por el consumo, se cobra esté o no habitado el inmueble”.
El integrante de Inquilinos Agrupados, subrayó: “La nueva ley habla de cargas y contribuciones sobre la propiedad, se define sobre los metros cuadrados del lugar y el valor catastral del inmueble, pero no sobre el consumo. Por eso se cobra esté o no habitado el inmueble”.
Inquilinos Agrupados realizó el último sábado una volanteada y juntada de firmas en la esquina de San Martín y Córdoba para pedir la aprobación de los proyectos que establecen que la comisión inmobiliaria y el sellado no los tengan que pagar más los inquilinos.
Acto en la ciudad por el atentado a la AMIA
"La herida que no cierra"
La conmemoración por la muerte de las 85 víctimas fatales y de las más de 300 personas heridas en el atentado a la Amia se llevó a cabo ayer al mediodía en el Bosque de la Memoria del parque Scalabrini Ortiz, con la presencia del intendente Pablo Javkin, la vicegobernadora Alejandra Rodenas y de la presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck.
Descubrieron una placa, previo al toque del shofar a cargo del rabino Pablo, que explicó: "Es un pedido de auxilio de un niño a su padre”. El presidente de la Daia Rosario, Gabriel Dobkin reclamó “justicia” y que “se juzgue y condene a los responsables”, que dijo, “están caminando por las calles de Irán”, para marcar que la obligación de un Estado es la justicia y enfatizó que “en poco tiempo deberían haber sido detenidos, juzgados y condenados”.
Más adelantem Dobkin aseveró que “no hay real conciencia” sobre la magnitud del atentado, al que definió como “una herida que no cierra”. El dirigente de la comunidad israelita aludió posteriormente a la presencia del avión venezolano con tripulantes iraníes que se encuentra en el aeropuerto de Ezeiza y consignó: “Nada que venga de Irán nos puede tranquilizar”. Y enfatizó sobre “el objetivo central e irrenunciable: Justicia” y agregó que “lejos de atenuarse el dolor se acrecienta”.
El acto siguió con la plantación de árboles, uno para recordar a la víctima más joven del atentado, Sebastián Barreiro, de 5 años, que junto a su madre que sobrevivió iban por la calle Pasteur hacia el Hospital de Clínicas, y otro para la persona de más edad fallecida, Faiwel Dyjament, de 73, quien había concurrido a la bolsa de trabajo de la Amia.
Uno de los árboles lo plantaron el intendente Javkin; la presidenta del Concejo, Schmuck; la vicegobernadora, Rodenas, y el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci. En tanto el restante estuvo a cargo de concejales y concejalas, al igual que diputados y diputadas.
Autopista Rosario-Santa Fe
Cobro automatizado
La concesionaria de la autopista Rosario-Santa Fe, Vial Santa Fe, admitió que en el transcurso del año se automatizará el 90 por ciento de las cabinas destinadas al cobro de peaje. Primero comenzará a operar en los accesos a Puerto San Martín y Timbúes, como también en los de Villa La Ribera y Sauce Viejo. Y para esta fase experimental se otorgará un período de gracia a los usuarios.
“Se va a otorgar un período de gracia de dos meses para que quienes ingresen a la autopista, o salgan de ella, no deban abonar hasta tanto se adhieran al sistema", explicó el gerente de Vial Santa Fe, Facundo Ayuso.
Según indicó, durante ese plazo las barreras se levantarán automáticamente sin pagar ticket alguno, pero vencido el plazo deberá disponer del sistema incorporado; ergo, deberá adherirse al sistema de cobro automatizado. Tras dicha prueba piloto, se trasladará la modalidad del TelePase a casi todas las cabinas existentes entre Rosario y Santa Fe.
Involucrado en la muerte de Trasante
El auto robado
Una jueza de primera instancia resolvió ayer la prórroga de la prisión preventiva efectiva por un año para Brian Nahuel Alvarez por adquirir un automóvil robado, que luego el 14 de julio de 2020 en base a un plan diseñado junto al menos dos personas lo utilizan para el hecho donde resulta muerto Eduardo Enrique Trasante.
