RESPUESTA AL INFORME DE LA UNR
Artola sostuvo que son más de 80 mil los inmuebles deshabitados en Rosario
"Es lamentable que hablen en nombre de la universidad pública para operar en favor del marcado inmobiliario", dijo Sebastián Artola, referente de Inquilinos Agrupados, quien comunicación Nacional Rosario Fontanarrosa, cuestionó el informe elaborado por Asociación de Empresarios de la Vivienda (AEV) y el Instituto de Estudios Económicos de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNR, el cual sostiene que en la ciudad hay alrededor de 18 mil inmuebles deshabitados y no 80 mil, como había surgido del análisis base a los datos oficiales del Censo que realizó el Indec en 2010.
"Este intento del mercado inmobiliario (...), busca desestimar la cantidad de inmuebles ociosos para evitar que se avance con políticas de regulación del mercado inmobiliario", afirmó Artola en contacto con Buen Día Nacional (de 8 a 12 hs.).
Fuente:RadioNacionalRosario
Carolina Losada dijo que en "una esquina de Rosario se venden bebés por $60 mil"
"Frases armadas para estigmatizar a Rosario"
La ministra de Gobierno Arena dijo que el objetivo de la senadora es "obtener rédito político". Las secretarías de Niñez y Derechos Humanos le exigieron datos certeros.
Desde Santa Fe
La Secretaría de Derechos Humanos y la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia de Santa Fe intimaron ayer a la senadora nacional de Juntos por el Cambio Carolina Losada para que se presente ante la Fiscalía en turno y aporte datos y pruebas –si las tiene- de sus afirmaciones en un programa de TV del domingo sobre que en una esquina de Rosario se venden niños a 60.000 pesos. Por su condición de funcionaria pública “usted está obligada a realizar la denuncia judicial correspondiente si se anotició de un ilícito contra un niño, niña o adolescente”, le advirtieron a la legisladora que representa a la provincia en el Congreso, pero vive en Nordelta y vota en Buenos Aires. De lo contrario, si no impulsa la acción judicial, quedará a la vista que se trató de un operativo de campaña y de otro intento para “estigmatizar a Rosario”. “Es inaceptable que una temática tan delicada, tan cara a los sentimientos de la sociedad, que afecta tanto a las personas en situación de vulnerabilidad cómo es la apropiación de niños y niñas, sea abordado de forma tan irresponsable”, le reprocharon.
El reclamo público a Losada –desde dos áreas del Estado que intervienen en casos de vulneración de derechos- sobresalió ayer en la respuesta institucional del gobierno de Omar Perotti ante lo que la ministra Celia Arena interpretó como una operación de la legisladora para “estigmatizar a Rosario”, como la ciudad donde en una esquina se venden chicos a 60.000 pesos. “Los santafesinos y santafesinas vimos como una representante de nuestra provincia trató temas tan delicados con frases armadas y con el único objetivo de estigmatizar a Rosario en la ocurrencia de que, con eso, se consigue algún tipo de rédito político”, dijo Arena. Y le sugirió a Losada que “si tiene información certera sobre venta de niños en nuestra provincia, realice las denuncias y aporte esa información, como se hizo institucionalmente en el mes de mayo ante una publicación en redes sociales, que luego resultara ser un intento de estafa”.
Arena le recordó a Losada que es “funcionaria pública” y si no judicializa su denuncia mediática, será ella la que “estará yendo en contra de la ley y de sus obligaciones”. El deber de denunciar no es sólo “legal” sino también y “principalmente moral”. Y se preguntó: “¿La senadora tiene certezas de que en Rosario se venden niños y no alerta a las autoridades, aportando información precisa?”
En esa línea, la Secretaría de Derechos Humanos y la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia intimaron a Losada para que formalice la denuncia sobre la venta de niños en Rosario. Y lo mismo hicieron en las redes las titulares de ambas áreas, Lucila Puyol y Patricia Chialvo. “Le pedimos a la senadora Losada que se presente ante la Fiscalía en turno con las debidas pruebas del caso”. “Usted está obligada a realizar la denuncia correspondiente si se anotició de un ilícito contra un niño, niña o adolescente”.
“La ley provincial 12.967 de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes establece la responsabilidad de los diferentes actores del Estado ante la vulneración de sus derechos”, recordaron. El rol de la Secretaría de Derechos Humanos es velar por la “protección y promoción de los derechos humanos” y “el cumplimiento de los Tratados Internacionales” en la materia en todo el territorio provincial.
Incluso, Chialvo recordó que “el único caso del que se tuvo conocimiento fue en mayo de este año”. Pero en realidad, era un intento de “estafa de un progenitor, quien a través de Facebook, ofreció una beba a la venta”, pero el delito “no se concretó, porque el estafador ni siquiera convivía con la niña”. “Su mamá no estaba al tanto de lo que hacía el papá, quien no tenía a la chiquita a su cuidado”.
Chialvo recordó que el gobierno de Alberto Fernández “envío al Congreso un proyecto de ley (elaborado junto con las Abuelas de Plaza de Mayo) que establece tres tipos de delitos sobre venta de niños y niñas”. Pero la iniciativa no prosperó porque “los representantes de Juntos por el Cambio –entre ellos Losada- proponen otros proyectos que no contemplan las recomendaciones de los organismos internacionales”.
