30 de septiembre de 2022

TROPEL del 30.09.2022

A más de un año de su promulgación

la Ley de Educación Ambiental es un

debate pendiente

Por Fabio Primo, Resumen Latinoamericano 29 de setiembre de 2022.

La norma, votada y promulgada en 2021, se estructura en el modelo de “desarrollo sostenible” imperante, pero contempla aspectos más progresivos. Docentes, ambientalistas y funcionarios analizan la demora del Gobierno en la puesta en marcha, valoran el paraguas que genera para los docentes que impulsan un debate crítico y coinciden en que abre una disputa de sentido pedagógico-política.

Ha transcurrido más de un año desde la promulgación de la Ley de Educación Ambiental Integral. En el pasado, diversos proyectos de ley habían perdido estado parlamentario. En este caso, la propuesta contó con apoyo directo del Poder Ejecutivo nacional. La norma propone incentivar procesos educativos que aborden contenidos específicos y transversales tendientes a la concientización ambiental. “Se trata de un proceso que defiende la sustentabilidad como proyecto social, el desarrollo con justicia social, la distribución de la riqueza, preservación de la naturaleza, igualdad de género, protección de la salud, democracia participativa y respeto por la diversidad cultural”, sostiene la letra del texto promulgado en junio de 2021. Sin embargo, la aplicación muestra una distancia entre sus objetivos, la pregnancia social del proyecto y el rol del Estado nacional para ponerla en marcha.

Un común denominador que pareciera atravesar a las diferentes realidades es la falta de impulso de estos principios en los ámbitos educativos, en el espacio docente, donde se ejerce la práctica pedagógica. Además de la acción del Estado, será necesaria la concertación de lo que el filósofo Carlos Cullen llama “una ética político educativa”, una férrea actitud que ordene discurso y práctica en contextos áulicos.

Al analizar la actualidad de la Ley de Educación Ambiental, Pablo Sessano —educador ambiental, especialista en Gestión Ambiental Metropolitana y Gestión de Políticas Públicas Ambientales e integrante del colectivo Encuentro Verde por Argentina— advierte que “la ley viene atrasada en todos los aspectos” y apunta la demora en la conformación de la Coordinación Ejecutiva de la Estrategia Nacional de la norma y el Consejo Consultivo, organismos clave para su puesta en marcha. Y marca que el espíritu de la norma sostiene el modelo desarrollista imperante y presente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 que emanan de Naciones Unidas, pero deja abierta la posibilidad de instalar otras agendas desde las aulas.

Por su parte, Luis Fernández, profesor de Geografía e integrante de la Red de Docentes por la Vida que trabaja en mesas de conversación sobre la norma en toda la provincia de Buenos Aires, señala que, por el momento, “tenemos ley, pero no tenemos fuerza que la impulse”, como desafío para la concientización del propio gremio docente y también como deuda del Estado: “Desde los ministerios no se meten en las escuelas a trabajar esta temática”. Fernández valora que la ley ya funciona como un amparo para problematizar las problemáticas locales frente a campañas de las empresas multinacionales, del agronegocio o mineras, que inyectan recursos para matizar los impactos de sus actividades.

Desde el Ministerio de Educación, María Laura Canciani, licenciada en Ciencias de la Educación e integrante del equipo técnico del Área de Educación Ambiental Integral, valora lo que se logró con la redacción de la ley al volcar conceptos ligados al pensamiento ambiental latinoamericano y señala que la norma ya está generando cambios internos en la práctica pedagógica, en la disputa de sentido dentro de las aulas. “En Argentina tenemos muchas leyes de educación ambiental provinciales y un montón de prácticas de educación ambiental que ya están sucediendo. Entonces, hay un desafío muy grande para poder construir un enfoque crítico”, sostiene.

“La pandemia tendría que haber servido para impulsar muchísimas debates ligados a la agenda ambiental”

La militancia ambiental es prolífica en la producción legislativa. Al igual que otras leyes, la actual Ley de Educación Ambiental Integral tiene como parteros a integrantes de organizaciones socioambientales. Pablo Sessano trabajó intensamente en el texto original que el Frente de Todos impulsó con cambios, para convertirse en Ley tras los proyectos fallidos presentados en 2014 por Adriana Puiggrós y más tarde por Pino Solanas.

