Manifiesto de defensores ambientales
y comunidades indígenas del Valle de
Punilla
Resumen Latinoamericano, 15 de julio de 2022.
Al Gobernador Juan SCHIARETTI, a los intendentes y jefes comunales de las localidades del Valle de Punilla (principalmente Gabriel MUSSO, Dardo ZANOTTI, Marcelo OLIVA y Jorge BUSTAMANTE), y a los miembros del Poder Judicial (específicamente María Inés del Carmen ORTIZ de GALLARDO, María Soledad PUIGDELLIBOL y Humberto Rodolfo SANCHEZ GAVIER):
Por motivos de público conocimiento, las asambleas de vecinas y vecinos autoconvocados como Defensores Ambientales y Comunidades Indígenas, instamos a deponer y enderezar las malas políticas públicas que vienen llevando adelante, desde hace ya 5 años, en el afán de imponer la mega obra de la autovía por el Valle de Punilla; y así, retomar la senda jurídico legal correspondiente al juramento realizado en su asunción, como representantes y garantes de un sistema democrático.
En el marco de una crisis ambiental, social, cultural y económica que atraviesa el Valle de Punilla, las vecinas y vecinos junto a comunidades indígenas nos venimos manifestando de manera completamente legal, en cumplimiento de nuestros derechos y deberes constitucionales (art38 C.P, art 41 C.N, 75 ins. 17 CN), y de los acuerdos internacionales asumidos como el «Acuerdo de Escazú» (4/3/2018 Costa Rica), así como el Convenio 169 de la OIT.
Nuestra voluntad como habitantes de un país democrático siempre ha sido asumir todos los procesos e instancias correspondientes para torcer el curso devastador de la mega obra «Autovía EN Punilla» y hemos activado variedad de recursos que la ley ofrece pero los gobiernos no garantizan:
- Reiterados pedidos de participación e información a los gobiernos locales.
- Exigencias de participación desde el origen del proyecto como establece la ley, al igual que el pedido de transparencia en la información.
- Dos audiencias públicas históricas con un 90% de exposiciones fundamentadas en contra.
- Presentación de recurso de amparo. «Islyma» (exped. 6513191) Cámara Contencioso Administrativo 2da de Córdoba.
- Solicitud de medida cautelar.
- Exigencia de participación y consulta a pueblos originarios.
- Propuestas para resolver la problemática del tránsito con menor impacto y más económicas.
Todo tiene un límite, y vemos que resguardados tras una maraña de corrupción e indiferencia crece la impunidad propia de un gobierno autoritario, que hace temblar la memoria y ningunea al propio pueblo. Olvidando que el «poder hacer» que descansa sobre dirigentes, emana de éste y no de organismos trasnacionales que pretenden imponer, coaccionando económicamente el futuro que a ellos convenga.
Con un doble discurso cargado de hipocresía, escuchamos al gobernador Schiaretti decir: «El ser humano no puede ser concebido independiente del medio ambiente, no podemos seguir destruyendo los recursos vitales que brinda la Tierra por que solo tendremos verdaderas catástrofes sociales en las próximas décadas…» mientras asevera que: «un corredor bioceánico es indispensable para Córdoba…»
Nos preguntamos, ¿indispensable para quien Sr gobernador? ¿Indispensable para el ciudadano de a pie que acude al hospital antes del alba para conseguir un turno en condiciones infrahumanas? ¿Para quienes van a la escuela en similares condiciones por falta de calefacción?
¿O para quienes padecen la falta de un recurso tan básico como el agua? ¿Para los hogares- escuela rurales que no tienen energía eléctrica ni por medio de un generador y se alumbran con velas? ¿Para quién Sr gobernador es necesario un corredor bioceánico?
Encontramos un antagonismo evidente al contraponer ambos discursos, ya que la necesidad del corredor bioceánico proviene de la idea de profundizar el extractivismo en la región, y es parte de las rutas del saqueo del plan IIRSA (COSIPLAN).
Sumado a esto, la construcción de la obra en sí misma producirá gran devastación del poco monte nativo que queda en nuestra provincia, y la destrucción de nuestras cuencas hídricas, fuentes de agua vitales para Punilla y Córdoba Capital.
Tanto la deforestación, como la crisis hídrica, son las principales problemáticas ambientales a nivel mundial y repercuten indefectiblemente en la calidad de vida de quienes habitamos el planeta.
Corrompida la voluntad de quienes gobiernan, endeudan el presente y el futuro en pos de una mega obra sobrevalorada bajo el falso progreso, mientras necesidades elementales como el agua potable, la salud, educación, trabajo digno y un ambiente sano se postergan.
Entre los gobiernos nacional, provincial y locales que no escuchan al pueblo, sino que aplican a fuerza de represión lo que quieren imponer, y una justicia que lejos de ser garante del cumplimiento de leyes y acuerdos, hace silencio volviéndose cómplice de gobiernos autoritarios, nos encontramos nosotros, vecinas y vecinos autoconvocados, DEFENSORES AMBIENTALES y COMUNIDADES INDÍGENAS, exigiendo nuestros derechos.
A pesar de esta alianza ecocida entre ambos poderes, que coartan todo tipo de reclamo justo por parte de quienes habitamos el Valle de Punilla, y la provincia de Córdoba en general, una vez más pedimos el camino del diálogo, pero para que exista éste, es menester que:
- El Sr gobernador Juan Schiaretti abandone las malas prácticas de un gobierno dictatorial y represivo y cese con el envío de las fuerzas policiales para reprimir nuestro justo reclamo.
