Miles de personas exigieron reformar
la Corte Suprema y democratizar el
Poder Judicial
Resumen Latinoamericano, 14 de agosto de 2022.
Convocada por el juez Juan Ramos Padilla y el médico sanitarista Jorge Rachid, en la concentración se pidió la renuncia de los miembros del máximo tribunal.
“Los jueces de la Corte van a tener que entender que se tienen que ir”. Así resume el juez Juan Ramos Padilla la convocatoria de ayer a la tarde en Parque Centenario. El encuentro fue convocado en conjunto con el funcionario bonaerense y dirigente peronista porteño Jorge Rachid por redes sociales y tuvo una amplia participación de ciudadanos que exigieron la renuncia de los miembros del máximo tribunal y la democratización del Poder Judicial».
Con la mirada puesta en las principales autoridades del poder judicial, y en una semana que tuvo a los funcionarios de la causa Vialidad en el centro de la polémica por los hallazgos de fotos y encuentros que los vinculan con el macrismo, los oradores del acto expresaron el rechazo a un aparato que, aseguran, atenta contra los valores democráticos. “El poder judicial ha sido siempre una herramienta de control social, para tenerlos sometidos”, dijo Ramos Padilla en su discurso.
El encuentro fue a las 12. Según informaron voceros de la convocatoria, cerca de 5000 personas se concentraron con el respaldo de sectores sociales y gremiales. Fue un día soleado, algunos lo describieron como «un día bien peronista». Consignas pintadas sobre cartones y remeras con la cara de Cristina Kirchner colorearon el acto. «La multitud que hoy se juntó en Parque Centenario superó ampliamente las expectativas que teníamos», destacó Rachid.
Finalizado el encuentro, Ramos Padilla dijo a Página/12 que, frente al discurso de algunos medios y funcionarios de la oposición, “hoy no hubo aparato, ni bombo, ni choripán, ni micro. Acá hay gente nada más”. Y reafirmó la continuidad de estos encuentros: “cada vez vamos a ser más, en todas las plazas de Buenos Aires, la mayor cantidad de veces que podamos, los jueces de la Corte va a tener que entender que se tienen que ir”.
Las declaraciones son interrumpidas por palabras de apoyo de quienes lo ven pasar. “Gracias por todo, a usted y a su hijo”, dice una señora que lo reconoce al paso. Luego de algunas fotos y saludos, el juez prosigue con su mensaje, esta vez, en relación a la causa de la Obra Pública y al rechazo de las recusaciones presentadas por las defensas: “Es el papelón internacional más grande de los últimos años. Es una vergüenza sacada, como siempre, entre gallos y medianoches”.
La gente fue protagonista de este acto. Entre las alocuciones de los oradores se escucharon los cantos que suelen corear los militantes: “Si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar” o la marcha peronista. Pero no hubo convocatoria de organizaciones políticas. Este fue, de hecho, un error para algunos manifestantes que reclamaban presencia de las organizaciones que integran el Frente de Todos. Otros, sin embargo, se sienten más cómodos con la ausencia de movimientos partidarios, en línea con las declaraciones de Ramos Padilla: “Acá no vino ninguna orga, esta es gente de barrio, gente común que viene a manifestarse”.
Por su parte, el médico sanitarista Jorge Rachid recordó otros casos en los que la Justicia actuó en beneficio del poder político. En su discurso, señaló a “una Corte canalla, corrupta y criminal” por la detención de Milagro Sala. Y destacó la comparecencia de Cristina Kirchner ante la Justicia, frente a las acusaciones: “La compañera Cristina perseguida nuevamente, siempre a derecho. No como esos cobardes que se esconden en el exilio, poniendo sus capitales fuera del país y vaciando y saqueando a la Argentina”.
También ilustró de qué manera los líderes políticos de la región son blanco de la persecución judicial: “Esta Corte se alió a un poder internacional a través del lawfare, diseño estratégico de los Estados Unidos para bloquear a los movimientos nacionales latinoamericanos encarcelando a Lula, a Correa y golpeando al pueblo boliviano con un golpe de Estado”. Y ponderó el acompañamiento de distintos sectores de la sociedad para llevar adelante el reclamo: “El peor compañero del Frente es mil veces mejor que el mejor que está del otro lado, porque no va a vender la Patria”, sentenció.
