Nación y provincia firmaron el acta de entrega de títulos públicos
Costó que no descuente, pero más costó que pague
Trece años después de haber iniciado la demanda y a siete de ganar el juicio, la provincia comienza a cobrar los 151.783 millones de pesos de deuda por coparticipación.
Desde Santa Fe
La Nación le pagó su deuda histórica a Santa Fe. El gobernador Omar Perotti firmó con el ministro de Economía Sergio Massa el acta acuerdo que transfiere al Tesoro santafesino 151.873 millones de pesos en títulos públicos. “Es el punto final de una pelea histórica. El reconocimiento del Estado nacional a un derecho que es de todos los santafesinos y que había sido negado por más de 15 años”, dijo Massa. El gobierno de Alberto Fernández cumplió así la sentencia de la Corte Suprema de Justicia en el juicio que la provincia ganó en noviembre de 2015, pero que recién se ejecutó ayer -siete años después- en el mandato de Perotti, porque su antecesor Miguel Lifschitz no intimó el pago durante casi todo el período de Mauricio Macri. La Corte homologó el acuerdo el 6 de septiembre, por lo tanto los bonos que vencieron desde esa fecha hasta ayer –en estos 47 días-, la provincia los cobró en efectivo: 3.476 millones de pesos, según confirmaron fuentes de la Casa Gris.
"Es un hito que cierra un proceso muy esperado por todos los santafesinos y defendido arduamente por este gobierno”, enfatizó Perotti. La Corte definió el sistema de actualización de la deuda en un segundo fallo, el 7 de diciembre de 2021. A la semana, el gobernador ya se había reunido con el jefe de Gabinete Juan Manzur para apurar el cobro. El 15 de junio, en una visita a Santa Fe, el presidente de la República anunció su decisión política de saldar la deuda histórica con la provincia. “Le vamos a pagar a los santafesinos lo que les debemos”, prometió Alberto. Y cumplió. El 29 de junio, Perotti firmó con el ex ministro de Economía Martín Guzmán el convenio de pago y la Corte homologó el acuerdo el 6 de septiembre.
Ayer, el gobernador y Massa ejecutaron la sentencia. “El acta que firmamos con el ministro es la que transfiere los títulos a la provincia”, explicó el mandatario. “Es el final de un reclamo de Santa Fe durante muchos años, primero en la instancia administrativa (en el gobierno de Jorge Obeid) y después en la Corte”, en el juicio que inició Hermes Binner. “Cada gobernador mantuvo el reclamo de Santa Fe que reconoció el fallo de la Corte (en noviembre de 2015), generó el acuerdo que presentamos las dos partes (Perotti y Guzmán en junio de este año) y la Corte homologó el mes pasado”.
“Lo que ahora concretamos, en tiempo y forma, es el cumplimiento de la sentencia”, ponderó el gobernador. “Pero esto va más allá. Es el reconocimiento en un fallo de la Corte a la institucionalidad de la provincia, el respeto al reclamo de Santa Fe y a un acuerdo logrado a través del diálogo, que se podría haber concretado mucho antes, por otros presidentes, otros ministros” y en otros gobiernos, planteó Perotti. En obvia referencia a la mora de los cuatros años del gobierno de Macri.
Perotti anunció que esta semana convocará a los intendentes y jefes comunales para definir cómo será el reparto de fondos. “Una parte de estos recursos, que es el 13,43%, es coparticipable con municipios y comunas”. Y ratificó que por ley, los 151.873 millones de pesos que recuperó Santa Fe “se van a invertir en obras públicas y equipamientos. Es el destino que la legislación prevé para estos recursos en beneficio de todos los santafesinos”.
Massa coincidió que el acto de ayer era “el punto final a una pelea histórica de 15 años. La provincia de Santa Fe producto de un descuento que le hace la Nación en el cambio del régimen jubilatorio llegó hasta la Corte, logró una sentencia, y a partir de hoy ponemos en ejecución esa sentencia. Le reconocemos a la provincia 151.000 millones que a partir de ahora pasan a estar disponibles directamente desde el Ministerio de Economía de la Nación al Ministerio de Economía de Santa Fe. Lo resolvimos después de 15 años con diálogo, con trabajo coordinado, en equipo, así que estamos satisfechos porque de alguna manera representa el reconocimiento del Estado nacional a un derecho que es de todos los santafesinos y que le había sido negado por más de 15 años”, dijo el ministro.
