Editorial semanal de Tesis 11
LAWFARE (accionar de los jueces al servicio del poder dominante)
El pedido de 12 años de prisión (uno por cada año de gobierno de Néstor y Cristina Kirchner) y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, presentado por el fiscal Luciani, contra Cristina Kirchner, representa un hito de considerable magnitud en el proceso de guerra sin cuartel, contra el pueblo argentino, en la persona de su dirigente más importante.
La gravedad inusitada de este farandulesco proceso, conocido como Vialidad, contra CFK y otros, es que se viene prolongando por años, sin que se hayan podido aportar pruebas que avalen una sentencia. Pero, la proximidad de las candidaturas con vistas a las elecciones presidenciales de 2023, han “apurado” la “actuación judicial” y la implementación de otro triste capítulo del Lawfare en Argentina.
Quedó amplia y groseramente demostrada “la ruta” que sigue la estrategia del poder fáctico dominante para la consolidación de su dominio y su objetivo de aniquilar toda posibilidad de gobiernos populares.
¿Qué es el Lawfare? Es la determinación de un “objetivo” por parte de los grupos económicos, que se expande comunicacionalmente a través de los medios hegemónicos y su entramado de canales de televisión, radios, diarios, redes sociales, etc., dándole forma de “información”. Con idéntico formato se “taladra” al oyente, lector durante 24 horas diarias y siete días semanales durante largo tiempo. Al mismo tiempo estos “medios” dan “letra” a los políticos de la oposición cambiemita que repiten permanentemente lo mismo en todos los ámbitos, incluido el Congreso Nacional. Se presentan demandas judiciales, aunque no se tengan pruebas concretas de ningún delito, y los jueces adictos completan la tarea, dándole forma de “procesos” y sentencias judiciales.
Prueba de esto ha sido el discurso político leído por el fiscal Luciani, con “forma de alegato” con el que se propuso fundamentar la sentencia solicitada. Este triste espectáculo en realidad se convirtió en un show “para la televisión”, durante decenas de horas de un discurso político y un relato no jurídico de un fiscal, que leía desde su casa (sin la menor inhibición, pese a la prohibición expresa de los códigos vigentes, que exigen presencialidad y no lectura) y sin haber exhibido nunca pruebas concretas. Y lo más grave aún, es que las pericias ordenadas por la parte actora (ex ministro Iguacel de la administración de Macri), declararon la inexistencia de irregularidades en las obras en cuestión, realizadas en Santa Cruz. Inexistencia de irregularidades tanto en el terreno económico (precios competitivos, adelantos, etc.) como en el de la ejecución material de los trabajos cumpliendo con los tiempos y formas inherentes a este tipo de actividad en territorio austral. ¡Qué curioso estas declaraciones fueron obviadas y apartadas por la fiscalía!!!
El odio y la impunidad del accionar de la entente oligárquico-judicial, llegó al extremo de prohibir la defensa de la vicepresidenta respecto de cargos, sobre llamados telefónicos, incluidos a último momento en el juicio.
Está muy claro el objetivo de impedir, a través de Cristina Kirchner, la posibilidad de un gobierno democrático y popular, que les permita la reinstalación de su proyecto neoliberal.
Como lo venimos manifestando en nuestras editoriales (ver Editorial del 26 de julio pasado), este accionar, hoy ya de una virulencia, obscenidad y agresividad sin límites, conforma un perfil de “… un golpe de Estado en marcha…”
Sin embargo, este “exceso” en el accionar del poder económico, mediático y judicial, su desembozada ilegalidad, su intento de amedrentamiento popular y disciplinamiento a cualquier intento de retomar el sendero de gobernar para el pueblo, ha tenido repercusiones inesperadas por los verdugos.
Han comenzado movilizaciones populares en apoyo de CFK, como réplica y respuesta al accionar del lawfare y sus objetivos. Movilizaciones incluso por encima de muchos dirigentes políticos y sociales. Todo indica que estaríamos ante una situación trascendente, en cuanto a inicio de protagonismo popular en la confrontación entre los intereses del pueblo y los de la élite dominante y sus vasallos.