- El gobierno provincial y los gobiernos locales abran al pueblo la agenda pública para que seamos parte de las decisiones sobre las necesidades del Valle.
- Los gobiernos locales del Valle de Punilla quiten los permisos de uso de suelo otorgados sin consulta a sus pueblos y sin debida justificación, para esta violenta e ilegal obra.
- Se expidan los jueces vocales de la Cámara Contencioso Administrativo de 2da Nominación y dicten la medida cautelar para detener la obra hasta tanto resuelvan el fondo del amparo colectivo presentado hace meses. Poniendo en valor el PRINCIPIO PRECAUTORIO que establece la misma ley de ambiente ante el alerta de un desastre ambiental irreversible.
Consideramos estas acciones exigidas como necesarias y muestra de buena fe por parte del gobernador y de los jueces, ya que, es imposible el diálogo si se encuentran en peligro nuestras fuentes de agua, el territorio ancestral (memoria de nuestros orígenes), un endeudamiento desmedido que no es para resolver las necesidades prioritarias y que, ante cualquier intento de manifestación legítima, recibimos la amenaza constante de las fuerzas represivas.
Urge el cese de la obra y la represión para continuar cocreando el futuro de Punilla en equilibrio, en paz y democráticamente.
Por ello, de no dar lugar a nuestro justo pedido a retomar el diálogo, las asambleas de vecinos y vecinas autoconvocados y Defensores Ambientales y comunidades Indígenas en defensa del territorio nos veremos obligados y obligadas a tomar medidas pertinentes ejerciendo el derecho y el deber constitucional del cuidado del medio ambiente, para dar un justo freno a lo que se considera un peligroso atropello al territorio, la dignidad y la cultura del pasado, presente y futuro en el Valle de Punilla. Transfiriendo la total y absoluta responsabilidad de cualquier conflicto social a quienes han tenido en sus manos la posibilidad de elegir otro camino, es decir a quienes se hacen llamar «representantes», y quienes acompañen y amparen esta injusticia.
Dilatan la resolución del caso Facundo
Molares
Por Gustavo Veiga, Resumen Latinoamericano, 15 de julio de 2022.
Facundo Molares sigue detenido en la cárcel de Ezeiza sometido a una burocracia infinita que retrasa su libertad. Los gobiernos de Colombia y la Argentina provocan lo que Gustavo Franquet – uno de sus abogados – llamó “una ilegalidad”. Eduardo Matyas Camargo, su colega colombiano en la defensa del exguerrillero que iba a ser extraditado, dice: “la interpretación en derecho penal siempre es favorable al procesado. Nosotros como letrados abogamos porque la libertad sea concedida de inmediato ya que la Justicia Penal de Paz resolvió su caso y no hay más recursos”. El envío de un simple correo electrónico con la documentación necesaria despejaría el camino del militante comunista hacia su liberación, pero la salida del penal se demora. De la conversación con los dos defensores se desprende que el gobierno de Iván Duque podría dilatar de modo deliberado o por desidia la resolución administrativa del caso.
“La mitad de la responsabilidad de que Facundo esté detenido la tiene la Cancillería argentina, particularmente por negarle asistencia jurídica”, dice Franquet en diálogo con Página/12. Molares transcurre sus horas en el penal de máxima seguridad del país desde que fue detenido en noviembre del año pasado. Primero en Rawson, Chubut y luego en Ezeiza. Cuando lo entrevistó este periodista el 14 de junio denunció que “había un Plan Cóndor 2.0, ya no con dictaduras y sí con democracias”. Sus días los pasa entre la lectura y la frustración de no haber podido cursar estudios universitarios en prisión, también por cuestiones burocráticas.
Franquet, quien integra La Gremial de Abogados de nuestro país, explica que el proceso de extradición y su captura fueron hechos por “una autoridad que no tenía competencia para hacerlo en Colombia. Nosotros se lo dijimos a todo el mundo. Sin embargo, Argentina acentuó y defendió la competencia de esta gente incompetente hasta que conseguimos los abogados en Colombia, que la JEP (Justicia Especial para la Paz) se pronunciara y pusiera las cosas en su lugar”.
El abogado se refiere a que no deberían actuado en el proceso “el fiscal municipal de la localidad de Florencia, en Caquetá, y una jueza que firmó todo y es de otro departamento que se llama Huila. Dos funcionarios judiciales ordinarios que no tenían ningún tipo de competencia sobre la cuestión. Ellos son los que le negaron la causa a la JEP. No cumplieron con su obligación. Cuando elevaron la causa a juicio se descubrió todo esto”.
Matyas Camargo señaló que la Justicia Especial para la Paz en Colombia “ya ordenó la suspensión de la extradición y la liberación de Facundo. Lo que falta para seguir el trámite es que actúen las Cancillerías de Argentina y Colombia para que él obtenga su libertad. La JEP decidió y no queda ningún tipo de recurso. Es una resolución de cumplimiento inmediato”.
El abogado colombiano también describió el contexto en que podría haberse dado la extradición concedida por el juez federal de Esquel, Guido Otranto: “no hay garantías para que él fuera a mi país, podía correr riesgo su vida si no mejora la situación de orden público. Son más de 330 los excombatientes asesinados después de la firma de la paz, y cerca de mil los líderes sociales eliminados durante el gobierno de Duque que termina el 7 de agosto”.
A la pregunta sobre si a la justicia ordinaria colombiana le quedaba alguna instancia más de intervención en el caso, Franquet respondió:
“Absolutamente no tiene ningún tipo de apelación. Quienes tenían en el foro penal la causa, el fiscal del Juicio oral y el Tribunal, se declararon incompetentes. Ellos dijeron eso hace un mes”.
