La UTA tiene prevista huelga de transporte miércoles y jueves
Audiencia decisiva antes que apaguen los motores
Sindicato y la Fatap harán un último intento por destrabar el conflicto por el aumento salarial del 35%. Los empresarios presionan por más subsidios o más tarifa.
Los empresarios del transporte de pasajeros y la Unión Tranviarios Automotor volverán a reunirse hoy en el Ministerio de Trabajo en un intento de última hora por destrabar el conflicto salarial y las medidas de fuerza previstas para este miércoles 12 y jueves 13 que lanzó el sindicato que nuclea a los choferes. De confirmarse el paro de 48 horas afectará a la ciudad ya que UTA Rosario adhiere.
La audiencia será definitoria y es la continuación de la que fracasó la semana pasada. Si bien la medida ya está anunciada, el Ministerio de Trabajo siempre tiene la herramienta de la conciliación obligatoria para estirar las negociaciones entre las partes, más cuando se trata de un servicio esencial como este.
La semana pasada UTA programó la huelga de 48 horas ante la imposibilidad de acordar una actualización salarial hasta fin de año. El sindicato reclama un 35% pero los dueños de los colectivos argumentan que no tienen los recursos para financiarlo. Sostienen que se aumenta la tarifa o se incrementan los subsidios estatales.
“Transportamos 9.000.000 de usuarios diariamente y los trabajadores del interior no podemos cobrar nuestro aumento salarial. Nos encontramos en medio de una disputa entre los gobiernos provinciales y el Estado Nacional, sobre quién se hace cargo del acuerdo salarial”, anunció el sindicato nacional. Cabe recordar que para los servicios que se prestan en el Área Metropolitana de Buenos Aires ya hubo acuerdo.
"Si bien hay que esperar a ver qué pasa en la reunión entre empresarios y gremios de mañana (por hoy) veo un escenario muy complicado. El gremio defiende el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores, y Fatap dice que para eso se necesitan más subsidios o tarifa. Con respecto a que haya más subsidios de Nación, no veo ningún gesto en ese sentido; y en relación a aumentar tarifa ya estamos muy al límite", indicó ayer el subsecretario de Transporte de la provincia, Osvaldo Miatello a Rosario/12.
De hecho, a fines de septiembre los gobiernos municipales de Rosario, Santa Fe y Córdoba acordaron un aumento de 22% en la tarifa. En el caso de Rosario pasó de 59 a 85 pesos.
Actualmente el gobierno nacional tiene un acuerdo firmado con las provincias que vence el 31 de octubre que compromete 38 mil millones de pesos en subsidios para 2022, son 8 mil millones menos de lo que se había acordado en el Congreso para el Presupuesto de este año y que finalmente no se aprobó. A pesar de eso, los funcionarios del Ministerio de Transporte se comprometieron a garantizar ese monto.
Esos 8 mil millones faltantes deberían cubrir las necesidades de noviembre y diciembre, pero con el incremento que está solicitando la UTA, en línea con la inflación, los cálculos previos no cierran tampoco.
Como el transporte de pasajeros es un servicio regulado, las tarifas no aumentaron al mismo ritmo de la inflación, que empuja hacia arriba los costos de mantenimiento y salarios.
A eso se agrega la diferencia notable en el reparto de subsidios entre el AMBA y el resto del país, que recibe mucho menos. Esta disparidad viene de hace años, pero desde la pandemia a este tiempo ha puesto en pie de guerra a los gobernadores de todos los signos políticos, que reclaman un mayor aporte de Nación al sistema.
El incremento de la masa de subsidios en este rubro fue uno de los puntos del pliego escrito que la Liga de Gobernadores le envió al jefe de gabinete Juan Manzur en las horas previas al ingreso del proyecto de Presupuesto 2023 al Congreso.
