Informe de la delegación plurinacional
sobre la violación de DDHH en Andalgalá,
Catamarca
Resumen Latinoamericano,18 de julio de 2022.
Delegación plurinacional y federal informó mediante una conferencia de presa los resultados de su visita a los pueblos de Andalgalá y Choya afectados por la Megaminería.
En desarrollo –
La delegación invitó este lunes 18 de julio a las 12hs, a la conferencia de prensa que llevó adelante para informar los resultados de su visita en relación con las violaciones a los derechos humanos sufridas por estos pueblos que resisten a la megaminería hace más de 20 años.
La actividad se desarrolló frente a la catedral en la plaza 25 de Mayo en San Fernando del Valle de Catamarca y se transmitió en vivo a través de los canales de las diferentes organizaciones.
Esta delegación se conforma con integrantes de organizaciones de derechos humanos, socioambientales, de abogadxs, de comunicación y prensa, de comunidades originarias y autoconvocades:
Diálogo 2000 – Jubileo Sur Argentina/ Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda / Multisectorial por Santa Catalina Reserva Natural/ Proyecto Timón Verde / Che pibe/ Museo del Hambre / Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) / APDH La Matanza/ Paren de Fumigarnos Santa Fe/ Autoconvocades / Colectivo de Derechos Humanos Yopoi / Red de Abogadas y Abogados por la Soberanía Alimentaria (REDASA) / Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición de la UBA / Campaña Plurinacional en defensa del agua para la vida / Cronopias / Cooperativa de producción Agroecológica en Marabunta / Asamblea por el cierre del Incinerador de Marcos Paz / Reexistencias por el Buen Vivir Tucumán / Asociación Civil PRO-ECO GRUPO ECOLOGISTA / Colectivo Reciclador / Carbono.News / Escritura Crónica/ Red Trasandina de Mujeres Diaguitas / SUTEBA Marcos Paz / Abrazo al Aconquija / Comunidad mapuche we newen / Colectivo Salud Colectiva y Territorios en Lucha / CTA Autónoma Nacional/ Multisectorial Humedales Rosario
Nueva autopsia confirmó que Daiana
Abregú no se suicidó
Por Valeria Jasper, Resumen Latinoamericano, 18 de julio de 2022.
Los resultados preliminares de este nuevo examen, pedido por la Comisión Provincial por la Memoria, desmiente la versión oficial de la Policía bonaerense. La joven apareció muerta en la comisaría de Laprida el pasado 5 de junio, luego de haber sido detenida en la calle.
Según el informe preliminar de la nueva autopsia realizada asegura que «no se encontraron en el cuello y vías superiores, marcas o lesiones compatibles con un lazo de ahorcamiento», desmintiendo la versión de los funcionarios policiales que sostenía que Daiana Abregú se había ahorcado en un calabozo de la comisaría de Laprida.
Cabe recordar que Daiana fue detenida en horas de la mañana del 5 de junio por una contravención de tránsito y a las 15:30 del mismo día los guardias de la comisaría de Laprida declararon haberla encontraron muerta en la celda. Por el hecho, que aún continúa cartulado como «averiguación de causal de muerte», hay cinco policías detenidos: Adrián Nuñez, Pamela Di Bin, Victor Mallón, Vanesa Nuñez y Yasmin Larios. En tanto los comisarios Marcelo Amaya y Cristian Barrios fueron desplazados a dependencias de Bahía Blanca.
Morir en custodia
Entre las conclusiones que dieron a conocer desde el CPM, informaron que en el cuello de la joven «no se observó surco de ahorcadura, no se constataron lesiones en músculos, no se constataron alteraciones en laringe».“Los estudios complementarios y el informe definitivo deberán demostrar con qué mecanismo se produjo la muerte”, concluyó el organismo provincial que interviene en la causa como particular damnificado en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura.
Esta nueva autopsia fue solicitada luego de comprobarse que en el primer examen realizado no fue aplicado el protocolo de Minessota, procedimiento internacionalmente aceptado en caso de muertes producidas en el marco de instituciones del Estado y desapariciones de personas.
Sobre aquella primera autopsia, desde el organismo denunciante advirtieron severas irregularidades: “No se realizaron radiografías, fotografías completas ni filmaciones conforme lo establecen los protocolos vigentes, además no se completaron extracciones de piel que podrían dilucidar el origen de algunas lesiones que se observaban ya en ese momento”.
Sin embargo, para el fiscal que actúa en la causa, Ignacio Calonje, quien se opuso desde un inicio a este examen, estos nuevos resultados no son definitorios: “Igualmente me parece apresurado andar confirmando conjeturas cuando todavía faltan resultados de otras partes importantes del cuerpo que se tomaron con anterioridad”, aseguró en una entrevista al sitio Perycia.
Es toda la institución
Según el registro que lleva adelante la CPM, a través de sus Datos Abiertos, durante el año 2021 se produjeron 25 muertes en comisarías de la provincia de Buenos Aires. De los casos registrados, once fueron por «causa desconocida», ocho por ahorcamiento, cuatro por deficiente atención médica y dos por agresión física; todas son muertes bajo custodia y responsabilidad del Estado. No podemos dejar de mencionar el caso de Alejandro Martínez en San Clemente.
En el último informe anuela presentado, la Comisión por la Memoria señaló que a pesar del descenso de los delitos, aumentaron exponencialmente las aprehensiones y la violencia policial, y las comisarías tuvieron la sobrepoblación más alta de los últimos 15 años. A esta situación se suma el incumplimiento judicial por parte del Ministerio de Seguridad de clausura comisarías. Lo cierto es que ni el gobernador Kicillof ni el Ministro de Justicia Alak han hecho nada más que continuar con la política punitivista y represiva.
El Estado bonaerense viola sistemáticamente los derechos humanos en cárceles, comisarías y otros lugares de encierro. Esto tiene consecuencias concretas como los crímenes ocurridos no sólo intra muros sino en la calle, con la maldita policía envalentonada por la política del gobierno provincial y sus funcionarios.
Fuente: Izquierda diario
Economistas de izquierda llaman a
“anular el acuerdo con el FMI”
Por Claudio Katz, Eduardo Lucita y Julio Gambina, Resumen Latinoamericano, 18 de julio de 2022.
“Es hora de anular lo suscripto con el FMI poniendo también fin a las distracciones, como la opción de crear un fondo para pagar la deuda con el dinero que fugaron los principales capitalistas. Antes de esperar recaudar ese monto en el exterior se podría frenar la hemorragia de divisas que vacían las reservas”, señalan en este pronunciamiento los economistas Claudio Katz, Eduardo Lucita, Julio Gambina, integrantes de EDI (Economistas de Izquierda).
“Y antes de buscar afuera desconocidos montos de dinero habría que recuperar los 20 mil millones de dólares que ya investigó el Banco Central. La obtención de esa suma sigue bloqueada por un secreto bancario, fiscal y bursátil que nadie remueve y por la falsa expectativa en que Estados Unidos colaborará con la búsqueda de los capitales emigrados”, aseguran.
“La anulación del infame acuerdo con el FMI no emergerá del mismo Congreso que convalidó ese atropello. Será conquistada en la calle a través de la acción popular, retomando la gran tradición nacional de rechazo a ese organismo”.
Anular el acuerdo con el FMI
1-La nueva ministra Batakis inició su gestión con un plan de ajuste disfrazado de tecnicismos. Anunció un drástico recorte del gasto público mediante la anulación de todas partidas subjecutadas durante el primer semestre. Lo que no se gastó queda desechado y convertido en ahorro fiscal. Es lo mismo que hacía Guzmán en forma silenciosa (o escalonada) y que el año pasado desembocó en la derrota electoral del oficialismo.
Batakis anunció el congelamiento de los ingresos a la administración pública y una nueva versión del manoseado déficit cero (“se gasta lo que ingresa”). Se hizo eco de las exigencias de la ortodoxia neoliberal que presenta las erogaciones productivas o sociales del Estado, como la gran causa de los males del país. Omitió que ese drama radica en los impuestos que eluden los poderosos, los subsidios que reciben sus empresas y los despilfarros en el pago de una deuda fraudulenta, ilegitima y odiosa. Con la atención puesta en la “respuesta del mercado”, Batakis no expuso ninguna medida de compensación al terrible deterioro de los ingresos populares.
