Javkin activó la agencia que deberá detectar blanqueos de dinero sucio
"El lavado de activos siempre va cambiando"
Definiciones de María Paula Bruera, a cargo de alertar desde el municipio a la Justicia y a la UIF sobre trámites e inversiones sospechosas de provenir del delito
Javkin firmó la designación de la funcionaria para el área.
La tarea de detectar operaciones de lavado de dinero de origen ilícito desde el Estado local recayó en quien hasta ayer era jefa de la Dirección General de Concesiones de la Municipalidad de Rosario, María Paula Bruera. Luego de que Pablo Javkin la presentara, cifró expectativas en esta agencia como auxiliar de la Justicia y de la Unidad de Información Financiera a la hora de desandar la ruta del dinero cuando las distintas reparticiones municipales detecten inversiones sospechosas.
"La dinámica del lavado de activos cambia de manera constante, se modifica, muta en sus distintas modalidades, por lo que es imprescindible el intercambio de información con otras áreas del Estado, y la capacitación. Esas maniobras van cambiando y es probable que suceda para eludir controles, por lo que al detectarlo readecuaremos los procesos, la información requerida, los requisitos. Esto es dinámico", advirtió.
Bruera dialogó ayer con este diario. "Intentaremos aprovechar los recursos que tenemos desde la Municipalidad. Vamos a analizar la información que nos aporte cada repartición, pero sin impedir ni retrasar ningún trámite. No vamos a perjudicar a los vecinos con requisitos innecesarios. Nuestra labor irá en paralelo y solo si a una repartición le hace ruido alguna solicitud. Y será de manera confidencial".
Abogada y escribana de profesión, su función como directora general de Concesiones municipal le anticipó conocimiento sobre esta tarea nueva del gobierno local con la ordenanza sancionada en agosto pasado y que abrió esta agencia. "Hace algunos meses que vengo especializándome en lavado de activos. Y ya las oficinas de los trámites sensibles que señala la ordenanza empezaron ampliar la documentación requerida en ciertos rubros y trámites", dijo.
Los trámites bajo la lupa conciernen en su mayoría a los que se gestionan ante las direcciones de Obras Particulares (inversiones inmobiliarias), de Habilitaciones (aperturas de comercio), de Concesiones, y la Secretaría de Movilidad (taxis y remises). Desde allí notificarán a la "agencia antilavado" cuando se les presente alguna anomalía, algún dato o situación sospechosa de contar con dinero de origen incierto que intenta blanquearse en la economía formal. Inconsistencia patrimonial, transferencias sucesivas de un bien, etc. "Así funcionará el sistema de alertas, el protocolo del cual nosotros somos la autoridad de aplicación. En ese caso, analizaremos la documentación reportada y valoraremos si existe un grado de sospecha suficiente como para elevar el alerta a la UIF o al MPA. Y si no lo consideramos así, también deberemos jusificarlo", explicó.
Bruera ponderó que la ordenanza fuera aprobada con consenso (además del oficialismo, la votaron los bloques Frente de Todos, Ciudad Futura y Juntos por el Cambio) y con el aporte del Ministerio Público Fiscal, colegios profesionales y las propias áreas municipales con las que deberá interactuar. "Destaco la voluntad política demostrada en la sanción de la ordenanza. La agencia se crea recién ahora, no tenemos otra experiencia como para referenciarnos. Pero estamos con todas las ganas y el compromiso para que esta agencia sea lo más exitosa posible, pero no vamos a impedir ningún trámite ni obstaculizar", avisó. Por ahora, el equipo tendrá un abogado y un contador.
El universo a observar no es angosto. Solo Obras Particulares emitió en setiembre pasado 120 permisos de edificación, y 1098 desde enero pasado. Aunque la agencia no intervendrá en cada expediente, solo los que les reporten desde las oficinas de base y en ciertas circunstancias. La ordenanza establece un piso de ciertos montos de inversión o compraventas, según el rubro, y actualizables. Es decir, operaciones de cierta envergadura.
La funcionaria sintetizó que desde ahora se pedirá para algunos trámites algo más de documentación, la acreditación de algunos datos como identidad, el origen de los fondos, el flujo de la inversión, gastos y recupero.
