El oficialismo comenzó a debatir sobre el salario básico universal
Después de que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner instalara hace pocos días la discusión sobre la necesidad de revertir la “tercerización” de los planes sociales de las organizaciones de desocupados al Estado, distintos sectores del oficialismo comenzaron a discutir la posibilidad de avanzar con la implementación de un “salario básico universal”.
El funcionario manifestó: “La AUH y la política de refuerzo alimentario, que fue la Tarjeta Alimentar, y que hoy se percibe a través de la AUH en el marco de la llegada directa a cada beneficiario, marca que el salario básico universal merece ser discutido”. Luego remarcó que el gobierno “siempre está con una mesa para poder discutir políticas que vinculen a los argentinos al empleo formal y eso va a ser parte del debate en los próximos días”.
El comunicado conjunto “Por un programa de tierra, techo y trabajo” se encuentra firmado por los diputados Itai Hagman, Federico Fagioli y Natalia Zaracho (Frente Patria Grande), Juan Carlos Alderete y Verónica Caliva (CCC/PTP), Leonardo Grosso y Eduardo Toniolli (Movimiento Evita) y Natalia Souto (Somos/Barrios de Pie). Las diferencias políticas entre los distintos sectores representados, con algunos más cercanos al kirchnerismo y otros alineados con el presidente Alberto Fernández, fueron dejadas de lado para rechazar los planteos de la vicepresidenta sobre la presunta “tercerización” de la ayuda social en manos de las organizaciones de desocupados.
“Los movimientos populares no son formas tercerizadas de ayuda social ya que han acompañado el acceso a la tierra, el techo y el trabajo allí dónde no había nada que tercerizar porque sólo campea la exclusión; tampoco son muros de contención para darle tranquilidad a los políticos en un sistema económico injusto dónde no entramos todos y una democracia que a veces es meramente formal”, detalla el texto. Después añade: “Queremos reivindicar la importancia de los movimientos populares en la construcción de una mejor democracia, en la organización de los trabajadores de la economía popular, en la ampliación de derechos para el sector, en creación de cooperativas y grupos de trabajo en muchas ramas de actividad”.
En el sector más propositivo del texto se plantea: “Los movimientos populares son agentes de transformación social y canales de participación popular. Consideramos que los excluidos y olvidados del campo y la ciudad requieren tanto herramientas para formalizar sus procesos de trabajo como el monotributo productivo y un Salario Básico Universal para reforzar los flacos bolsillos de más de siete millones de personas que hoy se ganan el pan trabajando, pero sin derechos ni ingresos suficientes. Tampoco podemos ser indiferentes a los más olvidados de los olvidados, los pueblos originarios, que protegen nuestra Casa Común y hoy no tienen garantizado su territorio”. Y concluye: “Estas iniciativas deben ser prioridad en la agenda legislativa de la próxima sesión porque no solamente ponen de manifiesto reclamos del sector, sino que aportan soluciones integrales a problemas que son de la sociedad argentina en su conjunto, en un camino hacia una patria sin excluidos”.
El ministro de Desarrollo Social bonaerense y dirigente de La Cámpora Andrés Larroque señaló hace algunos días sus coincidencias con el referente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) Juan Grabois en su reclamo “por el salario universal”, anticipando que el monto inicial podría ser de entre 10 y 13.000 pesos por persona. Larroque además deslizó que también Cristina Kirchner estaría a favor de la iniciativa: “No quiero ser su exégeta, pero Grabois coincide en varios puntos con CFK”.
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Línea 60: «Para la empresa es un problema legal, para nosotros es una persecución y una discriminación»
Los trabajadores de la Línea 60 se encuentran en huelga. Desde las cero horas del lunes han paralizado los servicios que unen a Escobar con el extremo sur de la Capital Federal. La medida es por tiempo indeterminado y responde al despido de un delegado electo y al de una serie de activistas sindicales por parte del grupo DOTA, actual gerenciador de la línea. Por ANRed.
Desde las cero horas del lunes, mediante asamblea, los trabajadores de la Línea 60 han paralizado los servicios de transporte que conectan a la cabecera de Barracas con la localidad bonaerense de Belén de Escobar. Desde el cuerpo de delegado han expresado que esta medida de fuerza responde al despido de Carlos Zaragoza, delegado electo, y al de una serie de activistas sindicales.
La cabecera Barracas de la Línea 60 linda con el riachuelo. Durante la mañana del lunes los portones se encuentran bloqueados. Los micros no entran ni salen. Los choferes, con camperas azules, con camisas celestes, discuten en asambleas. Lo mismo hacen sus pares en la cabecera de Ingeniero Maschwitz. La medida de fuerza es total, las paradas de los diez recorridos que cubre la 60 se encuentran vacías, 180 mil pasajeros aguardan para viajar, más de novecientos trabajadores y sus familias esperan una respuesta para volver a prestar servicios.
«Desde que se modificó el reparto de subsidios nacionales a las empresas de transporte las cámaras empresarias empezaron con los despidos y con los recortes de recorridos. Acá en la 60 no esperaron nada, al otro día tuvimos el primer despedido. En los últimos meses el grupo DOTA echó a varios trabajadores, la mayoría son activistas sindicales. Además, no cumplen con los servicios ni con las condiciones de higiene y empezaron con los partes voladores», dice uno de los más de 200 choferes de la cabecera Barracas.
Carlos Delgado es delegado de los trabajadores, consultado por ANRed agrega: «Denunciamos despidos masivos, el pésimo estado de las unidades y de las cabeceras. En Escobar están haciendo un viaducto y quedan las unidades a cinco cuadras de la cabecera. Tenemos dos compañeros que fueron despedidos cuando se pegaron las actas de la junta electoral: Diego Gonzalez y Carlos Zaragoza, el mismo día que lo presentamos la empresa manifiesta que habían sido despedidos por la 245. Para la empresa es un problema legal, para nosotros es una persecución y una discriminación».
El grupo DOTA es el actual gerenciador de la Línea 60, un grupo monopólico que controla directa e indirectamente a más de cien empresas de transporte. Tiene, además, clínicas laborales, concesionarias de autos, empresas carroceras y son los importadores directos de Agrale, la compañía que fábrica los colectivos. Esta firma es propiedad de Ángel Faija y compañía, en los últimos años los trabajadores de la 60 han denunciado en reiteradas circunstancias a la firma de la familia Faija: desde el crimen laboral de David Ramallo hasta el recorte de recorridos que dejó sin servicios a miles de pasajeros.