“La gestión pública tiende a ser lenta. La Ley viene atrasada en todos los aspectos”, apunta Sessano. Se refiere a la conformación de la Coordinación Ejecutiva de la Estrategia de la Estrategia nacional de la norma, que debe articular a los Ministerios de Ambiente y Educación con representantes del Cofema (Consejo Federal de Medio Ambiente) y del Consejo Consultivo que debe estar integrado por organizaciones de la sociedad civil. “El contexto de pandemia tendría que haber servido como una excusa para impulsar muchísimas debates ligados a la agenda ambiental y creo que el Gobierno se conformó con tener una Ley”, lamenta el educador y representante de la sociedad civil. Asegura que desde el Ejecutivo “no hubo una evaluación de cuáles eran los problemas por los cuales realmente se necesitaba esta Ley”.

En ese sentido, Sessano hace una primera evaluación sobre el texto aprobado y cómo impacta en la cotidianeidad de las escuelas al subrayar que no compromete a las provincias ni a los municipios en su implementación sino que deja la coordinación al Estado Nacional. “La Ley al día de hoy no ha traído ningún cambio”, sentencia.

—¿Qué aspectos positivos y qué aspectos negativos le ve a la letra de la Ley?

—Me parece que tener una Ley así en cierto modo movilizó a los actores que están vinculados directamente, especialmente a los educadores. Movilizó insuficientemente, pero movilizó. Uno podría decir: ¿por qué necesitamos una Ley para movernos? La ley contribuyó a que mucha gente se sintiera apoyada y tuviera un poco más de optimismo. La Ley lo que pone en agenda es un debate al interior del mundo educativo, pero no solamente, sobre que educación ambiental es la que estamos queriendo ¿Es una educación anclada en el pensamiento latinoamericano o es una educación para el desarrollo sostenible? Yo creo que un defecto de la Ley es que se alinea con toda claridad en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, pero también es cierto que hay un montón de conceptos dentro de la Ley que contradicen un poco esa mirada.

—¿Qué puede ocurrir con esas contradicciones presentes en la Ley?

—Esto es muy interesante, porque si bien la norma adscribe a la lógica desarrollista, deja abiertas algunas cuestiones que emergen como contradicciones en la propia Ley. Eso es interesante si se da un debate. Ahí es donde pienso en la importancia de los educadores, que son los que deben poner ese debate en agenda. Otro factor relevante es el de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental de las universidades. Esta es una propuesta interesante. Es débil ya que no las interpela, pero de todas maneras las deja ligadas a un compromiso de plantar el debate dentro de las casas de estudio.

Educar para proteger la vida o educar para el desarollo — Foto: Nicolas Pousthomis / Subcoop

“Hay un desafío muy grande para poder construir un enfoque crítico”

Las propuestas legislativas vienen tomando un rol de imposición de agenda. El Estado Nacional cuenta con una robusta legislación que le permitiría intervenir o resolver tantísimos problemas, pero el drama es menos institucional que político. El fomento legislativo, por un lado, afina el marco y habilita a la participación ciudadana; por el otro, configura un espacio para disputa política donde los diversos actores —en particular los colectivos— pueden incidir y presionar. Surge también una discusión en torno a esta estrategia —como puede verse otras propuestas legislativas como la Ley de Humedales—, que es el hecho que erige a la ley como conquista y al Estado como ejecutor ¿Qué pasa cuando el Gobierno no muestra voluntad de avanzar con esas agendas o está muy condicionado? ¿La puja se da sólo en la esfera burocrática?

“La ley se inserta en una disputa por el sentido. Por eso es tan importante poder leerla en el marco de un campo de disputa que entiende lo ambiental y lo educativo como ámbito a construir. Yo creo que es una ley que nos permite elaborar un sentido integral, transversal, político, que pone a los conflictos ambientales como oportunidades de enseñanza. Es un punto de partida desde donde seguir trabajando por su efectiva implementación desde el Estado”, analiza María Laura Canciani, licenciada en Ciencias de la Educación e integrante del equipo técnico del Área de Educación Ambiental Integral del Ministerio de Educación.

