Testimonios de las víctimas del hostigamiento impulsado por la gobernación de Gerardo Morales
Allanamientos, multas, detenciones y causas armadas: El manual de la persecución a las organizaciones sociales en Jujuy
Después de la visita de Alberto Fernández a Milagro Sala, y aprovechando el debate sobre la administración de los planes sociales, la estructura judicial que responde a Morales profundizó su asedio a las organizaciones populares. Página/12 recorrió distintos barrios de la provincia y recogió la palabra de dirigentes y militantes sociales, quienes relataron las modalidades con que son perseguidos por movilizarse para conseguir comida para merenderos o reclamar por derechos básicos. «Parece que luchar es un crimen», dicen.
“Acá para decidir poner 250 pesos cada uno para la organización hacemos una asamblea que puede llevar horas y horas de debate ¿Eso es una asociación ilícita? Lo hacemos porque la comida no alcanza para los comedores y merenderos». Ana Julia Ramos, militante de AJI-20 (Agrupación Joven Independiente 20 de Agosto), se hace esa pregunta al promediar la semana en que la policía de Gerardo Morales desplegó 16 allanamientos en casas, sedes de movimientos sociales y comedores populares y repartió notificaciones del fiscal Diego Funes que no sólo los señala como si fueran bandas criminales sino de extorsión por la administración de los planes Potenciar Trabajo, entre otros. «Estos días juntamos plata para pagar el ataúd de un abuelo del barrio ¿Eso es delito? ¿Es extorsión?», se suma Miguel Ramos, de la misma agrupación.
La persecución judicial-política es ostensible, está exacerbada desde que Alberto Fernández visitó a Milagro Sala cuando estaba internada por una trombosis venosa profunda y advirtió que es ilegal que lleve siete años en prisión preventiva. Ahora la ofensiva aprovecha el debate por el manejo de los planes sociales. Pero en Jujuy es de larga data y es poli-temática, aunque todo converge en intentar debilitar a los movimientos y sociales evitar que se vea el fruto de sus estrategias de supervivencia –como la economía popular– y en especial que ganen las calles. El gobernador Morales, como es conocido, armó una estructura judicial a su medida que es clave en su estrategia. El asedio a las organizaciones populares se instrumenta a través de causas penales y de contravenciones que se judicializan y derivan en multas monstruosas, impagables, 15 días de arresto en calabozos inhumanos o en el ofrecimiento de hacer tareas comunitarias, una verdadera burla para los/as militantes.
Contravenciones y aprietes
“Parece que luchar es un crimen», vuelve Miguel, que tiene 53 años. Por debajo de su boina asoma una tupida melena gris y una argolla que pende de su oreja izquierda. Hay una fila de sillas contra la pared de uno de los salones de la sede de Nuestramérica, donde se comparten bizcochitos. A tres sillas de él habla Silvia Valdiviezo, que lleva una remera con un 22 que se agiganta sobre su panza de ocho meses de embarazo. Es el símbolo del Frente 22 de Agosto. Tiene los pómulos morenos marcados y el pelo lacio negro largo. «El viernes nos llegó una cédula contravencional, por la movilización de los 20 años del asesinato de Maxi Kosteki y Darío Santillán. A notificar vinieron ocho policías en una camioneta y un patrullero, para que se entere el barrio», dice. Con el hijo por llegar, tendrá cuatro «y tres contravenciones». A su pareja, Diego Bustamante, que trabajaba en el Ministerio de Desarrollo Social, lo echaron hace dos años después de ir a ver a Milagro Sala. Ahora hace obras en cooperativas. A su hija, del Ministerio de Salud.
Sebastián Copello, del Partido y del Polo Obrero en Jujuy, estuvo detenido una semana con dos compañeros. Lo acusaron de quemar gomas y obstruir el tránsito en una protesta por asistencia para comedores y merenderos. Lleva una campera azul larga y hasta el cuello. Cuenta que tiene dos procedimientos en su contra: “Uno penal, que está cajoneado, y uno contravencional”. “Me pusieron una multa de 400 mil pesos”, precisa.
Miguel Ramos recuerda que después que detuvieron a Milagro Sala “la gente no se animaba a nada”, pero con el tiempo y la pobreza la lucha siguió. Cuenta sus contravenciones con resignación para no dejarse amedrentar. Recuerda un hecho que causó conmoción en 2021, cuando descubrieron que en el Colectivo Radio Pueblo llevaba tres años infiltrado un agente de la Policía de Jujuy, Ezequiel Rodrigo Rosales, que se hacía pasar por periodista. El hallazgo se produjo cuando su esposa lo denunció por violencia de género. Lo denunciaron pero nada pasó.
La doble vara es explícita: a Ana Julia Ramos y Marisol Velázquez, ambas de AJI-20, les armaron una causa por por supuestas amenazas contra Morales. Les adjudican un grafiti con la cara del gobernador que dice “se lo busca sin vida”. El expediente no tiene ni una prueba que las comprometa. “No prueba más que nuestra militancia en los barrios”, dice Ana Julia, de pelo negro largo y flequillo, labios y sweater rojos. “Hay capturas de nuestras redes sociales y la lista que presentamos para las elecciones legislativas. En una foto de campaña me marcan con un círculo rojo; de Marisol toman un posteo de Instagram y le ponen ‘fan destacada de AJI-20”, cuenta. “¿Cómo se va a sentir amenazado Morales por un grafiti si los amenazados somos nosotros?”, plantea Ana Julia. El fiscal es Diego Funes, el de los últimos alllanamientos masivos.
Los allanamientos
El fiscal Funes es el número dos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) que dirige Sergio Lello Sánchez, un leal a Morales, con denuncias de violencia laboral y de género. Los allanamientos de la semana pasada siguieron el fin de semana: Funes mandó a la policía y a asistentes fiscales a requisar casas particulares, comedores, merenderos y sedes de organizaciones, vinculados con el Movimiento Evita, la Tupac Amaru, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), la CTEP, Nuestramérica, el MTR 12 de Abril y el Frente Darío Santillán. Fue una excursión de pesca, para buscar documentos, computadoras, celulares, pen-drives. Quería información de los planes Potenciar Trabajo que reciben y administran las organizaciones. Su primer dictamen hablaba de asociación ilícita –usada para meter gente presa– y extorsión por el supuesto pedido de un porcentual del plan a las/los militantes o la exigencia de asistir a movilizaciones.