Sobre los portones de la cabecera, los trabajadores montaron una mesa, cocinan hamburguesas y comparten gaseosas. Alberto Galeano es chofer y delegado de la Línea 540, consultado por este medio manifiesta: «Estamos apoyando a los compañeros por la lucha que vienen dando, por el ajuste que está implementando el gobierno. Es imprescindible unificar todas las luchas porque el ajuste viene para todo el país. Nosotros en la 540 estamos viviendo lo mismo, y están aplicando el mismo tipo de ajuste que se ve acá».
Algunos mecánicos almuerzan en ronda. Uno se queja del cambio de colores en los colectivos, dice que antes eran amarillos y que ahora están todos pintados de blanco y de rojo. Otro mecánico, vestido de grafa, comenta que en el último tiempo hubo más de 80 partes arbitrarios. Dicen que el grupo DOTA incumple con los recorridos asignados por la CNRT: que no tienen la licitación para operar en el Alto hasta Rincón ni en el de Ruta 27. Sin embargo, agregan que, pese a las denuncias, los entes gubernamentales hacen la vista gorda.
Faltan diez minutos para las dos de la tarde y los noticieros solo se ocupan de un tema: la renuncia de Guzman, el precio del dólar, la asunción de Silvina Batakis. Nada dicen del paro en la Línea 60. En la sala de choferes, algunos toman mate, otros café. Uno pone música en un parlante, se escucha fuerte la cumbia 420 del Tirri la Roca: «somos los que somos, estamos los que estamos, con la gilada yo no compro». Hasta el momento, ningún ente gubernamental convocó a reunirse con el cuerpo de delegados. La medida de fuerza seguirá por tiempo indeterminado, los trabajadores esperan una solución para retomar los servicios.
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Paro en el Diario Popular: «sólo hemos percibido el 30% del aguinaldo»
Trabajadores del medio de comunicación Diario Popular comenzaron un paro de actividades en reclamo a las irregularidades en el cobro de sus salarios. Además de exigir aumento salarial, denuncian que el pago de los haberes no se realiza en tiempo y forma. «Hoy sólo hemos percibido el 30% del aguinaldo. Por eso ante reiterados pedidos y respuestas vagas, pagos impuntuales que repercuten en nuestra economía, hemos decidido ésta medida de fuerza que ha sido anunciada en el marco de una serie de movilizaciones que venimos fectuando distintos medios» explicó Alberto Ballestero, trabajador del diario. A partir de las 14hs realizarán una «choriceada» frente a la redacción. Por ANRed
Hoy, trabajadores del medio Diario Popular nucleados en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) decidiron realizar un paro de 24hs para denunciar las irregularidades en el cobro de sus salarios.
En diálogo con ANRed, Alberto Ballestero trabajador del Diario explicó: «ésta situación viene desde hace un par de años, irregularidades en los plazos de pago. Hoy sólo hemos percibido el 30% del aguinaldo. Por eso ante reiterados pedidos y respuestas vagas, pagos impuntuales que repercuten en nuestra economía, hemos decidido ésta medida de fuerza que ha sido anunciada en el marco de una serie de movilizaciones que venimos efectuando distintos medios».
Agregó «además la cuestión no pasa sólo por lo salarial, sino también por los atrasos en las cargas sociales de la alícuota que le corresponde a los patrones que afecta sensiblemente la atención médica de todos los compañeros».
Alrededor de las 14hs realizarán una «choriceada» frente a la Redacción situada en la calle Estrada 1969, Sarandí para visibilizar sus reclamos.
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Sindicatos con simple inscripción nucleados en la CTAA preparan una gran medida de fuerza para el 7 de julio
En un encuentro desarrollado en la sede de la Central, los principales referentes de los sindicatos con simple inscripción pusieron en común las deudas que mantiene el Ministerio de Trabajo con ellos y acordaron una importante movilización hacia la sede de la cartera laboral para la semana próxima con el respaldo de la CTA Autónoma.
Libertad y democracia sindical y ponerle fin a los obstáculos que impiden el desarrollo de un nuevo modelo sindical, fueron los ejes del encuentro encabezado por el actual secretario Adjunto de la CTAA y candidato a Secretario General en las elecciones del próximo 11 de agosto en la Central, Hugo “Cachorro” Godoy.
Fue justamente Godoy el encargado de dar las palabras de bienvenida a los 30 dirigentes que se concentraron en la sede de la CTAA el viernes por la tarde: “En sintonía con nuestro reclamo histórico de libertad y democracia sindical, creemos que se debe instalar el debate público y trasladar de forma colectiva la situación de las diversas organizaciones simplemente inscritas”
“El acuerdo con el FMI ha maniatado al Gobierno a la hora de producir los cambios que necesita nuestra sociedad para lograr una más justa redistribución de la riqueza, y por eso creemos que es necesaria la acción del movimiento popular en todos los aspectos”, evaluó el también titular de ATE Nacional, y amplió: “Estamos en un tiempo de tensiones y debates, en donde la clase trabajadora debe intervenir cada vez con más fuerza y más presencia”.
Para concluir, Godoy dio detalles de la propuesta que tiene su origen en el último Congreso Nacional de SITRAIC el pasado 3 de junio: “La intención es concentrar frente al Ministerio de Trabajo de la Nación el próximo 7 de julio. Tenemos que llevar un planteo conjunto, y como Conducción Nacional de la CTA Autónoma, queremos acompañar”.
Víctor Grosi, titular de SITRAIC, continuó en la misma línea: “A todos aquellos sindicatos hoy presentes acá les decimos que, si tienen una demanda concreta ante el Ministerio, es el momento de exigir lo que haya que exigir”.
“La complicidad que existe entre el Ministerio de Trabajo y la CGT no solo está mal, sino que es perjudicial para todos nosotros. Esto se tiene que terminar. El Ministerio parece una escribanía de la CGT”, denunció el referente de la construcción.
Y cerró: “Queremos agradecerle a la CTAA por todo el apoyo que nos ha dado porque nosotros sabemos lo es estar solos y porque entendemos que la nuestra no es la única ni la más importante de las luchas”.
A su turno, Jorge Yabkowsky, actual Secretario de Interior y titular de FeSProSa, puso la experiencia de su Federación como ejemplo de la importancia que inviste el reconocimiento sindical: “La lucha por la libertad sindical y la lucha por la inscripción que tantos años nos llevó, ha sido constitutiva”.
Pero también dio un fuerte apoyo a la iniciativa eje de la reunión: “Coincido en que, si no movilizamos, frente a la clara decisión de mantener los unicatos y este gobierno débil, esto no va a cambiar. Hoy la llave del Ministerio la tiene la CGT”.
