¿Respuesta a CFK? Crean manual
para la entrega de planes sociales
Por Agencia ANSOL, Resumen Latinoamericano, 17 de julio de 2022.
FOTO :Emilio Pérsico
Mediante una resolución de la Secretaría de Economía Social, a cargo de Emilio Pérsico, se aclaró que nadie puede exigir una cuota o aporte a los beneficiarios del Potenciar Trabajo.
Desde la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Emilio Pérsico, también secretario general del Movimiento Evita, se emitió la Resolución 430/2022 que crea una “Carta básica de Derechos y Obligaciones” para trabajadores y trabajadoras de la economía popular inscriptos en el programa nacional “Potenciar Trabajo”.
Derechos y obligaciones
Dicha resolución fue creada con el fin de evitar manejos indebidos de las organizaciones en su ejecución y difundir los canales de reclamo y denuncia existentes. Además, la carta enumera los derechos para quienes reciben el programa y las obligaciones de los mismos, entre las que están el cumplimiento de un máximo de 60 horas mensuales dentro de una unidad de gestión o certificación en las ramas de actividades contempladas.
Las actividades se deben realizar de forma independiente o agrupada y nunca en beneficio de un tercero o bajo relación de dependencia encubierta. Asimismo, los trabajadores y trabajadoras pueden optar por realizar procesos con fines educativos que serán acreditados por la Unidad de Certificación.
Prácticas ilegales
En la carta, también se incluye un recordatorio que hace hincapié en lo que mencionó Cristina Fernández de Kirchner en un discurso reciente: aclara que ninguna persona o autoridad de las unidades de gestión puede exigir dinero como aporte o cuota, ni participar de actividades políticas, religiosas o que no pertenezcan al ámbito laboral o educativo del programa. Estas prácticas son consideradas ilegales.
Finalmente, incluye distintos medios para poder realizar la denuncia en caso de que lo anterior suceda:
Líneas telefónicas 4320-3360/3380 – 4320-3384/3385 0800-222-3294
Correo electrónico: consultases@desarrollosocial.gob.ar direccióndegestiónses@desarrollosocial.gob.ar
Web: desarrollosocial.gob.ar/denuncias/
Mesa de entradas
Oficinas de la SES o del MDS habilitadas para este fin
¿Fue una respuesta a Cristina Kirchner?
Hace algunas semanas, la vicepresidenta realizó una serie de declaraciones que fueron tomadas como una crítica a ciertas organizaciones sociales: «Eso no es peronismo. No es depender de un dirigente barrial para que me dé el alta o la baja del plan. ¡Si Evita los viera!», manifestó en su momento. Desde el Movimiento Evita, que tiene a Pérsico entre sus principales referentes, respondieron con una campaña que incluía fotos de sus integrantes y la leyenda: «Si Evita nos viera, estaría orgullosa». Ahora, llegó esta resolución firmada por el propio Pérsico.
Macri absuelto y un submarino que
se hundió dos veces…
Por Marcelo Valko, Resumen Latinoamericano,17 de julio de 2022.
“Hacete amigo del juez / Pues siempre es bueno tener/ Palenque ande ir a rascarse” acierta a decir el Martín Fierro y el ex presidente Macri es cultor del tema y así que salió absuelto del caso de espionaje a los familiares del submarino ARA San Juan. En su momento publique una nota referida al trágico destino los tripulantes del submarino ARA San Juan y los múltiples desaciertos del caso ocurridos durante aquel gobierno entre los que se destaca el espionaje a los familiares de los submarinistas y dado el fallo juducual no perdió vigencia. En su momento, y demostrando de paso que nuestro país no es un apéndice perdido de Europa, destaqué incluso que uno de ellos era uno de los submarinistas era un afrodescendiente nacido en Santiago del Estero.I Argentina intentó encubrir su pertenecía sudamericana con una máscara de blanqueamiento asegurando a propios y extraños que todos los habitantes descendemos de los barcos, es decir, todos provenimos de los inmigrantes europeos por consiguiente somos blancos… El historiador Halperín Donghi ironiza sobre esa “excepcionalidad argentina” donde las elites y sus escribas a sueldo hicieron lo imposible por escindir al país “racial y culturalmente” del resto del continente. Los indios fueron invisibilizados y los negros desaparecidos de la historiografía. Sin embargo la realidad es otra, basta con ir a la estación de tren de Constitución o de Retiro y advertiremos que no somos un apéndice perdido de Suiza. En la actualidad de acuerdo a datos censales Argentina tiene tres veces más indígenas que Brasil y a comienzos del siglo XIX en Buenos Aires una de cada cuatro personas era negro y en la provincia de Santiago del Estero la proporción llegaba al 64% mientras que en de Tucumán la mitad de los individuos tenían origen africano.
II Precisamente en Santiago del Estero existe un pequeño caserío llamado San Andrés ubicado a unos 130 kilómetros al norte de la capital provincial. Para llegar hasta allí el último tramo del camino se transita sobre una capa de limo arcilloso una suerte de etérea cortina que se levanta en una increíble polvareda y que se conoce como bobadal (un impalpable colchón de polvillo suelto) y si bien debido al cambio climático suele llover más que antes, la sequedad sigue dueña del territorio. Este caserío tiene la particularidad que la mayoría de sus vecinos provienen de origen afro asentados desde el tiempo de la Colonia. El Camino Real hacia el Alto Perú pasaba por allí y fue el mismo que utilizó el general Manuel Belgrano rumbo al norte. Cuentan que el general prometió a los afrodescendientes que habitan ese paraje que daría la libertad a los que se unieran al Ejército y también las porciones de tierra que ocupaban. Obviamente la deriva genética ejercida a lo largo de generaciones desdibujo algunas facciones pero de todas maneras permanecen inalterables ciertos rasgos y fisonomías que la veintena de familias que habitan las inmediaciones muestran con orgullo su apego a la tierra más allá de lo difícil que resulta para los jóvenes encontrar en la zona un trabajo por lo cual muchos deben emigrar con sus raíces a cuestas.