Daniel Galián, del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), estaba a las 7 de la mañana del miércoles en la casa donde viven su papá, dos sobrinos pequeños y dos tías en Alto Comedero. A él y su padre los encañonaron y los esposaron. “Nos tuvieron así hasta las 12. Pusieron como excusa que no tenían papel carbónico para hacer el acta.» Revolvieron todo. Se llevaron hasta celulares viejos con tapa. A Gonzalo Maurín, de Nuestramérica, le golpeó la puerta temprano “un hombre con una escopeta en la mano”. Además de dispositivos, se llevaron su agenda, una vieja costumbre dictatorial.
“Desde que llegó Morales y se creó el MPA, empezaron con represión en una marcha a la Legislatura, luego órdenes de allanamiento y detenciones. En 2020 nos llevaron a juicio por un corte a ocho militantes de varias organizaciones. Nos condenaron a pagar 150 mil pesos y la sentencia fue publicada en el diario El Tribuno”, cuenta José Surita, del Evita. Ese diario pertenece a Rubén Rivarola, presidente del PJ jujeño, socio político de Morales, con quien diseña la estrategia para 2023. Surita, de 55 años, también fue allanado la semana pasada. No estaba en su casa, en Maimará, porque estaba trabajando en San Salvador de Jujuy. Rompieron un vidrio y la puerta. El broche de oro fue que lo llamó la policía: “¿Anda por Maimará? Pasa que queremos retirar la consigna. ¿Podrá volver?”, le preguntaron. Parecía una broma.
Las y los abogados de los militantes fueron a la fiscalía y les dijeron que, por ahora, no hay imputación para nadie pese a que les incautaron de todo y armaron un show. Están todos con temor de detenciones porque conocen la tradición. El día de los operativos se juntaron en una foto Morales, Rivarola, Facundo Manes y otros dirigentes.
Mensajes y debates
Ivone Aparicio es una suerte de mujer “todoterreno” en el MTE. Entiende que el allanamiento a Daniel Galián fue un mensaje: “El es mi socio comunitario, va a preparar la olla en el espacio, es un aviso de que nos tienen en la mira”, dice, en una época donde apenas les llega alimento. “Yo tengo contravenciones. Mi mamá que tiene 73 años fue la que tuvo que recibir a un operativo de siete policías que mandaron para notificarme. Se enojó y me dijo: ‘qué vergüenza, ni con tus hermanos paso esto’”, explica. Ivone desearía que su madre y tantos entiendan que “en los barrios estamos evitando un estallido, para esto trabajamos en el territorio”. Ella trabaja “con chicos con consumos problemáticos” en un espacio llamado Vientos de Libertad. «La mayoría está en situación de calle”, alerta. Otra de sus tareas es acompañar a mujeres víctimas de violencia de género. “Buscamos sustento de distintas formas, vendiendo empanadas o con nuestro polo textil. Para bancar el alquiler hacemos rifas. Pero claro, ahora parece que si recaudás sos una asociación ilícita. Nadie vive con el Potenciar trabajo y nos encantaría un trabajo formal, mientras creamos nuestra fuente», se enorgullece.
Otra de las formas de hostigamiento en Jujuy es atacar proyectos educativos. En Nuestramérica dan clases en modo taller para gente de 16 años, hasta más de 55. “El plan es crear una cooperativa educativa y bachillerato de educación popular”, cuenta Malka Mercado. Pero no les habilitan títulos oficiales, que quedan reservados para la gestión privada. “No hay legislación de gestión social en la provincia”, dice Malka. “Ahora –suspira– quieren denunciarnos como espacio ilegal educativo”.
Policías y ladrones
Fani Martínez es concejala de Calilegua desde hace seis meses. Milita en la Tupac Amaru y representa al Frente Unidad para la Victoria en un cuerpo de seis, para un pueblo de 7500 habitantes donde «no hay correo ni cajero automático, sólo un hospital», dice. Su allanamiento la semana pasada tuvo todas las irregularidades habidas y por haber: se hizo sin testigos, antes del horario de 7 a 20 fijado en la resolución de la fiscalía, violando sus fueros (que impiden entrar a su domicilio sin un procedimiento especial e indagatoria previa) y la policía robó 15 mil pesos de su casa. Lo más insólito es que cuando Fani fue a ver al jefe de la brigada «reconoció lo de la plata y me la devolvió».
«Rompieron las puertas, ventanas, tiraron todo, rompieron sillas, se llevaron dos celulares, anduvieron por el fondo por el techo. Era la brigada de investigaciones, eran dos camionetas llenas y una fiscal de Ledesma. En ese lugar ahora vive mi hijo, pero no estaba.» Cuando le insistió al jefe policial que quería saber qué estaba pasando, la respuesta fue: “Fuimos por orden de la provincia y la fiscal Moreno”. «Yo trabajo en la organización, dicen que les sacamos plata a los compañeros. Yo no les saco nada. Ellos trabajan vendiendo bollos entre otras cosas para la copa de leche. Siempre digo que no nos conformemos con el plan ni con el bolsón con mercadería sino con obras», señala la concejala que aspira en las próximas elecciones a disputarle la intendencia a Elsa Flores, que lleva dos décadas en el cargo y pasó por todas las fuerzas políticas.
En Lozano
Lozano es un pueblito en la montaña lleno de casas sin terminar y con ladrillo gris a la vista. El hambre acecha y hay varios comedores. Uno de ellos pertenece al Movimiento Evita. Es el único de la zona no alineado con Morales, y por eso es castigado. La semana pasada merodeaba esa manzana un auto sin patente. Allí vive y se ocupa de la comida y la merienda Jackie Salguero, de 36 años. «Empecé atendiendo a 15 chicos hace ocho años, hoy son 120», cuenta mientras amamanta a su bebé. «El intendente (Santiago Tizón) no nos da mercadería para poder dar de comer y administra más planes que nosotros, que al final somos los acusados.»
La semana pasada la policía se llevó documentos personales de muchas de las personas que asisten allí como parte de la avanzada del fiscal Funes. Jackie no tiene computadora ni otros dispositivos, apenas un celular, que le quitaron. «No estoy asustada, pese a que nos quieren generar miedo, pero sí con bronca. Nos arman investigaciones para ensuciarnos y que no llevemos gentes a las elecciones». Jackie es bajita, tiene una sonrisa amplia y gran carisma frente a todas las personas que van llegando. Son mayoría mujeres. Es una tarde especial, de «repostería». Las adolescentes prepararon manjares para vender (pasta frola, torta de manzana, otra marmolada, con chocolate también) y poder conseguir la comida para seguir asistiendo a los chicos y chicas que no tienen nada.