Con los hashtag #TodosConCristina y #CorteaLaCorte entre otros, las redes sociales fueron el caldo de cultivo de esta movilización. En la sobremesa del encuentro, un grupo de vecinos del barrio intercambian algunas sensaciones de lo que escucharon. “Vinimos porque pensamos que hay que estar en las calles”, dice una de ellas; a lo que otra le contesta: “Hoy es un día bien peronista”, en alusión al sol que realza los 20 grados de un atípico mediodía de agosto.
El acto finalizó hace varios minutos y las personas que se retiran se mezclan con las que llegan a disfrutar del sábado. Uno de los asistentes al encuentro exhibe con orgullo sus carteles. “Hay tres poderes organizados que están contra Cristina y el pueblo: el económico, el mediático y el judicial. Si podemos torcerle el brazo al menos a uno de ellos, vamos a tener una sociedad más equitativa y justa”, señala. Y pone el foco en la movilización de la sociedad: «Tenemos que entender que la patria es el otro, y dejar de pensar individualmente, y desde nuestros consumos».
“Cuando convoca Ramos Padilla, hay que estar puntual. No como nosotras que llegamos siempre tarde”, dice entre risas una manifestante, mientras saluda a compañeros que le cuentan los pormenores del encuentro. Una de ellas, con un cartel que dice “Todos con Cristina”, la consuela: “Ya dijeron que dentro de 15 días volvemos a reunirnos acá”.
Neuquén. Obsesionados por Vaca
Muerta: ajustan subsidios energéticos
a los usuarios, pero aumentan para
las petroleras
por Marcelo García / Resumen Latinoamericano, 14 de agosto de 2022
Con la excusa de reducir el déficit fiscal, el Gobierno nacional avanza en la segmentación de tarifas y ajustará sobre el bolsillo de los trabajadores y la clase media, cumpliendo con los mandatos del FMI.
Sin embargo, mientras achica los subsidios energéticos para la población sigue subsidiando a las empresas petroleras. Esos fondos van direccionados a cumplir con el frustrado sueño de Vaca Muerta. En una década el Estado subsidió a las petroleras con 12.600 millones de dólares, mientras que en paralelo de desplomó la producción de gas natural convencional y subió la de no convencional. A pesar de tamaños subsidios a las empresas, la extracción de gas solamente aumentó un 2,7% y además se importaron 31.100 millones de dólares en gas. Las políticas para Vaca Muerta han sido un rotundo fracaso y ahora el costo lo pagarán los consumidores de energía.
Las políticas energéticas de los últimos diez años han estado esencialmente dirigidas al desarrollo de los yacimientos no convencionales de Vaca Muerta. Con la llegada de Sergio Massa al ministerio de Economía ese proceso no solamente se mantendrá, sino que se profundizará con más subsidios e inversiones estatales de las que se valen las compañías privadas.
Se asegura fácilmente que con la producción de gas no convencional se podrá abastecer nuevamente al mercado interno, se ahorrarán 2.200 millones de dólares en importaciones y se podrán generar otros miles de dólares con la producción excedente. Hasta el momento nada de eso sucedió, a pesar de haberse desembolsado un volumen significativo de recursos que -como gustan decir los mediáticos liberales- «sale de la nuestra».
En contrapartida Chubut y la Cuenca del Golfo San Jorge siguen siendo perjudicadas por las decisiones que se toman a nivel nacional, ya que las inversiones de las empresas se corren rápidamente hacia la Cuenca Neuquina para aprovechar los subsidios. Mientras tanto los profundos problemas energéticos del país siguen sin solucionarse.
Lo que será aún peor es que la energía aumentará su costo drásticamente para los consumidores, en especial para los trabajadores y la clase media que muy posiblemente pase a pagar los servicios sin subsidios y deba destinar una porción aún más grande de sus sueldos en medio de un galopante proceso inflacionario.
Massismo sin grietas y con millonarios subsidios
Desde 2012 y hasta 2021 el Estado nacional destinó 11.548 millones de dólares en concepto de subsidios directos a las empresas petroleras y gasíferas con el propósito declarado de desarrollar Vaca Muerta.