2-La nueva ministra repite las mismas recetas que su antecesor priorizando el sometimiento al FMI. Se reunió con los intermediarios del Fondo, ratificó el cumplimiento del acuerdo y abonó el vencimiento de una cuota del fraude (1.285,9 millones de dólares). Prometió recortar el gasto público en el porcentual exigido por los inspectores (7,5% en el segundo semestre) y puso en marcha la letra chica del convenio en materia de tarifas. También aquí mantuvo la mascarada de segmentación para encubrir que afectará al grueso de los usuarios. Desde Washington emitieron el esperado comunicado aprobatorio, alabando la “consistencia” de esas medidas.
3-Algunos oficialistas justifican la nueva agachada ante los acreedores con el repetido argumento de la urgencia. Afirman que es prioritario “calmar a los mercados” implementando las exigencias del establishment, para encarar posteriormente la agenda social. Con ese mismo pretexto han pulverizado en los últimos años los ingresos populares. La herencia de Macri y la pandemia sólo agravaron el ajuste, que demuele a los salarios por medio de la inflación. Es totalmente ridículo repetir que las concesiones a los poderosos constituyen el primer paso de una futura redistribución del ingreso. Lo que no se implementa ahora tampoco se instrumentará en el futuro. Al igual que Guzmán, Batakis debutó aplicando el libreto acordado con el FMI. Si mantiene ese guion se obtendrán los mismos resultados.
4-Para convalidar el acuerdo se evitaron las irrisorias medidas de compensación de la carestía, que el gobierno solía decretar frente a cada pico del desastre inflacionario. Hasta ahora no hay IFE, ni bono, ni aumento de emergencia. Tampoco se sugiere alguna aproximación al “salario universal” de 14.400 pesos, que no resuelve la desigualdad social pero es un aporte a quienes están en el nivel de indigencia. La aplicación de esa mejora en la versión más ambiciosa implicaría un gasto del 1% del PBI, es decir un porcentual semejante al que Batakis recortará en el próximo semestre. Es absurdo argumentar que ‘no hay plata”, en una coyuntura tan floreciente para el agro-negocio y las grandes empresas. Basta con observar los balances de esos sectores para notar dónde están los recursos para recuperar los ingresos populares.
5-Al igual que su antecesor Batakis convalida un desbordado nivel de superinflación, que los capitalistas utilizan para aumentar sus ganancias. El FMI convalida esta confiscación para subordinar la economía argentina a sus prioridades. Con un porcentual de carestía del 5.3% en junio y un piso del 7% en julio, el promedio anual ya se ubica en torno al 80% con riesgos de ascender y deteriorar aún más los ingresos populares. Se ha instalado una alocada remarcación cotidiana por parte de los formadores de precios que se ha difundido a todas las cadenas de productos y servicios. La incontenible cotización del dólar blue es el pretexto de ocasión para justificar este saqueo, mediante una falsa imagen de costos ascendentes en divisas para toda la cadena de precios. Los grandes capitalistas simplemente tienen piedra libre, porque cuentan con la inoperancia, la impotencia y la complicidad del gobierno.
Batakis repite la misma ceremonia de Guzmán en sus reuniones con las grandes empresas, para mendigarles alguna contención de la escalada inflacionaria. Esa farsa ya es tan inútil como la batería de precios cuidados o cotizaciones máximas para ciertos productos. La ministra ni siquiera propone alguna tregua para frenar la desatada inercia de aumentos. Tampoco repite la ficción de controles o la parodia de advertencias que ensayó Feletti en la Secretaría de Comercio Interior. Se ha estabilizado una descarada connivencia de todos los funcionarios con los capitalistas que aprovechan la ausencia de todo control para engrosar su enriquecimiento. El acuerdo con el FMI no sólo motoriza explícitamente esta carestía, a través de las minidevaluaciones de la paridad oficial, los incrementos de las tarifas y la tasa de interés. También propicia la escalada inflacionaria para incrementar la recaudación por encima de las erogaciones fiscales, De esa forma intenta reducir el déficit para acumular y pagar la deuda.
6-La crisis actual bordea el estallido por el vaciamiento de reservas que afronta el Banco Central. Al cabo de tres años de elevados precios internacionales de las exportaciones y gran superávit comercial, los 31.000 millones de dólares que ingresaron al país se evaporaron a través de la conocida “fuga de capitales”. El descontrol de esa dilapidación es responsabilidad directa de Guzmán y sus mandantes del FMI. Facilitaron los autopréstamos de las empresas con el exterior, el festival de injustificadas importaciones y las conocidas maniobras de evasión del agro-negocio. Sólo en los últimos 18 meses, la AFIP detectó subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones por más de 4000 millones de dólares. Como la brecha con el dólar blue intensifica la presión devaluatoria, los exportadores retienen ahora la liquidación de 9.000 millones a la espera de una mejor retribución.
En lugar de efectivizar algún control real del comercio exterior, Batakis recurre a los pequeños parches en la supervisión del turismo o los gastos personales fuera del país. Los inspectores del FMI vetan cualquier intervención significativa en el ingreso o la salida de las divisas que manejan las grandes empresas. La única solución que propone el Fondo es una mega devaluación que destrozaría el salario y que el gobierno resiste (o demora).
7-La nueva ministra debutó con una refinanciación de la monumental deuda pública en pesos, que insume mayores pagos de intereses a los bancos que lucran con el festival de las Leliqs. Renovó los enormes vencimientos de títulos en moneda nacional, canjeando papeles con remuneraciones más onerosas y promesas de pago atadas a la cotización del dólar. Este nuevo escalón del endeudamiento del Estado fue festejado por el oficialismo como un gran logro, que elude constatar la simple prórroga de algún default de esos compromisos. La continuidad de esa bicicleta alimenta las fortunas de los financistas y acentúa el aprisionamiento de los bancos a la madeja parasitaria. Además, el BCRA facilitó la medida con garantías de recompra de los títulos públicos a la banca inversora en la deuda pesificada.
Todo el crédito que deberían destinar a proyectos productivos es canalizado hacia la inmanejable bola de nieve de las Leliqs y otros títulos de la deuda pública. El “ingreso universal” podría por ejemplo solventarse con lo que se derrocha en los intereses de esos títulos. Su refinanciación al borde del impago induce el periódico rescate por medio de un torrente de emisión, que a su vez acrecienta el descontrol inflacionario. Los economistas del oficialismo miran para otro lado o afirman sin ningún fundamento que ese monumental endeudamiento en pesos es indoloro para la economía e irrelevante para la inflación. Con ese argumento justifican el parasitario negocio de los banqueros, que por enésima vez esquilman las finanzas públicas sin aportar un sólo peso de inversión genuina. Mientras suscriben este saqueo de guante blanco, presentan a Batakis como una gran exponente del productivismo desarrollista.
8-El cumplimiento del cronograma que inspeccionará el FMI obstruye también la continuidad del alza del PBI que sucedió a la pandemia y amenaza con una recaída en la recesión. Georgieva no oculta esa recaída en su aval a las próximas acciones “dolorosas” que afrontará el gobierno. El recorte del gasto frenará como mínimo el plan de obras públicas, que sostiene el nivel de actividad, en contexto de fuerte retracción del poder adquisitivo popular. El gran momento del agro-negocio y el continuado consumo de la clase media-alta, acrecientan la desigualdad y no alcanzan para disipar las presiones recesivas. Además, la dilapidación del superávit comercial ha pulverizado los dólares requeridos para sostener las importaciones necesarias en los ciclos de recuperación industrial.
9-Guzmán se fue, pero el FMI quedó instalado en todas las oficinas del Ministerio de Economía. Y no existe ninguna forma de implementar un giro hacia una política popular, si no se rompe ese encadenamiento. Las dos medidas básicas para contener la inflación sin ajustes contra el pueblo son vetadas por el Fondo. Rechazan la introducción de las retenciones para divorciar las cotizaciones internacionales de los precios locales de los alimentos, puesto que esperan cobrar la deuda con mayores incrementos de las ventas externas. Por eso se oponen a cualquier iniciativa que afecte al agro-negocio. También objetan la aplicación de la ley de Abastecimiento, para disciplinar a los remarcadores que se enriquecen con la carestía. Afirman que ese drástico corte de la inercia inflacionaria deterioraría la “confianza”, aumentaría la “incertidumbre” y alteraría los “mercados”. Con estas elegantes denominaciones presentan la empobrecedora fijación de precios desorbitados por parte de los capitalistas, que utilizan el respaldo del FMI para reforzar su oleada de remarcaciones. Han difundido, además, una falsa imagen de inutilidad de los controles de precios (“que siempre han fracasado”), omitiendo que nunca fueron implementados con decisión y eficacia. Lo que siempre ha imperado es un salvajismo de mercado que deprecia los salarios y los auxilios asistenciales.
