16 de julio de 2022

Sobreseyeron a Mauricio Macri por el espionaje en el caso del ARA San Juan.

 

Los camaristas que el expresidente nombró revocaron ahora su procesamiento

Sobreseyeron a Mauricio Macri por el espionaje en el caso del ARA San Juan

Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia revocaron el procesamiento que le habían dictado por el espionaje a los familiares de los submarinistas. A pesar de la existencia de informes, fotos y ciberpatrullaje en redes sociales, consideraron que no se realizaron seguimientos ilegales y por consiguiente que no hubo delito.

Por Luciana Bertoia

La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) siguió, fotografió y recopiló información sobre los familiares que buscaban desesperadamente saber qué había pasado con los 44 tripulantes de un submarino de la Armada Argentina que se hundió días antes de volver a tierra. Esos hechos no están ni estuvieron alguna vez controvertidos. Sin embargo, para la Cámara Federal porteña esos elementos no constituyeron un caso de espionaje sobre un colectivo de víctimas sino tareas que hacía la exSIDE para garantizar la seguridad del entonces presidente Mauricio Macri. Con esa argumentación, los camaristas Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia –los tres llegados al tribunal de apelaciones de Comodoro Py durante la era Cambiemos– hundieron la investigación sobre el espionaje a las familias de los submarinistas y sobreseyeron a Macri y a los integrantes de la AFI que habían sido procesados el año pasado por el juez Martín Bava en Dolores.

En noviembre de 2017, la Armada perdió cualquier contacto con el submarino ARA San Juan. La desesperación empezó a crecer entre los familiares de los marinos que no obtenían respuestas. Macri los visitó en la base naval de Mar del Plata en los primeros días de la desaparición del buque. Después de esa reunión tensa, el juez Bava detectó que empezaron las tareas de inteligencia sobre los familiares. Los partes de inteligencia mostraban que los fotografiaban, revisaban sus redes sociales, pero esto no ocurría únicamente cuando estaba Macri en la ciudad balnearia –lo que, a entender de la Cámara Federal, podría ser para proteger al presidente– sino cuando hacían una misa o iban al Concejo Deliberante local para hacer oír su reclamo. Uno de los partes analizados por el juez que subroga en Dolores muestra que la AFI Mar del Plata le anticipó información a la central antes de una reunión que se haría en Casa de Gobierno.

Sin mención hacia las víctimas, Macri leyó el fallo de la Cámara Federal en clave electoral. “Ganó la verdad. La verdad aún puede ganar en la Argentina. No perdamos la fe. Cada vez falta menos para que la Argentina cambie para siempre”, tuiteó mientras pasea por Europa. El líder del PRO, cuando ya circulaba el rumor sobre un fallo favorable antes del inicio de la feria de invierno, anunció en el juzgado que tiene la causa que anticipaba su regreso once días y que el lunes iba a estar volviendo a Buenos Aires.

“Antes los espías eran cuentapropistas, ahora los familiares son una amenaza a la seguridad nacional y presidencial”, ironizó la abogada querellante Valeria Carreras en diálogo con Página/12 después de conocerse el fallo de la Cámara Federal y anticipó que recurrirá la resolución ante la Casación Penal. Luis Tagliapietra, abogado y padre de uno de los submarinistas, señaló que la resolución era “infundada y desajustada a la prueba y al derecho y solo se puede justificar por un evidente amiguismo de los jueces involucrados para con el ex presidente y su círculo”. En esa misma línea, el ministro de Justicia Martín Soria denunció en Twitter que a Macri “lo salvan los amigos”.

La causa

El 1 de octubre del año pasado, Bava llamó a indagatoria a Macri en la causa sobre el espionaje a las familias del ARA San Juan. Desde entonces, el macrismo desplegó toda una batería para correr al juez, generarle problemas en el Consejo de la Magistratura y hacer caer la investigación que avanzaba lejos de los tribunales de Retiro.

El 1 de diciembre, Bava dictó el procesamiento de Macri –el único que tenía desde que dejó la presidencia–. En la causa también estaban procesados los exjerarcas de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, los exdirectores operacionales de Contrainteligencia Diego Dalmau Pereyra y Martín Coste, el exdirector de Reunión Eduardo Winkler, el exjefe de la base Mar del Plata Nicolás Iuspa Benítez y cinco agentes que revistaban en esa repartición.

