Residentes y personal de salud de
los hospitales Garrahan y Posadas
marcharon al Congreso / Paro de
FATPREN
Resumen Latinoamericano, 1 de noviembre de 2022.
Reclaman «un salario que cubra la canasta básica». Los trabajadores aseguran que hasta el momento «no han recibido novedades ni por parte del gobierno porteño ni de los sindicatos en los que se encuentran agrupados».
Los médicos residentes y concurrentes porteños continúan de paro por tiempo indeterminado en reclamo de «un salario que cubra la canasta básica» y se movilizan este martes hacia el Congreso de la Nación junto con el personal de salud de los hospitales Garrahan y Posadas en reclamo de una recomposición salarial para el sector.
Los trabajadores de la salud se concentraron en Callao y Corrientes y marcharon junto con los trabajadores de Nación hacia el Congreso.
Este lunes «inauguramos la séptima semana de lucha con cortes en toda la CABA con un éxito rotundo. La marea blanca sigue avanzando y seguimos organizados por la recomposición salarial y salario y ART para concurrentes», informaron los residentes a Télam.
Asimismo, la residente de la Maternidad Sardá Carina Goya explicó que la Asamblea de Residentes CABA tomó la decisión de «unirse a la protesta para hacer algo conjunto».
En este sentido, Goya indicó que los residentes de los hospitales Nacionales realizarán una actividad de RCP gratuita en el Congreso. Luego de esto, los trabajadores de la salud porteños se movilizarán hacia la sede del Ministerio de Salud porteño, ubicada en Bolivar 1, para mantener el pedido de reunión con el titular de la cartera Fernán Quirós.
«Hoy los residentes cobramos $300 la hora y concurrentes $0 haciendo guardias de 24 hasta 48 hs seguidas. Luego de la oferta vergonzosa de Quirós que nos deja en $440 la hora seguimos luchando junto a todos los sectores de salud», sostuvieron los residentes, en rechazo a la oferta salarial propuesta por el gobierno porteño.
Sobre esto, Goya explicó que «la idea no es estar en paro para siempre», por eso van a solicitar que la nueva reunión se haga «lo antes posible».
«Todavía no se cumplieron las 96 horas que indicó el ministro, pedimos la reunión antes, porque entendemos que la idea no es de estar en paro siempre», afirmó.
Finalmente, la residente de la Maternidad Sardá afirmó que por el momento «no han recibido novedades ni por parte del gobierno de CABA ni por parte de los sindicatos en los que se encuentran agrupados».
Trabajadores de prensa pararon 24 horas en todo el país para destrabar la paritaria del sector
La medida de fuerza se sintió en las redacciones de prensa escrita. La FATPren advierte por la «intransigencia» empresaria, que se niega a otorgar salarios por encima de la línea de pobreza.
01/11/2022
Por: Miguel Carrasco
La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPren) llevó adelante un paro de 24 horas este martes con el que buscó destrabar la paritaria del sector de prensa escrita, cuyas negociaciones están estancadas desde hace dos meses.
FATPren asegura que la cámara empresaria ADIRA, que agrupa a los diarios del interior del país y sus portales web, se mantiene intransigente en su posición de impedir una suba salarial que permita un salario inicial de $ 125.000. Ese objetivo está expresado en la consigna: “Ningún salario por debajo de la canasta de pobreza”.
Los trabajadores de prensa acumularon hasta ahora un 40% de aumento para el semestre abril-septiembre, aunque con fuertes disparidades dentro de ese período. El primer tramo se resolvió para el período abril-junio. En ese momento, abril de este año, FATPren estaba intervenida por un funcionario del Ministerio de Trabajo a partir de una decisión judicial. Esa intervención firmó un aumento del 15% para el trimestre sin consultar a los afiliados.
El segundo tramo se firmó recién en agosto por la intransigencia de ADIRA, que pretendía volver a firmar por un 15%. FATPren tuvo que realizar un largo plan de lucha, que incluyó la realización de dos paros nacionales, para lograr un 25% de aumento.