La solución transita por instaurar controles reales en la cadena de formación de los precios, no sólo mediante inspecciones. Es necesario instrumentar intervenciones en las gerencias de las empresas para imponer un freno inmediato a la carestía. Ese control será efectivo, si actúan organizaciones populares de control de precios y comisiones internas de control de costos en las empresas formadoras, utilizando todos los medios tecnológicos actualmente disponibles, para garantizar una fijación racional de los precios básicos.
10-La anulación del acuerdo con el FMI es también indispensable para recomponer las reservas mediante un efectivo control del comercio exterior, que actualmente maneja una decena de grandes empresas. Esas compañías administran las exportaciones y las importaciones por el colador de los puertos, perpetuando la millonaria evasión impositiva que padece el país. El Fondo pretende cobrar la deuda, sin modificar la estafa al fisco que consuman sus socios capitalistas con la pasiva tolerancia del gobierno.
La retención por parte del Banco Central de las divisas generadas en el país y fugadas al exterior, exige poner fin a las auditorias trimestrales del Fondo que avalan ese vaciamiento. La libre movilidad de los capitales es un credo neoliberal, que el FMI pretende restaurar en Argentina eliminando paulatinamente los controles de cambios que el propio macrismo debió reinstalar para evitar un colapso. El gobierno actual los mantiene sin ninguna convicción y en los hechos ha delegado en los financistas el manejo real de las divisas. No se le ocurre decretar por ejemplo una emergencia cambiaria, que permitiría racionalizar el uso de los dólares que el país necesita, no los emite y los despilfarra.
Resulta factible compatibilizar esa estabilización de la economía con la redistribución del ingreso, si se efectiviza el control de los precios, el comercio exterior y el sistema financiero. Con esos resortes, la recuperación del salario dejaría de ser un simple mensaje electoral, para tornarse una conquista visible. Pero ese logro requiere un insoslayable paso previo de ruptura con las ataduras del FMI.
11-Sin recuperar la soberanía nacional de los mandantes del Fondo tampoco se podrá resolver la dramática carencia de trabajo genuino. Esa falta obedece a una estructura económica primarizada que multiplica las cosechas, la generación de energía y la extracción de minerales sin crear empleos equivalentes a ese aumento. Basta observar el divorcio existente entre el incremento de la superficie incorporada a la producción agroexportadora y la generación de nuevos trabajos en esas actividades para constatar, que sólo el crecimiento industrial y la expansión del mercado interno permitirán ampliar la dotación laboral.
Pero el FMI no sólo propicia el extractivismo y la primarización, también apadrina un modelo de recuperación pos-pandémica asentado en el deterioro del nivel de vida popular. Con el mismo nivel de desempleo que en 2017 hay 6 millones más de pobres y el trabajo informal se ha estabilizado en el 40% de la población. El asalariado pobre -que no alcanza a cubrir con su ingreso la canasta familiar- ya es un dato corriente de escenario, que el FMI pretende eternizar. Sus voceros son enfáticos partidarios de una reforma para sepultar los derechos laborales conquistados en el último siglo. Presentan a los desocupados como culpables de sus propios sufrimientos y difunden la ilusión que el empleo brotará con la destrucción de las conquistas sindicales. Olvidan todas las fracasadas experiencias que desde el menemismo han recortado derechos sin generar un solo puesto de trabajo.
La última versión de ese atropello es propagada por los sectores del oficialismo que promueven el traspaso de los planes sociales a gobernadores y municipios. Por ese camino inducirían el pasaje de trabajadores al sector privado, con contratos más flexibilizados y mayores tasas de explotación.
Los tres cursos alternativos para crear empleo genuino -mejorando el salario y ensanchando las conquistas laborales- son inconcebibles con la auditoría del FMI. Los inspectores del Fondo rechazan un ambicioso plan de obras públicas complementado por empresas estatales, para motorizar la creación de millones de puestos laborales. Mucho menos aceptan la reducción de la jornada de trabajo, en las actividades que esa disminución permitiría engrosar la fuerza laboral. Finalmente se oponen en forma terminante a multiplicar las subvenciones y créditos a los emprendimientos de los movimientos sociales, que han puesto en pie cierto entramado de la economía cooperativa.
12-El acuerdo con el FMI se firmó hace tan sólo tres meses, en un clima de chantaje que equiparaba el rechazo de ese convenio con el abandono del planeta. Se anunciaba que la oposición a ese compromiso conducía a la corrida cambiaria y a la disparada del dólar. Es lo que finalmente ha ocurrido por aceptar el torniquete de los acreedores. El fantasma del fin del mundo vuelve a irrumpir por haber suscripto lo que exigió Washington en connivencia con el poder económico local. Conviene recordar que el FMI no es un “banco del mundo” que asocia a todos los países del orbe. El escandaloso crédito a Macri no fue aprobado por esa comunidad, fue concedido abruptamente mediante una simple llamada de Trump, ratificando que Estados Unidos maneja todas las decisiones estratégicas de esa institución. La pulseada es con Washington y no con “todo el mundo”. Para recuperar soberanía económica hay que lidiar con esa tensión.
El próximo incumplimiento de las metas acordadas con el Fondo y la consiguiente necesidad de un “perdón’ para renegociarlas, ratifica la necesidad de otra alternativa. El temido default nunca se efectivizaría con el FMI, puesto que esa cesación de pagos sólo se tramita con acreedores privados. Gracias al socorro que el gobierno de Alberto y Cristina aportaron al Fondo legitimando la estafa concertada con Macri, los directivos de ese organismo continúan disimulando el agujero que representa la deuda argentina (61% de las acreencias del organismo).
Ese muerto constituye un problema mucho más grave para ellos que para el país y sólo la temerosa mentalidad del gobierno ha impedido registrar ese dato. En el escenario creado por la guerra de Ucrania ya es disparatado afirmar que Rusia y China estrecharán un frente con Estados Unidos contra la Argentina, si el país decide anular el acuerdo con el FMI. Desde hace décadas Argentina sufre pobreza, desigualdad y estancamiento por pagar las estafas. Las pocas veces que resistió esa presión, el país logró cierto respiro y algún crecimiento. Por eso conviene reconocer las dramáticas desgracias que padecemos por aceptar el ajuste, antes que dar vueltas en torno a las eventuales adversidades que afrontaríamos por derogar el convenio.
13-Es hora de anular lo suscripto con el FMI poniendo también fin a las distracciones, como la opción de crear un fondo para pagar la deuda con el dinero que fugaron los principales capitalistas. Antes de esperar recaudar ese monto en el exterior se podría frenar la hemorragia de divisas que vacían las reservas. Y antes de buscar afuera desconocidos montos de dinero habría que recuperar los 20 mil millones de dólares que ya investigó el Banco Central. La obtención de esa suma sigue bloqueada por un secreto bancario, fiscal y bursátil que nadie remueve y por la falsa expectativa en que Estados Unidos colaborará con la búsqueda de los capitales emigrados.
Esa misma ilusión condujo al inmovilismo esperando la benevolencia del FMI, el resultado está a la vista. Rechazaron la posibilidad de una condonación o quita del capital adeudado y también la conversión de los pasivos en obligaciones climáticas o la extensión a 20 años de los vencimientos. Incluso mantuvieron el cobro de una insólita sobretasa por el exorbitante volumen del crédito que ellos mismos colocaron.
14-La anulación del infame acuerdo con el FMI no emergerá del mismo Congreso que convalidó ese atropello. Será conquistada en la calle a través de la acción popular, retomando la gran tradición nacional de rechazo a ese organismo. Ese logro exige revertir la desmovilización y la naturalización del ajuste que imperó en los últimos años.
Por fortuna, la gran novedad actual es la recuperación de la resistencia, a través de una embrionaria convergencia de los movimientos sociales oficialistas con las formaciones piqueteras de la izquierda que han mantenido sin pausa su admirable y tenaz espíritu de lucha. Esta confluencia comenzó en la reacción común contra la criminalización de los dirigentes, que alienta la derecha, propician los medios y concretan los jueces con el guiño oficial. Desde la cúspide del gobierno se intenta debilitar a los movimientos sociales, traspasando los planes al manejo corrupto y discrecional de los gobernadores y los intendentes.
La resistencia a esa ofensiva se ha proyectado a la lucha social, con importantes gestos para unificar un plan de lucha común por el aumento del salario mínimo, la reapertura de los planes y la obtención de un bono de emergencia. El movimiento piquetero es el gran protagonista actual de la movilización y su acción tiende romper la pasividad que imponen las burocracias oficialistas en el movimiento sindical.