Para Bava, era claro que la AFI espió a los familiares para anticiparle información a Macri en un tema que atraía la atención internacional. El juez descartó la teoría del macrismo que indicaba que la exSIDE había colaborado con la Casa Militar en la seguridad del entonces primer mandatario. Veinte días después de dictar el procesamiento de Macri, la Cámara Federal de Casación Penal sacó todas las causas de espionaje de Dolores –el D’Alessiogate, la del “Proyecto AMBA” y la del ARA San Juan–.

El contraataque

En un voto conjunto, Bertuzzi, Llorens y Bruglia desarmaron la acusación de Bava y sostuvieron que no había delito que investigar. Por el contrario, los tres camaristas dijeron que la AFI incluyó en sus reportes a las familias del ARA San Juan como parte de sus tareas para colaborar con la protección del Presidente. “Las actividades desplegadas tuvieron como único objetivo la seguridad presidencial y/o la seguridad interior, y por esta razón se encuentran justificadas”, afirmaron los camaristas que se mudaron al segundo piso de los tribunales de Retiro durante el gobierno de Macri.

La línea argumental del tridente fue la siguiente:

  • Las actividades de inteligencia están llamadas a preservar la vigencia e integridad del orden constitucional;

  • La seguridad del presidente es un objetivo de inteligencia;

  • La AFI actuó dentro de sus atribuciones porque la existencia de un potencial riesgo contra la seguridad del Presidente es un objetivo específico de inteligencia;

  • Dentro de la AFI existía un departamento de “Enlace con Casa Militar” para colaborar con la seguridad del presidente y de su entorno en lo que se conoce como la “avanzada” o “previo”;

  • Antes de una visita de Macri a un lugar, la AFI hacía un informe socioambiental –se supone que ese informe, según la mirada de la Cámara, también habilitaba a sacar fotos de personas, hurgar en sus redes personales o incluso adelantar cuáles eran sus posiciones ante un determinado tema–;

  • La razón de ser de la base de la AFI en Mar del Plata es la residencia presidencial de Chapadmalal, dijo la Cámara retomando la declaración de Dalmau Pereyra;

  • En Mar del Plata debían ser especialmente cautelosos porque Macri ya había sufrido un escrache en esa ciudad y después una apedreada cuando fue a Villa Traful:

  • Los informes que hizo la AFI fueron siempre en fechas cercanas a las visitas de Macri a Mar del Plata. Esto no es exactamente así porque la AFI también le adelantó información para una reunión que se iba a hacer en la Casa Rosada;

  • Según los camaristas hubo “observaciones de campo absolutamente superficiales, que en ningún momento afectaron la vida privada de los particulares”.

El fallo no sorprendió. Meses atrás, el fiscal ante la Cámara Federal porteña, José Agüero Iturbe, había pedido anular el procesamiento de Macri. Sin embargo, la Sala I fue más allá y derrumbó toda la causa. El mismo viernes, los mismos jueces revocaron todos los procesamientos en la causa del “Proyecto AMBA” y desacreditó la existencia de un plan sistemático de espionaje durante el macrismo. Dos de los camaristas, Llorens y Bertuzzi, ya lo habían hecho cuando dejaron en pie solo diez procesamientos en la causa de los espías conocidos como Súper Mario Bros. Entonces no fue la seguridad presidencial lo que estaba en riesgo sino que convalidaron la teoría de que los espías cuentapropistas eran tan osados que se atrevían a espiar a la hermana menor del presidente.

 


Los jueces macristas enterraron las causas por el espionaje ilegal

Con el Partido Judicial a la cabeza, la oposición quiere recrear en Argentina la tragedia de Brasil

La oposición política, judicial y mediática quiere traer a la Argentina el escenario golpista que sufrió Brasil. Busca una salida de Alberto Fernández en línea con la destitución de Dilma y una prisión e inhabilitación de Cristina como la que sufrió Lula.

Por Luis Bruschtein

Hay videos, fotografías, grabaciones y documentos del espionaje que realizó la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri. Sin embargo, en un fallo muy turbio los jueces que visitaban a Mauricio Macri en la quinta de Olivos decidieron que el espionaje a los familiares del ARA San Juan no fue espionaje. Según los jueces, en otra causa, el espionaje a Cristina Kirchner y otros dirigentes de la oposición, así como a figuras del macrismo, durante el gobierno macrista, fue realizado “por iniciativa propia” de espías de la central que informa a la Presidencia y depende de ella. Y el espionaje a opositores encarcelados cuando hablaban con sus abogados defensores no existió. Los jueces macristas que inundaron el fuero federal fueron neutralizando los juicios por espionaje que involucran a Macri a medida que los fueron capturando.

