Resumen Latinoamericano, 06 de julio 2022.-
Con información propia y de Mundo Gremial, Info Gremiales, Noticias Gremiales, Gremiales del Sur, Enfoque Sindical, Línea Sindical, Corriente Federal de Trabajadores, Canal Abierto, Conclusión, ANRed, Estado de Alerta, Agencia ACTA, y otras agencias.
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Allanan un comedor popular y viviendas de integrantes de la CCC: «es parte de una acción coordinada a nivel nacional»
Este martes 5 de julio la jueza federal Alicia Vence ordenó el allanamiento de 12 domicilios de dirigentes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) en el conurbano bonaerense y el comedor «Primero los Niños», en el barrio porteño de Saavedra. «Se trata de una causa armada durante el gobierno de Macri en 2019 que ha sido reactivada por ese juzgado. Es parte de una acción coordinada a nivel nacional, en el mismo tono que la causa armada contra nuestro compañero Marcelo Barab en Comodoro Rivadavia y otras», denuncia el movimiento. «Esto es parte de una acción coordinada a nivel nacional, con hechos intimidatorios y persecutorios a movimientos sociales en distintas provincias», coincidió la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP). El allanamiento sintoniza con las causas iniciadas contra dirigentes del Polo Obrero y el allanamiento de locales en Jujuy que sufrieron este miércoles 6 el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el MTR 12 de abril, el FPDS, el Movimiento Evita y el MTE en el marco de un clima creciente de estigmatización mediática y criminalización de los movimientos sociales a nivel nacional, tras las declaraciones de la vicepresidenta Cristina Fernández. Por ANRed.
En la misma línea, la organización agrega: «el uso político que se hace de la justicia queda en evidencia cuando justamente una de las compañeras allanadas, Julia Rosales, fue víctima de un intento de asesinato en agosto de 2017 recibiendo heridas de balas, hecho que nunca fue investigado a fondo y fue ‘cajoneado’ por la justicia macrista. Este ataque se da en momentos que las organizaciones sociales hemos sido puestos en el blanco por los sectores reaccionarios de la derecha macrista, que a través de los sectores de la justicia y los medios de información buscan dividir la lucha popular y aislar a los movimientos sociales para crear las condiciones para volver al gobierno con su política antipopular y de entrega nacional», remarcaron.
Y suman: «con la misma fuerza que nos unimos en la lucha contra el hambre macrista conquistando la Ley de Emergencia Social, que estuvimos en la primera línea en la lucha contra la pandemia garantizando miles de comedores populares en todo el país, que peleamos por Tierra Techo y Trabajo para todos los que habitan nuestro suelo, seguiremos peleando la unidad de los movimientos sociales y de todo el campo popular», finaliza el comunicado de la CCC.
«Los allanamientos tienen intencionalidad política»
En tanto, Juan Carlos Alderete diputado nacional por el Partido de los Trabajadores y el Pueblo (PTP) en el Frente de Todos (FdT) y dirigente de la CCC, repudió «enérgicamente esta persecución judicial» en sus redes sociales.
El diputado del PTP también explicó detalles de la causa iniciada durante el macrismo contra dirigentes de la CCC: «en el año 2019 algunos compañeros se fueron de la organización y presentaron una denuncia. Los proyectos, en esos años, para hacer cursos de capacitación tenías que alquilar un local, tener mesas, sillas, mínimamente una computadora. Lógicamente, entre los compañeros tenían que hacer una colecta y que cada uno colabore para solventar ese proyecto y poder cumplir los requerimientos. A partir de eso, algunos compañeros y compañeras que se fueron presentaron una denuncia de que les sacábamos plata».