Canciani considera que la disputa es fundamentalmente político-pedagógica y que en las escuelas ya está ocurriendo. Se da un proceso diferente al de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI), que fue una ley muy limitada sancionada en 2006 y cuyo proceso en los términos pedagógicos que hoy se ve en las aulas sucedió después. Creo que la Ley de Educación Ambiental ya forma parte de un debate.

—¿En qué momento está ese desafío de aportar una mirada crítica?

—No todas las prácticas de educación ambiental tienen ese enfoque. La Ley está operando de un montón de maneras. Hay provincias que están revisando sus propias leyes y están avanzando para sacar su propia legislación. El hecho mismo de que exista una Ley es importante para las escuelas. El sistema educativo es muy vertical, jerárquico y muy formal. Entonces no es lo mismo tener Ley que no tener. Ya está habilitando y legitimando un montón de prácticas. También es una protección para los docentes que haya una legislación.

—¿Qué otras particularidades nota en la aplicación de esta Ley respecto del contrapunto que hace con la de Educación Sexual Integral?

—Esta Ley tiene una particularidad en torno a los principios que la ordenan. Tiene todo un preámbulo que a priori no es tema que la norma deba regular. Esos artículos fueron muy discutidos y se lograron poner. Tiene una marcada orientación pedagógica, que, si bien son generales, están ahí. Los principios están ligados a la igualdad de género, a la orientación holística, el principio de ejercicio de derechos y participación, de problemáticas ambientales como oportunidades de enseñanza, de recuperación y respeto de las culturas indígenas. Ese es un aspecto muy importante. Por ejemplo, uno no ve en la Ley de ESI el enfoque y los principios que la ordenan. Eso fue construyendo después en la propia práctica pedagógica y en la misma propuesta de política pública. La ley de EAI logró incorporar muchos aspectos que están ligados al Pensamiento Ambiental Latinoamericano y eso no fue fácil. Es muy fácil criticar, pero en la disputa por las palabras, en qué se pone y cómo se pone esto es muy importante. El artículo 1 dice que la Educación Ambiental es un derecho –esto nunca se destaca – y para mí eso es muy importante. Por supuesto, hay que llevarlo a la práctica.

“Hay que trabajar es una batalla cultural muy fuerte hacia adentro del colectivo docente”

¿Puede ser la Ley de Educación Ambiental Integral el dique de contención que no deje pasar los proyectos extractivos en las aulas? Si bien es cierto que el sistema educativo público, de impronta urbano, cuenta con anticuerpos para frenarlos: ¿Qué pasa en los territorios? ¿Qué margen tienen las instituciones donde el agronegocio, la minería u otras formas de explotación son las que tienen la “sartén por el mango”?

Allí, en esas zonas, los docentes se organizan para denunciar los abusos y cuidar a las poblaciones. Ejemplo de esto es la Red de Docentes por la Vida, un amplio agrupamiento de docentes de tantísimas localidades del país que denuncian al lobby empresario en las propias a escuelas fumigadas con agrotóxicos. Una bandera de esa lucha es la fallecida docente Ana Zabaloy.

“¿Dónde encontramos el problema de la Ley de Educación Ambiental? En las ambigüedades de la norma y la política pública que se lleva adelante. La ley es bien clara cuando habla de ‘compromiso ambiental intergeneracional’, pero no hay compromiso posible si se está acordando a 30 o 40 años con las empresas, cuando ya no quede más nada, cuando queden las comunidades arrasadas. La ley nos permite que la escuela sea un lugar para problematizar, en eso es clara. El problema que tenemos acá es el grado de colonialidad que tienen muchos de nuestres compañeres docentes. En lo primero que tenés que empezar a trabajar es una batalla cultural muy fuerte hacia adentro del colectivo docente, para luego salir hacia afuera”, reflexiona Luis Fernández, profesor de Geografía Social e integrante de la Red de Docentes por la Vida.