El tramo inconcluso
Un mes después arrancó la discusión del siguiente tramo, pero los trabajadores de prensa volvieron a encontrarse con la misma actitud patronal, de negar a sus trabajadores los salarios que reclaman.
Ante ese escenario, el 27 de septiembre, un plenario de secretarios generales, gremiales y delegados de base de los sindicatos adheridos a la FATPren reiteró la exigencia a ADIRA de un salario mínimo profesional que alcance a cubrir la canasta básica. Y en función de la falta de respuesta empresaria, la Federación se declaró en estado de alerta y movilización, convocó a asambleas en todas las redacciones del país para dos días después y a una jornada nacional de lucha con cese de tareas para el 5 de octubre, que se llevó a cabo de manera contundente.
El 14 de octubre se realizó un nuevo plenario que resolvió “avanzar en nuevas medidas de fuerza en caso de mantenerse la intransigencia empresaria”, según expresó un comunicado del momento.
El miércoles 19 se realizó una nueva jornada nacional de lucha “para exigir a los empresarios de medios que no haya ningún salario por debajo de la línea de pobreza”, según una comunicación de la Federación.
“A pesar de haber sido esenciales durante la pandemia, actualmente un salario básico del personal de los medios de comunicación ronda los $ 90.000, lo cual se encuentran por debajo de la canasta básica”, explicaba el texto.
El estancamiento de las negociaciones por la negativa patronal a plantear una oferta salarial que no implique pérdida de poder adquisitivo para salarios que están muy por debajo de la línea de pobreza, derivó en una nueva tanda de medidas de acción por parte de la FATPren.
El 28 de octubre desarrolló una jornada de protesta, que incluyó una conferencia de prensa frente al edificio en el que se encuentran las oficinas de ADIRA en la Ciudad de Buenos Aires. Y este martes concretó este paro de 24 horas.
Envio:ResumenLatinoamericano
El curioso encanto del Canal
Magdalena
Por Mempo Giardinelli, Resumen Latinoamericano, 1 de noviembre de 2022.
Los ríos Paraná y de La Plata, con afluentes, son la 5ª fuente de agua natural potable del mundo. Todo lo que cambie su régimen producirá consecuencias. Así, inundaciones y sequías se agravarán, y la estafa al Estado también, sobre todo si el Estado no actúa o actúa poco y errático, como tantas veces por atender más a intereses colonialistas que a lo que importa a la población.
Lo cierto es que por nuestro sistema fluvial en la actualidad circulan unas 3.000 barcazas –casi todas paraguayas– y alrededor de 5.000 buques de grandes portes, ninguno de bandera argentina y cargados todos con inexplicables contenidos que prácticamente ni se pesan ni controlan. De hecho sobran denuncias, incluso internacionales, sobre cargas simuladas, truchas e incluso de estupefacientes.
Esa navegación por nuestros ríos no paga los impuestos que corresponden, y ni siquiera se reconocen pesajes válidos pues todo circula en base a «declaraciones juradas».
Como se sabe, el dragado del Paraná y del Plata está a cargo, desde la concesión original en 1995, de la empresa Hidrovía S.A. que es propiedad de la naviera belga Jan de Null y de la argentina EMEPA. Son los verdaderos dueños del Paraná, y a la vez seguros promotores del cambio de nombre al río, presumiblemente para que los 10 o 12 millones de personas moradoras a ambos lados del Padre Río no advirtieran el cambio. Y simulación absurda que sin dudas facilitó la instalación de decenas de puertos extranjeros sobre la costa santafesina, todos con banderas de otros países y con policías propias.
En este contexto de innumerables idas y vueltas, y variadas confusiones, han demorado la concreción del factor fundamental para que la República Argentina empiece a torcer el rumbo errático de su política hídrica, fluvial y marítima: la desembocadura fluvial en el Canal Magdalena,que une ambos ríos con el Océano Atlántico y garantiza así la absoluta independencia de circulación. Y política que está ahora mismo, en el Congreso de la Nación, adquiriendo un relieve es de esperar irreversible.
