Denuncian a funcionarios provinciales
y judiciales por el espionaje ilegal en
Jujuy
Por Mariana Mamani, Resumen Latinoamericano, 30 de setiembre de 2022.
La Comisión de Solidaridad con los pueblos advirtió sobre las graves vulneraciones a los derechos humanos en la provincia. Sostuvo que estas prácticas consolidan «un esquema antidemocrático”.
La Comisión de Solidaridad con los Pueblos en Defensa de los Derechos Humanos presentó una denuncia penal contra los funcionarios políticos y judiciales de Jujuy involucrados en la infiltración y espionaje ilegal a organizaciones sociales que derivó en una decena de allanamientos irregulares.
La denuncia, radicada en la Fiscalía Federal a cargo de Federico Zurueta, es contra el ministro de Seguridad de Jujuy, Luis Alberto Martin; el jefe de la Policía, Héctor Horacio Herbas Mejía, y el titular de la Agencia Provincial de Delitos Complejos de la Policía jujeña, Marcelo Rodríguez. También alcanza al juez Rodolfo Fernández, del Juzgado de Control en lo Penal y Delitos contra la Administración Pública, y al fiscal Diego Funes, de la Unidad Fiscal de Investigación Especializada en Delitos Económicos y contra la Administración.
La titular de la Dirección Nacional de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Gabriela Carpineti, patrocinante de la denuncia, explicó que se la presentó en la Justicia Federal porque es contra «funcionarios judiciales y del Poder Ejecutivo provincial, particularmente funcionarios del área de Seguridad y policial, que violaron dos leyes fundamentales que rigen para la vida democrática para todo el territorio nacional que son las leyes de inteligencia y de seguridad interior”.
“La primera acción de esta empresa ilícita, ilegal, de espionaje, fue infiltrar. Luego, el fiscal Funes solicita los allanamientos. Y a partir de eso fueron construyendo la hipótesis delictiva. ¿Y qué hace el juez de control? Interviene tres meses después. O sea que los allanamientos y las infiltraciones se realizan aparentemente sin conocimiento del juez de control”, añadió la funcionaria.
Detalló que en la presentación describieron que se cometieron delitos contra el «derecho a la privacidad, a la intimidad, son derechos escritos en nuestra Constitución nacional, y fueron violados por estos funcionarios”. “Y tal vez haya otros, inclusive con responsabilidades mayores que estos cuatro”, añadió.
Esta denuncia es consecuencia de visitas anteriores a la provincia de la Comisión, integrada por abogadas, periodistas, trabajadores sociales, organizaciones sociales y sindicales. Esta es la cuarta vez que llegan a la provincia, donde vienen relevando vulneraciones a los derechos humanos denunciadas por organizaciones sociales, sindicales y de la economía popular que sufrieron allanamientos y represión.
Este relevamiento fue parte de un informe presentado en el Congreso de la Nación en agosto pasado. Contiene 58 casos de graves violaciones a los derechos humanos bajo el gobierno de Gerardo Morales.
En la denuncia se recuerda que quienes están al frente de un gobierno tienen la obligación de «garantizar la convivencia democrática». «Infiltrar, allanar, imputar ilegalmente a ciudadanos y ciudadanas por pertenencias políticas consolida un esquema antidemocrático. Eso denunciamos”, se sostiene.
En la conferencia de prensa que miembros de la Comisión y militantes perseguidos dieron tras presentar la denuncia, Carpineti sostuvo que en Jujuy «hay funcionarios judiciales fiscales y del Ejecutivo que cuando se encuentran con personas que piensan diferente tienen la estrategia de aniquilamiento y para eso montaron una empresa ilegal de espionaje«.
“Hay que detener esta situación antes que se siga deteriorando la vida democrática en Jujuy», sostuvo la funcionaria. Agregó que entendió mejor la situación cuando supo del proyecto de reforma de la Constitución provincial. «Esta provincia necesita un saneamiento en su Poder Judicial, el Ministerio Público de la Acusación es una estructura ilegal y considero que tiene que existir una intervención a la justicia jujeña”. “Es fundamental recuperar la vida democrática en esta provincia, hay una absoluta alteración de las garantías democráticas”, afirmó.
