Trabajadores del cerro Catedral forzaron el cierre del complejo por la muerte de un operario: «Faltan medidas de seguridad y no hay protocolos»
Un trabajador de la empresa Catedral Alta Patagonia SA falleció en un accidente mientras se disponía a reparar un desperfecto en las aerosillas del cerro Catedral. El secretario general de AEC Bariloche, Wálter Cortés, afirmó que «faltan medidas de seguridad y no hay protocolos» y que habían advertido sobre estos problemas la semana pasada. Los trabajadores forzaron el cierre del complejo por luto y en reclamo de mejoras. También analizan medidas de fuerza para la semana.
La noticia tuvo que recorrer la montaña hasta alcanzar a todos los trabajadores de la concesionaria Catedral Alta Patagonia SA. Para la media mañana ya se comprendía la gravedad del accidente que sufrió Germán Cofián, un operario jefe de la aerosilla Cóndor II, que le costó la vida y evidenció el cuestionamiento a la seguridad laboral de todo el complejo que ya habían realizado desde el sindicado AEC.
Según pudo saber InfoGremiales por una fuente cercana al trabajador, el incidente ocurrió en el momento en que Cofián se sentó en una polea de unos 3 metros de diámetro por donde pasa el cable de las sillas. Había dado previo aviso a un compañero para que nadie ponga en marcha la máquina porque iba a cambiar una pieza.
Mientras Cofián todavía estaba haciendo la reparación, su compañero fue al baño y llegó otro trabajador que apretó el botón de encendido, provocando su muerte en forma involuntaria. Según medios locales, con ambas piernas cortadas por la máquina, el trabajador fue trasladado a la ambulancia ya sin pulso debido a la grave hemorragia.
La Asociación Empleados de Comercio (AEC) de Bariloche reclamó el cierre inmediato hasta que estén claras “las mejoras en las medidas de seguridad”.
El delegado sindical Carlos Catrimán le confirmó al medio Río Negro que Cofián “al parecer estaba ayudando a ubicar una barra de seguridad, que no es su tarea específica, y alguien dio marcha al medio cuando él estaba todavía ahí”.
El secretario general de AEC Bariloche, Wálter Cortés, dijo al mismo medio que el trabajador fallecido “no era la persona idónea” para cumplir esa tarea, pero “en el cerro funciona todo así, faltan medidas de seguridad y no hay protocolos”. Aseguró que el gremio lo advierte “desde hace tiempo” y formó parte de los reclamos que formularon esta semana con varias protestas sobre la ruta, donde exigieron también un plus salarial de 50 mil pesos.
Según Cortés, lo ocurrido hoy “es similar a lo que pasó hace dos años con Mario Ruiz”, el experimentado jefe de patrulla que murió al ser alcanzado por una avalancha.
“Mirá como están los patrulleros, con camperas de hace cuatro años, con borceguíes rotos, esquíes alquilados y sin mantenimiento”, dijo el dirigente.
«El trabajador tiene que tener mayor seguridad y mejores condiciones de trabajo, estamos protestando también por el salario, la gente está trabajando bajo 15 grados bajo cero, en medio de esta temporada pasa esto. Si bien fue un accidente, la empresa cada vez que hay alta temporada hace presión para que se trabaje más», denunció el sindicalista en diálogo con El Cordillerano.
Además, aclaró que analizan realizar medidas de fuerza durante esta semana.
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Los estatales bonaerenses refuerzan su reclamo de reapertura de paritarias y se tensa la relación con Axel Kicillof
Trabajadores estatales agrupados en ATE de la provincia de Buenos Aires solicitaron que el Gobierno bonaerense convoque a una nueva mesa salarial. Le reclaman a Axel Kicillof que se cumpla con la promesa de «garantizar que los salarios de los estatales no pierdan a manos de la inflación».
La organización sindical se expresó a partir de una carta enviada a la ministra de Trabajo provincial, Mara Ruiz Malec, en la que le explicaron que «las y los estatales del Estado provincial hoy empiezan a quedar por debajo del proceso inflacionario imperante».
«A julio llevamos un aumento del 36% y, según nuestras proyecciones, la inflación a julio rondará el 45%; por lo que nuestros salarios comienzan a perder poder adquisitivo», indica el texto.
En ese marco, el secretario general de ATE Bonaerense, Oscar De Isasi, resaltó que «se modificó la pauta inflacionaria que sirvió de base para llegar a un acuerdo salarial hace unos meses, apelamos a que se convoque a las organizaciones sindicales a nueva Mesa Técnica Salarial para corregir el acuerdo original, con el objeto de garantizar que los salarios de los y las estatales no pierdan a manos de la inflación».
Además, el dirigente bonaerense remarcó la necesidad de que se continúe «en el camino de la recuperación salarial, tal el espíritu del acuerdo original», por lo que subrayó que es el «momento que el Gobierno provincial convoque a la mesa técnica salarial».
De manera conjunta con la CTA Autónoma y otras organizaciones gremiales y sociales, ATE está desarrollando a nivel nacional un plan de acción multisectorial que tiene como ejes centrales la «aplicación de un Salario Universal; un aumento salarial a estatales y privados de emergencia -que permita no perder a manos de la inflación-; un aumento a las jubilaciones y un estricto control de precios que no licue las medidas anteriores».
«El plan de acción multisectorial, que tuvo como puntos culminantes la asamblea realizada el 13 de julio en Plaza Constitución, la movilización del 20 de julio en el Puente Pueyrredón y la asamblea del 28 de julio en el Obelisco; tendrá su continuidad el 7 de agosto con una marcha a Plaza de Mayo», adelantó De Isasi.
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La UTA ratificó el paro nacional de colectivos desde las 22 horas de este martes
El secretario General de la UTA, Roberto Fernández, ratificó la huelga total de colectivos de 8 horas en horario nocturno para este martes. Reclaman un adelantamiento de paritarias y un urgente incremento salarial para los choferes.
La Unión Tranviaria Automotor (UTA) confirmó la huelga nacional de colectivos para la noche de este martes en reclamo de un adelantamiento de paritarias y un urgente incremento salarial para los choferes.
