Extractivismo urbano en el Delta de
Tigre: «Destruir los humedales es
destruir modos de vida»
Por Mariángeles Guerrero, Resumen Latinoamericano, 31 de octubre de 2022.
Cooperativas de isleños y organizaciones socioambientales del Delta del Tigre denuncian las estrategias del intendente Julio Zamora para volver a habilitar grandes emprendimientos inmobiliarios sobre los humedales, a pesar de una cautelar vigente de la Justicia Federal. Quienes enfrentan el extractivismo inmobiliario plantean otra relación con las islas en las que habitan y producen, y reclaman la sanción de la Ley de Humedales.
En 2010, isleños y organizaciones socioambientales lograron frenar el proyecto inmobiliario Colony Park en el Delta de Tigre, que pretendía levantar viviendas de lujo en un barrio privado sobre las islas. El emprendimiento quedó suspendido por la Justicia Federal por los daños ambientales que la construcción estaba ocasionando: desmontes, desvíos de cursos de agua y pérdida de fauna. Ese es el territorio donde hoy resurge la disputa por el uso de la tierra, el agua y la protección de los humedales frente a nuevos desarrollos inmobiliarios en connivencia con los gobierno municipal. El intendente de Tigre, Julio Zamora, desarticuló los mecanismos de participación ciudadana, nombró a un empresario inmobiliario en un puesto clave y esquiva la propio legislación local con «excepciones».
En agosto pasado se desarticuló el Consejo Asesor Permanente Isleño (CAPI) de Tigre. Dicho espacio estaba conformado por organizaciones isleñas y trabajaba de forma colaborativa con la Dirección General del Plan de Manejo municipal en lo relativo a la vida en las islas. Las y los integrantes del CAPI que dejaron ese espacio lo hicieron argumentando que “en los problemas de transporte, electricidad, contaminación, desarrollo productivo sustentable, mantenimiento de vías navegables (dragado y destronque) es poco lo que el municipio ha podido aportar” y que “la ausencia de políticas públicas para el ordenamiento territorial implica un avance constante de la especulación inmobiliaria”.
Las organizaciones socioambientales que decidieron abandonar el CAPI detallaron la inacción municipal en un documento y denunciaron que, en junio de este año, el intendente de Tigre, Julio Zamora (Frente Renovador) pidió el levantamiento de una medida cautelar dictada por la jueza Federal N°1 de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, en 2016, que puso un freno a los grandes desarrollos inmobiliarios en las zonas de planicie del Río Luján y en el Delta hasta que se realice un informe de impacto acumulativo de estos emprendimientos en la zona. Dicho informe nunca se realizó. Arroyo Salgado también fue quien, en 2010, dictó la cautelar que mantuvo el primer gran símbolo de la lucha de los isleños: el emprendimiento Colony Park.
La Asamblea Delta y Río de la Plata, la Asociación Civil Itekoa, el Centro Comunitario Casa Puente, las cooperativas Isla Esperanza e Igarape, el Observatorio de Humedales, Residuoteca, Unidad Isleña y Control Ciudadano Delta, son las organizaciones que dieron un paso al costado del consejo asesor.
Cecilia Hemming es la ex directora general del Plan de Manejo municipal —nombrada por el Municipio de Tigre a propuesta de las organizaciones ambientales— y trabajaba de manera conjunta con el CAPI. De su experiencia analiza que la política de participación de los consejos asesores en Tigre «de ningún modo es plural y participativa». «Solo quieren la foto de la reunión, bajan línea sobre lo que supuestamente van a hacer y no hay diálogo», sentencia sobre las autoridades municipales. El intendente Zamora no los recibía hace tres años; el interlocutor era su hermano Mario Zamora, que dejó de recibirlos a comienzos de 2022.
Hemming agrega que “no había voluntad de darle capacidad de acción real al plan de manejo” sino que la Dirección del Plan de Manejo terminó siendo «un agente recaudatorio de multas sin un trabajo de acción real en el territorio”. Por ejemplo, menciona el accionar destructivo de las retroexcavadoras que, sin necesidad de que se aprueben grandes desarrollos, dañan el ecosistema al remover el suelo para construir cabañas de fin de semana.
Desde el CAPI se presentaron proyectos de plantación de árboles nativas, de ordenamiento territorial para proteger las islas o de construcción de viviendas sociales, pero ninguno prosperó. “Todos esos proyectos requerían mayor presencia del municipio con políticas públicas en salud, educación, energía y transporte para los isleños. Abordan aspectos que hoy son tan precarios que hacen que la población local se vea amenazada en sus posibilidades de subsistencia y que se deje espacio para la privatización de la naturaleza por parte de una elite que puede autoabastecerse de esos servicios”, grafica Hemming.
Un «boicot» para rehabilitar el desarrollo inmobiliario en el Delta de Tigre
El gobierno del intendente Zamora minimizó lo denunciado por las organizaciones socioambientales y la respuesta oficial fue que los integrantes que se retiraron del CAPI “no cumplieron las expectativas”. Además, nombraron como nuevo director del Plan de Manejo a Santiago Serantes, un empresario inmobiliario que en 2015 embistió la canoa en la que viajaba el isleño Víctor Zavala y lo mató. Serantes fue condenado en 2019 con ocho meses de prisión condicional y cinco años de inhabilitación especial para conducir embarcaciones. No se trata de un hecho aislado: cada vez hay más accidentes náuticos por la proliferación de embarcaciones de lujo que atropellan las canoas de los pobladores.
