El caso del avión venezolano: final
previsible pero silenciado
Por Atilio Borón, Resumen Latinoamericano, 20 de octubre de 2022.
Una medida del carácter delincuencial del sicariato mediático en la Argentina la proporciona la cobertura dedicada al caso del avión venezolano de la empresa Emtrasur. Durante casi cuatro meses se acribilló a la opinión pública con toda clase de falsedades, de miserables fake news que lesionaban el honor y buen nombre de las personas y producían un enorme daño a sus familiares. Y, por añadidura, al retener al único avión de carga de que disponía la República Bolivariana de Venezuela se obstaculizaba el suministro de todo tipo de mercancías; entre ellas, la insulina requerida por los pacientes diabéticos de ese país. En las primeras semanas que siguieron a la detención de los tripulantes y el secuestro de la aeronave las noticias del caso se traducían en escandalosos títulos en las portadas de los medios hegemónicos o en los zócalos de la telebasura que día a día embrutece a la población. Esto daba pábulo a una tropa de sinvergüenzas disfrazados de periodistas que con absoluta inmoralidad e irresponsabilidad acusaban a los tripulantes del avión de ser terroristas; o de mantener “vínculos con la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Iraní y la organización terrorista Hezbollah” amén de inventar cualquier otra patraña por el estilo.
La infamia de este pseudoperiodismo reposaba en el chapucero manejo de la causa que realizara el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, que no titubeó un instante en olvidarse de cada una de las clases de Teoría General del Derecho (que se dicta en el primer año de la carrera de Abogacía) para privar de su libertad a un grupo de personas sin que mediara prueba alguna de que habían cometido algún delito, ni eran solicitadas por la Interpol, la CIA, el FBI, el Mossad o el MI6 inglés. La presunción de inocencia, principio fundamental del Derecho moderno, fue oportunamente archivada por ese tinterillo a cargo del juzgado hasta que, más de tres meses después, la situación se hizo insostenible. O, hasta que sus verdaderos mandantes (¡miren al Norte!) les dijeron que ya era suficiente y que como Sergio Moro en Brasil ya había hecho lo que le pedían. El juez y la fiscal Cecilia Incardona se esmeraron en revolver en el basurero delictivo durante cuatro meses para tratar de encontrar alguna prueba de que esos venezolanos e iraníes habían cometido algún delito o eran temibles terroristas. Mientras buscaban los detuvieron, y como era previsible no encontraron absolutamente nada. Pero, obedientes a los mandatos del imperio y de la recalcitrante derecha argentina, el juez y la fiscal retuvieron a la tripulación y a la aeronave. En ambos casos sin fundamento alguno. Al cabo de unos tres meses tuvieron que sobreseer a catorce y, un mes más tarde, liberar a los restantes cinco por la previsible “falta de méritos”.
Estos malos funcionarios de la Justicia Federal alimentaron a los mercenarios de la desinformación que pululan en las cloacas del periodismo para desparramar sus mentiras y calumnias a diestra y siniestra. Es de esperar que el Consejo de la Magistratura tome cartas en el asunto y aplique una sanción ejemplar al juez y la fiscal que entendieron en la causa por su desprecio a las reglas más elementales del Derecho; por haber mancillado el honor de diecinueve personas y por haber archivado la legislación argentina para subordinar su actuación a reglamentos, resoluciones o leyes de Estados Unidos. El resultado enturbió las relaciones entre la Argentina y la República Bolivariana de Venezuela, a la cual este país todavía le debe la entrega de dos buques petroleros de tamaño medio (el Eva Perón y el Juana Azurduy) que fueron encargados por Hugo Chávez en el 2007, pagados por completo, y que para nuestra vergüenza aún se encuentran “en construcción” en Astilleros Río Santiago sin haber sido entregados en tiempo y forma a PdVSA. Pero Estados Unidos quería darle una lección a la Argentina en el sentido que no toleraría el fortalecimiento de nuestros vínculos con la tierra de Bolívar y Chávez, y encontró en una Justicia corrupta los instrumentos aptos para producir ese resultado. Y en un sistema de medios que haría las delicias de Joseph Goebbels los copartícipes necesarios de esta operación delictiva.
Y ahora, ¿quién pagará los daños personales, morales y materiales de este mamarracho jurídico-mediático? ¿Cómo se reconstruirá la deteriorada relación con Caracas, cuando aún retenemos el avión porque Washington así lo decreta, como también ordena que ni YPF (¡una sociedad anónima con mayoría accionaria estatal!) ni Shell abastezcan de combustible al avión? Lo que nos lleva a una perturbadora pregunta: ¿hemos arrojado por la borda todo atisbo de soberanía nacional? ¿Ni siquiera podemos abastecer de combustible a un avión de un país hermano? ¿Tan bajo hemos caído? ¿Sabremos reaccionar a tiempo, antes de convertirnos de modo irreversible en una colonia de Estados Unidos?
Familias de Guernica siguen sin
respuestas, siguen luchando por
tierra para vivir
Resumen Latinoamericano, 20 de octubre de 2022.
Las familias de Guernica son empujadas a salir a las calles para exigirle al gobierno que cumpla con su acuerdo escrito en las actas de preadjudicación que firmaron ante las familias, donde se comprometieron a entregarnos lotes con servicios en un plazo de 180 días, vencidos desde hace más de un año y medio.