La comitiva también repudió la reforma parcial de la Constitución que impulsa el gobierno jujeño y que institucionaliza la persecución a la protesta social.
Infiltrado
En esta cuarta visita la Comisión estuvo relevando denuncias en San Salvador, San Pedro y Tilcara. La abogada Daniela Verón, del Centro de Acceso de Justicia del Ministerio de Justicia de la Nación, contó que anteayer, mientras recibían denuncias de desalojos de pequeños productores mediante imputaciones del fiscal Agustín Jarma, una persona que esperaba realizar su exposición reconoció a un hombre que se había mezclado con los denunciantes y que en realidad es auxiliar del fiscal Jarma, e incluso sería el que les tomó la declaración a estas personas en la Fiscalía.
«Cada vez que venimos a Jujuy me sorprendo de las infiltraciones ilegales», sostuvo Verón. Y contó que este hombre le dijo primero que iba a escuchar una charla y que cuando le señaló que no había, dijo que estaba acompañando a su padre que iba a hacer una denuncia. La abogada le dijo entonces que se retirara, o «lo denunciaría por infiltración ilegal y violencia institucional”.
En esta visita la Comisión atendió a más de 70 personas. “Muchas denuncias están vinculadas al funcionamiento arbitrario del Poder Judicial y al estado de indefensión en el que se encuentra la población más vulnerable. También recibimos a comunidades indígenas que están en conflictos territoriales. El Estado provincial no solo no defiende su derecho al trabajo –la mayoría campesinos que producen alimentos- sino que los hostiga en connivencia con la clase empresarial”, explicó el abogado José Luis Fuentes.
Ocho falacias sobre las consecuencias
de una ley de humedales
Resumen Latinoamericano, 30 de setiembre de 2022.
La Multisectorial Humedales difundió un documento que responde a algunos de los puntos que los sectores productivos reprochan a la normativa en debate
En una semana cargada de versiones cruzadas sobre los impactos que tendría la sanción de una ley de humedales, militantes socioambientales difundieron un documento en el que rebaten las «falacias» de supuestos desalojos de pobladores o prohibición de todo tipo de producción.
El texto realizado por integrantes de la Multisectorial por los Humedales, una de las organizaciones locales con mayor presencia en las protestas, es el siguiente:
1- Los pobladores históricos serían desalojados de los ambientes de humedal.
Falso. No hay un solo artículo que implique este accionar. De hecho conservar el humedal es conservar a la gente que lo ha sabido habitar por generaciones, personas que sostienen modos de producción que respetan los ecosistemas donde están inmersos. Hoy por hoy, de hecho, es el descontrol y el ingreso de actividades productivas no sostenibles lo que sí está corriendo a estos pobladores. Tenemos registros por ejemplo de apicultores que debido no solo a las quemas sino al cambio en las características ecológicas del lugar están abandonando los territorios.
2- Producir quedaría prohibido.
Falso. Las actividades productivas pueden tener lugar en la medida en que no resulten dañinas para los ecosistemas. Un número grande de actividades responden a esta característica. El tema aquí es que hay gente que se siente muy cómoda reinando en el caos y no tiene interés en producir de modo sostenible.
3- La ley atenta contra la propiedad privada.
Falso. La ley no va contra la propiedad privada pero sí avanza hacia la preservación de los bienes comunes.
4- La ley aumentaría los niveles de pobreza e indigencia.
Falso. Conservar territorios que proveen servicios ambientales para millones de seres humanos, garantizando así derechos humanos básicos como ser el acceso al agua, al aire limpio y al alimento, no produce pobreza sino que por el contrario hace posible una vida digna. La pobreza es producida, entre otras cosas, por modelos de producción altamente contaminantes que implican desarraigo, enfermedad y pésimas condiciones laborales para muchos trabajadores. Las economías regionales no prosperan en un mar de soja y tóxicos. Eso lo sabemos porque lo vivimos. Están los testimonios de personas que ven morir sus huertas y sus animales por fumigaciones continuas. Y en los humedales la vida tradicional isleña está siendo invadida literalmente por lo foráneo. La ley equilibra, le guste a quién le guste.
5- Es un dictamen exprés.