15-El potencial resurgimiento de una resistencia masiva modificaría el escenario actual, reabriendo la esperanza en una salida a la crisis favorable a las mayorías populares. En un lejano país que afronta una asfixia de endeudamiento similar a la Argentina, el pueblo acaba de tumbar al gobierno del ajuste. El primer mandatario de Sri Lanka escapó mientras los manifestantes invadían el Palacio presidencial.
En otra experiencia más cercana, en Ecuador, la sostenida movilización de organizaciones indígenas derrotó la represión. También impuso sus demandas a un gobierno sometido al mismo programa que el FMI impone a nuestro país. Estos dos datos recientes confirman que Argentina no resiste en soledad la cirugía que exigen los acreedores. La batalla por anular un acuerdo infame gana adeptos, conquista seguidores y logrará su cometido, si ese estandarte se convierte en la bandera central de todas las movilizaciones en curso.
Claudio Katz, Eduardo Lucita, Julio Gambina
Imagen: Nicolas Solo (Indymedia)
Fuente: Indymedia Trabajadoras/es
La policía de Gerardo Morales infiltró
a los movimientos sociales / Movilizaciones
este martes contra la criminalización
Por Irina Hauser, Resumen Latinoamericano,18 de julio de 2022.
El 31 de marzo pasado el Ministerio Público fiscal ordenó una investigación sobre referentes sociales opositores a Morales. El espionaje sin autorización de un juez reunió en un expediente casi 80 fichas con fotos y datos personales de dirigentes. Los defensores recién tuvieron acceso a la causa el viernes pasado.
El 31 de marzo último, a horas de la apertura de sesiones de la Cámara de Diputados encabezada por el gobernador Gerardo Morales en Jujuy, el fiscal Diego Funes dispuso textualmente “infiltrar” a todas las organizaciones sociales que se movilizarían ese e “individualizar” a sus referentes. La orden dice que se designaron “grupos de trabajo”, una denominación con claro parentesco con la de uso dictatorial de “grupos de tareas”. La investigación fue encomendada a la Agencia Provincial de Delitos Complejos del Ministerio de Seguridad provincial, es decir, al propio gobierno de Morales. Fue la antesala de los 16 allanamientos en los que diez días atrás la policía jujeña revolvió casas, comedores, merenderos y sedes de los movimientos sociales, esta vez con la excusa de indagar en el reparto interno de los planes Potenciar Trabajo —lo que aprovechaba un asunto instalado en el debate público— y bajo la hipótesis de una supuesta “asociación ilícita”.
Las y los defensores de las personas que fueron blanco de los operativos pudieron ver el expediente recién el viernes último: no sólo se toparon con las órdenes de infiltración sino con fichas personales de casi 80 dirigentes con fotos, todo tipo de datos personales, desde con quién viven, sus cuentas bancarias hasta, inmuebles e información del registro automotor.
La visita a Jujuy, la semana pasada, de la Comisión de Solidaridad con los Pueblos en defensa de los Derechos Humanos (integrada por dirigentes sociales, políticos y de derechos humanos) permitió destrabar el acceso al expediente. La abogada Alejandra Cejas llegó el viernes a la fiscalía con Jackie Salguero, que atiende y vive en un comedor y merendero del Movimiento Evita en el pueblo de Lozano y que integró la lista de los allanamientos. Quería asumir formalmente la defensa de la mujer, que estaba con su bebé en brazos, y de la concejala y militante de la Tupac Amaru, Fani Martínez, de Calilegua, allanada pese a tener fueros. El secretario, Sebastián Ruiz, le dijo que no. “No hace falta que asuma la defensa”, indicó el funcionario. Pero la letrada sabe que estas formalidades pueden ser decisivas. “No voy a hacer venir a mis clientas de Lozano y de Calilegua otra vez”, retrucó ella. “No hace falta, si es por saber quiénes son acá adentro tenemos todo filmado”, se mofó el secretario como para mostrar cómo se maneja la fiscalía. Todo tiene ese tono: a la concejala, el jefe de la brigada local le reconoció en la cara que los policías habían robado 15.000 pesos de su casa en el operativo.
En los dos días previos, quienes conformaron la Comisión de Solidaridad se llevaron una sorpresa: viajaron a Jujuy con la idea de asistir a los allanados, recabar sus relatos para elaborar presentaciones judiciales e internacionales y evitar privaciones de la libertad, pero terminaron recibiendo 58 denuncias de hechos de represión, detenciones arbitrarias, torturas, intimidaciones, despojos de tierras y violencia sobre comunidades originarias. Las organizaciones sociales perseguidas son todas las opositoras a Morales, cerca de 30. Entre varias de ellas históricamente existían diferencias, tanto que ni se hablaban. La ofensiva del líder de la UCR logró que para este martes llamen juntas a una movilización.
Investigación “de oficio”
Funes encabeza la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y contra la Administración Pública. Es el número dos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), controlado por Morales y delegada al fiscal general Sergio Lello Sánchez, de su absoluta confianza, un funcionario denunciado por maltrato laboral y violencia de género.
Todo hacía suponer que Funes había abierto la causa apenas antes de los allanamientos masivos del 6 de julio. Pero ahora las organizaciones cotejaron que fue antes, cuando la Agencia de Delitos Complejos del Ministerio de Seguridad de Morales labró un acta, a la que accedió Página/12, que explicita la orden de infiltración así: “En fecha 31 de marzo del 2022 siendo las 18.30 el señor fiscal de investigaciones Dr. Diego Ignacio Funes transmitió directivas donde solicitaba que personal de esta agencia en el día de la fecha se constituya sobre los lugares donde se reúnen las organizaciones sociales a los fines de lograr individualizar a los referentes de cada organización como así también individualizar a cada persona de los distintos grupos sociales que se encuentre tomando asistencia o realizando anotaciones con respecto a la cantidad de personas que participan de esa organización, por lo que siendo las 8.00 se designaron los grupos de trabajo que se infiltrarían en las distintas organizaciones…”. Luego prevé el recorrido en “la zona Centro Calle Martiarena y Gorriti, Calle 19 de abril, Calle Martiarena y Bustamante, los lugares donde se encontrarían movilizando estos grupos…”
En las siguientes fojas de la causa aparece el reporte de la Agencia de Delitos Complejos –ideada en teoría para perseguir narcotráfico– que, explica, organizó la infiltración en “diversas comisiones” a cargo de cinco oficiales de la policía supervisados por el comisario Marcero Rodríguez. Agrega una grilla con las organizaciones que estarían y a qué hora, algunas de las cuales tres meses después serían allanadas. Mencionan desde la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento Evita, el Frente Darío Santillán, Nuestramérica, el Frente de Organizaciones en Lucha, hasta el Consejo de Pueblos Originarios, Barrios de Pie, el MTR 12 de abril, el Polo Obrero, ATE y varios sindicatos y hasta trabajadores despedidos de Garbarino, entre tantas.
El parte menciona cómo van llegando los/las militantes sociales, de a cuántos, algunos “con instrumentos musicales», dice. Señala el derribo de una valla y avisa que los policías denunciarán agresiones. Agrega que para poder identificar a las personas que “tomaban asistencia” sacaron fotos. Hasta la foja 40 hay casi puras fotografías, cerca de 80, con y sin nombres. Son personas paradas en la protesta pacíficamente, o hablando con un megáfono o con algún cartel. El informe menciona que hay también grupos de radicales y peronistas en apoyo al gobernador Morales, pero en ese caso no les interesa rastrear si alguien pasa lista, si llegan en micro, de a cuántos o cómo se organizan.
«Esto es Gerardo Morales ordenando que intervenga la policía porque no le gusta que la ciudadanía de Jujuy ejerza su legal derecho a peticionar. Es la segunda vez que avanzan denuncias penales porque van a manifestar el día de la apertura de sesiones (la anterior fue en 2018, con ocho detenidos de ATE y la Tupac Amaru). Esta vez el agravante es que se ha distorsionado el sistema judicial para perseguir, hostigar y criminalizar a quiénes lo único que hacen es tratar de llegar a fin de mes, en una provincia donde no hay reactivación del trabajo ni acceso a lo básico», explica Cejas. La irregularidad clave que señala es que el fiscal Funes «no dio conocimiento a ningún juez de que estaba iniciando una investigación». «No intervino ningún juez de garantías o de control. El fiscal actuó directo con el Poder Ejecutivo. ¿Cuál era el delito? ¿Reunirse? ¿Peticionar? Es lo que hace cualquier organización de la sociedad civil como la ampara la Constitución», advierte la abogada.