Si se agregan las proyecciones de este 2022 la cifra ascenderá a los 12.609 millones de dólares en concepto de subsidios, que en un país hundido en la pobreza y la inflación fueron a parar a las manos de poderosos empresarios del sector petrolero.
Massa anunció desde Neuquén esta semana una serie de medidas que vuelven a beneficiar al sector empresario y entre ellas se destacan la continuidad de los subsidios del Plan Gas.Ar -posiblemente su ampliación con el Plan Gas 5-, la libre disponibilidad de dólares por parte de las compañías -entre un 30 y un 40% de lo que exporten- y la posibilidad de efectuar importaciones sin restricciones a través de un «canal verde».
La totalidad de los subsidios energéticos nacionales representaron para el Estado un gasto de 128.522 millones de dólares y la mayoría de esos fondos estuvieron destinados a subsidiar el consumo de energía eléctrica a través de CAMMESA; pero casi el 10% en promedio fue direccionado hacia las empresas petroleras.
Sin grieta para las petroleras
Sin la famosa grieta que divide a oficialistas y opositores en los últimos diez años, con administraciones peronistas y macristas, la aspiradora de los subsidios a las petroleras se transformó en uno de los más rotundos fracasos en materia energética.
El 9,8% de todos los subsidios que destinó el Estado en materia de energía fue a parar a manos de poderosos grupos empresarios y una década más tarde Vaca Muerta apenas incrementó sus niveles de producción en detrimento del gas existente en el resto de los yacimientos convencionales del país.
Lejos en el horizonte aparece la posibilidad de alcanzar el autoabastecimiento gracias a los hidrocarburos no convencionales y menos aún se observa en el panorama la chance de transformar a la Argentina en un país exportador de gas con fuerte incidencia mundial.
Mientras los precios de los commodities internacionales siguen por las nubes el Gobierno nacional desaprovecha la oportunidad de aumentar sus ingresos para hacerse fuerte en sus arcas y al mismo tiempo acumular reservas, pero en paralelo sigue destinando miles de millones de dólares para la producción y desarrollo de infraestructura -como los 2.600 millones de dólares necesarios que saldrán del Estado para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner- en Vaca Muerta.
Hasta 2015 los subsidios a las petroleras representaron un promedio del 8,5% de todos los subsidios energéticos. Sobre un total de 44.594 millones de dólares en subsidios totales, a las petroleras le correspondieron 3.812 millones entre los años 213 y 2015.
Con la llegada del macrismo las proporciones se inclinaron mucho más en favor de las empresas y promediaron el 24,8% de todos los subsidios. Mientras la gestión de Mauricio Macri achicó los subsidios a consumidores de esta energía a los 33.204 millones de dólares, los destinados a las petroleras subieron a los 8.242 millones entre los años 2016 y 2019.
Ahora con la gestión de Alberto Fernández y el Frente de Todos los subsidios a la energía significarán -sumando las proyecciones para este 2022- un total de 38.532 millones de dólares y a las empresas del sector le van a corresponder 3.192 millones.
En este período se observa claramente la continuidad de una política energética en favor de las empresas. Afectada la economía por la crisis económica heredada desde 2018, con los efectos de la pandemia y las imposiciones de recorte del gasto público que dictó el Fondo Monetario Internacional -con la famosa página 13 de ajustes exigidos-, el gobierno buscó la forma de seguir subsidiando a las petroleras. Es por eso que destinó 632 millones de dólares originados como parte del impuesto a las grandes fortunas que recaudó de manera única y extraordinaria en el 2021.
Las proyecciones para este 2022 están efectuadas en base a los datos publicados por la Asociación Argentina de Presupuesto Público (ASAP), donde se determinó que hasta el primer semestre se había ejecutado el 47,2% de todos los subsidios energéticos; pero que en el caso del Plan Gas Resolución 46 había sido del 85% y en el del Plan Gas IV el 13%.
Nuevamente se quedarán con el 8,2% de los subsidios energéticos totales, siempre y cuando no disminuya bruscamente el subsidio a los usuarios por la segmentación y se incremente el de las empresas tras anuncios de Massa para la segunda mitad del año.
El récord de subsidios lo logró Macri en 2016 con un total de 2.919 millones de dólares y el segundo montó más abultado correspondió al año pasado cuando la administración de Alberto Fernández les dio a las petroleras 1.524 millones de dólares en subsidios.