«Ponemos en conocimiento de las autoridades y de la opinión pública en general, que los Trabajadores nos vemos obligados a tomar medidas antipáticas para cuidar el poder adquisitivo de nuestros salarios, y exigimos ser oídos», explicaron desde el gremio.
«Los trabajadores queremos cobrar un salario digno, para poder llevar a nuestros hogares, para el sostén de nuestras familias, el dinero por el que hemos trabajado, para llegar a fin de mes cómo lo merecemos», añadieron
La huelga se cumplirá desde las 22 horas de este martes y hasta las 6 horas del miércoles en todo el territorio nacional.
«Conocemos la realidad económica que se atraviesa, pero no somos responsables de la situación actual, de la inflación que mes a mes, reduce el poder de compra de los salarios», señalaron desde la organización que forma parte de la Unión General de Trabajadores del Transporte (UGATT).
Y apuntaron contra los empresarios: «Encontrándonos insólitamente con un sector empresario que reconoce la justeza del reclamo, pero que manifiesta no poder económicamente hacerle frente».
«Ratificamos que nuestro compromiso para salir adelante es dialogando, y con él encontraremos entre todos, el camino en que juntos, llegaremos a conseguir lo que todos anhelamos, una patria justa, libre y soberana», concluyeron.
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#El Otro Campo
En los últimos dos años rescataron a 1.050 trabajadores rurales en situación de explotación laboral
La cifra la dio a conocer el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre). Además ratificó su compromiso en la lucha por la erradicación de la trata de personas con fines de explotación laboral en el sector rural, en el Día Mundial contra la Trata de Personas.
Durante 2021 y 2022 el Renatre realizó fiscalizaciones en las que se encontró a 1.050 trabajadores rurales en situación de explotación laboral rural y desde el año 2020 el organismo gestionó prestaciones extraordinarias para las víctimas de trata de personas con fines de explotación laboral, según indicó.
«Desde el Renatre afrontamos la tarea de contribuir a la erradicación de la explotación laboral rural, no sólo con las prestaciones extraordinarias para las víctimas del sector rural, sino también con más fiscalizaciones, más capacitaciones y más registraciones. Estas acciones impulsan el trabajo decente», dijo Roberto Buser, presidente de la institución.
Por su parte, el director del Renatre, José Voytenco, afirmó que «el trabajo de fiscalización es fundamental para asegurar el cumplimiento de los derechos de los trabajadores rurales» y contribuir a «erradicar la explotación laboral rural».
Otra de las acciones que lleva adelante el Registro está focalizada en las infancias, a través del Programa Crecer (Centros Renatre de Cuidado y Educación Rural), que se desarrolló entre 2021 y 2022 en 35 centros que beneficiaron a más de 1.100 niños, niñas y adolescentes del sector tabacalero, arandanero y yerbatero, indicó la institución.
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La rebelión docente
Paro docente y corte de ruta en La Rioja, en junio de 2022. Foto: Sofía Cimino, para ANRed.
La crisis económica impacta en el salario docente. Es por eso que en varias provincias del país entre ellas Mendoza, Río Negro, Chubut, Santa Fe, San Juan y La Rioja, los y las docentes se encuentran en lucha realizando paros y movilizaciones para exigir aumento salarial y mejoras en las condiciones de trabajo. «Ayudemos a nuestros docentes a que el Gobierno provincial reconozca el pedido de mejoras laborales y económicas», decía la convocatoria impulsada en la escuela Francisco Gabrielli en Mendoza. Por Mario Hernández
Mendoza
Unas 25.000 trabajadoras y trabajadores de la educación marcharon el martes 26 a Casa de Gobierno tras protagonizar un masivo paro en las escuelas de toda la provincia contra la propuesta salarial del gobernador Suárez.
Ante esta situación de crisis social y económica, la propuesta del gobierno de ofrecer un 7% es una provocación. La inflación del semestre (39%) ya superó el 20% ofrecido para estos meses. La inflación interanual llega al 66% en Mendoza. Son los propios números del gobierno los que dicen que hacen falta $100.000 para no ser pobre. Por eso en las escuelas se debate sobre la crisis y la carestía de la vida y se construyó desde abajo un paro provincial con movilización que confluyó en las calles con las y los trabajadores de la salud y otros sectores estatales.
Desfinanciamiento, salarios de hambre, cierre de cursos, jornadas los sábados y anuncios de que quieren llevar la jornada a 7 horas en acuerdo con el Gobierno nacional, son parte de las denuncias que realizaron los docentes en esta importante jornada de lucha que continuó el miércoles con la segunda jornada de paro.
El jueves las escuelas de Mendoza amanecieron casi vacías. A través de grupos de WhatsApp y las redes sociales, las familias de las y los estudiantes de las escuelas comenzaron a organizarse para apoyar la lucha docente por el salario y contra el ajuste en la educación y la salud. «¡Ahora nos toca a los padres apoyar al docente! Sumate no enviando a tus hijos a clase ni jueves ni viernes, por un salario digno», decía una de las publicaciones que circuló entre las familias de la escuela Patricias Mendocinas. «Ayudemos a nuestros docentes a que el Gobierno provincial reconozca el pedido de mejoras laborales y económicas», decía la convocatoria impulsada en la escuela Francisco Gabrielli. Los mensajes se repitieron a lo largo y ancho de la provincia.
Mientras el Gobierno provincial intentó deslegitimar la lucha, primero mintiendo sobre el acatamiento al paro (al final tuvieron que reconocer que fue masivo), luego amenazando a los propios estudiantes con faltas injustificadas para quienes no concurran a las escuelas, la unidad entre las y los trabajadores de la educación y la comunidad de las escuelas garantizó la contundencia del paro y la continuidad de la lucha.
«Me sentí tan indignada, fui a comprar un block de hojas para mi hija y me costó $ 500. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar?, no me alcanza para nada, tenemos que unirnos», fue otro de los mensajes explicando el apoyo de las madres y padres. Porque el ajuste no es solo sobre los salarios: este mismo jueves, la comunidad educativa de la escuela «Tito Laciar» de Guaymallén denunció que cortaron el gas por falta de pago en el establecimiento.