En junio, Perotti confirmó que el monto de la deuda actualizada era 151.873 millones de pesos y Santa Fe la cobrará en bonos públicos ajustables por el CER, “lo que garantiza el valor real del capital”. En los primeros dos años, en 2022 y 2023, “Santa Fe percibirá 50.000 millones de pesos, es decir que en el 20% del tiempo cobrará el 34% de la deuda” y en los dos siguientes (2024 y 2025) el reintegro llegará al 55%”. Más de la mitad de la acreencia. El gobernador explicó también la ventaja de haber esperado el fallo de la Corte Suprema de la Nación –que definió el mecanismo de ajuste por la tasa pasiva del Banco Central como en el caso San Luis- en diciembre de 2021 y rechazar un eventual un acuerdo sobre la base de la tasa activa del Banco Nación, que había propuesto el gobierno de Lifschitz. “Nuestro planteo era: la tasa de interés que se le reconoció a San Luis o el fallo. Y esperamos el fallo. La diferencia no es menor. Si hubiésemos aceptado la tasa que había pedido Santa Fe, hoy la actualización era muy inferior: 60.000 millones de pesos menos”, sorprendió Perotti. Esperar el fallo de la Corte de diciembre de 2021 le significó entonces a la provincia ganar 60.000 millones.
Estaban en el interior de un auto con el papá y un tío
Esta vez balearon a dos adolescentes
Son chicas de 12 y 16 años y hasta anoche están internadas con heridas serias. Los atacantes tiraron al menos una decena de veces.
Dos adolescentes de 12 y 16 años resultaron heridas luego de que el auto en el que se encontraban fuera atacado a balazos por razones que aún se investigan. El suceso ocurrió al caer la tarde del domingo en Biedma al 100, en pleno barrio Tablada de zona sur. Las chicas se encontraban en el interior de un Chevrolet Meriva, en el que también había familiares frente a un local comercial, cuando desde otro automóvil se acercaron y abrieron fuego. Si bien los adultos pudieron escapar, las jóvenes quedaron atrapadas en la balacera. Perpetrado el ataque, los agresores escaparon, dejando como saldo a Agustina E. de 16 años y Morena E. de 12 con graves heridas.
Las dos hermanas menores se trasladaban en el asiento trasero en un auto en el que además iban el padre de ambas y un tío, cuando otro vehículo se les puso a la par y desde allí comenzaron a disparar.
Al advertir el ataque, los dos hombre lograron salir del coche y ponerse a salvo, mientras que las adolescentes quedaron atrapadas y fueron alcanzadas por las balas. Debido a eso, tuvieron que ser hospitalizadas.
La chica de 16 años fue ingresada al Hospital Provincial. Los médicos de ese centro de salud constataron que presentaba una herida de arma de fuego en la zona del estómago, por lo que fue operada y derivada al Hospital Italiano, donde ayer permanecía internada en estado delicado, pero estable.
En tanto, su hermana de 12 fue trasladada primero al Hospital Roque Sáenz Peña y luego derivada al Hospital de Niños de Rosario. En este último centro fue atendida por una herida de bala que se presentaba en la zona baja de la espalda y permanecía internada.
La directora del hospital de niños Víctor J. Vilela, Viviana Esquivel, dio detalles en El Tres sobre el estado de salud de la chica de 12 años “Ingresó en la tarde del domingo desde el Roque Sáenz Peña. Estaba lúcida, hemodinámicamente estable y presentaba la herida de arma de fuego a nivel paravertebral derecho con orificio de ingreso”, sostuvo la profesional.
Con respecto a la gravedad de la lesión, Esquivel explicó que afortunadamente el proyectil quedó alojado en el tejido subcutáneo por lo que no hubo lesión a nivel medular. “No fue intervenida por la zona en la que quedó alojado el proyectil. Está clínicamente estable abordada por el equipo interdisciplinario, hay que seguir las evoluciones”, remarcó.
“No lesionó ningún órgano ni la médula, la bala quedó encapsulada”, explicó la responsable del efector de salud pediátrico.