El secretario General del Sindicato de Trabajadores de OSPLAD (SiTOSPLAD), Alejandro Bassignani, celebró la propuesta y consideró: “Creo que movilizar es lo único que nos va a permitir destrabar todo por lo que venimos peleando hace años”.
Con respecto a la situación de la actual cartera laboral, Bassignani fue contundente: “No nos equivoquemos, este Ministerio no es igual a los anteriores, de hecho, creo que es el peor”.
En ese sentido, amplió: “Recuerdo las promesas del actual ministro (Claudio Moroni) diciendo que se iba a crear un espacio para tratar los pedidos pendientes desde la CTAA. No compremos más espejitos de colores”.
Por su parte, Silverio Gómez y Ernesto Ojeda, titular de UCRA y de FeTAAP respectivamente, recordaron la grave situación en términos de derechos que viven los y las trabajadoras en los sectores que representan.
“Hay una falta absoluta de respaldo por parte del Ministerio de Trabajo al sector del transporte de pasajeros, con empresas quebradas y muchísimas pérdidas de puestos de trabajo.”, remarcó Gómez.
“Estamos en una actividad muy retrasada en lo que respecta a los derechos de trabajadores y trabajadoras, pero seguimos sin señales de que algo cambie”, explicó Ojeda, y agregó: “Vamos a acompañar fuertemente esta iniciativa porque trabajadores rurales hay a lo largo y ancho del país”.
Para finalizar el encuentro, “Cachorro” Godoy manifestó: “El próximo 7 de julio tenemos la oportunidad de ratificar nuestras banderas de libertad y democracia sindical, enfrentando los obstáculos que los sectores empresariales y el sindicalismo empresarial quieren seguir imponiendo en contra de este nuevo modelo sindical”.
La movilización del próximo jueves 7 de julio prevé ser multitudinaria, concentrando en Alem y Corrientes (CABA) para marchar hacia las puertas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Alem 650).
Del encuentro desarrollado en la sede de la CTA Autónoma este viernes por la tarde participaron FeSProSa, FETERA, SECEIC, FETAAP, UCRA, SITRAIC, SiTOSPLAD, APJBO, NOS, SATIVA UTPE, CTAA Juventudes, SIPESEDO, y el Sindicato de Trabajadores Pasivos.
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Vaciamiento: Larreta, Genta y Amor, todos juntos contra la obra social ObSBA
Las denuncias sobre el vaciamiento de la obra social de los empleados del GCBA continúan. Hay alarma entre los afiliados y afiliadas por el cese de prestaciones y la posibilidad de quiebra, impulsada tras bambalinas por Larreta y sus socios sindicales Amadeo Genta y el diputado porteño Alejandro Amor. Por La Izquierda Diario.
La obra social de la Ciudad de Buenos Aires (ObSBA) se encuentra en un estado preocupante. De ella depende la atención médica de cerca de 280.000 empleados municipales como docentes, trabajadores de la salud y de las áreas administrativas del Gobierno porteño, y también del personal ya jubilado. Además del propio plantel de trabajadores que cumplen funciones en la estructura de la obra social.
Sus números y balances están en rojo y muestran una deuda que supera los $4.000 millones (aunque por lo bajo se estima que asciende a los 7.000 millones de pesos). Empresas prestadoras de la entidad incluso ya están pidiendo la verificación de las deudas que mantiene con ellas, lo que enciende las alarmas ante una (muy) posible convocatoria a un concurso de acreedores.
Durante la pandemia se vio claramente el estado calamitoso de la salud pública y como en la salud privada prima el interés de lucro. En sus distintas órbitas, desde la porteña hasta las instituciones dependientes del gobierno nacional o en la PBA de Kicillof. Un claro ejemplo fue la Clínica San Andrés de Caseros, quienes reclamaron contra el cierre de la clínica que cubre la atención de unos 18.000 afiliados al PAMI.
Burócratas de un lado y otro de la grieta
Las cabezas del sindicato de municipales SUTECBA Amadeo Genta (histórico aliado de las gestiones macristas) y su socio Alejandro Amor (hoy legislador electo por el Frente de Todos porteño) en acuerdo con el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta conspiran para culminar la entrega de una obra social cada vez más vaciada de servicios, coberturas y prestaciones.
Si bien se dice por lo bajo que la deriva de la ObSBA responde a maniobras ligadas a una camuflada interna sindical entre Genta y Amor por la sucesión del SUTECBA, lo cierto es que todo esto repercute en un nuevo ataque a la salud y derechos de los empleados dependientes del gobierno de Larreta y de la propia obra social. La responsabilidad y complicidad de ambos es indiscutible a esta altura luego de años y años de deterioro de la ObSBA.
Cierre de las residencias turísticas
Actualmente al menos de forma nominal, figuran como presidente Juan Carlos Cela y Agustina Majdalani como vice. Los dos fueron designados en sus cargos por Larreta. En el caso de Majdalani en reemplazo de Walter Correa (ex chofer del alcalde porteño). Son quienes recientemente dieron otro golpe a la entidad cuando decidieron de forma unilateral el cierre de las residencias turísticas de la obra social en Mina Clavero y Salsipuedes (Córdoba) junto con la de Mar del Plata.
Del complejo de Salsipuedes, dependen 57 trabajadores, y además la provisiòn de agua potable para otras 200 familias de un barrio aledaño cuya fuente es el pozo del hotel. Misma situación involucra a otros 70 trabajadores están abocados al llamado Residencia Marítima “Patricio Datarmini” en pleno centro de Mar del Plata. Se especula con que detrás de los cierres (incluso ya comunicados en la página de ObSBA) hay posibles intereses por la realización de futuros negociados inmobiliarios. No por nada Majdalani tambien es presidenta de la Corporación Antiguo Puerto Madero, sociedad anónima conformada por los gobiernos de CABA y Nación
Las residencias turísticas de la ObSBA en Mar del Plata, Salsipuedes y Mina Clavero.
Estos cierres implican el peligro de la continuidad laboral del personal, en su mayoría precarizado bajo contratos de locación de servicio. Los despidos pueden continuar ya que Cela ordenó realizar un “relevamiento del personal de planta permanente y transitoria afectado a la Gerencia de Actividades Recreativas y Turismo y alas residencia turísticas”. Además del daño provocado a los afiliados, también los propios trabajadores de la ObSBA lo sufren con estos despidos y sueldos bajos.
Víctimas del vaciamiento
El vaciamiento trae como consecuencia la falta de prestadores, de profesionales médicos para el tratamiento y atención y hasta de centros especializados que interrumpieron la atención de afiliados por la falta de pagos de la ObSBA. Demoras eternas en los turnos, cancelaciones abruptas y el cobro de copagos completan el cuadro.