III Tal como expongo en mi último libro “Esclavitud y Afrodescendientes” uno de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan que implosionó el 15 de noviembre de 2017 a la altura del golfo San Jorge cuando navegaba desde Ushuaia a Mar del Plata, llamado David Melián era un afrodescendiente nacido en San Andrés donde aún habita su familia. Ciertos detalles de su vida merecen conocerse. Allí existe una pequeña lagunita donde los animales de los lugareños acuden a beber. En su niñez David soñaba con navegar en el mar y de hecho con gran inventiva se puso a recolectar botellas de gaseosas que ensambló de alguna manera para fabricar una balsa con la que intentó surcar la lagunita imaginando la inmensidad del océano. En esa aguada barrosa aprendió a nadar pensando en la hermosura del mar “gigante, abierto, azul, democrático” y eso que nunca leyó el poema Tengo de Guillén. Para alguien proveniente de un origen muy humilde en un paraje polvoriento, no era sencillo cumplir semejante propósito más aun habiendo nacido en el interior de una provincia periférica y por colmo mediterránea. Sin embargo este pequeño David enfrentó al terrible Goliat de la adversidad del destino. Sin ninguna opción de trabajo, la marina fue su salida laboral pero también la posibilidad de navegar y conocer otros horizontes. El fatídico día en que se perdió el ARA San Juan David Melián era el encargado del sonar del submarino.
IV Como fue notorio tras la pérdida de la nave lo único que se le ocurrió hacer al gobierno de Macri fue patear el tema para adelante pero era imposible esconder la desaparición de la nave y de toda su tripulación. En una antología del mamarracho tuvo lugar toda clase de idas y vueltas, partes falsos, la verdad disfrazada y mentiras flagrantes anunciadas en la prensa con cara de congoja o de esperanzas imposibles según el caso que llevó aún más dolor al dolor de las familias de los marinos. Demoraron la búsqueda desorientando con fake news y versiones disparatadas desde que la nave navegaba a la deriva en superficie hasta que habían sido rescatados por un pesquero asiático al que no le funcionaba la radio y tantas otras que los mandos filtraban a la prensa amiga haciendo gala de la clásica ficcionalidad nacional. El gobierno macrista buscaba desmemoria mediante que la sociedad hundiera en el olvido al submarino. Que lo hundiera por segunda vez. Entre tanto los familiares golpearon puertas, recorrieron infinidad de medios periodísticos, se encadenaron en Plaza de Mayo, otros hacían una vigilia en el apostadero naval de Mar del Plata mientras una comitiva acudió al Congreso solicitando ayuda obligando a las autoridades a reaccionar en tanto eran espiados por los aparatos del Estado. Estos familiares a quien lo único que le interesaba era la suerte de sus seres queridos y no estaban para favorecer o estar en contra de unos u otros comenzaron a advertir la presencia de personas extrañas que preguntaban por ellos y que de pronto cuando eran recibidos en los despachos la gente del gobierno sabía de antemano lo que les iban a preguntar… Finalmente ubicaron los restos del submarino como por arte de magia en el lugar donde debía estar de acuerdo a su última ubicación justo el último día cuando finalizaba el rastrillaje del buque oceanográfico Seabeded Constructor contratado al efecto despertando todo tipo de sospechas sobre la posibilidad de un lucrativo negocio económico…
V En mayo de 2018 el Centro de Estudios Gramsci de Santiago del Estero con la colaboración de las autoridades provinciales, tanto de la gobernación como del Ministerio de Justicia organizaron un homenaje a la memoria de David y del resto de los submarinistas. El punto indicado fue San Andrés su lugar de nacimiento al que se dirigió una extensa caravana de buses que trasladó cientos de estudiantes del profesorado y sus docentes para realizar un encuentro de dos días sobre “Política, Educación e Historicidad” al que fui invitado para dictar un seminario. La idea de la convocatoria en lo profundo del monte santiagueño además de recordar al submarinista era visibilizar la realidad de la presencia de los afrodescendientes en nuestro país.
Para los estudiantes y me incluyo resultó conmovedor conocer a la familia Melián, las casas humildes y dispersas, los cercos raquíticos de los corrales, la pequeña escuelita, la emoción de los vecinos ante tal invasión de la gente de ciudad. Realmente sería muy necesario realizar un rescate de la oralidad, una arqueología de la memoria de sus habitantes. Durante la noche se hizo un fogón a orillas de la aguada barrosa e imagine a aquel chico y su balsa de botellas de plástico. Los reflejos de la hoguera en la superficie del agua, la oscuridad que sabe disimular escenas y sentimientos y las millares de estrellas que “tiritaban azules a lo lejos” nos situaban en otro espacio. Pensé en Heráclito y el permanente fluir de su río frente al quietismo de la lagunita barrosa, una suerte de portal que da acceso a esa temporalidad de las cabras que crían los lugareños orgullosos de su ascendencia afro. Era inevitable reflexionar sobre este país que hace un culto de la desmemoria y exhibe en triunfo ante propios y extraños la falsedad de la excepcionalidad argentina, autointoxicandose, imaginando ser un apéndice perdido de Europa.
Hoy que Mauricio Macri fue absuelto por la causa del espionaje a los familiares del ARA San Juan en una tragedia en la que hay más oscuridades y sospechas que certezas incluso sobre el negociado que representó la búsqueda, sirve también para tener presente que Argentina está en Latinoamérica mal que le pese a las elites que miran otro mapa y buscan historia oficial mediante que no es más que un elocuente racismo barnizado inventar un país a espaldas de la Patria Grande. Pero la verdad asoma en cada detalle, asoma si uno se dispone a ver lo que mira como el caso del submarinista de ascendencia afro o admitir por ejemplo que Argentina tiene tres veces más originarios que Brasil de acuerdo a los censos respectivos. La memoria existe y navega en las profundidades de la sangre heredada como un punto de fuga donde emerge otra realidad, la verdadera. La historia oficial repite como una letanía que todos los argentinos venimos de los barcos, en este caso es cierto, solo que el barco que trajo a los ancestros del submarinista Melián no vino de Europa sino de África y no llegaron en busca de empleo sino esclavizados como combustible biológico como sucedió con millones de personas en el resto de los países de la región para utilizarlos en tierras usurpadas a los indígenas. Y aunque dado el fallo absolutorio que es repudiado por la querella integrada por los familiares y que de alguna manera hunde al submarino por segunda vez, la historia es larga y esto aún no termina. Es lento, pero viene…
Poco gobierno para tanto reclamo
Po Juan Guahán, Resumen Latinoamericano 17 de julio de 2022
Semana de muchos y variados reclamos, matizados con anuncios y preparación de otros aun mayores. Falta de recursos y las luchas que se vienen. Crisis alimentaria se ahonda sin solución a la vista.
