El cuarto tramo tiene a 17 acusados, 6 de ellos por primera vez
Arranca nuevo juicio por la causa Guerrieri IV
Se juzgarán 116 casos de lesa humanidad, de los cuales 62 nunca habían sido analizados. Además de militares del ex Batallón de Inteligencia 121 van al banquillo expolicías federales.
Los Tribunales Federales de Rosario volverán a ser sede a partir de hoy de otro de los juicios por delitos de lesa humanidad que quedará en la historia de la lucha por memoria, verdad y justicia. La causa Guerrieri IV -por Pascual Guerrieri, responsable de inteligencia del Ejército- sentará en el banquillo a 17 acusados que fueron integrantes de la patota de inteligencia del Batallón 121 del Ejército y a expolicías federales. El que comienza a juzgarse hoy es el cuarto tramo de una de las megacausas por delitos de lesa humanidad cometidos contra más de un centenar de víctimas, durante la última dictadura militar en Rosario y la zona. Serán juzgados 116 casos, entre los cuales hay 62 nuevos que no habían llegado a esta instancia con anterioridad.
Como parte de la lucha por mantener viva la memoria y para que haya reparación, desde hoy la cita vuelve a ser en Oroño al 900. "Para nosotros es importante arrojar luz sobre casos de víctimas que no habían tenido todavía la oportunidad de que sus casos lleguen a esta instancia y que eventualmente se logren condenas en relación a lo que padecieron", destacó el fiscal federal Adolfo Villatte, de la Unidad de Causas por Violaciones a los Derechos Humanos, en el programa La siesta jugada, de Radio Nacional Rosario. "Tiene que ver con poner en su lugar lo que es la historia argentina, lo que sucedió durante la dictadura militar y es permitir que haya un recuerdo permanente acerca de aquello que no queremos que se repita. El deseo de no repetir", dijo.
En este tramo, con 17 imputados -incluidos expolicías federales que "intervinieron en aquel momento como parte del grupo de tareas del Destacamento de Inteligencia 121"–, hay 6 que son objeto de imputación por primera vez y sometidos a juicio. Los delitos que se ventilarán son "homicidios agravados, privaciones ilegítimas de la libertad agravadas, tormentos agravados y asociación ilícita (para los que aún no fueron condenados por ese delito)".
Nadia Schujman, abogada querellante integrante de Hijos Rosario, destacó que "cada juicio que comienza es importantísimo, primero porque hay familiares que están hace 45 años esperando justicia, esperando pacientemente que se juzguen los crímenes cometidos contra sus seres queridos, pero también por lo que implica para nosotros como pueblo seguir avanzando en estos juzgamientos a los responsables del genocidio en nuestro país. En este momento y frente a algunos discursos negacionistas, es importante poder juzgar y ventilar ante un tribunal los crímenes cometidos y poder escuchar una vez más la voz de los sobrevivientes para que un tribunal pueda fallar emitiendo que eso sucedió y de la manera que sucedió", destacó la querellante. "La expectativa final son condenas ejemplares", dijo.
Por su parte, Gabriela Durruty, querellante por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), sostuvo que "siempre es una excelente noticia este tipo de audiencias de debate. Es de destacar no solo la ampliación en relación a la pertenencia de los imputados, ya que se suman expolicías federales, sino que también hay nuevos casos que no habían sido juzgados". Para la abogada, "esto es una muestra de que los juicios son hoy... Son personas que aún no recibieron reparación de la justicia". También mencionó que "en este caso se va a ventilar la existencia de un centro clandestino de detención que funcionó en lo que era el Ceferino Namuncurá (donde está ubicado el Liceo de Funes) a partir del caso de (el sacerdote popular) Santiago Mac Guire".
Cuando se puso fecha al juicio, en abril pasado, Schujman también mencionó que en este juicio "hay un caso emblemático como el de (Elsa) Chiche Massa, una de las Madres (de Plaza 25 de mayo) que falleció sin poder ver justicia para su hijo Ricardo. Y también es la primera vez que se juzgará el caso de Eduardo Garat".