El gobierno porteño la mantiene intervenida desde la última gestión municipal de Macri en 2008. Actualmente el GCBA es quien decide sobre órdenes de pago, compras y contrataciones. También maneja los fondos de gerencia administrativa, las auditorias y balances. Su control es total, incluso se comenta que entre los objetivos larretistas del vaciamiento estaría la incorporación del Sanatorio Dr. Julio Méndez en la órbita del Gobierno porteño.
Plata hay ¿pero dónde va a parar?
Incluso los empleados de la Obsba tienen que soportar situaciones que rozan la burla, como el aumento que denuncian que Cela otorgó a su secretaria llevando su sueldo a una cifra cercana a los $310.000 o que, como se supo hace poco, se destinaron $300.000 para reformas en el despacho de la actual vicepresidenta Agustina Olivero Majdalani, hija de Silvia Majdalani (ex subdirectora de la AFI durante la presidencia macrista.
Juan Carlos Cela y Agustina Olivero Majdalani
Los sueldos y cargos son “premios” designados a dedo, para aquellos que son amigos y amigas de la gestión de Larreta y de Juntos Por el Cambio. Nada más alejado de un control o dirección de los propios afiliados sobre la obra social y sus recursos.
La organizacion de sus trabajadores y afiliados
En un comunicado que circuló el jueves 23 con la firma del Consejo Directivo, el sindicato afirma que «es hora de elegir de qué lado debemos estar», lo cual parece un mensaje a ellos mismos antes que a los afiliados y afiliadas que padecen el vaciamiento sistemático y cada vez más preocupante. Tambien «aclaran» que las residencias se cerraron temporariamente y que volverían a abrir en el verano, aunque la nota con la firma de Cela cesando los contratos y ordenando rever los que continúan vigentes es un hecho innegable.
A pesar de esto, y más allá de la propia interna sindical del SUTECBA con la que el sindicato intenta cubrir y desviar la atención, los trabajadores y usuarios de la ObSBA se están organizando para defender este nuevo ataque a la salud. Es importante la organización entre trabajadores y usuarios afiliados, que involucran a municipales, trabajadores estatales, docentes etc, contra el vaciamiento y para que la salud no sea un negocio.
Fuente: https://www.laizquierdadiario.com/Larreta-Genta-y-Amor-todos-juntos-contra-la-obra-social-ObSBA
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¿Se puede vivir de un plan?
Los dichos de la vicepresidenta encendieron un debate que incluye discursos sobre la ineficiencia de los planes sociales para fomentar la “cultura del trabajo”. Sin embargo, un informe sostiene que en los hogares que los reciben, estos apenas cubren el 18% de los gastos. Por Canal Abierto.
El planteo de la vicepresidenta Cristina Fernández en relación al control del Estado sobre los planes sociales puso a esa política pública en el ojo de la tormenta. Pero también abrió la puerta a los discursos que hace tiempo sostienen que los planes “alimentan vagos” porque quienes reciben este beneficio “no necesitan trabajar”. Sin embargo, los números de un reciente estudio desmienten esas hipótesis.
“Los hogares desenvuelven distintas estrategias de manutención con el fin de garantizar la satisfacción de sus necesidades. Los datos indican la elevada incidencia que tiene el trabajo como vía de obtención de ingresos: 9 de cada 10 personas residen en hogares cuyos ingresos provienen parcial o totalmente del trabajo”, asegura el informe realizado por un equipo del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) que coordina el economista y director del Banco Nación, Claudio Lozano.
El número es, según detallan, “incluso algo mayor entre la población pobre, por lo cual no quedan dudas que si hay algo que no es necesario es promover ‘la cultura del trabajo’”.
“No necesitan trabajar”
Según datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, el 22,3% de la población vive en hogares que reciben transferencias del Estado dirigidas a sectores de bajos ingresos. Pero, si bien los programas sociales vigentes constituyen un instrumento fundamental para complementar ingresos en los sectores más postergados, lejos están de asegurar que un hogar pase hambre y, menos aún, que superen la situación de pobreza.
El Potenciar Trabajo —que alcanza a 1.300.000 personas y es la tercera prestación social con mayor cantidad de beneficiarios, luego de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar— será en julio (correspondiente a los haberes de junio) de $22.770, gracias al aumento del 17%. En junio el ingreso fue de $19.470. Por su parte, la AUH asciende a $ 7.332 y la Tarjeta Alimentar a $9.000 para una familia con un hijo, $13.500 para las de dos, y $18.000 a partir de tres hijos. En tanto, la Canasta Básica Total, que establece el límite de la pobreza, ascendía en mayo (último dato disponible) a $99.677 para una familia tipo y la Canasta Básica Alimentaria, que marca el umbral de la indigencia, era de $44.499.
De acuerdo con Lozano, entre los hogares que perciben estos subsidios “en promedio estos sólo representan el 17,6% del ingreso total familiar, mientras que los ingresos laborales explican el 69,6% del ingreso total”.
Para llegar a fin de mes, un 11,6% de la población total también “recurre a mercaderías, ropa o alimentos provistos por instituciones (Gobierno, Iglesias, etc.)”, y “1 de cada 3 personas (34,1%) debieron utilizar sus ahorros familiares afectando su patrimonio”.
“Los hogares también recurren a endeudarse, trasladando sus erogaciones a futuro: un 18,1% pidió préstamos a familiares o amigos y cerca del 13% utilizó créditos de bancos o financieras, mientras que las compras en cuotas con tarjeta fueron utilizadas por más de la mitad de la población (52,6%)”, detalla el informe.
Salario universal
Otra de las aristas del debate que suscitaron los dichos de la vicepresidenta tiene que ver con la creación de empleo formal. Sobre ese punto, el informe también se explaya.
Actualmente, si bien la desocupación cayó al 7% de la población económicamente activa, si sumamos la subutilización de la fuerza laboral (desempleo más subempleo) ésta asciende al 19,1%. “Si se agrega a quienes, si bien no buscan activamente otra ocupación, desean trabajar más (ocupadas/os disponibles no demandantes) la disponibilidad de la fuerza de trabajo alcanza al 30,4%”, sostiene el IPyPP.
Sobre el empleo, resalta los crecientes niveles de informalidad y autoempleo de subsistencia: “casi una cuarta parte de las/os trabajadores son cuentapropistas, de los cuales casi el 77% corresponde a ocupaciones de baja calificación (versus el 69% del promedio), ya sea operativa o no calificada. Por su parte, dentro del 73% de la población asalariada, un tercio son informales, indicador que asciende al 61,8% para la población juvenil”. Y agrega que “casi 4 de cada 10 trabajadores obtiene ingresos mensuales inferiores al Salario Mínimo”, actualmente en $38.940. En los cuentapropistas, es porcentaje asciende al 41,9%, y al 48,2% en la población asalariada informal.