El abogado denuncia que “lo único que falta es que Argentina y Colombia decidan y cumplan la resolución de la JEP que dice que se suspendió el pedido de extradición. Nosotros como abogados ya fuimos notificados. No es que estamos hablando en el aire, estamos notificados formalmente de esa resolución. Pero, ¿cuál es el problema que surge? el problema es de Argentina, que tanto Otranto como la Cancillería le piden a Colombia aclaraciones y nosotros entendemos que no hay ninguna aclaración que pedir”.
Su colega colombiano también cuestiona al gobierno de Bogotá “porque el presidente Duque no ha sido muy favorable al proceso de paz y entonces no conocemos cuál va a ser su actitud, ya que hasta el momento ni siquiera sabemos si envió la documentación a la Argentina. Facundo quedó al arbitrio del gobierno de mi país”. En medio de toda esta situación, otro de los abogados que colaboró en la defensa de Molares, el jurista colombiano Diego Martínez Castillo, quien integró la comisión de asesoramiento de los Tratados de Paz, fue deportado desde Buenos Aires a Colombia el lunes pasado cuando llegó al aeropuerto de Ezeiza.
Matyas Camargo que viajó con él en el mismo avión explicó: “al parecer el gobierno de Duque tiene unas listas y no sabemos por qué. A Diego lo retuvieron acá en Migraciones porque le dijeron primero que tenía un homónimo y debían aclarar si era así. Después comentaron que había una lista elaborada, no por el gobierno argentino, sino por el colombiano y que no podía ingresar a determinados territorios. Él ya había tenido un problema similar cuando viajó a Washington y no lo dejaron entrar”. Franquet completó: “Estaban buscando una excusa para echarlo, se comunicaron con nosotros, le volvimos a mandar la invitación de la Gremial de Abogados pero a las siete de la mañana lo subieron a un avión y lo mandaron de nuevo a Colombia”.
La CGT también hará su marcha, pero
el 17 de agosto
Resumen Latinoamericano, 15 de julio de 2022.
La mesa chica de la CGT acordó realizar una movilización en contra de la inflación y contra los que especulan incrementando los precios. La marcha se realizará el 17 de agosto próximo y, como sucedió en otras oportunidades, no tendrá oradores y solo se leerá un documento. El encuentro también sirvió para comentar entre los presentes algunos detalles de la reunión que José Luis Lingeri (obras sanitarias), Andrés Rodríguez (UPCN) y Gerardo Martínez de la Uocra mantuvieron el miércoles con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
El encuentro en la sede de UPCN fue numeroso. Había interés por saber qué se había hablado con CFK. El único sector que no estuvo presente fue el que lidera el cosecretario general de la CGT, Pablo Moyano de Camioneros. Pero los entretelones de la reunión con la vicepresidenta no evitó la tensión que existe entre los miembros del consejo directivo desde hace un tiempo.
Poco trascendió del encuentro en el Senado. Los dirigentes sindicales se juramentaron no abrir la boca pero algo trascendió. Según dijeron fue una buena reunión, de hecho se conocen. Martínez fue un cercano dirigente del gobierno de CFK que se alejó con el tiempo y para 2019 hizo alianza con Alberto Fernández.
Tanto la estabilidad política del Frente de Todos pero sobre todo la económica fueron parte de la charla con la vicepresidenta. La marcha se enmarca en esto de la estabilidad y por eso es que los sectores de Gordos e Independientes de la CGT realizarán una movilización que les permita descomprimir la tensión que existe hacia adentro de los gremios, por el tema de los precios, sin que la marcha se pueda leer en contra del Gobierno nacional.
Es por eso que la CGT hará una marcha diferente a la que había propuesto Pablo Moyano, que quería que la protesta se realizara frente a las sedes de las centrales empresarias que, en definitiva, son las responsables del alza de los precios. Moyano no participó del encuentro y como tal se definió que la movilización irá desde el Obelisco al Congreso donde solo se leerá un documento.
La idea es repetir el desfile de columnas de los gremios confederados como fue el 18 de octubre de 2021 donde una voz en off leyó el documento por «el desarrollo, la producción y el trabajo». Metodología que el entonces triunvirato de la CGT aplicó en abril de 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando marcharon desde Plaza Miserere hasta la intersección de avenida de Mayo y 9 de julio.
«La movilización va a ser presentada al consejo directivo, pero la idea es ir desde el Obelisco al monumento al Congreso», señaló el triunviro Héctor Daer (sanidad) una vez que finalizó la reunión. Esto deberá ser formalizado por el consejo que se reunirá en el edificio de la CGT el próximo 21 de julio.
La marcha no tuvo oposiciones, pero sí críticas a cómo se organizó. Por caso, el titular de la UOM, Abel Furlán, planteó su queja porque se enteró de la movilización por los medios. El metalúrgico reclamó que la toma de decisiones debe realizarse de manera más horizontal y comunicada a todos. Algo que viene sucediendo como ocurrió el pasado 1 de julio con el homenaje al general Juan Domingo Perón que encabezó el presidente Alberto Fernández. En esa oportunidad, el encuentro fue acordado por Daer con la Casa Rosada sin que el resto de la conducción gremial estuviese al tanto. Tanto fue el disgusto que el homenaje estuvo algunas horas suspendido.
Es probable que durante la reunión del consejo directivo de la próxima semana sea complicada si participa el moyanismo. La relación entre este sector y Gordos e Independientes es fluctuante y hasta sobrevive fruto de la decisión de Hugo Moyano de intentar mantener unida la CGT.