“Es inaceptable –insistió Chialvo- que una temática tan delicada, tan cara a los sentimientos de la sociedad y que afecta tanto a las personas en situación de vulnerabilidad como es la apropiación de niños y niñas, sea abordado por la senadora Losada de una forma tan irresponsable”.
El ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, coincidió también con su colega de Gobierno, Celia Arena, al interpretar la denuncia de Losada como un operativo de campaña. “Uno puede elegir: informar tremendo dato a la justicia (como la supuesta venta de un niño por 60.000 pesos) o hacer campaña en TV. Y optó. Siempre en campaña. No importa con qué”.
30
"Entró en vigencia el Plan Ahora 30 en todo el país y estamos difundiendo la manera en que los comerciantes se pueden adherir, a fin de que las más de 180 pymes familiares y de capitales santafesinos que integran esa red puedan tener este programa y ofrecerlo al consumidor. Respecto a este último, estamos empezando a difundir consejos útiles para tener en cuenta a la hora de sumarse a un plan de 30 cuotas. A la par de incentivar el consumo, también queremos acompañar con consejos y que realmente haya un consumo responsable”.
(Secretario de Comercio Interior y Servicios de Santa Fe, Juan Marcos Aviano).
Ofensiva de inquilinos contra la especulación inmobiliaria
No todo debería ser un negocio
Entidades civiles exigen medidas punitivas contra las viviendas ociosas que no participan del mercado y encarecen los alquileres.
El deterioro de los ingresos ante la presión inflacionaria puso en primer plano al mercado de alquileres y sus regulaciones. Desde distintos espacios que defienden a los inquilinos emerge un clamor para instalar en la agenda política algunas medidas que mejoren la posición de quienes deben alquilar ante la imposibilidad de acceder a vivienda propia y desactiven la lógica especulativa del negocio que sostiene miles de viviendas deshabitadas en Rosario: más de 80 mil, según estas organizaciones civiles; casi 18 mil, según reconocen empresarios de la construcción y la venta inmobiliaria.
La asociación civil Inquilinos Agrupados Rosario reclama al Concejo tratamiento y aprobación de un proyecto que prevé la creación de una tasa municipal sobre los inmuebles ociosos en la ciudad. Por otra parte, pero en el mismo sentido, la ONG Concejalía Popular de Rosario, en línea con el Frente de Inquilinos Nacional, reclamó al Legislativo santafesino la aprobación de una iniciativa que apunta a crear el "registro provincial de la vivienda ociosa", con el propósito de "poner un freno a la especulación inmobiliaria reinante en nuestras ciudades y saber quiénes son esos propietarios", explicó Nire Roldán, referente de esa entidad civil. "El objetivo también es aplicar mayor presión fiscal a la vivienda ociosa, a fin de frenar la especulación inmobiliaria y favorecer la oferta de inmuebles en alquiler", agregó.
La movida en Rosario tiene apoyo nacional. El fin de semana estuvo Gervasio Muñoz, presidente de la Federación Nacional de Inquilinos. “Vivimos una crisis habitacional sin precedentes, sin embargo, en las grandes ciudades del país se construyen edificios sin parar, es decir, se construye para que esos departamentos queden vacíos”, sostuvo.
Asimismo, la Federación Santafesina de Inquilinos solicitó a la Legislatura provincial la aprobación de un proyecto que imponga los locadores de vivienda el pago de la comisión inmobiliaria y el sellado del contrato, costos que por ahora afrontan los inquilinos. “De aprobarse, los gastos que hace un inquilino al momento de ingresar a un inmueble o renovar un contrato se reducirían a la mitad”, dijo Sebastián Artola, de ese espacio.
El dirigente exigió a ambas cámaras de la Legislatura provincial tratar los proyectos que –dijo– aguardan 700.000 inquilinos que hay en toda Santa Fe. El dirigente refutó un informe del Instituto de Estudios Económicos de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNR, presentado por la Asociación de Empresarios de la Vivienda la semana pasada. Allí se estimó que no son 80.000 los departamentos vacíos en Rosario, como se ha dicho en los últimos años, sino que son 17.913, el 5% del stock disponible en el mercado.
“No son 80.000 las viviendas vacías, ese dato es del Censo de 2010, son muchas más. Es obvio que en los últimos años creció el número de inmuebles ociosos, y para los inquilinos viene siendo cada vez más difícil encontrar un lugar para alquilar", polemizó el dirigente de Inquilinos Agrupados.
Y en cuanto al centro de estudios universitario, Artola replicó: "El mercado inmobiliario miente, es lamentable el rol de economistas ultraliberales hablando en nombre de la UNR en favor del mercado inmobiliario. Afirman que el alquiler solo representa el 25% del ingreso familiar, cuando en realidad es del 50% en la mayoría de los casos. Pretenden decir que los alquileres están bajos para volverlos a aumentar. Es un disparate. El Concejo Municipal debe intervenir", exigió.
Convocatoria por riesgo de cierre de un centro cultural
Al rescate de La Angostura
Quienes dan vida desde 2007 al Centro Cultural La Angostura de Punta Quebracho, en Pasco 555, advierten que ese espacio enfrenta un riesgo cierto de desaparecer frente a un negocio inmobiliario en ciernes que significaría su desalojo en su tradicional sede del barrio República de la Sexta. Y ante ello, elevan su voz para "insistir en una respuesta política que evite el cierre", señalaron.