Con estos niveles de pobreza, para el IPyPP, además de apuntalar la política salarial sostiene que “es imprescindible generar una política de ingresos que supere el esquema fragmentado y focalizado de la política social vigente” que fije un “umbral de dignidad para el conjunto de la sociedad” y garantice un piso salarial efectivo “que favorezca la capacidad de discusión del conjunto de trabajadores/as”.
“En una Argentina que atravesó en los últimos años un extenso período recesivo agravado por la pandemia, con capacidad ociosa y un mercado interno deprimido, sostenemos que el principal estímulo para la reactivación es la recuperación de los ingresos populares”, sintetiza.
Fuente: https://canalabierto.com.ar/2022/07/01/se-puede-vivir-de-un-plan/
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Ocho mitos sobre los movimientos sociales
Foto: Juan Ignacio Roncoroni (EFE).
Prácticamente desde su nacimiento, en 1996, el movimiento piquetero viene sufriendo un sinnúmero de acusaciones y ataques propinados desde el Estado y amplificados a través de los grandes medios de comunicación. Como un “deja vu” recurrente, las organizaciones sociales se ven expuestas a todo tipo de operaciones mediáticas que buscan deslegitimar y estigmatizar a los sectores desocupados o precarizados que se vienen organizando y luchando contra los altos niveles de exclusión y marginación a los que se los somete. Repasamos ocho mitos que, tras el discurso de la vicepresidenta Cristina Fernández de la semana pasada, volvieron a aflorar en la dirigencia política y las grandes empresas de la comunicación que construyen la agenda política local. Opina: Nicolás Salas, para ANRed.
Mito 1: “Los piqueteros no trabajan, son vagos”
Las primeras puebladas que dieron surgimiento a las organizaciones sociales eran claras en su demanda: se le exigía al Estado trabajo genuino. El mismo que se les había arrebatado a partir de las privatizaciones y el desguace de las empresas públicas. La respuesta de los distintos gobiernos será otorgar programas de empleo, los cuales carecían de gran parte de los derechos fijados en los convenios colectivos de trabajo, así como salarios ubicados muy por debajo de la línea de pobreza.
Con esos planes y a lo largo de estos años, las organizaciones han puesto de pie cuadrillas de trabajo y productivos de todo tipo (herrerías, carpinterías, bloqueras y costuras, entre otros). Estos emprendimientos no solo han garantizado un empleo a cientos de miles de familias sino que además logran prestar servicios a barrios, villas y asentamientos donde el Estado solo se hace presente con la policía. Todas estas iniciativas se llevan a cabo sin bajar las banderas de trabajo genuino.
Mito 2: “Les pagan por movilizar”
Este mito de antaño cae bajo su propio peso si se analiza, por ejemplo, la cantidad de personas que vienen movilizando el último tiempo. Solo la Unidad Piquetera ha movilizado a 300 mil personas en la última marcha federal.
Hagamos un ejercicio práctico, si a cada persona se le pagara $5000 para marchar estaríamos hablando de un gasto por movilización de $1500.000.000, cifra imposible de manejar para los movimientos y más aún si se la multiplica por la decena de marchas y concentraciones que se viene haciendo en el año.
Además, se niega una situación fundacional de las organizaciones y que tiene que ver que la gente se moviliza y lucha no solo por su situación de pobreza o desempleo sino también porque sabe que solo a través de la lucha puede llegar a percibir al menos un plan social. Desde los inicios de los programas de empleo, el Estado negó la universalización de dicho recurso ya que se utiliza como contención de conflictos puntuales. Difícilmente una persona de manera individual vaya a un ministerio, golpee una puerta y le den un beneficio solo por estar desocupada o ser pobre.
Mito 3: «Le sacan plata a la gente»
Al igual que lo hizo el gobierno de Eduardo Duhalde, la vicepresidenta Cristina Fernández y La Cámpora han montado una ofensiva aduciendo que las organizaciones se quedan con plata de la gente.
Se refieren a los aportes voluntarios que cada familia da al interior de la organización para sostener lo que el Estado no sostiene, como son los fletes, alquileres de locales, mantenimiento de las cooperativas, verduras para los comedores, ropa de trabajo y herramientas, entre otros elementos.
¿Cómo pretende Cristina que lleguen los alimentos a los barrios si no es con el pago de un flete? ¿Si el Estado solo manda polenta y salsa de tomate, como se piensa que debe garantizarse el servicio de los comedores populares? El mismo Estado que deja a la deriva a las personas, les cuestiona que se organicen para resolver sus problemas.
A su vez, existe en este planteo una connotación clasista, ya que dicha objeción no corre la misma suerte para con los militantes de La Cámpora que aportan un porcentaje de su salario por trabajar en el Estado o no pone en cuestión el diezmo de las iglesias. Cualquier organización de la sociedad civil que pretenda tener autonomía en sus decisiones debe tener autonomía financiera. Negar eso es ir contra la historia organizativa de la clase obrera.
Foto: Franco Fafasuli.
Mito 4: «Un beneficiario de un programa de trabajo cobra más de 100 mil pesos»
Este mito cae por su propio peso con los datos objetivos de los programas de empleo. En el caso del Potenciar Trabajo, que es la referencia principal de los planes, el monto que se cobra es de $19.000, cuestión que se rige en base a cómo evoluciona las definiciones del Consejo del Salario.
Incluso sumándole los ingresos por otras prestaciones sociales (como puede ser la Asignación Universal por Hijo), lo montos no llegan ni al 50% de lo que se plantea en el imaginario social.
Mito 5: «Nadie controla los recursos de las organizaciones sociales»
Esto es una mentira abierta e injustificable. Cada recurso que reciben las cooperativas de las organizaciones sociales deben ser justificados y rendidos en tiempo y forma.
En la actualidad, y a lo largo de la historia, el Estado tiene la plena potestad de hacer auditorías (y de hecho las ha hecho) que confirmen el destino de los recursos que transfiere a movimientos, municipios o asociaciones civiles.
Mito 6: «El programa de empleo es un subsidio y no un trabajo»
Este planteo surgió en las últimas semanas a partir de la arremetida de un sector del gobierno contra las organizaciones. Es falso y queda demostrado al calor de las distintas experiencias laborales que surgieron en las organizaciones sociales y de la contraprestación misma que se exige para percibir dicha remuneración.