Compartimos comunicado de la Coordinación de vecines y organizaciones de la recuperación de tierras de Guernica
El jueves 20 de octubre las familias nos volvemos a encontrar frente al Ministerios de desarrollo de la comunidad de la provincia de Buenos Aires a las 11 hs. A pocos días de cumplirse los dos años del desalojo.
Las familias seguimos empujadas a salir a las calles para exigirle al gobierno que cumpla con su acuerdo escrito en las actas de preadjudicación que firmaron ante las familias, donde se comprometieron a entregarnos lotes con servicios en un plazo de 180 días, vencidos desde hace más de un año y medio.
Ante la alta tasa de inflación y la suba de alquileres no podemos sostener el acceso al derecho de una vivienda digna, la escolaridad de nuestros hijes cada día corre el peligro de su continuidad. Las mujeres y disidencias víctimas de violencia de género seguimos en grave riesgo sin tener ninguna respuesta.
Las familias de Guernica seguiremos luchando por nuestro derecho a la tierra, la vivienda y el trabajo, por el futuro de nuestrxs hijes.
Si hoy no obtenemos respuestas concretas y seguras, invitamos a todes nuestra proxima movilización, a todas las organizaciones sociales y políticas, a trabajadores y estudiantes y a todas las familias que luchan por tierra y vivienda!!
_Coordinación de vecines y organizaciones de la recuperación de tierras de Guernica.
#C40: Al Greenwashing le ganamos
en las calles
Resumen Latinoamericano, 20 de octubre de 2022.
La cumbre se realiza entre el miércoles y el viernes de esta semana en el Centro de Convenciones de Buenos Aires (CEC) del barrio de Recoleta. La reunión de alcaldes encabezada por Rodríguez Larreta y el alcalde de Londres, Sadiq Khan, presidente de C40, será la actividad central de la cumbre y se realizará el día inicial entre las 8 y las 17. Allí, más de cien alcaldes del mundo discutirán «medidas urgentes para enfrentar la crisis climática» con el objetivo de «ser carbono neutrales a 2050» y de «limitar el aumento de temperatura a 1,5°C», en correspondencia con el Acuerdo de París de la COP21 de 2015. Ese mismo día también habrá un «Foro Urbano Federal», donde 150 intendentes argentinos presentarán una «declaración de ciudades» relacionada a política climática.
Viernes 21 la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones convoca frente al CEC Centro de Convenciones Buenos Aires donde se realiza la Cumbre Mundial de Alcaldes:
16 hs – Acción en Av. Pueyrredón y Libertador 19 hs – Difusión en el Festival de Cierre del #C40Summit en el Planetario
Más Verde Menos Cemento
No a las torres en #Costanera
Por un Parque Público Costero
Por un Código de Planeamiento Urbano elaborado por les vecines
Protección del patrimonio histórico y cultural de los barrios
Por un Parque Público en los ex playones ferroviarios
Contra la especulación inmobiliaria y por la vivienda social
La Deuda es con el Pueblo y la Naturaleza, no con el FMI
La cumbre ha invitado también a activistas medioambientales de todo el mundo, que han reclamado medidas urgentes. “Estas reuniones aumentan, pero la calidad de las ciudades se deteriora”, ha denunciado sobre el escenario del Centro de Convenciones de Buenos Aires Hilda Flavia Nakabuye, referente de la ONG Fridays for Future en Uganda. Nakabuye ha pedido a los líderes mundiales que dejen de hacer promesas y actúen.
Otros activistas se han negado a participar del evento y han organizado protestas y acciones paralelas por toda la ciudad. “En el C40 no se habla ni del verde vegetal vivo ni del suelo absorbente mientras se cementan las plazas, se las llena de plástico y los pocos árboles que quedan están destrozados”, dijo la titular de la organización argentina Basta de mutilar nuestros árboles, María Angélica di Giacomo, en una protesta realizada el martes detrás de la Casa Rosada.
“Los playones ferroviarios, los bajo viaductos y la costa del río son nuestras últimas posibilidades de aumentar el suelo absorbente por habitante y los estamos perdiendo por proyectos inmobiliarios en beneficio de unos pocos”, agregó Di Giacomo.
Repudiable: Patricia Bullrich
reivindicó el genocidio de Julio
Argentino Roca contra los pueblos
originario
Resumen Latinoamericano, 20 de octubre de 2022.
