13 de noviembre de 2022

ROSARIO - SANTA FE.

 


INFLACION

"No podemos terminar el año con un aumento salarial inferior a la inflación. La discusión de diciembre va a ser clave para que el Gobierno de la provincia recupere el poder adquisitivo de los docentes. La provincia tiene que presentar una propuesta que no puede ser inferior a la nacional", dijo a RosarioPlus el secretario general de Amsafé Rodrigo Alonso. Por otro lado, "acordamos presentar todas las situaciones particulares de los compañeros y compañeras que se vieron afectadas por el descuento por Ganancias. A nuestro entender han sido descuentos que no tienen que ver con el aumento salarial que hemos recibido".



El acceso a la justicia de los sectores vulnerables

El Estado tiene la deuda impaga

Una investigación de la Facultad de Derecho muestra la desprotección de los familiares de víctimas de delitos violentos.

Por Victoria Arrabal
Adriana Mack y Pablo Codarin realizó entrevistas en profundidad a vecinos y vecinas.. Imagen: Ramiro Ortega

Frente al incremento de la violencia urbana en los últimos años en la ciudad de Rosario, las respuestas que brinda el Estado resultan insuficientes en términos de investigación, esclarecimiento, castigo a los culpables, protección y acompañamiento a familiares de víctimas de homicidios violentos, de acuerdo a una investigación que se está realizando en la Facultad de Derecho de la UNR. El trabajo “Acceso a la justicia de los familiares de víctimas de homicidios violentos” describe los obstáculos que enfrentan y las estrategias que desarrollan frente a esto. Se trata de una investigación socio-jurídica e interdisciplinaria que indaga sobre los aspectos culturales que inciden en el ejercicio de los derechos ciudadanos. La misma deja de lado los análisis clásicos que se basan en la tasa de esclarecimiento de los homicidios y las condenas y aborda el vínculo que entablan los familiares de víctimas con el Estado para obtener justicia y proteger sus derechos, a partir de sus representaciones sociales.

En febrero de 2014 entró en vigencia el nuevo sistema procesal penal fundado en el modelo acusatorio, el cual fue impulsado en base a las siguientes promesas: mejorar el desempeño del Estado en torno al esclarecimiento de los hechos criminales, la realización de juicios orales y públicos, mayor protección y protagonismo de las víctimas en el proceso penal, la reducción del dictado de prisiones preventivas, etc. “Sin embargo, al poco tiempo de su entrada en vigencia muchas de esas promesas resultan incumplidas”, afirma Adriana Mack.

Para recabar información, el equipo de la UNR realizó entrevistas en profundidad a vecinos y vecinas familiares de víctimas de homicidios violentos, situados en los barrios Ludueña y Las Flores de la ciudad de Rosario.

En esos relatos observaron que el principal obstáculo es el económico. “La mayoría de los entrevistados trabaja en el marco de actividades vinculadas a la economía popular o desarrolla tareas de cuidado hacia el interior del hogar, por lo que asistir a los Tribunales penales para entrevistarse con el fiscal y solicitar información respecto del avance de la causa implica ausentarse del trabajo y no poder cubrir las necesidades alimentarias del día, o bien no tener en quien delegar las tareas de cuidado”, cuentan.

Otros obstáculos son la distancia geográfica entre los Tribunales y los barrios y el aspecto lingüístico cultural, dado que las víctimas no llegan a comprender el lenguaje técnico utilizado en el ámbito judicial. Por otro lado, en muchos casos conviven en un mismo barrio el familiar de la víctima con el victimario y el “no acceso a la justicia” incide en la reproducción de la violencia social.

La estrategia empleada frente a estos impedimentos es vincularse con alguna organización social o política que pueda ayudar a la familia a acumular poder frente a la fiscalía y al Estado en general. Estas organizaciones van resolviendo en la emergencia, como por ejemplo el cura de la parroquia del barrio. Pero lo cierto es que en términos de prevenir nuevos conflictos, “hay una desarticulación de las áreas del Estado para actuar acompañando una vez que se produce el homicidio”, analizan y agregan: “Ante la falta de lazos con estas poblaciones, el Estado perdió legitimidad. Sólo se hizo presente a través de la Gendarmería luego de 22 homicidios ocurridos en el barrio Ludueña este año”.

Implementación de justicia

Los investigadores tienen una mirada crítica del derecho positivo que produce una ruptura con la tradición procesalista ya que se ponen en cuestión los principios de “igualdad procesal entre las partes” y la “presunción del conocimiento del derecho por parte de los justiciables”. Esto permite exhibir los obstáculos que atraviesan personas y colectivos en condición de vulnerabilidad para el ejercicio efectivo de sus derechos. “Asimismo comprender la brecha que existe entre las prácticas y representaciones sociales de las personas en condición de vulnerabilidad y las que se producen y se reproducen hacia el interior del sistema de justicia”, explica Pablo Codarín.

El no acceso a la justicia del Estado o la injusticia del no acceso por parte de diversas categorías de personas definidas como “sectores vulnerables” o “marginados”, son los que de algún modo detentan como rasgo común la pobreza y precariedad económica y a partir de ello, la falta de poder y la debilidad política.

Desde la sociología jurídica se utiliza una categoría que es la de “implementación de la justicia”. “No basta con dictar una ley, para que sea efectiva necesita de instrumentos institucionales como políticas públicas”, explica Mack y allí tienen que intervenir los tres poderes y los tres niveles del Estado (municipal, provincial, nacional) que “hoy trabajan en compartimentos estancos”.

Entonces cuando se habla de “acceso a la justicia” por lo general se hace referencia a su ausencia y a la desprotección jurídico-política que ello genera. “Partir desde éste enfoque permite hacer referencias a “otras formas de justicia” y a otros trayectos que el sistema debería asimilar para garantizar un efectivo ejercicio de los derechos”, sostienen.