Falso. ¿Después de diez años de debate? ¿Viven en la luna?
6- El campo y la Sociedad Rural son la Argentina Federal.
Falso. Son solo un grupo minoritario con mucho poder político y económico. No representan ni a los pueblos ni a las comunidades, quienes sí son la encarnación del concepto de federalismo.
7- No tiene sentido sancionar leyes si leyes ya hay ni siquiera se cumplen.
Falso. Es verdad, hay leyes y ordenanzas vigentes, pero eso no anula la necesidad de una ley de humedales nacional. Y en cuanto a que en Argentina la ley no se cumple, la solución no es cerrar el Congreso sino activar en pos de hacerlas cumplir. Y ligado a esto, cabe destacar que muchas de las voces que pregonan el cumplir leyes y ordenanzas vigentes son de personas que justamente no las respetan. Y están cómodas así pues la ilegalidad consentida es el status quo desde hace décadas y bien lo saben. ¿O la usurpación de tierras fiscales es legal? ¿La construcción de terraplenes? ¿El corte de cursos de aguas navegables? ¿El desmonte en áreas protegidas? ¿La quema ilegal?
8- La ley no va a apagar el fuego y por eso su sanción no tiene sentido.
Falso. La ley no se centra en la quema, que es sólo uno de los tantos modos de devastar humedales. La ley se centra en conceder un piso mínimo de protección para todos los humedales a lo largo y ancho del país, la mayoría de los cuales se está básicamente extinguiendo gracias a la presencia de modos de producción degradativos. Y por supuesto, los que abultan cuentas bancarias gracias a este tipo de producciones, están en máxima alerta. Y como muchas luces no tienen, pero sí las suficientes para entender que simpáticos no caen, desde hace días intentan mediante falacias convencer a la gente de que la ley de humedales no va, no porque a ELLOS no les convenga, sino porque a VOS no te conviene. Y a vos SÍ te conviene. Y es así porque esa es la realidad.
¿Por qué a alguien podría molestarle tanto producir sustentablemente?
Formosa: Un Gobierno feudal,
desmontes y la vida campesina
-indígena que resiste
Por Anabel Pomar, Resumen Latinoamericano, 30 de setiembre de 2022.
La radiografía del agro en Formosa muestra el avance del agronegocio transgénico y la ganadería, previo desmontes masivos, y una política de Estado que desoye a los productores agroecológicos, campesinos y pueblos originarios. Los establecimientos productivos de menos de 100 hectáreas, que representan el 54% del total, cuentan con solo el 2% de la tierra.
Formosa, etimológicamente, significa hermosa. En el portal web provincial, desde el logo y a lo largo de sus comunicaciones institucionales, las autoridades resaltan con énfasis ese adjetivo. Los responsables del área productiva se presentan en su página de internet: “Las vacas pastan tranquilas bajo el algarrobal. A unos pocos metros de ellas, una joven de pelo negro y dulces ojos color miel las observa y analiza, toca la tierra, comprueba su humedad y hace una mueca de satisfacción”.
Pero, desde el territorio, las voces campesinas y las estadísticas de afectaciones sobre los bienes naturales comunes señalan otra cosa. Dicen presente la deforestación, la concentración de tierras, el monocultivo, la ganadería industrial y los impactos directos del modelo hegemónico de producción sobre la vida de los pequeños productores y pueblos indígenas. Esta realidad provincial describe un presente que se aleja de la prosa poética que publicitan desde el Gobierno.
Emergencia agropecuaria y pobreza
El Movimiento Campesino de Formosa (Mocafor) resume contundente en su declaración pública de emergencia, el 27 de agosto de este año. “El campesinado formoseño, los que aún quedan en los puestos, parajes y colonias en el territorio formoseño, viene atravesando varios años de situaciones de emergencia o desastre agropecuario”.
Enumeran como causas del desastre a las reiteradas y prolongadas sequías, las altas temperaturas, los incendios y la inflación; los elevados precios del combustible, los insumos agrícolas y el forraje para la ganadería menor y mayor. “Si el Estado no recurre a rescatar a los pequeños productores los próximos años seguirán desapareciendo colonias, parajes y comunidades rurales. Lo que está en juego es el autoabastecimiento, la seguridad y soberanía alimentaria de los formoseños”, afirman.