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Hugo Yasky: «Hay que aumentar urgente el salario mínimo»
El diputado nacional Hugo Yasky instó a “aumentar urgente el salario mínimo”, pidió que las medidas que se tomen “no sean tibias” y anticipó que el gobierno está trabajando para convocar al Consejo Nacional de Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil.
“Hay que aumentar urgente el salario mínimo y convocar de urgencia al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil. El gobierno ya está trabajando en esa convocatoria. Y pensar en un bono antiinflacionario, una suma fija o el nombre que le quieran poner”, aseguró el secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) en una nota con el programa «¿Cómo la ves?», que conduce Gabriel Sued y se emite por Radio Futurock.fm.
Al referirse a las políticas que implementará la flamante ministra de Economía, Silvina Batakis, el legislador del Frente de Todos remarcó que “las medidas no pueden ser tibias. Espero que sus declaraciones guarden distancia sobre las decisiones que se tienen que tomar. La recomposición del ingreso se tiene que plantear en la forma que garantice que se haga en un tiempo rápido”.
Yasky solicitó, además, “discutir iniciativas como el Salario Básico Universal. Si hoy no están los recursos tendrán que estar mañana. Y también rediscutir el acuerdo con el FMI porque las condiciones cambiaron”.
Asimismo, el dirigente sindical pidió que la segmentación de tarifas “sea instrumentada quirúrgicamente”. “Estoy convencido que cualquier segmentación por bien intencionada que sea, que logre una perdigonada sobre los sectores populares, va a echar nafta al fuego. No se puede seguir corriendo el riesgo de lastimar el bolsillo de los que ya vienen viviendo una situación difícil”, concluyó el diputado.
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Para Aguiar, “las nuevas medidas son un ajuste y clausuran toda posibilidad de recuperar salarios y jubilaciones”
El secretario Adjunto de ATE Rodolfo Aguiar opinó tras la ronda de prensa que realizó la nueva ministra de Economía Silvina Batakis: “Los anuncios responden a las necesidades del mercado y del FMI, derribando las expectativas de los sectores populares”, indicó.
Tras el anuncio del nuevo programa económico del Gobierno, en el cual se incluyen el congelamiento del personal estatal y la continuidad incondicional del acuerdo con el FMI, el Secretario Adjunto de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, señaló que “ninguna de las nuevas medidas está orientada a mejorar el bolsillo de la gente” y apuntó: “No se necesita ser especialista para afirmar que a partir de hoy enfrentamos un nuevo ajuste».
«Está claro que el Gobierno eligió responder a las exigencias de los grandes grupos empresarios. Se trata de un mensaje a medida de las necesidades del mercado que derriba las expectativas de la mayoría del pueblo», evaluó el dirigente. En conferencia de prensa, la ministra de Economía, Silvina Batakis, confirmó que la nueva segmentación en los subsidios a las tarifas comenzará a regir a partir del viernes 15 de julio.
Aguiar consideró que «este anuncio prioriza exageradamente el acuerdo con el FMI, clausurando toda posibilidad de recuperar salarios y jubilaciones o de establecer un ingreso básico universal». Entre otras medidas, también se comunicó la modificación al artículo 8 de la ley de Administración Financiera, por lo cual las cuotas presupuestarias mensuales que otorga la administración pública para asignar sus erogaciones se basarán en una nueva proyección de caja real.
Frente a esto, el adjunto estatal indicó: «Sorprende que se profundicen algunas medidas neoliberales adoptadas durante el macrismo, como el congelamiento de vacantes en el sector público. Esto nos aleja de la posibilidad de contar con un Estado fuerte y presente, que permita una salida de la crisis en favor de las mayorías populares».
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Andalgalá: entre la anarquía y la dictadura minera
El mito de la megaminería como desarrollo para los pueblos se cae por su propio peso y los gobernantes ya no saben cómo doblegar a quienes se oponen, la violencia institucional y la criminalización de la protesta como método para meter miedo, en Andalgalá no funciona. Catamarca, una provincia en llamas, con emergencia hídrica. ¿Por que los andalgalenses hablan de Dictadura Minera?. Por Silvina Reguera para ANRed*| Imágenes: Marianela Gamboa.
Escándalo. Según la enciclopedia libre Wikipedia, “Un escándalo es un incidente ampliamente publicitado que incluye acusaciones de proceder incorrecto, degradación o inmoralidad. Un escándalo puede basarse en actos reales, ser producto de acusaciones, o una mezcla de ambas. Las acciones tomadas para encubrir un escándalo e impedir que este se haga público suelen generar un escándalo mayor si el encubrimiento falla y el escándalo logra efectivamente hacerse público.
Desde que subieron ilegalmente las máquinas perforadoras al cerro donde nacen los ríos que le dan vida al pueblo de Andalgalá, toda la provincia de Catamarca se ha vuelto un escándalo de magnitudes incalculables. Ya era un escándalo la explotación de Alumbrera que dejó una provincia en el peor ranking de empobrecimiento y actos de corrupción, a lo que se suma la embestida de violencia estatal para forzar, a como dé lugar, la aceptación del proyecto MARA (Alumbrera-Agua Rica fusionados) en un pueblo que no quiere más megaminería; se llama “licencia social” y es algo que la multinacional-multimillonaria NO tiene.
La lucha sostenida de los andalgalenses por mantener la montaña en pie y ganar “tiempo de vida” se transformó en una cruzada heroica, un proceso de aprendizaje y empoderamiento en defensa propia. Es el ejemplo que muchos otros pueblos han tomado, para aplicarlo también en sus territorios, que a esta altura, ya son demasiados, porque la embestida del extractivismo más criminal que se haya visto en la historia argentina, da cuenta que no hay un solo lugar de este país donde no haya riesgo ambiental, que trae consigo todas las calamidades juntas, por supuesto, solo para la gente, los ciudadanos comunes, los nadies, los que solo quieren vivir en paz.
Dictadura. Según el diccionario de la lengua española, La dictadura es un sistema de gobierno o régimen gubernamental donde todos los poderes del Estado se concentran en un individuo, un grupo o un partido. El dictador no permite la oposición a sus acciones y a sus ideas, tiene poder y autoridad absolutos. Se trata de un régimen no democrático y autocrático, donde no existe la participación del pueblo. Como instalar por la fuerza un proyecto que nadie quiere porque viola las leyes y los DDHH poniendo en riesgo la vida, la salud de las personas y el ambiente en que vive? Solo hay una forma, con Dictadura Minera. En un informe emanado de Yamana Gold-Proyecto Agua Rica en lo que han dado en llamar:” Programa de Perforaciones-Exploración Avanzada”, dice textual.