Luis Paz, otro de los abogados, presentó el 13 de abril un habeas corpus colectivo en favor de varios dirigentes para garantizar su libertad ambulatoria, tras las detenciones de tres militantes del Polo Obrero en una movilización. El juez Jorge Zurueta consultó a todas las fiscalías de Jujuy si había alguna investigación en marcha sobre esas personas y la respuesta coincidente fue que no. Algunos de aquellos referentes terminaron allanados. «Ahora que sabemos que la causa de los allanamientos se inició el 31 de marzo, colijo que el MPA ocultó información al juez en perjuicio de los dirigentes, que además recibieron un trato indigno, igual que los abogados», explica a este diario. «Están gravemente afectadas las garantías constitucionales en Jujuy», alertó. Zurueta no es del agrado de Lello, que lo denunció el año pasado ante el superior tribunal.
Los allanamientos
La policía de Morales –que funciona bajo una ley de la última dictadura– desplegó los violentos allanamientos ordenados por Funes, como informó este diario. El fiscal escribió en una resolución que había relatos de gente de las organizaciones que aludían a aprietes y amenazas de quitarles los planes sociales si no van a las marchas o entregan una suma de dinero. También lo dijo en una conferencia de prensa. No era cierto: la base de la causa estaba en las actuaciones de oficio, sin denuncia previa ni motivación más que política, iniciadas previo a la apertura de sesiones. La ofensiva encajaba con la discusión pública que crecía por el manejo de los Potenciar Trabajo y con la repentina iniciativa en la Ciudad de Buenos Aires de la jueza Alicia Vence de resucitar una causa de 2017 con allanamientos contra la CCC. Funes alegó que investigaba posible «extorsión» y «asociación ilícita». A los abogados/as presentados en el expediente les dicen que no hay imputados.
Sin embargo, en 16 operativos en diversas localidades jujeñas (San Salvador de Jujuy, Tilcara, Palpalá, Maimará, Lozano, Yala y Calilegua) se llevaron computadoras, celulares, pendrives y documentos. La policía tenía indicado buscar elementos relacionados con la distribución de los planes Potenciar Trabajo, pese a que la mayoría de ellos –82.000– son manejados y repartidos por la propia gobernación, dicen en las organizaciones. Los procedimientos motivaron la primera intervención de un juez, que igual no investiga.
«Buscan desmovilizar a las organizaciones sociales, como han hecho con los sindicatos. Quieren meter miedo a los referentes. Con una justicia a medida de las exigencias del gobernador. La infiltración ordenada por el fiscal muestra que Jujuy está en riesgo porque se vulneran todos los derechos de los ciudadanos con mecanismos de amedrentamiento, persecución e intimidación similares a los de la dictadura. Está en riesgo la democracia», apunta José Surita, referente del Movimiento Evita. Surita fue uno de los allanados. Como no estaba en su domicilio destrozaron los vidrios, la puerta y el interior de su casa, en Maimará. Igual que otros militantes, que la semana pasada compartieron sus historias con Página/12, ya le había tocado lidiar con otras estrategias con las que se hostiga a los/las militantes, como las «contravenciones«. En Jujuy quien sale a protestar es intimado a dejar el espacio público en 15 minutos. Si no lo hace, tendrá una contravención y con ella una actuación judicial que puede derivar en multas millonarias, 15 días de arresto o tareas comunitarias.
El dirigente cuenta que desde el día de los allanamientos, el merendero-comedor donde vive Jackie en Lozano es vigilado todas las noches desde las 20 por policías que algunos días además le golpean el portón de manera brutal, varias veces y se van, se quedan merodeando y sacan fotos. «También van a las casas de familiares de referentes para advertir que tengamos cuidado y abandonemos la lucha», relata.
Las fichas
El resto del expediente son páginas y páginas de fichas con información de las personas individualizadas el 1 de abril. ¿Qué datos figuran? Además del domicilio y el número de documento, aparecen el cuit, número de celular u otras líneas telefónicas, e-mail, con qué otras personas vive, si registra cheques rechazados, datos bancarios/entidades financieras, si figura en el registro de propiedad automotor, qué inmuebles tiene, en qué lugar trabaja, cómo figura en al AFIP (por ejemplo aclaran si es o no «autónomo» o «monotributista»), si registra datos en el sistema de salud. No hay ninguna justificación escrita de por qué se busca todo eso y en qué medida serviría para establecer delitos. Más bien parece una clásica excursión de pesca. «Algo que llama la atención y trataremos de determinar es por qué aparecen datos que no surgen de bases provinciales sino que son federales», plantea Cejas.
Algunas otras páginas son un rejunte de formularios basados en un modelo que, al parecer, la fiscalía utilizó para preguntarles a determinadas personas si alguien las presionó en relación a planes sociales. Varios están escritas a mano y la letra es difícil de descifrar. Las fechas que aparecen son posteriores al inicio del expediente. No faltan entre los relatos las menciones estigmatizantes y, a esta altura, inverosímiles a Milagro Sala, detenida hace casi siete años con una prisión preventiva que no está firme y en virtud, otra vez, de la figura de «asociación ilícita», ese comodín utilizado para dejar gente presa con facilidad, por razones políticas o de otra índole, ya que es una figura imprecisa (alude a delitos indeterminados) y con elevadas penas previstas. Luego se suman las fotos de sitios sospechosos (en general sedes de organizaciones o casas de referentes) y pasibles de allanamiento, algunos marcados con círculos.
Las y los abogados evalúan los caminos a seguir. La recusación del fiscal y el pedido de nulidad de todo este expediente es el camino más evidente, a riesgo de caer en una encerrona en la justicia provincial. También un amparo colectivo para proteger a las infancias (las que acuden a los merenderos). Perder la libertad es uno de los fantasmas más temidos y es a lo que apuesta el gobierno provincial, con el ejemplo palpable de Sala en el centro de la escena. «En Jujuy todos estamos en libertad condicional, Morales aniquiló el pacto democrático. Este expediente es otro experimento procesal: te denuncian, aparecen testigos anónimos, te allanan, secuestran bienes y te dicen que no estás imputado», explica con desazón Luis Paz. «Ya no me alcanza con pensar en la intervención del Poder Judicial de Jujuy, se necesita –concluye– la intervención federal de la provincia para restablecer la democracia y la división de poderes«.
La urgencia de una intervención
La Comisión de Solidaridad con los Pueblos en Defensa de los Derechos Humanos viajó a Jujuy la semana pasada con la idea de evitar detenciones y se encontró, además, con un vendaval de pedidos de ayuda y denuncias hasta de torturas y despojos de tierras. Sus integrantes pidieron reuniones, lograron ver al ministro de Seguridad, Luis Alberto Martín, y estuvieron en la fiscalía. La respuesta de tinte represivo que los dejó perplejos fue que en los allanamientos «pudo haber excesos«. Es, a la vez, la forma de negar la sistematicidad de la persecución.
«Queremos dejar clara la urgencia y necesidad de la intervención del Poder Judicial de Jujuy, sea por la vía del Congreso o por decreto y que luego el Congreso lo reafirme. Se están violando cuestiones básicas de la vida democrática y el régimen republicano, no es solo la persecución a Milagro Sala sino a todas las organizaciones», le dijo a Página/12 Sergio Job, de la UTEP de Córdoba y uno de los integrantes de la delegación.
Uno de los logros de la visita fue que después de reunirse con el fiscal Diego Funes, éste les dio finalmente acceso al expediente a abogados y abogadas que se presentaron en representación de las personas que habían sido allanadas. Un pedido asombroso que escucharon en la fiscalía es que «garanticen que los denunciantes no sufran ningún apriete», cuando quedó claro que la causa no tiene denunciantes y que las víctimas fueron todas las personas allanadas.
La Comisión nació después del golpe de Estado en Bolivia, en 2019. Un grupo de militantes viajó entonces para relevar y visibilizar las violaciones a los derechos humanos del gobierno de facto de Jeanine Añez. Luego tuvieron misiones a otros países. Habían estado en Jujuy también. Esta vez fueron con apoyo y participación de la Dirección General de Promoción y Fortalecimiento de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que mandó representantes de distintas zonas del país. También estuvieron María José Cano de ATE-CTA Nacional, la diputada del Frente Patria Grande Natalia Zaracho, Pablo Pimentel de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la Matanza, Lisa Cabral, abogada del MTE, entre otros.
Entre las denuncias más inesperadas e impactantes que recibió el grupo, estuvo la de una familia entera (madre, padre, hijo e hija) que fue torturada en abril después de la represión en una movilización donde pedían alimentos para comedores y merenderos que se replicó en varios lugares de la provincia. Los tuvieron seis días detenidos, descalzos, bajo torturas y amenazas, primero en una comisaría y luego en la cárcel de Gorriti. Les atribuían un corte en la ruta 14 que, para peor, ni siquiera se llegó a consumar. Allí los habían emboscado desde debajo de un puente. También les quemaron el auto. Hasta ahora no se había animado a denunciar el horror vivido.