En este marco, convocan a la población a una reunión abierta este miércoles a las 18.30 para hacer visible a partir de la solidaridad social su clamor. Ocurre que el propietario del inmueble les anunció que no les renovará en diciembre el contrato locativo. Según Marcelo Dalzotto, titular de la asociación civil La Angostura, la propiedad saldrá del mercado de alquileres con un proyecto de construcción privada. “El dueño decidió no renovarnos el contrato. Nosotros queremos seguir trabajando, pero se nos hace imposible salir a buscar una propiedad cuando el mercado inmobiliario pide por este tipo de propiedades arriba de 170 mil pesos mensuales de alquiler. Es una sentencia de muerte para nosotros”, resumió.
Este centro cultural despliega una agenda artística sostenida en música, teatro, cine y fotografía. Pero también funciona allí como centro de día y contención a víctimas de violencia de género, a partir de un convenio con el Estado provincial.
Cambio climático
Marcha y reclamo
Ganancias
Paran los judiciales
Resultados similares de dos encuestas en Rosario
Seguridad, lo que más preocupa
Las encuestadoras Innova y Doxa Data difundieron este lunes sendos estudios de opinión que coinciden con un dato: por lejos la seguridad es el tema que más preocupa a los rosarinos.
El 66,5% de los consultados por Doxa Data indicó que la seguridad es el principal problema de Rosario, muy lejos de la inflación, ya que sólo el 10% la ubicó en ese nivel. Le siguieron los Incendios en las islas con 5,8% y transporte público 5,4%; corrupción 4,8% y estado de las calles 3,5%. La consultora que dirige Roque Cantoia encuestó 434 casos efectivos combinando sistema IVR y encuestas autoadministradas para dispositivos móviles, con margen de error del 5% entre el 19 y el 24 de septiembre.
El estudio de Innova Opinión Pública, que tiene a Martín Ostolaza como uno de sus directores, arrojó resultados similares. Ante la consulta: ¿Cuál de las siguientes problemáticas es la que más le preocupa?, en el 63% de los casos mencionaron como primera opción la seguridad; 9% la inflación; 8% narcotráfico; 6% corrupción; 5% desempleo; 4% la Justicia; 2% los políticos y 1% la educación. Cuando a los mismos encuestados se les pidió que eligieran la segunda problemática que más les preocupa, 21% mencionó Narcotráfico, 19% Inflación y 15% Pobreza. Sólo el 10% tiene algún otro tema que le preocupe más que la seguridad. Innova consultó a 400 rosarinos entre el 15 y 16 de octubre, por medio de un cuestionario estructurado a partir de preguntas cerradas, de opciones múltiples y escalas de opinión de forma presencial, con margen de error de 4,8%.
El transporte de pasajeros se prestará de forma normal
Massa aportó y el paro se levantó
El compromiso del gobierno de sumar 2 mil millones extra a los subsidios de este año destrabó el conflicto salarial con los choferes.
La Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias del sector nucleadas en la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) llegaron ayer a un acuerdo salarial para los choferes del interior del país, por lo que fue levantado el paro general anunciado para este martes, miércoles y jueves. La salida fue dada por el gobierno nacional que acordó aumentar los subsidios, destinando 2 mil millones de pesos más al Fondo Compensador en el interior del país, elevando el monto de 46 mil millones de pesos a 48 mil millones de pesos para este año, lo que generó que la UTA levantara la medida de fuerza anunciada. El acuerdo salarial fue refrendado por la flamante ministra de Trabajo de nación, Kelly Olmos.
La UTA emitió un comunicado oficial anunciando el levantamiento del paro. "Se logró un acuerdo salarial", aseguran en el texto. "Con el acuerdo alcanzado ratificamos la unidad salarial en todo el país y la premisa de igual remuneración por igual tarea. Se determina como base salarial a partir de octubre $165.000, para noviembre $180.000 y $200.000 en diciembre para el conductor inicial del interior y proporcional para el resto de las categorías. También aumento proporcional de viáticos que llegarán en diciembre a $1.141 pesos por cada día de trabajo y $3.000 por cada año de antigüedad. Asimismo se determina una asignación de $40.000 en concepto de Bono extra y un adelanto de $20.000 para el mes de enero de 2023. Para la UTA nadie cobra menos que nadie y no hay trabajadores de segunda", concluye el texto sindical.
El Ministerio de Trabajo de la nación había convocado ayer a una nueva reunión conciliatoria de la UTA con los empresarios de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), en un nuevo intento por destrabar el conflicto por aumento de salarios para los conductores del interior del país, y evitar nuevas medidas de fuerza en el sector.
La reunión conciliatoria empezó en el Ministerio de Trabajo, pero se trasladó a media mañana al Ministerio de Economía, donde se incorporaron funcionarios de esa cartera con el objetivo de destrabar el conflicto salarial en el sector. Al mediodía llegaron las buenas noticias.
La conducción nacional de la UTA, que lidera Roberto Fernández, ya había realizado un paro de 48 horas en el interior del país en demanda del pago de un aumento salarial que ya había sido acordado en el marco de las paritarias del sector y que estaba cobrando el Área Metropolitana de Buenos Aires.
Para evitar la medida de fuerza que arrancaba este martes, que había sido anunciada por la UTA y que afectaría a millones de usuarios y usuarias del transporte público en el interior del país, el ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, junto con el ministro de Economía, Sergio Massa, reunieron a los principales referentes del sector y a funcionarios nacionales con sus equipos técnicos, para alcanzar un acuerdo con el sector sindical que garantice el servicio público en las diferentes jurisdicciones.