"La finalidad es analizar la información que ahora sí se puede estudiar y procesar por las plataformas virtuales de carga. Es una herramienta más para combatir el lavado y el municipio la pone al servicio de los organismos encargados de investigarlo. Es una tendencia que ya está sucediendo en el mundo... y sí, por algo Rosario es la primera ciudad en contar con esta agencia", reflexionó.
Javkin ayer lo relacionó directamente con la narcocriminalidad. "Se trabajará para detectar posibles delitos económicos vinculados al crimen organizado. Cortar la cadena del lavado narco es fundamental. Un negocio mafioso menos significa poder salvar muchas vidas", dijo.
PALOMAS
El objetivo del proyecto es “reducir la proliferación de estas aves en la ciudad mediante métodos contraconceptivos científicamente acreditados en cuanto a su eficacia y a su incidencia positiva en la salud de las mismas, y que asimismo su administración no genere perjuicios para la población humana, para otros animales y para el ambiente. Cada ave produce 15 kilos de heces por año, situación que perjudica la higiene de la ciudad y deteriora numerosas edificaciones". Argumentos del concejal Miguel Tessandori en el debate en comisiones para encontrar un método que reduzca la cantidad de palomas que hay en Rosario.
El diputado Del Frade pidió informes por Sadop
Denuncias e interna gremial
El diputado provincial Carlos Del Frade (Frente Social y Popular) presentó un proyecto de comunicación en el que solicita al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación, informe si las personas que integran la Agrupación “La Celeste y Blanca” del Sindicato Argentino de Docentes Particulares de la ciudad de Rosario, cabecera del departamento homónimo, "están siendo hostigadas o cercenadas en sus derechos sindicales".
Del Frade ya había ingresado otro proyecto en el que solicitaba que se informe "si existe una investigación sobre el supuesto espionaje ilegal realizado por autoridades del Ministerio de Educación en la interna del Sindicato Argentino de Docentes Particulares de Rosario, de acuerdo a las denuncias que realizara el propio secretario general del gremio, Martín Lucero".
Y además pregunta "si esas necesarias indagaciones ya determinaron responsabilidades sobre semejante operatoria anticonstitucional”. En aquel texto se incluían a personas con nombres propios con el objeto de dar mayores precisiones y a fin de saber si fueron utilizadas por el Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe. "Ahora, esas personas, integrantes de la Agrupación La Celeste y Blanca del Sindicato Argentino de Docentes Particulares tuvieron la deferencia de reunirse con este legislador a fin de expresar su malestar porque se sienten hostigados y sin poder ejercer sus derechos sindicales sin que el Ministerio de Educación se haya pronunciado sobre esta serie de hechos denunciados en la cámara".
El documento enviado por la Agrupación dice: “Mediante la presente queremos dejar constancia que como delegados, congresales nacionales, provinciales y afiliados de SADOP Rosario, todos conformantes de la agrupación La Celeste y Blanca estamos siendo blanco de injurias y calumnias de forma sistemática, provenientes de la Comisión Directiva del gremio al que pertenecemos". Y agrega que "los agravios hacia algunos de nosotros son mediante el uso de información privada en publicaciones y audios que se dan a conocer en todos los medios de que disponen, realizando afirmaciones que son falsas sobre nuestra persona y trabajo como docentes”.
La investigación por presunto espionaje
Fijaron fecha para imputar a Sain
Desde Santa Fe
El ex ministro Marcelo Sain, su ex número dos en la cartera, Germán Montenegro y otros seis integrantes de su equipo, entre ellos la abogada de Hijos Nadia Schujman, sabrán finalmente cuáles son las imputaciones en su contra, a un año del allanamiento del Ministerio de Seguridad que generó una escalada mediática. El fiscal Ezequiel Hernández –que quedó al frente de la persecución porque su colega Mariela Jiménez se jubiló- fijó la fecha para las ocho audiencias imputativas, que se realizarán a fin de mes, el 29 de noviembre, entre las 9 de la mañana y las 16.30. La audiencia con Sain será la penúltima, a las 15.30. La fecha no parece casual, el allanamiento a la sede del gobierno de la provincia en Rosario –a oficinas muy cercanas al despacho del entonces ministro Jorge Lagna- se realizó el 26 de noviembre de 2021 y las imputativas se concretarán finalmente el 29 de noviembre de 2022.