«Los allanamientos tienen intencionalidad política, hay un malestar tremendo. En estos momentos continúan los procedimientos y los compañeros casi se llegan a enfrentar en La Matanza con la Policía Federal, defendiendo a las compañeras que son muy queridas en el lugar. Nosotros estamos calmando las aguas porque lo que se quiere es que se desmadre la situación social», remarcó Alderete, quien también informó que en los operativos se les solicitó a los dirigentes sociales las planillas de altas y bajas en los programas sociales, algo que sólo maneja el Ministerio de Desarrollo, dado que las organizaciones únicamente toman lista de la asistencia.
Por su parte, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), de la que la CCC es parte, repudió también los allanamientos y coincidió con la organización: «esto es parte de una acción coordinada a nivel nacional, con hechos intimidatorios y persecutorios a los movimientos sociales en distintas provincias del país. Con la misma fuerza que nos unimos en la lucha contra el hambre macrista conquistando la Ley de Emergencia Social y estuvimos en la primera línea de lucha contra la pandemia, seguiremos peleando en unidad por Tierra, Techo y Trabajo».
Una escalada de estigmatización, criminalización, y allanamientos y causas cuyo puntapié dio Cristina Fernández
El allanamiento de viviendas y un comedor de la CCC no es un hecho aislado y sintoniza con otros hechos de persecución y avanzada criminalizadora contra los movimientos sociales en todo el país, en el marco de un clima de creciente de estigmatización mediática y deslegitimación hacia las organizaciones sociales por su rol organizador y por el manejo de los planes sociales, desatado tras las declaraciones de la vicepresidenta Cristina Fernández, en el marco de la interna dentro del FdT que mantiene con el presidente Alberto Fernández, y en medio de una agudización de la crisis socio-económica, la inflación y la pérdida del valor del peso.
Como muestra de esta avanzada podemos encontrar a Guillermo Marijuan, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, quien denunció al legislador porteño del Partido Obrero Gabriel Solano y al dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni por los presuntos delitos de «amenaza» y «extorsión».
También hoy, miércoles 6 de julio, el día comenzó con el allanamiento de locales en Jujuy que sufrieron el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el MTR 12 de abril, el FPDS, el Movimiento Evita y el MTE.
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Trabajadores ferroviarios denuncian falta de mantenimiento y mal uso de las formaciones
Hugo Testa es obrero ferroviario, que junto a otros trabajadores de la Línea General Roca han llevado adelante una investigación sobre el mal uso del material rodante y su incorrecto mantenimiento, reuniendo prueba documental al respecto. Asimimo denunciaron una serie de hechos que atentan contra el patrimonio ferroviario por negligencia de la empresa y de las gerencias en cuestión. Éste deterioro repercute directamente sobre la calidad del servicio recibida por el público usuario. Texto y video: Germán Romeo Pena (ANRed)
Hugo Testa es obrero ferroviario, que junto a otros trabajadores de la Línea General Roca han llevado adelante una investigación sobre el mal uso del material rodante y su incorrecto mantenimiento, reuniendo prueba documental al respecto.
Han presentado un pedido de investigación ante la CNRT, el Ministerio de Transporte y SOFSE (Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado). Dichos pedidos se acompañan de mails, videos, fotos, etc. donde se acreditan los hechos denunciados por los trabajadores.
Si bien dicho pedido fue recibido en los tres lugares, con los correspondientes números de expediente, solo Sofse citó a Testa a una reunión. Allí los representantes de la empresa se mostraron más interesados en investigar al obrero, que en investigar lo referido en el pedido de investigación. Es más, los trabajadores que fueron parte de la investigación refieren un incremento en la persecución por parte de la patronal y el sindicato, que incluye amenazas y suspensiones.
Los trabajadores apuntan sobre el incorrecto mantenimiento de las locomotoras de fabricación china adquiridas por el Estado Nacional. Comentaron que de las 13 adquiridas con “bombos y platillos” allí por el año 2010, solo tres están en uso en la Línea. Con lo cual el pueblo argentino pago por locomotoras que no se están usando y en su lugar se usa material de los años 60`.