Hubo un esfuerzo por arrebatar esas causas y llevarlas a Comodoro Py. Y una vez que las tuvieron, las enterraron. Permitieron que Macri viajara por el mundo mientras esas causas eran cursadas, privilegio que no tuvieron otros acusados, algunos de los cuales fueron encarcelados sin condena en firme. Y, como si fueran sus criados, en esta última tuvieron el gesto de avisarle para que recibiera en Argentina la buena noticia. Alegremente, Macri adelantó su regreso al país.

Con estas resoluciones, el Partido Judicial argentino, esa especie de simulacro precario de Poder Judicial, puso en evidencia de una manera grotesca su falta de independencia del macrismo, un fuerza política conservadora que representa los intereses del poder económico.

Este fallo estaba anunciado desde que pasó al fuero federal. Ya había sido versionado por los medios hegemónicos, de la misma manera que el fallo contra Cristina Kirchner en la causa por la obra pública. Hay enormidad de pruebas sobre el espionaje interno que realizó la AFI dirigida por Macri. Y si se suman todas, la actividad de la AFI en este plano se muestra tan abundante que es imposible negar, como lo han hecho estos jueces, que el espionaje ilegal era sistemático y que ha sido su forma de informarse y ejercer control.

Con Cristina Kirchner es exactamente lo opuesto. Las causas separadas se cayeron a poco de avanzar a lo largo de varios años en que las mantuvieron activas como forma de desgaste. Los testigos y peritos que han declarado en la causa por la obra pública demostraron que no hubo sobreprecios y que las obras se hicieron. No hay prueba que sostenga la acusación. Los dos acusadores eran la Unidad de Información Financiera y el fiscal Diego Luciani.

Pero la UIF desistió de la acusación. Como no puede demostrar que hubo sobreprecios ni que se pagaron obras que no se hicieron, el fiscal Luciani hará una larga exposición para describir el proceso por el cual la empresa de Lázaro Báez ganó la licitación de las obras. Cualquier proceso de ese tipo, contado desde el final hasta el principio, puede parecer algo preparado porque ya se sabe el final y cualquier movimiento que se produzca parecerá orientado hacia allí. Es un recurso desesperado porque fallaron informes de peritos y otros testigos.

Pero los diarios hegemónicos lo presentan como una acumulación de pruebas irrefutables. Para sobreactuar su pobre acusación, el fiscal pidió nueve audiencias. El anuncio fue recibido con grandes titulares como si el alargamiento de la acusación fuera en sí una prueba de su veracidad. En realidad deja la sensación de que se trata de un recurso para ocultar la debilidad en sus argumentos.

Con estos desarrollos en los tribunales --más políticos que judiciales--, sumados a la forma como la oposición macrista se montó en la crisis económica con consignas que se muestran muy despegadas de las consecuencias reales de la crisis, el escenario empieza a tomar una forma amenazante.

Lo lógico en el marco del aumento de precios y la inflación, es que las consignas estén relacionadas a esos flagelos. Ni en la concentración que convocó Juntos por el Cambio en el Obelisco, para marchar luego hacia la Plaza de Mayo, ni en la que hicieron en Gualeguaychú las patronales rurales hubo consignas contra la inflación, los bajos salarios o la remarcación permanente. En gran medida, la composición social de esos actos contribuyó a que se produjera ese fenómeno. Porque tuvieron sólo un sentido destituyente de desgaste y confrontación con mucha violencia en las consignas y las declaraciones.

Ambos procesos fueron potenciados por los medios hegemónicos y por dirigentes de Juntos por el Cambio que hablaron de entrega anticipada del gobierno y equipararon este momento con los últimos días de las gestiones de Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa. Todos enfatizaban la debilidad del gobierno como una cuestión terminal.

En ese despliegue queda claro que por un lado se busca una condena contra Cristina Kirchner que la encarcele y la inhabilite para ejercer cargos públicos. Y por el otro se busca una salida anticipada o un golpe institucional contra Alberto Fernández. Más de un legislador de la oposición declaró que era necesario convocar a una Asamblea Legislativa. El sentido de una Asamblea sería la destitución y el reemplazo.