La fecha patria del 9 de Julio no trajo tranquilidad. Todo lo contrario. A partir de ese día se fueron desencadenando acontecimientos, que no por esperados dejaron de conmovernos.
La renuncia de quien se suponía que era el poderoso Ministro de Economía fue la principal señal. Martín Guzmán había llegado a ese cargo de la mano de Joseph Stiglitz, un economista keynesiano que llegó a ser primer vicepresidente del Banco Mundial. A nuestra cholula dirigencia política le pareció suficiente título para entregarle el manejo de la economía. Tal vez nunca se sepa si vino a buscar soluciones favorables a nuestro país o si su objetivo principal fue cubrir las espaldas de los funcionarios del FMI, firmantes del fraudulento endeudamiento que había tomado Mauricio Macri, para vergüenza de su función institucional y sacrificio de las grandes mayorías.
La nueva Ministra de Economía llegó rodeada de expectativas que le daban un halo de fortaleza que se disolvió más rápidamente que la blancura de las heladas que acompañaron la llegada del invierno. La señora Silvina Batakis venía con el pergamino de haber sido Ministra de Economía de un “gobierno peronista” (“peronista” como su jefe Daniel Scioli). Pero al momento de irse conociendo sus primeras medidas ellas traían sonoridades que las colocaban más cerca del pensamiento del renunciante Guzmán que de las aspiraciones del promedio de los peronistas, que las padecerían.
Debilitado el apoyo de quienes se supone que eran los “propios”, quedaba la posibilidad que en los portavoces del mercado tuviera una mejor recepción. Pero, de ese costado de la tribuna, vinieron más palos que aplausos. De allí en más, sus decisiones parecían más cerca de quien se propone “aguantar” que la de aquellos que piensan en alguna forma de continuidad o reelección.
De esta situación nacen los ejes de las próximas decisiones: del gobierno, de la oposición y de las luchas que preocupan al Ejecutivo, particularmente ante la escasez de recursos para seguir con las políticas que serían de su agrado.
LA FALTA DE RECURSOS
Las dificultades para reunir los recursos necesarios para mantener las políticas actuales se han constituido en el eje de los problemas que hoy acechan al gobierno. Un peronismo acostumbrado a gobernar cuando no faltan recursos.
Esas restricciones abarcan al dólar pero también se hacen sentir respecto del peso.
Antes de avanzar en estos señalamientos conviene recordar que el kirchnerismo se caracterizó, en los tiempos de las vacas gordas, en una redistribución de mayores recursos. Ahora tiene que gobernar bajo situaciones claramente opuestas. Tiene que hacerlo en medio de estas restricciones. Carente de voluntad política para torcer el rumbo de la economía, poniéndola al servicio de las mayorías, inclina la cabeza y queda en manos del poder económico y sus intereses.
Las políticas del gobierno se proclaman incapaces de responder a las vastas demandas populares. Declara no estar en condiciones para poner en marcha alguna forma de Ingreso Universal. En función de ello solo puede atender a una mínima parte de los sectores más vulnerables, los que fueron su natural base social. Los planes Potenciar Trabajo llegan a menos de un millón y medio de personas, sobre una cifra de personas con dificultades para sobrevivir que ronda los 9 millones. Aún para esa reducida proporción de beneficiarios no logra mantener el ritmo de incremento de la inflación.
Respecto a los sectores medios está lejos de satisfacer sus demandas. Por el contrario diariamente toma medidas que los alejan del gobierno. A partir del jueves aumentaron los impuestos a las compras de bienes y servicios fuera del país. Esta medida se extiende a ciertos consumos de aplicaciones de Netflix, Amazon y otras empresas semejantes, utilizadas por estos sectores.
La aplicación de ciertas medidas, condenadas por gran parte de la población, le restan credibilidad. En este sentido una de las más sentidas es la confirmación del Plan de Ajuste (aunque prefieran no usar esa palabra) oportunamente firmado con el FMI, el aumento de las tasas de interés y la segmentación de las tarifas, entre otras.
Las restricciones para contar con los dólares suficientes para mantener funcionando a pleno la economía están trayendo oscuras señales desde varios sectores productivos. La necesidad de contar con recursos para pagar a los barcos que traen gas está influyendo para que más de uno confíe en que los fríos se vayan lo más rápido posible.
Mientras tanto la sociedad transita por una situación que nos acerca a la mentada frase de “bailando en la cubierta del Titanic”.
El “dólar barato” y lo que se denomina como el “factor nunca más” (la posibilidad que por largo tiempo esta situación no se vuelva a repetir) ha transformado a nuestro país en la sede de un Festival de shows artísticos extranjeros. Aquí, en medio de esta crisis se venden más entradas para ver espectáculos con artistas mundiales que los que vende Brasil, con una población 4 veces mayor, o Gran Bretaña, con todo su poderío económico. Coldplay; Guns N’Roses; Joan Manuel Serrat; Michael Bublé; Demi Lovato, son algunos de los nombres que desfilarán por las canchas de River y Vélez o el Movistar Arena, antes de fin de año. Según el Banco Central los dólares para pagar esas actuaciones y las trasferencias de jugadores de fútbol que vienen del exterior no provienen de fondos estatales, sino de los productores o de los clubes.