Sin embargo en el Ministerio de Economía la idea sobre qué hacer con las partidas de subsidios en 2023 va en otro sentido. En el proyecto de presupuesto figura una cifra 50% mayor que la prevista para este año, pero la inflación prevista en el propio presupuesto es 60%. O sea que ya hay 10 puntos menos de entrada sobre el cálculo oficial. Además, pocos creen que sea realista al estimación de una inflación de 60%. Todas las expectativas para el año próximo la ubican muy por encima.
Con ese panorama, Osvaldo Miatello avizora difícil que la medida de fuerza de esta semana se pueda evitar. "El único aliciente, a diferencia de los conflictos de 2020 y 2021, es que la recaudación diaria influye más porque se recuperaron la cantidad de pasajeros y la tarifa. Esto hace que a los empresarios no les dé lo mismo que los colectivos circulen o estén parados. En aquellos tiempos influían menos en el financiamiento del sistema".
Amenaza
Una amenaza de bomba generó preocupación y obligó a realizar un operativo de desalojo en la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno durante la última jornada del fin de semana largo y cuando era muy importante la circulación de pasajeros. Durante una hora el ingreso y salida de micros y pasajeros estuvo interrumpido. En ese tiempo personal de la Brigada de Explosivos de la Unidad Regional II de Policía realizó el procedimiento que se extendió a los alrededores de la terminal, ya que todo el movimiento de carga y descarga de los ómnibus se trasladó a las calles del perímetro de la Mariano Moreno.
Sadop denunció espionaje del ministerio en asambleas
"Grababan y además tomaban notas"
Así lo denunció el secretario genereal del gremio de los docentes particulares Martín Lucero y responsabilizó a Educación
El secretario general del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) de Rosario, Martín Lucero, denunció la "infiltración de seis delegados que hicieron espionaje en las asambleas y con grabaciones" que, según dijo, "trabajaban" para el Ministerio de Educación provincial.
Lucero declaró que "esto empezó el día del comienzo del paro, en agosto, cuando nos enteramos de que había cinco compañeros y una compañera que se habían tomado 'licencia para la campaña de la lista Celeste y Blanca', algo que no existe porque los delegados siguen trabajando aunque haya elecciones en el gremio".
El dirigente abundó que "estos delegados infiltrados iban a las asambleas y tomaban nota de las opiniones de los compañeros y compañeras, si alguno puteaba lo agarraban aparte para hablar con él y hasta hay algunas grabaciones que me hicieron".
"Esto es institucionalmente muy grave porque el Ministerio (de Educación de la provincia de Santa Fe) licenció a estos compañeros en distintas áreas como un Ente Bilingüe y Educación Carcelaria, y los puso a hacer espionaje con personal y fondos de la provincia", enfatizó.
"Yo no creo que esto llegue hasta el gobernador (Omar) Perotti, que no debe estar ni enterado, esto es algo de la ministra Adriana Cantero o de algún funcionario con quienes vamos a hablar ahora. Y, si no, iniciaremos acciones judiciales", anticipó.
Lucero señaló que si bien Cantero es ahora la ministra de Educación, "antes era empleadora nuestra en una escuela franciscana, está como (el exministro de Energía de Macri, Juan José) Aranguren, que estaba de los dos lados del mostrador".
El Sindicato Argentino de Docentes Particulares en Rosario vive además una situación interna por una lista que se presentó y quiere disputarle la conducción a Lucero. La nómina está integrada por antiguos dirigentes del sector.
Para beneficio de cooperativas que prestan el servicio de agua
Pero el dique surge en Diputados
Por unanimidad y sin debate se aprobó en el Senado de la Provincia de Santa Fe un proyecto de ley que busca que dejen de ser discriminados los usuarios de los servicios de agua potable y cloacas prestados por cooperativas y comunas en toda Santa Fe. A diferencia de lo que ocurre con Aguas Santafesinas SA, esos prestadores no cuentan con la ayuda oficial que cubre los déficits de la compañía estatal que solo cubre 15 distritos y las necesidades sanitarias de 1,8 millones de santafesinos. Pero existe otro millón que tiene el servicio municipal, comunal o cooperativo, que no cuenta con ese flujo de recursos estatales.