El ex director de la Escuela Secundaria 5 de Saladillo (Buenos Aires), rebautizada por la comunidad como “Andrés Carrasco”, describe la cotidianeidad de las escuelas que integran la Red y el abanico que abrió la Ley: “En todo el territorio nacional luchamos contra empresas como Bayer-Monsanto, que vienen y te ponen la plata para el invernáculo en las escuelas agropecuarias. Esos casos nos sirven para problematizar, pero los primeros casos los damos los militantes. Es ahí donde la escuela se transforma en un campo de disputa. Lo importante es que la Ley nos ampara, nos da un margen para que no venga el gerente de una empresa a decirle a la directora que frene a algún docente o a la hora de denunciar las fumigaciones en las zonas linderas al área urbana. Ahí tenemos el amparo para decir “bueno, paren un poco”. Hay una expectativa positiva.

—¿Cómo ve la implementación de esta Ley, a la luz de que debe operar sobre una educación federalizada?

—Actualmente vengo trabajando como capacitador para la región, no solo en Saladillo. Desde este lugar vengo desarrollando mesa de conversación con docentes, directores y personal educativo. De los 70 o 60 que se habían anotado solo quedaron diez ¿Qué pasó en el medio? Esta iniciativa está abierta a los docentes, pero en horarios de trabajo. Ahí tenés una contradicción. Por un lado, se abre el espacio y la invitación, pero por el otro no se otorgan los permisos al personal. Si esta formación fuera de ESI tendría otro impulso. Está bien, con todos los años que tiene la ESI de funcionamiento. Tenemos Ley, pero no tenemos fuerza que la impulse. Desde los ministerios no se meten en las escuelas a trabajar esta temática. Los que impulsamos esto terminamos quedando en minoría respecto de todo el arco existente. Si nosotros no tenemos un apoyo para poder transformar estos espacios, no podemos.

Fuente: Agencia Tierra Viva

Thelma Fardin contó que Darthés

le solicitó a la Justicia brasileña que

no se reanude el juicio por abuso

sexual

Resumen Latinoamericano 29 de setiembre de 2022.

Las audiencias se retomarán este jueves en Sao Pablo, Brasil. Quedan dos instancias, en donde deben declarar testigos de la defensa y el acusado.

El actor denunciado por abuso sexual Juan Darthés presentó mediante su defensa un escrito para impedir que se reanude el juicio en su contra que se tramita en los tribunales de Brasil. En el texto, detalló que busca resguardar su salud mental. Así lo contó Thelma Fardin en sus redes sociales este martes por la noche mediante la publicación de un video en donde cuestionó los tiempos judiciales y habló de la revictimización que padece.

Cómo sigue el juicio a Juan Darthés en Brasil

Antes de este reciente pedido, Darthés había presentado una medida similar para frenar el proceso en tribunales inferiores. Ahora, busca que el Superior Tribunal de Justicia Federal de Brasil haga lugar a su pedido en la recta final del juicio en su contra, cuando solamente restan dos audiencias antes del veredicto.

En la primera de las dos últimas audiencias -que en principio está pautada para este jueves- está previsto que declaren los testigos aportados por la defensa y en la segunda será el turno de declarar de Darthés.

«Desde el primer día del juicio en su contra por abuso sexual Darthés afirmó que quiere que ‘se sepa la verdad’. Pero lo cierto es que primero se fugó de la justicia de Nicaragua y ahora que no puede eludir el juicio en Brasil su estrategia es suspenderlo«, remarcó Fardin. Según su análisis, Darthés busca frenar el proceso «por la contundencia de las pruebas y los testimonios en su contra«.

El abogado de Darthés y la revictimización

Por otro lado, Thelma Fardín mencionó en sus redes que Darthés contrató al «abogado más caro de Brasil» para que lo represente y desplegó un manto de sospecha respecto a desde dónde surge el financiamiento del actor denunciado por abuso sexual infantil.