En tanto los peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) detectaron en el vehículo atacado, un Chevrolet Meriva que quedó secuestrado por la Justicia, al menos nueve impactos de bala calibre 9 milímetros. De la escena del ataque fueron secuestradas 12 vainas servidas, dijeron las fuentes.
El hecho es investigado por el fiscal de turno de homicidios dolosos de Rosario, Alejandro Ferlazzo, quien ordenó una serie de medidas para determinar la mecánica del ataque e identificar a los tiradores.
Ciclistas como actores activos para definir políticas públicas
Un consejo para los que usan bici
Hace años que el uso de la bicicleta como medio de movilidad creció de forma progresiva en la ciudad, que hoy dispone de kilómetros de ciclovías que la atraviesan (no siempre en buen estado ni bien mantenidas). De hecho desde ayer el sistema de cámaras que detectan infracciones de tránsito resguarda que esas bicisendas no sean invadidas por vehículos motor. En ese contexto, la concejala Susana Rueda impulsa la creación de un consejo asesor que se encargará de discutir y analizar políticas vinculadas a movilidad sostenible, reconociendo a los y las ciclistas como actores activos en el desarrollo de las políticas públicas.
"El uso de la bici es valorado en todo el mundo como una forma de movilidad saludable, económica y vinculada directamente con el cuidado del medio ambiente. Ante la crisis generada por la pandemia y por el cambio climático, es necesario rediscutir modelos de ciudades y cómo movernos en ellas. En ese sentido, ha crecido enormemente la cantidad de ciclistas urbanos y la necesidad de pensar abordajes integrales y espacios donde todos los actores sean escuchados. En ese sentido, hoy en Rosario estamos creando una instancia de participación ciudadana fundamental en la aplicación de políticas públicas sobre el uso de la bicicleta", señaló la concejala de Rosario Progresista, autora del proyecto.
Establece que el consejo funcionará como órgano asesor y consultivo del Departamento Ejecutivo Municipal y del Concejo Municipal de Rosario, con relación a la política pública de movilidad activa; así como el seguimiento de estrategias, planes, proyectos y programas que se desarrollen. Estará compuesto por actores del Ejecutivo, el Concejo y las organizaciones sociales y se reunirá cada 3 meses.
Agroquímicos
Capacitación para aplicadores
A fiscales
Detenida por amenazas
Anuncio conjunto de las ministras de Infraestructura y Educación
Fondos para 7 escuelas nuevas
Las ministras de Educación, Adriana Cantero, y de Infraestructura, Silvina Frana, anunciaron este lunes la construcción de 7 nuevas escuelas con una inversión superior a $3.400 millones en el marco de un programa provincial denominado Plan Estratégico de Infraestructura Educativa con el objetivo de mejorar arquitectónicamente los espacios educativos para el siglo XXI y que acompañen las nuevas metodologías pedagógicas y ambientales.
El anuncio comprende la ampliación y remodelación de la escuela Nº 392 “Juramento a la Bandera” y la primaria en el Barrio Nuevo Alberdi, ambas en Rosario. Además, tres nuevos jardines de infantes en Villa Gobernador Gálvez, San Javier y San Guillermo. En Villa Constitución el Instituto Superior del Profesorado Nº 3 realizado en conjunto con la comunidad educativa, y el nuevo edificio pospandemia para la escuela Técnica “Esteban Echeverría” de la ciudad de Santa Fe.
“En muchos de estos edificios vamos a plasmar el modelo pospandemia que acompañen las nuevas metodologías pedagógicas y ambientales. El tiempo de la pandemia nos ofreció también una oportunidad para repensar las viejas estructuras y la necesidad de mejorar y ampliar la conectividad, a lo largo y a lo ancho del territorio. Por eso, con estas nuevas construcciones, estamos garantizando la iluminación natural, la ventilación natural cruzada y un sistema de ventilación forzada que asegura las condiciones de ventilación requeridas de acuerdo a la ocupación de los espacios”, explicó la ministra Frana.
Por su parte, Cantero expresó que "el sistema educativo santafesino viene creciendo no solo en el incremento de matrícula escolar sino también porque venimos mejorando muchos indicadores internos cómo son la tasa de graduación, la tasa de promoción y eso implica una necesidad de planificar más espacios, más escuelas, más aulas para la escolarización de todas las chicas y los chicos que nos proponemos estén en la escuela y aprendiendo".