En la reunión, el gobierno nacional acordó destinar 2 mil millones de pesos más al Fondo Compensador para el Interior del País, elevando el monto de 46 mil millones de pesos a 48 mil millones de pesos para este año, que permitirá financiar el incremento salarial.
En el encuentro estuvieron presentes la ministra de Trabajo, Raquel Olmos; el Secretario de Articulación Interjurisdiccional del Ministerio de Transporte, Marcos Farina; el secretario general de la UTA, Roberto Fernández; y el secretario interior de la UTA, Jorge Kiener.
El gobierno nacional, a través del Fondo Compensador, lleva adelante una asistencia económica al transporte de pasajeros y pasajeras a las provincias del interior del país, quienes son las verdaderas responsables de sostener el sistema de transporte público local a partir de suscribirse el pacto fiscal en el año 2018. A pesar de eso, durante todo este año el Gobierno nacional transferirá, a partir de lo acordado hoy, un total de 48 mil millones de pesos al interior para garantizar el servicio.
Impuesto al sello
He presentado un proyecto que busca eliminar el impuesto al sello de los contratos de alquileres. El 19 de mayo pasado se aprobó en la Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia de Santa Fe por lo que ahora estamos expectantes de lo que se defina en la Cámara de Senadores esperando pueda ser aprobado y convertirse en Ley.
El proyecto busca beneficiar, por ejemplo, a las personas que acceden a sus viviendas a través del alquiler quitando el impuesto al sello de los contratos y disminuyendo el impacto que implica comenzar con un nuevo alquiler.
Son medidas que ya se aplican en otras provincias y Santa Fe tiene todas las condiciones para ponerla en funcionamiento. Somos optimistas y creemos que con la voluntad de los senadores y del gobernador podemos convertir esta iniciativa en Ley.
Lo que buscamos es aportar soluciones que tiendan a mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Hoy el acceso a la vivienda se está convirtiendo en un problema para los trabajadores y desde la provincia debemos darle una perspectiva peronista a la situación y buscar acompañar a las familias en su acceso a una vivienda.
Luis Rubeo
Diputado provincial
Fuente:Rosario12
Lawfare a la santafesina
La defensa de los sospechados por “espionaje ilegal” pide a gritos el control de un magistrado en la investigación del fiscal Hernández. Pero no consigue. Irregularidades y filtraciones interesadas.
El abogado Juan Lewis, representante de los ex funcionarios del Ministerio de Seguridad provincial investigados por presunta recolección irregular de información –Nadia Schujman, Débora Cotichini, Diego Rodríguez, Pablo Álvarez y Milagros Bernard–, solicitó la intervención de la Corte Suprema de Justicia santafesina para que algún juez ejerza control de legalidad sobre la actividad del fiscal Ezequiel Hernández, el facilitador de las conversaciones privadas de los teléfonos particulares de algunos de los investigados, que con precisa edición e interesada selección difunde uno de los querellantes en la causa, el empresario de medios de comunicación Gustavo Scaglione. El abogado defensor de los sospechosos –que a un año y medio del inicio del legajo judicial aún no fueron imputados formalmente, pero sí destrozados públicamente– pretende llegar al máximo tribunal mediante un recurso extraordinario que revoque la decisión de un juez de segunda instancia, quien rechazó la solicitud de controlar las acciones del fiscal por parte de una o un magistrado. Pide la devolución del dispositivo personal de Schujman y la “inaprovechabilidad” de las extracciones realizadas al móvil en Brasil, sin la participación de la defensa, porque fue secuestrado “ilegalmente”. Y que se ponga un límite a la afectación de la privacidad que supone la AudioFest mediática.
En el escrito del recurso extraordinario para llegar a la Corte, presentado la semana pasada por Lewis ante el Colegio de Jueces de 2da instancia de Santa Fe, el ex ministro de Justicia del Frente Progresista señala que la “defección de control” por parte de los jueces al desarrollo de la investigación, supone la “indefensión ante las tropelías del MPA santafesino, a la vez que la misma también implica una defección en las potestades de control que tiene vuestra señoría respecto de la regularidad de la actividad investigativa. Esto último constituye claramente una denegación de justicia”.
La causa intencionalmente llamada en la prensa como “espionaje ilegal”, además de múltiples irregularidades como la ausencia de una orden de allanamiento y de testigos cuando se “inspeccionaron” las oficinas del Ministerio de Seguridad y la floja cadena de custodia de los dispositivos secuestrados, ofrece un elemento en apariencia paradójico: no se conocen –al menos todavía– las presuntas “escuchas” realizadas por los acusados, pero sí se escuchan a diario sus conversaciones privadas, difundidas a través de algunos medios de comunicación interesados. Charlas, en su mayoría, que ninguna relación poseen con el objeto procesal de la causa, la presunta recolección ilícita de información por parte de funcionarios del Estado. Es decir, los supuestos espías son los “espiados”.
Con un agravante: el propietario del mayor multimedios de la provincia accedió a ese material –por decisión del fiscal Hernández, en aparente violación de lo que había dispuesto un juez que sólo se refirió al acceso por parte de las defensas– cuando su condición de querellante todavía no está firme, puesto que fue apelada por Lewis. El 31 de este mes se realizará la audiencia para resolver esa controversia.
Rotas cadenas
El texto presentado por Lewis reseña los principales acontecimientos del proceso: el 26 de noviembre de 2021 se allanó, sin testigos, la sede Rosario del Ministerio de Gobierno, cuando el equipo que había acompañado a Sain y entonces lo hacía con Lagna, ya había renunciado.