La «nueva» propuesta salarial del Gobierno equivaldría a $ 4.000 de aumento para una celadora y de $ 4.200 para una maestra. Una verdadera burla para quienes en lo que va del año ya perdieron un 20 % del salario frente a la inflación. Mientras los funcionarios del Gobierno siguen ostentando sueldos y dietas que equivalen al salario de más 10 de trabajadoras de la educación, como en el caso de los legisladores e incluso al salario de 20 maestras, como en el caso de los funcionarios del Tribunal de Cuentas que cobran más de un millón de pesos, como reveló el diario MDZ esta semana.
Rodolfo Suárez también rechazó el reclamo de los gremios estatales y se profundiza el conflicto.
“El gobierno provincial no va a otorgar los 40.000 pesos para los trabajadores estatales ni de ningún otro régimen salarial”, afirmó el secretario general de ATE Mendoza, Roberto Macho, tras la reunión con el gabinete provincial.
“El gobierno provincial no quiere que los compañeros enfermeros técnicos de la administración central y todos aquellos trabajadores esenciales que están por abajo de la canasta alimentaria lleguen a 100.000 pesos”, agregó.
Mientras tanto, el dirigente estatal aseguró que seguirán las medidas de acción directa. “Seguimos con una huelga general en la provincia de Mendoza”.
Río Negro
En Río Negro no se retomaron las clases después del receso invernal porque el Gobierno de Arabela Carreras no llegó a un acuerdo salarial con docentes y trabajadores y trabajadoras estatales.
Por eso, convocaron a un paro de 48 horas desde el lunes 25 con marchas en distintas localidades de la provincia para exigir la recomposición salarial y en contra de las políticas que incrementan el porcentaje de las sumas no remunerativas.
Según la información oficial, la propuesta salarial para los docentes y estatales es de alrededor de un 11% en tramos, que se completaría en septiembre, y una suma fija de $4.500 que se cobraría en agosto.
“Las 18 seccionales que componen UNTER trajeron como mandato el rechazo a la propuesta salarial basadas en los mismos ejes y todas hicimos el mismo análisis de esa propuesta, el rechazo a las cifras no remunerativas”, señaló Sandra Schieroni, secretaria general de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro.
La dirigente sindical dijo que uno de los objetivos del reclamo es recuperar “el 4% que perdimos en el primer semestre”.
“Nosotros aceptamos una propuesta salarial de un 32% y el proceso inflacionario superó todas las expectativas en relación a lo que estaba proyectado. Tenemos una inflación en el primer semestre de un 36,2%”.
“En ese marco, hemos planteado en el ámbito paritario la necesidad de recomponer ese 4% que quedamos por debajo del proceso inflacionario”, remarcó.
A las protestas se suman también trabajadores judiciales y de hospitales, que continúan con paros semanales. Mientras tanto, el gobierno provincial promociona como un logro de gestión en el pago del aguinaldo y un aumento por decreto para policías y penitenciarios que fue rechazado por los uniformados.
En las asambleas además de la situación salarial, también se expresó la exigencia para que se regularice la situación de la obra social, IPROSS, exigen que se terminen las obras en muchos establecimientos educativos que se encuentran con problemas de calefacción y falta de mantenimiento. Las demandas incluyen la derogación de la moratoria jubilatoria, que desde enero está vigente confiscando salario a los y las docentes, con jubilaciones de pobreza ya que los salarios básicos no reciben el impacto de la oferta salarial por ser sumas no remunerativas y en negro, lo que se traduce en una jubilación paupérrima. Por lo que es imperiosa una recomposición inmediata de las jubilaciones cuyas actualizaciones han quedado lejos del proceso inflacionario.
Chubut
Las maestras y profesores de Chubut protagonizaron un contundente paro en la provincia el 25 y 26 de julio, con un alto acatamiento en Comodoro Rivadavia, Trelew, Rawson y Puerto Madryn contra el ajuste de Mariano Arcioni, aliado del gobierno nacional del Frente de Todos.
Estas jornadas de lucha se dan en medio de un agravamiento de las condiciones económicas de la población trabajadora que con la inflación estimada de alrededor del 8% para julio, la corrida cambiaria y la devaluación en curso ha devorado el poder adquisitivo del salario entre las trabajadoras, los trabajadores y el pueblo pobre. Si ya los docentes tenían un salario que estaba bien lejos de la canasta básica familiar antes de la corrida de los últimos 20 días, la pérdida del 40% del poder adquisitivo en este lapso, fue la gota que rebalsó el vaso y gestó la masividad del paro.
Ejemplos de escuelas que nunca habían parado hasta ahora y que esta vez dijeron “paramos”; escuelas donde el paro era minoritario alcanzó el 80% o 90% y escuelas que venían parando y sosteniendo la lucha, esta vez pararon totalmente. La respuesta a los aprietes del gobierno y sus amenazas a la ATECH por desconocer la conciliación obligatoria, a las amenazas de descuento del nuevo ministro de educación, José Grazzini, cayeron en saco roto. Las trabajadoras y los trabajadores con el paro, la movilización y las asambleas interescuelas más importantes desde principios de año dieron un mensaje: esta situación no se banca más.
Un hecho destacado y que también es un punto de apoyo enorme para continuar y profundizar la lucha es la solidaridad y pasos en la unidad que se dio el lunes en Rawson al marchar desde el ministerio de Educación a la planta de procesamiento de langostino y merluza FyRSA, donde las trabajadoras y los trabajadores vienen enfrentando el ataque de la patronal desde el 6 de julio que defendiendo sus puestos de trabajo y exigiendo el pago de sus salarios adeudados.
La Rioja
Docentes Autoconvocados que desde hace semanas instalaron una carpa en la Plaza 25 de Mayo de la Ciudad de La Rioja participaron el lunes 25 de la Octava Marcha Provincial, en el marco del paro por tiempo indeterminado que llevan adelante en reclamo por salarios dignos. en el inicio de clases tras el receso invernal.
Lo resolvieron durante la Asamblea Provincial de Docentes Autoconvocados y frente a la decisión del gobierno local de, lejos de establecer diálogo con los educadores, establecer medidas punitivas y persecutorias.
“El gobernador Ricardo Quintela, llegó al exabrupto de descontarles el salario de forma ilegal a maestras y maestros que son sostenes de familia y que perciben salarios de pobreza”, afirman los y las docentes a través de un comunicado.