«La realidad que tenemos los trabajadores, jubilados y los compañeros que están en la informalidad amerita que todos pongan lo que hay que poner para encontrar una salida y que sea lo antes posible», dijo Daer tras la reunión. Al nombrar a los que trabajan en la informalidad se podría entender que hacía referencia a las organizaciones sociales. Sin embargo, y hasta anoche, la marcha de agosto no incluía a esas organizaciones y tampoco a las CTA. Pero falta más de un mes y muchas cosas pueden pasar.
El tema que sigue preocupando a la mayoría de los presentes de la reunión es la deuda con las obras sociales. Una promesa de pago del Presidente que no se concreta y que sigue renovándose como ocurrió el 1 de julio pasado, en la previa al acto por Perón. Es por eso que la marcha comenzará en la 9 de julio y no en Plaza de Mayo para evitar cualquier posible tentación.
Hasta la sede de UPCN llegaron, además de Rodríguez, Daer, Martínez, Lingeri y Furlán, Carlos Acuña, Jorge Sola (Seguro), Guillermo Moser (Luz y Fuerza), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), Julio Piumato (Judiciales) y Víctor Santa María (Suterh), entre otros.
Represión en el acampe en Choya,
Catamarca
Resumen Latinoamericano, 15 de julio de 2022.
Este jueves por la tarde, la policía reprimió el acampe en Choya, Catamarca. Raúl Barrionuevo, vecino de Choya no vidente, se niega a perder su agua , el cerro que protege junto a sus vecin@s
Desde la Asamblea El Algarrobo exigen: «Alguna autoridad de DDHH o el fiscal , puede accionar ante ésto??? En horas de la siesta sufrió nuevamente éste atropello a su integridad»
En sus redes sociales afirman: «HACEMOS RESPONSABLES DE SU INTEGRIDAD FÍSICA Y MENTAL A TODOS LOS QUE TIENEN EL PODER DE ACCIONAR.»
Claver Carone, del team devaluadores
Cómo el presidente del BID, que logró que el FMI le diera 50.000 millones de dólares a Macri, ahora traba 500 millones claves para la Argentina
En plena crisis cambiaria, Mauricio Claver Carone, que se convirtió en el titular del Banco Interamericano de Desarrollo por impulso de Trump, bloquea la llegada de divisas que son clave para fortalecer las reservas. Los que presionan por la devaluación.
El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Claver Carone, traba el desembolso de 500 millones de dólares a la Argentina en plena crisis cambiaria. Los fondos corresponden a créditos ya aprobados por el organismo para el primer semestre del año, cuya fecha máxima de ejecución fue pautada para el 30 de junio. La comitiva que acompañará a Alberto Fernández al encuentro con Joe Biden en Estados Unidos, en diez días, espera que el tema se resuelva antes para no tener que incorporarlo a la agenda bilateral.
La llegada de esos 500 millones de dólares es importante para fortalecer las reservas del Banco Central en medio de la disputa con el team devaluadores, que por estos días se muestra en plena actividad. Los obstáculos que pone Claver Carone a la acreditación de las divisas, que de acuerdo a lo previsto tendría que haber ocurrido hace meses, y como máximo hace dos semanas, se decodifican en el Gobierno como una señal del funcionario hacia los actores económicos, financieros y políticos que presionan por un salto abrupto del tipo de cambio.
El plan económico que buscan imponer esos sectores es simple: devaluación del 35 al 40 por ciento, déficit fiscal cero en un año y fuerte suba de las tasas de interés para equilibrar. De ese modo el sector agropecuario liquidaría los 14 mil millones de dólares que tiene guardados en silobolsas, bajarían las maniobras especulativas con las importaciones, habría nuevos incentivos para ahorrar en pesos, aumentaría la cotización de bonos y acciones y se iría recobrando la normalidad.
Es lo que postulan las corporaciones agropecuarias que pararon esta semana, sin poder encontrar una razón que disimulara el golpe de mercado por el que militan; fondos de inversión locales y extranjeros; grandes empresas de la Unión Industrial –donde recrudecen las peleas por esa posición-, y la mayor parte de la ortodoxia económica que reviste en Juntos por el Cambio.
Las consecuencias de ese tipo de programas son conocidas en el país: shock regresivo en la distribución del ingreso, transferencia violenta de riqueza en favor de grupos concentrados, explosión inflacionaria, aumento de la pobreza, deterioro del salario y las jubilaciones. En ese caso sí que el país se lo quedan tres o cuatro vivos, mucho más que en la situación actual, que claramente exige mejoras de todo tipo, pero todavía le da al Frente de Todos la posibilidad de intervenir para que ocurra.
Claver Carone, de Trump al BID
En su reciente participación en la Cumbre de las Américas, el presidente argentino levantó la voz contra la intervención de Estados Unidos en el BID. “La banca de desarrollo regional, sin más demoras, tiene que volver en su gobernanza a América Latina y el Caribe. El BID requiere un proceso de capitalización para tener más y mejores medios de financiamiento”, afirmó Fernández, también en nombre de la Celac, por su carácter de presidente pro témpore del organismo regional.
Claver Carone fue elegido titular del BID en septiembre de 2020, por el plazo de cinco años, debido a la presión que ejerció Estados Unidos. Históricamente ese puesto era para un postulante de América Latina y el Caribe, ya que la función principal del BID es financiar el desarrollo en la región. Gustavo Béliz iba a competir por el cargo, pero el Gobierno retiró la postulación cuando quedó claro que no había forma de vencer al hombre que había lanzado Donald Trump.