En este sentido los profesionales consideran que “si al Estado y a su sistema de justicia, le interesa acrecentar la comunicación y acercarse a las comunidades marginales y que estas a su vez se acerquen a ellos, con la intención de contribuir a la solución de algunos de sus problemas para reducir sus carencias, es necesario reconocer y desentrañar modos alternativos de vida y de cultura, así como formas de circulación social, en las que abundan los senderos, las bifurcaciones y las sendas cortadas. Si esta complejidad y diversidad no es comprendida e incorporada en las políticas judiciales, el acceso a la justicia continuará siendo un camino sin salida para la mayoría de los sectores socialmente marginados.”

Defensoría de víctimas

El 3 de noviembre pasado la Cámara de Diputados de la provincia aprobó por unanimidad la norma que prevé que el Estado brinde un servicio de representación judicial gratuita para que las víctimas puedan participar activamente del proceso penal que se les siga a los autores de los delitos.

La ley concede a la víctima el derecho a ser escuchada en un juicio, a declarar y a opinar, a decir lo que le pasó, lo que siente y el método será la forma que elija la propia víctima. Es decir que lo podrá hacer en su domicilio, por métodos virtuales, por escrito, por video o como lo crea mejor porque lo que cuenta es que pueda expresarse de la manera más cómoda.

Dentro de las modificaciones introducidas en el Senado se contempló la creación de la Defensoría de Víctimas, que velará para que se cumplan los derechos que la ley otorga a quienes resultaran víctimas de delitos, desde el policía que recibe la denuncia hasta el juez de Cámara que tiene que dictar una sentencia.

Adriana Mack es doctora en Derecho, magister en Ciencias Políticas y Sociología, especialista en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas. Investigadora del CIUNR, profesora asociada de Derecho Político Cátedra C, de Derecho de la Integración, de Acceso a la Justicia en la Facultad de Derecho de la UNR.

 

Pablo Codarín es doctorando en Derecho, maestrando en Sociología Jurídica, Docente de Derecho Político Cátedra C Facultad de Derecho de la UNR y coordinador en la ciudad de Rosario de la Dirección de Acceso a la Justicia del Ministerio Público de la Acusación.



Enredando cumplió 20 años de periodismo autogestivo y comunitario

Narrar otras historias sin perder la ternura

Con una publicación en papel llamada Lo personal es político, el medio de comunicación aboga por leyes que regulen la equitativa distribución de la pauta oficial.

La fiesta de Enredando fue en Pichangú.. Imagen: Gentileza Enredando

En octubre de 2014, Martín Stoianovich fue a cubrir una movilización en barrio Ludueña en reclamo por justicia para Gabriel Aguirre, un niño de 13 años asesinado un año antes. El periodista de Enredando conoció allí a Elsa Godoy, la mamá de Franco Casco. La mujer le contó que su hijo estaba desaparecido, y que algunas organizaciones del barrio la acompañaban. Fue la primera noticia sobre la desaparición forzada que hoy se juzga en los Tribunales Federales de Rosario. Como tantas otras veces, Enredando estuvo allí donde había una movilización popular y develó una noticia oculta. 

El jueves, Enredando cumplió 20 años de comunicación popular, autogestiva y comunitaria en la ciudad y fue una fiesta en Pichangú. La tenacidad, la constancia, el oído puesto en los procesos colectivos son una marca de este medio de comunicación que celebró también con la publicación de Lo personal es político. "Recopilamos algunos fragmentos de textos de distintas crónicas y notas que fuimos haciendo en estos años, que además son como microrrelatos, con 15 fotografías de fotógrafos y fotógrafas que colaboran con Enredando. Nos pareció que estaba bueno condensar en alguna publicación en papel", cuenta María Cruz Ciarniello, que se integró en Enredando en 2007, y hoy es el motor de un proyecto que rema contra la corriente. 

Enredando nació como un boletín por correo electrónico, una iniciativa surgida del Nodo Tau en 2002. Una de sus marcas fue la sección Buenas Prácticas, donde recogían experiencias comunitarias. "Pasan los años y respetamos a rajatabla seguir generando notas de esa sección. Esto es también lo que marca a la ciudad, cómo las organizaciones sociales construyen resistencias, tramas, vínculos que se generan a partir de la acción común", dice Ciarniello.

Enredando narra con otros tiempos, y otra mirada. Lejos de la inmediatez y el sobrevuelo, les periodistas de este medio popular apuntan a generar otras narrativas. "No podemos estar en la agenda del día a día, porque somos un equipo reducido. Tenemos colaboradoras y colaboradores que aportan en la construcción de la agenda, pero nuestra búsqueda es reflexionar, contar historias que a lo mejor no están tanto en los medios y, con otra temporalidad, aportar narrativas diferentes a las problemáticas que están presentes en la ciudad, damos cuenta de los problemas que atraviesan a las organizaciones sociales", continúa la periodista que subraya, una y otra vez, el sostén de Enredando en "una red de compañeros y compañeras que le ponen el cuerpo al proyecto". Y que hacen del periodismo popular una militancia. 

La asignatura pendiente es el apoyo económico. Si bien la pauta nacional se canaliza a través de la Asociación de Revistas Culturales Independientes de la Argentina (Arecia), en los ámbitos provincial y municipal "es más difícil", porque no hay organización que nuclee a los medios autogestivos ni interés en apoyarlos. "Necesitamos leyes a nivel nacional, provincial y una ordenanza municipal que establezca un criterio para la distribución de la pauta", señaló Ciarniello. 