Patricia Bullrich, presidenta de Propuesta Republicana (PRO), ex ministra de Seguridad durante el macrismo y a quien Mauricio Macri «imagina» como próxima presidenta, reindinvicó el genocidio contra los pueblos originarios de la Patagonia preexistentes al Estado argentino, conocido como «La Campaña del Desierto», que llevó adelante el militar Julio Argentino Roca entre 1876 y 1879. Tras esa matanza el Estado se apropió de 41.787.023 hectáreas de tierras originarias que luego regaló o vendió a precios irrisorios a 1.843 terratenientes vinculados estrechamente por lazos económicos y/o familiares a los diferentes gobiernos de aquel período. También hubo campos para otros generales, oficiales, y para estancieros y comerciantes que financiaron la masacre. Incluso Roca recibió 65 mil hectáreas como botín. Bullrich ya se había mostrado a principios de octubre encabezando una marcha sobre la Ruta 40 del grupo de ultraderecha y racista antimapuche «Foro Consenso Bariloche», en la que exigieron el desalojo por la fuerza de la Lof Lafken Winkul Mapu, donde se pudo ver la consigna «Roca volvé: no terminaste tu trabajo»
«En estos días en que, con indolencia y total irresponsabilidad, se permite poner en riesgo nuestra soberanía en la Patagonia, el aniversario de la muerte de Julio Argentino Roca agiganta la figura del constructor de la Argentina ordenada, próspera y abierta al mundo que soñamos«, fue el mensaje que postéo este miércoles 19 de octubre en su cuenta de Twitter Patricia Bullrich, presidenta de Propuesta Republicana (PRO), ex ministra de Seguridad durante el macrismo y a quien Mauricio Macri «imagina» como próxima presidenta, para reivindicar el genocidio contra los pueblos originarios de la Patagonia preexistentes al Estado argentino, conocido como «La Campaña del Desierto», que llevó adelante el militar entre 1876 y 1879.
En cuanto a lo que significó el genocidio y saqueo encabezado por Roca, la Enciclopedia de Ciencias y Tecnologías en Argentina (ECyT-ar) detalla: «la llamada ‘Conquista del Desierto‘ sirvió para que, entre 1876 y 1903, es decir en 27 años, el Estado regalase o vendiese por moneditas 41.787.023 hectáreas a 1.843 terratenientes vinculados estrechamente por lazos económicos y/o familiares a los diferentes gobiernos que se sucedieron en aquel período. Sesenta y siete propietarios pasaron a ser dueños de 6.062.000 hectáreas. Entre ellos, se destacaban 24 familias patricias que recibieron parcelas que oscilaban entre las 200.000 hectáreas de los Luro, a las 2.500.000 obtenidas por Martínez de Hoz. La concentración de la propiedad se fue acentuando y hacia la década de 1920, concluido ya el proceso de formación de la propiedad rural, solamente 50 familias eran propietarias de más de 4 millones de hectáreas en la provincia de Buenos Aires. Los ganadores se quedaron con las tierras. El general Roca mismo recibió 65 mil hectáreas como botín de guerra. Hubo campos para los otros generales y oficiales y para los estancieros y comerciantes que habían financiado la matanza«.
A principios de octubre Patricia Bullrich – entre otros funcionarios de Juntos por el Cambio – ya se había mostrado encabezando una «Marcha Patriótica contra el Terrorismo», en la que participó la ex ministra de Seguridad macrista y actual presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bulrich, entre otros funcionarios. sobre la Ruta 40 del grupo de ultraderecha y racista antimapuche ‘Consenso de Bariloche’, en la que exigieron el desalojo por la fuerza de la Lof Lafken Winkul Mapu, donde se pudo ver la consigna «Roca volvé: no terminaste tu trabajo».
Tras esa manifestación, el 4 de octubre por la mañana más de 200 efectivos del «Comando Unificado de Seguridad Zona Villa Mascardi», creado por el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, desalojaban a la comunidad Lafken Winkul Mapu, que llevaba adelante una recuperación territorial a 35 kilómetros de Bariloche, con la detención de siete mujeres mapuche, con dos hijas menores de edad y una en estado de embarazo. El operativo había avanzado por orden de la jueza federal subrogante, Silvina Domínguez.
«En el Foro Consenso Bariloche hay presencia de racistas y supremacistas«
Entrevistada en ese momento por ANRed, Diana Lenton, doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad de Buenos Aires (UBA), explicaba: «Venimos denunciando el racismo y la falta de diálogo que ejerce la provincia de Río Negro, Arabela Carreras, frente a esta situación conflictiva y de alguna manera, ya sea por omisión o por acción, la actitud permisiva de la provincia respecto de grupos de ultraderecha que, lamentablemente, tienen mucha penetración en cierto público en general, al que no podemos llamar ciudadanos de ultraderecha, pero que de buena fé caen en los engaños que difunde gran parte de la prensa hegemónica».
En la misma línea, la especialista destacaba: «en el Foro Consenso Bariloche hay presencia de racistas y supremacistas, donde participa Patricia Bullrich, con declarados intereses comerciales e inmobiliarios en la zona. No protestaron contra los capitales y empresas extranjeras en la zona. La mayor parte de los lotes privados de Villa Mascardi que se han comprado por monedas, son posesión de grupos extranjeros, como grupos cataeríes, también está el famoso grupo Lewis, a quien no le reclaman nada ni pretenden expulsarlo por extranjero, cuando la justicia falló a favor del reclamo de los ciudadanos para que puedan llegar al Lago Escondido, que este cercó. Pero cuando hay una comunidad, como es la Lafken Winkul Mapu, que está ocupando un terreno mucho más limitado, en función de su propiedad ancestral, porque ahí vivieron sus ancestros, empiezan a esparcir, a partir de esto foros, la idea de que hay que expulsar a los mapuche, que son extranjeros, violentos y terroristas».
¿Quiénes son los «vecinos» de Villa Mascardi que defiende Patricia Bullrich?