Formosa ha sido y es una de las provincias argentinas con más campesinado organizado. Con la creación del Movimiento Rural de Acción Católica (MRAC) y la Unión de Ligas Campesinas Formoseñas (Ulicaf), se iniciaron en la década del 70 las resistencias campesinas y luchas por reivindicaciones del sector que continúan vivos, pese a los sistemáticos embates para acallarla. También es pionera en experiencias de comercialización directa, del productor al consumidor, las ferias francas que se realizan desde fines de los 90, algunas de las cuales fueron apoyadas por el Programa de Asistencia Integral para el Pequeño Productor Agropecuario (Paippa).
Pero las principales apuestas productivas de la provincia, gobernada con omnipresencia clientelar por Gildo Insfrán desde hace más de 25 años, se centran en otros actores. La actividad se concentra principalmente en la ganadería extensiva y el desarrollo de cultivos intensivos, algodón, maíz y soja.
La consecuencia de ese modelo hegemónico es la desaparición de montes y biodiversidad, ganancias concentradas en pocas manos y la desaparición de familias campesinas e indígenas, que justamente son quienes pueden contribuir en forma decisiva en la lucha contra el hambre, la creación de fuentes de trabajo y el autoabastecimiento provincial con alimentos sanos y a precio justo.
Mientras, los porcentajes que duelen porque no son números sino personas. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (Indec), con base a datos del primer semestre de 2021, en Formosa el 47,4 por ciento de las personas son pobres y el 15 por ciento es indigente. Según el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (Isepci), en Formosa solamente el 55 por ciento de las familias logra cubrir las cuatro comidas diarias, mientras que un 26 por ciento completa tres comidas, 17 por ciento cubre dos platos al día y un dos por ciento consume solo una comida.
Un plan ganadero dominado por grandes empresas
Formosa cuenta con un stock ganadero bovino que representa el tres por ciento del total nacional, manteniéndose relativamente constante en los últimos años. Las razas que predominan son Brangus y Braford, debido a que estas cruzas con cebú son las que mejor se adaptan a la zona.
Por las características del suelo históricamente se desarrolló una ganadería orientada hacia la cría, de tipo extensiva con baja adopción de tecnología y escasa utilización de pasturas implantadas. El engorde y faena de los terneros suelen realizarse en provincias vecinas. Salta, Chaco y Santiago del Estero reciben cerca del 50 por ciento de los terneros formoseños para invernada.
El plan provincial para la actividad prevé Incrementar el stock ganadero provincial a 3.500.000 cabezas de ganado bovino como máxima, 3.000.000 de cabezas como escenario más probable y 2.500.000 cabezas de mínima.
En la provincia predominan los pequeños establecimientos pero la concentración es un dato abrumador. El 64 por ciento tiene menos de 250 cabezas, representando apenas el 26 por ciento del stock provincial. En el otro extremo, el cuatro por ciento de los establecimientos tiene más de 1000 cabezas y concentran el 44 por ciento del rodeo de Formosa.
La relevancia de la cadena caprina en Formosa está vinculada a su rol social más que a su impacto económico. Es una actividad que está desarrollada por pequeños productores, en general como actividad mixta y de subsistencia. También se destaca por extensión territorial: ocupa el 70 por ciento de la superficie de la provincia. La actividad más desarrollada es la cárnica, aunque también hay pequeños desarrollos de producción de leche y queso de cabra.
Agricultura transgénica
La agricultura formoseña comienza su desarrollo a mediados del siglo XX con la expansión del cultivo industrial del algodón, que rápidamente adquiere características de monocultivo, al igual que la banana en la zona noreste.
Históricamente la producción del algodón, para combatir plagas, incorporó la dependencia a agroquímicos biocidas y se desarrolló siempre con andamiajes de políticas públicas que no fueron destinadas a evitar la concentración del sector. Tras la adquisición de la semillera Mandiyú por parte de Monsanto en los ’90, el propio estado provincial se vuelve a constituir en aliado de las empresas de agrotóxicos y se adopta el algodón transgénico como regla.