La Comisión recibió además 17 reclamos por despojos territoriales a comunidades indígenas o rurales que habitan esos lugares hace años. Una mujer de 35 años contó que es hija y nieta de pobladores ancestrales en Perico que produce protos, choclo y frutales. Después que murió el terrateniente a quien le habían adjudicado las tierras de la comunidad Churumata, una empresa administradora comenzó a arrasar los cultivos y amenazarla para que firmara contratos de arriendo, igual que a otros seis vecinos. Ella inició una acción para regularizar la situación y desde el año pasado quieren desalojarla. Fueron con policías con armas largas y cascos y hombres que se presentaron como funcionarios. La presencia de funcionarios en los desalojos es un denominador común en las denuncias, que suelen ser impulsadas por empresas ligadas a negocios publicitados por el gobierno de Morales: uno es un campo lindero a la producción de cannabis, los otros son proyectos mineros de hierro, oro, litio e hidrocarburíferos.
El resto de las denuncias de las que tomó nota el grupo están ligadas a la violencia en los allanamientos del 6 de julio, relatadas por Página/12, como el caso del padre y el hijo a quienes tuvieron esposados durante cuatro horas boca abajo mientras un ejército de policías revolvía la casa y les decía que buscaba papel carbónico para hacer el acta. La Comisión hizo notar dos coincidencias relevantes: el inicio del expediente el día del discurso de Gerardo Moreales en la apertura de sesiones y los allanamientos el día que se hacía una marcha por la persecución de dos jóvenes militantes de AJI-20 falsamente acusadas de amenazas contra el gobernador por un grafiti de cuya autoría no existe ni una sola prueba.
Este martes 19 de julio, a partir de las 9, habrá manifestaciones a las plazas de todas las localidades de la provincia para repudiar la grave y desaforada criminalización de la protesta social. Exigen la derogación del Código Contravencional. En la Ciudad de Buenos Aires también habrá convocatoria, a las 10, en el Obelisco para marchar hacia la Casa de la Provincia de Jujuy. Compartimos informe publicado en La Izquierda Diario sobre el modus operandi de la Policía jujeña para infiltrarse en organizaciones sociales y políticas de la provincia.
Durísimo texto de la Vicepresidenta sobre el máximo tribunal
Cristina Kirchner: "No habrá mejores condiciones de vida con esta Corte"
“Los argentinos y las argentinas deben saber que será difícil mejorar las condiciones de vida de todos y todas con esta Corte y con este modo de funcionamiento del Poder Judicial, en donde las condiciones de igualdad ante la Ley son letra muerta de la Constitución”. Con esta durísima frase, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner le dio una conclusión a un largo texto sobre el máximo tribunal y convocó a todas las fuerzas “a construir una Corte de la que todos y todas podamos volver a sentir orgullo”.
El objetivo planteado no parece fácil: la oposición macrista se siente jugando de local con la actual Corte Suprema y se opone a cualquier cambio, ya sea en el cuarto piso de Tribunales como en el edificio de Comodoro Py. Pero aún así, la expresidenta dice que hay que dar la batalla. Las tres gotas que parecen haber rebasado el vaso, a los ojos de CFK, son el fallo del viernes que blanqueó las tareas de inteligencia realizadas por Mauricio Macri sobre los familiares de los tripulantes del ARA San Juan; el trapicheo de cautelares que permitieron importaciones a dólar oficial de 2.000 millones de dólares y el plan-canje entre el fiscal Carlos Stornelli y el supremo Juan Carlos Maqueda en que el primero pidió cerrar la causa por el escándalo en la obra social del Poder Judicial --a cargo de Maqueda--, a la espera que Maqueda le vote contra los procesamientos dictados en las causas en las que Stornelli se vinculó con el falso abogado Marcelo D’Alessio.
El texto de Cristina Kirchner es una detallada síntesis de la evolución de la Corte Suprema, desde que Néstor Kirchner terminó con la mayoría automática menemista hasta la actualidad. Por supuesto que la vicepresidenta reivindica como “Corte ejemplar”, a aquella conformada por Carmen Argibay, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Eugenio Zaffaroni, Enrique Petrachi, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Este último terminó como presidente del máximo tribunal que dictó --según los especialistas-- algunos de los mejores fallos de la historia reciente.
La decadencia de la Corte
Pero la mayor parte del texto de la expresidenta figura bajo el título “La Decadencia”. Marca los tremendos cambios que ocurrieron a partir del 10 de diciembre de 2015, cuando ella dejó la Casa Rosada. “Apenas cuatro días después tuvo lugar un hecho de extrema gravedad institucional: en abierta violación de la Constitución, Macri firmó un decreto designando en comisión a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, quienes aceptaron ser designados de esa forma, violentando la Constitución”. Tal vez faltó decir que ambos supremos fueron después votados por una mayoría peronista del Senado, pese a que la intentona por decreto los inhabilitaba ya moralmente para acceder al máximo tribunal.
El siguiente episodio que marca CFK fue aquella foto en la que aparecieron juntos el entonces titular de la Corte, Lorenzetti, al lado de Claudio Bonadío -al que la vicepresidenta llama el juez sicario- y Sergio Moro, “el juez que encarceló durante casi dos años al expresidente Luiz Inacio Lula Da Silva, abortando su candidatura presidencial y permitiendo la llegada de la extrema derecha al gobierno de Brasil”, consigna Cristina. La expresidenta marca que hubo una política continental de usar la justicia contra los gobiernos no alineados con Washington, en especial en Argentina, Brasil y Ecuador.
La doctrina Irurzun
Aquella imagen Lorenzetti-Bonadío-Moro le dio marco al surgimiento de la llamada “doctrina Irurzun", por la cual todo exfuncionario peronista tenía “poder residual” y debía ser encarcelado durante el proceso judicial. Eso llevó a los penales de Ezeiza y Marcos Paz a muchísimos exintegrantes del gobierno de Cristina, dirigentes sindicales y hasta empresarios.
La mayoría de aquellas causas armadas durante el macrismo se van cayendo, tal el caso de la compra del Gas Natural Licuado, el Memorándum de Entendimiento con Irán, el Plan Qunitas, dólar futuro, Grupo Indalo, Hotesur-Los Sauces, mientras que en el expediente de las fotocopias de los cuadernos cada vez se evidencian más irregularidades. Tachaduras, distintas letras, el propio chofer Oscar Centeno dijo, primero, que los había quemado, después gran parte apareció intacto, ahora pide verlos para ver si son los que él escribió, en tanto que varios imputados denuncian que fueron extorsionados: “o ante el fiscal Stornelli nombrábamos a Cristina o pasábamos la noche en el calabozo”.
Los fallos más escandalosos
Los tramos finales del mensaje de CFK no sólo hacen mención a las internas y autovotos en la Corte sino también a los fallos más recientes y escandalosos. La vicepresidenta menciona varios:
- Como adelantó Página/12, la existencia de un plan canje entre Stornelli y Maqueda. Se investiga el vaciamiento de la Obra Social del Poder Judicial -que estaba bajo la órbita de Maqueda- y el fiscal pidió cerrar la causa, produciendo un auténtico escándalo. La expectativa parece estar centrada en que la Corte --con el voto de Maqueda-- revoque el procesamiento que le dictaron a Stornelli en la causa de Dolores donde, por ejemplo, le pidió a D´Alessio investigar al exesposo de su actual pareja y hasta mencionó en un diálogo la posibilidad de plantarle droga en una valija.
- ”Después de 15 años de vigencia ininterrumpida --escribe CFK--, la Corte declaró inconstitucional la Ley del Consejo de la Magistratura. Peor aún, resucitan la ley anterior que establecía que el presidente la Corte presidía el Consejo. Era una vieja cruzada del grupo Clarín. El objetivo es intervenir sobre todos los magistrados, proteger a Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi (designados a dedo por Macri en la Cámara Federal), garantizar su propia impunidad y continuar con la persecución”.