En el acta de procedimiento, un policía con notable reflejos para la reducción de daños y la autoprotección hizo constar que la fiscal Mariela Jiménez ordenó que la requisa se realice “sin la presencia de testigos” de actuación, toda una innovación procedimental si se tiene en cuenta que la medida se realizó un viernes al mediodía en pleno centro de Rosario, donde calor y testigos sobran.
El 7 de diciembre los fiscales Hernández y Jiménez piden que autorice la extracción de información de todos los equipos electrónicos secuestrados, computadoras y celulares. Dice Lewis que un magistrado “autoriza dicha medida investigativa sin convocar a audiencia y sin notificar ni emplazar a la defensa”.
El 3 de enero de 2022 comienzan las extracciones de distintos teléfonos y dispositivos informáticos. Siguieron el 10 y 11 de marzo de este año, pero la defensa de los ex funcionarios advirtió lo que considera “irregularidades” en la cadena de custodia.
El texto cita el paso de los teléfonos y dispositivos entre funcionarios del Organismo de Investigaciones (la policía judicial del MPA) sin que los mismos consten en la documentación correspondiente. Un pasamanos sin registro.
También señala que “en fecha 03/01/2022 el embalaje consistía en una bolsa de nylon y anexa una faja de seguridad. En el lapso de esa fecha hasta el 10/03/2022 se produce un cambio de embalaje a una bolsa de papel madera color marrón, sin precinto y cerrada con varias tiras de cinta adhesiva blanca de papel, sin registro alguno del cambio realizado”.
“En conclusión –sostiene el escrito– los dispositivos (…) fueron manipulados, alterados y accedidos con anterioridad a dicha fecha”.
Otro hecho llamativo que la defensa reseña en la presentación es lo ocurrido con la computadora marca Dell modelo Inspiron 3493 secuestrada en la oficina de Schujman, a la que le desapareció el disco de almacenamiento en su interior.
El fiscal Hernández –su colega Jiménez se jubiló– sostuvo a través de un comunicado que la pericia de la computadora se filmó y el video muestra el disco de almacenamiento.
Sin embargo, Lewis indicó que “la propia acta labrada el día del peritaje revela que la notebook en cuestión «no posee ningún tipo de disco de almacenamiento en su interior». La misma es suscripta por el oficial de policía Leonel Gómez, quien desarmó la computadora, el abogado Hernán Martínez y nuestro perito de parte Leonardo Gianzone”.
Pin bloqueado
En el escrito de la defensa de los ex funcionarios de la cartera de Seguridad, también se hace referencia a la presunta manipulación de los teléfonos celulares secuestrados.
“En relación a las etiquetas identificadas en la apertura del 10 y 11 de marzo 2022, se advirtió que los dispositivos fueron manipulados a partir del 03/01/2022, puesto que en cada una de ellas se consignaba una cinta adhesiva color blanca con leyendas tales como: «E34 (Ubuntu) bloqueado (Alfanum) Bios Bloqueada”; “E11 Pin No se pudo desbloquear log; tiene PIN y no se pudo desbloquear»”.
Según el escrito, “evidentemente, entre la apertura realizada el 3 de enero de 2022 en la ciudad de Santa Fe y la medida realizada el 10 y 11 de marzo de 2022 en la ciudad de Rosario, alguien intentó, al menos, encender los dispositivos para extraer su información, sin control alguno de la defensa y sin documentación alguna de dicho intento”.
Esos hallazgos motivaron que la defensa presentara una denuncia penal ante el fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arietti, uno de los padres de la criatura del “espionaje ilegal”. Por esa razón se generó el legajo identificado con el CUIJ N° 21-08859599-5 “y fue girada al fiscal Ignacio Orio, quien hasta el día de la fecha no ha realizado absolutamente ningún acto de investigación”, señala el escrito de Lewis y su colega Daniel Cullerés.
El 18 de abril la defensa fue notificada por la Fiscalía, a las 21 horas, que cuatro días después se realizaría en la ciudad brasileña de San Pablo el desbloqueo de seis teléfonos secuestrados y la extracción de la información de los mismos, por parte de la empresa Cellebrite Solucoes Tecnologicas.
Lewis pidió a la Fiscalía que suspenda la medida porque entre los teléfonos había uno personal y no laboral, porque la defensa no podía controlar la apertura y extracción y porque en Argentina la misma tecnología que demandaba esa tarea la tienen la Policía de Seguridad Aeroportuaria y Gendarmería.
El 22 de abril, cuando la medida se realizaba en Brasil, Hernández respondió que las decisiones de investigación son competencia exclusiva de la Fiscalía.
Así fue como Lewis requirió el control judicial con una presentación para detener la medida, que recayó en el juez Nicolás Falkenberg.
Sin apuros, el magistrado rechazó in limine el planteo el 27 de abril, cuando ya habían arrancado los preparativos de la AudioFest que se celebraría en septiembre.
Necesitada de la intervención de la jurisdicción –es decir, del control de un magistrado a la actividad del fiscal– Lewis interpuso un recurso de revocatoria y apelación en subsidio, al entender que “existía un desencuentro entre las partes procesales contendientes”, que requería de un tercero que oficiara de árbitro.
Falkenberg desestimó el recurso unos días después al señalar que el fiscal posee la facultad de devolución de los objetos secuestrados y que, si hubiere alguna irregularidad, podría hacer pasible al fiscal de alguna sanción disciplinaria. Algo así como, que Hernández haga lo que quiera y, si lo merece, que posteriormente se lo castigue.