Claver Carone es el mismo que dijo abiertamente que el crédito extraordinario del FMI al gobierno de Mauricio Macri fue ordenado por Trump para apoyarlo en la búsqueda de la reelección. Lo admitió cuando hacía su defensa como candidato a dirigir el BID, conociendo el caso de manera directa, ya que él había sido representante de Estados Unidos ante el directorio del Fondo Monetario cuando sucedieron los hechos.
Ahora desde el BID, el economista está trabando los desembolsos de créditos a la Argentina. Son programas ya aprobados que necesitan una última intervención de su parte para efectivizar el giro de las divisas al Banco Central. Pero Claver Carone no lo hace con el argumento de que está siendo investigado por una serie de denuncias en su contra: una por malversación de fondos y otra por “falta ética”, según los códigos de la institución, por un supuesto romance con una directiva del organismo.
El gobierno argentino considera que es una excusa y que la verdadera intención es complicar la estabilidad política del Frente de Todos. “Esconde la plata. Se convirtió en un problema diplomático. Ya se vencieron todos los plazos. La última fecha que la Argentina podía tolerar era el 30 de junio”, se quejan en despachos oficiales.
La corrida por la devaluación
El enojo de los funcionarios es porque en este momento cada dólar cuenta. El escenario financiero y cambiario es más que delicado, reconocen. La cotización de títulos públicos que fueron referencia de la última reestructuración de la deuda, como el AL30D, en 17 dólares, cuando estaba en torno a 50 después del canje, es una señal de que “grandes fondos de inversión le bajaron el pulgar a la Argentina”. “Están descontando que los bonos son papel pintado y que el país tendrá que hacer una nueva reestructuración”, lamentan.
Los comportamientos especulativos tienden a multiplicarse en este escenario. La liquidación de exportaciones de las últimas dos semanas fue a cuenta gotas. Los funcionarios estiman que hay 14 mil millones de dólares guardados en silobolsas, a la espera o presionando por una devaluación. “Las tasas de interés no terminan de ser atractivas frente al riesgo de un salto cambiario. No hay apuro por vender. Los costos de la próxima campaña ya están cubiertos con lo que se vendió hasta ahora”, alegan desde ámbitos agropecuarios y exportadores para reclamar una suba del dólar oficial hasta 180 o 190 pesos, desde los 135 actuales.
En cuanto a las importaciones, hay empresas que están logrando eludir los controles oficiales para realizar operaciones mediante el dólar contado con liquidación, lo que presiona más la demanda en ese mercado y eleva la cotización. Este viernes escaló al nivel record de 301,50 pesos.
El desplazamiento de Adrián Cosentino de la Comisión Nacional de Valores (CNV) se produjo en este contexto, aunque también se enmarca en los reajustes del gabinete económico por la renuncia de Martín Guzmán. La designación de quien era su vicepresidente, Sebastián Negri, al frente del organismo llegó con la instrucción de reforzar los controles en los mercados financieros y cambiarios.
Reservas
“Hay salida para la crisis. A fin de agosto debería empezar a ordenarse la acumulación de reservas, que es fundamental para regenerar expectativas”, afirman en el gabinete económico. Los bancos y fondos comunes de inversión también necesitan ordenar la situación, dada su alta exposición en títulos del Tesoro y el Banco Central.
“Lo más importante de todo es asumir una posición más fuerte en lo institucional. Las tres caras del Frente de Todas tienen que mostrarse unidas y contundentes. De lo contrario se vive un clima de transición. Se pierde credibilidad”, analiza un economista de ese espacio.
“La salida es política. Hay necesidad de un acuerdo. Pero todavía hay mucha incertidumbre”, remarca. Y Batakis lo sabe.
Legisladores oficialistas le piden al Gobierno que decrete la prórroga
Vence la moratoria previsional y miles de personas podrían quedarse sin jubilación
La medida beneficia a quienes están en edad de jubilarse, pero no cumplen con los 30 años de aportes. De no prorrogarse, nueve de cada 10 mujeres y siete de cada 10 hombres podrían quedar a la deriva.
En una semana vence la moratoria previsional que beneficia a miles de personas que están en edad de jubilarse pero no cumplen con los 30 años de aportes. De no prorrogarse, nueve de cada 10 mujeres y siete de cada 10 hombres podrían quedar a la deriva sin acceder a la jubilación, por lo que un grupo de diputades del Frente de Todos está pidiendo que el Ejecutivo la extienda por decreto hasta que el Congreso logre terminar de sancionar un plan de pagos que ya tuvo media sanción en el Senado. Este plan de pagos, que fue impulsado por senadores del kirchnerismo, le permite cancelar años de deuda previsional a aquellas personas que están por jubilarse (o están cerca de) pero que no llegan a cumplir con los años de aportes necesarios. Se calcula que, de acá al 2023, el proyecto beneficiaría a cerca de 800 mil personas. "No podemos perder ese derecho que adquirimos con Néstor Kirchner", reflexionó la diputada oficialista Gisela Marziotta, autora de otro texto que va en este sentido. Si bien el escenario de paridad de fuerzas de la Cámara de Diputados anticipa una discusión reñida, en el oficialismo confían en que tendrán los números para aprobar la iniciativa. Los tiempos apremian, sin embargo, y el reclamo para que intervenga el Ejecutivo con una prórroga es cada vez más recurrentes.