El juicio a Cristina representa la herramienta elegida para proscribir a la líder más importante de la política argentina con vistas a allanar el camino para reaparecer el año próximo, si un eventual triunfo en las elecciones presidenciales, permite a la derecha consolidar su plan estratégico. Que consiste básicamente en:
a) incrementar las ganancias de sus balances, a través de remarcación constante de precios, que provocan inflación creciente durante gobiernos populares. Inflación que afecta sensiblemente a los trabajadores y jubilados y al mismo tiempo aumenta la porción de la torta para los dueños del capital. En caso lograr el gobierno, búsqueda de detener la inercia inflacionaria a través de recesión económica y alineamiento de los formadores de precios. Como propósito permanente se proponen dolarizar y fugar dichos beneficios. Para ello presionan para una devaluación de la moneda hoy y planean dolarizar la economía mañana, abriendo las puertas a la especulación financiera que atraiga dólares que ellos fugan al exterior, luego.
b) El manejo de las divisas por exportaciones de granos. Hoy vía retención de las cosechas en silobolsas para provocar devaluación que los beneficie. Mañana, apropiándose directamente de dichas divisas con la aquiescencia del Banco Central
c) impedir que un gobierno de origen nacional y popular se consolide concretando sus promesas electorales principalmente de mejorar la situación de los más necesitados y una distribución más justa de la renta nacional.
d) avanzar en la demolición de conquistas históricas de la clase trabajadora, en dirección a reducir el “costo salarial” argentino. De alguna manera, extender a todo el país, la “uberización” producida ya, en perjuicio de los taxistas.
e) Consolidar la sumisión a los intereses del imperialismo a través de la toma de deudas (ejemplo deuda tomada por Macri con el FMI) que representen una “espada de Damocles” permanente sobre la economía argentina y obstaculice toda posibilidad de una redistribución progresiva del ingreso nacional, incluyendo un seguidismo político reaccionario en materia internacional. En este sentido las declaraciones del embajador norteamericano llamando a la concreción de una gran coalición opositora de inmediato, han sido, además de una intromisión mayúscula en los asuntos internos del país, una clara y abierta ejemplificación respecto de los intereses internacionales que esta coalición opositora de derecha representa.
Con razón, la vicepresidenta dijo en su alegato de defensa, pronunciado en el Congreso y seguido por “cadena nacional”, que los jueces prohibieron que fuera en sede judicial, “…no vienen por mí, vienen por Uds..” dirigiéndose al pueblo que la escuchaba y refiriéndose a las conquistas sociales obtenidas durante los doce años de gobierno kirchnerista.
El escenario de repudio a esta agresión contra la figura política más representativa de los intereses populares, está mostrando en forma inédita e inesperada una simultaneidad de movilizaciones y declaraciones del pueblo con apoyo de gobernadores, CGT, movimientos sociales, artistas, intelectuales, universitarios
Esta es la prueba por lo cual manifestamos en nuestras editoriales, que sólo la fuerza de las movilizaciones populares podrá lograr retomar un camino de transformaciones nacionales de carácter popular. Es imperiosa la necesidad de conformación de un acuerdo político de todas las fuerzas nacionales, sindicales y sociales a través de un movimiento único que, respetando las diversidades, se integre en una unidad de acción política, donde se discutan las diferencias y se unifique el accionar.
Las concentraciones masivas de estos días en apoyo a CFK están indicando el nacimiento de un nuevo escenario político. Éste debería ser el abroquelamiento de las fuerzas populares en torno a la constitución de un movimiento político social que enfrente realmente el proyecto reaccionario de país oligárquico del capital financiero de economía primarizada y dependiente y defienda el modelo de país nacional, popular y democrático, de soberanía política y con un desarrollo económico inclusivo, con una distribución más justa de la renta nacional.
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