En la misma línea, comunidades mapuche difundieron un video donde dan cuenta de las grandes empresas y magnates millonarios que se van apropiando de las tierras y nacientes de agua de Villa Mascardi y El Bolsón. Entre los «Vecinos de Villa Mascardi», aparecen Eduardo Elsztain y David Sutton, los grupos Burco y Benetton, Joe Lewis, Roemmers, Zorreguieta, Rocca, e, incluso, los Emiratos Arabes, ligados a intereses hoteleros de lujo y que en general obtuvieron las tierras de forma irregular y a valores irrisorios.
Antes del desalojo llevado adelante contra la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu por parte del «Comando Unificado de Seguridad» creado por el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, Patricia Bullrich, participó de una movilización donde, en sintonía con los intereses empresariales, pidió que la Justicia unifique todas las causas abiertas contra sectores mapuche y los declare terroristas.
Fuente: ANRed
Kelly Olmos atacó la paritaria de
camioneros y culpó de la inflación
a los trabajadores
Resumen Latinoamericano, 20 de octubre de 2022.
En medio de un duro plan de ajuste y una fuerte escalada inflacionaria, la nueva ministra de Trabajo salió a cuestionar los reclamos del gremio de Camioneros de recomposición salarial. El asunto va más allá: intenta limitar los reclamos de toda la clase trabajadora que chocan con el plan del FMI. El salario viene perdiendo desde hace 7 años.
En un marco de altísima inflación y un gran retroceso de los salarios que empezó con Macri y sigue con el Frente de Todos, la discusión por las paritarias está a la orden del día.
El gremio del neumático fue un ejemplo de lucha de que se puede salir a pelear para que no sean siempre los trabajadores los que paguen los costos de la crisis. Esa gran lucha ayudó a elevar las aspiraciones de toda la clase trabajadora e incluso fue usada de ejemplo por un gremio como Camioneros.
Días atrás, Pablo Moyano declaró que «si a Camioneros no le hacen una propuesta seria, el paro del neumático va a ser un poroto» y exigió un 131 % de aumento para su sector.
Este jueves llegó la dura respuesta del Gobierno nacional, que parece un vocero del FMI y de los empresarios. La nueva ministra de Trabajo, Kelly Olmos, acusó a los trabajadores de «insolidarios» y los culpó de la inflación, negando el justo reclamo salarial.
Tomando argumentos clásicos de la derecha, la funcionaria quiso instalar la idea de que la inflación no tiene que ver con los planes del FMI, ni los tarifazos, ni el atraso del país, ni la concentración monopólica…sino que es responsabilidad de quienes reclaman por su salario. A Kristalina Georgieva le gusta esto.
En concreto, Kerry Olmos declaró a la radio El Destape que el reclamo de Camioneros «puede ser justo para los trabajadores de ese sector, y para mí todo lo que un trabajador puede acceder lo merece y más también, pero cuando hay sectores que avanzan excesivamente y eso impacta sobre la dinámica inflacionaria tienen que entender que es muy insolidario con los que quedan atrás».
Y agregó también que «hay que encuadrar todo dentro de una posibilidad en la cual los trabajadores puedan recuperar sus derechos, tener una vida digna, pero en un marco donde el bienestar general esté presente. Nadie se puede realizar en una comunidad que no se realiza».
Las declaraciones tienen un objetivo inequívoco: ponerle un freno a los justos reclamos de la clase trabajadora que, si se desarrollan y se multiplican, entran en abierta contradicción con el fenomenal plan de ajuste que el Gobierno del Frente de Todos está aplicando a pedido del FMI.
Hasta ahora el Gobierno cuenta con la complicidad absoluta de las cúpulas de la CGT y la CTA, que no defienden a los trabajadores sino que se subordinan a los planes de ajuste. Mientras tanto, los que sí «se realizan» son los empresarios que cada vez se llevan más parte de la torta y crece la desigualdad.
De lo que se trata es de apoyar cada reclamo justo de la clase trabajadora y los sectores populares, coordinar las luchas y luchar por imponer un paro general y plan de lucha que derrota estos planes de ajuste.
Fuente: Izquierda diario
Envio:ResumenLatinoamericano
21.10.2022 / Intento de asesinato a CFK
Este viernes indagan a los referentes detenidos de Revolución Federal
Tras las detenciones del jueves, el líder de la agrupación Jonathan Ezequiel Morel y los integrantes de ese espacio Leonardo Franco Sosa, Gastón Ezequiel Guerra y Sabrina Basile serán indagados hoy en forma virtual desde sus lugares de detención.
Los detenidos Jonathan Ezequiel Morel, líder y vocero de Revolución Federal, junto a los integrantes de ese espacio Leonardo Franco Sosa, Gastón Ezequiel Guerra y Sabrina Basile tendrán la posibilidad de prestar declaraciones este viernes de forma virtual desde sus lugares de detención. Aunque se espera que, durante la jornada, sus abogados presenten recursos de excarcelación.
De acuerdo con el expediente judicial, los sospechosos integran una organización "desde la cual llevaron a cabo un esquema delictivo que diseñaron para imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza y el temor".
Las detenciones de los tres hombres fueron efectivizadas por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) por orden del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, mientras que Basile se entregó esta tarde en el tribunal del magistrado en el marco de una investigación a la que se le levantó el secreto de sumario y que fue delegada en el fiscal Gerardo Pollicita.