Tampoco sobran los pesos para pagar, a sus respectivos vencimientos, diversos bonos que vencen en los próximos tiempos. La cifra total ronda los 500 mil millones de pesos, la mitad de los cuales lo tienen organismos vinculados al Estado, por lo cual serán renovados. Un 25% -aproximadamente- es posible que se logre refinanciarlo, pero siempre queda ese otro 25% que habrá que pagar y ya están las autoridades monetarias haciendo malabares para hacerlo. Recordemos que el Acuerdo con el FMI y la Carta Orgánica del Banco Central, le pone límites al accionar de la “maquinita”.
Por todo lo dicho, circula en los pasillos oficiales la idea que el gobierno “hoy firmaría” tener para fines de año una inflación del 90% y un dólar paralelo a $ 400.
LAS LUCHAS QUE SE VIENEN
También el 9 de julio marcó una novedad en la presencia callejera. Ese día hubo, en diferentes lugares, manifestaciones contra el Acuerdo del gobierno con el FMI. Pero también se hizo presenta una movilización de opositores de Juntos por el Cambio (JpC) y sectores liberales. Allí se reclamó contra el gobierno con consignas pidiendo su renuncia.
Durante la semana que termina, el día miércoles 13, sectores del campo -convocados por la Mesa de Enlace- nuevamente se movilizaron, aunque no lo hicieron en la medida esperada por sus dirigentes. Los guiaron dispersas consignas lo cual, para el oficialismo, es una prueba del carácter político de dicha movida.
Al día siguiente, el jueves 14, hubo otra movilización. Había sido convocada por los sectores piqueteros más combativos. Lo extraño es que, a último momento, se le sumaron sectores oficialistas, particularmente del Movimiento Evita. Sus reclamos: Más planes Potenciar Trabajo y la denuncia contra allanamientos a merenderos y comedores, razón por la cual se habían reunido con el Presidente el día anterior. Pero allí no termina la cosa. Para el miércoles 20 están convocando estos mismos sectores, con el agregado de Juan Grabois. Para esa fecha se espera una marcha más que multitudinaria.
Estamos ante una situación novedosa, sus efectos son difíciles de predecir. Pero, ¿de qué se trata? En los últimos meses las principales marchas tuvieron como protagonistas a los sectores más humildes convocados –básicamente- por agrupamientos trotsquistas. Pero, digamos –aproximadamente- dos tercios de los integrantes de las mismas, eran idénticos sectores sociales a quienes venían acompañando a quienes constituían el grueso de las movilizaciones oficialistas. Ante la posibilidad de tener continuidad esta metodología de convocatorias unitarias, habrá que ver qué pasa, es posible imaginar que allí se abran tres tendencias diferentes. Que esta posibilidad de expresión unitaria no pase de ser un hecho puntual, sin mayores efectos futuros. Otra alternativa es que la dirigencia trotsquista transforme ese acompañamiento en un salto, con una masificación de su militancia y de su peso en la sociedad o –por último- que al verse juntos quienes vienen movilizándose en agrupamientos distintos se comience a desarrollar la idea de imponer esa masividad y sus necesidades por encima de las diferencias ideológicas existentes entre los núcleos dirigentes.
Para hacer cartón lleno, dirigentes de la CGT vienen anunciando que durante el mes de Agosto, posiblemente el 17, decretarían un Paro o Movilización Nacional, contra la inflación, pero no contra el gobierno. (raro, no?). Con la duda sobre la participación de las CTA.
De todos modos y más allá de las palabras, todo ello parecen demasiados reclamos para tan poco gobierno.
Envio:RL
La orden de una fiscalía de Jujuy que desencadenó los violentos allanamientos a casas, locales y comedores
La policía de Gerardo Morales infiltró a los movimientos sociales
El 31 de marzo pasado el Ministerio Público fiscal ordenó una investigación sobre referentes sociales opositores a Morales. El espionaje sin autorización de un juez reunió en un expediente casi 80 fichas con fotos y datos personales de dirigentes. Los defensores recién tuvieron acceso a la causa el viernes pasado.
Las y los defensores de las personas que fueron blanco de los operativos pudieron ver el expediente recién el viernes último: no sólo se toparon con las órdenes de infiltración sino con fichas personales de casi 80 dirigentes con fotos, todo tipo de datos personales, desde con quién viven, sus cuentas bancarias hasta, inmuebles e información del registro automotor.
La visita a Jujuy, la semana pasada, de la Comisión de Solidaridad con los Pueblos en defensa de los Derechos Humanos (integrada por dirigentes sociales, políticos y de derechos humanos) permitió destrabar el acceso al expediente. La abogada Alejandra Cejas llegó el viernes a la fiscalía con Jackie Salguero, que atiende y vive en un comedor y merendero del Movimiento Evita en el pueblo de Lozano y que integró la lista de los allanamientos. Quería asumir formalmente la defensa de la mujer, que estaba con su bebé en brazos, y de la concejala y militante de la Tupac Amaru, Fani Martínez, de Calilegua, allanada pese a tener fueros. El secretario, Sebastián Ruiz, le dijo que no. “No hace falta que asuma la defensa”, indicó el funcionario. Pero la letrada sabe que estas formalidades pueden ser decisivas. “No voy a hacer venir a mis clientas de Lozano y de Calilegua otra vez”, retrucó ella. “No hace falta, si es por saber quiénes son acá adentro tenemos todo filmado”, se mofó el secretario como para mostrar cómo se maneja la fiscalía. Todo tiene ese tono: a la concejala, el jefe de la brigada local le reconoció en la cara que los policías habían robado 15.000 pesos de su casa en el operativo.
En los dos días previos, quienes conformaron la Comisión de Solidaridad se llevaron una sorpresa: viajaron a Jujuy con la idea de asistir a los allanados, recabar sus relatos para elaborar presentaciones judiciales e internacionales y evitar privaciones de la libertad, pero terminaron recibiendo 58 denuncias de hechos de represión, detenciones arbitrarias, torturas, intimidaciones, despojos de tierras y violencia sobre comunidades originarias. Las organizaciones sociales perseguidas son todas las opositoras a Morales, cerca de 30. Entre varias de ellas históricamente existían diferencias, tanto que ni se hablaban. La ofensiva del líder de la UCR logró que para este martes llamen juntas a una movilización.