Actualmente al algodón se le suma la soja y en mayor medida el maíz. También se destaca el cultivo del arroz, loa pomelos y frutas tropicales como la papaya. La horticultura ocupa un lugar marginal asociado al autoabastecimiento.
La producción agrícola se dio en un marco de profundas disparidades en la existencia de infraestructura productiva y social, las cuales reforzaron la construcción de un patrón socio-demográfico en el que el rasgo característico fue la tendencia a la concentración de la población en las zonas relativamente más desarrolladas. Patrón que se traslada hasta la actualidad.
El modelo de cultivos intensivos con uso de agrotóxicos es predominante. Los emprendimientos registrados por el Censo Nacional Agropecuario 2018 del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en unidades, son solo 22 de agricultura orgánica y diez de agroecología en toda la provincia.
Marisa Fogante está al frente de una de esas chacras desde 2007. Trabaja alrededor de 20 hectáreas, en la zona de Laguna Nainek (Laguna Blanca), casi en el límite con Paraguay. Produce mayormente frutas tropicales y asiáticas, entre otros cultivos. Bananas, mangos, carambola, toronja, lichis, mandioca, batatas y cabuto. Todo de manera agroecológica y biodinámica. “El apoyo a la agricultura que no utiliza agroquímicos biocidas es, a nivel provincial, casi nulo. Hay emprendimientos wichís, por ejemplo, que trabajan la producción de miel de monte, que no reciben ninguna atención. Hay un potencial, en esa producción y también en las hierbas medicinales que no está siendo percibido”, explica.
Fogante certificó en el arranque su producción orgánica e intentó contagiar en la zona. “Quedé como la única productora que apostaba a la agroecología. Me contacté con varios productores, para que hicieran un manejo que no dependa del paquete tecnológico (que incluye agrotóxicos), inclusive con un productor de bananas, pero el modelo está muy instalado. ¡No nos creían que nuestro rinde era bueno sin usar químicos!”, recuerda.
Señala que no hay desde las autoridades políticas un compromiso que apueste a la producción saludable, por el contrario. “La Provincia cuándo asiste a los pequeños productores les entrega agroquímicos, ¡todos los que se te ocurran! Hacen una jornada en un campo y te entregan las botellas de agroquímicos para que apliques”, relata con pesar y asegura: “Formosa tiene el potencial de posicionarse como productor de alimentos orgánicos y con gran diversidad.”
Remarca que hay una pequeña semilla. “La única política pública es un programa del Ministerio de Educación de producción biodinámica y alimentación sana, en escuelas agro técnicas inicialmente y que luego se extendió a todas las escuelas y niveles”, destaca. En muchas de esas escuelas, de la veintena de establecimientos participantes, relata la productora frutícola, el alumnado consume sus propios alimentos saludables. Y sincera el vaso medio lleno y el medio vacío: “Eso está generando un movimiento muy lindo para la agroecología, pero el Ministerio de Producción ni lo registra”.
Propiedad de la tierra
Es de destacar la gran concentración de las tierras en Formosa. Muchas hectáreas en pocas manos. Desde el inicio de la actividad, “la suerte estaba echada en cuanto a lo que se refiere a distribución de la tierra”, escribe Pablo Lapegna en su libro “La Argentina Transgénica”. “Desde su creación, e incluso hasta hoy, una estructura agraria social polarizada domina la provincia de Formosa: las pequeñas propiedades de hasta 100 hectáreas, que históricamente representaron alrededor del 70 por ciento de los campos, solo controlan entre el tres y el cuatro por ciento de la tierra. Las grandes extensiones de 1000 hectáreas (o más), por su parte, conforman entre el 10 y el 15 por ciento de los campos, pero suman alrededor del 80 por ciento de la tierra cultivable”.
Los datos se estiman en base a los censos agropecuarios de 1940, 1947, 1960, 1969, 1974, 1988 y datos de 2002. Por su parte, el Censo Nacional Agropecuario 2018, refleja que esa brutal concentración continúa. Formosa, al 31 de diciembre de 2017, contaba con 7419 Explotaciones Agropecuarias (EAP) que involucran la ocupación de una superficie de 4.434.917 hectáreas.