Expertos en la materia consultados especialmente al cierre de esta nota advirtieron, sin embargo, que «podemos estar en presencia de una confusión o una avivada». Y ello porque como base de todo está el compromiso asumido por el presidente Alberto Fernández de cumplir con una decisión que ya había tomado Cristina Fernández de Kirchner en 2013 y que el mismo AF anunció que presentaría al Congreso. Lo que en efecto hizo y esta columna celebró hace un mes y medio. Y compromiso que, junto con el gobernador Axel Kicillof, no fue un asunto menor: el Presidente se comprometió a firmar un decreto delegando a la PBA la ejecución del Canal Magdalena.
Pasado poco tiempo, la semana pasada esto fue tema cuando se debatió el presupuesto nacional en el Congreso. Allí, como es habitual que el gobierno nacional delegue en provincias la ejecución de grandes obras –por ejemplo las hidroeléctricas– después de un cierto lapso aún no se había ratificado aquella decisión, que por cierto esta columna venía reclamando.
Como fuere en todos los ámbitos –afines a la soberanía o contrarios a ella– se esperaba el decreto delegatorio de la obra, aunque todavía no hubiese sido aprobada por el Congreso. Lo cual acaba de suceder. Pero en cuyo texto –ahora analizado por expertos que consulta esta columna– la verdad es que parece ignorarse que el Magdalena en realidad es parte, o sea la cola final del codillo del Canal Punta Indio. Así lo declaraba ya originalmente la Resolución 584/2013 por la que se creó legalmente el Canal Magdalena, por orden de la entonces presidenta.
Por fortuna parece obvio que ahora sí se utilizó –en el Congreso–– la copia de aquel original que creó el Canal Magdalena.
Quizás la confusión en el texto presupuestario (o «trampita», según se mire) está en una palabra que advirtió un técnico cuya identidad aquí se reserva: «Ahora se dice «definición» en lugar de «apertura» o «profundización» y eso en una interpetación forzada podría habilitar una posible confusión. Pero no hay dudas de que Canal Magdalena es el vocablo correcto, como seguramente recordó el Presidente en cumplimiento de su palabra, seguido de la inmediata aprobación del Presupuesto y de la inminente delegación de la obra a la Provincia de Buenos Aires, ante cuyo gobernador el Presidente hace poco se comprometió. Se espera ahora el decreto para que la Provincia proceda.
De todos modos, y más allá de que la palabra «definición» es incorrecta, hay quienes la atribuyen a mera ignorancia de quienes manejan esto en el Ministerio de Transporte, donde –dicen marinos veteranos– «algunos funcionarios, de navegación conocen poco y nada», mientras otros sospechan que pudo ser una picardía para poner palos en la rueda.
Lo cierto es que hay coincidencia absoluta en que la cuestión está correctamente conceptualizada, porque «nosotros ahora vamos a poder navegar por un canal mucho más corto, más barato, más seguro, más ancho, que bajará costos a nuestros productores y que nos va a permitir unir los puertos del Paraná con los del Atlántico sur». Virtudes incuestionables frente al canal actual, que es mucho más largo y más angosto, más caro y más peligroso. Y además y por sobre todo eso –completa otro veterano ingeniero naval– «el Magdalena va a ser soberano, lo que dará por terminada toda una absurda subordinación como si fuésemos un país mediterráneo. Piense nomás que el Canal del Indio puede haber sido una de las razones de la miseria económica que caracterizó a la Argentina en los últimos 30 años».
Claro que cierta estupidez constitucional argentina siempre puede manchar los grandes anuncios. Ahí está, por caso, otra consecuencia de la Reforma de 1994: gracias a ella se anuncia ahora, desde la provincia de La Rioja, que también allí sembrarán soja. Completo absurdo ambiental que, encima, aparejará el uso y abuso de glifosato, veneno que en Europa está prohibido y no se tolera ni para macetas en balcones.