En este marco, señalan que al reclamo urgente y genuino de un aumento de 20.000 pesos al básico para salir de la línea de pobreza en la que se encuentra la mayoría de las y los trabajadores de la educación de la provincia establecida en 104.216 pesos por el Indec, se les responde con una suma inconsulta e insuficiente de 6.000 pesos: “Si bien entendemos que nuestra lucha y la de los trabajadores de la salud es la que arrancó este aumento, no resuelve en lo más mínimo nuestro reclamo. Con una inflación acumulada al primer semestre del 36%, con un estimativo del 8% sólo para julio, la propuesta del gobernador se basa en que este año nuestros empobrecidos salarios vuelvan a perder poder adquisitivo frente a una inflación estimada en un 80% para este año. Las medidas que hemos decidido las hacemos con el apoyo de los papás y mamás de nuestros estudiantes, ellos también son víctimas de una inestabilidad económica donde los principales perjudicados somos los que nos levantamos todas las mañanas para ir a trabajar”.
Es en este marco que los docentes resolvieron continuar la lucha, con el paro por tiempo indeterminado y realizar el lunes 25 la Octava Marcha Provincial “con el acompañamiento y en unidad de todos los sectores en lucha”.
Santa Fe
Con una votación récord los docentes van al paro en toda la provincia. La medida será el martes y miércoles de esta semana y el 10 y 11 de agosto. Coincide con el paro en Sadop. En Rosario el martes se movilizarán Amsafe, Ate, Siprus y Coad.
La bronca se expresó en Santa Fe con una votación masiva al paro. La moción presentada por La Celeste-Trabajadores de la Educación obtuvo poco más de 16.000 votos, apenas 692 votos más que las mociones de la oposición. Incluso quedan sospechas sobre los números en los departamentos donde la oposición no pudo garantizar los fiscales necesarios para regular la votación.
El aumento constante de la inflación, prevista en un 90% para este año, deja por detrás el salario de los docentes, con una pérdida del 17% solo en lo que va de agosto. Aunque «La Celeste-Trabajadores de la Educación», que responde a Sonia Alesso, mencione el aumento de salario, por lo que realmente reclama es por el adelantamiento de cuotas como expresa en sus intervenciones y en la moción que puso a votación. Por eso, esta medida la toman sin mencionar cuál es el porcentaje de recomposición salarial y otros temas que afectan a las condiciones de trabajo en la docencia.
La convocatoria a una Asamblea Provincial vino luego del reclamo de la oposición y el creciente malestar en la base docente. La conducción provincial también oyó el resultado de las recientes elecciones de Amsafe donde la oposición del Frente por una Amsafe Democrática estuvo a solo 2.000 votos de ganar la elección.
De este modo Santa Fe entra en la misma sintonía que otras provincias como La Rioja, Chubut, Río Negro y Mendoza, donde se están desarrollando conflictos contra el deterioro del salario y las condiciones de trabajo.»La votación muestra la bronca enorme que recorre la provincia. La burocracia recién ahora se acuerda de Perotti y las corporaciones como Vicentín, las cerealeras y los puertos, pero no dicen nada del gobierno nacional y el acuerdo con el FMI. Esto no se lo puede enfrentar aisladamente, con un paro de 48 horas y sin fecha para la movilización provincial. Para enfrentar realmente a las multinacionales hambreadoras, que ponen y sacan ministros, que suben y bajan el precio de nuestra comida, tienen que convocar al paro nacional de CTERA y de las CTA´s. A la vez que exigirle un paro urgente a la CGT. En la región, los gremios combativos tienen que convocar a un gran encuentro de trabajadores donde confluyan docentes, estatales, médicos, aceiteros, estudiantes”, reclamó Franco Casasola, miembro de la Comisión Directiva de Amsafe Rosario, y referente de la agrupación Marrón.
El martes Amsafe se moviliza en Rosario junto a Ate, Siprus y Coad desde la plaza 25 de Mayo hasta la San Martín.
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Denuncian despidos masivos en Mondelez Pacheco
Se trata de 270 trabajadoras y trabajadores de la planta de General Pacheco, que la empresa contrató bajo la modalidad de contrato a plazo fijo, a pesar de que realizaban las mismas tareas que el resto. En pandemia Mondelez comenzó a aplicar la modalidad de contratar por tres, cuatro, seis y hasta ocho meses, manteniendo este accionar en la actualidad. Esta es la cuarta vez que despide sin dar explicaciones, acumulando ya más de 900 despidos. Por RedEco Alternativo.
“Aunque lo hayan firmado bajo un acuerdo marco con el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) de Rodolfo Daer y la Comisión Interna, éste viola la ley de contrato de trabajo. No podemos permitir que esta multinacional, que trabajó durante toda la pandemia y gano en dólares, siendo una de las empresas alimenticias formadoras de precios, siga abusando de las leyes y cometiendo fraude laboral. Los puestos de trabajo están, y somos testigos de ello”, afirman los trabajadores y las trabajadoras a través de una carta pública.
Mondelez es una multinacional de un sector de la industria que más ganancias obtuvo y produce galletitas, golosinas y snacks como Oreo, Cerealitas, Terrabusi, Pepitos, Express, Milka, Cadbury, Shot, Tita, Rhodesia, Beldent, Bubbaloo, Halls, Tang, Clight y Royal.