La serie comenzará a las 9 con la ex jefa de Inteligencia Criminal Zona Sur del Organismo de Investigaciones, Débora Cotichini; a las 10, seguirá Diego Rodriguez (ex responsable de Asuntos Internos); a las 11, la doctora Schujman; a las 12, Pablo Alvarez (que se desempeñaba en el área de Investigación Criminal del Ministerio de Seguridad); a las 13, Milagros Bernard (ex asesora del Organismo de Investigaciones), a las 14.30, Germán Montenegro; a las 15.30 Sain y por último, a las 16.30, Agustina Moulins (ex asesora del Organismo de Investigaciones del MPA).
El 20 de octubre, los organismos de derechos humanos de toda la provincia –entre ellos los de Rosario y Santa Fe- advirtieron sobre la causa que tramita el fiscal Hernández, a la que llamaron “el más claro ejemplo de Lawfare a la santafesina contra nuestra compañera Nadia Schujman” y otros funcionarios del Ministerio de Seguridad. “A casi un año de un allanamiento orquestado por estos sectores de poder, una causa llena de incertidumbres y sin pruebas reales, en contra de quienes trabajaron por desarticular y condenar un entramado mafioso en nuestra provincia. Vemos como durante todo este tiempo no se han encontrado fundamentos sólidos para realizar algún tipo de acusación formal y solo salen al publico audios para perjudicar a nuestra compañera y trabajadores en momentos donde en la provincia se disputan conflictos de una espuria relación del poder político-judicial y mediático”.
El 29 de noviembre, los ex funcionarios sabrán finalmente cuáles son las imputaciones y las supuestas pruebas en su contra.
La Comisión de Acuerdos dictamina hoy el caso de Cristina Ferraro
Sanción segura, falta saber cuál
La fiscal admitió errores en el control de la escena del crimen del empresario Oldani. Hay una investigación penal paralela en su contra.
Desde Santa Fe
La comisión de Acuerdos tiene previsto reunirse hoy a las 10, en la Legislatura, para definir la sanción que se aplicará a la fiscal Cristina Ferraro en un proceso disciplinario que le inició en junio, cuando la funcionaria fue procesada por “encubrimiento agravado” y “abuso de autoridad” en una causa federal que investiga el destino de un millón dólares y tres millones de pesos de los que sólo quedaron las fotos y un video. El diputado Leandro Busatto, que actúa como acusador en el trámite, solicitó directamente la cesantía de Ferraro, pero la mayoría de la bicameral coincide en una suspensión en el cargo, aunque aún no definió si es por el plazo mínimo de dos meses, el máximo de seis meses o una escala intermedia. “Todos coincidimos que debe ser sancionada porque es una falta grave, pero lo que estamos discutiendo es el tiempo”, dijo ayer el diputado de la UCR, Julián Galdeano, que es uno de los que debe dictaminar. “El acusador Busatto solicitó la destitución, pero en las conversaciones en la comisión coincidimos en una suspensión. Algunos estamos de acuerdo (con esa pena), pero en la medida que sea por un tiempo razonable”, que estimó en cinco meses.
Si la comisión de Acuerdos emite su despacho, el plenario del Senado y la Cámara de Diputados para tratar el caso Ferraro se realizará el jueves, pero hasta ayer la vicegobernadora Alejandra Rodenas no lo había convocado.
Ferraro es investigada en el Juzgado Federal Nº 2 de Santa Fe en una causa en la que el juez subrogante Carlos Villafuerte Ruzo la procesó por supuesto “encubrimiento agravado” y “abuso de autoridad”. El primer cargo es porque “autorizó ilegítimamente la desaparición” de un millón 100 mil dólares y tres millones de pesos de la agencia de turismo de Hugo Oldani -horas después del homicidio del empresario el 11 de febrero de 2020- y el segundo por “desviar la investigación” del destino del dinero.