Con las actuales niveles tarifariios en Assa hoy la mayoría de los usuarios tiene subsidiado entre un 55 y un 30% de sus consumos reales (con caudalímetro) o asignados (según la superficie y el valor del inmueble servido). En cambio para los socios de las cooperativas o los habitantes de comunas y municipalidades con los llamados "otros prestadores" en el marco regulatorio provincial esas ayudas no existen, señaló el diario El Litoral.
La media sanción del Senado se repite por quinta vez. El senador Armando Traferri (PJ-Nes-San Lorenzo) logró la aprobación de sus pares pero ya ha chocado en cuatro oportunidades con la indiferencia de la Cámara de Diputados.
El autor de la norma entiende que se debe asignar "un aporte no reintegrable a todas las cooperativas y comunas que prestan servicios de agua potable y saneamiento, equivalente al precio de 1.200 metros cúbicos de agua según el régimen tarifario vigente para ASSA, que deberá ser transferido a los beneficiarios, como una manera de equilibrar una situación que es doblemente injusta porque los usuarios de los sistemas de agua potable y cloacas de las cooperativas y de los municipios y comunas también contribuyen con sus impuestos a los subsidios que solo llegan a Aguas. En los considerandos, el jefe del bloque Juan Domingo Perón sostiene que de avanzar el texto en Diputados se verán beneficiados un millón de ciudadanos santafesinos".
Boqueteros
Se llevaron 40 millones
Nuevo alcance de pensiones para personas travestis
Flamantes derechos de la 5110
El Senado aprobó la modificación a la Ley 5110, que amplía el alcance de pensiones y contempla como beneficiarias a personas travesti trans mayores de 35 años -de forma permanente-, y de manera temporal -por un año-, a mujeres que estén atravesando situaciones de violencia machista. “Lo que hace esta modificación es atender a las nuevas demandas de este siglo en materia de derechos y tiene en cuenta e intenta reparar una desigualdad histórica en relación a las personas travesti-trans porque además de estas modificaciones concretas la ley fue modificada para que en su redacción tenga perspectiva de género y de derechos humanos, eliminándose expresiones que ya no están acordes al mundo contemporáneo”, dijo la subsecretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad, Nerea Tacari.
“En relación a la inclusión de las personas travesti trans mayores de 35 años, recordemos la situación de vulnerabilidad en la que muchas vivieron y viven, sosteniendo una expectativa de vida entre 35 y 40 años. Con ésta y otras acciones como el Espacio Educativo Trans, Travesti y Disidente, los cupos trans en los distintos niveles del estado y otras medidas nos proponemos achicar esa brecha. Lo mismo en el caso de las mujeres que están atravesando situaciones de violencia, la pensión por un tiempo determinado le va a permitir tener un ingreso monetario ya que entendemos que la dependencia económica está al pie de la pirámide que sostiene un vínculo violento”, agregó.
“Estamos muy contentas de que se haya dado este paso, que también está enmarcado en un trabajo que llevamos adelante desde el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad, con las autoridades de la Caja de Pensiones Sociales de la provincia, su director José Luis Rosetto, y que tiene como antecedente las demandas de los activismos y militancias de las organizaciones travesti-trans de nuestro territorio, como por ejemplo Comunidad Trans de Rosario”, finalizó.
Fuente:Rosario12
Delito y control social
Una década de persecución penal a Los Monos, rupturas y continuidades.
Impotencia estatal frente a la violencia narco, como legitimadora de respuestas
“extraordinarias”. La Embajada y la DEA en Santa Fe.