Diego Domínguez, integrante de la Cooperativa de trabajadores junqueros Isla Esperanza que enfrentó a Colony Park, califica lo ocurrido con el consejo asesor como un “boicot”. Para él esto muestra que “hay una intención gubernamental de rehabilitar el desarrollo inmobiliario en el Río Luján y en todo el Delta”.
En caso de quedar sin efecto la medida cautelar de Arroyo Salgado, una serie de proyectos inmobiliarios frenados podrán reactivarse en la planicie de inundación del Río Luján : Nuevo Rincón 2030. Villa Irsa, Barrio San Pedro. Otro emprendimiento que está a la espera de que caiga la cautelar se ubica en el barrio Parque Alegre y es impulsado por Hugo Schwartz, una de los empresarios procesados en el marco del juicio por el barrio Colony Park.
Mientras tanto, pese a que hay una ordenanza de 2019 que prohíbe las construcciones de gran escala en las islas, Hemming explica que el Ejecutivo municipal delega la aprobación de estos proyectos al Concejo Deliberante, que los acepta como “excepciones”. Actualmente están en trámite dos: Delta del Plata y Emprendimiento Rowinco.
«Debajo del negocio inmobiliario hay un impacto social enorme»
El Delta del Paraná es un territorio codiciado para el agronegocio y el extractivismo: la ganadería —los reiterados incendios con los que se busca ampliar la frontera agropecuaria—, la extracción de arena para el fracking en Vaca Muerta o los propios desarrollos inmobiliarios. Todo ocurre mientras el Congreso nacional deja pasar los períodos legislativos sin que se trate la Ley de Humedales. Lo que pasa en Tigre es una muestra de la realidad nacional.
“Hay una acción muy superficial, asistencialista o de la foto de la inauguración de la senda aeróbica o de una calle mientras están privatizando toda la costa. En Tigre quien vive en el continente prácticamente no tiene acceso al río”, denuncia Hemming sobre la política local. Por ese motivo, quienes salieron del CAPI se están rearticulando para seguir su acción de vigilancia y monitoreo por fuera del aparato institucional.
Sobre cómo los barrios cerrados impactan ambientalmente sobre los humedales, Hemming menciona como ejemplo que, en muchas ocasiones, no tienen finalizadas sus obras de cloacas o plantas de tratamiento de residuos cloacales suficientes. “La gente que vive en los barrios cerrados, que cada vez es más, excede la capacidad de sus plantas de tratamiento y estos aportes van al río, más allá de que el río también tiene aportes fuertes de contaminación de las industrias de pinturas, de los frigoríficos y textiles de la cuenca del Reconquista. El crecimiento de la población sin infraestructura genera contaminación”, resume Hemming.
Actualmente el acceso al río en Tigre es complejo. La gente que no tiene movilidad propia o que no puede pagar el boleto de la lancha (privada, pero de gestión y con subsidio estatal), no tiene un espacio gratuito y cuidado donde bajar. No hay recreos públicos y el acceso a los paradores privados es costoso. “El resto está privatizado o abandonado adrede porque con el levantamiento de la cautelar los emprendimientos inmobiliarios se vienen a instalar ahí”, dice la ex integrante del CAPI.
En el mismo sentido, Domínguez apunta: “Por debajo del negocio inmobiliario ligado al turismo y loteos para sectores de altos ingresos, hay desalojos de la población ancestral. El cambio de uso del suelo implica destrucción de las islas, del humedal. Pero además del impacto ambiental, hay un impacto social enorme porque en esas islas hay familias”. “El avance de la propiedad privada y del capital es un proceso intensamente violento que el Estado en sus distintos niveles termina avalando”, sentencia el integrante de Cooperativa Isla Esperanza.
Extractivismo urbano o humedales para vivir, cultivar y trabajar
Esa realidad de despojo está latente en estos días para diez familias de la comunidad del Arroyo Dorado y el río San Antonio, que están bajo amenaza de ser desalojadas por un grupo de empresarios. Los inversores sostienen que cuentan con las papeles que certifican que son dueños de la isla donde viven las familias. Jorge Monzón, uno de los vecinos afectados, señala que ya pudieron frenar dos desalojos, en septiembre y en octubre, y que el próximo plazo vence el 2 de noviembre.
“Somos diez familias que hace 40 años que vivimos acá, ellos vinieron con unos papeles diciendo que son dueños. Estamos en una instancia difícil pero no imposible, vamos a pelear por lo nuestro”, afirma. Y apunta contra dos empresas: Paglietini, fabricante de lanchas, y la inmobiliaria Batellini.
Monzón agrega: “Estos empresarios quieren que el gobierno de Tigre se haga cargo de nosotros. Le pregunté al municipio si tiene diez viviendas y no las tienen. Entonces que se hagan cargo los empresarios”. Las familias afectadas se dedican a la pesca, a la mimbrería, a las huertas, a la construcción de muelles y a la carpintería. “Con eso subsistimos. Ellos quieren la tierra para hacer departamentos y casas y eso afecta el humedal y también los derechos de los niños, que van a la escuela en la isla, y de los ancianos”, argumenta el entrevistado.
El referente de la Cooperativa Isla Esperanza vuelve sobre cómo se vive en el cuerpo y en el ambiente el extractivismo inmobiliario: “El problema ambiental no se puede escindir del problema de la tierra porque hay una relación directa entre destrucción del ambiente y ciertos modelos económicos. El Estado debería darle poder y reconocimiento a los sectores económicos que valoran el ambiente de otra manera”. Esos grupos son las poblaciones isleñas dedicadas a la pesca artesanal, a la mimbrería, a la producción hortícola (con experiencias de agroecología) y la apicultura. El miembro de la cooperativa de junqueros insiste en la necesidad de dar visibilidad a estas actividades para “no caer en la falsa dicotomía entre ambiente y economía”.