La empresa no está comprando los repuestos para el correcto mantenimiento, filtros, inyectores, por falta de recursos, pero está comprando los mismos motores completos. Resulta llamativo, que la empresa no disponga del dinero para comprarle a MTU (empresa encargada del mantenimiento) dichos filtros, pero si un motor completo. No resulta necesario ser un ingeniero ferroviario para notar lo grosero de la situación. Además, se van desguazando otras máquinas para usar repuestos, dejando dichas locomotoras fuera de circulación.
Además, documentaron la explosión de un motor, en ocasión de una prueba. En la misma el motor trabajó fuera de los parámetros de uso que la propia empresa dispone, y como acreditan los mails adjuntados en la denuncia, fue una orden directa de la gerencia desoyendo los avisos de los trabajadores. Lo curioso es que los informes del hecho presentados por la empresa dicen que dicha explocion sucedió en la estación Guido, volviendo de Mar del Plata, y los videos presentados dan cuenta que sucedió en los talleres de Remedios de Escalada.
Éste es solo un ejemplo más de lo que los trabajadores vienen denunciando, con gerencias que responden a los distintos gobiernos de turno y los usuarios solo nos enteramos del pésimo servicio.
En esta oportunidad un grupo de trabajadores se expuso para hacer llegar a nuestros ojos lo que viene pasando. Con el único interés de proteger sus fuentes de trabajo y en última instancia el patrimonio ferroviario, que es de todos y todas.
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Aceiteros lograron un salario inicial de $184.000
En una negociación unificada las dos principales organizaciones gremiales de trabajadores aceiteros, la Federación nacional y el Sindicato de San Lorenzo, acordaron con las cámaras patronales un salario de $ 184.000 para la categoría inicial -peón- a partir del 1° de julio de 2022. Por Indymedia Trabajadoras/es.
En la negociación, en la que se adelantó un mes la revisión salarial inicialmente pautada para agosto, ambas organizaciones gremiales basaron su reclamo en el derecho a un Salario Mínimo, Vital y Móvil según su definición en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, esto es, que asegure a los trabajadores “alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión”.
“Se trata de un nuevo logro alcanzado gracias a la fuerza colectiva de todas las compañeras y compañeros aceiteros que una y otra vez han defendido en cada planta y cada sector el Salario Mínimo Vital y Móvil con conciencia del valor de la fuerza de trabajo, con solidaridad y unidad obrera, tal cual se realizó en las históricas huelgas de 25 días de mayo de 2015 y de 21 días de diciembre de 2020, y en cada momento que resultó necesario”, destacaron desde la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina, que lidera Daniel Yofra.
En este sentido, destacaron “la importancia de haber firmado este acuerdo en conjunto con los compañeros del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo (SOEA), un nuevo paso adelante profundizando la unidad de acción y los lazos fraternales de hermandad obrera”.
“Por todo esto hoy reafirmamos para nuestras compañeras y compañeros trabajadores, y sus familias, como eje fundamental de nuestra política gremial el Salario Mínimo, Vital y Móvil según su definición legal en la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo, ¡derecho de toda la clase trabajadora argentina!”, concluyeron desde la Federación aceitera.
Fuente: https://argentina.indymedia.org/2022/07/05/aceiteros-lograron-un-salario-inicial-de-184-000/
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Luego del paro y la movilización Moroni recibe a los trabajadores del SUTNA
Foto: El ojo obrero
Ayer trabajadores nucleados en el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) realizaron una masiva movilización en Capital Federal, en el marco de un paro por 24hs en reclamo de un aumento salarial y que las horas extra sean abonadas al 200 por ciento. Hoy el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, recibirá a los dirigentes gremiales a partir de las 17hs para intentar destrabar el conflicto. “La multitudinaria movilización de ayer donde un porcentaje enorme, real y efectivo de todo el gremio, cuya representatividad es irrefutable en todo ámbito por su enorme masividad, da en la calle respuesta a las mentiras de las empresas y sostiene en alto el justo y legítimo reclamo paritario” explicaron los trabajadores. Por ANRed
Ayer trabajadores nucleados en el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) realizaron una masiva movilización en Capital Federal, en el marco de un paro por 24hs en reclamo de un aumento salarial y que las horas extra sean abonadas al 200 por ciento.