La acción estatal por medio del Poder Judicial sobre el narcomenudeo, la violencia
asociada a esa actividad ilegal y el control territorial de zonas de la ciudad de Rosario
por parte de las organizaciones criminales que operan en esos mercados ilícitos muestra,
en la confrontación de dos investigaciones orientadas hacia Los Monos que están
distanciadas por casi una década, algunas continuidades y rupturas que merecen
atención. Su comparación puede llevar a la idea de que “todo está igual”, o “peor”, como
si el tiempo no hubiese transcurrido entre la caída de los cabecillas de la banda de zona
sur en 2013 y la de sus descendientes en octubre de 2022, casi diez años después. Las
continuidades, así, están llamadas a promover impotencia o desazón en la comunidad y
las rupturas a difundir aún más temor, porque “los pibes” parecieran exponer con menos
tamices su violencia, algo propio de esta era de la exhibición. Todas esas sensaciones
permiten habilitar –ante ese aparente “fracaso” del Estado por controlar o regular el
problema narco– salidas punitivas “excepcionales” ante un cuadro de situación, también
“excepcional”, que justifique ceder derechos y garantías individuales y colectivas en pos
de obtener mayor “seguridad” y “tranquilidad”. Un representante del Ministerio Público
Fiscal (MPF) de Rosario, que viene pensando hace largo rato acerca de este asunto,
recordó esta semana a El Eslabón que una situación acaso homologable –aunque en
contextos dispares y cuando la violencia de entonces era de índole “política”– se produjo
en los años previos al golpe de Estado de 1976, que convocó la salida represiva ilícita
desde el Estado con anuencia social. De sus consecuencias todavía se están encargando
hoy los Tribunales Federales de las distintas jurisdicciones del país, 40 años más tarde.
Aquellas experiencias dictatoriales tuvieron en América latina el apoyo explícito del
gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, que hoy no provee capacitación en méto
dos de tortura a militares por medio de la Escuelas de las Américas, sino entrenamiento y
recursos a los operadores judiciales para la nueva guerra: la amenaza del narcotráfico.
Y, de paso, contra la “corrupción”, casi enteramente asociada en la región a las experiencias
políticas emancipatorias subvaluadas como “populismo”.
Jueces, fiscales y defensores locales acceden a las capacitaciones que a través del Centro
de Estudios de Justicia de las Américas (Ceja) se ofrecen en alianza con la agencia
International Narcotics and Law Enforcement (INL), de la Embajada de Estados Unidos
en Argentina.
Cuarenta años después, el foco de atención parece estar puesto hoy en el Poder Judicial
como instrumento de legitimación de los intereses de Estados Unidos en el sur de
América.
Diez años después
En 2013 el –luego legítimamente cuestionado– juez de instrucción penal de Rosario, Juan
Carlos Felipe Vienna, escribió en el procesamiento a buena parte de la que entonces era
la banda Los Monos y su pata policial –a la que investigaba por el asesinato de Martín
Fantasma Paz–, que “la asociación ilícita no existe para cometer tal o cual figura delictiva
individual, sino a los fines de asegurar el control de ciertas zonas geográfica de la ciudad
de Rosario y de ciertas personas y autoridades y el usufructo de dicho control, el ejercicio
de cierto gobierno de facto por sobre toda otra autoridad”.
Entonces remarcó que “nos hallamos frente a abiertos controladores de zonas y personas,
proveedores de «seguridad», prometedores de violencia, que en dicho marco usufructúan
negocios diversos y exclusivos, legales o no, entre ellos el de la droga”.
Para Vienna, el “objeto fundacional, prioritario y aglutinante de la banda investigada es lo que podría denominarse como «el negocio de la violencia»”.
“No estamos en presencia de meros narcotraficantes, amparados en el secreto y la
clandestinidad, abocados al mero intercambio”, sino que “nos hallamos frente a abiertos
controladores de zonas y personas”, razonó el juez, mientras se conocía su relación con
el padre del Fantasma, Luis Paz, con quien compartía la afición por viajar al Norte para
asistir a veladas boxísticas. Un tiempo después, Paz fue condenado por narcotráfico.