Respecto a esta modalidad, los trabajadores y las trabajadoras señalan: “Primero amparados en la pandemia tomaron a préstamo (así decían los contratos) a trabajadores de las casas de comidas rápidas, para reemplazar a trabajadores que estaban de baja por covid. Eso decían en sus contratos, también bajo la modalidad de plazo fijo. Lo cual no fue cierto, ya que vinieron a reemplazar puestos de trabajadores que arreglaron, se jubilaron o los despidieron. Estos estuvieron trabajando más de siete meses con renovaciones. Luego, antes de que se les terminen los contratos a los trabajadores de las casas de comidas rápidas, ingresaron la primera tanda de referidos, los cuales entraron para reemplazar a estos trabajadores para continuar haciendo las mismas tareas. Con varias renovaciones llegaron a trabajar casi un año, algunos otros entre cinco y seis meses y les dieron de baja, para luego hacer entrar una nueva tanda, la actual, otros 270 trabajadores, a quienes luego de haberles renovado también darán de baja este 30 de julio (…). Esta vez sus contratos dicen: ‘con el fin de cubrir necesidades estacionales de producción y abastecimiento a los distintos actores de la cadena productiva en la industria de la alimentación’, lo cual es totalmente falso. Aunque lo hayan firmado bajo un acuerdo marco con el Sindicato de Rodolfo Daer y la Comisión Interna, éste viola la ley de contrato de trabajo ya que utilizan una modalidad de contrato con el fin de satisfacer sus necesidades productivas«, remarcan, y agregan: «y lo decimos porque esta empresa no trabaja bajo la modalidad de temporada ya que, como dijimos, estos trabajadores vinieron a realizar tareas normales y habituales y a reemplazar mano de obra calificada en muchos casos. Serían más de 900 los trabajadores que, con estos 270, ya quedaron en la calle”.
“En medio de la situación que vive el país, donde lo que prima es mayor desempleo y trabajo precario, que dificulta sobremanera la calidad de vida de muchas familias, y en donde vemos una gran especulación por parte del sector empresario, no podemos permitir que esta multinacional, que trabajó durante toda la pandemia y gano en dólares, siendo una de las empresas alimenticias formadoras de precios, siga abusando de las leyes y cometiendo fraude laboral. Una prueba de este abuso fue cuando solicitó un preventivo de crisis trucho, en el gobierno de Mauricio Macri, con el cual logró no pagar las contribuciones patronales. Ahora pretende seguir ganando con este tipo de contratación fraudulenta. Los puestos de trabajo están, y somos testigos de ello”, agregan.
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El gobierno de Larreta posterga la salud de cuatro barrios porteños
La Asociación de Fomento El Talar Norte funciona como Centro Médico Barrial y no puede sostenerse tras las pérdidas en pandemia. El gobierno porteño no le da respuesta ni acepta el inmueble para saldar la deuda. El lugar atiende la alta demanda de Villa del Parque, Devoto, Pueyrredón y Agronomía.
Redacción Canal Abierto | Villa del Parque, Devoto, Villa Pueyrredón y Agronomía están dentro del área programática del Zubizarreta, único hospital de la ciudad que no cuenta con un Centro de Salud y Acción Comunitaria (CESAC). Según informó el medio barrial Aquí Villa del Parque, la propuesta de donación del edificio de la Asociación de Fomento El Talar Norte podría saldar esta asignatura pendiente, pero las autoridades ministeriales no dan respuesta.
El Talar Norte, como muchas otras instituciones de su tipo, nació en la década del 30 de la mano de vecinos fomentistas que buscaban dar impulso a un barrio que estaba comenzando a desarrollarse. Actualmente, es sede del Centro Médico Barrial, atendido por facultativos del Hospital Zubizarreta. Es la única actividad que ha quedado funcionando allí y que le reporta un mínimo ingreso con el que cubren parte de las obligaciones más urgentes.
Su presidente, Francisco Mastroverti, comentó al respecto: “Veníamos medianamente bien hasta el 2019, aunque los últimos meses de ese año ya había decaído un poco la actividad por la situación económica. Pero las mayores dificultades sobrevinieron a partir de marzo de 2020, cuando por la cuarentena no pudimos reanudar las actividades que teníamos programadas. Los primeros meses se fueron paliando con reservas propias, y la ayuda del Gobierno nacional sirvió para cubrir parte de los salarios de las dos empleadas que están en relación de dependencia en la asociación”.
Pero tras el pico de la pandemia, el Talar Norte no logró remontar. Fue así que en asamblea decidieron disolver la asociación y donar el edificio “con cargo” al Gobierno de la Ciudad. Con cargo significa que el GCBA debe destinar el edificio a un fin específico, que en este caso sería un CeSAC que dependa del hospital Zubizarreta. “En alguna medida es darle continuidad y mayor jerarquía al Centro Médico Barrial que ya está funcionando en nuestra asociación”, resaltó Francisco.
Según los datos a los que pudo acceder Aquí Villa del Parque, actualmente el pasivo de El Talar Norte asciende a casi $5.000.000, que incluye salarios atrasados de las dos empleadas, deudas de cargas sociales y algunas facturas impagas de servicios públicos como luz, gas y agua.
Se entiende que para una asociación de fomento, la cifra es abultada. Pero resulta insignificante cuando se compara con el patrimonio que la entidad transferiría al Estado de la Ciudad, que consta de un edificio de dos plantas construido sobre un terreno de 8,66 m x 40 m ubicado en avenida Salvador María del Carril 2956, con una superficie cubierta total de aproximadamente 800 m2 y valuado en US$ 1.500.000.
Es decir, la deuda que la entidad tiene representa apenas el 2,5% del valor de la propiedad (porcentaje calculado a valor del dólar oficial, ya que cotizado a dólar blue, ese porcentaje desciende a apenas a 1,2% del valor actual del inmueble).
El Ministerio de Salud porteño abrió un expediente que luego cajoneó sin que haya ningún documento o informe que fundamente el estancamiento. Sólo hay trascendidos que afirman que el Gobierno de la Ciudad no estaría dispuesto a recibir el edificio en la medida que está pendiente una deuda y haya un vínculo laboral de la entidad con dos personas.
Frente a este escenario la Comisión Directiva del Talar Norte consideró que otra alternativa posible es saldar la deuda y de esta forma ya no quedarían argumentos para que la Ciudad se niegue a aceptar la donación. Es por ello que apela a la comunidad para cumplir con este cometido.
Así, los vecinos pueden manifestar su apoyo a la iniciativa de donación y que el edificio se transforme en un Centro de Salud y Acción Comunitaria, completando el siguiente formulario: UN CESAC PARA LA COMUNIDAD DEL HOSPITAL ZUBIZARRETA
Además, quienes deseen colaborar monetariamente para sanear las cuentas, pueden realizar un depósito o transferencia al alias RELOJ.CADENA.MUSA de la cuenta bancaria que la asociación tiene en el Banco Credicoop.