Tal planteo además es realizado por los mismos funcionarios que avalan e impulsan que en las mediciones de los índices de desocupación se contabilicen los planes como empleo. De hecho, tal perspectiva le permitió al gobierno de Cristina Fernández en 2015 afirmar que Resistencia, Chaco, gozaba de pleno empleo.
Imagen: Télam.
Mito 7: «Los pobres, y más aún las mujeres, son usadas y explotadas en las organizaciones»
La vicepresidenta Cristina Fernández se refirió en estos términos a las personas que habitan las organizaciones. Desconoce, o prefiere omitir, que fueron las mismas mujeres las que pusieron de pie de las organizaciones, las que las sostienen y se ponen a la cabeza de la lucha.
Históricamente las asambleas barriales de las organizaciones han dado voz y lugar que las instituciones del Estado les niegan. De todas formas, no se puede negar la existencia de prácticas patriarcales en el seno de las organizaciones, las cuales no difieren de las existentes en todo tipo de organización de la sociedad civil.
El planteo realizado por Cristina Fernández niega la historia de construcción de un feminismo piquetero que tuvo uno de sus hitos en las asambleas de mujeres del Puente Pueyrredón en 2003, la existencia de comisiones de género en el grueso de los movimientos, o las cuadrillas de género que abordan a diario las situaciones de violencias, esas que el Estado define omitir.
Mito 8: «Con la intervención de la Anses y los intendentes se garantiza la transparencia»
El cobro del salario que implica el programa de empleo se hace a través de una tarjeta directamente a las personas “beneficiarias”, por lo que no hay mediación de las organizaciones en dichos fondos. El planteo que se pague a través de la Anses no modifica en nada la situación metodológica del cobro y lo que se expresa en definitiva es una disputa de la caja en cuestión.
En paralelo, se intenta “transparentar” la situación transfiriendo la organización del trabajo a los intendentes y gobernadores. Vayamos a un ejemplo concreto. Durante el gobierno de Duhalde existieron unas 800 denuncias penales por irregularidades en los manejos de los planes “Jefes y jefas de Hogar” entre abril de 2002 y octubre de 2003. Lo paradójico es que las presentaciones judiciales no apuntaban a las organizaciones sociales sino que recaían en su totalidad contra intendentes, funcionarios municipales, concejales y miembros de consejos consultivos impulsados por el propio gobierno. Tal situación será admitida por el propio Duhalde años después.
La implementación del plan “Argentina Trabaja”, durante el gobierno de Cristina Fernández, resultó ser otra muestra de este tipo de irregularidades ya que afloraron denuncias por doquier contra intendentes y punteros ligados al aparato municipal. Los jefes comunales sobreexplotaban a las personas “beneficiarias” y desviaban constantemente los fondos correspondientes a la compra de herramientas e insumos para garantizar dichos trabajos.
Detrás de esta propuesta se encuentra la intención de devolverle poder territorial a los punteros y al aparato del Partido Justicialista que fueron perdiendo en la disputa con las organizaciones sociales desde 1996 a esta parte. Además se busca que los municipios realicen un fraude laboral disponiendo de mano de obra precarizada por fuera de los convenios municipales.
[1] “La economía precarizada: ¿quiénes, dónde y de qué trabajan las casi tres millones de familias inscriptas en el ReNaTEP?”, Anred. Edición del 30/09/2021.
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“Mientras estuvo vigente la doble indemnización se crearon 200 mil puestos de trabajo”
Venció el decreto 886/21 y el Gobierno no volvió a prorrogarlo ante la baja en los índices de desocupación, que según Luis Campos -coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma- se explica por la suba del cuentapropismo, el trabajo precario e informal.
Canal Abierto Radio | El pasado 30 de junio quedó sin efecto el decreto 886/21 que prorrogaba parcialmente la Doble Indemnización para los y las trabajadoras, establecida ante el Estado de Emergencia Ocupacional en que se encontraba el país cuando Alberto Fernández llegó al Gobierno.
“Con el vencimiento volverá al régimen anterior con un mes de salario por año de antigüedad para los despidos sin causas”, explicó Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA-Autónoma, en comunicación con Canal Abierto Radio. “Hay que ver hasta qué punto esto puede llegar a facilitar los despidos por partes de las empresas”.
De todas formas -aclaró- la medida ya no aplicaba como en un principio porque “tenía un tope de 500 mil pesos, o sea si te correspondía un millón de pesos de indemnización, la segunda no iba a ser por el total sino de la mitad”.
“El argumento que usa el Gobierno para finalizar este régimen es que la desocupación es de un 7%, muy baja, y plantea que se está creando empleo, lo que volvería innecesaria la doble indemnización”, detalló Campos. Sin embargo, sostuvo que “hay que tomar con muchas pinzas esto, porque la disminución de ese porcentaje de desocupación se explica con la creación de trabajo precario, asalariados/as no registrados y trabajo por cuenta propia”.
“Decir que damos de baja la doble indemnización porque el mercado de fuerza trabajo está teniendo un comportamiento vigoroso que no está habiendo problemas de desempleo, cuanto menos es arriesgado”, expresó teniendo en cuenta que la mitad de la población laboralmente activa se encuentra por fuera de las regulaciones laborales en estado de precarización.
“Para los trabajadores no registrados y cuentapropistas lamentablemente las medidas que se están tomando son escasas por no decir nulas”, sostuvo.
A su vez, el gremialista destacó la posibilidad de “poner en discusión toda esa batería de argumentos de la derecha cuando plantea que las regulaciones laborales son la causa de la falta de empleo siendo que mientras estuvo vigente la doble indemnización se crearon más de 200 mil puestos de trabajo”.
Por otra parte, Campos refirió a la prohibición de despidos establecida durante la pandemia del covid-19: “No hay muchos datos pero efectivamente la prohibición de despidos fue una medida exitosa a pesar de que hubo muchos ‘retiros voluntarios’ que era la forma que encontraban las empresas para eludir esa legislación por lo que los primeros meses de pandemia a pesar de estar prohibidos los despidos hubo una baja en la cantidad de trabajadores registrados”.
En este sentido, Campos analizó las paritarias de este año: “Venimos de un año con dos rondas paritarias donde los acuerdos están cerrando en torno al 60% anual y lamentablemente no me arriesgo mucho si digo que estas paritarias deberán ser revisadas en el segundo semestre por la inflación”, concluyó.
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Héctor Recalde: “Todavía tenemos una veintena de leyes sancionadas durante la dictadura cívico-militar”
El reconocido abogado laboralista y ex Diputado Nacional, Héctor Recalde, dialogó en exclusiva con Enfoque TV sobre la situación política y sindical, el rol de Cristina Fernández de Kirchner de cara a las elecciones del 2023 y la agenda pendiente en materia laboral.