El juez rechazó el recurso pero admitió la apelación, que recién fue resuelta por el camarista Fabio Mudry el 16 de agosto, declarando inadmisible el planteo por falta de cumplimiento de requisitos formales.
No te meterás
Desprovista de buena fortuna, la defensa de los funcionarios investigados no pudo conseguir que algún juez resolviera las controversias que se originaron entre las partes. Por eso ahora intenta buscar un remedio en el recurso extraordinario para llegar a la Corte.
Lewis dijo a El Eslabón que “el recurso está dado por el hecho que desde el 26 de noviembre, en realidad desde agosto cuando se inicia la causa, se han dado injerencias sobre los imputados que no han tenido control jurisdiccional, los jueces le esquivan y los fiscales la están escamoteando”.
Para el abogado defensor de cinco de los acusados, “los fiscales no son un poder incontrolado. Los fiscales tienen facultades y deberes y ciertos poderes, pero esos poderes no son infinitos y arbitrarios, tienen que estar limitados y controlados por un juez”. Pero no se consigue.
“Para nosotros lo que están haciendo los fiscales con los teléfonos está mal, pero podemos estar equivocados. Bueno, que lo decida un tercero, un juez, que resuelva sobre eso”, solicitó el abogado, casi como mendigando el control jurisdiccional.
El ex ministro dijo también que “creemos que los fiscales ya están en el orden del disparate” y “lo más grave es que los jueces están haciendo lo imposible por no meterse”.
En el escrito, sostiene que “el agravio principal que nos genera (la resolución del camarista Mudry) viene dado por la renuncia a controlar la actividad de la Fiscalía cuando se trata de un supuesto que, claramente, puede y debe ser evaluado por la jurisdicción”.
El texto del recurso, por fin, hace referencia a la decisión del fiscal Hernández de entregarles a los querellantes la controvertida información extraída de los teléfonos celulares de los investigados. Sin ningún tipo de control o limitación, por ejemplo, que excluyera conversaciones de la esfera privada sin relación con el objeto procesal de la causa. Así fue como los presuntos espías terminaron espiados.
Necedad
“No podemos menos que destacar lo que sucedía mientras el doctor Mudry argumentaba por qué no debía controlar la actividad investigativa del doctor Hernández. En fecha reciente, la Fiscalía convocó a los querellantes y les entregó la totalidad de las constancias que documentan la investigación. Incluso, la totalidad de la extracción realizada en algunos teléfonos celulares personales de los imputados. Dado que ningún juez había sido convocado a controlar la medida, ningún juez opinó y/o limitó la extracción de archivos (en función de la época, o del tipo de archivo, o de remitente o destinatario, o cualquier otro criterio que pudiera funcionar como límite)”, indica Lewis.
“A consecuencia de ello –sigue–, la intimidad de algunos imputados quedó expuesta hasta el paroxismo y la utilización segmentada (sin explicaciones de contexto, sin indicar destinatarios, editada, etc.) de algunos audios ha desencadenado un sinfín de especulaciones y movimientos políticos y mediáticos”.
Sin mencionarlo, la presentación hace referencia al propietario del multimedios La Capital y Televisión Litoral, entre otros grupos de medios de comunicación, el empresario del mundo de las finanzas, Scaglione.
“No puede obviarse que uno de los querellantes es un conocido empresario de medios de la provincia. Obviamente, utilizó este material conforme pautas de trabajo habituales en su rubro que poco tienen que ver con el Derecho, y mucho menos con esta causa”, sostiene.
Y sigue: “No podemos impugnar la actividad de un privado, que encima actúa conforme la lógica de trabajo de su empresa. Pero no podemos dejar de apuntar el desatino del doctor Hernández quien con tan necia actitud ha puesto en vilo a toda la provincia y ha terminado de perjudicar la imagen del Poder Judicial con yerros como el que se comenta que se proyectan sobre derechos de nuestros asistidos”.
Fuente:ElEslabon
Barreras en alto
La protesta a nivel nacional del Sutpa afecta los peajes de las autopistas a Buenos Aires y Córdoba, la ruta 34 y el puente Rosario Victoria. Reclaman certezas sobre el futuro de la actividad. El conflicto de Sutracovi, que pide “reajuste en paritarias”, alcanza a la autopista a Santa Fe.
Por distintos motivos, automovilistas que circulen en rutas nacionales y provinciales se encontrarán en sus trayectos con barreras de peajes levantadas durante este martes. En el caso del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (Sutpa), la medida de fuerza será por todo el día; mientras que el Sindicato Único de Trabajadores de Concesionarias Viales y Afines de la Provincia de Santa Fe (Sutracovi), levantará las barreras por tramos.
Protesta del Sutpa
El sindicato realiza desde la medianoche de este martes un paro ante “la incertidumbre acerca del futuro” de la actividad y por reclamos salariales. La medida, que es por 24 horas y dejó liberadas las barreras de los peajes, incluirá una marcha al Ministerio de Trabajo a partir de las 12, informó el gremio en un comunicado
En Rosario y región, la huelga afectará a los peajes de las autopistas a Buenos Aires y Córdoba; la ruta 34 y 178 (Puente Rosario – Victoria). En Santa Fe, la medida afecta la ruta 19 de Santo Tomé a Córdoba capital, según detalló Cristian Palle, secretario general del Sutpa Santa Fe. “La medida consiste en levantamiento de barreras durante todo el dia martes”, informó.