Es que los medios como Enredando generan una identidad. Son referencia de los ámbitos militantes y de organizaciones sociales. "Fue así como surgió Enredando en 2002, como espacio de encuentro digital de los movimientos sociales. Nuestra principal fuente de consulta para todos los temas son organizaciones, colectivas, experiencias comunitarias, ponemos el ojo en lo que se construye en los barrios, en las organizaciones, en las construcciones populares", refuerza Ciarniello y apunta que la búsqueda es "hacer periodismo sin perder la ternura". 



Gerardo Rico, secretario general del Movimiento Evita de Santa Fe

“Enamorando se transforma la realidad”

Propone un movimiento amplio santafesino para 2023, que ya incluye a Ciudad Futura, y defiende la vigencia de las PASO.

Por Horacio Vargas
Rico advierte: "el enemigo" es Juntos por el Cambio.. Imagen: Archivo Rosario/12

“Vamos a enamorar para transformar”, dice Gerardo Rico, secretario general del Movimiento Evita en la provincia de Santa Fe y ex diputado provincial del Partido Justicialista. Lo dice con una calidez inusitada para un militante peronista de mil batallas, acaso porque el escenario electoral que imagina el año próximo lo lleva a ser tajante a la hora de pergeñar una estrategia política ante “un único enemigo”: Juntos por el Cambio. No ahorra críticas a la gestión del gobernador Omar Perotti en estos tres años de gestión, anuncia una alianza electoral que dará que hablar con Ciudad Futura y explica por qué Eduardo Toniolli será precandidato a gobernador en las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), un sistema de elección interna que defiende convencido.

-¿Por qué el Movimiento Evita decide participar con precandidato propio a gobernador 2023?- preguntó Rosario/12.

-Este es un proceso de larga data. Hicimos algunas experiencias de tratar de llevar compañeros a cargos legislativos fundamentalmente para ir presentando una nueva agenda política. La primera experiencia fue cuando yo fui diputado provincial, luego llegó Lucila de Ponti y después Toniolli, primero como concejal de Rosario y ahora como diputado nacional. A partir del año pasado nos pusimos a analizar la necesidad de tratar de desarrollar a nivel provincial una propuesta política que sea superadora a las anteriores y que pudiéramos poner en la agenda temas que la sociedad santafesina los tiene como propios.

-Ustedes tienen diferencias marcadas con el gobierno provincial.

En diversos tópicos. El principal es el tema político. Después del esfuerzo que hizo el conjunto de la militancia en toda la provincia además de otros sectores no peronistas para ganar en 2019 era necesario tener una mesa política para ir discutiendo las distintas temáticas que se podían desarrollar en la provincia, o por lo menos escuchar las opiniones que teníamos los diversos sectores. Esto no se produjo y fue el principal error de este gobierno.

-¿Puntualmente en qué no coinciden?

-No coincidimos en el rol que tuvo la provincia en el tema hidrovía, tampoco en el caso Vicentin ni en el tema seguridad. Perotti planteó en su primer discurso como gobernador que el jefe de seguridad en Santa Fe iba a ser él y que íbamos a mejorar. Al margen de que este problema se arrastra desde hace 15 años, Rosario, Villa Gobernador Gálvez y Santa Fe son las que más sufren. Tampoco vimos con agrado que en medio de una paritaria de discusión con los docentes se les descontaran los días de trabajo por paro. Es una actitud que el Estado no la puede tener.

-Quedan temas pendientes supongo del gobierno provincial.

-Claro. El rol que juega el Estado provincial con respecto a las quemas en Rosario; los trabajadores no tienen que pagar el impuesto a las ganancias, que es un impuesto al trabajo. Otro de los criterios que queremos imponer en la agenda es que los aumentos no retributivos sean parte del salario. Además hay una deuda pendiente tanto del estado nacional como provincial con los sectores más humildes, los descartados como dice Papa Francisco, los que viven en las periferias…

-¿Y la relación entre Nación y provincia?

-Tampoco me parece bien la disputa política que hay entre sectores del gobierno nacional y el gobierno provincial. Tendría que haber un acuerdo político para que entre todos aunamos esfuerzos para tratar de tener mayor redito político porque tenemos un enemigo en común: Juntos por el Cambio en todas sus variantes. Creo que la unidad es fundamental.

-El Evita está de acuerdo con la continuidad de las PASO.

-Desde el punto de vista electoral es el mejor elemento que tienen los distintos espacios dentro del peronismo y la oposición para poder dirimir proyectos políticos clave y concretos y que la gente los pueda visualizar. Las PASO eliminan el dedo político, el desembarco de una dirigencia de Buenos Aires que venía a decirnos quiénes debían ser nuestros candidatos en Santa Fe. Que cada uno se presente en las elecciones: el que gana conduce y los que pierden acompañan. Para nosotros la primera victoria fue cuando definimos que teníamos que tener una estrategia de poder en la provincia, porque el poder se construye desde la calle y desde el Estado; el segundo será cuando presentemos nuestras listas propias a cargos municipales, provinciales y nacionales y el tercero será el resultado. Apuntamos a ser ganadores en la interna del peronismo, que tiene que ser muy disruptiva, muy generosa y tratar que este proyecto político enamore… porque enamorando se transforma la realidad.

-¿Y a qué sectores incluyen en ese “enamoramiento”?

-A sectores que no necesariamente tienen que ser peronistas pero que son del campo nacional y popular. Estamos hablando con todos los sectores, eso es lo más importante, hay algunos más predispuestos que otros, estamos planteándoles de qué manera podemos sembrar algo para nuestros hijos y nuestros nietos, y que de pronto sea una alternativa para que el pueblo santafesino viva mejor.

-Pero ¿con quién cerraron?