El fiscal Matías Edery , quien investiga el crimen del ex concejal Trasante había solicitado ayer la prórroga de la prisión preventiva efectiva para Alvarez por los delitos de encubrimiento en grado de coautor en concurso real con homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y agravado por el uso de arma de fuego en grado de coautor funcional. La jueza de Primera Instancia Chiabrera dispuso la prórroga de la prisión preventiva efectiva por el plazo de un año.
Los fiscales Gastón Ávila de la Unidad de Delitos Complejos, y Edery de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos le habían imputado el hecho del 11 de julio a las 22 en calles Garzón y Demestris de Rosario, cuando junto a M.A.G (ya imputado) adquirieron a cambio de la suma de 20 mil pesos en efectivo el vehículo Peugeot 308 Allure color blanco modelo 2012, el cual había sido sustraído por A.S. (ya imputado) y por otras personas aún no identificadas, en el domicilio de calle Juan XXIII 6650 de Rosario. Posteriormente, y en base a un plan diseñado junto a al menos dos personas más provocan el fallecimiento de Trasante, cumpliendo con su rol respectivo consistente en la logística de transporte de llegada y salida de las personas encargadas de ingresar a la vivienda de la víctima y luego disparar a Trasante.
El homicidio se produce el 14 de julio a las 14.47 cuando tocan el timbre y manifiestan que venían a ver a la víctima de parte de su hija y cuando les abren la puerta, ingresan violentamente portando armas de fuego con la que dan muerte al pastor evangélico.
Fuente:Rosario12
Juicio y castigo
La suerte corrida por 116 víctimas del terrorismo de Estado comenzará a ventilarse a partir de agosto en el cuarto tramo de la megacausa “Guerrieri”. Un centro clandestino de detención ilegal en tierras celestiales. Verdad y negacionismo.
El cuarto tramo de la megacausa por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura conocida como “Guerrieri”, cuyo juicio está previsto que se inicie el 1 de agosto, tendrá por primera vez como acusados a cinco policías y un servicio de inteligencia inorgánico que no habían sido juzgados en los procesos anteriores, mientras que se analizarán los casos de 62 víctimas del terrorismo de Estado que todavía –a casi 40 años de la finalización de la represión ilegal organizada desde el aparato estatal– nunca fueron puestos en debate ante el Poder Judicial.
En total, durante el juicio “Guerrieri IV”, se analizarán 116 casos de víctimas de la represión ilegal planificada previamente y ejecutada a partir del 24 de marzo de 1976, en este caso en el circuito del centros clandestinos de detención que estuvo bajo el control operacional del Ejército en el Gran Rosario. Aunque también se juzgará a un grupo de miembros de la Policía Federal que actuó en conjunto con el entonces Batallón de Inteligencia 121.
El número de víctimas es revelador de la extensión que tuvo la represión ilícita, pero no de la magnitud del daño ni de los propósitos últimos del régimen, ya que los enjuiciados suelen ser los ejecutores, aquellos que se mancharon las manos con sangre, no los beneficiarios.
Como señaló al cumplirse un año del Golpe el periodista, escritor y militante montonero Rodolfo Walsh: “Estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son sin embargo los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada”.
La Fiscalía, a cargo de Adolfo Villate, y las querellas de Hijos y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), citaron a declarar a 347 testigos, lo que hace prever un proceso extenso en el tiempo.
La longevidad del juicio podría reducirse, atento a que queda por resolverse una pericia psicológica al imputado José Luis Troncoso, un ex Personal Civil de Inteligencia (PCI) detenido en 2014. En caso de que se determinara que no está en condiciones de afrontar el proceso, un conjunto de casos incluidos en el mismo quedaría afuera, atento a que Troncoso es el único imputado por esos hechos, por los que ya fueron juzgados los otros acusados en los anteriores tramos de “Guerrieri”, dijeron a El Eslabón fuentes judiciales.