El paro actividades comenzó el lunes a las 13 y se extendió hasta la noche. Por la tarde, realizaron la masiva una movilización al Ministerio de Trabajo que contó con una nutrida presencia de trabajadores del neumático. Esta protesta se realizó mientras se realizaba la reunión entre autoridades de la cartera y empresarios.
Los trabajadores reclaman aumento salarial “real” y que las horas extra se paguen al 200 por ciento. “Las patronales reclaman dólares. Los trabajadores queremos poder construir un futuro para nuestras familias”, advirtió el gremio.
Hoy el Ministro de Trabajo Claudio Moroni se comprometió a recibir esta tarde a los dirigentes de SUTNA para intentar destrabar el conflicto.
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Docentes reclamaron en la Legislatura porteña más inversión en educación: «El 20% de las escuelas públicas de la ciudad tiene problemas graves de infraestructura»
Docentes acompañados de estudiantes y madres fueron a la Legislatura porteña para exigir «más inversión en educación» a fin de resolver la «emergencia edilicia» en que se encuentran las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires. Además reclamaron estabilidad laboral para los maestros y rechazaron el «vaciamiento» de los establecimientos de formación para personas con discapacidad.
Estos reclamos de los docentes, acompañados por la comunidad educativa, fueron planteados en la comisión de Educación de la Legislatura, que se reunió en la tarde de ayer.
Allí, Carolina Álvarez, quien trabaja en un instituto de formación docente porteño, afirmó: «Con la última reforma del estatuto nos dejaron afuera de la posibilidad de titularizar y de acceder a nuestro derecho a la estabilidad laboral».
Álvarez se refirió de ese modo a la reforma del estatuto docente que fue aprobada en la Legislatura de la Ciudad en mayo último, la cual fue una iniciativa del bloque UCR-Evolución y estableció la titularización solo para los docentes del nivel de educación media.
Gabriela Romero, por su parte, recordó que la «última titularización» para el nivel superior «fue en 2013», y añadió que «el 75% de los docentes de los institutos de formación son interinos y suplentes».
Luego, Francisco Pablo, delegado de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-Ctera), se refirió a la «emergencia edilicia» en que se encuentran las escuelas del distrito.
«El 20% de las escuelas públicas de la ciudad tiene problemas graves de infraestructura», dijo.
Luego, dirigiéndose a los diputados y diputadas del interbloque oficialista Juntos por el Cambio, agregó: «Gobiernan hace 14 años la ciudad más rica del país, y el presupuesto general no baja, solo reducen la partida para educación».
A su turno, Paola Romero, estudiante de la Escuela de Cerámica N° 1, informó por su parte que en su colegio «debieron suspenderse las clases la semana pasada por falta de agua», y aseguró que uno de los talleres «está en peligro de derrumbe».
Otros integrantes de la comunidad educativa se refirieron a la educación de las personas con discapacidad, y rechazaron la decisión que tomó el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires en diciembre del año pasado, por la cual las escuelas públicas de educación especial ya no admiten alumnos mayores de 22 años.
Anteriormente, el límite de edad para inscribirse en una escuela de educación especial y recibir algún tipo de formación eran los 30 años.
En este sentido, Eliana, quien se presentó como mamá de Ignacio, un joven con Trastorno del Espectro Autista, afirmó: «Hace seis meses que los chicos están sin clases, es un maltrato institucional. Nuestros hijos tienen derecho a la educación permanente», y pidió una «ley para la formación de las personas con discapacidad».