En octubre de 2022, ya con el nuevo sistema procesal penal, fue la fiscal Marisol Fabbro
la que señaló, en el legajo en el que fue imputado con prisión preventiva Uriel Luciano
Cantero, un pibe de 18 años acusado de comandar una banda polirubro, que “esta
organización criminal procuró ocupar y dominar sectores y barrios de la ciudad de Rosario
y excluir de allí a bandas antagónicas, con el fin de obtener beneficios económicos
producto de diversas actividades ilícitas, como su expansión territorial”.
Según la investigación de la fiscal, la organización liderada por Lucho Cantero, su madre
Lorena Verdún (viuda del asesinado Claudio Pájaro Cantero) y la pareja del primero, Érica
Bullón, actúa “con mucha influencia en la zona sur de la ciudad de Rosario y alrededores,
que opera principalmente en los barrios La Granada, Las Flores, Las Delicias y Barrio
Plata”.
Si para Vienna, en 2013, los jefes de Los Monos Ariel Guille Cantero, Ramón Machuca
–alias Monchi Cantero– y los demás procesados tenían por objetivo “asegurar el control
de ciertas zonas geográfica de la ciudad de Rosario”, para Fabbro en 2022 el hijo del
Pájaro y su novel banda “se comportan como dueños del territorio y ninguna actividad
puede tener lugar allí sin su venia”.
Una escucha del caso, correspondiente a una intervención telefónica, revela ese fin de
dominio territorial por parte de joven Cantero.
Se trata de una conversación que tiene con su tía, Vanesa Barrios, la pareja de Guille
Cantero, en la que discuten por una vivienda del barrio 17 de Agosto en la que, en
apariencia, el hijo del Pájaro metió a su gente, cuando el inmueble pertenece a su tío,
que cumple en prisión múltiples condenas por más de 80 años.
Enojado, dice Lucho Cantero a su tía: “Y acá a Guille no lo metas, porque Guille no corta
ni pincha conmigo y el barrio «es mío», quédense tranquilos que el barrio es mío, ahora
estoy yo, yo soy el barrio ese sabés, el barrio si quiero me lo dejo todo para mí, decile
vos y a quien vos quieras, corta”.
En ambas investigaciones, correspondientes a un mismo grupo familiar ligado a la criminalidad
pero que abarca a dos generaciones, puede establecerse la continuidad del “negocio de
la violencia” y el objetivo de “control” o “dominio” territorial para el desarrollo de conductas
ilícitas.
Sembrar el caos
Que con una diferencia de casi diez años dos operadores del Poder Judicial redacten
acusaciones similares, con un claro hilo conductor que une a dos generaciones en los
mismos delitos, son motivo de desazón e impotencia social y profundización del temor.
Si bien es cierto que la mayor parte de la violencia altamente lesiva se circunscribe a
territorios situados, puntuales, que abarcan alrededor de un 15 por ciento del mapa
rosarino, su repetición más o menos constante desde hace una década, cuando Rosario
comenzó a duplicar o triplicar la tasa media de homicidios nacional, tiende a alimentar la
idea de que “todo está igual”.
Que los cambios de Gobierno, de ministros de Seguridad o de jefes policiales son
inocuos, frustrantes, más de lo mismo.
Esa base de descreimiento en las capacidades estatales para resolver el problema –que,
en rigor, consiste en regularlo legal o ilegalmente para disminuir su cariz de violencia
extrema–, es terreno fértil para la aceptación social de experiencias punitivas
“extraordinarias” que lesionen garantías y derechos individuales y colectivos, en pos de
“una solución”.
Esa es la hipótesis del representante del MPF antes mencionado, quien traza una posible
analogía entre los años previos al golpe de Estado de 1976 que permitió instaurar con
cierta legitimidad social el terrorismo de Estado –como solución última a la “anarquía”–,
y la creciente violencia asociada a organizaciones criminales que no encuentra adecuada
respuesta institucional en la ciudad.