“Desde el inicio de la gestión, venimos impulsando políticas de fondo que en conjunto con el Ministerio de Educación llevamos adelante, invirtiendo más de 17.000 millones de pesos distribuidos en 18 escuelas nuevas, 15 jardines pospandemia y más de 2.300 millones en terminar las obras de establecimientos educativos que recibimos de la gestión anterior”, dijo Frana.
Cantero indicó que “al día de la fecha Santa Fe tiene un 99% de tasa de escolarización de niños, niñas y adolescentes entre los 4 y los 17 años y probablemente el 1% que aún nos falta ir a buscar a la casa y convocar para que estén en la escuela, tienen que ver fundamentalmente con los más pequeñitos que por la pandemia hacen que en el mundo entero permanezcan un poco más ligados al hogar, a la familia, a los cercanos y también los adolescentes que constituyen un núcleo importante de incorporar para las metas de la ley de Educación Nacional, por es con esta altísima tasa de escolarización los edificios necesitan ser revisados, rediseñados y planificados estratégicamente".
Recordaron en San Jorge a la militante Florencia Gómez
Dos años y un femicidio que continúa impune
La fiscalía, que trabaja con el apoyo de la familia, mantiene activa la causa. Esperan sumar apoyo de investigadores de Policía Federal.
Con una peña y otras actividades que se hicieron en San Jorge, familiares, compañeres y amigues de Florencia Gómez recordaron a la militante y referente de géneros de la Federación Juvenil Comunista en la provincia, a dos años de su femicidio. El 12 de octubre de 2020, Florencia fue atacada en un camino rural, a más de 1300 metros del centro de San Jorge, localidad ubicada a 150 kilómetros de la capital santafesina. Tenía 35 años y dos hijas de 5 y 2. La investigación busca dar con el o los autores. "Estamos de pie, deseando que llegue el día que podamos decir que tenemos al femicida. La causa está en constante movimiento", resumió Gabriela, hermana de Flor, quien se manifestó conforme con el trabajo de Fiscalía, con la que están en contacto permanente. En tanto, el fiscal Omar de Pedro confirmó que entre las diferentes medidas que se llevan adelante, personal de la Policía Federal intervendrá para colaborar con el análisis de prueba científica reunidas hasta el momento.
El dolor y la búsqueda de justicia permanecen intactos en el entorno de Florencia. Las personas que la rodeaban en su día a día no bajan los brazos y piden que quienes tengan información puedan aportarla a la investigación. "Es una fecha difícil, pero aquí estamos, con la esperanza de que no pase más tiempo sin que podamos decir que tenemos al femicida", expresó Gabriela Gómez. "La causa tiene diez tomos y está en constante movimiento, tenemos permanente contacto con el fiscal y no se descarta nada", aseguró. Además, valoró la posibilidad de que intervenga personal especializado de la Policía Federal.
Florencia fue recordada con diferentes actividades que se realizaron desde el miércoles pasado. "A todas esas personas que compartieron mucho o poco de su vida junto con ella se les quema el pecho, les arde porque ya no está y -lo peor de todo- porque todavía no se encontró a el o los culpables de su ausencia", escribió Manu Abuela, militante de la organización Las Chuecas. La forma que encuentran de canalizar la tristeza que dejó el femicidio de Flor es "colectivizarla, compartirla con la comunidad, para que duela menos y que se transforme verdaderamente en lucha. Para que no existan más Florencias y para que su muerte no quede impune, como hasta ahora", expresó la militante, que lamentó que en el país haya un femicidio o transtravesticidio cada 28 horas.
Por su parte, el fiscal De Pedro habló sobre la situación en la que se encuentra la investigación y aseguró que se trata de "una causa muy compleja. Llevo mucho tiempo en el Poder Judicial, mucho tiempo en investigaciones y pocos casos he visto con esta dificultad, con esta complejidad", aseguró en una publicación del portalpellegrinense.com.ar. "Hay que actuar con prudencia y en esto estamos de acuerdo con la familia porque hay muchas cosas privadas, cuestiones que tenemos que chequear, mucha información que nos llega en forma permanente", agregó.