Los acusados
Los imputados en el proceso son Pascual Oscar Guerrieri; Jorge Alberto Fariña; Juan Daniel Amelong; Marino González; Ariel López; Juan Andrés Cabrera; Rodolfo Isach; Walter Pagano; Eduardo Costanzo; Federico Almeder; Juan Carlos Faccendini; Juan Félix Retamozo; Enrique Andrés López; el mencionado Troncoso; Osvaldo Tebez; Oscar Roberto Giai y Roberto Raúl Squiro.
También estuvieron procesados en la causa Roberto Mónaco y Luis Coronel, a quienes el límite de la finitud biológica les llegó antes que la sanción judicial.
De los acusados, cinco no fueron juzgados nunca por crímenes de lesa humanidad. Se trata de Faccendini; Retamozo; Tebez y Giai, miembros de la Policía Federal durante la dictadura, y el PCI Troncoso, cuya participación en el juicio aún está en duda.
Guerrieri acumula varias condenas en su contra por delitos de lesa humanidad, tanto en los anteriores tramos de esta misma megacausa como en el juicio conocido como “contraofensiva”, que se llevó adelante en Buenos Aires, y en Entre Ríos en el proceso conocido públicamente como “Hospital Militar de Paraná”.
El ex teniente coronel fue el jefe del Batallón de Inteligencia 121 de Ejército durante un tramo de la dictadura. Dependía del II Cuerpo de esa arma, que en algún momento estuvo a cargo de Leopoldo Galtieri, el general que unos años después llevó al país a la guerra de Malvinas con el propósito de darle continuidad al alicaído régimen de facto.
En 2009, durante el primer juicio de la megacausa que lleva su nombre, Guerrieri declaró que ejecutó órdenes y que no podía ser juzgado por ello. “En esa época en que sucedió todo era teniente coronel, mientras que el general de división era Leopoldo Galtieri, y yo era un ejecutor al que me llegaba algo de lo que pasaba”, escupió para arriba.
También invocó la idea que une –como mito originario de la Nación– la cruz con la espada. “Mi vocación militar nació de mí. Inclusive para dar el ejemplo: lo que suene a Dios y la Patria nunca es malo”, dijo.
Luego de su paso por Rosario, en el que como jefe de inteligencia operó el circuito de centros clandestinos montado por el Ejército (Quinta de Funes, Escuela Magnasco, La Intermedia, La Calamita y el que funcionó en la entonces Fábrica Militar de Armas, hoy sede de la Policía local), Guerrieri tuvo como destino el Batallón de Inteligencia 601, donde estuvo al servicio del genocida Guillermo Suárez Mason, jefe del I Cuerpo del Ejército. Por su actuación allí fue condenado en la causa por la “contraofensiva”.
Por Dios
La abogada de la APDH en este juicio, Gabriela Durruty, destacó ante una consulta de El Eslabón que “por primera vez llega a juicio la investigación sobre la existencia de un CCD en terrenos de la iglesia” católica de Roma.
Así, recordó el caso del secuestro del sacerdote popular Santiago Mac Guire, quien narró sus vivencias en los años 80 del siglo pasado ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep).
“En 1978 pertenecía al seminario Salesiano. El cura tercermundista Santiago Mac Guire relató ante Conadep en 1984 que estuvo secuestrado y fue sometido a torturas en el predio «Ceferino Namuncurá» de Funes, que pertenecía a Los Salesianos”, puntualizó Durruty, para recordar que dicho predio es el mismo en el que hoy funciona el Liceo Aeronáutico de Funes.
El análisis del caso de Mac Guire –que se ventilará en las audiencias del juicio que comienza en agosto– abundará sobre un nuevo centro de detenciones, lo que muestra que el estéril debate que plantean los sectores negacionistas de la dictadura –que, en rigor, procuran minimizar o relativizar la gravedad de los hechos– sobre el número de víctimas, encuentra como primer dique el propio pacto de silencio de la mayoría de los verdugos, que impide conocer tanto el número de los afectados como los sitios ilegales utilizados como mazmorras.