Los campos de hasta 100 hectáreas, que representan el 54,35 por ciento de las unidades productivas de la provincia (4032 EAP), ocupan el 2,15 por ciento de las tierras. En el otro extremo, el de los grandes terratenientes y empresas, solo 51 campos de 10.000 hectáreas (o más) concentran un millón de hectáreas.
Desmontes Sociedad Anónima
Argentina se ubica entre los diez países que más desmontan en el mundo. Según datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y del monitoreo satelital de Greenpeace, en Argentina se arrasaron 3.367.308 hectáreas de bosques nativos desde la aprobación de la Ley de Bosques (fines de 2007) hasta diciembre del año 2021.
El 75 por ciento de la deforestación se produjo en cuatro provincias: 936.125 hectáreas en Santiago del Estero, 694.834 en Salta, 449.646 hectáreas en Formosa y 444.651 hectáreas en Chaco.
Las 449.646 hectáreas desmontadas entre enero 2008 y diciembre 2021 en Formosa implican unas 32.000 hectáreas por año.
“Formosa tiene una ley provincial tan permisiva que actualmente se desmonta cuatro veces más que antes de la sanción de la Ley Nacional de Bosques. La deforestación es un verdadero ecocidio, que genera cambio climático, inundaciones, enfermedades, desalojos de campesinos e indígenas, pérdida de alimentos, maderas y medicinas, y desaparición de especies en peligro de extinción, como el yaguareté”, afirma Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
Según la organización, casi la mitad de las hectáreas desmontadas en Formosa son ilegales porque se hizo en zonas que, según la normativa vigente, debían protegerse. Mediante la comparación de imágenes satelitales, Greenpeace estimó que, entre enero y junio de 2022, la deforestación en Formosa alcanzó las 10.056 hectáreas.
Foto: APCD – Mujeres de la Comunidad Nivecle de Tisjucat/Quebrachal
El monte es vida
La desaparición de montes por el corrimiento de la frontera agrícola ganadera destruye la biodiversidad y el modo de vivir de las comunidades señalan desde la Asociación para la Promoción de la Cultura y el Desarrollo (APCD).
Los wichí, qom, pilagá, y nivaĉle sufren de ese despojo en una de las provincias argentinas con más presencia de pueblos indígenas. ¿Cuántas comunidades viven en Formosa? ¿Cuántos son? El Estado, incumpliendo largamente la Ley Nacional 26.160, no lo sabe.
Pablo Chianetta, médico veterinario, integrante de APCD ilustra categórico: “Sobre las 180 comunidades efectivamente registradas en el INAI —de unas 200 que habitan la provincia— solo se terminó el relevamiento de una”.
Desde la ciudad de Las Lomitas, con sus más de tres décadas de trabajo junto a pueblos wichí y nivaĉle y pequeños productores ganaderos criollos, Chianetta explica la relación de esas comunidades con la actividad agrícola y el ambiente. “Su cultura productiva tiene que ver con la recolección de frutos y miel, la pesca, la silvicultura, la caza de animales salvajes del monte. Por lo tanto la desaparición de éste afecta sensiblemente al circuito económico socio cultural de la comunidad”.
Ya sea por el formato clásico de conquista, que implica la reducción de tierras acotadas a reservas, la relocalizaciones que los alejan de los montes o ríos, o la destrucción de los montes y también de la biodiversidad: todo repercute negativamente en la capacidad de proveer alimentos (como tenían en décadas pasadas) y los pueblos indígenas han tenido que reinventar su territorialidad.
“¿Cómo voy a educar a mi hijo cuando mi cultura pasa por la relación con el monte y ya no lo tengo?”, explica el responsable de APCD. “El monte es la tierra con historia en dónde se proyectaba ese pueblo para vivir. Allí además se enseñaba como relacionarse. Si no está, se produce un quiebre. Cuando fue el boom de la soja, hace unos 15 años, y con la expansión de la ganadería de escala, la perdida se incrementó”, recuerda.
Y reflexiona: “El modelo hegemónico prácticamente hizo desaparecer el 70 por ciento de bosques en menos de 100 años. Las comunidades vivieron de su entorno miles de años, conviviendo con el monte, respetando sus tiempos y los ciclos, sin alterar la naturaleza. Algo nos pueden decir estos pueblos, y sin embargarlo siguen sin escucharlos”.