Jonathan Morel fue arrestado en Paraná, Entre Ríos, mientras escapaba en un micro de larga distancia. Se investigan las relaciones entre la carpintería de Morel y la empresa Caputo Hermanos SA, firma vinculada con Mauricio Macri. En simultáneo, la Policía de Seguridad Aeroportuaria efectuó once allanamientos en la zona del AMBA, donde, por la causa, fueron detenidos los otros integrantes.
Para los investigadores, las consignas y manifestaciones violentas protagonizadas por Revolución Federal desde mayo de este año pudieron haber funcionado como "caldo de cultivo, como el discurso de odio que desencadenó" el intento de asesinato de la vicepresidenta, según pudo saber Télam de fuentes judiciales.
Tras las declaraciones a indagatoria se espera que el juez decida si da curso efectivamente a la prisión a partir de los elementos probatorios.
21.10.2022 / Declaraciones
Manuel Ubeira: "Está en vilo el sistema democrático con el accionar de estos grupos neonazis"
El abogado que representa a Cristina Kichner sostuvo que espacios como Revolución Federal son financiados por sectores de la derecha y señaló que la Vicepresidenta "se encuentra sumamente preocupada". Este viernes indagan a los detenidos de la agrupación Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile.
"Está en vilo el sistema democrático en su totalidad con el accionar de estos grupos neonazis”, sostuvo el abogado defensor en declaraciones a FM Nacional Rock y consideró: “Estos señores han avanzado dentro de sus brutalidades al amparo de algún grado de financiación y la financiación está clara con un aporte importante de la familia Caputo".
El jueves, cuatro referentes de la agrupación Revolución Federal fueron detenidos en el marco de una causa judicial en la que se los investiga por impulsar acciones violentas contra dirigentes políticos e incluso por sugerir la posibilidad de un atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Los detenidos son Jonathan Ezequiel Morel, referente y vocero de Revolución Federal, y los integrantes de ese espacio Leonardo Franco Sosa, Gastón Ezequiel Guerra y Sabrina Basile, quienes serán indagados en forma virtual este viernes.
"Estamos viendo la conformación de los fideicomisos y creemos que son organizaciones que han crecido al calor de las alas ultraderecha de lo que son la derecha nacional. No se explica el crecimiento de esta gente si uno no ve a Patricia Bullrich y a otras personas violentas con discurso de odio desde los partidos de la oposición", consideró Ubeira.
Asimismo, manifestó que "la impunidad de esta gente está garantizada por los medios concentrados de prensa y por el funcionamiento del poder judicial".
Para el abogado, "acaba de aparecer la punta del iceberg" en referencia a los llamados telefónicos descubiertos por la justicia y, "ahora, será la investigación con los cruces de llamadas y la investigación sobre el fondo financiero y el fondo fiduciario de los Caputo" la que tendrá que completarse para saber "qué relaciones históricas tienen, desde qué momento empezaron a relacionarse".
"El ejecutor no es ni más ni menos al que le meten en la cabeza que va a pasar a la historia por cargarse a fulano de tal. Por eso, lo que nos interesa a nosotros, es la mano que guía a la mano que dispara", dijo Ubiera, quién además consignó que "esto se hizo al cobijo de la policía de la ciudad de Buenos Aires".
"Esperamos que el sistema funcione, no tenemos grandes expectativas y nos manejamos con la prueba ya que a diferencia de otros nosotros, no armamos causas ni armamos falsos culpables", añadió y consideró que "el juez entendió que las acciones de esta persona y que este tipo de organizaciones no pueden seguir prosperando" porque "es una organización violenta destinada a atentar contra el sistema democrático",
Consultado sobre el estado de la Vicepresidenta, el abogado respondió: "Se encuentra sumamente preocupada, no desde un punto de vista personal, sino por tener un hijo en la política con estas tribus dando vueltas" dijo en referencia al líder del PJ, Máximo Kirchner, ya que, "más allá de que la gente cree que Cristina está hecha de bronce, es una madre como cualquier otra y está preocupada por lo que va a venir en la campaña electoral del 2023".
21.10.2022 / GANANCIAS
Proponen que los funcionarios judiciales paguen Ganancias: cuánto se podría recaudar
Diputados decidieron incorporar en el proyecto de Presupuesto un artículo para que los empleados y funcionarios del Poder Judicial paguen ese impuesto.
La solicitud fue realizada por el secretario de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Marcelo Casaretto (Frente de Todos-Entre Ríos), quien señaló que "hay que modificar, dentro del rubro de Gastos Tributarios, la exención de los ingresos de magistrados y funcionarios de los poderes judiciales nacionales y provinciales". "Cuando uno mira en detalle el presupuesto se encuentra con un rubro, que es importante, controvertido, a lo largo de los años, y que creo que hay que modificar en esta oportunidad", lanzó el entrerriano como introducción.
En 2017, una ley dispuso que los jueces que ingresaran al Poder Judicial desde ese año pagarán Ganancias, pero como consecuencia de las medidas cautelares que presentaron son muy pocos los magistrados a los que se les descuenta ese impuesto de sus haberes.
El artículo incorporado ahora fija que "en el caso de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación, la totalidad de los ingresos se incluirán dentro de los ingresos gravados, independientemente de la fecha de su nombramiento y por todos los conceptos que integran sus remuneraciones".