Durruty señaló también que “la cuarta elevación de la causa Guerrieri, que concentra las investigaciones en torno a la implementación del genocidio fundamentalmente en el circuito de quintas y casas operativas del Ejército en Rosario y zona, viene a ensamblarse con todas las audiencias de debate que hasta ahora han permitido reconstruir el mapa represivo, el destino de compañeras y compañeros durante la represión ilegal y establecer identidad y responsabilidad penal de sus verdugos”.
Agregó que “bajo el control operacional del Ejército, y con el Destacamento de Inteligencia funcionando como el sistema nervioso del entramado represivo, también actuaron fuerzas de seguridad, en este caso se juzga el accionar de la Policía Federal”.
Así, “el arco de imputados suma en este tramo, entonces, a la patota de la Federal y afortunadamente también a víctimas cuyos casos no han sido aún enjuiciados”, abundó.
Por último, Durruty indicó que “el reclamo de Verdad, Memoria y Justicia se materializa en estas audiencias y, estamos seguras, culminará con las debidas condenas a ser cumplimentadas en cárceles comunes acorde ordena el programa constitucional de DDHH”.
El apropiador
Desde la agrupación Hijos Rosario destacaron, como uno de los tantos hechos significativos que tendrá el juicio que se avecina, que uno de los acusados, el ex agente de inteligencia de la Policía Federal, Enrique Andrés López, fue condenado como el apropiador del nieto recuperado por Abuelas número 109.
Se trata de Pablo Germán Athanasiu Laschan, hijo del matrimonio chileno conformado por Frida Laschan Mellado y Ángel Athanasiu Jara, una pareja de militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR, del país trasandino) que fueron secuestrados en Argentina durante la última dictadura, en Buenos Aires, cuando integraban las filas del ERP-PRT.
Pablo Germán conoció su verdadera identidad en 2013 cuando un estudio genético le confirmó que era hijo de la pareja que aún continúa desaparecida. Un tribunal porteño condenó a López a 8 años y 6 meses de prisión por inscribir como propio al niño secuestrado y cuya identidad fue suprimida, y a 5 años a su concubina, Carmen Saunier.
En ese juicio también fue condenado a 7 años y 6 meses de prisión el jefe de López en la PFA de Rosario, Juan Dib, a quien la muerte le impidió llegar como acusado al proceso “Guerrieri IV”, recordaron desde Hijos.
Y puntualizaron que López “también fue condenado en el juicio por la causa Klotzman”, que se tramitó en Rosario y concluyó con cuatro condenas a prisión perpetua en julio del año pasado.
La restitución de la identidad de niños y niñas secuestradas durante la dictadura es otro elemento que contradice el sentido común acerca de que lo que se ventila en estos juicios son “cosas del pasado”, puesto que esos delitos aún se siguen cometiendo.
Desde el organismo de Derechos Humanos destacaron además en relación a los 62 casos nuevos que van a ser juzgados en la cuarta parte de “Guerrieri”, que “la mayoría son por delitos graves, como asesinatos y desaparición forzada”.
Habida cuenta del número de imputados, víctimas y testigos, pidieron al tribunal que “establezca una dinámica de audiencia que permita que el juicio no sea eterno”.
Los mismos datos del proceso revelan la mora o pachorra judicial. La causa fue elevada a juicio al Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 el 16 de agosto de 2019, pero la integración del mismo recién se realizó el 24 de julio de 2020, casi un año después. Otros 365 días consumió la provisión de la prueba ofrecida por las partes y la fijación de fecha de inicio, que recién tuvo lugar el 30 de julio del año pasado. Y el trámite, en el que se juzga a personas de avanzada edad, recién comenzará en agosto.