Como fuere, lo que importa es que la palabra soberanía día a día va dejando de ser un misterio oculto. Y aunque todavía no se generaliza su valor y trascendencia en toda la república, el sentido mismo del vocablo –como sentimiento, quehacer y orgullo patriótico– ya no es, como en las últimas décadas, una rareza en un horizonte difuso y lejano. Es obvio que hoy hay más conciencia de que se trata del deber y el orgullo de un pueblo libre y con conciencia patriótica. Enhorabuena si un río y un canal contribuyen a fortalecerla.
329 muertes de mujeres, travestis
y trans en 2022
Por RedEco, Resumen Latinoamericano, 01 de noviembre de 2022.
Estos datos surgen del relevamiento realizado por el Registro Nacional de Femicidios, Trans – Travesticidios Observatorio «Mujeres, Disidencias, Derechos» entre el 1 de enero y el 30 de octubre de este año. Equivale a una muerte violenta cada 22 horas.
De las 329 muertes, 196 son femicidios, femicidios vinculados y trans- travesticidios; 73 son muertes violentas asociadas al género, vinculadas a economías delictivas o colaterales y a delitos comunes. A su vez, 49 asesinatos están en proceso de investigación. En el mismo período hubo 348 intentos de femicidios.
El 57% de las víctimas tenían hijos e hijas, por lo que 228 niñxs y adolescentes se quedaron sin madre.
Las provincias que presentan tasas más altas de femicidios son: Tierra del Fuego (2,2), La Pampa (1,6), La Rioja (1,5), Catamarca y Santiago del Estero (1,4). Argentina posee una tasa nacional de 0,7 femicidios cada 100.000 mujeres.
El 62% de los femicidios fueron cometidos en la vivienda de la víctima o en la vivienda compartida; 13% en un descampado; 11% en la vía pública; 4% en la viviendia del victimario.
El 61% de los femidios fue cometido por parejas o ex parejas; 12% por hombres familiares directos de la víctima; otro 12% por hombres conocidos de la víctima; 6% por hombres familiares indirectos por la víctima; 4% por hombres desconocidos por la víctima.
El 35% de las víctimas fue asesinada con un arma blanca; 23% a golpes; 17% con arma de fuego; 15% por asfixia; 7% quemada.
38 años es la edad promedio de las víctimas.
El 16% de mujeres víctimas de femicidios había denunciado a su agresor; el 47% de quienes habían denunciado contaba con medidas de restriccion de contacto y 17% botón de alarma.
El 6% de los femicidios fue cometido por personas de las fuerzas de seguridad. El 19% de los femicidas se suicidó, el 7% lo intentó. El 15% tenía antecedentes penales por violencia de género. El 9% abusó sexualmente de su víctima. El 14% está profugo.
“En este contexto de crisis socio- económica, que profundiza las desigualdades, exigimos al Estado nacional la declaración de la #EmergenciaNiUnaMenos, es urgente y necesario el tratamiento y aprobación del proyecto presentado en la legislatura nacional en 2018 y 2021 para que se tomen medidas concretas y se prioricen recursos humanos y económicos para la atención integral de mujeres e integrantes del colectivo LGTBIQ+ en situación de violencia de género”, afirman desde Mumalá (Mujeres de la Matria Latinoamericana – Libres y Diverses)
Victoria de la memoria ancestral
Por Marcelo Valko, Resumen Latinoamericano, 01 de noviembre de 2022.