Resulta sorprendente el parecido que hay en esa aspiración con la situación que produjo en Brasil la renuncia anticipada de Dilma Roussef y el encarcelamiento de Lula. Para el país vecino, la consecuencia de esa conjunción fue el gobierno desastroso en todo sentido de Jair Bolsonaro. Significó un retraso enorme en todos los planos, desde los derechos humanos, hasta el empobrecimiento de vastos sectores de la población que antes habían sido favorecidos por los gobiernos de Lula. Brasil retrocedió hacia épocas oscuras en el plano de la seguridad y las libertades y también en su economía y en su relacionamiento con el mundo.

Con el mismo vigor con que Lula es reconocido en el mundo, es despreciado Bolsonaro. Para Brasil, la salida anticipada de Dilma y el encarcelamiento de Lula conllevó al triunfo de Bolsonaro y al desastre de ese país.

En Argentina, otra manifestación de este paisaje tan accidentado es el resurgimiento de Mauricio Macri. Creció a pesar de su malísima gestión y del esfuerzo sobrehumano que hace Horacio Rodríguez Larreta que ha multiplicado su presupuesto de publicidad y acaba de hacer una nutrida incursión en Entre Ríos para tratar de dejar a un lado la identidad fuertemente porteña con que es identificado en las provincias.

Macri regresa del lugar de los muertos vivos de dónde parecía que no podría salir después de haber castigado a los argentinos --su electorado incluido-- al peso de una deuda externa monumental. El gobierno de Macri fue desastroso a pesar de que recibió una economía en buen estado y que no debió afrontar una pandemia mundial, con su crisis económica y una guerra que involucró a todo el planeta en otra crisis.

Hay otras paralelas con Brasil, porque Dilma tuvo muchas críticas similares a las que está recibiendo Alberto Fernández por el manejo de la economía. Las condiciones económicas debilitaron el respaldo a Dilma y es un proceso que también sufre aquí el gobierno.

Los movimientos sociales, la CGT y la CTA, que hasta ahora tuvieron una actividad relativa, han diseñado un plan de movilización con los reclamos de los sectores que han sido más afectados por la crisis. Será una forma de equilibrar una balanza donde está sobrerepresentada la presión de los sectores de poder económico.



El organismo postergó la votación de los reemplazos para Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi

El Consejo de la Magistratura protege a los jueces que protegen a Mauricio Macri 

El cuerpo que evalúa y designa a los jueces relegó nuevamente una definición sobre los candidatos a cubrir los cargos en la Cámara Federal porteña que aún ocupan Bruglia y Bertuzzi, designados a dedo por el expresidente Macri. Pese a que el concurso está terminado desde diciembre, la oposición continúa bloqueando la votación para intentar imponer sus propios jueces. Los cruces entre los consejeros, en una sesión caliente.

Por Irina Hauser
Los consejeros sesionaron con el titular de la Corte, Horacio Rosatti, como presidente.

El Consejo de la Magistratura volvió a postergar, en un plenario picante, la votación de la terna para los dos cargos en la Cámara Federal de Comodoro Py que todavía ocupan Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, designados allí a dedo por un mecanismo de traslado del gobierno de Mauricio Macri. La oposición bloquea la votación porque quiere poner sus propios jueces/zas pese a que el concurso está terminado desde diciembre, hay dos dictámenes listos, y un fallo de la Corte Suprema de noviembre de 2020 que dice que esos cargos no pueden ser permanentes. "Estoy orgulloso de ese fallo", sorprendió en la sesión el supremo Horacio Rosatti, titular del Consejo. Mientras una florida discusión copaba la escena en la enorme mesa del organismo, en el edificio de los tribunales de Retiro, el dúo Bruglia-Bertuzzi firmaba el sobreseimiento del expresidente Macri en la causa por el espionaje a los familiares del ARA San Juan junto con Mariano Llorens. Una pintura perfecta de cómo funciona la ingeniería del sistema judicial donde mandan la derecha, el antipopulismo y los poderes reales. 