-En Rosario, para dar un ejemplo, tenemos un acuerdo con Ciudad Futura para que participe dentro de la interna del peronismo y nosotros desde el Movimiento Evita vamos a apoyar con toda nuestra fuerza para tratar de que la intendencia de Rosario la gane un sector que tiene las posibilidades de desarrollar una nueva política en la ciudad con criterios diferentes a los que se vienen llevando a cabo en los últimos 20 años.

-¿Hay un nombre a candidato/a a intendente/a de Rosario?

 

-El nombre del candidato o candidata lo define la propia estructura. Nuestro criterio de conformación de este movimiento amplio santafesino es que nadie pierda su identidad, y que en cada lugar de la provincia de Santa Fe los que vayan a encabezar las listas sean los que ocupan puestos institucionales o compañeros que no tengan ninguno, es un frente muy democrático y participativo que elimina la disputa entre espacios que siempre existe. Muchas veces con los sectores del campo popular tenemos los mismos objetivos pero una metodología diferente, para ellos prevalece el ideologismo y no realmente la política. Por eso tenemos que ver qué pasó en Colombia, Bolivia, Perú, Chile, donde para tratar que los sectores populares tengan la posibilidad de gobernar integraron a otros para poder lograr posibilidades de desarrollar políticas para el pueblo que representan.



Diputados condenó el ataque a los pañuelos de las Madres en Rosario

Los negacionistas que no apoyaron

Por Juan Carlos Tizziani
"No hubo 30 mil (desaparecidos) sino una cifra menor", dijo el diputado Mayoraz

Desde Santa Fe

La Cámara de Diputados condenó esta semana el ataque a los pañuelos de las Madres en Rosario en un debate muy tenso, en el que cinco legisladores de la derecha se negaron a votar el repudio porque uno de ellos, Nicolás Mayoraz, deslizó que en la Argentina no hubo “30.000 desaparecidos” sino una “cifra sensiblemente menor”. En la plaza 25 de Mayo, el símbolo de la lucha contra el genocidio fue vandalizado con la leyenda “fueron 8 mil”. Además de Mayoraz y sus colegas de bloque Juan Argarañaz y Natalia Armas Belavi también se abstuvieron en la votación la diputada Amalia Granata y su par de la Coalición Cívica ARI, Sebastián Julierac. “El negacionismo es un delito”, reaccionó el diputado Carlos del Frade. Y acusó: “Negar los 30.000 y tratar de generar dudas sobre lo que ya es una sentencia judicial en la Argentina y en el mundo y un hecho histórico incontrastable nos parece una actitud negacionista que tiene que ver con el crecimiento del fascismo”. El radical Juan Cruz Cándido coincidió: “De negar la cifra a negar el hecho hay prácticamente nada. Escudarse en si son 30.000 o no es una falta de respeto a los desaparecidos, muertos y exiliados”. El diputado Ariel Bermúdez, que militó en la Coalición Cívica ARI y hasta presidió el partido de Elisa Carrió en la provincia dijo que la actitud de Julierac le daba “tristeza y vergüenza”. “Reivindico a las Madres, a las Abuelas y al Nunca Más”, agregó. Y la socialista Lionella Cattalini advirtió: “Son 30.000. Hago un llamado a la reflexión. No hay que joder con estos temas”.

La Cámara votó sobre tablas –con la abstención de los cinco- un proyecto de la diputada peronista Matilde Bruera que expresó su “enérgico repudio por la vandalización de los pañuelos de la plaza 25 de Mayo que representan a los 30.000 desaparecidos”, el 25 de octubre. Al legajo se agregó otra iniciativa similar de Del Frade.

La primera que pidió abstenerse fue Granata y siguió Julierac. Mayoraz dijo que su bloque –que comparte con Argarañaz y Armas Belavi- tampoco votaría el repudio. “Estamos en contra de todo tipo de vandalismo”, pero “en este caso el motivo” de la abstención eran “los 30.000 desaparecidos, que han sido puesto en discusión dado que los informes oficiales hablan de una cifra sensiblemente menor”.

El jefe del bloque peronista Leandro Busatto no ocultó su fastidio y pidió que se leyera nuevamente el proyecto de Bruera. El secretario parlamentario lo hizo, pero al “repudio por la vandalización de los pañuelos de las Madres que representan a los 30.000 desaparecidos”, agregó la frase que antes había omitido: “el repudio a todo acto o discurso negacionista y violento”.

Busatto advirtió que “algunos discursos están lindando claramente con el desconocimiento del estado de derecho. Repudiamos una vandalización que es un ataque a la democracia”. Y se quejó –sin mencionar a Mayoraz- por “los planteos en función de politiquería y barbaridades”. No repudian el agravio a “un símbolo reconocido en el mundo” en la lucha contra el genocidio sólo “para sacar una tajadita” política y hablan de “casta" y después "pasan por la misma ventanilla que todos. ¿Hasta cuándo? “, preguntó.

Del Frade insistió que “el negacismo es un delito. El terrorismo de estado es un delito de lesa humanidad, no sólo en la Argentina sino en el mundo. La discusión sobre el número de personas desaparecidas ha tenido una revisión permanente. Los tribunales internacionales hablan de los 30.000 desaparecidos”. Entonces, “tratar de generar una duda de lo que ya es sentencia judicial en la Argentina y en el mundo” y “un hecho histórico incontrastable, nos parece una actitud negacionista y tiene que ver con el crecimiento del fascismo”. El negacionismo “quiere dejar de lado uno de los momentos más tremendos que sufrió nuestro pueblo” y “fomenta la intolerancia, la irracionalidad, la prepotencia, que nos hacen una sociedad más oscura, más violenta y menos democrática”.