Al mismo tiempo indicó: "Tenemos el apoyo de un grupo de la Policía Federal, del área científica, para poder revisar junto con ellos todas las pericias, todas las medidas y esto se va a hacer con elementos superiores y le va a dar empuje a la investigación". Se trata de "un grupo con mucha tecnología así que se van a volver a peritar celulares, hay gente también que se ocupa del área psicológica con elementos de primer nivel. Cuentan con un área de revisión y quizás nos puedan ayudar en lo que estamos trabajando", dijo.
Además, hizo un nuevo llamado a quienes tengan información, para se comuniquen. Y agregó que quedan por hacer pruebas de ADN, cotejos y otras medidas tendientes a esclarecer el hecho.
El caso por el que echaron a un juez
Víctima y querellante
Criminalidad desorganizada
Con 9 años de distancia, un 11 de octubre balearon la casa de Bonfatti y dejaron un cartel de amenaza de muerte a periodistas en Telefé. La deficiente resolución del primer caso y su vínculo con el segundo.
Con nueve años de diferencia dos hechos de gravedad institucional afectaron a Rosario un 11 de octubre: en 2013 era baleado con 14 municiones el domicilio particular del entonces gobernador Antonio Bonfatti y en 2022 apareció un cartel en la reja perimetral de Telefé Rosario con amenazas de muerte a periodistas. La deficiente resolución del primero de los casos, de indubitable mayor gravedad, teje un hilo invisible con el segundo, cuyas consecuencias por ahora son materia conjetural. Entre medio de ambos acontecimientos se sucedieron tres gobiernos; la tasa de homicidios cada 100 mil habitantes de Rosario se mantuvo con sutiles variaciones entre el doble y el triple del promedio nacional; “cayeron” los cabecillas de las grandes bandas narcocriminales –que como efecto paradojal incrementó la violencia– y la atención de la seguridad pública se convirtió en un insumo de campaña proselitista para las oposiciones, sin acuerdos entre las diferentes fuerzas políticas con miras a establecer un plan que regule los mercados ilícitos –como sucede en otros puntos del país y en otras partes del mundo donde se comercializan drogas ilegalizadas– y tienda a disminuir la violencia altamente lesiva que caracteriza, singularmente, al principal aglomerado urbano del sur de Santa Fe.
La génesis
La noche del 11 de octubre de 2013 jugaba la selección argentina de fútbol. El gobernador Bonfatti miraba el partido por televisión en su domicilio particular del barrio Alberdi de Rosario junto a su esposa. En la casa también estaba una empleada doméstica cuando ingresaron ocho de los cerca de 20 tiros que cuatro hombres que se movían en dos motos dispararon contra la vivienda. Catorce dieron en la casa, según las pericias policiales. Que los tres resultaran ilesos sólo fue por azar.
El hecho fue calificado como el atentado más grave, en términos institucionales, desde la recuperación democrática en 1983. Y tuvo una repercusión política acorde.
En poco más de seis meses de ese año se produjeron otros dos hechos criminales que –junto al ataque al gobernador– pueden pensarse como claves de este presente.
El 26 de mayo de 2013 fue asesinado a tiros en el acceso a un boliche bailable de Villa Gobernador Gálvez el entonces capo de la banda narcocriminal Los Monos, Claudio Pájaro Cantero.
El 29 de diciembre fue acribillado desde una moto, mientras conducía su automóvil, Luis Roberto Medina, El Gringo. Los sicarios también liquidaron a la novia del “empresario” narco, Justina Castelli, una piba de 23 años. Medina había sido un aliado de otro jugador relevante en el mercado del comercio de drogas: Esteban Lindor Alvarado.
El crimen de Cantero engendró otros tantos asesinatos –en los días siguientes, pero también en los años por venir– en procura de venganza. Pero ocurrió cuando el juez Juan Carlos Vienna, que desde un año antes tenía a su cargo la investigación del homicidio del cuñado del Pájaro, Martín Fantasma Paz, había ordenado intervenir los teléfonos celulares de la mayoría de los responsables de Los Monos.
Eso permitió que la venganza urdida por la banda de La Granada y Las Flores quede registrada en detalle, y fue la base de la causa que los condenó por primera vez.