Invitado a participar del 18° Encuentro Indígena que se realizó el pasado fin de semana en el Centro Cultural “La Estación” de Tres Arroyos, tuve el placer de interiorizarme acerca del trabajo tan significativo como tenaz que llevan a cabo sus integrantes para preservar la Memoria Ancestral. Esta Asociación Civil nacida hace casi dos décadas en Tres Arroyos viene accionando contra la invisibilidad de un país que se piensa blanco y excepcional que niega sus orígenes y que año tras año realiza encuentros con expositores, talleres y muestras que apuntan a un país pluriétnico combatiendo el racismo y la desmemoria. En septiembre del 2021 presentó un proyecto en el Concejo Deliberante local solicitando que fueran devueltos los restos esqueletarios extraídos del denominado sitio arqueológico de Arroyo Seco próximo a la localidad y declarar ese territorio Espacio de la Memoria de los Pueblos Originarios. El pedido justo de toda justicia fue acompañado por más de un millar de adhesiones de vecinos. Cabe destacar que la Asociación también llevó a cabo el pedido formal ante las autoridades del INAI en consonancia con las necesarias restituciones que viene realizando con éxito hace años el Grupo GUIAS. En Arroyo Seco a mediados de los ´70 fue descubierto un enterratorio con delicados ajuares funerarios incluso asociado a megafauna extinta. Excavaciones posteriores extrajeron más restos, totalizando unos cuarenta individuos. Se trata de un conjunto de sitios con diversa antigüedad que rondan entre 8000 y 5000 años antes del presente.
Ahora bien, se plantea la respetuosa restitución de los restos al territorio. Para ello la Asociación Civil Encuentro Indígena de Tres Arroyos viene realizando un trabajo de concientización muy valioso que va dando frutos. Y es así que tras la presentación ante el Concejo Deliberante acompañada de un enorme respaldo ciudadano llevó a que los representantes del pueblo aprueben por unanimidad avalar tal pedido de restitución. Transcribo el aspecto central de la ordenanza Nº 7489/2022 aprobada el 5 de mayo de este año. Resalto que tanto el Partido Vecinalista, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio votaron por unanimidad respaldar la restitución lo que demuestra la inteligente labor de concientización llevada a cabo por la Asociación. La Ordenanza declara:
“Art. 1ºDeclarase el sitio Arqueológico Arroyo Seco como Sitio de la Memoria de los Pueblos Originarios a fin de preservar la identidad y patrimonio de los pueblos preexistentes.
Art. 2º Adhiérase a la restitución de los restos ancestrales junto a su ajuar funerario, al lugar donde fueron extraídos, en el respeto y de acuerdo a sus tradiciones y cosmovisión”.
El sábado 29 de octubre en horas de la mañana gran cantidad de personas se hicieron presentes en el sitio donde fueron extraídos los restos para realizar una ceremonia ancestral. Entre quienes tomaron la palabra, destaco la claridad conceptual y vehemencia de Fabiana Méndez integrante de la comunidad Kumelen Nehuen Mapu de Bahía Blanca que entre otros conceptos señaló:
“En este momento hemos pedido permiso para entrar a este lugar sagrado, a este chenque, hemos venido a acompañar este pedido de justicia tan olvidado hacia los pueblos originarios. Nosotros pertenecemos a una organización mapuche que venimos de Bahía Blanca y acompañamos todos los procesos de lucha que reivindiquen la cultura, reivindiquen la vida a la ñuquemapu, reivindiquen la tierra. Es necesario comprender que no somos dueños de la tierra sino parte de ella, y como parte integrante de la Pachamama debemos defenderla, cuidarla, protegerla y jamás negociarla. Para que este sitio sagrado vuelva a tener sus antepasados de donde fueron saqueados, llevados, maltratados. Es necesario comprender que es imperativo respetar a cada ser vivo, a cada planta, y por eso estamos presente en cada lucha de los hermanos, esta es una lucha más y por eso estamos aquí. Para que se restituyan no solo en este lugar sino en cada lugar!!!”