Cattalini reinvidicó el proyecto de Bruera. “Lo que le debemos a las Madres, a las Abuelas y a esos pañuelos blancos es un acuerdo político que respete la democracia y el Nunca Más”. “Y la democracia implica todo lo que el pueblo argentino sufrió en la dictadura. Los que tienen que decir cuántos desaparecidos son los militares, que aún nos deben las listas. Son 30.000. Hago un llamado a la reflexión. No hay que joder con estos temas”, apuntó.

Bermúdez recordó que él llegó a presidir la Coalición Cívica-ARI en Santa Fe y hasta representó a ese partido en la Cámara. “Me da tristeza y vergüenza la posición" de Julierac. "Reivindico a las Madres y a las Abuelas y el Nunca Más”, apuntó.

El diputado Cándido –también sin aludir a Mayoraz- dijo que “hay cosas que parecen esconder otras intenciones porque de negar la cifra a negar el hecho hay prácticamente nada”. Escudarse en “si son 30.000 o no es una falta de respeto a los desaparecidos, muertos y exiliados. No vale todo. La dictadura fue una dictadura. No hay número que la pueda poner en otra dimensión. Me importa un carajo el número, 40 años después. Pero esconderse detrás del número es negar el fondo de la cuestión”.

Mayoraz no se bancó el retruque. “Mi discrepancia era porque el texto decía 30.000 desaparecidos. Lo hablé con la autora del proyecto (Bruera). El tema del número no lo comparto porque es controversial. El informe Sábato hablaba de un número menor”. Busatto le pidió una interrupción, pero el aludido no se la concedió. “Lo único que no comparto son los 30.000 y eso no significa que no combata el terrorismo de Estado que vivió nuestro país. Acompañaría la resolución sino hiciera mención a los 30.000 que no comparto”, se excusó.


Busatto también criticó a Bullrich por el narcotráfico

"Habla con liviandad y en tono electoral"

El diputado Busatto aseguró que "ella fue ministra y no tuvo soluciones".

En línea con la contundente respuesta del ministro de Gestión Pública de Santa Fe, Marcos Corach a las declaraciones de Patricia Bullrich en Rosario sobre el narcotráfico; el diputado provincial del Frente de Todos Leandro Busatto se sumó a las críticas. "Bullrich habla de 'narcoestado' con liviandad, sólo pensando en lo electoral y ocultando que algunos de los que hoy militan en el PRO e impulsan el frente de frentes (frente antiperonista) tienen responsabilidad en el crecimiento de la violencia que se observa desde 2012", aseguró

Para Busatto está claro que "la actual gestión no logró torcer el rumbo de la provincia en materia de seguridad, y he sido crítico de algunas de sus decisiones. Pero si no logramos un amplio acuerdo político, y no analizamos lo que pasó en la última década, no habrá solución posible".

Para el legislador peronista, Bullrich "habla como si no hubiera sido Ministra: los años más violentos fueron 2014, 2015, 2016, 2020 y 2018. En dos de ellos ejercía como Ministra. Desde el llano parece tener soluciones que no logró concretar como funcionaria. Y en su discurso no menciona hechos relevantes". Y enumeró que en Santa Fe "hubo un Jefe de Policía de la provincia detenido por sus vínculos con el narcotráfico, defendido por algunos dirigentes como un 'preso político'. Hubo un alto jefe policial que en realidad integraba una banda narco y jugaba la interna narco", dijo Busatto. Y aseguró que "hubo funcionarios que intervinieron una computadora sin autorización judicial. Un gobernador que vetó el 75% de una ley por presión de la policía. Pero Bullrich habla de 'narcoestado' hoy, en vísperas de un año electoral, no antes: la especulación no soluciona la problemática".

En un hilo de Twitter, Busatto dijo que "tenemos que encontrar soluciones entre todos y todas. Hay que ponerse a trabajar y convocar a todos los sectores. A fines de 2021 se volvió a convocar la Junta de Seguridad. Creo que eso hay que ampliarlo y convocar a la sociedad civil. Presentamos un proyecto en ese sentido". Y agregó que "no se puede abordar el problema sin una policía fuertemente equipada y preparada. Pero objetivamente hoy tenemos, en promedio, más policías que hace 20 años. Sin embargo la inseguridad ha crecido. Eso es algo que debe resolverse: pero sumar policías y patrulleros no resuelve todo".

El diputado aseguró que "hay que trabajar con esquemas locales. Darle participación a los municipios. No pueden estar ausentes en el diseño de la seguridad los intendentes de Rosario, Santa Fe y Santo Tomé. Y debe discutirse la posibilidad de que existan policías municipales", y añadió que "hay que mejorar el Ministerio Público de la Acusación. Pero de verdad, no discursivamente. Fortalecerlo con recursos, con autonomía. Y hay que decir que la Legislatura no ha ido en ese sentido. Siempre las reformas (que no acompañamos) fueron para quitarle autonomía al MPA", concluyó.

Fuente:Rosario12



PANORAMA POLÍTICO

¿En qué anda el PRO en Rosario?

De aquella tromba de 2017 cuando Cambiemos fue una tromba en Rosario y Roy López Molina se ponía como número fijo para la intendencia futura, a mantenerse en el Concejo y no aspirar más de la cuenta. El PRO se desdibujó tras la crisis del entonces gobierno de Mauricio Macri y se fue al tacho la ola amarilla. De a poco empieza a tomar músculo, pero aún sin orden interno, y con el discurso más tirado a la derecha que de costumbre.

De hecho, el propio Macri parece sentirse más cómodo en esta etapa sin pruritos ideológicos, los cuales parecían más contenidos cuando era gobierno. Menos mal, se dirá, pero ahora la tendencia de polarizar parece hacerlo con más fuerza hacia aquel extremo. En Rosario se ve reflejado en algunos dirigentes que envían declaraciones repetidas como si estuvieran en campaña. Quizás lo están constantemente.