En la entrevista radial a Villatte, el fiscal también habló de la impunidad biológica. "De los veinte imputados que había en la causa, dos fallecieron y un tercero fue apartado por no poder comprender la acusación, por cuestiones médicas. Esto se acrecienta a medida que va pasando el tiempo, por eso la urgencia de que estos juicios se lleven adelante. Además de los 62 casos, hay otros que ya fueron objeto de juzgamiento (en otros debates): son 54 casos que se le imputan a uno de los integrantes del grupo represivo y en estos días se está discutiendo la posibilidad de que esta persona quede fuera del juicio por cuestiones de salud", dijo por José Luis Troncoso, a quien se le achacan delitos vinculados al circuito de la Quinta de Funes y escuela Magnasco. Ante esa posibilidad -dijo Villatte- "lo significativo que es que un juicio que está compuesto por 116 casos probablemente se reduzca a solo los 62 nuevos". Por eso, lamentó: "La impunidad biológica es algo que atenta contra lograr que se esclarezcan los hechos".
El fiscal también apuntó que "la importancia reparatoria (a la que apuntan los juicios de este tipo) tiene que ver con las familias afectadas, pero también alcanza a toda una sociedad".
Además de Hijos Rosario y la APDH, en la causa también es querellante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Los jueces. El tribunal de juicio estará integrado por Carlos Julio Lascano, juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Córdoba; María Noel Costa, jueza del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Córdoba; y Mariela Emilce Rojas, jueza del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Concepción del Uruguay, y un juez sustituto de La Rioja.
Los acusados. La lista está integrada por el ex jefe de la inteligencia militar en Rosario durante la última dictadura militar, Pascual Guerrieri, seguido por Jorge Fariña; Juan Daniel Amelong, Marino González, Ariel Antonio López, Juan Andrés Cabrera, Rodolfo Isach, Walter Pagano, Eduardo Constanzo, Federico Almeder, Juan Carlos Faccendini, Juan Félix Retamozo, Enrique Andrés López, José Luis Troncoso, Osvaldo Tebez, Oscar Giai, Roberto Squiro.
Las víctimas. Son Daniel Héctor Querol, Nelly Balestrini de Larrosa, Sonia Rosa kindrasiuk, Gregorio Larrosa, José Enrique Nelio Animendi, Antonio Huerta, Horacio Huerta, Graciela Susana Capoccetti, Ricardo Alberto Massa, Susana Beatriz Becker, Abel Argento Fontaine, Clara Ruth Argento Fontaine, María de los Angeles Castillo Cano, Roberto Miguel Valleto Olivari, Olga Beatriz Ruiz de Bordesio, Mario Eduardo Bordesio, Mario Alberto Ramos, Emilio Etelvino Vega, Susana Busaniche, Graciela Busaniche, Pedro Pablo Delgado, Gustavo Adrián Rodríguez, Olga Lilian Vaccarini, Mónica Marta Cappelli, María Isabel Salinas de Bosso, Carlos Alberto Bosso, Miguel Angel D’Andrea, María Ester Ravelo, Gustavo Adolfo Pon, Irma Elena Montenegro, Ricardo Luis Franco, Domingo Laborde, Hilda Elena Miekle Rivas, José Alberto Madeo, Alberto Corazza, Alberto Galarza, Susana Elena Díaz, María Graciela Eier, Gustavo Guillermo López Torres, María Irma Ferreyra, Omar Fernando Bravo, Juan Carlos Amador, Santiago Mac Guire, Roberto Vicente Pistacchia, Jorge Ramón Fabián Peralta, Norma Horizontina Coutada Rosés, Mario Eduardo Menéndez, Guillermo Fernando Godoy, Adriana Elsa Tasada, Hugo Alberto Megna, Eduardo Garat, Raúl Luis Bustos, Daniel Adolfo Tripodi, Víctor Jorge Lowe, Segismundo Martínez, Bernardo Alfredo Depetris, Carlos Schreiber, Isabel Soto de Cian, Héctor Cian, José Alejandro Ruggero, Marta del Pilar Luque e Irma Edith Parra Yakin.
Imputan hoy a 19 miembros de Camioneros por boicot y amenazas
Para Aladio, "esto es una locura"
El titular del sindicato dijo que "nunca se hizo un bloqueo" frente a La Virginia. La denuncia la hizo una empresa de transporte.
Las diecinueve personas afiliadas al Sindicato de Camioneros de Santa Fe que quedaron detenidas el viernes por la noche por un supuesto bloqueo en la puerta de la empresa La Virginia serán llevados hoy a audiencia imputativa, acusados por los delitos de boicot y amenazas. La denuncia fue presentada por la firma de transporte Logística Futuro y según informó la fiscalía constató que se encontraban impidiendo el ingreso de vehículos y personal a la planta ubicada en Colectora Juan Pablo II y Av. Sorrento. Sin embargo, desde el gremio liderado por Sergio Aladio lo desmienten y aseguran que en ningún momento se impidió la libre circulación y que lo único que se venía realizando era una constatación de la situación laboral de los choferes que llegaban. Además, acusan a la empresa que realizó la denuncia de incumplir con acuerdos salariales pactados.