Muchos subsidios para altas importaciones
La abultada cantidad de fondos que el Estado nacional destinó al sector empresario no se tradujo en una reducción drástica de las importaciones de gas, ni tampoco en un aumento notable de la producción gasífera nacional.
A pesar de tamaña cantidad de subsidios empresarios, las importaciones de gas siguieron impactando fuertemente en las arcas del Estado nacional y en una década se debieron usar 31.360 millones de dólares para importar gas natural de Bolivia y gas licuado trasladado por barcos.
Si se suman los 4.500 millones de dólares que se gestarían en importaciones en este 2022, la cifra total asciende a los 35.860 millones de dólares para traer el gas que no se produce en el país.
El pico de importaciones de gas se produjo en el 2014 con 75.210 millones de Barriles Equivalentes de Petróleo (BOE según la sigla en inglés) comprados en el exterior y que representaron un gasto de 5.889 millones de dólares a pesar de haberse concretado dos años de subsidios a las petroleras.
Luego esas magnitudes en volumen y dólares fueron declinando, pero no se debió al tanto al incremento de la producción sino mas bien al menor consumo de gas producto de los tarifazos y la crisis económica que fue paralizando al país en los años subsiguientes.
Inclusive el rebote económico del 2021 no hizo que las importaciones llegaran a los niveles anteriores a la pandemia y la crisis desatada en el 2018, aunque en este 2022 la disparada de los precios internacionales del gas llevaría las importaciones a una cifra cercana a los 4.500 millones de dólares.
Lo cierto es que más allá de los abultados subsidios a la producción en Vaca Muerta, el país debió seguir importando gas en proporciones importantes generando un desbalance de dólares y en las cuentas públicas.
Fueron 4.948 millones de dólares de importaciones de gas en promedio durante el kirchnerismo de Cristina, para luego descender a los 2.060 millones durante el macrismo y serán cerca de los 2.600 millones en estos tres años del Frente de Todos.
Si bien las importaciones bajaron considerablemente en los últimos seis años, en este 2022 pegaron un salto que las volvieron a ubicar en los peores niveles del cristinismo y rondarían los 4.500 millones de dólares; pero en el medio se dilapidaron más de 12.600 millones de dólares en subsidios que supuestamente eran para aumentar la producción gasífera y así bajar las importaciones. Nada de eso sucedió.
Una pila de subsidios para conseguir solo un 2,7% más de gas
Una de las claves que muestra el rotundo fracaso de las políticas implementadas en diez años para fomentar Vaca Muerta se observa en el nivel de producción de gas.
Cuando arrancaron los subsidios a las petroleras en el 2012 el país producía 263 millones de BOE en gas natural, de los cuales 95% correspondían a los yacimientos convencionales y sólo un 5% a los no convencionales.
Lentamente los yacimientos convencionales, inclusive los localizados en la Cuenca Neuquina como el de Loma La Lata, fueron perdiendo terreno frente a los no convencionales de Vaca Muerta.
En el 2021 se extrajeron 271 millones de BOE y la suba respecto del 2012 apenas fue del 2,7% en nueve años de producción subsidiada a las compañías por parte del Estado, esa variación fue de apenas 7,2 millones de BOE y con 11.548 millones de dólares volcados por los gobiernos a la extracción de gas no convencional en Vaca Muerta.
El gran cambio se observa el pasado ya que cerró con un 53% de producción gasífera convencional y el 47% restante correspondió a la no convencional, pero en números globales la extracción sigue siendo casi la misma que hace una década atrás.
En este 2022 la tendencia se ha invertido el gas no convencional ya representa el 53% de todo lo producido en el país, profundizándose el desequilibrio con las cuencas y yacimientos maduras de los convencionales que apenas aportaron el 47%.
El desempeño de las petroleras no se tradujo en un crecimiento significativo la producción gasífera nacional, sino que para aprovechar los subsidios estatales desplazaron sus inversiones y sus planes extractivos a Vaca Muerta en detrimento de los yacimientos de gas convencional que perdieron la mitad del terreno que ocupaban por no estar subsidiados por el Estado.