“Con la demora en el tratamiento de la Ley de Humedales queda claro que hay grupos económicos que están involucrados en la destrucción del humedal. El tema es hacer visible que hay otros grupos económicos vinculados a su cuidado”, afirma Domínguez. Además de cumplir un rol biológico relevante, estos ecosistemas son la cuna de poblaciones con una identidad cultural, social y económica específica, asociada al ambiente que los rodea. Ante el avance del lobby inmobiliario, el cooperativista resume: “La destrucción del humedal es la destrucción de esos modos de vida”.
Fuente: Agencia Tierra Viva
¿Una balanza que se empieza a
inclinar? Estrategias a un lado y
otro de la grieta minera
Por Manuel Fontenla*, Resumen Latinoamericano, 31 de octubre de 2022.
I. La grieta es una realidad innegable en Andalgalá. Sin embargo, que sea innegable no significa que sea inmodificable. Es decir, no es estática, ni fija, ni a-histórica; es una grieta política y social, que se mueve y modifica al compás de los movimientos que cada sector realiza. Los movimientos del gobierno a lo largo de todo este año han pasado por varias estrategias. La utilización de la fuerza policial, la persecución judicial, la indiferencia, el amedrentamiento, el hostigamiento cotidiano a lxs asambleístas, la complicidad con grupos violentos pro-mineros en el acampe que se realiza en minas capillitas en la ruta de ingreso a Agua Rica.
Sobre este último punto, las acciones y declaraciones de la Ministra de Seguridad respecto al conflicto que se repite cada 15 días, tuvieron el mismo derrotero que las acciones de casi todos los ministros oficialistas: la nada misma. Y, finalmente, la última estrategia, para nada novedosa, fue la que se decidió luego del encuentro entre Jalil y Córdoba, a saber, la creación de una Mesa Científico Técnica, de la cual, hasta el día de hoy, no hay noticia alguna.
La oposición también intento anotarse algún punto a favor, pero no pasó de las críticas al oficialismo por su mal manejo del asunto, y algunas “bien intencionadas” declaraciones sobre el diálogo y la paz, que nunca se concretaron.
Así las cosas, de un lado de la cancha parece que ninguna acción ha logrado “inclinar la balanza”.
Veamos del otro.
II. En Choya se ha formado definitivamente un grupo estable y organizado de vecinos/as informados y convencidos de la destrucción que significará Agua Rica para su pueblo. Tan solo en los últimos dos meses, recibieron en su pueblo, a tres contingentes provenientes de distintas provincias del país, y de distintos puntos de Catamarca. En esos encuentros se realizaron consultorías legales, asesoramiento jurídico, colectas económicas para sostener los cortes, y se debatieron estrategias políticas y sociales para lo que los choyanos entienden como una lucha irrenunciable. Como parte de esos intercambios, la Asamblea el Algarrobo, junto al pueblo de Choya y más de 30 organizaciones nacionales organizaron un festival que se desarrolló este pasado sábado 22 y domingo 23.
El Festival “Puentes de Agua”, tuvo como protagonistas artísticos alos reconocidos y comprometidos cantautores Jorge Fandermole y Carlos “El negro” Aguirre. En la parte comunicativa, se destacó la presencia del también reconocido periodista ambiental Darío Aranda, el científico Guillermo Folguera y el documentalista Patricio Escobar. Junto a más de 100 personas provenientes de distintos puntos del país, Andalgalá y Choya se vieron colmadas de periodistas, comunicadores, activistas, ambientalistas y asambleístas que durante dos días intercambiaron, compartieron y trazaron acciones de lucha y resistencia.
Rosa Farías junto a Dario Aranda en la Radio el Algarrobo, en el programa La voz del Algarrobo que lleva 11 años al aire. Foto: Susi Maresca
El sábado se realizaron las acciones en la plaza 9 de julio en el corazón de Andalgalá y luego se realizó una más de las históricas caminatas, la N° 664, que fue realmente multitudinaria, y que llevo su canto y su voz por el domicilio del fiscal Martin Camps y de la Comisaria donde estuvieron detenidos los integrantes de la Asamblea el Algarrobo.
Otro punto fuerte del Festival, fue la participación de los pueblos indígenas de Catamarca. Del encuentro participo la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita, con representación de comunidades de Santa María, Aconquija y Belén (aquellas mismas que el gobierno había querido pasar por pro-mineras). Las comunidades plantearon un rotundo NO, a la destrucción de sus territorios y mostraron una potente unidad de acuerdo en la defensa de sus modos de vida, sus cerros y sus ríos.
El domingo las actividades se realizaron en Choya, y una comitiva de periodistas y comunicadores viajo al corte de altura en minas capillitas. A pesar de la poca difusión local, es importante reiterar que el día miércoles 20, es decir, dos días antes del festival, el acampe que sostienen los vecinos de Choya fue destruido en medio de la noche, y todas sus pertenencias fueron robadas. Un misterio digno de una película de Sherlock Holmes ya que, en el lugar, sin exagerar, no hay nada, pero nada en kilómetros alrededor, más que una casilla de policía a 30 mts del lugar del hecho. Es difícil saber si la policía es realmente tan inoperante como para no ver un robo en su propia cara, o si el gobierno está tan desesperado como para “dispararse el pie” en un intento tan inútil como ridículo para creer que esas acciones sirvan de algo. Lo cierto es que toda una comitiva nacional se llevó registros audiovisuales y pruebas para denunciar en distintos organismos de derechos humanos y de violencia institucional, lo que sucede “cerro arriba”.