Fuente: Aquí Villa del Parque
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Movimientos sociales
La UTEP junto a la Iglesia contra el «hostigamiento judicial» hacia organizaciones
La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep) llevó este jueves a la Iglesia su preocupación por el «hostigamiento judicial y político» que sufren dirigentes de organizaciones sociales, durante una reunión realizada en la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), encabezada por el titular de ese organismo, monseñor Oscar Ojea.
Foto: Télam
Ojea, también obispo de San Isidro, recibió en la porteña sede eclesiástica de la calle Suipacha 1032 al secretario general de la Utep, Esteban «Gringo» Castro, y a los principales referentes del Movimiento Somos Barrios de Pie, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), del Movimiento Evita y de la Tupac Amaru, que conduce a nivel nacional la dirigente Milagro Sala, actualmente con prisión domiciliaria en Jujuy.
«En el contexto social sumamente complejo y preocupante que vivimos, la Iglesia comparte la preocupación por la situación de indigencia de una parte importante de la población, que se suma a la gravedad de la crisis económica que hace imposible llegar a fin de mes para una gran mayoría», expresaron desde la Oficina de Prensa de la CEA.
Durante el encuentro, Ojea reiteró «la necesidad de dialogar siempre en la búsqueda de aquellas medidas de Gobierno, posibles y necesarias en este momento para evitar todo tipo de violencia, recordando que los movimientos sociales históricamente han sabido trabajar para la construcción de la paz social».
El presidente de la CEA recordó también un fragmento del mensaje de los obispos de la Comisión Episcopal de Pastoral Social en la Semana Social del mes pasado, en el que se llamó a «anteponer la producción a la especulación, la distribución a la concentración y el acaparamiento y el bien común a la rentabilidad sectorial».
«Estamos muy agradecidos de haber sido recibidos por el titular de la Iglesia argentina; tuvimos la oportunidad de encontrar un padre que escuchó nuestro clamor; el poder político y judicial nos persigue por estar organizados y defender a los más pobres», reflexionó Castro, en declaraciones a Télam.
Según indicaron las organizaciones, Ojea recomendó profundizar el diálogo con funcionarios y organismos pertinentes para lograr garantizar el libre ejercicio de los derechos constitucionales de los militantes y dirigentes.
Como ejemplos de violencia y persecución, Castro mencionó que este jueves hubo un «intento de incendio de un local social en el Chaco, a Juan Grabois le iniciaron 9 causas penales, en Jujuy la CCC tiene 16 causas en contra de 70 militantes y Milagro Sala que sigue detenida».
«Esta crueldad del poder escuchó Ojea, quien pidió un listado de todas las causas penales de la persecución que sufrimos», dijo Castro.
En otro orden, el dirigente contó que Ojea «puso en valor» el trabajo social realizado por mujeres en los barrios, en comedores y merenderos y en las tareas de cuidado.
«Él tuvo su experiencia, en su diócesis, San Isidro, durante la pandemia y dijo estar conmovido porque vio cómo los barrios alimentaron a los barrios. La comunidad se organizó. Nos pidió seguir con nuestro trabajo comunitario y reclamos siempre en la paz», resaltó.
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Sindicato del Neumático inicia semana de paros rotativos ante la falta de acuerdo salarial
Sindical / Nacionales / Conciliación Obligatoria /6 temas01AGO
El Sindicato Unico de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) profundizan desde este lunes el plan de lucha con la realización de un paro de actividades de un turno cada día hábil de ambas semanas, movilizaciones y cortes”.
Apuntó además que “vamos a continuar con estas medidas hasta que las patronales abandonen esta escandalosa e insostenible posición” y agregaron que “en realidad, están tratando de imponer el fin de la negociación colectiva, reemplazándola por su antigua forma de actuar”. El martes se llevó a cabo una nueva audiencia entre empresarios y el gremio que volvió a fracasar. Concretamente, cada día de la semana, Pirelli, Fate y Bridgestone tendrán paralizados los turnos en forma rotativa (mañana, tarde y noche).
El secretario General del gremio, Alejandro Crespo, advirtió que “quieren hundir a los trabajadores en el atraso salarial, la flexibilización de sus condiciones laborales y la implementación del maltrato como moneda corriente. Este intento de volver a esos tiempos oscuros ya les ha costado a las empresas la mayor pérdida de producción de cubiertas nunca vista en el neumático”.
Según explicó, los paros en las fábricas de Fate, Pirelli y Bridgestone comenzarán el lunes 1 de agosto hasta el viernes 5 y se retomarán el lunes 8 hasta el viernes 12. La modalidad será en forma rotativa. Teniendo en cuenta que hay tres turnos, mañana, tarde y noche, siempre una de las tres fábricas estará paralizada.
El gremio viene solicitando un aumento salarial cercano al 70% para la paritaria 2021-2022 mientras que las patronales ofrecieron cerca del 65% al tiempo que se niegan rotundamente a pagar el 200% los fines de semana. La negociación se complica aún más porque ya se tendría que estar discutiendo el salario para el período 2022-2023.
Crespo indicó que los empresarios del sector “pidieron públicamente dólares para compra de insumos y el Gobierno actuó con rapidez ante este reclamo patronal, supuestamente para que por medio de la producción de neumáticos se abastezca al país e ingresarían dólares a través de la exportación”.
Denunció que “sin embargo, lo que ocurrió fue un gran ingreso de materia prima traída del exterior que queda acopiada en los depósitos de las tres fábricas sin ser utilizada, mientras el dólar sube (se remarca que esta materia prima fue comprada a dólar oficial)”.
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NO MÁS VACILACIONES
Es una fantasía un “capitalismo productivo” sin que el Estado dirija el proceso
Una estrategia combinada de los agroexportadores y la burguesía sojera, el capital especulativo, la derecha política, los medios hegemónicos y el partido judicial ha puesto contra las cuerdas al gobierno nacional.
Tras el anuncio de un default de la deuda en pesos sólo concebido para generar pánico, lanzaron –como lo había hecho en enero de 2014 durante el gobierno de Cristina– una corrida cambiaria, con un alza incontrolada del dólar blue.