Esto significa, para entenderlo bien, que para conseguir la licencia social que NO TIENEN van a violar las leyes, “influir en el marco regulatorio”. A esto nos referimos los andalgalenses cuando hablamos de Dictadura Minera, lo dicen ellos, claramente y lo venimos alertando desde hace muchos años. Y si esta parte del informe les parece escandaloso, pueden leer el resto, deben leerlo, necesitan saber con qué clase de monstruo estamos lidiando. (Al final de la nota podes ver el informe completo).
¿Consultaron algo a los pobladores?
La pseudo consulta que realizó el Estado de Catamarca a la Población de Andalgalá consistió en que durante el tiempo de 15 minutos los vecinos y vecinas pudieran leer 2700 páginas de la Evaluación de Impacto Ambiental que el Ministerio de Minería de la Provincia realizó sobre el Informe de Impacto presentado por la Empresa Agua Rica para la etapa de exploración avanzada toda esa documentación contiene lenguaje técnico minero geológico ambiental, complicado de entender para el ciudadano de a pie e imposible humanamente hablando, en ese tiempo.
El Gobierno de Raúl Jalil quiere imponer con agresión y ensañamiento un proyecto minero tres veces más grande que Alumbrera, a pocos km de donde vive la gente. Y nadie le pone un freno. Y en honor a la verdad, las culpas de este caos que la prensa a toda costa quiere tapar, son compartidas, por acción u omisión. No es solo un gobernador feudal, es también la oposición que no supervisa, no cuestiona, no dice, no nada; así gane quien gane y gobierne quien gobierne, siempre es lo mismo, están atornillados a un puestito de poder en donde cada cual atiende su juego. Y es también el intendente Eduardo Córdoba y los concejales que no defienden la ordenanza 029/16 que dice “PROHIBICIÓN DE LA MEGAMINERIA METALÍFERA EXTRACTIVA A CIELO ABIERTO Y DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y/O EXPLOTACIÓN DE URANIO Y TORIO, EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS, EN LA CUENCA ALTA DEL RÍO ANDALGALÁ”.
Señores: esta ordenanza fue votada por unanimidad y ustedes deberían defenderla como el pueblo defiende la montaña. Si no aprendieron en 13 años con todas las lecciones y cátedras que ha dado la población en lo que a lucha se refiere, entonces…bueno, no están a la altura de las circunstancias y deberían dedicarse a otra cosa porque la realidad es que acá se está jugando la vida de un pueblo y lo último que necesitamos son tibios e hipócritas. Entonces, ¿cómo resolvemos esto?.
Hace unos días el gobernador Raul Jalil salió al aire en el noticiero de TN, para respaldar a la flamante ministra de Economía y aprovechó para pasar el “chivo” de que en su provincia, porque él cree que es de SU propiedad, ya esta proxima la Fiesta del Poncho. Pero lo que no dijo es que SU provincia, está en llamas, no solo por el incendio de grandes magnitudes que se devora miles de hectáreas en los cerros de Andalgalá, que ya llegó a Belén y que no logran sofocar, sino porque su gestión es un desastre también de enorme magnitud. A él si le dan prensa, a nosotros nos tratan de tapar, parece una película de terror que se podría llamar “Borrando Andalgalá”.
Mientras tanto, y a pocos días de llegar a las 650 caminatas por el Agua y la Vida, los andalgalenses no están dispuestos a dar ni un paso atrás. y la única salida posible para restituir la paz social es con el cierre definitivo de Alumbrera, con la bajada de las máquinas que están perforando El Aconquija, y la paralización inmediata y definitiva del Proyecto MARA.
La solidaridad nos rodea, la Asamblea El algarrobo nos cobija. Vivir en alerta se ha vuelto habitual, dormir despiertos ya es la costumbre y rendirse no es una opción, porque es la vida o la mina. Y el estado, Nacional y Provincial: SON RESPONSABLES.
Finalmente, es apropiado para la ocasión, un pensamiento que dice: “Anarquista es, por definición, aquel que no quiere estar oprimido y no quiere ser opresor, aquel que quiere el máximo bienestar, la máxima libertad, el máximo desarrollo posible para todos los seres humanos”. Enrico Malatesta.
*Silvina Reguera-Asamblea El Algarrobo. Andalgalá.
Ver Nota completa: https://www.anred.org/2022/07/08/andalgala-entre-la-anarquia-y-la-dictadura-minera/
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Una fábrica maderera anticipa vacaciones por la falta de insumos y desde el sector advierten sobre 5000 puestos de trabajo en riesgo
En Misiones una fabrica de tableros de madera le dará licencia a 270 empleados porque se quedó sin stock de un insumo. Desde la cámara empresaria Faima que lidera el ejecutivo de la misma empresa advierten que están en riesgo 5000 puestos de trabajo por las restricciones cambiarias.
Las restricciones al dólar que impuso hace una semana el Banco Central lograron frenar la sangría de divisas pero tienen sus consecuencias en la importación de insumos. Una fábrica maderera de Misiones empezó por adelantar vacaciones ante la falta de resina fenólica que no puede reponer por no poder acceder a dólares.
La empresa también amenazó con comenzar con suspensiones de personas si en las próximas semanas no se regulariza la situación.
“Desde el lunes vamos a darles vacaciones anticipadas a 270 personas porque no podemos producir”, dijo el viernes pasado a La Nación Román Queiroz, director de Coama Sud América.
El empresario también preside la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (Faima), y presionó en función de la imposibilidad de acceder a los dólares para pagarle a su proveedor de Brasil.
Queiroz aseguró que la decisión de adelantar las vacaciones a julio, ya fue comunicada al sindicato de la actividad. “Tendremos que comenzar con las suspensiones si no se soluciona”, remarcó al mismo medio.
Desde la firma, iniciaron gestiones con el Banco Central y el Ministerio de Desarrollo Productivo. Ya obtuvieron respuesta del ministro Daniel Scioli, aunque sin solución.
Faima, además, advirtió en un comunicado que las restricciones cambiarias afectan “a más de 5000 puestos laborales directos, y un número similar como efecto indirecto sobre otras actividades vinculadas”.
Otro rubro de la actividad con problemas similares es el de los fabricantes de postes de madera que se utilizan en la vitivinicultura y en la industria de la energía. No pueden comprar un conservante para impregnar los postes (sales CCA).