Es de esperar que con la sostenimiento de los subsidios estatales a las petroleras y con las nuevas obras de infraestructura como el gasoducto, las compañías sigan volcando sus inversiones y planes productivos hacia Vaca Muerta porque allí es donde obtienen mayores beneficios; no solo por los subsidios sino también por las condiciones de flexibilización laboral que se aplican en los yacimientos no convencionales y que en ocasiones han generado multiplicidad de obreros muertos y accidentados en esas áreas productivas.
Párrafo aparte merecen los pueblos originarios arrasados por el extractivismo depredador y los constantes sacudones tectónicos que producen los temblores de la tierra en las poblaciones que se encuentran cercanas al mega yacimiento de hidrocarburos no convencional.
Vaca Muerta es hasta el momento una clara y contundente expresión de la década perdida, esencialmente para el Estado, aunque no así para las petroleras.
Los gobiernos dilapidaron 12.609 millones de dólares subsidiando la producción no convencional, pero los niveles totales de gas aumentaron apenas un 2,7% en diez años. Ahora se suman las cuantiosas inversiones estatales en obras de infraestructura y la continuidad de los subsidios estatales que posiblemente tomen aún más fuerza, pero las suculentas ganancias seguirán quedando en manos del capital privado. Ahí el FMI no exige ajuste y deja correr los subsidios del Estado que generan el tan criticado «gasto público».
Eso sí, el ajuste con la segmentación y aumento de las tarifas recaerá sobre los trabajadores y la clase media que deberán arreglárselas como puedan, ya sea consumiendo menos o usando más dinero para pagar tarifas que ya no estarán subsidiadas.
La lógica capitalista y extractivista sigue en pie
desde Macri a Fernández, quienes dejan de lado cualquier grieta en su política energética. Paralelamente el Estado hace el consabido papel de «bobo» para continuar utilizando miles de millones de dólares en sostenimiento y desarrollo de un proyecto productivo que después de diez años solo ha dejado fracasos que pagan todos los argentinos.
FUENTE: El Extremo Sur
Neuquén. Las Angosturas de Beraja:
La continuidad de una maniobra
fraudulenta
por Susana Lara / Resumen Latinoamericano, 14 de agosto de 2022
Loteo del proyecto inmobiliario Puerto Nahuel, levantado sobre tierras compradas en operaciones que fueron parte del vaciamiento del Banco Mayo.
Veinte años no alcanzaron para liberar a Villa La Angostura de la sombra de los negocios fraudulentos del banquero Rubén Beraja, ex titular de la DAIA y responsable de la quiebra del ex Banco Mayo, que afectó a cientos de ahorristas y también al Banco Central de la República Argentina en 1998. El proyecto inmobiliario Puerto Nahuel se levantó sobre tierras compradas en operaciones que fueron parte del vaciamiento de ese banco. Los inversores del proyecto del primer hotel cinco estrellas de la localidad quedaron envueltos en las maniobras financieras de sociedades anónimas argentinas y otras offshore. Este año, la Justicia Federal porteña dispuso la quiebra del abogado Juan Saúl Jinkus, del grupo de abogados de Beraja, quien personalmente despojó a un grupo de inversores de Puerto Nahuel, que ahora buscan recuperar sus fondos y compensar las pérdidas.
Por la misma fecha de la suspensión del Mayo en 1998, Beraja compró algo más de once hectáreas sobre la costa norte del lago Nahuel Huapi para Agro Malén S.A., que todavía no estaba legalmente constituida. Recién en 2001 esa firma fue inscripta en la ciudad de Buenos Aires, se presentó el proyecto en las oficinas de Obras Particulares del municipio y se inició la construcción del complejo. Tres años después se conformó Lagos del Sur Argentino S.A. En 2005, se asociaron Agro Malén y Lagos del Sur Argentino para Puerto Nahuel. En toda esa primera etapa, la cara visible del proyecto fue el abogado Gabriel Jinkus, hijo del titular de la quiebra decretada en abril de este año por el juez Horacio Robledo, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial 24. La fracción del hotel paralizado la registró Andrea Caletti, con domicilio en San Martín de los Andes, como propiedad de Agromalén.