El 23 de julio vence la moratoria jubilatoria actual que rige desde el 2014 y que, al igual que la del 2003, permitió que millones de adultos y adultas mayores que se encontraban desprotegidos por el régimen general de jubilaciones fueran incorporados al sistema previsional. Solo en la segunda mitad del 2022 se calcula que entre 100 y 120 mil mujeres de entre 60 y 64 años podrían verse perjudicadas. Por este motivo es que, hace ya varias semanas, varios proyectos de ley están circulando por el Congreso con el objetivo de dar una respuesta a esta situación. El de mayor peso - ya que es el que el proyecto que el oficialismo planea sancionar una vez finalizado el receso invernal - es uno que viene con amplio acompañamiento del Senado y que crea un plan de pagos de deuda previsional.
Esta iniciativa contempla un plan de pagos mensual equivalente al 29 por ciento de la remuneración mínima imponible (muy similar a lo que aportan hoy les trabajadores en actividad) y que será descontado de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa. Esto es para el caso de las personas que estén en edad de jubilarse y no tengan los 30 años de aportes, pero también existe otra opción para aquellos que les falte todavía para jubilarse y que quieran ir cancelando con anticipación su deuda previsional: "Esa es la novedad: si vos sos tenés 55 años y te das cuenta que en 10 años no vas a llegar con los aportes podes adelantarte e ir cancelando de tu bolsillo", explicó a este diario Mariano Recalde, senador autor del proyecto junto a Anabel Fernández Sagasti.
"A partir del 23 de julio, nueve de cada 10 mujeres no va a poder jubilarse y siete de cada 10 varones tampoco", advirtió la diputada Gisela Marziotta, quien también presentó un proyecto de ley que prorroga la moratoria vigente hasta que se sancione el plan de pagos. A tan solo una semana de que venza el plazo, sin embargo, Marziotta es conciente de que ya no hay tiempo para sancionar su ley y por eso, como muchas otras diputadas del FdT, está reclamando que el Ejecutivo intervenga: "Siempre esta la posibilidad que esto salga por decreto y se resuelva muy rápido", subrayó. De no prorrogarse, se calcula que cerca de 800 mil personas - 477 mil mujeres y 295 mil hombres - dejarían de poder acceder a una jubilación y tendrían que conformarse con la PUAM, esa pensión universal que sancionó el macrismo allá por el 2016 que representa solo el 80 por ciento de una jubilación mínima y a la que se puede acceder recién a partir de los 65 años. "Con lo cual si no prorrogamos la moratoria lo que indirectamente vamos a hacer es bajar la jubilación y elevar la edad jubilatoria (NdR: la edad jubilatoria para las mujeres es de 60 años). Porque la persona que no pueda acceder a una moratoria va a caer, esa palabra que le gusta al macrismo, en la PUAM", ironizó Marziotta e insistió: "Nosotros no podemos dejar que los trabajadores y trabajadoras caigan en la PUAM".
Alertados por la cuentaregresiva, les diputades del FdT comenzaron a tratar el proyecto hace un par de semanas en la comisión de Previsión y Seguridad Social, muy pocos días después de que hubiera conseguido la media sanción en el Senado. Las reuniones son todavía de carácter informativo - en el último encuentro participaron funcionarios de la ANSES, dando cuenta del aval político que su titular, Fernanda Raverta, está dando al proyecto -, por lo que las expectativas de poder avanzar en una sanción previo al 23 son nulas. "La construcción de consensos lleva tiempo. Estamos en un buen camino, pero en el mientras tanto necesitamos que la moratoria vigente se prorrogue", destacó la presidenta de la comisión de Previsión, Marisa Uceda. Todos las miradas apuntan, entonces, a Alberto Fernández y la posibilidad de que firme o no el decreto. Desde ANSES advirtieron a este diario se estaba evaluando prorrogar la moratoria actual hasta la aprobación de la ley, pero desde Presidencia no lo confirmaron ni desmintieron. "Nosotros somos una fuerza política que tiene una historia de inclusión previsional, el universo de jubilados y jubiladas siempre siempre se amplió con gobiernos peronistas. No me gustaría que esto fuera la excepción", advirtió Uceda.
El panorama en Diputados, habitualmente hostil para el oficialismo, es más auspicioso en esta ocasión. El proyecto fue aprobado en el Senado con el acompañamiento del rionegrino Alberto Weretilneck, la misionera Magdalena Solari Quinta y la cordobesa Alejandra Vigo, lo que en Diputados se traduce en varias adhesiones: dos diputados misioneros, dos rionegrinos y tres cordobeses. Esos diputados, sumados a les 117 del FdT y, muy probablemente, les 4 de izquierda (quienes tienen su propio proyecto de moratoria) dejan al oficialismo en una posición más cómoda. El titular del Interbloque Federal, Alejandro "Topo" Rodríguez, no mira tampoco con malos ojos el proyecto. En el caso de Juntos Por el Cambio, que votó de forma dividida en el Senado (algunos votaron en contra y otros se abstuvieron), se espera que presenten su propio dictamen de minoría con una propuesta de prestación proporcional. "Yo tengo la expectativa de que esto se apruebe porque no podemos perder un derecho en democracia, especialmente durante un gobierno nacional y popular", cerró Recalde.
Respaldo judicial al Aporte Solidario de las grandes fortunas
Las grandes fortunas argentinas no se rinden: siguen recurriendo al Poder Judicial con la esperanza de zafar de pagar el Aporte Solidario y Extraordinario que el Congreso de la Nación aprobó hace más de un año y medio, en el marco de la pandemia de coronavirus. Lo novedoso, tratándose del más conservador de los poderes del Estado y de una ley contra la que militó abiertamente Juntos por el Cambio, es que una y otra vez fracasan. El juez federal en lo Contencioso Administrativo Walter Lara Correa volvió a rechazar ayer otro pedido de inconstitucionalidad planteado por uno de los indómitos millonarios, de quien sólo apuntó sus iniciales (“Sr. S.O.P.”), al sostener que la norma no afectó ningún derecho a la propiedad y sólo buscó la razonable “satisfacción de un interés colectivo” al permitir la compra de vacunas, el fomento de la educación y al apoyo a grupos vulnerables en el marco de una crisis sanitaria, económica y social mundial.