Luego, Jorge Godoy, maestro de educación especial y delegado de UTE, se refirió al conflicto por el Palacio Ceci, un edificio histórico que pertenecía a la escuela de sordos Bartolomé Ayrolo hasta el año pasado, pero que el Gobierno porteño tiene intenciones de destinar al nuevo distrito del vino, que funcionará en los barrios de Villa Devoto y Paternal.
«Insisten en entregar un bien del Estado al mercado», añadió Godoy y afirmó que «hace 10 años» el Gobierno porteño lleva adelante una «política de vaciamiento de la educación especial».
Tal como lo hicieron en la movilización realizada la semana pasada, docentes y estudiantes pidieron hoy al oficialismo porteño «más educación y menos marketing».
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Persecución judicial a dirigentes cooperativistas en Misiones
La mayorista de energía provincial, controlada por el oficialismo, inició una embestida judicial contra las autoridades de la Cooperativa Eléctrica de Oberá Limitada. El vicepresidente es dirigente de CTA Autónoma y ATE locales. Denuncian que tras el proceso hay interés de quedarse con la caja de la cooperativa y disciplinar a la disidencia.
Redacción Canal Abierto | La CTA Autónoma de Misiones denunció una maniobra que involucra al gobierno y la Justicia provinciales en el desplazamiento de la conducción de la Cooperativa Eléctrica de Oberá Limitada (CELO). De la misma participan socios de la propia entidad que, según la denuncia, buscan restituir el control de la prestadora energética al partido gobernante Frente Renovador para la Concordia Social.
Las maniobras se dan a desde Energía Misiones Sociedad Anónima (EMSA), una empresa mixta con capital mayoritario del Estado provincial cuyo control político está bajo el oficialismo y que recibe la energía de CAMMESA, la mayorista de energía eléctrica del país. EMSA es la encargada de brindarle la energía a CELO y a las demás cooperativas que operan en territorio misionero.
La situación comenzó con el congelamiento de tarifas dispuesto por el gobierno al comienzo de la pandemia, en marzo de 2020, lo que originó que la deuda de CELO con EMSA llegara a unos $ 1000 millones contando intereses a comienzos de este año.
Esa es la situación de la que se agarró EMSA para intimar a CELO al pago de una deuda de $ 1000 millones, de los cuales unos $ 350 millones correspondían a capital y unos $ 650 millones a intereses. La particularidad es que es la única de las 9 cooperativas energéticas de Misiones que se encuentran en esta situación. Al resto, que se encuentra en situación similar, le fueron condonados los intereses de sus deudas.
En lo que señalan como el comienzo de la ofensiva contra la dirigencia de la CELO, la presidenta de EMSA Virginia Kluka pidió a la Justicia el embargo de las cajas de recaudación de la cooperativa y dejó abierta la posibilidad de avanzar con el embargo de los bienes de los directivos. A fines de mayo la Justicia hizo lugar al pedido y ordenó el embargo en base a la deuda de los periodos 1 y 2 de 2022. Al mes siguiente, amplió los embargos.
La CELO manifestó voluntad de pagar la deuda, pero pidió una quita de los intereses, por señalarlos como usurarios. La negociación fracasó por falta de voluntad de EMSA de llegar a un acuerdo. En la misma llegó a participar el gobernador de la provincia Oscar Herrera Ahuad. En una medida inédita, para principios de junio, EMSA tomó el control de las cajas de recaudadoras de la CELO en la sede central y otros tres puntos de cobro.
Inmediatamente, la Ministra de Acción Cooperativa Liliana Rodríguez designó a la contadora Midoyi Kariyama como Fiscalizadora Administrativa y Financiera de la CELO, con lo cual intervino la administración de la cooperativa.