“Los conocimientos ancestrales fueron modificados por otros saberes que han modificado el hábitat”, dice Osvaldo Segovia, docente wichí y formador de educadores, de la comunidad de El Potrillo, un pueblo a 100 kilómetros de Ingeniero Juárez. “Nosotros, al contrario que la ciencia occidental, basamos la construcción de saberes en la relación que tenemos con el ambiente. Arraigada con el lugar. Tenemos palabras, formas, expresiones relacionado con eso”, afirma.
Con tristeza evoca el entorno que ya no está. Los pastizales originales que contaban los antiguos, que desaparecieron con la llegada del ganado de engorde, el río Pilcomayo que se quedó sin vida. “Gran parte de la naturaleza está destruida y con eso desaparece el escenario del conocimiento”, relata Segovia, con voz pausada y grave.
“Hoy los niños no saben cuántos peces hay en el río. Se lo contamos con nuestro conocimiento del pasado pero ellos ya no lo viven. Los elementos no están y esos nombres van desapareciendo también porque ahora son conceptos abstractos. Lo mismo pasa con los animalitos del monte que ha sido destruido”, lamenta.
El docente wichí remarca que “este problema es muy serio” y no afecta solo a su comunidad, sino a todos. “A través de los años hemos vivido y sobrevivido con la naturaleza, en dónde están nuestros saberes y se construye nuestra cultura. A los no indígenas, que lideran o son autoridades del Estado, les decimos que nos consideren, que tenemos derechos a seguir manteniéndonos como pueblos wichís, a mantener nuestra identidad”, concluye.
* Este artículo cuenta con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll Cono Sur.
Fuente: Agencia Tierra Viva
Acción frente a la casa de la provincia
de La Rioja en CABA: «Dejen de
torturar a Arcoiris»
Resumen Latinoamericano, 30 de septiembre de 2022.
“Otra vez la (in)justicia riojana avanza contra los derechos de la niña y la madre: amenazan con buscarlas por la fuerza pública para entregar a la niña al entorno del abusador y a su progenitor entregador denunciado por intento de femicidio”. Esto denuncia el comunicado de urgencia que pertenece a la red de personas y organizaciones que viene acompañando a Delfina y a la niña Arcoiris ante la brutalidad del Estado, que insiste en revincular a la niña con su abuelo abusador. por ello, este viernes 30 movilizaron a la casa de La Rioja a las 15hs para denunciar que los abusos sexuales en la infancia son torturas
En un nuevo atropello de parte del gobierno de La Rioja y de su justicia digitada y amañada, la Cámara 4ta en lo Civil de la Pcia. de La Rioja, que vulnera abiertamente los derechos de la niña, ha ordenado revincular a la niña abusada con sus abusadores, el progenitor y su abuelo, por la fuerza pública.
Arcoíris es una niña de 6 años sobreviviente de abuso sexual infantil revictimizada por la justicia de La Rioja. El abusador denunciado por la niña es José “Kuki” Vergara, abuelo paterno de Arcoíris, Jefe de Despacho de la Secretaría de Justicia de la provincia de La Rioja. Él somete a tortura a la niña desde los 2 años, y sus abusos han sido referidos por la niña y constatados por los profesionales pertinentes. A pesar de que existen medidas de protección contra él, el impedimento de contacto es quebrantado por el progenitor de la niña, quien es cómplice y entregador. Cada vez que Arcoiris va su casa, al volver relata haber sido abusada una vez más. Para Arcoiris, volver a la casa de su padre es tortura, y ha expresado su deseo de no querer ir allí. Delfina, la madre protectora, respeta la decisión de la niña.
La mamá es la única persona que defiende a Arcoiris contra el infierno que padece, y que, como tantas madres protectoras, es perseguida por la justicia que protege y ampara abusadores. En tiempo récord, Delfina fue imputada por impedimento de contacto por proteger a su hija, pidiéndose su detención por parte de la fiscalía. Por ese motivo, hoy Arcoiris y Delfina están en peligro.
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