”El impacto de la escasez alcanzará la semana próxima a más de 100 empresas del sector, que emplean en promedio 15 personas, por lo que se estima que alrededor de 1500 personas estarán suspendidas”, informó Faima y añadió: “esto también tendrá un efecto sobre otras actividades, en particular la vitivinícola, que se encuentra actualmente en su momento de mayor dinámica estacional”.
La entidad advirtió que “la falta de divisas para importar insumos esenciales para la industria ya presenta efectos a lo largo de toda la cadena productiva”.
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Congelan regularización de estatales: “El Gobierno incumple su compromiso, una vez más”
Además de las definiciones sobre el dólar, la inflación, la segmentación tarifaria y el acuerdo con el FMI, la ministra de Economía anunció el congelamiento de los ingresos de personal al Estado. “Es más de lo mismo: medidas de ajuste que son negativas para la gente”, afirmó Hugo Godoy, de ATE.
Redacción Canal Abierto | Esta mañana la ministra de Economía, Silvina Batakis, anunció una serie de medidas que -subrayó- “apuntan a garantizar el equilibrio fiscal y frenar la suba de los precios”.
En lo que se evidencia como un fuerte gesto de respaldo en medio de la crisis política que atraviesa el Gobierno, la titular del Palacio de Hacienda dio a conocer sus líneas de gestión en una conferencia de prensa junto a los ministros de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli; de Agricultura, Julián Domínguez; y de Turismo y Deportes, Matías Lammens; el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont.
En ese marco tuvo definiciones vinculadas al tipo de cambio, la inflación, el acuerdo con el FMI y la segmentación de tarifas. “Vamos a garantizar el equilibrio fiscal, soy una persona que cree mucho en el equilibrio fiscal”, afirmó la sucesora de Martín Guzmán antes de enumerar una serie de medidas propias de la ortodoxia económica. Por ejemplo, un congelamiento del ingreso de personal al Estado, incluidos los organismos descentralizados.
“Es más de lo mismo: medidas de ajuste que van a impactar negativamente en la vida de las grandes mayorías”, señaló a Canal Abierto el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Hugo Godoy.
Hace más de un año que el principal gremio de la CTA Autónoma viene acusando demoras en el Plan Integral de Regularización del Empleo Público 2021-2023, anunciado en diciembre de 2020 para regularizar y recategorizar a 30 mil estatales que contaran con 10 o más años de antigüedad en condiciones de precariedad. “Hasta ahora se deben haber concursado y efectivizado sólo unos 4 mil cargos, estamos muy lejos”, detalló el sindicalista.
“El Gobierno incumple su compromiso, una vez más”, lanzó Godoy, y agregó: “Estas cosas impiden fortalecer áreas del Estado que son clave para la reactivación económica; a la vez, priva de recursos a instituciones de control, favoreciendo a los grupos más poderosos. Pienso en los puertos y las áreas fluviales, en Aduana, los organismos de control financiero y empresas del Estado que garantizan su funcionamiento en base al trabajo cotidiano de sus trabajadores”.
Sobre el escenario político y social que avizora para los próximos meses, el titular de ATE apuntó: “Vamos derecho a una recesión con inflación, agudizando el drama que ya padecemos los trabajadores argentinos”.
Ante la consulta sobre futuras medidas de fuerza, Godoy recordó que este miércoles la CTA Autónoma ya tenía prevista una jornada con asambleas en todo el país para debatir proyectos como el salario básico universal y la necesidad de una reapertura del Consejo del Salario Mínimo: “Seguramente allí decidiremos cómo hacer para que la voz de los trabajadores se haga escuchar, no descartamos nada”.
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Importante Congreso de la Corriente Federal de Trabajadores, con la presencia de Kicillof
Este viernes la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) cerró su Congreso Nacional con un acto en la localidad bonaerense de Moreno, del que también participó el gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof. Durante el congreso dirigentes gremiales de todo el país analizaron aspectos estratégicos vinculados a la política, la economía y el rol de los sindicatos.
Participaron los secretarios Generales Sergio Palazzo (Asociación Bancaria), Héctor Amichetti (Federación Gráfica Bonaerense), Carlos Ortega (Secasfpi), Carlos Minucci (APSEE), Horacio Arreceygor (SATSAID), Abel Furlán (UOM), Walter Correa (Curtidores), Ignacio Monzón (Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales), Fabián Boccella (Unión de Personal Jerárquico de Empresas de Telecomunicaciones), Heber Ríos (ATILRA), Fabián Catanzaro (Sindicato de Trabajadores de Vialidad Nacional), Adrián Silva (APDFA) y Vicente Álvarez (Sindicato Único de la Publicidad).
En ese marco, Kicillof destacó que “la Corriente Federal, que se ha reunido para deliberar y compartir ideas, representa lo mejor de la tradición de lucha del movimiento obrero argentino”. “Son parte fundamental de una democracia genuina, que es aquella en la que se delibera y participa, en la que los sindicatos son protagonistas y, como demuestra la historia argentina, movilizan y conquistan derechos”, agregó.
Para el cierre del encuentro, Kicillof planteó: “Estamos transitando una época muy difícil para todo el mundo, de crisis financieras, energéticas y alimentarias, que requiere que tengamos claro dónde estamos parados y cuáles son los instrumentos que nos permitirán generar igualdad de oportunidades. Hay grandes dilemas, pero también certezas: estas crisis nos deben encontrar unidos como pueblo en base a los principios de independencia económica y justicia social”.
Luego el gobernador enfatizó: “Para que el crecimiento sea sólido y sostenible, es fundamental que mejoremos la distribución de la riqueza y los ingresos. Tengan la certeza de que la provincia de Buenos Aires va a acompañar el programa de las trabajadoras y los trabajadores que nunca bajaron los brazos y siguen luchando para que nuestro pueblo tenga el bienestar y la felicidad que se merece”.
Palazzo, por su parte, remarcó que “desde la Corriente Federal, hemos sido protagonistas de la resistencia a las políticas que afectaron a los trabajadores durante los cuatro años anteriores”. “Hoy estamos expresando nuevamente nuestra voz para seguir acompañando a los que más nos necesitan, a los más vulnerables”. Y Amicheti afirmó: “Los sindicatos no están solo para defender los salarios, sino también para luchar por un proyecto de país con independencia económica y justicia social. Vamos a seguir contribuyendo para poner a disposición todo el potencial que tiene nuestro país para generar trabajo de calidad para el pueblo argentino”.