Investigación “de oficio”
Funes encabeza la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y contra la Administración Pública. Es el número dos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), controlado por Morales y delegada al fiscal general Sergio Lello Sánchez, de su absoluta confianza, un funcionario denunciado por maltrato laboral y violencia de género.
Todo hacía suponer que Funes había abierto la causa apenas antes de los allanamientos masivos del 6 de julio. Pero ahora las organizaciones cotejaron que fue antes, cuando la Agencia de Delitos Complejos del Ministerio de Seguridad de Morales labró un acta, a la que accedió Página/12, que explicita la orden de infiltración así: “En fecha 31 de marzo del 2022 siendo las 18.30 el señor fiscal de investigaciones Dr. Diego Ignacio Funes transmitió directivas donde solicitaba que personal de esta agencia en el día de la fecha se constituya sobre los lugares donde se reúnen las organizaciones sociales a los fines de lograr individualizar a los referentes de cada organización como así también individualizar a cada persona de los distintos grupos sociales que se encuentre tomando asistencia o realizando anotaciones con respecto a la cantidad de personas que participan de esa organización, por lo que siendo las 8.00 se designaron los grupos de trabajo que se infiltrarían en las distintas organizaciones…”. Luego prevé el recorrido en “la zona Centro Calle Martiarena y Gorriti, Calle 19 de abril, Calle Martiarena y Bustamante, los lugares donde se encontrarían movilizando estos grupos…”
En las siguientes fojas de la causa aparece el reporte de la Agencia de Delitos Complejos --ideada en teoría para perseguir narcotráfico-- que, explica, organizó la infiltración en “diversas comisiones” a cargo de cinco oficiales de la policía supervisados por el comisario Marcero Rodríguez. Agrega una grilla con las organizaciones que estarían y a qué hora, algunas de las cuales tres meses después serían allanadas. Mencionan desde la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento Evita, el Frente Darío Santillán, Nuestramérica, el Frente de Organizaciones en Lucha, hasta el Consejo de Pueblos Originarios, Barrios de Pie, el MTR 12 de abril, el Polo Obrero, ATE y varios sindicatos y hasta trabajadores despedidos de Garbarino, entre tantas.
El parte menciona cómo van llegando los/las militantes sociales, de a cuántos, algunos “con instrumentos musicales", dice. Señala el derribo de una valla y avisa que los policías denunciarán agresiones. Agrega que para poder identificar a las personas que “tomaban asistencia” sacaron fotos. Hasta la foja 40 hay casi puras fotografías, cerca de 80, con y sin nombres. Son personas paradas en la protesta pacíficamente, o hablando con un megáfono o con algún cartel. El informe menciona que hay también grupos de radicales y peronistas en apoyo al gobernador Morales, pero en ese caso no les interesa rastrear si alguien pasa lista, si llegan en micro, de a cuántos o cómo se organizan.
"Esto es Gerardo Morales ordenando que intervenga la policía porque no le gusta que la ciudadanía de Jujuy ejerza su legal derecho a peticionar. Es la segunda vez que avanzan denuncias penales porque van a manifestar el día de la apertura de sesiones (la anterior fue en 2018, con ocho detenidos de ATE y la Tupac Amaru). Esta vez el agravante es que se ha distorsionado el sistema judicial para perseguir, hostigar y criminalizar a quiénes lo único que hacen es tratar de llegar a fin de mes, en una provincia donde no hay reactivación del trabajo ni acceso a lo básico", explica Cejas. La irregularidad clave que señala es que el fiscal Funes "no dio conocimiento a ningún juez de que estaba iniciando una investigación". "No intervino ningún juez de garantías o de control. El fiscal actuó directo con el Poder Ejecutivo. ¿Cuál era el delito? ¿Reunirse? ¿Peticionar? Es lo que hace cualquier organización de la sociedad civil como la ampara la Constitución", advierte la abogada.
Luis Paz, otro de los abogados, presentó el 13 de abril un habeas corpus colectivo en favor de varios dirigentes para garantizar su libertad ambulatoria, tras las detenciones de tres militantes del Polo Obrero en una movilización. El juez Jorge Zurueta consultó a todas las fiscalías de Jujuy si había alguna investigación en marcha sobre esas personas y la respuesta coincidente fue que no. Algunos de aquellos referentes terminaron allanados. "Ahora que sabemos que la causa de los allanamientos se inició el 31 de marzo, colijo que el MPA ocultó información al juez en perjuicio de los dirigentes, que además recibieron un trato indigno, igual que los abogados", explica a este diario. "Están gravemente afectadas las garantías constitucionales en Jujuy", alertó. Zurueta no es del agrado de Lello, que lo denunció el año pasado ante el superior tribunal.
Los allanamientos
La policía de Morales --que funciona bajo una ley de la última dictadura-- desplegó los violentos allanamientos ordenados por Funes, como informó este diario. El fiscal escribió en una resolución que había relatos de gente de las organizaciones que aludían a aprietes y amenazas de quitarles los planes sociales si no van a las marchas o entregan una suma de dinero. También lo dijo en una conferencia de prensa. No era cierto: la base de la causa estaba en las actuaciones de oficio, sin denuncia previa ni motivación más que política, iniciadas previo a la apertura de sesiones. La ofensiva encajaba con la discusión pública que crecía por el manejo de los Potenciar Trabajo y con la repentina iniciativa en la Ciudad de Buenos Aires de la jueza Alicia Vence de resucitar una causa de 2017 con allanamientos contra la CCC. Funes alegó que investigaba posible "extorsión" y "asociación ilícita". A los abogados/as presentados en el expediente les dicen que no hay imputados.