El diputado oficialista dijo que en 2022 el Estado no recaudará "129 mil millones de pesos porque los jueces no pagan Ganancias; el año próximo esta suma será de 237 mil millones". Al tiempo que en relación a 2021 leyó un informe que estimó esa suma en 55 mil millones de pesos. "Los trabajadores que ganan más de $ 330.000 pagan Ganancias, y los jueces de la Corte Suprema y menores niveles, que ganan $ 1.000.000 o $ 2.000.000 mensuales, no pagan", agregó.
Casaretto señaló que quienes "tienen la capacidad de tributar el impuesto, aquellos que cobran un millón, dos millones de pesos y no pagan impuesto a las Ganancias, deben hacerlo. Que no me vengan con la independencia del Poder Judicial", en referencia al argumento de los magistrados para que sus ingresos no se vean depreciados, dado que mientras ejercen el cargo no pueden desarrollar actividad privada. "Claramente yo no coincido con esta exención; de hecho el año pasado presenté un proyecto de ley en el cual me acompañaron unos cuarenta colegas, esencialmente de mi bloque, y que diputados aquí presentes han sido parte de la discusión", remarcó.
LA RESPUESTA DE EMPLEADOS DE LA JUSTICIA
La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), que conduce Julio Piumato, se declaró en estado de "alerta y movilización" en todo el país en rechazo a "la propuesta de que los trabajadores de la actividad abonen el mal llamado Impuesto a las Ganancias, ya que el salario no es ganancia". Piumato sostuvo que "el problema de la Argentina no son los trabajadores ni quienes abonan Ganancias sino la usura financiera que saquea la riqueza y el futuro".
En tanto, Casaretto recordó en su argumentación que la discusión de este tema "surgió en la década del '30, cuando la Corte Suprema de entonces, que había declarado constitucional el Golpe de Estado de 1930, había resuelto que tenía que pagarlo toda la sociedad, menos ellos". "Se siguió sucediendo con el tiempo, y cuando ese impuesto a los réditos cambia, en la década del '70, se dispuso que estuvieran exentos tres ítems: jueces, legisladores y jueces y legisladores jubilados", continuó.
Casaretto prosiguió: "En 1996 este Congreso derogó esos tres artículos, con promulgación el 26 de marzo de ese año; y muchas cosas demoran muchos años en la Justicia, pero está no, porque el 11 de abril, dos semanas después, firman una acordada por la cual declaran inaplicable esa ley". "Y lo hicieron en relación a los jueces y a los jueces jubilados, o sea que, todos los demás, de vuelta a tener que pagar, menos ellos. De hecho a partir de ese momento, los legisladores activos y jubilados comenzaron a pagar, y hoy pagamos", precisó.
Para clarificar, añadió: "Hoy el Poder Ejecutivo, paga; los legisladores, pagamos; y los jueces no lo hacen. Porque ellos, con esa Corte presidida por Julio Nazareno (en los '90, durante el Gobierno de Carlos Menem), dispusieron que no se hiciera". "Volvió a discutirse en 2016, alguno de los acá presentes votó una ley, que dispuso que comenzaran a pagar los designados de 2017 en adelante; pero sobre eso la política aplicó cautelares y no pagó ninguno", advirtió.
En la cronología mencionó que "el tema volvió a aparecer en octubre de 2018 durante el tratamiento del proyecto de Presupuesto 2019; y allí el diputado (Nicolás) Massot (entonces presidente del bloque PRO) pidió junto a otros colegas que se tratara este tema".
"Se obtuvieron tres cuartos de los votos para tratar el tema (mayoría especial requerida) pero cuando se llegó al momento de considerarlo, Massot dijo 'estamos todos de acuerdo' en tratarlo; y el presidente de la Cámara, Emilio Monzó (también del PRO), le respondió: ‘Estamos todos de acuerdo en tratarlo, pero no en esta sesión, en la sesión siguiente'", relató. "Todavía estamos esperando", remató Casaretto ante ese análisis que finalmente nunca llegó. "Dos semanas después la Corte falló, rechazó las cautelares y mandó a pagar a los jueces que no lo habían hecho, por lo que, durante casi dos años no habían cumplido la ley, y allí lo empezaron a hacer", añadió.
Sobre este punto, el exjuez y diputado radical Fernando Carbajal (Formosa) dijo que pagó Ganancias cuando ejerció en el cargo y se mostró favorable a que el Poder Judicial pague tributos. "Como ingresé después de 2017 pagué el impuesto, e incluso lo pagué con gusto, porque creo que corresponde; coincido, así debe ser y creo que el desencuentro histórico que planteó muy bien Casaretto tuvo que ver con que hubo tibieza y complicidad por parte de los poderes ejecutivos", agregó.
En ese sentido, advirtió: "Nunca una acordada pudo modificar una ley; si esto fue un consentimiento a una serie de actividades irregulares de los poderes judiciales, porque está la acordada de la Corte Suprema, pero cada superior tribunal de Justicia de cada una de las provincias, sacaron resoluciones administrativas y se autoconcedieron el beneficio". "Durante años la AFIP no dijo nada y los poderes ejecutivos nacionales tampoco, en un acuerdo espurio que durante muchos años hubo con sectores de la Justicia; y esto también es parte de la historia", remarcó.