Las detenciones se produjeron el viernes pasadas las 21 en la planta que tiene la empresa La Virginia en Rosario, por orden de la fiscal Viviana O’Connell a partir de una denuncia presentada no por La Virginia sino por Logística Futuro, una firma de transporte de cargas nacionales e internacionales que presta servicios a la tradicional empresa de café y te de la ciudad. Ante esto, la Brigada Operativa de la Agencia de Investigación Criminal del Ministerio de Seguridad Provincial realizó tareas a fin de verificar la posible situación de usurpación y acampe, amenazas y cualquier otra forma de coerción de un grupo de personas que se encontraba en el lugar.
De acuerdo a lo que informó oficialmente fiscalía, las personas sindicadas, vestidas con chalecos de Camioneros, se encontraban impidiendo el ingreso de vehículos y personal a la planta. Agregó que “de acuerdo a los primeros datos aportados a la investigación dicha situación tendría relación a conflictos por afiliaciones sindicales”. A partir de ahí se abrió la hipótesis de que el conflicto derivaba de la elección de delegados en la empresa Logística Futuro, donde se habrían registrado irregularidades que permitieron que el resultado favoreciera al sector de Juan Chulich, quien responde a la Federación Nacional de Camioneros de Hugo Moyano y está enfrentado a la fracción conducida por Sergio Aladio, a la que se le atribuye haber tomado la determinación de bloquear el acceso a La Virginia, impidiendo el acceso a los camiones conducidos por choferes afiliados al gremio de Chulich.
Sin embargo, desde el Sindicato de Camioneros de Santa Fe dieron una versión totalmente opuesta. Rosario12 contactó al secretario general, Sergio Aladio, quien describió todo lo ocurrido como “una locura” y dio su versión de los hechos. En primer lugar afirmó que las personas detenidas son trabajadores que no estaban instalados ahí sino que estaban de paso por el lugar. Luego explicó que en ningún momento y de ninguna forma se interrumpió el ingreso de camiones a La Virginia sino que lo se venía haciendo desde hace un par de días era la constatación de vehículos y choferes que ingresaban para preguntarles distintos datos referidos al control de la situación laboral de los trabajadores. “Nunca se hizo un bloqueo. En el gremio tenemos toda la documentación correspondiente sobre qué es lo que estaban haciendo los trabajadores en el lugar. La verdad que no entendemos lo que hizo la fiscal. Nos llama mucho la atención”, contestó indignado el sindicalista, y aclaró que a las personas detenidas se los requisó pero no se les encontró nada fuera de lugar: “Ni siquiera bebidas ni ningún elemento que pudiera dar lugar a la confusión. Y la fiscal en vez de tomar los datos y avanzar con la investigación, ordena la detención de un grupo de trabajadores sin antecedentes y justo un viernes a la noche para que queden detenidos todo el fin de semana. Qué casualidad”.
En relación a la empresa denunciante, Aladio destacó que no se trata de la propia firma La Virginia, con la cual trabajan “en conjunto para tratar que las empresas que ingresan al lugar tengan a sus trabajadores regularizados”. Por eso apuntó directamente contra Logística Futuro, fundada y presidida por el empresario Eduardo Osuna. En ese sentido, mencionó que a esa firma se le detectó que los sueldos de sus choferes no coincidían con la cantidad de kilómetros que recorrían y por lo tanto debían reajustar las diferencias salariales para esos trabajadores con sumas que alcanzaban o superaban los 350 mil pesos por cada trabajador. “De alguna manera eso enoja a la empresa, más allá de que hace poco firmaron un acuerdo en el Ministerio de Trabajo en el que se comprometían a pagarle ese dinero a los trabajadores porque reconocían que les estaban liquidando mal”, detalló Aladio. Además, el secretario general de Camioneros relacionó esa situación con las detenciones del viernes: “El empresario se aprovecha del desconocimiento de los trabajadores sobre esa situación y empieza a utilizarlos para tratar de generar esta confusión y logra un cometido terrible que es la detención de trabajadores”.
La campaña continúa de forma descentralizada en hospitales y centros de salud
Se cierran los centros de vacunación masiva
Aunque no precisó la fecha, la ministra de Salud Martorano confirmó que desactivan vacunatorios como el del shopping Portal. Llamado a colocarse la cuarta dosis.