En la entrevista realizada por Enfoque Sindical, Héctor Recalde planteó que “es el Estado el que tiene que tiene que tener el rol protagonista en la sociedad”, ya que “todavía tenemos una veintena de leyes sancionadas durante la dictadura cívico-militar»
En su análisis sobre la dirigencia política del Frente de Todos, el ex diputado nacional expresó: «No encuentro un compañero o compañera que la iguale a Cristina, en su compromiso, militancia, en lo que sufrió también, porque nada es gratis»
Al abordar la situación del país y el camino hacia las elecciones del próximo año, Recalde expresó: «Con la realidad se puede hacer cualquier cosa, cuestionarla, pero no negarla. El gobierno es una coalición, no es unidireccional. Con mucha cautela digo, que habrá que ir a unas PASO». Y agregó: «Cuando Cristina elija nos encolumnaremos institucionalmente atrás de ella. Pero hoy ya tiene un rol y es la conductora de un espacio muy amplio. Hay varios campos en donde hay que militar y participar».
Con mucha cautela, evitó ser crítico de un gobierno del cual se siente parte y al ser consultado por la finalización de la doble indemnización explicó: «Yo en su momento planteé que prorroguemos la doble indemnización, hoy es una pelea que perdimos, pero no hay peor lucha que la que se abandona».
Respecto a los proyectos de ley que proponen la reducción de la jornada laboral, recordó que «la ley que regula la jornada laboral viene de 1929”, y explicó que “en su momento planteé que llegue a 45 horas. A los empresarios les digo que aumenta la productividad y hay menos accidentes de trabajo»
Durante la entrevista que puede verse en el canal de Youtube de Enfoque Sindical, Héctor Recalde recordó sus inicios en la militancia política y su encuentro con Juan Domingo Perón en Madrid en el año 1968: «Estuve 4 días con el General Perón en Madrid tratando de analizar como superar al Neo Peronismo»
«Toda mi vida me revelé contra la injusticia. Trabajé en una caja de previsión como trabajador, delegado y luego como secretario general», expresó Recalde.
Y concluyó en que: «Hay que incentivar a la juventud a que participe en política. Mientras la sociedad más participa mejores resultados se obtienen»
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Pequeños productores agrarios rechazaron el paro y acusaron a la Mesa de Enlace de «desestabilizar» mientras «están obteniendo cifras récord de ganancias»
«La rentabilidad que tiene hoy el sector que está protestando deja a las claras que para ellos es una movilización de campaña política», manifestaron pequeños productores chacareros de la rama Rural del Movimiento de los Trabajadores Excluidos (MTE). «El único objetivo es desestabilizar», añadieron.
Productores rurales de todo el país, nucleados en el MTE, repudiaron la medida de lockout patronal anunciada para el próximo 13 de julio por las entidades agrarias que integran la denominada Mesa de Enlace, y aseguraron que su único objetivo «es desestabilizar al gobierno con cualquier excusa», en este caso la falta de gasoil, cuando producto del conflicto que se desató en Europa del este «están obteniendo cifras récord de ganancias».
Para Manuel Martino, un chacarero integrante de la rama Rural del MTE, «la rentabilidad que tiene hoy el sector que está protestando deja a las claras que para ellos es una movilización de campaña política», y que «el único objetivo es desestabilizar» al gobierno con una neta finalidad de cara a las elecciones del 2023.
Desde la rama Rural del Movimiento de los Trabajadores Excluidos aseguraron que esas entidades no los representan, y por eso buscan conformar una nueva Federación que incluya a toda la familia de agricultores y productores rurales, que ocupe un lugar en la mesa de negociaciones y defienda los intereses del sector mayoritario del campo, el de los que labran día a día la tierra para producir los alimentos de las y los argentinos.
«Somos muchos más, y sin embargo no tenemos voz», continuó Martino, y explicó que hacia allí apuntará la Federación de pequeños productores, «a garantizar que nuestras necesidades como el acceso a la tierra, al crédito, y a políticas segmentadas para la agricultura familiar se hagan realidad».
El chacarero agregó que mejorar sus condiciones de vida y trabajo, con equipamiento necesario y acompañamiento del Estado, se traducirá en una mayor producción para alimentar al pueblo, y a su vez hacer frente al alza de los precios que manejan a gusto y placer unos pocos empresarios que hoy monopolizan el mercado de comercialización de alimentos en el país.
A la par de la concreción de una nueva Federación que los nuclee, recordó que volverán a las calles para exigir el tratamiento de la Ley de Acceso a la Tierra, que los lobbys de esos mismos sectores «que se arrogan el título de el campo» están frenando en el Congreso, «para que cada pequeño y pequeña productora rural tenga acceso a una parcela y deje de pagar altos arriendos o sea desalojada».
Por último, desde el MTE Rural indicaron que están dispuestos a discutir con números y fundamentos cómo se puede manejar un esquema interno de precios que garantice la alimentación del pueblo, sin dejar de lado las exportaciones que generan las divisas necesarias. «Y no con declamaciones altisonantes que solo representan a los terratenientes y capitales concentrados de la agroindustria, nucleados en la Sociedad Rural con la complicidad de la cúpula de la Federación Agraria y Coninagro», sostuvieron.
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Aguiar: “Esperamos que la designación de Batakis abra el camino hacia un escenario más beneficioso para trabajadores y jubilados”
“Desde el minuto cero debe trabajar para ponerle freno al flagelo de la inflación y avanzar hacia un ingreso básico universal», apuntó.
El Secretario Adjunto de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, evaluó que la designación de Silvina Batakis como nueva ministra de Economía “genera expectativas porque tiene un perfil bastante distinto al anterior” y señaló: «Esperamos que abra el camino hacia un nuevo escenario, más beneficioso para trabajadores y jubilados”.
“Si algo demostró la gestión de Martín Guzmán es que para gestionar la economía no alcanza con ser exclusivamente técnico o académico. Es necesario establecer políticas que rápidamente mejoren los salarios, jubilaciones y los ingresos de los sectores populares”, consideró el dirigente nacional. Los últimos informes del Indec muestran un índice de pobreza de 37,3% y una inflación interanual del 60,7%.
El dirigente nacional indicó que “para lograr transformaciones significativas se necesita un Estado mucho más fuerte” y agregó: “Para tener una plena autonomía en nuestras decisiones como país, se debiera revisar el acuerdo con el FMI”.