Sin embargo, en 16 operativos en diversas localidades jujeñas (San Salvador de Jujuy, Tilcara, Palpalá, Maimará, Lozano, Yala y Calilegua) se llevaron computadoras, celulares, pendrives y documentos. La policía tenía indicado buscar elementos relacionados con la distribución de los planes Potenciar Trabajo, pese a que la mayoría de ellos --82.000-- son manejados y repartidos por la propia gobernación, dicen en las organizaciones. Los procedimientos motivaron la primera intervención de un juez, que igual no investiga.
"Buscan desmovilizar a las organizaciones sociales, como han hecho con los sindicatos. Quieren meter miedo a los referentes. Con una justicia a medida de las exigencias del gobernador. La infiltración ordenada por el fiscal muestra que Jujuy está en riesgo porque se vulneran todos los derechos de los ciudadanos con mecanismos de amedrentamiento, persecución e intimidación similares a los de la dictadura. Está en riesgo la democracia", apunta José Surita, referente del Movimiento Evita. Surita fue uno de los allanados. Como no estaba en su domicilio destrozaron los vidrios, la puerta y el interior de su casa, en Maimará. Igual que otros militantes, que la semana pasada compartieron sus historias con Página/12, ya le había tocado lidiar con otras estrategias con las que se hostiga a los/las militantes, como las "contravenciones". En Jujuy quien sale a protestar es intimado a dejar el espacio público en 15 minutos. Si no lo hace, tendrá una contravención y con ella una actuación judicial que puede derivar en multas millonarias, 15 días de arresto o tareas comunitarias.
El dirigente cuenta que desde el día de los allanamientos, el merendero-comedor donde vive Jackie en Lozano es vigilado todas las noches desde las 20 por policías que algunos días además le golpean el portón de manera brutal, varias veces y se van, se quedan merodeando y sacan fotos. "También van a las casas de familiares de referentes para advertir que tengamos cuidado y abandonemos la lucha", relata.
Las fichas
El resto del expediente son páginas y páginas de fichas con información de las personas individualizadas el 1 de abril. ¿Qué datos figuran? Además del domicilio y el número de documento, aparecen el cuit, número de celular u otras líneas telefónicas, e-mail, con qué otras personas vive, si registra cheques rechazados, datos bancarios/entidades financieras, si figura en el registro de propiedad automotor, qué inmuebles tiene, en qué lugar trabaja, cómo figura en al AFIP (por ejemplo aclaran si es o no "autónomo" o "monotributista"), si registra datos en el sistema de salud. No hay ninguna justificación escrita de por qué se busca todo eso y en qué medida serviría para establecer delitos. Más bien parece una clásica excursión de pesca. "Algo que llama la atención y trataremos de determinar es por qué aparecen datos que no surgen de bases provinciales sino que son federales", plantea Cejas.
Algunas otras páginas son un rejunte de formularios basados en un modelo que, al parecer, la fiscalía utilizó para preguntarles a determinadas personas si alguien las presionó en relación a planes sociales. Varios están escritas a mano y la letra es difícil de descifrar. Las fechas que aparecen son posteriores al inicio del expediente. No faltan entre los relatos las menciones estigmatizantes y, a esta altura, inverosímiles a Milagro Sala, detenida hace casi siete años con una prisión preventiva que no está firme y en virtud, otra vez, de la figura de "asociación ilícita", ese comodín utilizado para dejar gente presa con facilidad, por razones políticas o de otra índole, ya que es una figura imprecisa (alude a delitos indeterminados) y con elevadas penas previstas. Luego se suman las fotos de sitios sospechosos (en general sedes de organizaciones o casas de referentes) y pasibles de allanamiento, algunos marcados con círculos.
Las y los abogados evalúan los caminos a seguir. La recusación del fiscal y el pedido de nulidad de todo este expediente es el camino más evidente, a riesgo de caer en una encerrona en la justicia provincial. También un amparo colectivo para proteger a las infancias (las que acuden a los merenderos). Perder la libertad es uno de los fantasmas más temidos y es a lo que apuesta el gobierno provincial, con el ejemplo palpable de Sala en el centro de la escena. "En Jujuy todos estamos en libertad condicional, Morales aniquiló el pacto democrático. Este expediente es otro experimento procesal: te denuncian, aparecen testigos anónimos, te allanan, secuestran bienes y te dicen que no estás imputado", explica con desazón Luis Paz. "Ya no me alcanza con pensar en la intervención del Poder Judicial de Jujuy, se necesita --concluye-- la intervención federal de la provincia para restablecer la democracia y la división de poderes".
La urgencia de una intervención
La Comisión de Solidaridad con los Pueblos en Defensa de los Derechos Humanos viajó a Jujuy la semana pasada con la idea de evitar detenciones y se encontró, además, con un vendaval de pedidos de ayuda y denuncias hasta de torturas y despojos de tierras. Sus integrantes pidieron reuniones, lograron ver al ministro de Seguridad, Luis Alberto Martín, y estuvieron en la fiscalía. La respuesta de tinte represivo que los dejó perplejos fue que en los allanamientos "pudo haber excesos". Es, a la vez, la forma de negar la sistematicidad de la persecución.
"Queremos dejar clara la urgencia y necesidad de la intervención del Poder Judicial de Jujuy, sea por la vía del Congreso o por decreto y que luego el Congreso lo reafirme. Se están violando cuestiones básicas de la vida democrática y el régimen republicano, no es solo la persecución a Milagro Sala sino a todas las organizaciones", le dijo a Página/12 Sergio Job, de la UTEP de Córdoba y uno de los integrantes de la delegación.
Uno de los logros de la visita fue que después de reunirse con el fiscal Diego Funes, éste les dio finalmente acceso al expediente a abogados y abogadas que se presentaron en representación de las personas que habían sido allanadas. Un pedido asombroso que escucharon en la fiscalía es que "garanticen que los denunciantes no sufran ningún apriete", cuando quedó claro que la causa no tiene denunciantes y que las víctimas fueron todas las personas allanadas.