La coincidencia de hechos es significativa y es un retroceso. La Cámara Federal ya viene sembrando la tendencia de validar el uso de tareas de espionaje desde el poder político: primero lo disfrazó de "cuentapropismo" de agentes menores, este viernes dijo que en el caso de los familiares del ARA San Juan se trataba de proteger al expresidente, y en una decisión adicional sostuvo que faltaban pruebas para involucrar a las exautoridades de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por las actividades de inteligencia ilegal de las bases AMBA en la provincia de Buenos Aires, que vigilaban a organizaciones sociales, dirigentes y fuerzas políticas. La relación por demás estrecha entre juzgados y espías es uno de los pocos asuntos en los que pudo avanzar una reforma sobre los tribunales en estos años. He aquí, ahora, las señales de resistencia. El espionaje no es sólo un tema de interés de la política. En el Consejo, pese a la intención transformadora de ciertos consejeros/as, el viejo modelo aún se impone.

Quizá no sea tan casual que justo esta misma semana el Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires, con los votos de tres jueces ligados a Macri y a Horacio Rodríguez Larreta, le sacó al juez Andrés Gallardo la causa donde se investiga el uso de datos biométricos justo cuando recibió un peritaje que confirmaba el uso ilegal del sistema de reconocimiento facial, otra vía para espiar. 

El debate

Rosatti conduce las sesiones del Consejo de la Magistratura con un mix de diplomacia e ironía. Al comienzo del plenario se aprobaron tres ternas de candidatos nada conflictivas: para el juzgado de Puerto Iguazú, para la Cámara Federal de Tucumán y para un tribunal en Santiago del Estero. De inmediato, el senador Martín Doñate (FdT) sacó el tema más caliente. Le recordó al supremo que él firmó el fallo sobre los traslados de Bruglia y Bertuzzi que, dijo la Corte, no pueden ser eternos y el Consejo debía acelerar los concursos. Ambos jueces pertenecían a tribunales orales pero en el gobierno de Macri, sin concurso ni acuerdo del Senado, se los llevó a la estratégica Cámara Federal, donde llegarían las causas en su contra y necesitaría salvataje, lo que acaba de quedar corroborado sin disimulo. 

"No hay justificación para la demora", advirtió Doñate. "Este concurso se hizo de manera impecable (...) No hay motivo para que se sigan postergando estos concursos que traen aparejada una grave polémica a partir del fallo que usted mismo firmó. Le solicito que instrumente todos los mecanismos desde su presidencia para que se arribe a un acuerdo. Que ese fallo que expresa diagnósticos sobre la situación del Poder Judicial no sea cartón pintado. Sabemos que hay dos jueces que han burlado los procedimientos constitucionales para estar allí", remarcó Doñate. Recordó --sin nombrarlo--  que Bertuzzi concursó para esta ocasión pero "ni siquiera ha estado entre los primeros 20".  

Rosatti devolvió enseguida: "Yo escribí de puño y letra ese fallo; si no hubiera salido hubiéramos tenido designaciones masivas sin realizar el procedimiento que la Constitución establece. Estoy muy orgulloso, lo sostengo y desde el primer minuto que vine acá estoy conforme y estas palabras pensaba decirlas al final: estoy conforme con que estemos encontrando un mecanismo de confianza para destrabar concursos". 

-- Acá todos hacemos política --reaccionó el senador Mariano Recalde (FdT), para señalar que es un mito que los jueces/zas o abogados/as actúan como técnicos. 

En esa línea, Recalde reflotó el fallo de la Corte que en diciembre declaró la inconstitucionalidad de la integración del Consejo de la Magistratura de 13 miembros, que funcionó los últimos 15 años. Los supremos, dijo el senador, "debieron haberse excusado", actuaron como "juez y parte". "Nosotros no discutimos el fallo, lo acatamos, y nos pusimos a trabajar intensamente para integrar el Consejo". Luego planteó que "hay muchas vacantes sin cubrir y situaciones irregulares sin resolver. Como la de Bruglia y Bertuzzi, que fueron trasladados ilegalmente a la Cámara Federal y siguen ocupando esos lugares. La misma Corte dijo que no son los jueces naturales de esos tribunales. Otra vez la doble vara: el Consejo tenía que cambiar su conformación en 120 días a riesgo de paralizarse, pero esa Cámara sigue funcionando con dos jueces que no deberían estar ahí y ni siquiera se estableció un plazo para resolverlo". Entonces exhortó "a los más duros, los que parece que no quieren que se cubra esa vacante, a que lleguemos a acuerdos". 