«Ya la sensación de estar enfrentando al poder es muy fuerte. ¿De dónde salen los recursos? Es un tipo conocido por ser quien defiende a los poderosos de Brasil, (…) gente que busca impunidad como está buscando Darthés«, completó Thelma.

Por otra parte, la actriz se refirió a la revictimización que padece debido a los extensos tiempos judiciales ycuestionó que «el sistema judicial se empeña en garantizar la protección del silencio de los victimarios, a cualquier precio».

En la misma línea, remarcó: “No puede ser que esto (la causa) no termine más. Quién aguanta, quién puede aguantar. Si ya no aguanto yo que tengo bancada de abogados, Amnistía Internacional. ¿Quién aguanta? ¿Qué es lo que le está diciendo el sistema a las víctimas de abuso sexual?”.

El proceso judicial contra Darthés

El proceso empezó en diciembre de 2018 cuando Fardin presentó en Nicaragua una denuncia por abuso sexual agravado contra Darthés, por un hecho cometido en 2009 durante una gira de la novela argentina Patito Feo, cuando ambos integraban el elenco y ella tenía 16 años.

A mediados de 2019, Nicaragua requirió la apertura de un proceso penal contra el actor por considerarlo autor directo del delito de violación agravada. Entonces, el caso fue acogido por el Ministerio Público Federal (fiscalía) de San Pablo.

El proceso judicial, del cual participaron tres países -la Argentina, Brasil y Nicaragua-, tuvo 11 testigos, que declararon de manera virtual ante el juez Ali Mazloum, quien interrumpió el debate oral en febrero pasado ante un planteo realizado por la defensa del acusado.

Esta resolución fue apelada por Fardin y repudiada por las organizaciones de mujeres de toda la región, logrando, más de un mes después, que el mismo Tribunal Regional revirtiera su decisión en un fallo histórico y dispusiera que la causa continúe tramitando en la justicia federal.

Tercer día después de una jornada

de movilizaciones y acampe a nivel

federal

Resumen Latinoamericano, 29 de septiembre de 2022.

La Coordinadora por el Cambio Social comunicó en la redes sociales que continuaba la permanencia del acampe en la 9 de Julio, tercer día después de una jornada de movilizaciones y acampe a nivel federal. Alrededor de las 18 hs, tras una asamblea piquetera, se decidió marchar a Trabajo para apoyar la lucha de los trabajadores del SUTNA, y seguidamente se anunció que si de aquí a la próxima semana, el Gobierno no abre una puerta al diálogo, las medidas de lucha se radicalizarán aún más, produciendo jornadas de cortes de rutas y puentes en todo el país.

Compartimos el comunicado publicado en las redes sociales de la Coordinadora por el Cambio Social:

El gobierno en su posición de plan de ajuste no atiende los reclamos del sector de desocupadxs piqueterxs que es el más afectado en una coyuntura donde se hace cada vez más difícil sostener la buena alimentación de nuestrxs niñxs en los territorios donde el gobierno solo asistiria a sus aliados y quienes se alinean con ellos si no hubiera organizaciones sociales.
Mediante el ministro de desarrollo social Juan Zabaleta, el gobierno plantea expresamente no atender a las peticiones de las organizaciones sociales y políticas, como así tampoco al sector asalariado expresión de la lucha del gremio del neumático SUTNA, lxs docentes y sanidad de ATE ni tampoco a los estudiantes que también están dando una pelea por la sana y necesaria alimentación para las respuestas neuro cognitivas adecuadas que lxs niñxs y adolescentes necesitan en su etapa de desarrollo y aprendizaje.
Cuando las posiciones más nefastas plantean intencionalidad política (que si la hay pero en un sentido de profundidad que no es el que los voceros, funcionarios y medios distorsionan e intentan instalar) para desviar el foco de la verdadera emergencia alimentaria, social, sanitaria, educativa, habitacional, laboral a partir de la aceleración de la descomposición social por una crisis post pandemia que vino a visibilizar aún más las profundas miserias humanas, políticas, económicas y sociales de una clase política del establishment capitalista que solo garantiza la mayor concentración de la riqueza de las sociedades (de las naciones) por una minoria que acapara la rentabilidad de la tierra (propia y expropiada), la explotación de lxs trabajadores en el mercado formal e informal legal e ilegal, la apropiación del excedente producido y la súper explotación de los bienes comunes y recursos naturales; y no olvidemos los mecanismos financieros para multiplicar el patrimonio mediante los diferentes dólares convenientes según el sector dependiendo de la presión que hagan para hacerse de la divisa, junto con los movimientos de cuentas de capital («blanqueado») con los distintos metodos especulativos para poder fugar la mayor cantidad de dólares posibles que se van por peso en kilogramos y no por cantidad, o también en cuentas de empresas off shore, lavado de activos, corrupción en la obra pública con el favoritismo amigo concesionario, prebendas, jubilaciones de privilegio, en fin toda la red estructural y para estructural que garantiza la contención del «derrame» sistematicamente en favor de los intereses más concentrados en la fuga de capitales regulado jurídicamente y no.
La complejidad de la situación de pobreza estructural que viven lxs sectores desempleadxs, empleadxs en negro, y asalariadxs es límite, estos últimos encuadrados en aparatos burocráticos (es una vergüenza llamarlos sindicatos) que impiden la unificación de la lucha de lxs trabajadorxs siendo cómplices de los índices inflacionarios, el aumento de tarifas, el piso y techo salarial, la reforma previsional, el acuerdo con el FMI, la degradación y pauperización de la clase trabajadora en general. Ayer se dio la encuesta por medio de la EPH de INDEC del primer semestre 2022. Los burócratas, empresarios, políticos y funcionarios ya sabemos, que ni siquiera se van poner colorados.

Ley de Humedales: tras la suspensión

del tratamiento, ambientalistas se

manifiestan frente al Congreso

Resumen Latinoamericano, 29 de septiembre de 2022.

Organizaciones ambientalistas denuncian «un lobby que presiona para que no salga» la regulación sobre los humedales en el territorio nacional. Todos los bloques parlamentarios consensuaron aplazar el tratamiento a partir de un pedido de los gobernadores del Norte Grande.

En desarrollo

Integrantes de organizaciones ambientalistas y movimientos sociales manifestaban en la mañana del jueves frente al Congreso para que se apruebe la Ley de Humedales y denunciaron la existencia de «un lobby que presiona para que no salga» esa iniciativa, luego de que suspendiera el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados que tenía previsto reunirse para emitir dictamen sobre el tema.

Con carteles con leyendas como «Basta de ecocidio al servicio del FMI», «Destruir humedales es ecocida-No sancionar la Ley también» y «Basta de extractivismo. Ley de humedales ya», los manifestantes cortaban desde las 10 el tránsito sobre la avenida Rivadavia a la altura de calle Riobamba, frente al Palacio Legislativo.

El miércoles, a instancias de la mayoría de los presidentes de los bloques parlamentarios, fue suspendido el plenario de las comisiones de Recursos Naturales, Agricultura y Presupuesto que este jueves trataría los proyectos de ley para la protección y gestión sostenible de los humedales.

Con las firmas de los presidentes de bloque Germán Martínez (Frente de Todos), Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (PRO), Juan Manuel López (Evolución Radical), Luis Di Giacomo (Provincias Unidas) y Margarita Stolbizer (Encuentro Federal), se solicitó que «se fije una nueva fecha» para la continuidad del debate, «con el objeto de escuchar las posiciones de los gobiernos provinciales».

Así sucedió luego de una carta enviada por los gobernadores de la región Norte Grande, que pidieron que en el debate sea tenida en cuenta una propuesta elaborada en el marco del Consejo Federal de Medio Ambiente que, no obstante, aún no fue enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso.

En este sentido, indicaron que ese proyecto de ley «representa la expresión más federal y de mayor consenso en los últimos años» y plantearon que «debería ser tomada en cuenta en este debate».