Algo así como un “dejar hacer” en materia de narcocriminalidad que produzca grandes
problemas, para los que se requieran grandes soluciones. En una escala que no es
comparable con Rosario, Colombia y México atravesaron por esas experiencias. Allí es la
Drug Enforcement Administration (DEA) la reguladora de esos mercados.
En-bajada
La misma fuente advierte sobre la injerencia cada vez mayor de la Embajada de Estados
Unidos en la Argentina en el Poder Judicial, por vía de centros de estudios, asociaciones
u organismos oficiales que proveen capacitación, apoyo y recursos en la materia.
Una de ellas es el Ceja, con sede en Santiago de Chile, un “organismo intergubernamental
del Sistema Interamericano, con autonomía técnica y operativa, que tiene como misión
apoyar los procesos de reforma y modernización de los sistemas de justicia en las
Américas”.
Durante septiembre pasado, el Ceja organizó en forma conjunta con la Oficina
Internacional de Asuntos de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por su sigla en inglés,
un organismo de la Embajada de EEUU en Argentina) una serie de “talleres” con operadores
judiciales de Santa Fe y Mendoza.
Los mismos tuvieron “como primordial objetivo fortalecer el proceso de implementación
del sistema acusatorio en aquellas jurisdicciones de la justicia federal que próximamente
asumirán el desafío de instalar un nuevo modelo de justicia”, el sistema acusatorio que
Santa Fe implementó en la Justicia ordinaria en 2014.
Bajo la misma tónica, el 18 y 19 de este mes, en el Centro Cultural Kirchner, el Ceja
organiza junto al INL (Embajada), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias
Penales y Sociales (Inecip) y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(UNODC), el Seminario Internacional “La implementación del sistema acusatorio en la
Justicia Penal Federal en Argentina”.
En agosto, el mismo mes en que el gobernador Omar Perotti recibió al embajador de
Estados Unidos en la Argentina, Marc Stanley, y que la DEA “pasó el dato” para el
secuestro de más de una tonelada y media cocaína acopiada en un galpón del barrio
Empalme Graneros, el Ceja organizó en la Facultad de Derecho de Rosario un seminario
denominado “La persecución penal del narcotráfico desde la experiencia internacional”.
Participaron el decano de la casa de estudios, Hernán Botta; el ministro de la Corte
Suprema provincial, Daniel Erbetta; el Fiscal General de Santa Fe, Jorge Baclini; la
defensora general, Jaquelina Balangione; y el representante de INL, Jéremie Swinnen.
La primera conferencia, sobre la “construcción de matrices de información sobre las
organizaciones criminales del narcotráfico, estuvo a cargo del fiscal federal en del distrito
Este de Pennsylvania, Jacson Grenell, y del fiscal de la Agencia de Criminalidad Organizada
de Rosario, Luis Schiappa Pietra, el acusador en los juicios a Los Monos y su rival, Esteban
Alvarado.
En febrero de este año, Perotti anunció que Estados Unidos capacitará y dará asesoría a
la Policía de Santa Fe para “combatir el narcotráfico”. Como una declaración de impotencia
interna.
En ese marco, con funcionarios de la Embajada se acordó “la puesta en práctica en la
provincia de un Programa de Entrenamiento con la Policía de Virginia en tareas de
inteligencia e investigaciones complejas”.
Mientras que en materia de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos “se acordó trabajar
sobre el fortalecimiento institucional con un programa de capacitación que será brindado
por las agencias internacionales de Naciones Unidas, el Centro de Estudios de Justicia de
las Américas (Ceja) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales
(Inecip)”. Las brujas no existen pero que las hay, las hay.