El ministro de Seguridad de Bonfatti, Raúl Lamberto, que hasta entonces había centrado su política criminal hacia el narcomenudeo en el uso de topadoras para el derrumbe televisado de búnkeres que unos días después emulaban al ave Fénix, se reunió con el juez Vienna y acordó el avance sobre Los Monos.
Ayudado por los medios de comunicación, el segundo gobierno del Frente Progresista creó así al monstruo perfecto, los monos malvados.
Política y criminalidad
En febrero de ese mismo año, el Gobierno creó la Brigada Operativa de la División Judiciales, regenteada por el comisario inspector Cristian Carancho Romero. Fue la encargada de llevar adelante la investigación contra los cabecillas de Los Monos que instruía Vienna, cuando no viajaba a Estados Unidos a ver competencias de boxeo junto al papá del Fantasma, Luis Paz, luego condenado por narcotráfico.
En el juicio seguido a Alvarado, que concluyó con su sentencia a prisión perpetua en junio de este año, quedó demostrado judicialmente que buena parte de los miembros de la División Judiciales guiada por Romero eran “soldaditos” del capo narco.
La mayoría fue condenada en juicios abreviados en los que negociaron la pena. Sus palabras en un juicio oral podrían comportar un problema. En cambio, sí testimoniaron en el juicio a los Cantero.
La causa contra Los Monos, de esa manera, se revelaba como una operación político-judicial ante la necesidad del Gobierno de dar cuenta de la creciente violencia y encarcelar a los previamente construidos como malvados. Lo cual, vale aclarar, no implica que no lo fueran.
Pero su caída escondió –o intentó hacerlo– el ascenso de otra narcobanda con empuje policial: la de Alvarado.
Para el abogado y criminólogo de la Universidad Nacional de Rosario, Enrique Font, la División Judiciales “operaba en el negocio de las drogas de la mano de una juez provincial, Vienna, y lo que hacía era reorganizar el mercado local de drogas”.
En una entrevista concedida esta semana a FM Gol de la ciudad de Santa Fe, Font señaló que “generaron la causa de Los Monos, como los nuevos villanos de Rosario, como si ahí se concentrara todo el mal y con ello se pudieran resolver todos los problemas de la violencia letal de Rosario”.
“Eso fue una operación –siguió Font– que cambió las reglas y la lógica de las políticas de seguridad, que fue muy contraproducente, porque la banda contra la que hacían esa operación política era muy violenta, y de una violencia profundamente identitaria, con lo cual lo que hicieron fue subirles el cartel”.
Para el especialista en criminología, “en ese contexto se da el ataque a la casa de Bonfatti. Es un ataque donde hubo una interacción del Gobierno que cambió, para mal, la lógica de cómo se debe actuar en materia de seguridad”.
Eso que ocurrió “fue una catástrofe en términos políticos. Creo que hay que inscribir el ataque a las sedes del Poder Judicial, las balaceras, el aumento de los homicidios ocurrido con posterioridad, en esa política del gobierno de Bonfatti, que llegó hasta que le balearan la casa”.
“El gobierno decidió jugar con esa gente, tuvieron que salir del lío en que se habían metido al jugar en el mundo del crimen, al hacer política en el mundo del crimen, de una criminalidad muy desorganizada y violenta”, agregó.
La brigada operativa de Romero fue desarticulada el 14 de abril de 2014, cuando el entonces secretario de Seguridad nacional, Sergio Berni, protagonizó el primero de los varios “desembarcos” de fuerzas federales en Rosario, con los resultados conocidos.
Tras el asesinato de Medina y su novia, tres hombres de la División Judiciales quisieron ingresar sin orden de allanamiento a la casa del country Haras del Pilar, ubicado en esa ciudad bonaerense, donde El Gringo tenía su residencia. Terminaron detenidos. La intervención de funcionarios públicos en la apertura de la computadora de Medina también generó polémica.
Luego, a los Judiciales se les “escapó” el sicario de Los Monos, Juan Domingo Argentino Ramírez. Una investigación determinó que pagó por su fuga. Se fue caminando de la Alcaidía.
Finalmente, Romero y su gente citaron en Judiciales a un grupo de periodistas de Rosario para hacerles una cámara oculta, con el fin de demostrar la facilidad con que se pueden manipular imágenes de video.