Lobby contra la Ley de Humedales

En ese contexto, las organizaciones ambientalistas que se habían convocado para el jueves para reclamarle al plenario de comisiones la urgente sanción de una norma -en un contexto agravado por los recurrentes incendios forestales que afectan a esos ecosistemas- redoblaron el reclamo frente a la suspensión del encuentro en el que las expectativas estaban puestas en dar un paso clave con la emisión de un dictamen de mayoría.

Al respecto, Ivo Peruggino, integrante de la Multisectorial Humedales, declaró a Télam que «la situación es verdaderamente vergonzosa, estos son los lobbies que vienen presionando desde hace más de 10 años para que la ley no salga y que durante todo el año operan desde las sombras, pero que en algún momento cuando lo consideran estratégico salen a la luz como lo vimos esta semana con falacias y falsos estudios».

«La verdad que es lamentable que se expongan tantas mentiras y que queda completamente a la vista de todos que esto es una ley que viene a diferenciar lo que es producir de lo que es destruir y es evidente que hay gente que no le conviene porque no saben producir sin devastar los territorios y sin someter a la población a la enfermedad y a la pobreza», denunció.

Por su parte, Jésica Gentile, coordinadora del Colectivo Socioambiental Red Eco Socialista, sostuvo que la movilización es porque «el escándalo que volvió a protagonizar la clase política ayer cuando decidió de manera unilateral e improvisada suspender el plenario de comisiones para tratar la Ley de Humedales cuando había un cuarto intermedio de la semana pasada donde había un compromiso de que saliera un dictamen hoy».

«Sigue existiendo la misma orientación de hace 10 años de seguir ralentizando algo que democráticamente han decidido las comunidades con un proyecto de ley consensuado por mñas de 300 organizaciones, donde están universidades públicas, científicos, asambleas y asociaciones medioambientales. Es crucial proteger nuestros principales aliados para enfrentar la crisis climática como son los humedales», sentenció Gentile, en declaraciones a Télam.

En el mismo sentido, Bruno Rodríguez, miembro de Jóvenes por el Clima, afirmó que «la dilatación del debate del proyecto de Ley de Humedales consensuado por la sociedad civil y distintos actores, no surge por generación espontánea, nuestros servidores públicos en este contexto están respondiendo ante otros intereses que no son los que participaron en la configuración del proyecto que hoy tenemos».

«Esto no solamente atenta contra un reclamo histórico, como lo es la exigencia por la aprobación de una ley que no solo protege a los ecosistemas sino también interviene directamente sobre la calidad de vida de la gente, sino que también es un atentado contra la calidad democrática», aseveró Rodríguez.

Represión policial contra organizaciones

sociales que cortaron la Autopista

porteña 25 de Mayo

Resumen Latinoamericano, 29 de septiembre de 2022.

A tono con el discurso y las prácticas represivas que viene teniendo, la Policía de Ciudad avanzó contra manifestantes en la Autopista 25 de Mayo. Los movilizados provenían del acampe piquetero que durante tres días permanecieron frente al Ministerio de Desarrollo social sin que el Gobierno nacional les haya dado alguna respuesta.

Este jueves, cerca de las 13hs, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires reprimió a organizaciones sociales que se hallaban manifestándose sobre la Autopista 25 de Mayo. Eran parte de las jornadas de lucha, con acampe incluido, que tienen lugar desde el martes.

El Gobierno de Larreta viene planteando una política represiva abiertamente. La agresión contra las organizaciones sociales y de desocupados es correlato de la persecución abierta que existe contra les estudiantes secundaries que vienen tomando colegios en la Ciudad.

Las organizaciones sociales y de desocupados se mantienen acampando sobre la avenida 9 de julio desde el martes pasado. En ese lapso de tiempo, no han recibido ningún tipo de respuesta -ni siquiera mínima- por parte del Ministerio de Desarrollo Social.

En el caso del Gobierno nacional y el Frente de Todos, eso se corresponde con el ajuste que se viene impulsando en función del acuerdo con el FMI. Un ajuste que este miércoles fue defendido por el ministro de Economía Sergio Massa en el Congreso.

Fuente: Izquierda diario y Prensa Obrea