Para docentes y estudiantes
La Red Cossettini celebra sus 20 años con la Jornada educativa Tramas de un legado
que tejen horizontes. Será el 15 de octubre, en la Biblioteca Argentina, de Presidente
Roca 731. El encuentro es gratuito y está destinado a docentes, investigadores,
estudiantes y todos quienes deseen conocer las experiencias pedagógicas de las
hermanas Olga y Leticia Cossettini.
De acuerdo con el programa de la jornada, la recepción de las y los asistentes comenzará
a las 8.45, y estará a cargo de Cuchara Clown (Ayelén Romero). A las 9 será la presentación
de la red y del video alusivo Nuestra Red tiene su historia, a cargo de su coordinadora
Amanda Pacotti y Alvaro Escobar.
Luego habrá un espacio de Mesas de Diálogos en simultáneo. Una de estas mesas será
sobre Cooperativismo Escolar, coordinada por Alejandra Ferrer. El objetivo de esta
mesa de diálogo es dar a conocer el cooperativismo escolar como herramienta pedagógica,
en base a la experiencia llevada adelante por Olga Cossettini entre 1935 y 1950 en la
Escuela Nº 69 Dr. Gabriel Carrasco. A partir de la misma, reflexionar sobre las posibilidades
y alcances que ofrece el cooperativismo escolar en la actualidad en los ámbitos educativos.
Otra de las mesas abordará Experiencias pedagógicas, coordinada por Marcelo Vasquez.
En este espacio se propone abordar experiencias innovadoras en la educación inicial y
primaria en clave Cossettini.
También en ese espacio de diálogo, una de las mesas será sobre Asamblea de niños y
jóvenes, estará coordinada por Horacio Cárdenas. La invitación es a discutir sobre
escenas escolares en las cuales las chicas y los chicos toman la palabra como
ejercicio de ciudadanía.
Al cierre de las Mesas de Diálogos será el momento de la puesta en común desde
lenguajes artísticos, estará coordinado por María Fernanda Foresi. El cierre estará a
cargo de Olga Sotelo (por la Escuela N°299).
A 20 años
La propuesta de la Red Cossettini para el encuentro del próximo 15 de octubre es
compartir una jornada de reflexión y aprendizaje en ocasión de los veinte años de su
creación. “En el 2002 comenzaba una acción sostenida en el tiempo que enlaza la
herencia pedagógica de las hermanas Cossettini y reflexiona sobre la escuela en los
contextos actuales. La Red acompañó a los educadores durante este tiempo
interpelando sus prácticas, proponiendo instancias de intercambios de experiencias y
planificando propuestas de desarrollo profesional”, repasan desde la organización
pedagógica.
La Red tiene como metas -desde su fundación- promover el legado Cossettini,
reflexionar sobre el quehacer docente cotidiano, descubrir la presencia de la Escuela
Viva en cada una de las prácticas que resisten, interrumpen e inauguran una escuela
diferente e inclusiva. Además de aportar experiencias de diferentes educadores del
país que en su práctica pedagógica diaria se han nutrido de la experiencia Cossettini.
Inscripción y certificados
La Red Cossettini otorga certificados de asistencia a quienes participen de la jornada
del sábado 15. Tienen acreditación de la Escuela Normal Superior N° 36 Mariano Moreno.
Para participar hay que inscribirse previamente, a través del enlace disponible en el perfil
de Facebook de la Red Cossettini
Fuente:RedaccionRosario
Dejan en Canal 5 una amenaza
de muerte a periodistas:
"Con la mafia no se jode"
La pintaron en una tela que colgaron en el predio de la
emisora de Telefé. Exige "dejar de ensuciar y condenar a los
pibes". Antecedentes recientes.
En el enrejado perimetral de Canal 5, sobre avenida Belgrano al 1000, amaneció este martes con una tela colgada y en ella una amenaza de muerte directa destinada a periodistas en general.