En lo que a mí respecta, por la tarde hable sobre la Desmemoriada Historia Oficial y sus tramposas telarañas. Destaco el interés del numeroso público que participó de esa conferencia que fue transmitida en vivo por la radio Cooperativa FM Indie Rock 104.7 gracias al compromiso de la periodista Paola Moyano quien también me facilito el audio de la hermana Fabiana Méndez. Se realizaron además talleres alusivos y actividades que demuestran que estamos asistiendo a un real cambio de paradigma. Un caso concreto son las pinturas y dibujos de alumnos de escuela primaria y secundaria expuestos en el Centro Cultural que evidencian el trabajo en clase sobre lo que significa ser parte de la tierra y que la naturaleza es un sujeto de derecho. La restitución de los restos es necesaria y también la declaración del territorio como Espacio de la Memoria Ancestral y no como un aséptico yacimiento arqueológico, las personas son personas y no objetos que se exhiben en vitrinas o cosas que se guardan en el cajón de un museo.
Encuentros como el efectuado en Tres Arroyos demuestran que el cambio de paradigma está en marcha. Es lento, pero viene…
Macri quedó imputado en una causa por
espionaje en la que serán juzgados
Arribas y Majdalani
Por Daniel Satur, Resumen Latinoamericano, 01 de noviembre de 2022.
El fiscal Picardi pidió que los exjefes de la AFI vayan a juicio oral y público. Pero como no actuaron solos, pide que se avance también sobre el expresidente. Macri venía zafando en otras causas por delitos similares. Aquí se investiga la inteligencia sobre CFK, familiares de Mauricio y hasta periodistas de La Nación.
Cuando en mayo de 2017 la periodista Laura di Marco de la revista Noticias le preguntó a Mauricio Macri por qué había elegido a Gustavo Arribas como titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), el entonces presidente respondió rápido y sin titubeos: “Pensé, de todos mis amigos, ¿cuál es el más vivo, el más desconfiado, el más acostumbrado a toda esta cosa de las trampas? Justo uno que se había hecho de una buena posición económica en el fútbol; uno que arrancó de una posición humilde en la vida… Me pareció que resumía todas esas cualidades”.
No se sabe cuánto se deterioró con el paso de los años la amistad entre Mauricio y Gustavo. Pero sin dudas que ese vínculo le sirvió de mucho al expresidente para llevar adelante para beneficio propio todo tipo de tropelías vinculadas con el uso de los servicios de inteligencia. Y como todo se basó en esa gran amistad, es más que lógico pensar que si Arribas es investigado, procesado y juzgado por delitos cometidos al frente de la AFI, Macri también deba dar explicaciones y, eventualmente, sentarse en el banquillo.
Imputado
En las últimas horas el fiscal federal Franco Picardi imputó a Mauricio Macri por sus responsabilidades en la supuesta creación de lo que denominó un “plan sistemático de espionaje ilegal” en tiempos en los que fue presidente. A través de ese armado clandestino, entre otros hechos se habría espiado con fines persecutorios a la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner y a miembros de la misma familia Macri como Florencia, hermana del exmandatario.
Vale recordar que en los últimos meses Macri venía “zafando” en otras causas por delitos similares, gracias a los favores de fiscales y jueces que decidieron desestimar denuncias de víctimas o cerrar causas abiertas sin haber avanzado como debían. Es el caso de los expedientes por inteligencia ilegal contra familiares de Santiago Maldonado y organismos de derechos humanos, contra familiares de las personas muertas en el submarino ARA San Juan y por la aplicación del sistema de reconocimiento facial de la Ciudad de Buenos Aires para seguir a opositores políticos.
En este caso, el fiscal avanzó en la causa que tenía a su cargo. La imputación a Macri quedó plasmada en el escrito de 200 páginas con el que Picardi pide al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi la elevación a juicio oral y público. Se trata del expediente en el que se investiga el espionaje ilegal durante 2018 y por el que deberán ser juzgados Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, el exjefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el macrismo y su segunda en el organismo. También están allí procesados otros dos exfuncionarios de la AFI: Alan Ruiz, entonces jefe de Operaciones Especiales de la Dirección Operacional de Contrainteligencia, y Martín Coste, a cargo de esa Dirección.