Pocos días después, una reunión de Consejo de Administración convocada de manera que se denuncia como irregular por consejeros y socios de la CELO decidió el desplazamiento de sus cargos del presidente y vicepresidente de la misma Pedro Helge Andersson y Jorge Gabriel Duarte sobre el planteo de que habían incurrido en administración irregular. Lo llamativo de la situación es que en el mismo acto fueron nombrados vocales.
Duarte es Secretario General de la CTA Autónoma y ATE provinciales. Esto puso luces de alerta en ambas organizaciones. La central emitió un comunicado en el que, además de poner en conocimiento la trama tras el desplazamiento de las autoridades de la cooperativa expresó que “el gobierno del Frente Renovador avanza peligrosamente en la persecución política de dirigentes sociales y políticos, que en sus ámbitos de actuación han sido coherentes con las defensas de los derechos de los sectores que representan. Es también un claro ataque contra ATE y CTA-A, de las cuales Jorge `Koki´ Duarte es el Secretario General y al frente de las cuales tiene una actuación intachable.”
Además de energía eléctrica, desde que Andersson y Duarte llegaron a su conducción la CELO comenzó a brindar servicios de agua y saneamiento, telefonía, conexión a internet, distribución de gas envasado y sepelios. Hasta entonces, sus directivos eran parte del oficialismo y oficiaban de trampolín para la carrera política.
En el marco de la intervención de la cooperativa, Andersson y Duarte fueron denunciados penalmente y deberán presentarse a declaración indagatoria este viernes en el Juzgado de Instrucción Nro. 1 de Posadas.
En el comunicado de la CTA Autónoma, se advierte que esta situación “no sólo afecta a quienes fueron denunciados, sino que pretende disciplinar a todos los dirigentes que aun hoy se mantienen críticos al Frente Renovador.”
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Hugo Yasky: «Silvina Batakis tiene un compromiso fuerte con la distribución de la riqueza y las demandas de los sectores populares»
Hugo Yasky, secretario general de la CTA-T y diputado nacional del Frente de Todos, expresó luego de conocerse la designación de Silvina Batakis como ministra de Economía, que “a nueva ministra tiene una mirada política y económica que privilegia la producción y tiene un compromiso fuerte con la distribución de la riqueza y las demandas de los sectores populares.
El dirigente gremial señaló a través de sus redes sociales que “su designación, fruto del consenso de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, ya provocó la reacción de los sectores de poder que agitan corridas cambiarias para generar turbulencias económicas y golpes especulativos desde el sector financiero”.
Está claro que los grupos dominantes quieren un ministro fiel a la especulación financiera y al neoliberalismo, pero la nueva ministra tiene la piel dura y va a poner la intensidad que haga falta para enfrentar a quienes quieren mantener la desigualdad y concentrar la riqueza”, subrayó Yasky
En declaraciones al Parlamentario el dirigente sindical afirmó que “este cambio en el Ministerio de Economía nos brinda una oportunidad para que, junto a la movilización popular, recuperemos el sentido profundo del compromiso electoral del Frente de Todos de ir hacia una Argentina con distribución de la riqueza y creación de empleo que beneficie a los que quieren producir y no a los que quieren especular”.
Además, destacó que “la designación de Batakis tiene que venir de la mano de medidas para frenar la transferencia de ingresos del trabajo al capital…por ejemplo, una recomposición salarial por decreto de una suma fija a cuenta de paritarias, junto a un aumento de jubilaciones y pensiones y del salario mínimo vital y móvil”.
El secretario general de la CTA-T tras la renuncia de Guzmán había manifestado la necesidad de dar vuelta la página y avanzar rápidamente sosteniendo la importancia de que “el próximo ministro sea un hombre o una mujer que se plante ante los poderosos y defienda los intereses de las mayorías con total firmeza”.
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Gremio de energía le pide a Batakis frenar la segmentación de tarifas de Guzmán
La conducción del Personal Superior de Energía se mostró preocupado por las definiciones de la nueva ministra respecto a los aumentos de tarifas de luz y gas.