El mensaje fue escrito con pintura en color rojo oscuro y con el dibujo pequeño de un ataúd: "A todos los medios de Rosario: Dejen de ensuciar y condenar a los pibes con la lengua porque vamos a matar periodistas. Con la mafia no se jode. Si no, caravana con El Noba", reza la intimidación anónima.
El episodio remite a una serie de amenazas del mismo tenor y anonimato difundidas a través de papeles impresos y algún pasacalle, arrojados en distintos puntos de la ciudad como la sede de la Agencia de Investigaciones Criminales, Lamadrid al 400, en el Centro Municipal de Distrito Sur (Uriburu al 600), barrio Arroyito, entre otros.
En esos casos, la amenaza tenían por destinatario directo dos fiscales penales de Rosario, a cargo de investigar una organización criminal que responde a las órdenes de René Ungaro, detenido y condenado en la cárcel de Piñero. Por ese caso han sido imputados un mes atrás Juan Manuel Santa Cruz, de 26 años y Leonel Denis, de 19, quienes además tenían armas de fuego en su poder al momento de caer detenidos en el barrio Molino Blanco.
Luego de eso, el Sindicato de Prensa Rosario denunció un mensaje en la red social Twitter, escrito en la cuenta del usuario Leopoldo Monteil y que decía “El mundo será un lugar vivible cuando todos los días se ejecute a un periodista; son el cáncer de la humanidad”.
Luego de ello, el fiscal Adrián Cimino desestimó la denuncia.
La policía tomó intervención en la investigación pendiente sobre la aparición del trapo con la amenaza en Canal 5, para proceder al relevamiento de imágenes de videovigilancia en la zona.
"Esto no debe tomarse a la ligera, nos genera una enorme preocupación y no hay que dejarlo pasar por alto", dijo en Sí 98.9 la secretaria gremial del Sindicato de Prensa, Alicia Simeoni.
Mientras Guerrera defiende
subsidios en Diputados,
madura un paro de colectivos
Los colectiveros nucleados en la UTA y los empresarios de la
actividad se reúnen para intentar destrabar la huelga. A la
misma hora el ministro de Transporte dará detalles ante los
legisladores sobre la distribución de subsidios que no alcanzan
y generan justamente el conflicto.
El ministro de Transporte, Alexis Guerrera, concurrirá este martes a la Cámara de Diputados a exponer sobre los subsidios de transporte al interior en el marco del debate sobre el Presupuesto 2023. Casi a la misma hora se retomará la audiencia en el ministerio de Trabajo entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor (Fatap) para desactivar el paro nacional de 48 horas de este miércoles y jueves en reclamo a una mejora salarial.
Lo curioso es que al mismo tiempo que la Fatap sostiene que sin más subsidios nacionales será difícil conceder el pedido de los colectiveros santafesinos que reclaman un aumento que los equipare a las remuneraciones de los choferes de Buenos Aires, Guerrara defenderá el esquema de reparto.
La exposición de Guerrera, programada para las 11, es muy importante porque se lo consultará sobre un tema clave para los diputados del interior, que son los subsidios al transporte de las provincias que están contemplados en el Presupuesto, pero no en los valores que aspiran los mandatarios provinciales, ya que tendrían un aumento menor a la inflación pautada.
El debate se da en el contexto en el cual los diputados de las diferentes provincias reprochan que el reparto es muy desigual respecto al AMBA (ciudad de Buenos Aires y conurbano bonaerense), que concentra entre el 85% y 87% de los subsidios, y deja entre un 15% y 13% a repartir entre el resto de las jurisdicciones.
Fuente:RosarioPlus
Ley de Alquileres en la mira
La otra cara del negocio inmobiliario: en Rosario faltan
5.000 inmuebles para alquiler
En la ciudad hay 61 mil propiedades en venta, pero el mercado para las familias sin techo propio es más chico: sólo hay 1.000 unidades disponibles. “La proporción debería ser 90% en venta y 10% en alquiler”, estimó Andrés Gariboldi, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario
Por Leandro Rosati
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