Mientras el mercado inmobiliario ofrecía en venta fracciones de un loteo de alta gama, en tribunales porteños aparecían pruebas de los dos lotes en la maraña de sociedades en paraísos fiscales y transacciones entre firmas de los mismos propietarios. En marzo de 1998, el financista Pedro Stier, involucrado en el contrabando de armas a la guerra de los Balcanes, firmó un boleto de compra-venta de las tierras neuquinas con Mayo Holding Cooperativa Limitada por tres millones y medio de dólares. A la vez, el mismo día se realizó una permuta por la que Mayo Holding C.L. cedió a Banco Mayo las tierras de La Angostura y recibió a cambio un inmueble en CABA. Al día siguiente, Banco Mayo cedió los derechos sobre esas tierras a Esces S.A. Toda la maniobra está acreditada en el expediente judicial que inició el fideicomiso formado para la reestructuración del Banco Mayo, entre otros legajos que acumularon la misma prueba.
La vía de la quiebra personal de algunos de los partícipes directos de la maniobra inmobiliaria local puede ser, en parte, compensadora no sólo de las pérdidas económicas, sino también de la impunidad con que se movieron estos capitales en la Cordillera. Empleados municipales y obreros de la construcción soportaron la prepotencia y arbitrariedad de los directivos de Agro Malén durante la etapa de la construcción. Después, los compradores de algunas fracciones del barrio privado padecieron la ira de Jinkus padre. En 2014, la Justicia neuquina condenó a Jinkus, junto a Agro Malén y otros particulares, a restituir esos inmuebles al consorcio de co-propietarios Puerto Nahuel club de campo, hotel, resort y spa en 2014.
Nueva etapa
El consorcio de propietarios estafados formó en 2011 el fideicomiso Teknin S.A. para finalizar el complejo turístico Puerto Nahuel. Reclamaron judicialmente la restitución de bienes que lograron en 2014, la quiebra de Jinkus en Buenos Aires y el reclamo por el cobro de las pérdidas millonarias que se tramita en un juzgado local. Catastro de la provincia reconoce que la fracción del hotel es propiedad de Teknin, pero en el Registro de la Propiedad Inmueble de Neuquén, hasta mayo de este año, todavía estaba vigente la fracción mayor (que incluye el hotel), inscripta por Gabriel Jinkus en gestión de negocios para Proyectos Inmobiliarios Patagónicos S.A. Falta precisar en qué momento se hizo el enroque de la titularidad de la tierra de Caletti por Agro Malén a Jinkus por Proyectos Inmobiliarios, quien también integraba el directorio de Agro Malén.
La trayectoria de Agro Malen tiene momentos destacados. En 2008, el presidente del directorio fue Juan Carlos Pessolano, quien diez años antes actuó por poder de Stier en la maniobra original. La firma agoniza mientras sigue el trámite del concurso preventivo en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial 19. Actúa en Villa La Angostura a través de Guillermo Hensel como apoderado, abogado que fue parte del gobierno municipal de Roberto Cacault (Movimiento Popular Neuquino), que en 2001 aprobó el proyecto inmobiliario.
La documentación que respalda esta nota consta en el expediente municipal de la obra de construcción (iniciado en 2001), el legajo de la clausura de la obra del Tribunal de Faltas (2005), la causa Puerto Nahuel por la restitución de los bienes (fuero local), el expediente de la quiebra de Jinkus padre (federal porteño) y la causa del Banco Comafi S.A. contra Agro Malén por la maniobra de las tierras con dinero de los ahorristas del Mayo, entre otras fuentes.
A pesar que hay muchos millones en juego, el caso de Puerto Nahuel no se discute públicamente. La burbuja informativa protege a la burbuja de la especulación inmobiliaria.
FUENTE: El Cohete a la luna
Envio:RL
PLAN PUENTE EMPLEO
Convertir los planes sociales en trabajo genuino, el próximo objetivo del gobierno
Beneficiaría en su etapa inicial a 200 mil personas. Es una iniciativa de Massa, que permitirá al sector empresario contratar personal y afrontar parcialmente el pago de los salarios durante un año.
14/08/2022
El Gobierno establecerá un programa para convertir los planes sociales en empleo genuino, con acuerdo de los sectores empresarios que contratarán al personal y afrontarán parcialmente el pago de los salarios.
El proyecto, que tiene la intención de beneficiar inicialmente a cerca de 200 mil personas, fue elaborado por el equipo del ministro de Economía, Sergio Massa, y se denomina «Puente Empleo» para la «Transformación de Planes, Programas Sociales y Prestaciones de la Seguridad Social en Trabajo Formal de Calidad», confirmaron fuentes de esa cartera.