ATENTADO CONTRA CFK
Revolución Federal: confirman la indagación de los detenidos
Así lo indicaron fuentes judiciales en relación a los miembros de la agrupación de ultraderecha Jonathan Morel, Sabrina Basile, Gastón Guerra y Leonardo Sosa.
20/10/2022
Los referentes del autodenominado espacio Revolución Federal, detenidos este jueves en el marco de una causa judicial en la que se los investiga por impulsar acciones violentas contra dirigentes políticos e incluso por sugerir la posibilidad de un atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, serán indagados este viernes, informaron fuentes judiciales. Los detenidos son Jonathan Ezequiel Morel, referente y vocero de Revolución Federal, y los integrantes de ese espacio Leonardo Franco Sosa, Gastón Ezequiel Guerra y Sabrina Basile.
Sus abogados presentarán recursos de excarcelación, mientras que los detenidos serán indagados en forma virtual desde sus lugares de detención. De acuerdo con el expediente judicial, los sospechosos integran una organización «desde la cual llevaron a cabo un esquema delictivo que diseñaron para imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza y el temor».
Las detenciones de los tres hombres fueron efectivizadas durante el jueves por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) por orden del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, mientras que Basile se entregó esta tarde en el tribunal del magistrado en el marco de una investigación a la que se le levantó el secreto de sumario y que fue delegada en el fiscal Gerardo Pollicita. Para los investigadores, las consignas y manifestaciones violentas protagonizadas por Revolución Federal desde mayo de este año pudieron haber funcionado como «caldo de cultivo, como el discurso de odio que desencadenó» el intento de asesinato de la vicepresidenta, según pudo saber Télam de fuentes judiciales.
Cronología
La justicia dispuso este jueves las detenciones de tres integrantes del espacio Revolución Federal: entre ellos está su líder, Jonathan Ezequiel Morel, en el marco de la causa en la que se investigan las amenazas y los mensajes violentos difundidos en redes sociales por esa agrupación, informaron fuentes judiciales. Sabrina Basile, también miembro del grupo, e hija de Alfio «Coco» Basile, exdirector técnico de Boca, Racing y la Selección nacional, se entregó en Tribunales.
Además de Morel, que fue apresado en la localidad bonaerense de Munro, en el partido de Vicente López, también fueron detenidos otros dos integrantes del espacio, Gastón Guerra y Leonardo Sosa.
La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizó en la mañana del jueves 11 allanamientos en el Gran Buenos Aires y detuvo a estas tres personas, en el marco de una causa de averiguación de delitos en la que interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N 8, a cargo del magistrado Marcelo Martínez de Giorgi, señalaron los voceros allegados a la investigación.
Morel fue detenido en su domicilio de la localidad de Munro; Sosa en su casa de Villa Ballester y Guerra en Moreno, los tres en la provincia de Buenos Aires.
La detención de Morel
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue aceptada el martes pasado como querellante en la causa en la que se investigan las amenazas y los mensajes violentos difundidos en redes sociales por el espacio conocido como Revolución Federal.
La decisión fue adoptada por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi en el marco de la investigación que se encuentra bajo secreto de sumario y delegada en el fiscal Gerardo Pollicita, según detallaron a Télam fuentes judiciales.
Los abogados de la Vicepresidenta, Juan Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, pidieron tomar contacto con el expediente para poder conocer las pruebas, ya que no descartan que pueda surgir algún tipo de vinculación entre esa causa y aquella en la que se investiga el atentado fallido a la exmandataria y que está radicada en el juzgado de María Eugenia Capuchetti, según pudo reconstruir esta agencia.
En su momento, el juez Martínez de Giorgi había resuelto que la causa radicada en su juzgado pasara al de su colega Capuchetti pero la jueza lo rechazó porque consideraba que, de momento, no habían elementos concretos que permitieran establecer una conexidad entre los dos expedientes.
A la hora de dirimir la divergencia entre los dos jueces, el presidente de la Cámara Federal porteña, Mariano Llorens, le dio la razón a Capuchetti y determinó que los casos siguieran su trámite por separado.
En la causa en la que se investiga el accionar de Revolución Federal está la información que en su momento aportó la AFI a la Justicia federal y que incluye audios intercambiados durante una transmisión en vivo realizada el 26 de agosto de 2022 por el grupo a través de la plataforma Twitter Space que fue convocada bajo el título «¿Hay que pudrirla?».
Los pagos millonarios de Caputo
En ese expediente se detectaron una serie de pagos millonarios a Morel, referente de Revolución Federal, y a dos socias suyas por parte de dos fideicomisos vinculados a la firma «Caputo Hermanos», según trascendió la semana pasada de fuentes de la investigación.
Los pagos de la firma que estaría vinculada a familiares del exministro de Finanzas del Gobierno de Juntos por el Cambio Luis Caputo alcanzarían los 7 millones de pesos y habrían sido realizados a Morel y a dos mujeres vinculadas a su carpintería, detallaron las fuentes.
Ubeira había reclamado que se investigue el financiamiento de Revolución Federal y consideró que los aportes a esa entidad realizados por la familia del exministro Caputo «no son una casualidad».