En un comunicado, el sindicato explicó que la protesta “radica en la incertidumbre que tenemos acerca del futuro de nuestra actividad”. Y señaló que “la falta de planificación por parte del Gobierno Nacional y Provincial en lo que respecta al funcionamiento y al futuro de las concesiones viales pone en riesgo el trabajo de 7000 familias”.
“A su vez, la imprevisión y ausencia de políticas públicas que cuiden las rutas y autopistas resienten la conservación y el mantenimiento de las mismas, situación que también atenta contra la seguridad de millones de usuarios”, agrega el escrito.
En cuanto a la situación salarial, indicó que “ante el atraso tarifario de todas las empresas del sector, se pretende cortar el hilo por lo más delgado: no pagar las obligaciones paritarias asumidas, obligándonos a salir a la lucha frente a una inflación imparable, y ante un escenario donde los trabajadores venimos perdiendo poder adquisitivo hace 5 años consecutivos”.
Protesta de Sutracovi
Por su parte, las y los trabajadores del peaje de la autopista Rosario-Santa Fe informaron que permanecen en estado de asamblea permanente, de dos horas por turno, y con barreras levantadas, en el marco del conflicto con la concesionaria “que rechaza un reajuste de paritarias”.
En un comunicado, remarcaron que la empresa Unidad Ejecutora APO1 “se niega” al reclamo gremial. La medida es con levantamiento de barrera en los horarios de 17 a 19, de 22 a 03 y de 8 a 10 de la mañana. “En el día de ayer fracasaron las últimas audiencias en el Ministerio”, señaló Leandro Bond, secretario general de Sutracovi.
Desde el sindicato recordaron que el último acuerdo paritario fue hasta septiembre pasado, mientras que las actuales negociaciones son por el lapso octubre-diciembre. Las y los trabajadores piden un 50 por ciento de aumento salarial y la oferta empresarial trepa al 37 por ciento. “Los compañeros lo consideraron insuficiente debido a los elevados costos de vida que estamos atravesando”, indicó Bond, y agregó: “No hemos acordado, así que empezamos con asambleas”.
“Lejos de reconocer que los salarios se vieron diezmados por el fuerte período inflacionario que atravesamos, la empresa hace oídos sordos y pretende que nuestros salarios se mantengan lejos de los índices de inflación”, subrayó el dirigente gremial.
Compra de electrodomésticos en cuotas
En el marco del trabajo conjunto con Nación para implementar el plan Ahora 30 en la provincia, la Secretaría de Comercio Interior santafesina adelantó que más de 180 pymes podrán contar con esta herramienta. “Es una política de incentivo al consumo acertada”, resaltó Juan Marcos Aviano, titular del área.
Tras el lanzamiento del Plan Nacional Ahora 30, la Secretaría de Comercio Interior y Servicios del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, junto a la la Secretaría de Comercio del Ministerio de Economía de la Nación, acordaron comenzar las fiscalizaciones en los comercios santafesinos alcanzados por el Programa Nacional, con el objetivo de impulsar su correcta implementación en el territorio provincial.
En territorio santafesino, más de 180 pymes dedicadas al rubro de electrodomésticos cuentan con la posibilidad de trabajar con esta herramienta nacional. En ese sentido, desde la Casa Gris pretenden que aquellas empresas dedicadas a la fabricación de muebles y ventiladores, también sean alcanzadas por esta iniciativa.
“El Ahora 30 es una política de incentivo al consumo acertada, entendemos que actualmente necesitamos sostener el nivel de ventas en el sector de línea blanca, electrodomésticos y artículos del hogar”, remarcó el secretario de Comercio Interior y Servicios, Juan Marcos Aviano.
Al respecto, el funcionario informó que “junto a las cámaras comerciales de Rosario y Santa Fe, elevamos un pedido para ampliar a las pymes locales a la primera propuesta del gobierno, lo cual se ha logrado”. Y agregó: “Estamos difundiendo la manera en que los comerciantes se pueden adherir, a fin de que las más de 180 pymes familiares y de capitales santafesinos que integran esa red puedan tener este programa y ofrecerlo al consumidor”.
“Respecto a éste último –continuó el referente de la cartera productiva–, estamos empezando a difundir consejos útiles para tener en cuenta a la hora de sumarse a un plan de 30 cuotas. A la par de incentivar el consumo, también queremos acompañar con consejos y que realmente haya un consumo responsable”.
El Programa establece, a partir de un acuerdo con fabricantes y comercializadores, precios tope de venta al público estipulados para todo el territorio nacional por 60 días, prorrogable a 90 días con acuerdo de ambas partes. El plan contará con un financiamiento de 100.000 millones de pesos a 48 por ciento de Tasa Nominal Anual (TNA) en 30 cuotas fijas. El monto máximo que los usuarios y consumidores podrán adquirir es de 200.000 pesos sin interés estableciendo un tope máximo de 400.000 pesos para el financiamiento de 30 cuotas fijas mensuales. El mismo alcanza un listado de más de 250 electrodomésticos.
Los comercios interesados en utilizar la herramienta nacional deben firmar un convenio de adhesión con la Secretaría de Comercio del Ministerio de Economía de la Nación. Sólo podrán participar aquellos comercios del rubro inscriptos en AFIP que tengan sede física, la venta a través de internet se incluye solo en caso de poseer una sucursal física, según informó Provincia.