La iniciativa consiste en que «los titulares de programas sociales y de empleo nacionales vigentes que sean contratados por un empleador y que cumplan con la capacitación y los cursos de formación que se establezcan (dependiendo del tipo de empleo) podrán seguir percibiendo los beneficios y prestaciones que otorgan dichos programas por un año y el empleador completará el resto para llegar al salario de convenio», explicaron las fuentes. También destacaron que «el programa ‘Puente Empleo’ se establecería por DNU para darle mayor seguridad jurídica».
La iniciativa actual dispone que «el trabajador mantiene de manera temporal por un año la estabilidad del plan. Al año el trabajador debe decidir si mantiene el plan u opta por el trabajo formal con obra social, ART y todos los beneficios de estar en el mercado laboral».
En cuanto a los beneficios para los empleadores, «por un año el Estado se hace cargo de parte del salario (la parte del plan que se mantiene)», añadieron los voceros de Economía. El programa «Puente al Empleo», destacaron, «apunta a incorporar 200 mil trabajadores de la economía social».
«Fundamentalmente, se busca que las incorporaciones se den en empleadores de hasta 100 trabajadores, que son el 98% del total de los empleadores según las últimas estadísticas a mayo publicadas por el Boletín de Seguridad Social», añadieron.
Este programa, dijeron las fuentes, «permite avanzar en sectores de la economía donde muchas veces el temor a perder el plan hace que la persona no quiera incorporarse al mercado laboral formal, como ser trabajadores del citrus, arándano, construcción, trabajadores rurales, tabaco y demás economías regionales».
Los detalles para terminar de diseñar el plan Puente Empleo fueron analizados por los expertos del equipo económico de Massa el viernes pasado en una reunión que se extendió hasta la madrugada del sábado. También hubo reuniones el sábado y este domingo incluso en oficinas del Frente Renovador que lidera el ministro, en Avenida del Libertador al 800.
Poco después de ser designado en Economía, Massa dijo que el Gobierno va a trabajar en el reordenamiento de los planes sociales. Anticipó en ese sentido este proyecto por el cual «aquel que tiene un plan ingresa a una empresa y mantiene durante un año el plan como base» mientras el empleador «paga la diferencia del salario de convenio más la ART y la obra social».
«Sobre los planes sociales encararemos una política de reordenamiento durante los próximos 12 meses, poniendo foco en tres ejes: vuelta al mercado de trabajo, fortalecimiento de cooperativas y protección en caso de situaciones de vulnerabilidad», afirmó en esa ocasión.
En octubre del año pasado, cuando era presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Massa, presentó un proyecto de ley con el mismo objetivo: convertir los planes sociales en empleo genuino.
«Estamos promoviendo una herramienta que permite a las pymes, a las provincias, a los municipios y a los actores de la economía popular tomar el plan como parte del salario y que el trabajador tenga el acceso a la obra social, al aporte jubilatorio y a su seguro», explicó entonces en un video, cuando presentó el proyecto.
SE MOVILIZA LA CGT
Sin mesa para alinear precios y salarios, crece el debate en el gobierno a favor de una suma fija
La idea del presidente de convocar a empresarios y gremios no prosperó. En la coalición de gobierno, el ala kirchnerista impulsa aumentos por decreto. Se moviliza la CGT.
14/08/2022
Foto: Presidencia
A una semana de la convocatoria a gremios y empresarios, uno de los anuncios clave que hizo el ministro de Economía Sergio Massa apenas asumió, poco y nada se avanzó. Apenas hubo una declaración del presidente Alberto Fernández este martes desde Lomas de Zamora. Luego, según pudo saber Tiempo, las invitaciones no se cursaron ni hacia el lado empresario ni hacia el mundo del trabajo. Por lo pronto, si el camino sigue trabado, no se descarta que el kirchnerismo presione por la aplicación de un decreto del Ejecutivo que garantice la masividad del aumento para los sectores populares.