La Comisión nació después del golpe de Estado en Bolivia, en 2019. Un grupo de militantes viajó entonces para relevar y visibilizar las violaciones a los derechos humanos del gobierno de facto de Jeanine Añez. Luego tuvieron misiones a otros países. Habían estado en Jujuy también. Esta vez fueron con apoyo y participación de la Dirección General de Promoción y Fortalecimiento de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que mandó representantes de distintas zonas del país. También estuvieron María José Cano de ATE-CTA Nacional, la diputada del Frente Patria Grande Natalia Zaracho, Pablo Pimentel de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la Matanza, Lisa Cabral, abogada del MTE, entre otros.
Entre las denuncias más inesperadas e impactantes que recibió el grupo, estuvo la de una familia entera (madre, padre, hijo e hija) que fue torturada en abril después de la represión en una movilización donde pedían alimentos para comedores y merenderos que se replicó en varios lugares de la provincia. Los tuvieron seis días detenidos, descalzos, bajo torturas y amenazas, primero en una comisaría y luego en la cárcel de Gorriti. Les atribuían un corte en la ruta 14 que, para peor, ni siquiera se llegó a consumar. Allí los habían emboscado desde debajo de un puente. También les quemaron el auto. Hasta ahora no se había animado a denunciar el horror vivido.
La Comisión recibió además 17 reclamos por despojos territoriales a comunidades indígenas o rurales que habitan esos lugares hace años. Una mujer de 35 años contó que es hija y nieta de pobladores ancestrales en Perico que produce protos, choclo y frutales. Después que murió el terrateniente a quien le habían adjudicado las tierras de la comunidad Churumata, una empresa administradora comenzó a arrasar los cultivos y amenazarla para que firmara contratos de arriendo, igual que a otros seis vecinos. Ella inició una acción para regularizar la situación y desde el año pasado quieren desalojarla. Fueron con policías con armas largas y cascos y hombres que se presentaron como funcionarios. La presencia de funcionarios en los desalojos es un denominador común en las denuncias, que suelen ser impulsadas por empresas ligadas a negocios publicitados por el gobierno de Morales: uno es un campo lindero a la producción de cannabis, los otros son proyectos mineros de hierro, oro, litio e hidrocarburíferos.
El resto de las denuncias de las que tomó nota el grupo están ligadas a la violencia en los allanamientos del 6 de julio, relatadas por Página/12, como el caso del padre y el hijo a quienes tuvieron esposados durante cuatro horas boca abajo mientras un ejército de policías revolvía la casa y les decía que buscaba papel carbónico para hacer el acta. La Comisión hizo notar dos coincidencias relevantes: el inicio del expediente el día del discurso de Gerardo Moreales en la apertura de sesiones y los allanamientos el día que se hacía una marcha por la persecución de dos jóvenes militantes de AJI-20 falsamente acusadas de amenazas contra el gobernador por un grafiti de cuya autoría no existe ni una sola prueba.
Las voces de Pablo Chena, Eduardo Belliboni, Garfagnini, Dina Sánchez y Juan Grabois
Salario básico universal: El debate que cruza a los movimientos sociales
El proyecto que debate la política también es discutido en las organizaciones. Unos lo ven como una medida destinada a contener los desbordes sociales, otros valoran que pueda terminar con la indigencia de manera casi inmediata y que se implemente como derecho.
El proyecto de salario básico universal está en debate no sólo en la política, sino también al interior de los movimientos sociales. Si bien ninguna organización rechaza que el Estado otorgue un ingreso destinado a poder comer en un momento en que los precios de los alimentos están desbocados, sí sostienen grandes diferencias sobre si el ingreso universal es el reclamo detrás del que enfilar fuerzas.
¿Qué dicen quienes lo cuestionan? Básicamente, que está destinado a contener los desbordes sociales pero no soluciona sus causas. Que resuelve la indigencia sin cambiar las causas de la desigualdad. En esta línea, las organizaciones más críticas recuerdan, alzando una ceja, que se trata de una política recomendada por el FMI y el Banco Mundial. Además ven sus organizaciones, construidas en resistencia al neoliberalismo desde los ‘90 y se preguntan: “¿Hicimos todo este esfuerzo para hoy pedir un subsidio de 14 mil pesos?” Obviamente, su respuesta es que no. Por su parte, las organizaciones que apoyan el ingreso universal ponen en la balanza otro tipo de motivos, como el de terminar con la indigencia. Valoran que este ingreso básico se implemente como un derecho -es decir, que podría sostenerse a pesar de los cambios de gobierno, como ocurrió con la Asignación Universal por Hijo. Las referentas sociales indican que beneficiará a las mujeres, reconociendo de hecho el valor de los trabajos de cuidado. Otro argumento señala el beneficio de liberar a los pobres del “impuesto cognitivo”, es decir, la inversión de recursos psíquicos que tiene que realizar el que vive el día a día, el que está en la lucha por la subsistencia.
La propuesta pasó a primer plano cuando Cristina Kirchner apoyó la idea de que se debata la creación de un ingreso básico universal. En el Congreso existe un proyecto presentado por los diputados del Frente Patria Grande, que se referencia en Juan Grabois y propone un monto que cubra la canasta básica individual por adulto equivalente, hoy de 14.400 pesos. Esta semana la senadora cristinista Juliana Di Tullio mantuvo una ronda de consultas elaborando otro proyecto, destinado a familias de cuatro miembros con ingresos que no alcancen a cubrir la canasta alimentaria (la línea de indigencia para ese grupo hoy es de 44.500 pesos mensuales). Las organizaciones sociales van a mantener el tema en agenda esta semana, con una jornada de protesta anunciada para este miércoles 20.
A continuación, algunas de sus posturas en debate. Primero hablarán quienes tienen críticas al ingreso universal -ya que en este momento son los posicionamientos que han tenido menor difusión-; y luego, sus defensores.
Pablo Chena - Movimiento Evita: “Creo que la propuesta de salario universal no soluciona los problemas que la economía popular tiene que resolver. La gran causa de la desigualdad socio laboral es la informalidad. La desigualdad no se resuelve con un ingreso mínimo para los informales, sino extendiendo las fronteras de la formalidad a aquellos modos de trabajo que no son reconocidos”.