Las actividades cerraron en el mítico espacio de la Asamblea el Algarrobo, donde se compartieron proyecciones audiovisuales de Antofagasta, Ancasti, la misma Andalgalá y también del Chubutazo del año pasado, de la mano de integrantes de la asamblea No a la Mina Esquel, que hicieron el largo viaje hasta nuestros pagos.
III. Así como no hay miradas “objetivas” de la realidad, tampoco hay “balanzas” objetivas para señalar hacían donde se inclina un conflicto. Sin embargo, los hechos, las percepciones sociales, las emociones y acciones colectivas y las repercusiones mediáticas ayudan a observar tendencias. Para quienes miran de afuera, para la realidad que se comunica desde Andalgalá hacia el país, la tendencia es clara: los pueblos no están dispuestos a renunciar a su lugar de vida. La defensa del territorio es una realidad inapelable. Las amenazas varían, aquí es Agua Rica y Livent, allá será Monsanto o Barrick Gold, o Porta o los incendios o el negocio inmobiliario. Pero frente al consenso de defensa territorial, la mentira del progreso cada día pierde adeptos y con sus patas cortas, ya casi que se arrastra. De igual manera, para el adentro de Catamarca, quienes están a favor de la minería siguen repitiendo estrategias sin efectos. Ni las acciones del gobierno, ni las de la empresa logran desmoralizar a su contrincante, ni restarle fuerza, ni poner en duda la determinación ni la voluntad de defensa de los choyanos y andalgalenses. Su única estrategia sigue siendo, invisibilizar y perseguir a quienes se enfrentan al negocio minero. Pero, parece que eso, tampoco alcanza.
Si la balanza continúa inclinándose hacia el mismo lado, podría ser que tanto la Grieta como Agua Rica corran la misma suerte: cerrarse.
(*) Licenciado en Filosofía y Dr. en Estudios Sociales de América Latina (CEA-CONICET)
Fuente: El Ancasti
Mendoza: se solidarizan con la
luchadora por el Agua Nora Moyano
Resumen Latinoamericano 1 de noviembre de 2022
Nora Moyano es una activista apasionada en la defensa del agua en Mendoza. Pertenece a la Asamblea por el Agua Pura de las Heras. En el 2019 fue imputada por el supuesto secuestro de «los beneméritos de la patria», los y las diputadas de Mendoza en las jornadas por la defensa del agua donde se tiró abajo la llamada por el pueblo «ley cianuro». Ahora reafirman la imputación y le niegan el sobreseimiento. En una entrevista con Resumen Latinoamericano Nora afirmó que ante tal canallada no la van a amedrentar y seguirá en la lucha por el agua.
Comunicado del Foro Pensar Horizontes:
Ante la imputación y negación de sobreseimiento, y por tanto continuación de un juicio acusatorio, preguntamos: ¿De qué se acusa a la compañera Nora? ¿Por qué se acusa a Nora?
-Se acusa a nuestra compañera de “privación ilegal de la libertad” de los legisladores el día 17 de diciembre de 2019, cuando sancionaron una modificación a la Ley provincial 7722 a fin de permitir el uso de sustancias químicas tóxicas en la minería.
Ese día, más de tres mil personas manifestaron su protesta en las puertas de la Legislatura provincial, vallada y rodeada de fuerzas policiales. Fue ahí que se iniciaron las maravillosas jornadas de diciembre del 2019, en que decenas de miles de vecinos y vecinas, asambleístas, autoconvocados, sindicalistas, estudiantes y organizaciones protestaron multitudinariamente durante 10 días, logrando finalmente que el gobernador Rodolfo Suárez, derrotado por la pueblada, retirara el proyecto de ley cianuro y restituyera la Ley 7722, «guardiana del agua». Fue un triunfo histórico del pueblo mendocino, celebrado más allá de nuestras fronteras provinciales y nacionales.
-Nora fue una entre miles que ese 17 de diciembre protestamos frente a la Legislatura provincial. ¿Por qué esta imputación contra ella y no a la mayoría del pueblo mendocino? ¿Por qué se la culpabiliza solo a ella y no se quiere tener en cuenta la pueblada masiva que se manifestó durante 10 días? Sin duda se trata de una persecución política dirigida a una militante y referente de las Asambleas defensoras del agua en Mendoza. Se pretende con ello disciplinar a los militantes ambientalistas para que no sigan defendiendo ese bien común tan preciado e indispensable en nuestra provincia, mientras se sigue presionando para derogar esa ley, cuya implementación demandó tantas luchas y que se convirtió en modelo para otras provincias.
-Se acusa a nuestra compañera de haber ejercido el derecho de protesta. Protestar es un componente fundamental de toda democracia. Involucra derechos fundamentales como peticionar a las autoridades y expresarse en libertad, pues la democracia no consiste en votar cada 4 años y quedarse luego callado y encerrado durante esos cuatro años. Más aun cuando está en juego el asegurar la salud de la población y la protección del medio ambiente.
Todxs somos Nora.
NO a la criminalización de la protesta.
Sobreseimiento de cualquier cargo a la compañera Nora Moyano.
La ley 7722 no se toca.