Unos días antes, uno de los jefes de Los Monos, Ramón Machuca, que estaba prófugo, había difundido en el canal de TV América un video de un narco entregando un bolso al policía Ariel Lotitto, hombre de confianza del Carancho Romero, como presunto pago de coimas.
Luis Quevertoque, otro miembro de la brigada operativa, compartía la propiedad de un caballo de carreras con Alvarado.
La causa que originó la caída de Los Monos tiene una particularidad: se investigaba el asesinato del Fantasma Paz, pero ninguno de los 36 condenados fue acusado por ese homicidio.
Sin explicación
La causa por el grave atentado al domicilio de Bonfatti tuvo una investigación lenta. La entonces jueza penal y actual vicegobernadora, Alejandra Rodenas, procesó en noviembre de 2014 –más de un año después del hecho– a Emanuel Ema Pimpi Sandoval, un transero de drogas de zona norte ligado a Luis Medina, como uno de los presuntos autores del atentado. También fue procesado un policía puesto en disponibilidad, Pablo Espíndola, a quien le secuestraron en su auto –en un procedimiento de rutina de la Policía de Seguridad Aeroportuaria– una de las armas utilizadas en el hecho.
La defensa de Sandoval, a cargo del abogado Marcos Cella, siempre mantuvo su planteo de inocencia. En noviembre de 2015, dos años después del atentado, el abogado que representaba la querella particular de Bonfatti, el ex ministro de Justicia provincial, Héctor Superti, decidió no promover la acusación contra Sandoval ante un posible juicio, atento a que el fiscal, Enrique Paz, había presentado el requerimiento de elevación a juicio del caso.
Superti explicó entonces que la decisión fue adoptada al entender que no existían evidencias suficientes para acusar a Sandoval. Sí mantuvo, en cambio, la acción contra el policía Espíndola, sobre el que existía una prueba contundente: le habían encontrado una de las armas usadas en la balacera.
De todos modos, Sandoval terminó condenado en un juicio abreviado en el que acordó una pena de 3 años y 6 meses de prisión. Escaso castigo para quien puso en riesgo la vida de la máxima autoridad política de la provincia. Pero, como admitió la querella del propio Bonfatti, no había prueba indubitable para llegar a una sentencia en un juicio oral, en el que siempre se pueden ventilar otros asuntos.
Es decir que Ema Pimpi –un pistolero que tenía mucho que perder– negoció una condena breve y el hecho más grave en términos criminales e institucionales desde la recuperación democrática quedó sin esclarecimiento. A nueve años, no se sabe con claridad quién ni por qué atentó contra el entonces gobernador.
Sandoval ya no puede dar explicaciones, porque en octubre de 2019 fue acribillado mientras cumplía prisión domiciliaria en una causa por doble tentativa de homicidio. El domicilio en el que cumplía la medida cautelar lo había alquilado un amigo a su propietario, un juez provincial.
Entonces los reportes policiales vinculaban a Ema Pimpi como operador en la zona norte de las actividades ilegales de Alvarado, el entronizado por la División Judiciales.
Noticias de ayer
Los Monos sobrevivieron a la operación político-judicial, a pesar de las condenas, y hoy sus acciones ilícitas se expresan en subgrupos liderados por miembros de la familia. Con la misma violencia de ayer.
Alvarado amplió su imperio desde la cárcel, mientras cumplía una condena por robo de autos. Y a pesar de las profusas evidencias de su vínculo con el comercio de drogas y otros mercados ilegales, recién fue llevado a juicio este año.
La política de topadoras contra los búnkeres primero, y la de villanizar y perseguir a Los Monos después –para entronizar paralelamente a Alvarado– fracasó en su intento pacificador de los territorios. Esa tentativa de regulación –si de eso se trató– resultó infructuosa.
La amenaza a la prensa realizada esta semana mediante un cartel colocado en Telefé Rosario aparece como un peldaño novedoso en el in crescendo de la violencia. Antes fueron las balaceras a edificios judiciales, a domicilios particulares de jueces y a la vivienda de una empleada del Ministerio Público de la Acusación (MPA) que realizó la investigación patrimonial contra Alvarado. Que no le hayan matado a uno de sus hijos en ese tiroteo también se explica por el azar. También los numerosos crímenes firmados con los carteles de “con la mafia no se jode”.