Lo cierto es que lo primero para cualquier espacio que tenga intenciones de pelear por la intendencia en 2023 es conectar terminales políticas internas, algo que sobra en Juntos por el Cambio. Esta semana Patricia Bullrich desembarcó en Funes con un acto donde asistieron más de 600 personas para escuchar corear el “Patricia presidente”  y ver una foto en tiempo real de las tripas internas del PRO.

Federico Angelini fue el anfitrión y el elegido por la presidenta del partido, pero también bendecido históricamente por Mauricio Macri como el armador santafesino. Los que faltaron están en la otra vereda, incluso los macristas que no pudieron asistir hasta la vecina ciudad.

¿En qué anda el PRO en Rosario?

Es el caso del diputado nacional Gabriel Chumpitaz quien quiere jugar por la intendencia de Rosario y hoy está cerca del radical Maximiliano Pullaro. Chumpitaz está alineado con la candidatura a presidente de Horacio Rodríguez Larreta, opositor interno de Bullrich. Por eso su ausencia se leyó como lógica y si asistía, debía ir con antifaz y bigote postizo. El diputado empuña un discurso enfocado netamente en la seguridad, similar al de Bullrich, pero sin estar en el mismo espacio. Y hasta el propio radical Pullaro conecta con Bullrich con foto incluida en las últimas horas. Todo mezclado. 

Pero más allá de las lógicas diferencias de alineamientos nacionales por haber varios referentes decididos a competir por la presidencia, la interna baja a Rosario. El Concejo municipal tiene varios extractos cambiemistas y si bien actúan en bloque, ya aparecerán las discusiones y posicionamientos. Unos se alinearán más con el radicalismo, otros apelarán al purismo macrista, otros la bolsonarean más. Halcones y palomas a la cancha. 

El ejemplo de un PRO soft es Ana Laura Martínez, silencio y mesura, algo con lo que puede sembrar para 2023. De hecho es de las que más miden de Juntos por el Cambio en la ciudad, el doble que otros. Su nombre parece siempre estar a mano, pero una alianza, como hizo con el radicalismo de Julián Galdeano el año pasado, parece ser una condición sine qua non para su eventual lanzamiento.

También incidirá en el futuro del PRO y Juntos por el Cambio local el destino del frente de frentes provincial, potencial alianza entre el PRO, los sectores de la UCR, el javkinismo y el socialismo no se ponen de acuerdo. Parece difícil que esa figura, sí se termina dando, baje a la ciudad por la autonomía política que se ve en Rosario, pero será primordial para armar vínculos. Lo cierto es que el PRO en Rosario se ajusta el cinturón y entra de lleno a una gran mezcladora electoral.



OPINIÓN

¿Por qué Rosario necesita una ordenanza de nocturnidad?

Foto: Rosarioplus/Juan José García

La nocturnidad es uno de esos temas que permanece en la agenda pública desde hace mucho tiempo, pero que nunca alcanza los consensos suficientes. Los debates no llegan a ordenarse, y resulta difícil entender de qué se está hablando. Los intereses de los distintos actores quedan sin representación, y las oportunidades de contar con una norma actualizada y efectiva se pierden una tras otra. 

Generar una normativa capaz de evitar incoherencias e insuficiencias es una de las principales responsabilidades institucionales que enfrentamos los y las concejalas. Actualmente se encuentran vigentes las ordenanzas de Espectáculos Públicos (N°7218/2001) y de Bares (N°1732/1964). Ambas demostraron ser incapaces de regular una realidad que fue mutando y adquiriendo dinámicas desconocidas al momento de confeccionarse.

Las sucesivas modificaciones de la norma vigente provocaron múltiples contradicciones e inconsistencias. Esto hace necesario ordenar y simplificar el marco que regula la actividad nocturna. El objetivo es conciliar los intereses de la actividad económica comprendida en la nocturnidad, los consumidores que asisten a eventos y establecimientos, y los vecinos que pretenden descansar.

En la ciudad contamos con experiencia y personal idóneo en áreas de Control y Convivencia, y ese potencial debe ser aprovechado para optimizar el diseño de la política pública que ordenará las actividades de la nocturnidad. Es indispensable simplificar los procesos burocráticos con las otras oficinas relacionadas al proceso de habilitación y puesta en funcionamiento de las actividades, eventos o establecimientos.

¿Por qué Rosario necesita una ordenanza de nocturnidad?

El caos normativo y la falta de vocación política para incentivar esa franja horaria como un ámbito de desarrollo económico afectan a empresarios, trabajadores, consumidores y vecinos, y también generan efectos negativos sobre todos los servicios conexos. Ese es un acuerdo generalizado entre todas las concejalas y concejales que presentaron nuevos proyectos.

Nos toca romper viejos paradigmas que piensan la noche únicamente desde las sanciones. Queremos construir una visión que incorpore una concepción integral de la ciudad y la proyecte como un polo de atracción turística a nivel nacional e internacional. La vida nocturna constituye un factor esencial para pensar las dinámicas urbanas, cómo los rosarinos y rosarinas se apropian de los espacios de la ciudad y se sostienen las actividades económicas.

Nuestra propuesta tiene una definición concreta: si queremos regular la noche, ocupémonos de la noche. Por esa razón, planteamos una normativa que rige durante el horario que comprende estas actividades, desde las 18 hasta las 6. Si mezclamos todo, no podemos esperar tener buenos resultados. Esto es algo que nunca se hizo, y creemos que, en parte, explica el fracaso de las anteriores discusiones.