Villafuerte Ruzo firmó el procesamiento el 7 de junio y al día siguiente Busatto solicitó la apertura del proceso disciplinario en la Legislatura por lo que consideró un “hecho de gravedad institucional”. La causa judicial que derivó en la acusación a Ferraro se inició por una denuncia del ex ministro de Seguridad Marcelo Sain, quien declaró como testigo en el sumario legislativo –a pedido de la defensa-, pero se negó a hablar de la causa judicial.
El 12 de septiembre, Busatto formalizó la acusación a Ferraro y solicitó el máximo de la pena, que es la cesantía en el cargo y la inhabilitación para ocupar cargos en el Ministerio Público de la Acusación por diez años. La sanción es adecuada a la “naturaleza y gravedad de la falta”. Ferraro ha “violentado la responsabilidad funcional que se le encomendara” y ocasionó un “gravísimo daño” al MPA, explicó el legislador.
El 19 de octubre, la fiscal hizo su descargo en el recinto de la Cámara de Diputados, donde –según el diputado Galdeano- reconoció que horas después del homicidio de Oldani, permitió que “familiares del empresario y personas ajenas a la investigación oficial ingresaran a las oficinas de la empresa supuestamente para retirar un DNI y salieron con bolsos de dinero que no fueron detectados, que no fueron oficialmente registrados” por la pesquisa.
“La acusación de Busatto a Ferraro está más que fundada”, dijo Galdeano por Aire de Santa Fe. Y en su defensa, “la fiscal no hizo más que convalidar la hipótesis de la acusación” y “reconoció que fue negligente a la hora de aplicar los controles que tenía que hacer a las personas que podían ingresar preservando la escena del homicidio y eventualmente las vinculaciones que eso podía tener en la documentación o en cuestiones que se guardaban en la misma oficina”.
“La fiscal tuvo oportunidad de defenderse, pero ella misma reconoció que su desempeño” estuvo “fuera de protocolo o con algunas falencias o muchas. Y a juicio de varios legisladores que integramos la comisión de Acuerdos, esto amerita una sanción porque configura la hipótesis de mal desempeño” y “habilita a la Legislatura a sancionarla”, planteó Galdeano.
“Vamos a ver en la comisión de Acuerdos –en el plenario previsto para hoy, a las 10- qué alcance tiene esa sanción. Hay quienes proponen que sea leve y otros que pensamos que debe ser un poquito más dura o contundente. Entiendo que hubo una afectación concreta de las posibilidades de investigar correctamente este caso”, sostuvo el legislador.
“La acusación (del diputado Busatto) es solvente, tiene pruebas suficientes, exhibe y demuestra que no hubo un desempeño correcto por parte de la fiscal Ferraro. Y eso amerita una suspensión por el máximo tiempo que podamos acordar en la comisión de Acuerdos. Porque tampoco sería razonable de nuestra parte que por poner una sanción más dura no tengamos mayoría y terminemos no sancionando el incorrecto obrar de la fiscal Ferraro”.
-¿Una suspensión por el plazo máximo sería seis meses y el mínimo: dos meses? –le preguntaron.
-Así es. Hay quienes nos inclinamos por el máximo que podamos dentro de esa escala. Vamos a buscar un consenso y ver qué sanción le podamos dar. Vamos a tratar de ponernos de acuerdo. Por ahí, podríamos aceptar un plazo intermedio de cinco meses, pero no una suspensión de sólo dos meses –respondió Galdeano. “Nosotros queremos lograr una mayoría para una sanción; después vemos, por qué tiempo.
-¿Qué pasa si la Cámara Federal de Rosario confirma el procesamiento de Ferraro?
-Hay consenso (en la bicameral) que si el proceso judicial avanza, corresponderá la destitución inmediata del cargo. Eso va a estar claro en la resolución, cualquiera sea el tiempo de la suspensión. Todos coincidimos que la fiscal debe ser sancionada porque es una falta grave. El tiempo de la sanción es lo que estamos discutiendo –cerró Galdeano.