EL AGUA NO SE NEGOCIA
Foro Pensar Horizontes
Mendoza, 30 de octubre 2022
Entrevista con Nora Moyano en Resumen Latinoamericano tv:
Garrote sin zanahoria: la política del
gobierno para la crisis habitacional
Por Marcelo Mache, Resumen Latinoamericano, 31 de octubre de 2022.
Se cumplieron dos años del megaoperativo represivo que culminó en el desalojo de las familias de Guernica y los vecinos y vecinas desalojados volvieron a movilizarse ante el incumplimiento de la entrega de lotes para habitar. Guernica expuso una política de Estado, desenvuelta a fondo por el Frente de Todos: represión contra los asentamientos y crecimiento de las necesidades habitacionales.
La reciente modificación de la ley del Registro Nacional de Barrios Populares (Ley 27.453) dio cuenta de un crecimiento de las villas y asentamientos, pasando de algo más de 4.000 “barrios populares” a 5.687 en todo el país, donde viven alrededor de 5 millones de personas.
El gobierno nacional tenía el compromiso de urbanizar 400 barrios por año para que esta cifra se redujera; sin embargo, ocurrió lo contrario, mostrando que lo escrito en la ley son solo compromisos vacíos, que carecen operatividad, presupuesto y ejecución.
Se estima la existencia de 4 millones de personas en todo el país sin vivienda propia en condiciones aptas, con salarios que demandarían décadas de ahorro para poder adquirir un hogar propio, un crédito hipotecario inexistente y un mercado de alquileres prohibitivo que empuja a millones de trabajadores y sus familias a los barrios más periféricos y a salidas de emergencia, como ocupar tierra fiscal u ociosa.
Buenos Aires: la madre de las barriadas
Según datos relevados por la Subsecretaría de Hábitat del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, el déficit habitacional de la provincia asciende a 2.284.134 de hogares. Mientras que el Renabap registra la existencia de 1.933 asentamientos en la provincia: el 34% del total nacional.
Pero los números reales son superiores e integran a barrios y asentamientos no reconocidos por el registro y el Estado, lo que les otorgaría al menos alguna garantía ante las represiones y desalojos del propio Estado, como las ocurridas recientemente en el barrio La Resistencia (Merlo), o en el barrio 1° de Noviembre (La Matanza). En estos momentos pesa una orden de desalojo sobre las familias del asentamiento de Las Heras en Mar del Plata.
El caso de Guernica es ilustrativo de la política del gobierno. Desde la gestión provincial aluden haber “invertido” $151.726.533 en la resolución en los 24 meses transitados. Según informaron al medio Infobae habrían gestionado 838 subsidios de tres pagos de $30.000 de lo cual aclaran haber pagado solo una cuota. Además, destinaron algunas ayudas alimentarias.
En cuanto a las cuestiones habitacionales en concreto, afirman haber otorgado materiales de construcción a 67 familias y la entrega de… 10 “módulos habitacionales”. Nada, en relación a los 1.904 grupos censados y las 1.460 actas firmadas, según datos oficiales.
Con razón, las familias de Guernica siguen movilizadas ante el incumplimiento del gobierno provincial y el gobierno nacional, que ocultan su política represiva y antipopular con slogans y propaganda inclusiva. Pero los datos no mienten.
Negocios inmobiliarios y FMI o derecho a la vivienda
La orientación del gobierno del Frente de Todos y la oposición patronal, de represión, desalojos y crecimiento de las villas y barrios pobres, es la contracara del crecimiento de la desocupación, la caída de los salarios y el deterioro social.
Gran parte de las tierras donde se han establecido asentamientos pertenecen a tierras fiscales, sin embargo, el Estado no avanza en la regularización del dominio de los lotes, ya que no destina el presupuesto necesario para urbanizar y garantizar los derechos y servicios correspondientes.
Para el caso de los terrenos privados, en muchos casos se trata de situaciones poco claras, con papeles insuficientes (como el caso de Guernica), donde se esconden negocios inmobiliarios y acuerdos con las intendencias y gestiones del Ejecutivo. El Estado no solo no efectúa las expropiaciones necesarias –aduciendo falta de fondos- sino que opera para que los habitantes se retiren o directamente avanza con la represión.
El Partido Obrero opone un planteo claro a esta crisis habitacional, que en la provincia de Buenos Aires ha sido presentado en la Legislatura por la banca del diputado Guillermo Kane: la conformación de un banco de tierras ociosas para loteos populares y planes de vivienda; construcción de un millón de viviendas, generando puestos de trabajo registrados, financiado con un impuesto extraordinario al gran capital; prohibición de desalojos; urbanización de barrios y regularización y entrega de títulos de la tierra; impuesto a la vivienda ociosa y a los acaparadores inmobiliarios.
Fuente: Prensa Obrera
Lula visitará el país antes de
asumir como presidente de Brasil
Resumen Latinoamericano, 31 de diciembre de 2022.
Lo confirmó Alberto Fernández, quien se reunió en Brasil con el flamante presidente electo. El encuentro se desarrolló en el segundo piso del hotel Intercontinental de la ciudad de San Pablo, bunker del Partido de los Trabajadores. «es un hombre de bien, es un líder de la región y estamos muy contentos».