- Con tres años de demora, la Corte rechazó todas las nulidades planteadas en el caso de las rutas de Santa Cruz. “A falta de argumentación jurídica y lenguaje ofensivo utilizado --dice CFK--, llegando a citar como antecedente el del genocida Jorge Rafael Videla, se le sumó el prejuzgamiento explícito y descarado de los cuatro cortesanos, como aval anticipado para la condena que, tal como dije el 1 de diciembre de 2019, ya la tienen escrita y creo, a esta altura, hasta firmada”. Efectivamente, las defensas habían planteado que no se podía empezar el juicio sin la existencia de una elemental pericia. La Corte no se pronunció entonces, cuando debía evitar el grotesco de un juicio sin pericia alguna, sino que lo hizo ahora en lo que claramente parece ser una maniobra para bendecir una condena.
- Cristina también menciona las medidas cautelares del fuero contencioso-administrativo para sacarle 2.000 millones de dólares al Banco Central, con el agravante citado por el diario Ambito Financiero, que hubo empresas que se pasaron las cautelares de unas a otras.
- ”Se trata de la misma Corte que le hizo ganar multimillonarias sumas en dólares a grandes empresas de telecomunicaciones al permitirles aumentar escandalosamente los precios de la telefonía celular y de internet suspendiendo el decreto que declaraba servicio público a tales actividades”, reitera la vicepresidenta.
- Y, finalmente, Cristina Kirchner hace mención al fallo del viernes en que Bruglia, Bertuzzi y Mariano Llorens -éste último visitante de Macri en Olivos y Casa Rosada-, desprocesaron al expresidente por el espionaje a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan. “Terminan avalando tareas de inteligencia que violan, no sólo la ley, sino todas y cada una de las garantías construidas en Derechos Humanos después de la dictadura”, remata CFK.
El llamado final es a todas las fuerzas políticas para construir una nueva Corte Suprema. El mensaje es a dar la batalla sin cuartel, en todos los terrenos, contra un poder Judicial que no tiene nada de independiente, sino que persigue a los que son un obstáculo para el poder económico nacional e internacional y, con el máximo tribunal como nave insignia, juega a favor de los privilegiados.
Defendió la prórroga de la moratoria previsional
Fernanda Raverta: “Es fundamental que ningún jubilado se quede sin ingresos para garantizar una vida digna”
La directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta, destacó la extensión de la moratoria previsional, dispuesta por decreto este lunes por el presidente Alberto Fernández.
La directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Fernanda Raverta, celebró la prórroga de la moratoria previsional, que fue dispuesta este lunes por un decreto del presidente Alberto Fernández, a días de que venciera el plazo para tramitarla y en medio del reclamo de especialistas y organizaciones de jubilados que advertían que miles de personas quedarían sin el acceso a los haberes.
En declaraciones a La Mañana de Víctor Hugo por AM750, Raverta consideró que la prórroga es “muy importante porque no se generará un bache temporal” hasta que se sancione la ley de pagos de deuda previsional que se debate en el Congreso con el objetivo de regularizar los aportes de aquellas personas que alcanzaron la edad jubilatoria pero no cuentan con los 30 años de aportes para acceder al derecho.
“Son muchos los que necesitan que el Estado les de la posibilidad de pagar la deuda previsional, queremos una nueva ley que permita regularizar los aportes que no hicieron las personas cuando estaban en la edad económicamente activa, o que no fueron hechos porque tenían trabajos precarizados”, señaló Raverta.
En este sentido, Raverta precisó que “sólo una de cada 10 mujeres tienen 30 años de aportes”, por lo que miles de mujeres deberán “comprar años de aportes para poder acceder a una jubilación”.
La directora de la ANSES remarcó que para el Gobierno es “fundamental” porque “garantiza una asignación alimentaria para que no haya ningún jubilado sin un ingreso que permita una vida digna”.
“Para nosotros el acceso al sistema previsional debe ser un derecho. Claro que hay dificultades que nuestro gobierno decide resolver”, enfatizó, y apuntó a la oposición, luego de que dirigentes de Juntos por el Cambio rechazara la nueva ley de pago de deuda previsional. “Todo depende cuál sea la prioridad de ellos y su agenda. Cuando fueron gobierno no estaban de acuerdo en que las personas accedan a una jubilación”, sostuvo Raverta.
Debate por la nueva ley de pago de deuda previsional
La ley que se debate en el Congreso ya cuenta con media sanción del Senado y busca regularizar el modo en el que se accede a una jubilación por moratoria. “La nueva ley prevé que quienes trabajen puedan cancelar la deuda cuando sean población económicamente activa. Quienes sepan que hay años de aportes que no tienen pueden resolverlo antes de llegar a la edad jubilatoria”, sostuvo Raverta.
”Es una realidad material muy importante la de los argentinos que no tienen 30 años. Negar la posibilidad de que se jubilen es que no haya jubilados nuevos. El 64 % de los jubilados pagó algún año no aportado. Lo que se garantiza es que los próximos argentinos que cumplan la edad puedan jubilarse”, sintetizó Raverta.
En el Senado, la ley obtuvo 38 votos a favor del Frente de Todos y aliados; y seis en contra y 18 abstenciones, de Juntos por el Cambio.
La iniciativa establece que el plan de beneficios se conformará de una Unidad de Pago y de una Unidad de Cancelación de Aportes para trabajadores en actividad.
La ley prevé que los períodos a incluir en el plan comprenderán lapsos que sean anterior a diciembre de 2008 inclusive para quienes adhieran a la Unidad de Pago y anteriores al 31 de marzo de 2012 para la cancelación de aportes
- El valor de la Unidad de Pago será equivalente a un valor del 29 por ciento de la base mínima imponible de la remuneración y podrán cancelarse en cuotas mensuales, que no podrán superar un máximo de ciento veinte (120), en tanto que la Anses será el organismo encargado de establecer los parámetros objetivos para el acceso.
- Las cuotas incluidas en el Plan de Pagos, previa aceptación por parte de la persona solicitante, serán descontadas por Anses de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del presente programa.
- Será necesario ser mayor de 50 años la mujer y 55 el hombre y menor de 60 años la mujer y 65 años el hombre.
"De la Corte ejemplar a la Corte de los cuatro: breve crónica de la decadencia"
Texto completo de la carta de Cristina Kirchner sobre la Corte Suprema
El texto completo de la nueva carta de Cristina Kirchner
La Corte ejemplar
En el año 2003, a pocos días de asumir y ante la amenaza pública de dolarizar la economía formulada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de aquel entonces…
El presidente Néstor Kirchner se dirigió al país por cadena nacional anunciando que enviaría a la Cámara de Diputados el pedido de juicio político de los integrantes de aquella Corte, que formaban la popularmente conocida “mayoría automática”.
A partir de esa decisión y auto limitándose en sus propias facultades para proponer los candidatos, Néstor Kirchner construyó una Corte Suprema de Justicia que fue catalogada por propios y ajenos como una Corte ejemplar.
Hombres y Mujeres a quienes el Presidente no conocía siquiera personalmente, dictaron fallos memorables como el de la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final, que ubicaron a la Argentina en el escalón más alto del podio de Derechos Humanos a nivel global.
Sin embargo, a fines del año 2015, poco quedaba de aquella Corte ejemplar: la muerte de algunos de sus miembros más connotados, la renuncia de otro jurista de prestigio internacional al haber cumplido los 75 años que marca como límite la Constitución y la negativa de la oposición a votar a los candidatos propuestos para ocupar las vacantes, dejaron al alto Tribunal con apenas tres miembros.
La decadencia
El 10 de diciembre de 2015 asumió como Presidente de la Nación Mauricio Macri. Apenas 4 días después tuvo lugar un hecho de extrema gravedad institucional: en abierta y flagrante violación de la Constitución Nacional, Macri firmó un decreto designando en comisión a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz como miembros de la Corte Suprema, quienes, a su vez, aceptaron ser designados de esa forma, violentando la misma Constitución que ellos debían respetar y hacer respetar a todos los ciudadanos.
Este episodio constituyó, sin lugar a dudas, un punto de inflexión en la historia del Poder Judicial argentino y la antesala del proceso de persecución política, judicial y mediática, que se desató en toda la región con ejes muy claros en Brasil, Argentina y Ecuador.
De ello da cuenta el emblemático testimonio fotográfico del entonces presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti, junto a Bonadío, el juez sicario, y Sergio Moro, el Juez que encarcelo durante casi dos años al ex presidente Luiz Inácio Lula Da Silva, abortando su candidatura presidencial y permitiendo la llegada de la extrema derecha al gobierno del Brasil.
Paralelamente, en los Tribunales de Comodoro Py se inventaba un nuevo método de privación de la libertad que se conoció como la “Doctrina Irurzun”. La misma consideraba que los funcionarios del gobierno peronista finalizado el 10 de diciembre de 2015 conservaban un “poder residual” y por lo tanto debían ser privados de su libertad para no “obstruir” las investigaciones que se hicieran sobre cada uno de ellos. Así, se encarceló a mansalva a dirigentes políticos, sindicales y hasta empresarios de medios no afines con el Gobierno de Mauricio Macri.