Catorce directores de Vicentin citados desde hoy
Comienzan las indagatorias
Desde hoy y hasta el 20 de diciembre se sucederán las indagatorias a los miembros del directorio de Vicentin por el delito de aprovechamiento indebido de beneficios fiscales en el juzgado federal de Reconquista a cargo del juez Aldo Alurralde. Esta causa se tramita de forma paralela a la investigación penal por estafa y otras figuras penales que lleva adelante la Justicia provincial en Rosario y que ya tiene imputados a los mismos directivos, que por ese caso están en libertad bajo fianza. Ante la inminencia de la ronda de indagatorias, la Comisión de Seguimiento del caso Vicentin se entrevistó ayer con el fiscal federal de Reconquista, Jorge Salum. Según explicó el diputado Carlos Del Frade (FSP) la causa se basa en las denuncias de la Afip, "que viene acumulando aquí la documentación de un proceso histórico que es muy importante porque es el proceso de mayor expansión de Vicentin: 2016 a 2018, cuando la firma pasa a ser la sexta empresa que más factura en la Argentina dentro de las 1.000 que más facturan en el país. Además termina siendo la primera exportadora. Por eso es tan importante".
La maniobra que se le achaca en este caso a los miembros de aquel directorio (algunos siguen en funciones y otros ya no) es por la incorporación a la contabilidad de "facturas apócrifas de parte de empresas apócrifas, que son unas 60 de Buenos Aires, Entre Ríos, Santiago del Estero y Santa Fe, que se constituían en pocos meses y servían para licuar e ingresar dineros de los que se desconoce la procedencia", explicó Del Frade.
El perjuicio ocasionado por estas maniobras contra el Estado fue calculado en 111 millones de pesos a valores históricos, monto similar al del embargo que el juzgado de Alurralde fijó sobre los directivos y la empresa, en una medida que fue ratificada tanto en la instancia de apelación como en Casación Penal.
Luis Rubeo, presidente de la comisión de seguimiento, explicó que contactaron al fiscal porque "comienzan las audiencias imputativas en función de que hay una serie de denuncias realizadas por Afip sobre falsificación de facturas, en las cuales se habrían cobrado el reintegro de exportaciones por parte de Vicentin".
En agosto 2020, a pocos meses de producido el cambio el gobierno nacional, y con la cesación de pagos y estando muy fresca la presentación a concurso de acreedores por parte de la empresa, Afip denunció en la Justicia de Reconquista que Vicentin había solicitado reintegros del Impuesto al Valor Agregado por los períodos de enero de 2016 a octubre de 2018 con respaldo de facturas truchas.
Elecciones CTA
Hugo Yasky en La Toma
Puerto San Martín
Paro de estibadores
Lesa humanidad
Mientras se extienden las idas y vueltas procesales por la prisión domiciliaria de Amelong, el represor con cuatro condenas, el TOF1 autorizó vacaciones en Brasil a una procesada por el “Villazo” en marzo de 1975.
Mientras continúan las idas y vueltas procesales en la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario por la prisión domiciliaria del represor con tres condenas firmes, Juan Daniel Amelong, el Tribunal Oral Federal Nº1 le otorgó autorización a la ex policía federal Carmen Amanda Grossolin de Hellaid, procesada en la causa por la represión ilegal en los hechos conocidos como el “Villazo”, a tomar unas vacaciones en Porto Seguro, nordeste de Brasil, aunque no es seguro que pueda gozarlas porque a la vez le impuso una caución de 10 millones de pesos que requiere una serie de trámites burocráticos de difícil –aunque no imposible– concreción antes del 22 de noviembre, cuando parte el vuelo. La mora judicial en esta última causa, que se inició hace casi una década y analiza hechos ocurridos poco menos que medio siglo atrás, pone a las víctimas muy cerca de la denegación de justicia por la vía del retardo.
Dulce condena
Condenado en tres juicios orales a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad y sentenciado en otro proceso a 14 años de prisión por “sustracción de un menor de diez años del poder de sus padres y alteración o supresión de su estado civil”, el teniente coronel (re) del Ejército Argentino, Juan Daniel Amelong, está en su casa del barrio rosarino de Fisherton, donde cumple prisión domiciliaria.