La iniciativa se respalda en la Ley Nacional N° 26.370 de Espectáculos Públicos y dialoga con el proyecto presentado por el Diputado Nacional Eduardo Toniolli en la Cámara de Diputados de la Nación. Se basa en una perspectiva de políticas públicas de “mostrador único”, que consiste en generar áreas con capacidad y funciones de coordinación interna que permitan una más eficiente interacción con la ciudadanía y faciliten la concreción de los trámites comprendidos en la burocracia estatal.

¿Por qué Rosario necesita una ordenanza de nocturnidad?

Entendemos la nocturnidad como una industria sumamente dinámica y con un gran potencial de generación de puestos de trabajo y movimiento comercial. Y una industria del entretenimiento nocturno fortalecida implica mayor seguridad: si hay más posibilidades de esparcimiento para la población, se mantienen los espacios habitados, controlados y con una más intensa vida comunitaria.

Nuestro proyecto abandona la lógica de los rubros, que fue la principal traba para los anteriores proyectos, y propone una asignación de certificaciones basadas en criterios objetivos y cuya combinación se realice en función de las particularidades de cada establecimiento o espectáculo. Para eso, creamos el Área de Convivencia Nocturna, con personal especializado que sea capaz de analizar y brindar asesoramiento y un mejor control.

Estamos presentando una norma con la suficiente flexibilidad para que el municipio tome decisiones de gobierno adecuadas según la transformación de las características y el funcionamiento de las actividades de esparcimiento nocturno. Con ese fin, diferenciamos subcategorías al interior de cada una de las certificaciones para ganar precisión y objetividad en los controles, independientemente de la denominación o rótulo de cada establecimiento o evento.

Hay que hacer mejores políticas públicas y avanzar en la especialización de las tareas vinculadas al control de la nocturnidad. Para eso necesitamos equipos y áreas institucionales con capacidad para realizar un análisis de las unidades de negocio y organizar su funcionamiento según una lógica de anticipación de problemas y no solo de aplicación de sanciones.

El objetivo de una política pública integral para la nocturnidad debe sostenerse en el conocimiento del público y las especificidades de la actividad para planificar las medidas adecuadas a las necesidades de las actividades nocturnas. Si no mejoramos las políticas públicas, será imposible resolver la precarización de las actividades y de los trabajadores que se desarrollan en el contexto de la nocturnidad.

Tenemos que adoptar una perspectiva más específica y ceñirnos a lo que regulamos. Estamos tratando el funcionamiento de los establecimientos y eventos que se desarrollan durante el horario nocturno. Ya vendrá el momento para las otras discusiones. Ahora nuestro deber es lograr una mejor normativa para todos los rosarinos y rosarinas.

Fuente:RosarioPlus



Secos de ley

Por una ley de los 90, los barrios populares no pueden acceder al agua potable en Santa Fe

Si bien Aguas Santafesinas cambió su perfil frente a los asentamientos, y hay obras en desarrollo, una vieja norma le impide poder calificar de "zona servida" a los barrios populares y por lo tanto proveerlos de agua potable, argumentan. Directivos piden a la Legislatura que modifique reglamentación

12 de noviembre de 2022 

Manuel Parola

Del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) se desprende que la casi totalidad (98%) de los 120 mil rosarinos que viven en ellos no acceden al agua potable de manera formal en sus casas. En los mapas tanto digitales como impresos de Rosario, los llamados polígonos del Registro Nacional de Barrios Populares aparecen como áreas grises donde los pasillos no tienen forma ni dimensión: no existen.


Aguas Santafesinas SA es la encargada de llevar el servicio de agua a aquellas zonas determinadas como “áreas servidas”, pero debido a una ley previa a la privatización de la empresa, en 1995, las villas no son tenidas en cuenta en esa calificación. Por ello, la empresa no tiene la obligación de llevar las instalaciones de agua a estos barrios desposeídos, explicaron desde la firma estatal. Las autoridades de Assa advierten que, de no cambiarse la normativa, cuya vigencia alcanza y rige el funcionamiento actual, están imposibilitados de actuar. La ley, claro está, puso en línea las obligaciones que tenía la entonces Dirección Provincial de Obras Sanitarias con los intereses de la futura concesionaria, fuera cual fuera: le restó compromisos de inversión.


Pasado el tiempo, la privatizada tampoco cumplió con las inversiones obligadas que le habían quedado para hacer, y el servicio fue reestatizado. Pero la cuestión permanece. Sobre esta sensible problemática, hay un proyecto de ley presentado hace un mes que aún no fue tratado en la comisión de Servicios Públicos de Diputados.


 

Antonio Salinas, titular de la Oficina del Consumidor del municipio

 

La ley 11.220 es la norma que determina el funcionamiento de la empresa prestadora del servicio de agua potable de la provincia de Santa Fe. Fue sancionada el 27 de octubre de 1994, en el marco de la privatización del servicio que ocurriría un año después, y limita a la empresa a denominar las áreas servidas según una serie de características del espacio donde se busque llevar adelante la instalación. Assa puede nombrar área servida a otras áreas, de acuerdo con un criterio de posible instalación de la boca de expendio, pero hay un escollo cuando se trata de barrios populares, según afirman desde la empresa.


“En pleno siglo XXI, en el año 2022, tenemos muchísimos rosarinos que al día de hoy acarrean agua”, dijo a El Ciudadano el titular de la Oficina de Defensa al Consumidor, que depende del Concejo Municipal, Antonio Salinas.


“Cuando hablamos de acarrear agua es esto, ir a buscarlo a un punto de suministro como por ejemplo un tanque comunitario, o en muchos barrios ir a lugares antigravedad, que es un eufemismo para decirle a la zanja, donde uno puede bajar un poco la manguera y vencer la presión y llenar un balde y volver caminando a la casa”, afirmó.


Según Salinas, las instalaciones informales de suministro y acarreo de agua tienen una pérdida del 40% del recurso.