Alberto Fernández lo esperaba en un salón junto al embajador en Brasil de la Argentina, Daniel Scioli. El flamante mandatario electo lo fue a buscar y se estrecharon en un muy sentido abrazo. El argentino luego contó que “fue un encuentro muy lindo. Cambiamos opiniones sobre lo que nos pasa. Quedamos en seguir trabajando juntos, en tener un diálogo directo”. Luego agregó que «Lula le va a hacer bien a Brasil y a todo el continente»
El presidente argentino visitó Lula, un día después de su triunfo en el balotaje presidencial, para felicitarlo, debatir sobre temas regionales y «darle el abrazo que se merece». Es el primer jefe de Estado que se reunió con el exobrero metalúrgico tras el balotaje en el que ganó con el 50,9% de los votos frente al 49,1% del actual mandatario Jair Bolsonario. El encuentro se desarrolló desde las 13:30 en el segundo piso del hotel Intercontinental de la ciudad de San Pablo.
«Los brasileros y brasileras se expresaron libremente y democráticamente eligieron como presidente a mi querido amigo Lula, un extraordinario dirigente, un extraordinario líder latinoamericano y un hombre que estoy seguro le va a hacer, como lo hizo antes, mucho bien a Brasil y mucho bien a todo nuestro continente», dijo AF.
«Me dijo que nos iba a visitar antes de asumir», indicó el mandatario en declaraciones a la prensa, y sostuvo que «con Lula tendremos un activista para que Argentina entre al Brics», la coalición de naciones compuesta por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.
En una entrevista con C5N en Brasil, Fernández dijo además que si mantuvo silencios durante el gobierno de Jair Bolsonaro fue para «preservar la responsabilidad institucional, mantener vivo el Mercosur y mantener vivo el vínculo con Brasil, esperando que las cosas cambien, y hoy cambiaron».
«El gas que podemos sacar de Vaca Muerta puede proveer a todo el sur de Brasil», sostuvo Fernández, al tiempo que reveló que habló ese tema con el mandatario electo del vecino país, Lula Da Silva, quien «se mostró muy interesado».
El presidente argentino también indicó que habló con Lula sobre la relación económica entre la Argentina y Brasil y, en ese marco, del intercambio de productos como minerales y alimentos de manera bilateral y de ambos países y de la región con el mundo.
Alberto Fernández se reunió esta tarde con Lula tras su triunfo en el balotaje que se celebró este domingo en Brasil y con la expectativa de una etapa en la que el líder del Partido de los Trabajadores (PT) cumplirá un liderazgo clave para «volver a unir a la región».
Al arribar a la reunión, Fernández expresó querer «darle el abrazo que merece» el mandatario electo y agregó: «Lula es un hombre de bien, es un líder en la región. Estamos muy contentos».
En ese marco, recordó su visita al penal de Curitiba, estado de Paraná, cuando visitó al vencedor del balotaje en Brasil.
El Presidente llegó a la reunión con Lula junto al canciller Santiago Cafiero y el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli. «Mucha expectativa. Recién llegamos y ahora se van a reunir. Después va a haber un almuerzo», dijo unos minutos antes del inicio del encuentro la portavoz de la Presidencia Gabriela Cerruti, también presente en la delegación argentina en Brasil.
El presidente argentino llegó a San Pablo junto con Santiago Cafiero. «Es un líder como no se ha visto antes», dijo respecto del vencedor del balotaje. Ahondó en la expectativa por la etapa que se abre con la vuelta de Lula al Planalto «para volver a unir a la región».
fuente: tiempo argentino
A dos años de la toma y desalojo
de tierras en Guernica, vecinos y
organizaciones sociales reclamaron
por los constantes engaños del
Gobierno
Resumen Latinoamericano, 31 de octubre de 2022.
A dos años del brutal desalojo del ministro Sergio Berni y del gobernador provincial Axel Kicillof, los vecinos reprimidos siguen sin respuestas concretas.
Vecinos y vecinas de Guernica protagonizaron un corte y manifestación en el Puente Pueyrredón (Avellaneda) en reclamo ante el incumplimiento del gobierno provincial de Axel Kicillof de los compromisos de otorgamiento de lotes para las familias desalojadas violentamente hace dos años.
El gobierno provincial Axel Kicillof y su ministro de Desarrollo de la Comunidad Andrés “Cuervo” Larroque operaron sobre la ocupación de tierras de Guernica anunciando compromisos de reubicación y asignación de lotes con servicios con el fin de justificar el despliegue represivo y el desalojo a las cientos de familias de Guernica.
El magaoperativo represivo contó con la presencia de más de 4.000 efectivos policiales, al mando del ministro de Seguridad, Sergio Berni, que prometía una verdadera cacería y persecución contra las familias y organizaciones sociales y políticas que apoyaban el reclamo. Algo que sucedió, efectivamente, y que generó fuerte repudio por las imágenes conmovedoras de casillas incendiadas y niños retirándose del lugar.
Tras el desalojo violento, la lucha de las vecinas y vecinos de Guernica continuó con distintas movilizaciones y acciones a intendencia de Presidente Perón y a la gobernación de la provincia en La Plata.Lo cierto hasta ahora es que el gobierno provincial no cumplió con lo prometido, que hay muchos y muchas vecinas sin un mínimo terreno para tener una vivienda. “No queremos lujos, dijo en su discurso una de las vecinas que pertenece a una organización social- sino poder estar en un lugar con nuestros hijos”, y gritó: “Estamos cansadas de ser los felpudos del Estado, estamos cansadas de que nos ninguneen los funcionarios, estamos cansadas de cagarnos de hambre mientras a los gobiernos, provincial, municipal y nacional parece no interesarles”.
VIDEO: UNA VECINA DE GUERNICA HABLA CON LA VOZ DEL PUEBLO: «ESTAMOS CANSADOS Y CANSADAS DE QUE NOS BOLUDEEN PERMANENTEMENTE» (imperdible)
VIDEOS: HABLANDO CON LAS Y LOS COMPAÑEROS: «POR QUÉ NOS MOVILIZAMOS A DOS AÑOS DE LA TOMA DE GUERNICA».