Era hora
Como se dijo, una de las características distintivas de este tramo de la megacausa “Guerrieri” es que se analizará la suerte corrida por 62 víctimas del terrorismo de Estado que aún no habían sido ventiladas judicialmente, a pesar del tiempo transcurrido.
Ellas son: Daniel Héctor Querol, Nelly Balestrini de Larrosa, Sonia Rosa Kindrasiuk, Gregorio Larrosa, José Enrique Animendi, Antonio Huerta, Horacio Huerta, Graciela Capoccetti, Ricardo Massa, Susana Beatriz Becker, Abel Fontaine, Clara Ruth Argento Fontaine, María de los Ángeles Castillo Cano, Roberto Valleto Olivari, Olga Ruiz de Bordesio, Mario Bordesio, Mario Alberto Ramos, Emilio Vega, Susana Busaniche, Graciela Busaniche, Pedro Pablo Delgado, Gustavo Rodríguez, Olga Vaccarini, Mónica Cappelli, María Isabel Salinas de Bosso, Carlos Alberto Bosso, Miguel Angel D’Andrea, María Ester Ravelo, Gustavo Pon, Irma Montenegro, Ricardo Franco, Domingo Laborde, Hilda Elena Miekle Rivas, José Alberto Madeo, Alberto Corazza, Alberto Galarza, Susana Díaz, María Eier, Gustavo López Torres, María Irma Ferreyra, Omar Bravo, Juan Carlos Amador, Santiago Mac Guire, Roberto Vicente Pistacchia, Jorge Peralta, Norma Horizontina Coutada Rosés, Mario Menéndez, Guillermo Godoy, Adriana Tasada, Hugo Megna, Eduardo Garat, Raúl Bustos, Daniel Tripodi, Víctor Jorge Lowe, Segismundo Martínez, Bernardo Depetris, Carlos Schreiber, Isabel Soto de Cian, Héctor Cian, José Alejandro Ruggero, Marta del Pilar Luque e Irma Edith Parra Yakin.
Pedido reiterado
Según Javkin, la situación tiene el nivel de otros año pero no las causas, ya que los focos antes se expandían porque el río estaba muy bajo, ahora no. "Hoy dependemos del viento", agregó. El intendente también cuestionó a las autoridades nacionales. "Escuché al secretario de Medioambiente de la Nación dice que tiene información, bueno que la haga pública, como los titulares de donde se produce. Estamos hartos de este lado de soportar la inoperancia del otro lado", dijo. El legislador provincial Luis Rubeo señaló este martes que el programa Billetera Santa Fe “es una herramienta importante para la comunidad santafesina, pero quedó a mitad de camino. Necesitamos con urgencia que el monto de reintegro sea de 10 mil pesos, esto sería una gran ayuda para todos los trabajadores y trabajadoras”, y atribuyó la problemática a “la escalada inflacionaria impulsada por los formadores de precios y los especuladores financieros”.
Tras destacar que “esto a los peronistas nos duele porque luchamos por mejorar la vida de las personas a través de los salarios, pero en tanto y en cuanto la realidad que vivimos continúe en este camino, debemos potenciar esta política”, Rubeo fustigó: “La historia marca que los peronistas deben luchar por el bienestar de toda la sociedad utilizando la política para mejorar la calidad de vida de la gente”.
La del diputado peronista no es la primera manifestación respecto de la actualización del monto de reintegro de Billetera Santa Fe, uno de los programas que más aceptación tuvo en la ciudadanía. A principios de mes, la legisladora provincial del bloque Lealtad Kirchnerista, Matilde Bruera, presentó un proyecto que promueve justamente la necesidad de que el gobierno analice la posibilidad de engrosar ese límite, y en esa misma sintonía se expresó la vicepresidenta del Partido Justicialista provincial y concejala de Rosario, Norma López, que planteó que debía elevarse “al menos a 7.500 pesos”.
Fuente:RedaccionRosario
Entre Ríos habló "estupideces" contra Rosario y la novela del humo se picó
Un funcionario entrerriano hecho más fuego a la causa de los incendios y se embarró políticamente. La Municipalidad avanza con una nueva denuncia, ahora en la Justicia federal de la ciudad.