Al mismo tiempo, los grandes productores de soja restringen sus ventas, con el objeto de forzar una devaluación y una baja de las retenciones, que actualmente son del 33%. El volumen de ventas es uno de los más bajos de los últimos 20 años y hasta menor al 2008, durante el lock-out de las patronales agropecuarias contra la Resolución 125, y hay en los silobolsas entre 28 y 29 millones de toneladas, que a precio de exportación representan cerca de 14.000 millones de dólares. También existe un menor volumen de liquidación de divisas por parte de las empresas exportadoras [1]. El alza incontenible de los precios, unido a la escalada del dólar ilegal, es parte de la misma estrategia.
Simultáneamente, en forma sincronizada, se alzan voces que reclaman el juicio político del Presidente, la asamblea legislativa o el adelantamiento de las elecciones, a la vez que continúa la persecución política-judicial contra Cristina Fernández de Kirchner con el propósito de lograr su condena mediante un proceso amañado, sin pruebas, a través de jueces designados por Macri –sin acuerdo del Senado– que ocupan ilegalmente sus cargos (Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi). Se trata de un nuevo capítulo de la estrategia del lawfare que llevó a la prisión y proscripción de Lula en Brasil y de Correa en Ecuador. Al mismo tiempo esa misma Cámara Federal sobresee a Mauricio Macri en la causa del espionaje contra los familiares de las víctimas del submarino San Juan, en un fallo en el que insólitamente se reconoce que el mismo existió pero que tenía como finalidad proteger la seguridad del ex mandatario.
Frente a la magnitud de la agresión económica, política y judicial que lo amenaza con su propia caída, el gobierno nacional cede ante las presiones de la burguesía sojera. Mediante una resolución del Banco Central, y a fin de que los productores aceleren la venta de los volúmenes de soja retenidos, se autoriza “que los productores realicen un depósito a la vista en las entidades financieras con retribución diaria variable en función de la evolución del tipo de cambio A3500, conocido como Dólar Link, por hasta el 70% del valor de la venta de granos. Además, por el 30% restante se permitirá la Formación de Activos Externos, al valor del dólar oficial más el impuesto PAIS y las retenciones a cuenta que percibe la AFIP”. Se trata de un beneficio similar al que reciben otros sectores por el incremento de sus exportaciones; pero en el caso del complejo agropecuario se otorga como producto de la extorsión tendiente a forzar una devaluación, por lo que constituye un privilegio injustificado. Por otra parte, independientemente de la aceptación de este beneficio, la Mesa de Enlace y los sectores más concentrados del complejo sojero continuarán su ofensiva contra el gobierno para lograr la devaluación.
Tampoco ha reaccionado el gobierno con decisiones que frenen la escalada de los precios provocada por los oligopolios alimenticios, en su mayor parte agrupados en la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), dirigida por el titular de la Unión Industrial Argentina, el abogado Daniel Funes de Rioja. Ha quedado demostrado el fracaso de los acuerdos con los que se ha pretendido sustituir al necesario control de los precios de los artículos de la canasta familiar.
Un sinnúmero de las conductas descriptas en el Artículo 2° de la Ley de Abastecimiento 26.691 son prácticas habituales de los oligopolios que dominan la industria y comercialización de alimentos, particularmente la elevación artificial o injustificada de los precios en forma que no responda proporcionalmente a los aumentos de los costos, o sus ganancias abusivas. Sin embargo, en ningún caso se han encuadrado dichas conductas en la Ley de Abastecimiento, ni se han aplicado sanciones. El gobierno sólo ha “amenazado” con aplicarla, mientras sigue empeñado en cerrar acuerdos con dichas corporaciones, que son invariablemente incumplidos.
Ofensiva contra los trabajadores
No se ha frenado la ofensiva contra las normas y principios del Derecho del Trabajo, y en definitiva contra los derechos sociales reconocidos por la Constitución Nacional, particularmente “la protección contra el despido arbitrario” reconocido por el artículo 14 bis, que desde hace mucho tiempo llevan adelante legisladores de la derecha y sectores empresarios, con el infaltable acompañamiento mediático.
Se agitan los mismos argumentos de siempre: que el costo laboral argentino es excesivo, que la existencia de la indemnización por despido arbitrario desalienta la contratación, que los convenios colectivos vigentes deben ser sustituidos por otros más flexibles y que el régimen legal del trabajo pertenece a otra etapa del capitalismo. Se trata de convencer a la sociedad, y a los propios trabajadores, de que el despido es un hecho natural, casi fisiológico de la sociedad capitalista, y que debe ser aceptado sin resistencia alguna, a los fines de poder dar empleo a los que no lo tienen.
Es innegable que la realidad de las relaciones capitalistas muestra desde hace más de tres décadas una modificación sustancial de las relaciones de trabajo. Se generalizan nuevos modos de organización, el trabajo descentralizado y en equipo en las grandes empresas, además de un crecimiento acelerado del teletrabajo en casi todas las actividades.
Tales transformaciones crean a la vez un escenario de creciente precariedad laboral, una difícil inserción de los jóvenes y una mayor explotación. El trabajo en negro asciende al 40% del total de la población activa, se generalizan los contratos temporarios y la exigencia de inscribirse como monotributistas como condición para obtener un empleo.
No es lo mismo que los trabajadores tengan derecho efectivo a un puesto de trabajo estable, por tiempo indeterminado, a una realidad en la que la mayoría de los trabajadores se hallan precarizados en diversas formas: no registrados o en negro, pasantes, contratos de colaboración, etc. No es lo mismo trabajar 14 horas diarias que hacerlo durante 6 ó 35 semanales. Porque la reducción del tiempo de trabajo no sólo garantiza la salud física y psíquica de los trabajadores, sino que crea las posibilidades de destinar parte del tiempo libre al estudio, la formación y la participación social y política.
Observamos que la propia Organización Internacional del Trabajo refleja una cierta adaptación a las nuevas condiciones de precarización del empleo.