Desde aquél 2013 que inició la escalada violenta el Estado no pudo no quiso o no supo reformar ni modernizar la institución policial, que se atomizó y fragmentó en pequeños grupos a disposición de las bandas delictivas, sin capacidad de regulación de los mercados ilícitos.
El nuevo sistema penal posee una tasa baja de esclarecimiento de casos y en ocasiones abusa de los procedimientos abreviados como remedio rápido y hasta extorsivo. Sobre los sistemas penitenciarios –donde operan algunos de los grupos que explican la violencia letal– casi no se ha puesto atención. En estos años, la tasa de encarcelamiento se duplicó, pero la situación no mejoró extramuros.
En ese contexto, las respuestas oficiales ante la amenaza a trabajadores de prensa de la ciudad no permiten ser muy optimistas. Patrulleros en las sedes de los medios de comunicación y acompañamiento en las coberturas son necesarios, pero la teoría de la frazada corta establece un límite infranqueable a su sostenimiento en el tiempo.
Las causas que produjeron este presente permanecen inalterables o se han profundizado, con decisiones como devolverle a la Policía, a ésta Policía, su autogobierno para el control de una criminalidad, claramente, desorganizada.
Un principio general del derecho sostiene que quien puede lo más, puede lo menos. Si fue baleada la residencia particular del gobernador y el caso no quedó debidamente esclarecido y sancionado, qué permite pensar que un trabajador o trabajadora de prensa pueda quedar excluido de un ataque criminal.
Fuente:RedaccionRosario
El Concejo le pide explicaciones a Entre Ríos por las topadoras en las islas
Luego de que trascendiera la aparición de máquinas topadoras en las zonas de humedales frente a Rosario, concejales piden registros a Victoria y la provincia vecina.
Integrantes de la comisión de Ecología y Ambiente del Concejo Municipal dieron despacho este lunes a un pedido de informes que encomienda al Ejecutivo gestionar información ante el municipio de Victoria y la Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos sobre movimientos de suelos con el fin de modificar la topografía de las islas.
La idea es tener información detallada acerca de los movimientos en la zona de los Humedales del Delta del Paraná, específicamente en el lote 10 en cercanías del arroyo Careaga y a la altura de Puerto General San Martín.
En tanto, otro proyecto del mismo autor, Ciro Seisas, de Arriba Rosario, propone que se gestione ante el Juzgado Federal de Victoria, Gendarmería Nacional y la policía de esa ciudad entrerriana para que se informe si vinculados a los mismos terrenos se recepcionaron denuncias o constataron actividades de desmonte o prohibidas en la zona de islas.
Esta última solicitud incluye información sobre si existen permisos y autorizaciones otorgadas en la misma zona, quien es el responsable de otorgarlas, su procedimiento, requisitos y su forma de revocación.
Otros datos que se requiere es si existen cambios de titularidad en el registro dominial del lote 10 y que actividades se realizan en el lugar y cuáles se encuentran permitidas, entro otros datos. Entre ellos, si se encuentran reglamentadas a la fecha, normas de producción, de urbanización, de flujo poblacional, de fuentes de energías alternativas y otros aspectos pertinentes, de modo tal que, protegiendo los procesos naturales, se alcancen niveles de rendimiento de los recursos compatibles con su sobrevivencia y utilidad a perpetuidad en consonancia con el artículo 22 de la Ley 10.479.
La organización "El Paraná no se toca" denunció que aparecieron máquinas, específicamente topadoras, en las zonas de la islas del Delta del Paraná que “están destruyendo lo que queda del humedal”. Según la misma denuncia “se trata de un trabajo ilegal que realizan las topadoras para arrasar con el bosque nativo y el ecosistema que fue denunciado por los vecinos”.
La reunión se realizó en el Anexo «Alfredo Palacios» y estuvo presidida por María Luz Ferradas, de Ciudad Futura, e integrada también por Julia Eva Irigoitia, de Todos Hacemos Rosario; Mónica Ferrero, del bloque Socialista; Ana Laura Martínez y Alejandro Rosselló, de Unión Pro-Juntos por el Cambio, y Seisas.
Fuente:RosarioPlus
No hay comentarios:
Publicar un comentario