Conocer los barrios populares: cada vez son más, en los márgenes de las ciudades y de los derechos


Salinas advierte que ley privatizadora, la 11.220, exime de la responsabilidad de llevar el servicio a los barrios populares: “La empresa sólo está obligada a hacer operativos en las áreas servidas, que es básicamente donde ellos tienen cañerías. En las áreas no servidas, al considerarse como tal, la empresa no está obligada a brindar el servicio”. 


Al ser consultados sobre este asunto, desde Aguas Santafesinas afirman que tienen la potestad para poder redefinir un área no servida en área servida, pero “con los barrios populares no se pueden aplicar los mismos criterios” y, por lo tanto, se analiza caso a caso.


“Si hay factibilidad técnica, se pasa a área servida”, declaró Guillermo Lanfranco, gerente de Prensa y Relaciones Institucionales de Assa. Según el funcionario, desde 2020 la empresa cambió por completo la visión sobre la disposición del servicio a las villas y asentamientos.

Ser o no ser (área servida)

Lanfranco explicó que existen dos condicionantes, con respecto a los barrios populares, para poder acceder a la calificación de área servida: la titularidad del inmueble y la capacidad técnica de poder colocar las cañerías en las calles o pasillos del barrio.


“Las áreas servidas están determinadas por la posibilidad de tender una cañería formal”. Para habilitar una expansión del servicio, se lleva adelante un estudio de “factibilidad técnica y comercial”, lo cual se refiere a la revisión de titularidad del inmueble que se pretende agregar a la red de servicio de agua.


“En los barrios populares no podés aplicar los mismos criterios que en un barrio común, por los pasillos y por la situación de propiedad del inmueble. Hoy hay nuevos elementos como el certificado de vivienda familiar. El asunto es que siempre chocás con cómo llegar con el servicio a esa zona”, dijo Lanfranco a El Ciudadano.


“En los barrios populares, por las cuestiones de titularidad y por la cuestión técnica eso hoy no es posible. Si se avanza en alguna legislación y si esa legislación está asociada a cambios en la ley 11.220, habrá que estudiarlo”, advirtió.


La norma actual establece la obligación de servicio a la empresa en las áreas servidas del territorio santafesino, pero en las áreas no servidas la empresa no está obligada a prestar el servicio, aunque “en la medida de lo posible, las hemos empezado a asumir de igual manera según la capacidad técnica que se tenga para llevar el servicio”.


Dámaris Pacchiotti, diputada provincial por Ciudad Futura.

Programa de Agua Social Santafesina

Hace poco más de un mes, las diputadas Lucila De Ponti, del Frente de Todos, y Dámaris Pacchiotti, de Ciudad Futura, presentaron un proyecto cuya autoría es del titular de la oficina de Defensa al Consumidor, Antonio Salinas, que busca confeccionar un programa específico para ampliar las incumbencias de Assa, cuyo único fin es el diseño y la ejecución, en articulación con los municipios y comunas y las prestatarias del servicio, de un plan de acción quinquenal para dotar de agua potable a las vecinas y vecinos de los 408 barrios populares registrados por el Renabap.


“Es un programa de acción específica para la empresa Assa en los barrios populares, ya que actualmente la empresa no tiene la competencia para poder darle agua a áreas no servidas”, dijo a El Ciudadano la diputada De Ponti.


“El programa crea la figura de usuario Renabap o usuario social del agua, para otorgarle el acceso al agua y facilitar una serie de acciones, pedir infraestructura, plata de la Secretaría de Integración Socio Urbana (Sisu), pero después el vecino recibe en su domicilio una factura con un número de cliente que puede ser una tarifa plana, subsidiada, lo que sea, pero vos lo transformaste en ciudadano, es decir, lo incorporaste a la ciudad”, explica Salinas, autor de la iniciativa.


“Ese agua que vos tenés es la misma agua que tiene el vecino del centro, vos tenés un número de cliente al igual que tiene el vecino del otro barrio más tradicional y tenés los mismos derechos”, define.

Lucila De Ponti, legisladora peronista

El programa nace a partir de una audiencia pública llevada adelante en agosto de este año entre los diferentes actores involucrados en la acción de llevar un servicio a las villas: los vecinos, las organizaciones sociales, los trabajadores nucleados en el gremio de obras sanitarias, la propia empresa estatal Assa, y la Legislatura y el Ejecutivo provinciales. De la exposición conjunta de las necesidades y escollos para la incorporación de los barrios populares al servicio público de agua corriente nacieron un sinfín de informes de situación en la provincia, y las bases para este programa.


Si bien el proyecto fue enviado a las comisiones correspondientes, actualmente se encuentra sin movimiento en la comisión de Obras Públicas de la Legislatura. El pliego está conformado por 12 artículos que pretenden crear el programa en la órbita del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat provincial, dirigido por la ministra Silvina Frana, quien ya ha creado una comisión especial para poder llevar adelante estos trabajos de ampliación del servicio de agua potable. A su vez, el proyecto pretende establecer  un régimen especial tarifario para los usuarios del Programa Agua Social Santafesina.

Los barrios populares, secos y sin electricidad: cuando el corte de luz y de agua es todos los días

Entre los fundamentos, las legisladoras Pacchiotti y De Ponti piden que “se encomienda a las empresas prestatarias y al ENRESS adecuar los reglamentos y disposiciones internas a los fines de poder desarrollar el presente programa priorizando la prestación del servicio desde la perspectiva del derecho humano básico y elemental”.

Según la legisladora del Movimiento Evita, no hay mala predisposición de parte de sus colegas de la Cámara Baja, aunque desconfía del recibimiento que tenga en la Cámara de Senadores: “Falta que alguien se lo ponga al hombro en las comisiones”.

Fuente:ElCiudadanoyLaRegion

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