Resultado de un “error” o mala interpretación de una resolución judicial, el “Teniente Daniel” –su nombre de guerra durante los años del terrorismo de Estado, que abrazó con ahínco–, goza de un beneficio procesal que tanto para la Unidad fiscal de causas por delitos de lesa humanidad de Rosario como para los querellantes en representación de las víctimas, es inadecuado para un reo con condenas firmes por crímenes que a la humanidad repugnan.
El fiscal adjunto de la Unidad de lesa humanidad, Juan Patricio Murray, resumió a El Eslabón el intrincado proceso por el cual Amelong reside en su domicilio y no en cárcel común, “el único lugar para los genocidas”, como plantean los organismos defensores de los Derechos Humanos.
Por un lado el juez federal Nº4, Marcelo Bailaque, “le deniega la domiciliaria a Amelong en una causa por el secuestro y desaparición” del militante campesino de Mendoza, Miguel Membrive, que está en instrucción.
“La defensa fue a la Cámara de Apelaciones, la audiencia se produjo hace unos días”, recordó Murray, para explicar que esa resolución está pendiente.
Paralelamente, la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal le otorgó a Amelong el beneficio de la prisión domiciliaria en el expediente de ejecución penal por las cuatro condenas que cumple el represor, que su defensa había solicitado por motivos de salud.
Ese planteo fue rechazado por el juez de ejecución de la pena, Germán Sutter Schneider, pero Casación revocó la resolución y lo mandó (casi) a la casa.
En cumplimiento de ese mandato, Sutter notificó al Servicio Penitenciario del fallo de la sala IV de Casación que dictaba la domiciliaria, pero con una salvedad: debía cumplirse “en la medida que el imputado no se encuentre detenido a disposición de otra autoridad competente”, recordó Murray.
Y Bailaque le había dictado prisión preventiva a Amelong en la causa denominada “Membrive”, que está en instrucción.
Por esa razón, la Unidad Fiscal de lesa humanidad realizó una presentación ante el juez Bailaque para que ordene el regreso del cuatro veces condenado por delitos de lesa humanidad a la Unidad Penitenciaria Nº4, ubicada en Campo de Mayo.
El juez rechazó el planteo de la Fiscalía, que fue en apelación a la Cámara rosarina, explicó Murray. El miércoles de esta semana se realizó la audiencia previa a la resolución.
Además, la Cámara debe resolver la apelación de la defensa de Amelong, que cuestionó la decisión anterior de Bailaque de denegar la domiciliaria por su procesamiento en la causa “Membrive”.
Atento al paralelismo de los planteos sobre un mismo asunto, la Cámara Federal de Rosario decidió el lunes de la semana pasada “suspender el pase a estudio” del recurso de la defensa de Amelong, para resolver en forma conjunta con el planteo de la Fiscalía acerca del regreso del reo a Campo de Mayo.
Ese intrincado ida y vuelta procesal continúa, al menos por ahora, permitiéndole al represor del ex Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército gozar de una estadía casera.
Patotero
Amelong fue sindicado por numerosos testimonios de sobrevivientes y por prueba documental como uno de los integrantes de la patota del Destacamento 121, que guiaba Oscar Pascual Guerrieri en los primeros años de la última dictadura cívico-militar.
Ese grupo operó en el circuito represivo conformado por los centros clandestinos de detención Quinta de Funes, La Calamita, Fábrica Militar “Domingo Matheu”, la escuela Magnasco –utilizada durante el verano de 1978, mientras no había clases, como prisión ilegal de 14 militantes montoneros secuestrados en la Quinta de Funes– y La Intermedia.
El compromiso de Amelong con el terrorismo de Estado y su disposición a cometer crímenes de lesa humanidad no sólo quedó de manifiesto en su participación personal en esos hechos como miembro del Ejército, sino en la decisión de su familia de prestar a la institución castrense para objetivos ilícitos el predio del centro clandestino La Intermedia, en inmediaciones de Timbúes, la casa de fin de semana familiar.