Los centros de vacunación masiva que se usaron para la pandemia de Covid-19 comenzaron a ser desarmados sin que afecte la campaña de vacunación, que continuará tan fuerte como siempre, pero de forma descentralizada en centros de salud, hospitales y vacunatorios de sindicatos. La ministra de Salud de la provincia, Sonia Martorano, confirmó la nueva etapa y llamó a no relajarse ni perder la "percepción del riesgo". Sobre esto ofreció un dato para tener en cuenta: apenas el 22% de la población santafesina se inoculó con la cuarta dosis.
"Ya los vacunatorios vamos a ir cerrándolos y descentralizando la vacunación, porque ya no está yendo la gente. Con las dos dosis tenemos vacunado al 90% de la población; con la tercera tenemos cubierto el 63%; pero con la cuarta estamos en el 22%, fueron solamente los adultos mayores y el personal de la salud. Insistimos en la colocación de todas las dosis porque esto no pasó del todo; pasó por la vacunación, pero si se empiezan a caer los anticuerpos, comenzaremos de vuelta", afirmó Martorano en una entrevista con la periodista Mariela Goy del diario El Litoral.
La ministra confirmó que fue cerrado el centro de vacunación que se había montado en la capital provincial en La Redonda. En el caso de Rosario es lo mismo que se hará a corto plazo (no precisó fecha) con el que funciona en el primer piso del Shopping Portal.
"Estamos trabajando en la descentralización porque los megavacunatorios fueron para inocular a mucha gente en poco tiempo. De esta manera, ya se cerró La Redonda, por ejemplo. Quedarán los lugares habituales como centros de salud, hospitales, los que tenemos en convenio con gremios, porque ya pasaría a ser una vacuna habitual. Entonces es una etapa que vamos a ir cerrando, al menos por ahora, dentro de un mes y medio. Ya otras provincias los cerraron", dijo Martorano.
La ministra insistió en que "la cuarta dosis hay que colocársela. Si tenemos las vacunas ¿por qué no ir a vacunarse una vez más y nos quedamos todos tranquilos? Los jóvenes son los más reticentes, y quienes sí se vacunaron son los que tienen más de 60 años y las personas de riesgo. No hay que perder la percepción de riesgo porque sigue habiendo casos (de enfermos con covid). Son personas vacunadas y por eso son leves".
Condenas a 15 miembros del Comando Radioeléctrico
Policías fuera de control
Quince policías del Comando Radioeléctrico de la ciudad de Santa Fe fueron condenados por una escandalosa cantidad de delitos que cometieron mientras prestaban funciones en esa dependencia de la policía de la provincia. Las investigaciones fueron dirigidas por la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 1.
Es notable el listado de delitos que la fiscalía logró probar y que permitieron llegar a condenas contra los uniformados del Comando Radioeléctrico. Los hechos delictivos por los que fueron condenados son privación ilegal de la libertad por abuso funcional; acto de crueldad animal; lesiones graves; severidades; apremios ilegales; robo calificado; hurto calificado; falsedad ideológica en instrumento público calificada; daño; y tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil.
Del total de condenados, a 12 se les impusieron las penas en el marco de juicios en los que se abreviaron los procedimientos. Se trata de Diego Javier Manzotti de 44 años; Waldemar José Augusto Gamboa de 42; Oscar Alberto Guarda de 34; Eduardo Miguel Ramos de 44; Jonatan Emanuel Pintos de 34; Gustavo Ariel Godoy de 41; María Elena Bisegna de 45; Luis Javier Gorosito de 36; Walter Andrés Tobares de 40; Germán Matías Scalcione de 35; Cristian David Toloza de 44 y Néstor Eduardo Sánchez de 47.
Por su parte, en los últimos días se condenó –también en procedimientos abreviados– a David Elías Vacaflor de 30 años y a Pablo Hugo Lencinas de 41. En tanto, Tamara Yamila Rodríguez de 36 años fue condenada en un juicio oral realizado en marzo de este año en los tribunales de la capital provincial.
Entre los casos que reunió la fiscalía hay policías que robaron dinero en operativos, entraron a viviendas sin orden de allanamiento, otros golpearon y lesionaron gravemente a un hombre y lo dejaron sin atención médica, falsificaron actas de procedimiento, plantaron armas y a varios se les encontraron armas en su poder sin la debida autorización.