Acto:
VIDEO COMPLETO DEL ACTO
01.11.2022 / Explota Juntos por el Cambio
Patricia Bullrich amenazó al número dos de Larreta: “La próxima te rompo la cara”
Con Pichetto como testigo en plena presentación del segundo libro de Macri, la presidenta del PRO explicitó que el PRO y JXC arden por las candidaturas de 2023 al encarar al jefe de Gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel, y advertirle que si la vuelve a "cruzar por la tele" le va a "romper la cara”.
La escandalosa, literalmente, situación sucedió el lunes 24 de octubre en La Rural, cuando allí Mauricio Macri presentaba su segundo libro, "Para qué", con casi toda la primer plana de JXC presente. En ese contexto fue que la titular del PRO y precandidata a presidenta encaró al jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Felipe Miguel, y le disparó sin pruritos.
“No me crucés más por la tele porque la próxima te rompo la cara, conmigo no se jode, te lo aviso”, le dijo Bullrich a Miguel ante la sorprendida mirada de otros dirigentes importantes de JXC, entre quienes resaltaba Miguel Ángel Pichetto.
Y siguió Patricia, con el número dos de Larreta tratando de abrazarla: "Conmigo no se jode, te lo aviso. Te lo aviso así directamente. Conmigo no se jode".
Según Infobae, que dio a conocer el video, Pichetto se sorprendió por la frase de Bullrich e hizo trascender su incomodidad. Quienes sí hablaron posteriormente fueron los protagonistas.
“Fue bastante chocante, fue un disparate, cuando hay violencia se cruza un límite y en esto tenemos que ser cuidadosos”, afirmó Miguel en una entrevista a Eduardo Feinmann en radio Mitre.
No se pareció mucho a la versión de Bullrich, que le tiró directo a Larreta. “Me estuvo chuzando en varias entrevistas por orden de su jefe y me vino a saludar cariñosamente como si nada pasara y eso conmigo no va; entonces, lo mandé a cagar”, explicó ante su círculo íntimo según Infobae.
Un día después de la amenaza de Bullrich a Miguel, la titular del PRO sentó a su lado a Jorge Macri, primo de Mauricio e integrante del gabinete de Rodríguez Larreta, y lo apoyó como candidato a jefe de gobierno porteño, cargo para el que tiene dos integrantes del equipo del actual alcalde como competidores, Soledad Acuña y Fernán Quirós, y además al radical Martín Lousteau.
01.11.2022 / Educación
Progresar: encuesta arroja que entre 8 y 9 de cada 10 chicos serán primeros graduados de la familia
Los datos provienen de un relevamiento del Ministerio de Educación a 1.369.825 estudiantes. Ratifica el impacto positivo que el programa de becas tiene en la trayectoria de los jóvenes que necesitaron el año pasado ayuda del Estado para continuar y terminar sus estudios.
Además, el acompañamiento a estos sectores por parte del Gobierno aumentó más de 120 por ciento en los últimos tres años, hasta llegar a brindar la mayor tasa de cobertura y de inversión desde que se creó el programa en 2014.
Los datos provienen de un relevamiento del Ministerio de Educación a 1.369.825 estudiantes, que ratificó el impacto positivo que el programa de becas tiene en la trayectoria de los adolescentes y jóvenes que necesitaron el año pasado de la ayuda del Estado para continuar y terminar con sus estudios secundarios, terciarios y universitarios.
De allí se desprende que el mayor porcentaje de beneficiarios, un 57,3 por ciento necesitaron de la prestación para finalizar sus estudios secundarios (un 35,2 % entre 16 y 17 años y un 17,8 % entre mayores de 18 años, que fueron incorporados desde 2021 al programa). El porcentaje restante se completa con 14,5 por ciento de estudiantes terciarios, un 22 por ciento de universitarios, un 6 por ciento de Enfermería y un 4,5 por ciento de Progresar Trabajo.
El sondeo graficó así la importancia que el Progresar tiene para esos becarios, pero también para sus familias, teniendo en cuenta que el 64,20 % de las y los becarios respondieron que ambos padres no completaron el nivel secundario y solo el 27,44 % que al menos uno de los padres lo completó. Es decir, que más de la mitad de los beneficiarios serán la primera generación en buscar el título secundario o superior. La cantidad de becarios subió a 1.700.000 desde el cierre de la primera convocatoria, en agosto.
El aumento de la inversión del Estado del año pasado repercutió también en la cantidad de chicos que pudieron acceder al beneficio. Mientras que durante el gobierno de Mauricio Macri, entre 2016 y 2019, se destinaban 34 millones de pesos que alcanzaban a 571 mil beneficiarios, este año hubo una inversión total de 120 millones, se aumentó cuatro veces el monto para que pudiera pelearle a la inflación y alcanzó a 1.369.825 becarios.
De esta manera, el informe reveló que no solamente el Estado apoya a los chicos para que terminen sus estudios, dado que un 51,8 % de los beneficiarios respondieron que su principal fuente de ingreso es el aporte de la familia y solo el 19 % afirmó que su principal ingreso son los 7400 pesos que recibe por la beca, monto que tiene incluido un plus de 1000 pesos de conectividad y que registró un aumento del 106 por ciento con respecto a 2021. Además, reciben un bono extra 300 mil chicos y chicas (mayoría de mujeres en la inscripción) que estudian lenguas extranjeras, en el marco del nuevo programa lanzado durante la actual gestión.