“¿Qué significa formalizar a los trabajadores informales? Formalizar el trabajo informal no es sólo registrarlo para que puedan inscribirse por ejemplo con un monotributo productivo (lo que sería tener una formalización fiscal), sino acceder a formalización comercial (poder facturar y estar en blanco), productiva (acceder a maquinarias y tecnología), financiera (acceder a crédito) y laboral (tener un sindicato, una jubilación y a una obra social)”.
“La economía popular tiene que ir hacia la formalización, es decir acceder a todo ese paquete. La formalización también incluye una política de ingresos, que es un salario que complemente los ingresos desvalorizados por el mercado”.
“Para la emergencia actual, yo preferiría que el IFE se extendiera por un tiempo, pero iniciar rápidamente el proceso de formalización en el que se discuta la política de ingresos. Por ejemplo: ¿cómo se van a reconocer con ingresos los trabajos de sociocomunitarios? ¿Qué política de ingresos va a tener el trabajo en el caso de las empresas recuperadas?”
“Pensar sólo en dar un ingreso a los trabajadores informales, así planteado, es un error y un concepto horrible: es catalogarlos y dejarlos como informales. Es un parche que no construye la institucionalidad que te hace falta”.
Coco Garfagnini- referente nacional de la Tupac Amaru: “No estamos de acuerdo con la propuesta de ingreso universal de Juan Grabois porque es aceptar que en la Argentina no se puede generar trabajo. Nosotros queremos discutir cómo se genera trabajo; lamentablemente, en el Frente de Todos eso no se está discutiendo”.
“Grabois acepta este modelo de país y quiere mitigar sus defectos, que son las consecuencias de un país factoría, colonial. Nosotros creemos en otro modelo de país que produce, genera empleo, distribuye la renta, un país que existió con Perón y con Néstor Kirchner”. “Hay un problema si pensamos que la única manera de garantizar un plato de alimento para nuestro pueblo es poniendo en el bolsillo de los más humildes 14.400 pesos por mes, mientras la riqueza que se produce en nuestro suelo, subsuelo, mar, espacio, trabajo y desarrollo se termina licuando por la canaleta de la especulación y la fuga de capitales”.
Eduardo Belliboni, Polo Obrero: “Nosotros estamos más cerca de la idea de un seguro para el desocupado que tenga relación con el salario. Lo de Juan Grabois no tiene relación con el salario, sino que es un bono. Un seguro al desocupado reconocería, en cambio, que la responsabilidad de que no haya trabajo es del capital, no de los trabajadores. Por lo tanto, con un impuesto al capital se puede pagar un seguro de desempleo”.
“No coincidimos en el salario básico universal de 14 mil pesos. Lo que pedimos es universalizar el Potenciar Trabajo y defender la organización popular en los barrios”.
En apoyo al ingreso universal
Dina Sánchez, Frente Darío Santillán: “Creo que el salario básico universal es una medida feminista porque viene a reconocer los trabajos de cuidado. En los dos años de la pandemia la rama sociocomunitaria, las compañeras de comedores populares, las promotoras de salud, fueron las que más trabajaron. Las situaciones de violencia aumentaron muchísimo y fueron ellas las que bancaron la situación. Tenemos además compañeras trabajando en los espacios de niñeces y de adultos mayores, ¿y qué nos pasa? Que la rama sociocomunitaria no es reconocida como trabajo y tiene los problemas de ingresos más graves”.
“También es una medida feminista en el sentido de que el primer problema de las mujeres cuando permanecen en un círculo de violencia es que no tienen autonomía económica. No se pueden ir”.
“Creo que el salario universal no va a solucionarle la vida a nadie, pero sí va a dar a las personas más opciones. Escucho que desde los sectores políticos dicen que de dónde va a salir la plata, que no es momento; pero al mismo tiempo hablan de reconstruir la Argentina y de hacerlo de abajo para arriba. ¿Y cuándo va a ser el momento? Porque abajo están justamente esos 7,5 millones de personas que trabajan pero no tienen derechos. Pienso en las pibas que están vendiendo pañuelos en el tren Roca, en las que están cartoneando con los pibes arriba del carrito. Es a ellas a las que va a llegar el salario básico universal”.
Juan Grabois, Movimiento de Trabajadores Excluidos: “Al Salario Básico Universal lo venimos planteando hace años. La cuestión es bastante sencilla: hay una enorme cantidad de trabajadores y trabajadoras sin derechos ni ingresos suficientes para vivir con el piso mínimo de dignidad aceptable para una sociedad que se dice democrática".
“Alguno podría decir que es un subsidio al desocupado. No es así. Si uno ve la tasa de desocupación es muy baja y la tasa de actividad es muy alta. Esto, ¿que quiere decir? Que son todas personas de laburo, que ganan el día a día y no les alcanza para llegar a la línea de pobreza y en muchos casos a la de indigencia. Con el Salario Básico Universal terminamos con la indigencia en la Argentina y reducimos fuertemente la pobreza. El ingreso que recibiría cada persona es la Canasta Alimentaria, es decir, cubriría la línea de indigencia del adulto equivalente, actualmente en unos quince mil pesos. Esto tiene un beneficio adicional, el de liberar a los pobres del “impuesto cognitivo”, es decir, la inversión de recursos psíquicos que tiene que realizar el que vive el día a día, la que está en la lucha por la subsistencia".
"No se trata de los más pobres únicamente, sino de todas las personas que trabajan en la informalidad sea por cuenta propia (la mayoría) sea como asalariados en pequeñas empresas y comercios. Acá entra desde una cartonera de Catamarca hasta el vendedor de la carnicería de Florencio Varela, desde el pibe del delivery y hasta la señora que cuida a una vecina viejita, desde el campesino santiagueño hasta el pequeño productor hortícola platense. Hay que asumir la existencia de este enorme universo y encontrar soluciones adecuadas e integrales para cada uno, pero lo primero es garantizar que entre lo que ganan y el salario universal salgan de la situación dramática que viven hoy. Esto además permite tener un registro claro y poder ir formalizando de a poco todos esos puestos de trabajo”.
Fuente:Pagina12
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