Los casos
En los juicios que se llevaron a cabo, la Fiscalía logró demostrar que los delitos fueron cometidos entre 2016 y 2019. En tal sentido, se aclaró que no todos los condenados participaron de los mismos hechos.
“Uno de los ilícitos fue cometido en septiembre de 2018 y fue producto del accionar coordinado de Scalcione, Tobares, Gorosito, Toloza, Ramos, Bisegna, Guarda, Pintos y Rodríguez”, especificó la Fiscalía.
“En el marco de un cacheo a tres hombres que estaban en la vereda de una casa ubicada en Padre Catena al 4.000, los policías les sustrajeron a las víctimas una billetera con 13.000 pesos en efectivo”, se relató. “Inmediatamente después, sin orden habilitante ni justificación, los policías rompieron el vidrio de la puerta de ingreso a la vivienda, golpearon y lesionaron a una mujer y, con un disparo de escopeta, mataron al perro de la familia”, remarcó el MPA.
“Los condenados se apoderaron de 60.000 pesos, privaron ilegítimamente de la libertad a un hombre y le atribuyeron falsamente la portación de un arma que no llevaba consigo”, se afirmó. “Tanto él como la víctima a la que le quitaron la billetera fueron aprehendidos por los uniformados, quienes confeccionaron actas con declaraciones falsas”, añadió la Fiscalía.
Además, se indicó que “Guarda y Ramos cometieron ilícitos juntos en al menos cuatro ocasiones más”. Según lo relatado en los juicios, “se dividieron tareas para agredir a otras personas con golpes de puño, patadas y objetos contundentes”. En tal sentido, se subrayó que “en un hecho del que también participaron Manzotti y Gamboa, la víctima fue un empleado del Servicio Penitenciario al que le pegaron, le robaron dinero y un teléfono que luego rompieron”.
La Fiscalía también hizo hincapié en que “en el marco de su labor en el Comando, Ramos y Guarda redactaron actas como si dos hombres a los que aprehendieron hubieran tenido armas de fuego cuando ello no era así”. Según se demostró, “fueron los policías condenados quienes tenían ilegítimamente en su poder un revólver y una carabina”.
En cuanto a Godoy, el MPA manifestó que “en marzo de 2019 tuvo en su poder un arma de fuego de uso civil que carecía de autorización legal”. Asimismo, se indicó que “Sánchez fue condenado por la tenencia indebida de una escopeta y un revólver”.
La Fiscalía también se refirió a los juicios a Vacaflor y a Lencinas. “En los dos procesos quedó probado que ambos agentes del Comando golpearon a un joven en Estrada al 5.100 y luego en la Seccional Sexta de la ciudad de Santa Fe”, se afirmó y se agregó que “le fracturaron el maxilar inferior, lo obligaron a estar esposado y arrodillado sin brindarle atención médica y, finalmente, insertaron declaraciones falsas en el acta de procedimiento que labraron”.
Las condenas
Manzotti fue condenado a 15 años de prisión efectiva. El monto de la pena resultó de la unificación de dos años y seis meses de prisión dispuestos a raíz de los delitos cometidos en el Comando y otro antecedente penal condenatorio que ya pesaba sobre él.
Por su parte, Guarda fue condenado a siete años y medio de prisión efectiva, fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por 15 años y se le impuso una multa de 20.000 pesos que deberá pagar al MPA.
Ramos, en tanto, fue condenado a seis años de prisión efectiva, inhabilitado por 12 años y debió abonar una multa de 10.000 pesos. A Bisegna se le impuso una pena de seis años y seis meses de prisión e inhabilitación absoluta por el doble de tiempo. Además, Pintos fue condenado a cinco años y seis meses de prisión efectiva y quedó inhabilitado por 11 años”.
A Rodríguez se le impusieron seis años de prisión e inhabilitación por 12 años para ejercer cargos públicos.
Gorosito, Tobares, Toloza y Scalcione fueron condenados a tres años de prisión de ejecución condicional y debieron pagar una reparación a las víctimas. A Sánchez se lo condenó a tres años de prisión de ejecución condicional y se le impuso una multa de 15.000 pesos.
Asimismo, para Gamboa se ordenaron dos años de prisión de cumplimiento condicional; y para Godoy se dispuso un año de prisión condicional y una multa de 10.000 pesos. En tanto, a Vacaflor y a Lencinas se les impusieron dos años de prisión de cumplimiento condicional e inhabilitación absoluta por cuatro años.
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