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Fesprosa continúa impulsando reclamos en distintas provincias por una «recomposición salarial real»
Desde la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa) confirmaron la continuidad del plan de lucha por una recomposición salarial real para el sector en distintas provincias del país, al tiempo que manifestaron su preocupación por las definiciones económicas que hizo públicas este lunes la flamante ministra de Economía Silvina Batakis.
En este aspecto, cuestionaron las definiciones de la titular de Hacienda, supuestamente destinadas a “garantizar el equilibrio fiscal y frenar la suba de los precios”, que en realidad implican una serie de “medidas de ajuste ortodoxo”. Al respecto, consideraron que “con el congelamiento de los cargos en el Estado nacional en todos los organismos, el 90% de los profesionales que están en negro verán bloqueado su pase a planta permanente, particularmente en el Hospital Posadas, el Sommer y los hospitales que dependen del Estado nacional”.
En cuanto a las medidas de lucha, señalaron que este lunes la Asociación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de Salud Pública del Chaco (APTASCH Fesprosa) inició un paro de 72 horas y realizó un acto en las puertas del Hospital Perrando. El gremio mantendrá el estado de asamblea permanente hasta este miércoles 13, cuando realizarán una concentración en la Casa de la Cultura, para aguardar el resultado de las reuniones paritarias.
La Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (ASSPUR Fesprosa) encara un paro provincial de 48 horas en repudio al destrato que el gobierno de Arabela Carreras mantiene hacia los trabajadores de la salud y para exigir una paritaria sectorial.
En Catamarca, al igual que en Chaco y Rio Negro, los gobiernos insisten en fracturar al equipo de salud haciendo ofertas de aumentos salariales a pequeños grupos de especialistas. Los trabajadores responden con lucha y harán un paro con movilización al Hospital San Juan Bautista este jueves a partir de las 8.
La Asociación De Profesionales de La Salud de la provincia de La Rioja (APROSLAR Fesprosa) también va a un paro de 72 desde el martes 12 para exigir el cumplimiento de las promesas del gobernador de recomposición salarial y el pase a planta de los precarizados. Por su parte, el Sindicato de Profesionales de la Salud de Neuquén (SIPROSAPUNE Fesprosa) encabeza un paro el miércoles 13 en reclamo por la Ley de Carrera Profesional que sostiene hace más de seis meses.
Finalmente, la seccional CICOP San Isidro realizará una movilización por enfermería el miércoles 13, con una concentración previa a las 10 en Márquez y Centenario para exigir el pase de los licenciados en enfermería a la ley 10.471.
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Una fábrica maderera anticipa vacaciones por la falta de insumos y desde el sector advierten sobre 5000 puestos de trabajo en riesgo
En Misiones una fabrica de tableros de madera le dará licencia a 270 empleados porque se quedó sin stock de un insumo. Desde la cámara empresaria Faima que lidera el ejecutivo de la misma empresa advierten que están en riesgo 5000 puestos de trabajo por las restricciones cambiarias.
Las restricciones al dólar que impuso hace una semana el Banco Central lograron frenar la sangría de divisas pero tienen sus consecuencias en la importación de insumos. Una fábrica maderera de Misiones empezó por adelantar vacaciones ante la falta de resina fenólica que no puede reponer por no poder acceder a dólares.
La empresa también amenazó con comenzar con suspensiones de personas si en las próximas semanas no se regulariza la situación.
“Desde el lunes vamos a darles vacaciones anticipadas a 270 personas porque no podemos producir”, dijo el viernes pasado a La Nación Román Queiroz, director de Coama Sud América.
El empresario también preside la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (Faima), y presionó en función de la imposibilidad de acceder a los dólares para pagarle a su proveedor de Brasil.
Queiroz aseguró que la decisión de adelantar las vacaciones a julio, ya fue comunicada al sindicato de la actividad. “Tendremos que comenzar con las suspensiones si no se soluciona”, remarcó al mismo medio.
Desde la firma, iniciaron gestiones con el Banco Central y el Ministerio de Desarrollo Productivo. Ya obtuvieron respuesta del ministro Daniel Scioli, aunque sin solución.
Faima, además, advirtió en un comunicado que las restricciones cambiarias afectan “a más de 5000 puestos laborales directos, y un número similar como efecto indirecto sobre otras actividades vinculadas”.
Otro rubro de la actividad con problemas similares es el de los fabricantes de postes de madera que se utilizan en la vitivinicultura y en la industria de la energía. No pueden comprar un conservante para impregnar los postes (sales CCA).
”El impacto de la escasez alcanzará la semana próxima a más de 100 empresas del sector, que emplean en promedio 15 personas, por lo que se estima que alrededor de 1500 personas estarán suspendidas”, informó Faima y añadió: “esto también tendrá un efecto sobre otras actividades, en particular la vitivinícola, que se encuentra actualmente en su momento de mayor dinámica estacional”.
La entidad advirtió que “la falta de divisas para importar insumos esenciales para la industria ya presenta efectos a lo largo de toda la cadena productiva”.
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Rescatan a 66 peones formoseños reclutados para cosechar limones que resultaron esclavizados: «Vivían en condiciones deplorables»
Tras una serie de allanamientos en el sur de la provincia de Salta, fueron rescatados, en las últimas horas, al menos 66 peones rurales (reclutados entre la comunidad wichi) que fueron llevados a esa provincia desde Formosa para trabajar en fincas dedicadas a la producción cítrica, especialmente de limones para exportación.
Las empresas en la mira de la Justicia por este brutal caso de explotación son la contratista Padilla Citrus, propiedad del empresario Pablo Padilla y Dynamic Agroservices, ambas con sede legal en San Miguel de Tucumán.
Este nuevo caso de trata y explotación inhumana fue descubierto tras una denuncia que lograron hacer trascender los propios trabajadores confinados en las producciones que reclamaron ante las autoridades por demoras en los pagos de los jornales, trabajo a destajo y pésimas condiciones habitacionales.
A partir de una investigación de la División de Prevención y Lucha contra la Trata de Personas de la Policía de Salta se pudo echar luz sobre este caso tras dos operativos relámpago y simultáneos. Uno en una finca ubicada en la localidad de El Galpón, donde había 21 trabajadores pertenecientes a la comunidad Colonia Aborigen Estanislao del Campo, de Formosa. El otro operativo fue en un edificio en construcción en la localidad de Metán, que habría sido usado como “hotel”; allí unos 45 trabajadores “vivían en condiciones deplorables, ya que el lugar no contaba con las condiciones mínimas e indispensables para su alojamiento, exponiéndolos a las inclemencias climáticas, a una extrema carencia alimenticia y de servicios básicos”, según informó la Policía de Salta.
Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia señalaron que “estas personas habrían sido captadas en su lugar de residencia por el administrador de la finca, quien los condujo hasta el lugar para trabajar en la cosecha de limones”. A partir del “rescate” se detuvo a una persona sindicada como responsable de la finca y se abrió una causa en el fuero federal. En los operativos también participó personal de la AFIP.
Según confirmaron diversos medios salteños, detrás de este caso de trata hay dos firmas. Una es Dynamic Agroservices, cuya sede legal está San Miguel de Tucumán y se dedica a “servicios de contratistas de mano de obra agrícola”. La otra es Padilla Citrus, que también figura con domicilio legal en Tucumán y cuyo dueño es Pablo Padilla, quien cuenta con fincas en ambas provincias y también oficinas en Europa y en el sudeste asiático.
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La «inflación de los trabajadores» se aceleró en junio, llegó al 5,5% y alcanzó el 65,1% en el último año
La «inflación de los trabajadores», que mide la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), fue del 5,5% en junio. Frenó la desaceleración que se había registrado en abril y mayo. En el primer semestre, los precios de la canasta que compran los asalariados registrados acumuló un 37%.
La medición se realiza sobre la base de una canasta ajustada al consumo de los asalariados y es el índice que suelen tomar en cuenta los sindicatos y la CGT.
Con respecto a los últimos doce meses, el incremento de los precios para los productos y servicios que compran los trabajadores alcanza un 65,1% y es la más alta desde junio de 2014, cuando se inicia la medición.
«A esta altura, la inflación mensual debería ser inferior al 4,6% mensual para evitar que la inflación acumulada de 2022 supere el 80%», explica el informe.
La inflación de junio estuvo traccionada por el rubro «recreación y cultura», que se incrementó 10,3%, debido a subas en TV por cable, alimentos para mascotas y paquetes turísticos (a causa de la proximidad de las vacaciones de invierno). En segundo lugar, se ubicó «comunicaciones», con 9,3%, por alzas en servicios de telefonía.
Alimentos y bebidas se encareció 5,9% acelerándose 0,5 puntos respecto al registro de mayo. El mes pasado había jugado a favor la baja de productos como verduras y frutas, que en junio subieron de precio por razones estacionales.
Asimismo, se dispararon los precios de infusiones (particularmente yerba mate) y de aceites y grasas (con precios récord a nivel internacional).
Por su parte, «salud» trepó 5,7%, en un mes en que las prepagas subieron 6,7%. Y «equipamiento y mantenimiento del hogar» se encareció 5,5%, con alzas generalizadas en muebles y electrodomésticos.
Por debajo de la media, se ubicaron los rubros de «transporte», con el 4,7% (con alzas del 11% en automóviles cero kilómetro producto de la creciente brecha cambiaria y la falta de oferta); y «vivienda» (4,2%), porque se registraron algunas subas en electricidad, materiales de construcción y alquileres.
Los únicos rubros que subieron menos de 3% fueron «enseñanza» (2,6%) e «Indumentaria y calzado» (2,3%), ambos por razones estacionales (no suele ser época de grandes aumentos).
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Gringo» Castro anticipó que insistirán por el Salario Básico Universal y pidió «organizar una marcha con piqueteros, CGT y CTA contra los aumentos especulativos»
10 julio, 2022
El secretario general de la UTEP, Esteban «Gringo» Castro, manifestó que desde la economía popular van a empujar el proyecto de Salario Básico Universal. Además aseguró que hay que «organizar una marcha con piqueteros, CGT y CTA contra los aumentos especulativos».
Luego del discurso de la vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner en El Calafate, el secretario General de la UTEP, gremio conformado por las organizaciones sociales, manifestó que «se bajó el tono de la confrontación interna».
En declaraciones a la AM750, el dirigente planteó la necesidad de «construir espacios de discusión» y sostuvo que desde la Unión de Trabajadores de la Economía Popular van a insistir con el Salario Básico Universal.
Esta semana, el gobierno comunicó que «no está la posibilidad en este momento de avanzar con un Salario Básico Universal”. Al respecto, el secretario general de la UTEP Esteban «Gringo» Castro declaró: «Me parece que hay que charlarlo mejor».
Además aseguró que van a empujar la medida y «también con el resto de los proyectos que tenemos en la ley marco de Tierra, Techo y Trabajo».
Consultado por la discusión interna respecto de «la tercerización de los planes sociales», Castro explicó que para su sector la asistencia estatal representa «un salario social complementario porque transformamos el plan social en trabajo hace muchos años».
El referente de la UTEP opinó que es necesario construir espacios de debate sobre «temas complejos, en los que todos tienen algo para decir» para evitar que la interna se desate en los medios de comunicación y destacó que esta semana «se bajó el tono de la confrontación que había tomado demasiado vuelo».
En ese sentido, desdramatizó la falta de acuerdo al interior del Frente de Todos: «Las tensiones con los trabajadores existieron hasta con Perón. No hay que tener temor».
Por último pidió coordinar acciones entre los diferentes sectores para marcar el descontento con la situación inflacionaria: «Hay que organizar una marcha con piqueteros, CGT y CTA contra los aumentos especulativos».
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Multaron y denunciarán penalmente a una productora audiovisual que hacía trabajar a niño de 11 años en una filmación sin permisos
Una productora de filmación fue multada y se la denunciará penalmente por hacer trabajar en una filmación a un niño de 11 años sin el correspondiente permiso de la Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (Copreti).
Los inspectores de la Copreti constataron, tras una denuncia del Sindicato de Actores, que un niño de 11 años trabajaba en un set de grabación en la localidad bonaerense de Hudson, partido de Berazategui.
La productora no contaba con el permiso para que el niño pudiese trabajar en la filmación y procedió a infraccionar al empleador, acta que posteriormente fue remitida a la Copreti para avanzar con la correspondiente denuncia penal
«En nuestro país está prohibida la contratación de mano de obra infantil por debajo de la edad mínima de admisión al empleo, fijado en 16 años, pero existen algunos regímenes con excepciones, siempre y cuando los lugares donde los niños y niñas se desempeñen cumplan con las condiciones necesarias para el desarrollo de las tareas», se indicó desde la cartera laboral bonaerense.
En este sentido, señalaron que el Ministerio de Trabajo «tiene un fuerte compromiso en pos de la erradicación del trabajo infantil en todas sus formas» y se indicó que en «los últimos años se dieron diferentes estrategias tanto para difundir los derechos de los niños y niñas, las obligaciones de los empleadores y realizó numerosas inspecciones para garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes».