En el 2017, la OIT exhortaba a los países a que se hicieran cargo de orientar las políticas para responder a “la innovación tecnológica, los cambios en la organización del trabajo y la producción, la globalización, el cambio climático, el entorno normativo y los cambios demográficos y migratorios”. Reiteraba por entonces la tarea de gobernar para intervenir y dirigir las transformaciones de las plataformas digitales de empleo, partiendo del hecho de que la invisibilidad del empleador debilita aun más la posición de los sindicatos, y la necesidad de que estos buscaran nuevas formas de proteger los derechos de los trabajadores insertos en la economía digital. También se exhortaba a los Estados a llevar a cabo políticas públicas y planificación orientada a lograr una desaceleración controlada de los procesos de robotización y automatización como estrategias para dar tiempo de insertar a las personas en las nuevas dinámicas de trabajo.
En 2019, al celebrarse 100 años de la creación de la OIT, se habla de “condiciones mínimas” y del respeto a determinados “derechos elementales de las personas”, ignorando el papel de los sindicatos. Se plantea formar a las personas para adaptarse a las contingencias del mercado, negando toda forma de planificación y políticas públicas.
Cuando desde algunos sectores se expresa que el pleno empleo ya no existe, que su recuperación es imposible, y que –por lo tanto– sólo es posible luchar por el salario básico universal y la economía popular, se está afirmando en realidad la eternidad del capitalismo como formación económico-social, con su incapacidad de crear empleo suficiente para el conjunto de la población activa.
Sin lugar a dudas, los sectores de nuestro pueblo que se hallan en la indigencia, los precarizados que se hallan excluidos de los beneficios de quienes son reconocidos como asalariados, los que trabajan en cooperativas y otros emprendimientos de la llamada economía popular deben percibir un salario o ingreso básico universal o complementario –no importa su nombre–, sin que ello signifique la pérdida de los beneficios que se les reconozca actualmente.
Pero esta lucha no puede ni debe sustituir sino integrarse a la que sostienen importantes sectores del movimiento obrero, nucleados tanto en la CGT como en la CTA: un aumento general de salarios, jubilaciones y pensiones por decreto, estableciendo una suma fija que se incorpore definitivamente a las retribuciones, mejorando la situación de quienes perciben ingresos que no cubren siquiera una canasta de pobreza; y la reducción de la jornada de trabajo sin reducción salarial, una de las condiciones necesarias para que sean creados nuevos puestos de trabajo.
Se trata en ambos casos de urgencias que no pueden esperar; pero tanto en el movimiento sindical como entre los movimientos sociales existe la tendencia a luchar aisladamente por sus respectivas reivindicaciones, como si no fuera necesario coordinar y unificar las luchas, que son igualmente legítimas.
La función productiva del Estado
En el contexto de la internacionalización de la economía de mercado, la clase dominante ha reformulado la estructura y los fines del Estado. El keynesianismo suponía un cierto control del Estado sobre las variables económicas. El neoliberalismo no suprime el poder del Estado, sino que lo transforma en un instrumento más flexible para sus intereses, fortaleciendo y perfeccionando la maquinaria represiva (justicia penal y fuerzas de seguridad).
La articulación mafiosa empresario-judicial-mediática exige la aplicación de las recetas ortodoxas de la teología neoliberal: devaluación, la libertad de importaciones, la reducción o la eliminación de las retenciones a las exportaciones agropecuarias y mineras.
Frente a la fuerte ofensiva del poder económico y sus agentes políticos, se impone que el Estado cumpla un rol fundamental en la economía. No sólo una función de control –que en la actualidad se revela ineficaz o inexistente– sino en la producción de bienes y servicios, principalmente en los sectores fundamentales de la economía.
¿O pensamos que el desarrollo económico sólo será producto de las inversiones extranjeras y del gran capital nacional?
¿Podría imaginarse siquiera que Astilleros Río Santiago seguiría existiendo si hubiera sido privatizado?
Y ante el despliegue impune del poder económico y político de Paolo Rocca, ¿es justo que el grupo Techint siga multiplicando sus ganancias sin que siquiera se plantee la necesidad de que el Estado recree una empresa siderúrgica como la que fuera liquidada y adquirida a precio vil por dicho grupo durante la ola privatizadora y destructiva del menemismo?
¿Podemos hablar de cambiar nuestra “matriz productiva” y realizar un nuevo proceso de sustitución de importaciones sin un papel relevante del Estado?
El hecho de que estos temas no sean planteados seriamente, implica una visión peligrosamente superficial del capitalismo actual, en el que la especulación y la inestabilidad financiera son parte fundamental de su funcionamiento. En el capitalismo actual no hay disociación alguna entre “capitalistas productivos” y “capitalistas rentistas”; las finanzas son un componente permanente del sistema.
Es por ello que plantearse la posibilidad de un “capitalismo productivo” sin que el Estado cumpla un rol de dirección del proceso económico constituye una fantasía. Para ello es necesaria la recreación de la Junta Nacional de Granos y la Junta Nacional de Carnes, la recuperación de los puertos, del Río Paraná (la llamada “hidrovía”) y la renacionalización de los servicios públicos que aún siguen en manos de corporaciones.
No sólo se trata de superar las vacilaciones y las debilidades del gobierno nacional; se trata de reconstruir el Estado, que fue reducido a su mínima expresión de acuerdo a los objetivos de la clase dominante a partir de la dictadura y fundamentalmente a partir de los ’90.
Un Estado que ni siquiera ha recuperado su capacidad de controlar los precios no está en condiciones de reducir sustancialmente la inflación. La inflación continúa irrefrenable, no proviene de la guerra en Europa ni de la emisión monetaria sino fundamentalmente de la manipulación concertada de los precios por parte del gran capital.
Es importante destacar que el gobierno de Bolivia, sin sujetarse a las recetas neoliberales, además de haber nacionalizado los hidrocarburos y demás fuentes de energía, mantiene un tipo de cambio fijo respecto al dólar, que desde hace años equivale a 6,95 bolivianos. El Estado mantiene una política de subsidios sobre la energía, particularmente la nafta, a fin de evitar que la población deba pagar más por la misma, y deniega los certificados de exportación de aquellos productos por los que la población paga precios que no se consideran razonables. De esta forma se fuerza a que haya un aumento de oferta y bajen los precios en el país. De esta forma, muy lejos de los consejos de los teólogos del neoliberalismo, estas políticas han logrado que Bolivia registre un índice de precios al consumidor menor al 1% y un índice de inflación del 0,39% durante el primer trimestre del 2022 [2].
Envio:RL
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