Según el testimonio del Personal Civil de Inteligencia (PCI) del Destacamento 121, Eduardo Costanzo, condenado también por esos crímenes, allí fueron asesinados los 14 militantes de Montoneros que estaban cautivos en la Quinta de Funes, una vez que tras la fallida “Operación México” para matar a la cúpula de esa organización política armada, la prensa de aquél país dio a conocer la existencia del centro clandestino.
Amelong fue condenado en tres oportunidades a prisión perpetua por homicidio, privación de la libertad y aplicación de tormentos, en el marco de un genocidio, en los distintos tramos de los juicios orales de la megacausa conocida como “Guerrieri”, que investigó parte de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.
Desde principios de agosto pasado forma parte de los 17 acusados en el proceso oral por la cuarta parte de esa causa, que ventila los casos de 116 víctimas del terrorismo de Estado.
También fue condenado por la Justicia Federal de Paraná a 14 años de prisión por la sustracción de una menor de 10 años del poder de sus padres, en relación a la nieta recuperada Sabrina Gullino, hija de Raquel Negro y Tulio Valenzuela, ambos ilegalmente detenidos en la Quinta de Funes.
Sabrina busca a un hermano mellizo nacido en la clandestinidad del hospital Militar de Paraná, caso por el que hasta ahora no ha mostrado interés la denunciante de venta de bebés Carolina Losada, senadora nacional por Santa Fe.
Escapadita
Mientras decide sobre la domiciliaria de Amelong o su regreso a cárcel común, esta semana la Cámara Federal de Rosario autorizó a la ex policía federal Carmen Grossolin a hacerse una escapadita de una semana a Porto Seguro, las playas del nordeste de Brasil.
El escrito presentado por su defensa, el 12 de octubre pasado, ante el Tribunal Oral Federal 1, solicita la salida del país entre el 22 y el 29 de noviembre próximos.
Grossolin fue miembro de la Policía Federal y está procesada por privación ilegal de la libertad –abusando de su carácter de funcionaria pública–, agravada por mediar violencia y amenazas en perjuicio de 23 víctimas.
En su legajo figura como “actos meritorios” por los que recibió felicitaciones de sus superiores “la actuación que le cupo en un procedimiento” referenciado con un número de expediente, concerniente a la represión de trabajadores en el “Villazo”.
Es decir, está acusada por más de dos decenas de secuestros cometidos a partir del 25 de marzo de 1975 en Villa Constitución, ciudad “copada” por fuerzas federales y provinciales de seguridad, fuerzas armadas y paraestatales para intervenir en un “conflicto sindical” entre los miembros de la combativa Lista Marrón de la delegación local de la Unión Obrera Metalúrgica, liderada por Alberto Piccinini, y la conducción nacional del gremio, en manos de Lorenzo Miguel.
Los hechos conocidos históricamente como el “Villazo” configuraron la antesala, en un territorio acotado, de lo que un año después serían los métodos del terrorismo de Estado extendidos a todo el país.
En su acusación, el fiscal Adolfo Villate señaló que la tensión con el empresariado metalúrgico de Villa Constitución y el sindicalismo oficial –la Lista Marrón, que había ganado las elecciones– aumentó de manera paralela con los logros laborales. “Las autoridades políticas, en connivencia con los empresarios, y a través de las fuerzas armadas y de seguridad, decidieron aplicar un programa represivo –que luego se profundizó– en Villa Constitución, cuyos principales objetivos fueron disciplinar al movimiento obrero y avanzar en el proceso de concentración de las empresas siderúrgicas”, describió.
Así, unos cuatro mil efectivos a bordo de 105 vehículos “hicieron pinzas en las salidas de las fábricas y se llevaron detenidas alrededor de 300 personas; entre ellos, todos los directivos de la UOM local, la Comisión Interna de Acindar, más distintos activistas”.
El 20 de marzo de 1975 la ciudad fue “literalmente militarizada e invadida por la Policía Federal Argentina, la Gendarmería, la Prefectura, las policías provincial de Santa Fe –incluyendo a la división de guardia rural Los Pumas– y bonaerense, grupos parapoliciales de la Triple A y de la Juventud Sindical, personal de la Secretaría de Inteligencia del Estado y del Ejército”, detalló Villate.