En esta línea, Aguiar sostuvo que “desde el primer minuto de su gestión, la nueva ministra deberá actuar con firmeza para ponerle fin al flagelo de la inflación” y detalló: “Los ingresos de los trabajadores formales e informales han sido altamente erosionados. Hasta el 2019, la distribución del ingreso era de un 51% para el sector empresario y un 49% para los trabajadores, pero esto último bajó al 40% en la actualidad. Por eso es necesario avanzar de una vez hacia la Renta Básica Universal”.
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Piden elevar a juicio una causa por trata y explotación laboral contra dueños de una ladrillera de Tucumán
La justicia federal de Tucumán pidió la elevación a juicio de una causa por trata laboral contra los tres dueños de una fábrica de ladrillos que fueron acusados por haber «captado y acogido en forma organizada» desde 2014 a unas once personas en «situación de vulnerabilidad» para explotarlas laboralmente en su empresa donde vivían en piezas con «piso de tierra» y sin baños.
Así lo informó hoy el Ministerio Público Fiscal (MPF) al señalar que el subrogante fiscal federal 2 de Tucumán, Agustín Chit, solicitó llevar a juicio a Néstor Héctor Daghero y sus hijos Héctor Adrián y Cristian Esteban como imputados por «haber captado y acogido en forma organizada al menos desde mediados de 2014 a un numeroso grupo de personas en evidente situación de vulnerabilidad, para explotarlas laboralmente en la actividad de producción de ladrillos para la construcción».
El caso fue detectado en un inmueble ubicado en la ruta provincial 305, kilómetro 9, donde funcionaba la empresa dedicada a la preparación de ladrillos que los acusados llevaban adelante al menos desde mediados de 2013, indicó en un comunicado el MPF.
En ese aspecto, explicó que consideraron víctimas a «todas aquellas personas que fueran identificadas en el predio de explotación» y no solamente a quienes fueron mencionados en el procesamiento, mientras que la cantidad de víctimas «excede» aquellas sobre las que lograron concretar su declaración y correcta identificación.
El MPF remarcó que «todos los imputados fueron responsables de la captación de las víctimas» por diversos mecanismos y, según la investigación judicial, los trabajadores manifestaron «haberse acercado allí en búsqueda de trabajo» y confirmaron que los acusados «los atrajeron para sí, para luego acogerlos y explotarlos laboralmente en el predio de la ladrillera».
Respecto a las víctimas, varios de ellos migrantes bolivianos, la investigación constató que vivían «en piezas individuales de 4 x 3 metros aproximadamente, de ladrillo y asentada en barro, con techo de chapa y piso de tierra, con cocina a leña», donde «no contaban con baño y para higienizarse debían hacerlo en tachos con agua».
Respecto a las condiciones en que se desarrollaba la actividad laboral, verificaron que el trabajo consistía en picar la tierra, mojar, echar bagazo y pisotear descalzos.
Además, el MPF reportó que los obreros iniciaban la jornada a las 4 para «producir por día aproximadamente 700 u 800 ladrillos» y como paga recibían «aproximadamente 400 pesos cada mil ladrillos fabricados», mientras según testimonios de las víctimas «cuando estaban enfermos no recibían ninguna clase de atención y si no trabajaban, no cobraban».
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Positiva reacción sindical a la llegada de Silvina Batakis en reemplazo de Guzmán
Claramente el ala sindical del kirchnerismo, más vinculada a la Corriente Federal de los Trabajadores, celebró la llegada de Silvina Batakis a Economía, no tanto por la afinidad con la ministra sino por la salida de Guzmán, de quien pedían “su cabeza” desde larga data, particularmente a partir del acuerdo con el FMI.
En la misma gama y desde la misma central el secretario general del Suteba, Roberto Baradel dijo que «es de esperar que todo se resuelva de la mejor manera». El docente conoce muy bien a la flamante ministra pues negoció con ella, durante años, las paritarias del sector en territorio bonaerense.
Desde la CGT ya fue algo más dispar la recepción de la noticia. Si bien, ya los resultados de las políticas de Guzmán comenzaban a preocupar a los dirigentes de la central, mantenían una buena relación con el platense, apoyaron el plan de pago de la deuda externa y tenían el visto bueno de que el ministro de Economía fuera un aliado del presidente Alberto Fernández, con quien mantienen una estrecha relación y de quien esperan, pueda cumplir el compromiso asumido de mejorar las condiciones laborales y recomponer el salario por encima de la inflación.
Guzmán buscaba con las centrales obreras, permanentes acuerdos de convivencia desde su inicio y hasta el fin. Eran aliados. Por eso, pese a las condiciones adversas de la Economía, seguían renovándole su confianza. De hecho, el ya ex ministro de Economía no se privó de agradecer a la central obrera y a los movimientos sociales su acompañamiento. «Un especial agradecimiento a los líderes de la Confederación General del Trabajo; a los Movimientos Sociales que acompañaron y apoyaron en momentos clave de la gestión, que cumplen un rol importante en una Argentina», redactó Guzmán, en la extensa misiva de dimisión.
El clan Moyano era la excepción dentro de la confederación. Ya hacía meses que venían expresándole diferencias y dudas respecto a no saber “si era el ministro de Economía apropiado para la lucha contra la inflación” y presionaba para que la CGT diera una demostración de fuerza y realizara un paro a las empresas alimenticias por la suba indiscriminada de precios.
Pese a esas diferencias, hay un camino en común, que es dar preponderancia al trabajo. De ahí la visita de Alberto Fernández el pasado 1 de Julio y su rememoración al estilo Perón: “cuando digo primero los últimos, digo primero la gente, la producción, apoyar al que invierte y no especula, al que da trabajo, al que está en situación de pobreza, reconocer que hay una economía naciente, no conocida hasta el tiempo de hoy, que es la economía popular, y que tenemos que darle vida porque si no la vamos a dejar al margen”, expresó Alberto refiriéndose a la necesidad de convertir subsidios en empleo formal.
En ese sentido, y para llevar a cabo esa transformación, organizaciones como FEMUSI (Federación de Mutuales Sindicales) ya lanzaron una oferta de capacitaciones masivas para trabajadores afiliados a distintos sindicatos de modo de ser puente entre el plan y el trabajo genuino. La profesionalización, es la herramienta clave que permitirá dar ese paso, de devolver a los desocupados al mercado laboral.
Con este mapa, Silvina Batakis desembarca en la cartera de Economía que tiene todo por hacer. Desde su entorno mostraron “satisfacción por el reconocimiento y preocupación por el gran desafío que deberán emprender” a partir de este lunes, donde la respuesta de los mercados también dirá lo suyo.
Envio:RL
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