«Habría que tener algún grado de romanticismo para creer que la presencia de la familia Caputo es casualidad en los aportes que reciben estas personas. Habían arrancado con una transferencia de un millón setecientos mil pesos, y después hay otra de siete millones de pesos. Si hay alguna explicación, que la den», señaló Ubeira en declaraciones radiales.
ACUÑA VS. ESTUDIANTES
Castigo por la toma de escuelas: el ministerio de Educación suspende excursiones y festivales a estudiantes
El primer colegio que recibió esta represalia fue el Rogelio Yrurtia que, tras las tomas, continuó con cortes de calles y diferentes medidas de protesta.
21/10/2022
Salir del entorno escolar y recorrer otros espacios con compañeros y compañeras de estudio debe ser una de las experiencias más esperadas por los chicos. Sobre todo cuando la excursión está relacionada con la orientación que eligieron para formarse. Las y los estudiantes que asisten a la Escuela Superior de Enseñanza Artística en Artes Visuales, Rogelio Yrurtia tienen una profunda vocación por el arte. En el nivel medio cursan un bachillerato con orientación a Artes Visuales y a Educación, y después pueden continuar su formación terciaria en los profesorados de dibujo, grabado, escultura y pintura. En las últimas horas, el ministerio de Educación porteño suspendió la salida pedagógica que tenía programada la escuela Yrurtia como forma de castigo por haber tomado la escuela.
Medidas contra la toma de escuelas
“El martes nos comunican en la escuela que vamos a tener una excursión a PROA que es un lugar de exposición artística contemporánea. Pero ayer jueves nos informaron que la supervisión canceló la excursión pedagógica porque tomamos la escuela”, señala a Tiempo Giuliana Sol Godoy Pelufo, que asiste a 2° 1ra del Yrurtia. Dicha experiencia estaba organizada por las materias de escultura, dibujo y sistemas de composición, de la trayectoria de RAV (Realizador/a Audio Visual).
El enojo de la docente encargada de la excursión y el repudio generalizado de las y los estudiantes y familias no hizo más que profundizar la tensión con las autoridades de la cartera que conduce Soledad Acuña. “¿Esto es una censura?”, pregunta Giuliana. “Es decir ¿no podemos luchar por nuestros derechos, por condiciones dignas para estudiar, no podemos luchar por lo que creemos?” agrega la estudiante. “Igual vamos a seguir luchando aunque nos castiguen, aunque nos censuren, aunque no entiendan lo que es la democracia. Nosotres vamos a seguir defendiendo nuestro derecho a la protesta y a la escuela pública”, termina.
Esta es la primera denuncia que se conoce de una escuela que va en ese sentido, pero desde la comunidad educativa advierten que, situaciones similares, ocurrirán en los próximos días en el resto de las escuelas secundarias que fueron tomadas por sus estudiantes para reclamar por sus derechos.
“Ayer temprano mi hija me dice muy entusiasmada que le firmemos la autorización para participar de una experiencia directa al barrio de La Boca y a la fundación PROA. Y después a la noche me contó que la supervisión suspendió todas las experiencias directas y festivales”, cuenta a Tiempo Jorge, papá de Giuliana. “Como familia nos preguntamos ¿qué fundamento pedagógico tiene esta decisión? Las experiencias directas forman parte de una planificación en la trayectoria escolar, en determinados campos de conocimiento, entonces ¿Por qué suspenderlas?”, agrega. Jorge considera que esta acción vulnera los derechos de las y los estudiantes. “Después hablan de aumentar los días de clases como si eso fuera mejorar la calidad educativa, y luego suspenden excursiones pedagógicas que realmente sirven para la formación de los chicos”, agrega. “Qué van a hacer la próxima, van a suspenderles historia, o formación ética y ciudadana para que los pibes y pibas no tengan muchos argumentos para poder defenderse”, suma. “Lo que jamás podrán suspender es la fuerza, la capacidad de organización, la solidaridad, la dignidad, el compromiso y el reclamo por más derechos de estos chicos que defienden la educación pública”, termina.
Los pibes siguen reclamando
Mientras el ministerio de educación porteño castiga a estudiantes por defender sus derechos, a contramano de lo esperado por la administración de Rodríguez Larreta, los estudiantes siguen realizando más acciones y medidas de fuerza para ser recibidos por la ministra Acuña en una reunión “cara a cara”, con referentes de todas las escuelas secundarias porteñas. El martes de la semana pasada, el centro de estudiantes de la Escuela Normal Superior Nº5 de Barracas, fue el primero en volver a tomar la escuela tras cinco días de tregua). El último viernes, estudiantes de la Escuela Artística Rogelio Yrurtia cortaron Lacarra y Alberdi por varias horas, para exigirle a la cartera educativa que sus reclamos no pueden esperar más. En el mismo sentido, este miércoles, el centro de estudiantes de la Escuela de Educación Media N° 1 del Distrito Escolar 16 «Rodolfo Walsh» votó tomar el edificio escolar hasta las 18:30 del jueves. “Es porque la ministra se sigue negando a mantener una reunión conjunta con las y los referentes de todas las escuelas secundarias. Intenta fragmentar el reclamo y nos llama por separado”, cuenta a Tiempo Serena Burkhardt, del centro estudiantil.
Fuente:TiempoArgentino
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