El proyecto impulsado durante el primer año de la pandemia por los diputados Máximo Kirchner y Carlos Heller, del Frente de Todos, se propuso recaudar alrededor de 300 mil millones de pesos para volcar a planes productivos y sanitarios. Planteó el cobro de un 2 por ciento de sus patrimonios a las personas físicas que hubieran declarado tener más de 200 millones de pesos, que según la AFIP eran menos de 10 mil contribuyentes, un 0,8 por ciento de quienes habían presentado declaraciones juradas de bienes personales. El proyecto obtuvo media sanción en Diputados el 17 de noviembre de 2020, con 133 votos a favor y 115 en contra (del interbloque de Juntos por el Cambio) y dos abstenciones de partidos de izquierda, y se convirtió en ley el 4 de diciembre del mismo año con 42 votos a favor y 26 votos en contra, también del macrismo.
El juez Lara Correa, que ya se había pronunciado con anterioridad, volvió a avalar ayer el Aporte al considerar que la iniciativa aprobada por el Congreso “persigue la satisfacción de derechos por conducto del financiamiento de programas económicos redistributivos específicos”. En un fallo de 64 hojas, rechazó una acción de amparo de un contribuyente que se negaba a pagar lo establecido por la ley 27.605 y destacó que esa decisión permitió “la adquisición de vacunas contra la enfermedad, compra de equipamiento médico, manutención del empleo, fomentar la educación, el servicio público y el apoyo a los grupos vulnerables, fines que tienen para todos los ciudadanos, más aún en esta crisis, un interés extraordinario”.
El magistrado resaltó el criterio social que subyace el aporte al manifestar que quienes son alcanzados por esa ley “también resultan beneficiarios con mayor o menor intensidad de los beneficios de su ‘aporte solidario’ contra la pandemia ya que de las medidas implementadas se beneficia a la comunidad toda”.
Frente a las críticas e impugnaciones de quien cuestionaba la ley, resaltó que el aporte sobre las grandes fortunas “no resulta descalificable desde el punto de vista de la razonabilidad” porque “no está probado que se haya desnaturalizado el derecho a la propiedad, toda vez que se respetan los estándares constitucionales y convencionales”.
Por el contrario, destacó que “el Congreso nacional, mediante la instrumentación del Aporte –en sintonía con las propuestas de los Organismos Internacionales especialistas en materia económica y fiscal– obtiene ingresos y realiza erogaciones a efectos de garantizar los derechos fundamentales constitucionalmente establecidos y de cumplimiento obligatorio en sede convencional”.
“En lo relativo con la situación de emergencia, cuadra añadir que denota un estado de necesidad generalizado, cuya existencia y gravedad corresponde apreciar al legislador sin que los órganos judiciales puedan revisar su decisión ni la oportunidad de las medidas que escoja para remediar aquellas situaciones, siempre que los medios arbitrados resulten razonables y no respondan a móviles discriminatorios o de persecución contra grupos o individuos”, añadió.
En relación al contexto internacional derivado de la pandemia, hizo referencia a lo indicado por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), que sostuvo que la crisis sanitaria “repercutió en todos los indicadores socioeconómicos mundiales”. En este sentido, y sobre la pertinencia de los legisladores a la hora de impulsar este proyecto de ley, el fallo consideró que primó “la satisfacción de un interés colectivo”.
Lo anunció el titular central sindical Hugo Yasky
La CTA se suma a la marcha de la CGT para "ganar la calle contra los especuladores"
La marcha que la CGT planea realizar el próximo 17 de agosto no contempla escenario ni discursos. Lo que está previsto es la lectura de un documento que cuestione el alza de los precios y el impacto que la inflación tiene en el salario de los trabajadores. Sin embargo, ese plan original puede que se vea modificado cuando se debata la propuesta el próximo jueves en el consejo directivo. Pero también a partir de la sumatoria de organizaciones, como la CTA de los Trabajadores, que conduce Hugo Yasky que buscan que "los sectores populares ganen la calle, establezcan la agenda y se logre terminar con las maniobras especulativas financieras y de aumentos de precios". Una postura mucho más directa que la que prefieren los integrantes de la conducción cetegista enrolados en el sector de Gordos e Independientes y que sin duda generará un debate que por ahora está controlado dentro de la CGT.
"Nos vamos a sumar a la marcha del 17 de agosto de la CGT, a la que vamos a llegar con movilizaciones en todo el país porque tiene que haber una gran marcha nacional para que se convierta en el inicio de la recuperación de la calle de los sectores populares", dijo Yasky en declaraciones a AM750.
En esa línea, advirtió: "Esperamos la convocatoria de la ministra de Economía, (Silvina) Batakis, pero no podemos esperar de brazos cruzados mientras que los que quieren a un gobierno de ricos para los ricos están convirtiendo en un calvario el día a día a la gente".
Es por eso que el también diputado nacional por el FdT, indicó que es preciso inaugurar un proceso de movilizaciones "para que el pueblo en la calle sea protagonista de una agenda que contemple una respuesta para lograr salir de esta situación con más democracia, más distribución y justicia social y no con más ajuste", afirmó.