La segmentación de tarifas de gas y luz que la ministra de Economía Silvina Batakis heredó de Martín Guzmán abre un nuevo frente de conflicto sindical.
Carlos Minucci, secretario general de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE), cruzó a la flamante funcionaria por respaldar lo planificado por Guzmán en materia de tarifas energéticas y aseguró que la situación «es preocupante».
El sindicalista, integrante de la Corriente Federal de los Trabajadores de la CGT, sostuvo que «estamos pagando ineficiencia y por los altos montos de aumento de tarifas no correspondería que se les subsidie”.
Las declaraciones de Minucci responden al posicionamiento transmitido por Batakis a la prensa donde aseguró que dará continuidad al plan Guzmán para que «aquellos que tienen la capacidad de pago se hagan cargo por completo».
“Es realmente preocupante que se continúe ese esquema. Con los gobiernos de Néstor y Cristina se mantuvieron los subsidios bajo el argumento de que con tarifas bajas se fortalecía el consumo de los argentinos», señaló.
En ese marco, recordó que durante el gobierno de Mauricio Macri «se bajaron los subsidios y las empresas eléctricas son las que más han ganado y más plata se han llevado».
Para el titular de la APSEE, con el nuevo esquema pagarían tarifa plena: «un sueldo de 300 mil pesos, se compara con quienes viven en un country, o tienen barcos o aviones. Es una locura».
«En su momento salimos con una solicitada, mucho antes de que se presente ese esquema, y le dijimos que los argentinos no estamos más para soportar aumentos de tarifas”, dijo Minucci a Radio Gráfica.
Y agregó: “No se apunta solo a la gente rica, también alcanza a algunos trabajadores que con las paritarias van a rozar esos ingresos. Tampoco se dijo nunca cuánto es el costo de la tarifa plena. El aumento puede ser de 500%”.
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Daniel Yofra aseguró que la pobreza se debe a que la dirigencia sindical “está atada a lo que pasa en la política”
El líder del sindicato de aceiteros consideró que el interés de los dirigentes sindicales es “empoderar” al movimiento obrero para que “todos estos vaivenes económicos” no afecte a los trabajadores “como viene sucediendo desde hace mucho tiempo”.
El secretario General de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (Ftciodyara), Daniel Yofra, consideró este lunes que “el interés como movimiento obrero es empoderar al mismo para que independientemente de todos estos vaivenes políticos y económicos” no afecten directamente a los trabajadores “como viene sucediendo hace mucho tiempo”.
“El 52% de pobres es el resultado de que la dirigencia sindical esté atada a todo lo que pasa en la parte política”, aseguró el dirigente del gremio aceitero, quien subrayó también: “Estamos rehenes de situaciones que desconocemos, no sabemos qué puede llegar a ocurrir, más en gobiernos tan inestables como los que estamos viviendo”.
Durante una entrevista en AM 530, Yofra remarcó que “en la medida que el movimiento obrero no se empodere” no van a poder reclamar “absolutamente nada”.
“No hace falta ser economista para darse cuenta que se hacen las cosas mal y que cada vez hay más desocupados y más pobreza”, avanzó el gremialista para enseguida señalar que “la CGT ya no distingue sin son peronistas, radicales o de otro partido. Generalmente hubo contemplaciones cuando hubo un gobierno peronista pero ya ha demostrado esta conducción que en su gran mayoría tiene contemplaciones con los distintos gobiernos, independientemente del color políticos”.
Por último el Aceitero explicó que “hay que juntar la bronca de todos los trabajadores y poder enfrentar no solamente a los patrones sino también a los gobiernos que no entienden que tiene que haber una distribución de la riqueza distinta a la que se viene dando”.
“Es inconcebible y absurdo que haya trabajadores pobres. 50 años atrás los pobres iban a trabajar para dejar de ser pobres y hoy ni siquiera así, son pobres igual”, concluyó
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