«No hay nada», sintetizó una autoridad de la CGT. «Por acá la cosa no pasó», adujeron en la cartera laboral que conduce Claudio Moroni. Es que algunos sindicatos poderosos, recelosos de que se evalúe el otorgamiento de una suma fija que los corra de su lugar de representación sindical, salieron a expresar su disconformidad. Pero, su posición, si bien goza de la hegemonía tradicional, no es la única ni la mayoritaria dentro del fragmentado y diferenciado movimiento obrero argentino. Así lo habían expresado los secretarios generales de la CGT Héctor Daer y Carlos Acuña; Andrés Rodríguez de UPCN; Alejandro Amor de Sutecba y José Luis Lingeri de SGBATOS, quienes la semana anterior habían visitado Casa Rosada para posicionarse en contra de una suma fija entregada por el Gobierno.
Por el contrario, la CTA de Hugo Yasky y los sectores más combativos de la CGT, quieren que se renegocien las tradicionales paritarias, pero también están a favor de la implementación de la suma fija. «Además de la paritaria, en el contexto inflacionario en el que estamos hay un aumento fijo implementado desde el gobierno, ¿por qué habríamos de decir que no?», cuestionó Omar Plaini, secretario de Políticas Económicas y Sociales de la Confederación General del Trabajo. «La marcha del 17 va a ser multitudinaria. Es en defensa propia, y contra los sectores que intentan desestabilizar al gobierno con corridas cambiarias, como el núcleo sojero, la cúpula del PRO, la cámara empresaria americana», sostuvo el canillita.
Plaini planteó que los sindicatos que se agrupan en el Frente Sindical por el Modelo Nacional (Fresimona) no están en contra de la suma fija. Estos gremios gravitan en torno a la representación de camioneros, bancarios y aceiteros, tres sectores bien ubicados en la estructura productiva, lo que les brinda un estratégico poder de negociación ante cualquier medida de fuerza, pero a la vez también tienen una gran estructura y representatividad interna.
De hecho, la suma fija, que beneficiaría especialmente a la base de la pirámide salarial, el sector más castigado por los inclementes porcentajes inflacionarios mes tras mes, es promocionada desde el Senado -con el habitual mensaje que cada tanto enviaban de manera conjunta Cristina Fernández y Sergio Massa, cuando era presidente de la cámara baja-, al aplicar esa metodología de aumento a los trabajadores y trabajadoras del Congreso. Esta práctica se convirtió en una tradición dentro del Frente de Todos para marcar el porcentaje de aumento al resto de la clase trabajadora.
De hecho, esa forma de llevar adelante los aumentos sin los dirigentes de la cúpula sindical a la cabeza, también sirvió para traccionar desde el Senado –en un movimiento de pinzas con el oficialismo en Diputados– los aumentos del salario mínimo vital y móvil, garantizar moratorias previsionales para 800 mil personas que iban a quedar sin cobertura este año, y también ahora, promocionar un proyecto de ingreso básico para las personas que están debajo de la línea de indigencia, con la firma de la senadora Juliana Di Tullio.
Tiempo pudo saber que más allá del vedetismo de algunos sectores sindicales representativos de la cúpula obrera, pero que no tienen conexión con casi el 40% del trabajo no registrado, también hay resistencia al acuerdo de salarios y precios por parte del empresariado, que vio reducidos sus costos laborales gracias al más eficaz de los mecanismos de baja salarial que es la inflación. El contacto con esos sectores lo está tejiendo Massa, bajo un vigilado pedido de la vicepresidenta, de que los aumentos a los y las trabajadoras no sean trasladados a precios, y menos en esta vorágine inflacionaria.
Por lo pronto, con los únicos empresarios con los que llegó a reunirse Massa en esta maratónica semana fueron los ruralistas, productores de alimentos y de divisas, quienes fueron al encuentro con un pliego de demandas encabezado por la quita de los derechos de exportación. Nada más lejos de la necesidad del gobierno en este momento, sediento de dólares.
Es que hacia los edificios de estas sedes patronales querían marchar los sindicatos agrupados en la Corriente Nacional Sindical, sin embargo, la movilización quedó fijada desde el Obelisco hacia la Plaza de los Dos Congresos. Las consignas todavía están en discusión y, según confirmaron fuentes sindicales, terminarán de ser cinceladas en un texto conjunto que intente visibilizar los nombres de las empresas productoras y comercializadoras de alimentos, junto con los de sus dueños.
Fuente:TiempoArgentino
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