La Secretaría de Comercio posee la competencia de fiscalizar el cumplimiento del Programa (con sanciones en el marco de la ley 24.240 de Defensa del Consumidor y Decreto 274/19 de Lealtad Comercial). E indicó que aquellos comercios interesados en inscribirse al programa nacional, deben ingresar aquí.
Fuente:RedaccionRosario
Javkin y el videocontrol: de mil infracciones diarias, algunas zafan de la multa
El intendente defendió el nuevo sistema ante las numerosas críticas recibidas. Dijo que hasta aquí los infractores representan el 0,3% del tránsito. "Que paguen, porque la ciudad no puede ser prisionera de una minoría que comete delitos violentos", dijo al relacionar la violación a las normas viales con la delincuencia.
En el marco de una conferencia de prensa realizada este martes junto al Ministerio Público de la Acusación por un acuerdo de colaboración con cámaras de tránsito en causas específicas en lo penal, el intendente Pablo Javkin dio a conocer algunos resultados sobre las infracciones al cumplirse una semana de la aplicación de 70 cámaras en puntos estratégicos de la ciudad.
“Estamos en alrededor de mil infracciones diarias”, dio a conocer el intendente, y luego aclaró: “Aunque no todas terminan en notificación de multa y quedan alrededor de 700 constituidas efectivamente, porque puede haber situaciones contempladas”.
Según los primeros sondeos de estas 70 cámaras fijas y cuatro móviles, “el sistema captó 370 mil vehículos en la semana, y 300 mil patentes diarias. De estos vehículos, mil cometieron infracciones: 0.3 por ciento”, aseveró en la conferencia donde estuvo Sí 98.9.
El intendente cargó entonces contra las críticas a este sistema de control: “Dejemos de discutir la excepción, yo sé que es una minoría resonante. Basta de que cumplir la norma significa ‘ser un gil’. Si tenemos mil de 300 mil que cometen infracciones, que paguen porque la ciudad no puede ser prisionera de una minoría que comete delitos violentos”.
En torno al acuerdo con la Fiscalía, Javkin precisó: "Podemos programar el sistema con pedidos de captura para detectar patentes. Y estamos por alcanzar un acuerdo con las localidades vecinas que tienen sistemas similares para que la información no quede solo en los accesos del ejido urbano, a complementar con las otras localidades".
La jefa de los fiscales María Eugenia Iribarren destacó que "mas cantidad de cámaras públicas y de mejor calidad aportarán mejor a profundizar las investigaciones que muchas veces lo hacen las cámaras privadas de los ciudadanos".
Javkin defendió finalmente la función de los totems: "Estos no miden ni tienen cámaras para generar infracciones. Miden circulación y velocidades permitidas".
Más de medio millón de personas se anotaron para recibir el bono de $45.000
La afluencia a las delegaciones de Anses en todo el país es masiva. En Rosario, mucha gente pernoctó como pudo para asegurarse un lugar ante la sede de Rioja y Sarmiento.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó este martes que, en tan solo 24 horas, más de medio millón de personas se inscribieron para acceder al bono de 45.000 pesos correspondientes al Refuerzo Alimentario para quienes se encuentren en condiciones de vulnerabilidad con ningún tipo de ingresos ni asistencia del Estado.
El organismo previsional señaló que "514.000 personas ya lograron acceder al Refuerzo Alimentario y cobrarán el primer pago a partir del 14 de noviembre, según terminación de DNI", al tiempo que recordó que "la inscripción continuará en forma presencial en oficinas y en la web de ANSES durante las próximas semanas".
La directora ejecutiva del organismo, Fernanda Raverta, indicó que "durante todo el día en todas nuestras oficinas, nuestra web y con operativos móviles en los lugares más alejados o con mayor cantidad de población, pudimos atender a todas las personas que se inscribieron a este Refuerzo, que recordamos es para aquellos que no tienen nada, que no reciben ninguna asistencia del Estado y se encuentran en una situación de extrema gravedad social y económica".
La ANSES puntualizó que "aquellas personas que no cuenten con trabajo registrado (en relación de dependencia, autónomos, de casas particulares, monotributistas o monotributistas sociales) y que no se encuentren percibiendo Jubilación y/o pensión contributiva o no contributiva (tanto nacionales como provinciales y municipales), Prestación por Desempleo, Potenciar Trabajo, Becas Progresar, Asignación por Embarazo para Protección Social, Programas Sociales (tanto nacionales como provinciales o municipales) o quienes tengan hijas y/o hijos que perciban la Asignación Universal por Hija e Hijo o Salario Familiar".
Más adelante, el organismo previsional destacó que "para acceder al Refuerzo las personas que se inscriban deberán completar una Declaración Jurada, que será evaluada junto a sus consumos, bienes y patrimonio, lo que equivale a que no podrán tener registrado a su nombre rodados (automotores, motocicletas y otros) que tengan menos de 10 años de antigüedad, inmuebles, consumos de tarjeta de crédito y/o débito en los últimos 2 meses, depósitos a plazos fijos y bonos en los últimos 6 meses, acreditación en cuentas bancarias en los últimos 2 meses, compras en moneda extranjera en los últimos 6 meses, obra social o prepaga".
Finalmente, en el caso de personas de 18 a 24 años, el control socioeconómico se le realizará también a su grupo familiar.
Fuente:RosarioPlus
No hay comentarios:
Publicar un comentario