Esa “nueva” Corte, no sólo convalidó la persecución que aún continúa, sino que además se transformó en un lugar de permanentes intrigas palaciegas y disputas de poder por la presidencia del cuerpo y los recursos del Poder Judicial.
Esa lucha culminó el 22 de septiembre de 2021, en un verdadero y auténtico escándalo: una Corte fracturada eligió a Rosatti y Rosenkrantz como presidente y vice. La decisión se tomó con la ausencia de los otros dos miembros y Rosatti tuvo que autovotarse para poder ser presidente; igual que en la época de la mayoría automática con Nazareno, el mismo que había amenazado al presidente Néstor Kirchner con la dolarización.
Así, en una Argentina circular, se retornaba a las épocas de desprestigio y decadencia del máximo Tribunal argentino.
La Corte de los cuatro
Luego de la renuncia de Helena Highton, la única mujer de ese cuerpo, la Corte quedó reducida a tan sólo cuatro miembros y comenzaron a salir a la luz otros escándalos.
El vaciamiento por cifras millonarias de la obra social del Poder Judicial, administrada por el médico personal y familiares de uno de los cuatro cortesanos.
Causas penales contra el nuevo presidente de la Corte por enriquecimiento ilícito y otra vinculada a su pasado como Intendente de la ciudad de Santa Fe, en la que recusó al Juez que lo investigaba y sospechosamente logró apartarlo.
Son sólo algunos de los hechos que tornan a esta Corte de apenas cuatro miembros en un órgano muy vulnerable frente a las presiones de los poderes fácticos y mediáticos.
Con tantos muertos en sus roperos, no les queda más remedio que hacer lo que les manden bajo pena de ejecución sumaria en titulares y noticieros.
Así es como en el año 2021 sucede algo realmente increíble: después de 15 años de vigencia ininterrumpida (lo que equivale a casi cuatro períodos de gobierno) la Corte de los cuatro declara inconstitucional la Ley del Consejo de la Magistratura sancionada en el año 2006; a la luz de la cual se designaron más de las dos terceras partes de los magistrados que conforman hoy el Poder Judicial de la Nación.
Peor aún. “Resucitan”, además, la ley anterior que establecía que el Presidente de la Corte Suprema presidía el Consejo de la Magistratura. Toda esa maniobra era una vieja cruzada del Grupo Clarín que siempre se opuso tenaz y públicamente a aquella reforma del 2006.
Queda claro entonces que el objetivo no sólo es la Presidencia de la Corte, sino intervenir directa y explícitamente sobre todos los magistrados, proteger a Bruglia y Bertuzzi (designados a dedo por Macri en la Cámara Federal), garantizar su propia impunidad y, fundamentalmente, continuar con la persecución.
La persecución continúa
En esa dirección es como los medios de comunicación hegemónicos comenzaron a anticipar -cual modernos Nostradamus-, como iba a fallar la Corte de los cuatro, en la causa fraguada y conocida mediáticamente como “vialidad” u “obra pública”. La misma en la que, con calendario electoral en mano, iniciaron el juicio oral el 21 de mayo del 2019, exactamente un mes antes de que cerraran las listas para las elecciones presidenciales.
Así y con tres años de demora, la Corte de los cuatro falló exactamente como anticiparon esos medios: rechazando todos y cada uno de los recursos y las medidas de prueba que habíamos solicitado.
Fue un fallo totalmente atípico. A la falta de argumentación jurídica y el lenguaje ofensivo utilizado -llegando a citar como antecedente el del genocida Jorge Rafael Videla-, se le sumó el prejuzgamiento explícito y descarado de los cuatro cortesanos, como un aval anticipado para la condena que, tal como dije el 1 de diciembre de 2019 ante el Tribunal Oral, ya la tienen escrita y creo, a esta altura, hasta firmada.
Un periodista de investigación dio precisiones sobre el fallo: “la apariencia jurídica provino de penalistas colaboradores de Juan Carlos Maqueda y las frases mordaces y despectivas se originaron en la presidencia del tribunal, con aportes de pluma del periodista Silvio Robles”, mano derecha de Rosatti para todo tipo de funciones, quien además, ante algún interlocutor, llegó a afirmar que la “Doctrina Irurzun” en realidad fue escrita de puño y letra por el entonces Presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti y no por el tan mentado camarista.
El plan canje
Al día siguiente que la Corte de los cuatro emitiera ese fallo, aparece en escena, cual Dartagnan judicial -uno para todos y todos para uno- el inefable Fiscal Stornelli, pidiendo el cierre de la causa penal que investiga el vaciamiento de la Obra Social del Poder Judicial y que involucraría a Juan Carlos Maqueda.
Sí, Stornelli. El mismo que pese a estar procesado hace más de dos años por distintos delitos -entre ellos perseguir al ex marido de su actual pareja para intentar plantarle droga-… aún continúa siendo fiscal. A cambio espera el voto favorable de Maqueda en todos los recursos que presentó ante la Corte y así lograr su impunidad en la causa en la que está procesado. Lo que se dice… un verdadero “plan canje”. Ya se sabe: en Comodoro Py una mano lava la otra y las dos juntas lavan la cara.
La Corte de los cuatro en la vida de los argentinos
Estos graves hechos reseñados pueden parecer ajenos a los problemas cotidianos de los argentinos. Sin embargo, a poco que se mire, se advierte que no es así.
Se trata de la misma Corte de los cuatro y el mismo Poder Judicial que le hicieron ganar multimillonarias sumas en dólares a grandes empresas de telecomunicaciones, al permitirles aumentar escandalosamente los precios de la telefonía celular y de internet suspendiendo la vigencia del Decreto 690, que declaraba servicio público a tales actividades.
Cómo dijo recientemente el cortesano Rosenkrantz, que fue abogado del Grupo Clarín: “decir que donde existe una necesidad, existe un derecho es una afirmación de fe pupulista” y, por lo tanto condenable… Salvo, claro que, como está demostrado, la necesidad sea la de sus patrones.
Es también el mismo Poder Judicial que permitió, a través de distintas medidas
cautelares, que se evaporaran de las reservas del Banco Central más de 2.000 millones de dólares, complicando aún más las finanzas del país luego del criminal endeudamiento tomado por Mauricio Macri, que alcanzó extremos inimaginables con el increíble préstamo de 45.000 millones de dólares del FMI. Endeudamiento criminal que ningún Fiscal ni Juez ha decidido investigar aún.
Y por si algo faltaba como prueba, el pasado viernes Bruglia y Bertuzzi (los puestos a dedo por Macri en la Cámara Federal y ahora custodiados por Rosatti en el Consejo de la Magistratura) confirman, una vez más, su rol de guardianes de la impunidad macrista: junto a Llorens, el visitador de Olivos y la Rosada, salvan a Macri en la causa de espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan, la tragedia más grande de la Armada Argentina en tiempos de paz.
La existencia abrumadora de pruebas sobre el espionaje (videos, fotos, grabaciones, testimonios) torna al fallo no sólo en algo verdaderamente escandaloso, sino que además marca un peligrosísimo antecedente: como no pueden ignorar las evidencias probatorias del delito terminan avalando tareas de inteligencia sobre familiares de las víctimas violando así, no sólo la Ley de seguridad interior sino todas y cada una de las garantías construidas en Derechos Humanos después de la dictadura.
De esta manera el Poder Judicial devenido en Partido Político protector del macrismo y perseguidor de los dirigentes de las distintas fuerzas que se le oponen, coloca a los ciudadanos y ciudadanas en situación de libertad condicional.
Los argentinos y las argentinas deben saber que será muy difícil mejorar las condiciones de vida de todos y todas con esta Corte y con este modo de funcionamiento del Poder Judicial, en donde las condiciones de igualdad ante la Ley son letra muerta de la Constitución.
Nada puede funcionar en un país si carece de un Poder Judicial que tenga legitimidad. Legitimidad que sólo se logra a partir de la credibilidad y el respeto que sobre sus decisiones tenga la ciudadanía.
Pienso y creo, sinceramente, que todos los Partidos Políticos de la República Argentina; de izquierda a derecha y pasando por el centro, tienen un imperativo categórico y republicano: el de construir, como hizo Néstor Kirchner en el 2003, con apenas el 22% de los votos y en el marco de una crisis institucional sin precedentes en la historia contemporánea, una Corte de la que todos y todas podamos volver a sentir orgullo.
Fuente:Pagina12
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