Por otro lado, la encuesta reveló que más de la mitad de los beneficiarios son mujeres, un 64,71 por ciento, en tanto que son ellas también las que representan más de la mitad de todas las líneas de beca. Se destaca particularmente su participación en la línea Enfermería (86 %) y terciario (78%).
Por último, el informe vino también a confirmar que el ingreso que reciben los beneficiarios se destina a su educación. Un 41,5 % compró material de trabajo, apuntes y fotocopias, en tanto que un 20,9 necesitó invertirlo en transporte, lo que revela que la encuesta no fue homogénea y grafica también las distintas realidades en las provincias.
De hecho, el 43,4% de las y los becarios de la línea 16 y 17 años fueron quienes más invirtieron su beca en materiales de trabajo, mientras que la proporción decrece a 38% en la beca universitaria.
Según explicó Perczyk, el programa de becas tiene seguimiento, certificación de presentismo y de nivel académico, dependiendo de la particularidad de cada grupo objetivo. Es decir, que tienen que comprobar que están matriculados y que están avanzando en sus estudios. En lo que respecta a la educación superior, por ejemplo, deben garantizar contar con dos materias aprobadas por año.
Procesaron a Macri por presunto organizador del “plan sistemático” espionaje ilegal
El fiscal federal Franco Picardi presentó un dictamen de más de 200 páginas en el que confirma la participación de Arribas y Majdalani y ahora pide ir tras la pista del ex Presidente
Procesaron a Mauricio Macri por su presunto rol como organizador de la mentada mega red de espionaje ilegal desplegada durante su gestión presidencial. El fiscal federal Franco Picardi presentó un dictamen de más de 200 páginas donde confirma la participación de los ex funcionarios de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y pide profundizar la investigación sobre la figura del ex presidente de la Nación.
Picardi plantea a Macri como el organizador central de lo que califica como un “plan sistemático” de actividades de espionaje realizado sobre múltiples figuras del kirchnerismo e incluso del propio bando de Cambiemos.
“Las maniobras reveladas en este caso no han sido excepcionales ni aisladas; antes bien, integran un conjunto de muchas otras causas criminales -varias de las cuales se encuentran radicadas ante el Juzgado a su cargo por razones de conexidad- cuyos objetos se ciñen a la investigación de acciones de inteligencia desplegadas” por agentes de la AFI entre 2016 y 2019, sostuvo el fiscal.
“Lo que tienen en común, a priori, es la sospecha de intervención de las máximas autoridades de la Agencia, en el marco de la planificación, coordinación y ejecución de tareas prohibidas por ley 25.520, con puntos de contacto que se refieren a las víctimas u objetivos de dichas acciones de inteligencia ilegal”, señaló Picardi, en relación a la inclusión de Arribas y Majdalani en las investigaciones.
En tanto, en una presentación aparte, el fiscal aseguró que en razón de la multiplicidad de causas abiertas por casos de supuesto espionaje ilegal durante la gestión de Cambiemos “se impone indagar sobre el rol que le cupo en el mentado esquema organizado a quien era el superior inmediato de los procesados Arribas y Majdalani, el entonces Presidente de la Nación ingeniero Mauricio Macri”.
Fuente:Diagonales
A pedido de las provincias, el Gobierno prorrogó el inicio del troceo de carnes por 75 días
Por cuestiones vinculadas a la implementación, control y logistica, se postergó hasta el 15 de enero de 2023 la modificación que mejora las condiciones laborales de los trabajadores, que no seguirían cargando sobre sus hombros medias reses de más de 100 kilos.
31/10/2022
La administración nacional tenía previsto lanzar el nuevo sistema de comercialización de carnes este martes, pero los estados provinciales presionaron y el debut de la medida se pospuso hasta el 15 de enero.
La intención es cambiar el sistema vigente de despacho en medias reses por uno nuevo en el que la carne deberá entregarse al canal minorista en trozos de hasta 32 kilos.
El cambio cuenta con el impulso de los exportadores de carnes, frigoríficos, y con la Federación Gremial de la Carne. Estos sectores destacan la medida como vehículo de racionalización y modernización de la industria y el comercio, y aseguran que mejorará las condiciones laborales de los llamados “hombreadores”, el personal de logística que traslada las medias redes a hombro.
En la otra vereda están las carnicerías, que denuncian que el nuevo sistema trasladará a los frigoríficos tareas que actualmente se realizan en las carnicerías, algo que interpreta como el inicio de un proceso que terminaría con esos comercios tal como se los conoce.
A la par desmienten los argumentos sanitaristas y advierten que el nuevo sistema aumentará los costos de los frigoríficos, que luego trasladarán esos incrementos al consumidor o al productor primario.
El viernes el titular de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes de la Argentina (Ciccra), Miguel Schiaritti, sugirió a Tiempo la posibilidad de que la medida no entrase en vigencia y señaló las presiones de las provincias, que advertían que no están en condiciones de cumplir con las condiciones mínimas operativas.
Este lunes, la Secretaría de Agricultura comunicó que los preparativos continuarán hasta el 15 de enero de 2023 “atendiendo a los pedidos presentados por las provincias respecto a la necesidad de fortalecer cuestiones vinculadas a la implementación, control y logística”.
La dependencia del Ministerio de Economía agregó que mantendrá reuniones con la cadena cárnica.
A propósito, el Consorcio de Exportadores de Carnes (ABC) lamentó la postergación y pidió que sea “la última instancia de implementación”.
Fuente:TiemoArgentino
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