La postura de Yasky se acerca más a la que promueve el sector de la CGT que lidera el triunviro Pablo Moyano. Y en ese sentido, el dirigente de los canillitas y habitual vocero de este grupo, Omar Plaini, indicó que su sector "hace rato que venimos planteando que es necesaria una confrontación con el sector que define los precios", dijo y apuntó que "marchar contra nadie no es una buena definición".
La referencia de Plaini es que esta movilización fue propuesta por Pablo Moyano a principios de junio cuando el propietario de la Anónima, Federico Braun, reconociera riéndose que se defiende de la inflación remarcando los precios todos los días. Y la propuesta era realizar una marcha hacia las organizaciones patronales relacionadas con el incremento de los precios. Esa propuesta de Moyano fue desactivada por los otros sectores que integran la conducción de la CGT y que podría personalizarse en los también triunviros Héctor Daer y Carlos Acuña.
Sin embargo, la escalada inflacionaria y la corrida cambiaria obligó a éstos sectores de la CGT a recurrir a la necesidad de una movilización frente la tensión que viven hacia el interior de sus gremios. Eso sí, la marcha planificada no prevé ni escenario y mucho menos discursos. Pero esa definición tomada el jueves en una reunión de mesa chica debe ser refrendada por el consejo directivo el próximo jueves.
Hay algunos dirigentes sindicales que participaron de la mesa chica deslizaron su deseo que la marcha sea exclusivamente de la CGT y, por lo tanto, que no participen la CTA ni las organizaciones sociales. Algo que, al menos por ahora, está resultando imposible de aplicar sobre todo por la agudización de la situación socio-económica.
En ese sentido, Yasky afirmó que "estamos en medio de un ataque especulativo de sectores que quieren desestabilizar al Gobierno y que golpean en la fragilidad de la situación económica que se ve favorecida por lo que está pasando en el mundo con la guerra y el aumento de precios".
"Quieren profundizar la crisis y armar una hecatombe porque creen que así se les va a abrir la puerta a las políticas neoliberales que ellos proponen como un ajuste brutal", advirtió el dirigente.
Casi al mismo tiempo y en otra entrevista radial, Daer coincidía con Yasky al sostener que "estamos en una situación crítica en lo político, en lo económico. Me parece que eso amerita lo que desde la CGT estamos proponiendo que es hacer un llamamiento a todos los actores políticos y sociales del país, con responsabilidades en el país, para comprender la realidad juntos los empresarios, los sindicatos, los movimientos sociales", dijo el jefe de los trabajadores de la sanidad.
Por último agregó que "en la CGT no estamos mansos para nada. Vamos a hacer el 17 de agosto una gran movilización en la Capital Federal, pero acá hay que entender que nosotros tenemos responsabilidades institucionales, no solo de dejar un testimonio sino que, lo que tenemos que hacer, es interpelar a la sociedad y a la clase política a encontrar la salida a la crisis". Yasky, por el contrario, no anduvo con vueltas al afirmar que "hacen falta otros anuncios que le ponga límite a la especulación financiera y al aumento de precios".
Reunión entre la UTEP y la Unidad Piquetera
La difícil tarea de encontrar puntos de acuerdos
Luego de las importantes movilizaciones que la Unidad Piquetera y la UTEP realizaron por separado el jueves pasado, sus principales referentes se reunieron con la intención de poder encontrar puntos de acuerdo para unificar fuerzas en sus reclamos. El encuentro por ahora no alcanzó una síntesis, sobre todo en lo que hace lo referido a cómo enfrentar la puja distributiva. En ese sentido, y según reconoció el líder de la UTEP, Esteban "Gringo" Castro los dos sectores van llevar a sus respectivas bases el estado de las conversaciones para volver a encontrarse.
Castro aseguró, durante una entrevista con la AM 530, que el punto que encontraron acuerdo con la Unidad Piquetera es el rechazo a la judicialización de la protesta social. En lo que hace a lo que definió como puja distributiva, Castro indicó que ellos continúan apostando a la implementación de un Salario Básico Universal a pesar de que desde el Poder Ejecutivo indicaron su negativa a esa posibilidad. Diferente es la posición del kirchnerismo que en el Senado trabaja en un proyecto de ley sobre ese tema.
Por otra parte, Mónica Sulle, coordinadora nacional del MST-Teresa Vive e integrante de la Unidad Piquetera, indicó que “en este marco de crisis brutal y que golpea a los sectores más desprotegidos, nos reunimos con organizaciones sociales afines al gobierno para dar una respuesta, tanto en lo reivindicativo como en el avance de la criminalización de la protesta".
Sulle reconoció, como Castro, que "mantenemos diferencias lógicas, porque ellos son parte del gobierno y nosotros desde la Unidad Piquetera no dejamos de denunciar al gobierno que aplica el ajuste, pero en ese contexto tan difícil vemos necesario avanzar en acciones comunes".
En cuanto a las acciones comunes, la referente del MST-Teresa Vive indicó que el próximo martes a las 11 marcharán a la Casa de Jujuy para protestar "contra la persecución y allanamientos a dirigentes sociales por parte del gobierno de (Gerardo) Morales, que sigue a rajatabla la criminalización a quienes luchan". El nuevo encuentro con la UTEP será el miércoles a las 17.
Por último, Sulle indicó que "vamos a seguir luchando por trabajo genuino, aumentos urgentes en salarios y en los montos de los programas sociales y su universalización. Todo se puede financiar en base a fuertes impuestos a los ricos y cortando con el chorro de la deuda. Nos quieren sacar de las calles, pero no de la pobreza”.
Fuente:Pagina12
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