Desde el Gobierno bonaerense destacaron que si bien «la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño reconoce y promueve el derecho de los niños y las niñas a participar en la vida cultural y artística”, indicaron también que “considera prioritaria su protección contra cualquier tipo de trabajo que pueda dificultar su educación o ser nocivo para su desarrollo».
En esa línea, expresaron que en territorio bonaerense «existe un marco normativo para el trabajo infantil artístico” siempre que “sean protegidos sus derechos, dejando constancia del carácter excepcional y con la necesidad por parte de los empleadores de solicitar expresamente los permisos».
Se informó que los empleadores deben cumplir una serie de normas: los permisos se otorgan con carácter restrictivo y son individuales para cada niño/a, con su nombre, DNI y estipulando la fecha, horario y locación de su trabajo.
Además, se indicó que las jornadas no deben superar el máximo de 6 horas diarias, no pueden ser nocturnas ni en horario escolar, deben estar siempre acompañados por un familiar o responsable y no pueden realizar tareas penosas, peligrosas e insalubres de ningún tipo.
Dicha autorización puede ser gestionada íntegramente de manera online desde la página web.
La Copreti es el organismo encargado de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos y la evaluación de los contenidos y situaciones en los que se exhibirá la imagen del niño o niña, a fin de verificar que los mismos no atenten contra su integridad biopsicosocial y se respete el legítimo deseo de participación.
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Impulsado por el Kirchnerismo
Avanza proyecto para que los trabajadores participen en las ganancias de las empresas
Un proyecto de ley para que las empresas participen de sus ganancias a los trabajadores que estén empleando comenzó a ser debatido esta semana en la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado.
La norma continuará siendo discutida en agosto, según se resolvió en la reunión de la comisión que encabeza la oficialista bonaerense Juliana Di Tullio.
El proyecto fue presentado por el senador porteño Mariano Recalde y modifica el artículo 223 bis de la Ley 20744 de Régimen de Contrato de Trabajo, respecto de incorporar como partícipes en las ganancias a los trabajadores.
El artículo que se pretende reformar habilita, actualmente, el pago de sumas no remunerativas y permite que los empleadores cuyas empresas tengan dificultades económicas compartan la carga del riesgo empresario con sus trabajadores.
La modificación pretende que los trabajadores que fueron afectados por el artículo 223 bis sean participados de las ganancias de la empresa cuando ésta se recupere y que sea con un porcentaje mayor para quienes fueron licenciados.
El proyecto, asimismo, fija un mínimo del reparto de beneficios del diez por ciento, antes de pagar el Impuesto a las Ganancias.
«No es un gran gasto para las empresas, pero sí es un número importante para los trabajadores», expresó Di Tullio.
A su vez, el autor del proyecto admitió que «no se planea derogar» el artículo 223Bis, sino «agregarle un requisito para hacerlo más justo».
«Si durante la pandemia se homologaron miles de acuerdos de reducción salarial y, además, el Estado colaboró, no está mal ni es injusto que cuando las cosas van bien, si la cosa mejora y la empresa mejora, aquella que aprovechó el 223 bis tenga como requisito, si tiene ganancias, que las comparta en parte con los trabajadores», afirmó Recalde.
El senador porteño calificó al tema como un «derecho justo» que será aplicado «en empresas de cualquier tamaño».
«La realidad es que durante la pandemia las que más utilizaron este artículo para rebajar salarios fueron las grandes: Arcor, Toyota, Coca Cola, Aluar, Ternium, VW, Ledesma, Molinos, Acindar, Ford, Mercedes, Loma Negra», enumeró.
Además, Recalde agregó que «cuando vuelven a pagar Ganancias es porque esas empresas se recuperaron».
«A partir de la decisión de recurrir al 223 bis, queda comprometido sine die para participar ganancias con sus trabajadores», sentenció.
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La CTA Autónoma le responde a Cerruti con una convocatoria a asambleas en los barrios y en los espacios de trabajo para discutir el Salario Básico Universal
La CTA Autónoma convocó para el próximo miércoles 13 de julio asambleas en los barrios y en los sectores de trabajo para avanzar en el Salario Básico Universal para todos los trabajadores y trabajadoras informales; por un aumento general de salario para empleados públicos y privados; un aumento para jubilados que perciben la mínima y reiterar la urgente convocatoria al Consejo del Salario.
En los últimos días varios sectores se hicieron eco del reiterado pedido que tanto la CTA Autónoma como otras organizaciones del campo popular vienen exigiendo para garantizar que miles de personas puedan salir de la indigencia y de la pobreza a través de un Salario Básico universal.
Sin embargo, las recientes afirmaciones de la portavoz presidencial Gabriela Cerruti explicando que “no cierran los números” para avanzar en estas iniciativas y la falta de medidas concretas intentan aplacar cualquier iniciativa para recuperar el poder adquisitivo de las y los trabajadores.
Mientras tanto no cesa la fuga de capital, el enriquecimiento permanente del sector financiero y la remarcación de precios, todas actividades especulativas que repercuten a diario en los bolsillos de la clase trabajadora.
Por todo ello, este miércoles 13 de julio las organizaciones de la CTA Autónoma se reunirán en asamblea para discutir un piso de ingresos y avanzar con futuras medidas de fuerza.
Observatorio Gremial
Hay 71 millones de pobres más a nivel mundial por la crisis derivada de la guerra
Según un informe del el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), cerca de 71 millones de personas se sumaron al índice mundial de pobres a consecuencia de la disparada inflacionaria que generó la guerra en Ucrania, especialmente en lo que hace a precios de alimentos y de la energía.
Desde el PNUD añadieron que en estas regiones el crecimiento de la pobreza “es considerablemente más rápido que el choque de la pandemia por Covid-19”, destacando que estos países más golpeados por la crisis necesitarán de apoyo del sistema multilateral “para llegar al fin de mes”.
El texto advierte también que “mientras las tasas de interés aumentan en respuesta a la subida de la inflación, existe el riesgo de desencadenar una nueva pobreza inducida por la recesión que exacerbará aún más la crisis, acelerando y profundizando la pobreza en el mundo”.
Achim Steiner, director del PNUD, destacó: “Las escaladas de precios sin precedentes significan que para muchas personas en todo el mundo, la alimentación que ellos podían permitirse ayer ya no es accesible hoy. Esta crisis del costo de la vida empuja a millones de personas a la pobreza, con el riesgo de una hambruna a una rapidez vertiginosa”.
Envio:RL
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