La situación por el humo en las islas de Entre Ríos que afectan a Rosario tiene un nuevo round. Esta vez, la cuestión pasó a mayores luego de que un funcionario provincial dijera que la política rosarina usa al humo para desviar la atención del avance del narcotráfico. El intendente Pablo Javkin recogió el guante, todo se politizó y avisó que presentará una denuncia en la justicia federal de Rosario.
"Son focos generados en la provincia de Entre Ríos frente a Baigorria. Lo aclaro porque hemos leímos declaraciones estúpidas de algún funcionario de Defensa Civil de Entre Ríos. Si eso dicen allá, cuánta atención nos pueden prestar", sostuvo Javkin. Se refiere al director de Defensa Civil de esa provincia, Fabian Daydé, quien declaró que el tema del humo aparece "cuando hay que desviar la mirada por el problema de desgobierno de Rosario" por que "la ciudad entera está gobernada por el narcotráfico".
Los lazos con Entre Ríos acaban de crujir, lo mismos que las expectativas de que la justicia federal radicada en aquella provincia avance en la investigación. Por eso es que la Municipalidad de Rosario avanza con una nueva presentación judicial por la quema de pastizales en las islas entrerrianas. El ex concejal Jorge Boasso presentará una denuncia a partir de una nueva ley de quemas y podría generar la competencia de los tribunales federales de Rosario. "Vamos a acompañar la presentación y estamos dándole datos", sostuvo Javkin.
Según Javkin, la situación tiene el nivel de otros año pero no las causas, ya que los focos antes se expandían porque el río estaba muy bajo, ahora no. "Hoy dependemos del viento", agregó. El intendente también cuestionó a las autoridades nacionales. "Escuché al secretario de Medioambiente de la Nación dice que tiene información, bueno que la haga pública, como los titulares de donde se produce. Estamos hartos de este lado de soportar la inoperancia del otro lado", dijo.
Volvió el humo y con todo: ¿Cómo afecta a la salud?
El amanecer con aire tóxico es una postal de Rosario. Pero no sólo es una molestia sino que empieza a tener consecuencias físicas. Lo explican desde el Sistema de Alerta Temprana.
El humo proveniente de las islas no es nuevo, pero hacía mucho tiempo que no era tan continuo. Desde hace casi una semana que la quema de los pastizales volvió a acelerarse e impactó fuerte en la ciudad de Rosario y la región. Este martes el viento impulsó las nubes negras y desde el amanecer se siente con fuerza. Pero, qué consecuencias a la salud conlleva el humo más allá de lo molesto que significa convivir con él.
A las 23 del lunes comenzó a soplar y desde el Sistema de Alerta Temprana midieron la calidad del aire y no arrojó sorpresas, sí preocupación. Es que los valores del polvo más dominante y peligroso arrojó ser dañino a la salud para los grupos sensibles. "Estas partículas llegan a las partes más profundas del sistema respiratorio y es acumulativo, en el tiempo puede llegar a ser crónico después de tres años de humo", sostuvo Jorge Giometti, integrante del Sistema de Alerta Temprano, en Sí 98.9.
Eso mismo ven los neumonólogos, quien alertan sobre pacientes con afecciones de base incrementadas. Giometti sostuvo que también hay partículas más gruesas que afectan por más que no se esté o no en el grupo más profundo porque tiene afectaciones mecánicas como rinitis, ardor en los ojos, y dolor de garganta. "Estamos respirando una calidad de aire bastante deficiente", definió.
Los incendios no paran desde hace varios días. Si bien los operativos para apagar los focos habían sido exitosos el fin de semana, este lunes por la noche volvieron. La Municipalidad de Rosario junto a la Provincia volvieron a ampliar la denuncia en la justicia federal entrerriana pero los responsables no aparecen.
Fuente:RosarioPlus
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