La represión se generalizó y hubo homicidios y allanamientos a las viviendas de los trabajadores y al comité local de la UOM, que fue intervenida.
Unos de los sitios de detención ilegal fue el denominado Albergue de Solteros que tenía la fábrica Acindar dentro de su planta, que se convirtió así en uno de los primeros centros clandestinos antes del golpe de 1976. Dos años antes, la empresa había cedido ese lugar para la instalación de un destacamento de la Policía Federal, cuando la conflictividad laboral crecía.
Empleados jerárquicos de la compañía brindaron, además, los datos personales de los trabajadores, contenidos en sus legajos laborales, para que las fuerzas pudieran concretar los secuestros.
La causa va lenta. La denuncia la presentaron las víctimas en 2003, hace casi 20 años. En 2017 el fiscal Villate solicitó las indagatorias de 102 acusados. El juez Bailaque adelgazó la lista hasta 46 y recién dictó los procesamientos en marzo de 2020. El representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la elevación a juicio, que espera fecha. Espera que alienta lo que los organismos de Derechos Humanos llaman “impunidad biológica”, por la edad de los imputados.
En ese marco, la ex policía Carmen Grossolin, acusada por 23 secuestros, pidió permiso para tomarse vacaciones en Porto Seguro. Es que el procesamiento dictado por Bailaque le prohíbe salir del país.
La Fiscalía pidió al TOF1 que no autorice el viaje, al recordar que está procesada, que no puede salir del país y que la causa está elevada a juicio.
En su escrito, agregó que “ésta Fiscalía desconoce la capacidad económica de la imputada, como el posible contacto que pudiera tener con otras personas en el extranjero, ya que resulta obvio que al encontrarse en el exterior existe un menor control, aumentando aún más las posibilidades de que se profugue y que se den otras condiciones de las que se pueda valer para entorpecer el proceso, impidiendo la averiguación de la verdad”.
Sin embargo, el TOF1, integrado por los jueces Sutter Schneider, Otmar Paulucci y Ricardo Moisés Vázquez, resolvió autorizar las vacaciones en el exterior de Grissolin –que, de más está decir, se encuentra en libertad esperando el juicio– aunque fijó una “caución real o personal de diez millones de pesos, la cual deberá depositarse a la cuenta y orden de éste Tribunal o acreditar solvencia debidamente previo a realizar el viaje programado, acompañando constancia, y acreditar su regreso al país dentro de las 48 horas de producido el arribo, todo ello bajo apercibimiento de ser declarada en rebeldía y ordenar su inmediata captura”.
Fuentes judiciales indicaron que las exigencias, que requieren trámites burocráticos como presentar títulos de propiedad por el monto indicado, pueden hacer fracasar la resolución tendiente a promover el turismo externo con el hermano país. Se verá.
Fuente:RedaccionRosario
Estafa millonaria: detuvieron al financista Luis Herrera
A instancias del fiscal Moreno, la policía allanó varias propiedades del expresidente del Rofex y lo detuvo en Alberdi junto con dos de sus hijos. Suma medio centenar de denuncias por estafa de parte de los inversores a quienes les administraba activos. Le reclaman alrededor de 10 millones de dólares.
Efectivos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) detuvieron, este martes por la mañana, al expresidente del Rofex Luis Herrera por estafar a inversores en una cifra que superaría los 10 millones de dólares.
El reconocido asesor de negocios que presidiera el mercado de futuros más importante de Argentina, el Rofex, fue arrestado en una coqueta vivienda del barrio Alberdi, en J. C. Paz y avenida Puccio. También hubo allanamientos en otras propiedades del ejecutivo, en Rosario y en Timbúes. También habrían sido demorados los hijos del financista.
Herrera acumula 60 denuncias por un default de unos 10 millones de dólares. En los próximos días será llevado a audiencia imputativa por el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos, Miguel Moreno.
El asesor hacía depositar dinero en su agencia de la Bolsa de Comercio para operar en el mercado de futuros de Chicago. Sin embargo, a partir del 2 de julio de 2021, la plata de los clientes de Herrera se transfirió a cuentas personales, sin generar ganancias y no atender los reclamos de devolución.
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