Ternas en disputa

Cuando vio que el oficialismo ganaba protagonismo, se metió el diputado macrista Pablo Tonelli y provocó: "Quiero recordar que los jueces trasladados no son solamente Bruglia y Bertuzzi, sino muchos". Dijo que pidió varias veces que se llame al resto de los concursos de cargos cuestionados que, es cierto, son una decena.

Tonelli es uno de los que se niega, así, resolver el concurso para la Cámara. Lo curioso es que él mismo emitió un dictamen para que se vote, donde hizo escalar a Bertuzzi del puesto 21 al tercero. Por encima de Bertuzzi están el juez en lo penal económico Diego Amarante y el juez de un tribunal oral de San Martín Julio César Di Giorgio. Su otra terna está integrada por la coordinadora de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) Agustina Rodríguez, el juez de Tucumán Fernando Poviña y el juez en lo penal Económico Pablo Yadarola. El otro dictamen en la mesa es de Gerónimo Ustarroz, representante del Poder Ejecutivo. Propone en la primera terna a Poviña, a la fiscala de Lomas de Zamora Cecilia Incardona (quien investigó el espionaje macrista que ahora Comodoro Py diluye) y el juez en lo penal económico Javier López Biscayart. Su segunda terna es: Rodríguez, el juez porteño Gonzalo Viña, y Di Giorgio. Ustarroz alertó: "Tenemos que cumplir el fallo y estamos en condiciones de hacerlo".  

En las antípodas, la abogada archimacrista Jimena de la Torre, exAFIP, aprovechó para llevar todo a un extremo y proponer hacer "caer el acto completo y que vuelva a la comisión". "Coincido con lo que plantea Tonelli. No tuve oportunidad de tratar ese concurso, pero me llamó la atención la irregularidad con la que se trató", disparó y desató perplejidad. Le retrucó la senadora oficialista Inés Pilatti de Vergara. "No hay ninguna presentación por irregularidades respecto al concurso" lo que no quita, aclaró, que haya otros traslados sin resolver, "pero ahora estamos hablando de los que recurrieron a la Corte". "Sigue habiendo un problema de voluntad de consenso político", regañó y le pidió a Rosatti sus "buenos oficios". 

La peronista Graciela Camaño vaticinó un brete en puerta: "Es cierto que encontramos diez traslados que no cumplían con el reglamento y la ley; también verificamos que algunos de los lugares desde donde habían sido trasladados los magistrados ya fueron concursados, estamos en un problema. Avanzamos con lo que se puede". "Tengo la suerte de no obedecer a ningún bando en el Consejo", se definió ante sus propios pares. 

Chispazos finales

Rosatti insistió en mirar en el vaso medio lleno: "Estamos avanzando en este tema".  

-- Gracias a la Corte rompimos la inercia de que no salga nada, hemos votado concursos, aunque algunos no sean del agrado de todos (...) Celebro que esta Corte esté en esta mesa porque logró lo que no pudimos hacer nosotros --elogió al supremo el abogado Diego Marías, cercano a Horacio Rodríguez Larreta. Se le sumó Silvia Giacoppo (UCR). 

-- Uno tiene que cumplir lo que promete. En lo que a mí respecta era concluir con el carnaval de traslados. No puedo celebrar como dice Marías que ojalá tenga la suerte que yo no tuve, porque si aprobamos 3 por plenario llegaremos a cubrir los cargos en 25 años --refutó el camarista Alberto Lugones y destacó la necesidad de jueces/zas para juicios de lesa humanidad, trata, lavado de dinero y narcotráfico. Sobre este último punto, resaltó que la Justicia no solo tiene problemas en Rosario, donde estuvo la Corte.

De despedida la diputada radical Roxana Reyes chicaneó: "Si nos preocupamos por las vacantes preocupémonos por los 156 pliegos que (el Gobierno en 2020) retiró del Senado. Es una falta de respeto". Ustarroz replicó que "es habitual que eso suceda cuando cambia un gobierno" y que, aun así, varios fueron revisados, volvieron y se aprobaron. Como siempre, Rosatti se reservó el cierre, celebró el contrapunto con Recalde y habló de "generar confianza" y "voluntad política". Al ratito se conocían los fallos de Bruglia y Bertuzzi que, junto con Llorens, volvieron a avalar el espionaje,  instrumento ilegal que la derecha política y sectores judiciales no quieren resignar.  

Fuente:Pagina12

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