A Arribas, Majdalani y Ruiz se los acusa de espionaje ilegal y también de “falsedad ideológica”, ya que habrían elaborado documentación con contenido distorsionado o directamente inventado para recubrir de una aparente “legalidad” las tareas de inteligencia ilegal. Y a Coste le adjudican la producción de esos documentos falsos.
Para el representante del Ministerio Público, la etapa de instrucción de la causa “está concluida” y es tiempo de pasar al debate donde deberá determinarse si los procesados son culpables o inocentes. A su vez, considera que es necesario avanzar en la investigación para determinar la responsabilidad de Macri y otros exfuncionarios en los mismos hechos juzgados
Ni excepcionales ni aisladas
En su escrito, Picardi asegura que “las maniobras reveladas en este caso no han sido excepcionales ni aisladas; antes bien, integran un conjunto de muchas otras causas criminales -varias de las cuales se encuentran radicadas ante el Juzgado a su cargo por razones de conexidad- cuyos objetos se ciñen a la investigación de acciones de inteligencia desplegadas” por la AFI entre 2016 y 2019.
En ese sentido, esas acciones de inteligencia tienen en común “la sospecha de intervención de las máximas autoridades” de la AFI en lo que hace a “la planificación, coordinación y ejecución” de tareas que están expresamente “prohibidas por ley 25.520, con puntos de contacto que se refieren a las víctimas u objetivos de dichas acciones de inteligencia ilegal”. Habla de un muy probable “uso ilegal de herramientas de inteligencia como parte de planes sistemáticos orquestados desde el propio aparato estatal”.
Entre las víctimas de espionaje sobre las que Macri y su entorno podrían haber tenido especial interés el fiscal menciona a Cristina Fernández de Kirchner, a Florencia Macri y su pareja Salvatore Pice y al periodista Hugo Alconada Mon. En este último caso, el propio cronista de La Nación dijo que el espionaje se dio cuando se encontraba investigando a Gianfranco Macri, hermano de Mauricio (en el marco del caso Panama Papers) y a Angelo Calcaterra, primo del expresidente (por la causa “soterramiento del Tren Sarmiento”).
En el caso de expresidenta, exsenadora y actual vicepresidenta, las tareas de espionaje contenidas en la causa se habrían producido en 2018, cuando personas en actitud sospechosa fueron detectadas durante varios días en los alrededores del Instituto Patria y del domicilio particular de Fernández de Kirchner, ubicado la esquina de Uruguay y Juncal del exclusivo barrio de Recoleta.
“Dichas circunstancias imponen profundizar las investigaciones desarrolladas hasta aquí en la dirección apuntada, mediante el análisis global y apropiado de las múltiples intervenciones judiciales existentes por hechos de las mismas características, reconducibles a la misma gestión de la AFI”, escribió el fiscal en su requerimiento de elevación a juicio. En síntesis, la cosa no debería quedar sólo en Arribas, Majdalani y funcionarios de menor rango, sino que hay que ir más arriba.
Por eso, en un escrito aparte presentado también al juez, se refiere directamente a que, por la multiplicidad de causas abiertas en diferentes juzgados a partir de denuncias de espionaje ilegal en la gestión Cambiemos, “se impone indagar sobre el rol que le cupo en el mentado esquema organizado a quien era el superior inmediato de los procesados Arribas y Majdalani, el entonces Presidente de la Nación ingeniero Mauricio Macri”.
A su vez pide que se avance en investigar a las “personas que detentaban responsabilidades públicas y que actuaban al directo servicio del nombrado y podrían haber fungido como vínculo o enlace para la transmisión de órdenes y de informaciones ligadas a actividades de inteligencia ilegal”.
Para el fiscal, las tareas de espionaje “se realizaron bajo dos modalidades en particular: por un lado, durante el día, los agentes de la AFI se apersonaban en los domicilios mencionados para realizar las observaciones, vigilancias, registros y almacenamientos y, por otro lado, durante la noche, se estacionaban autos de técnica (vehículos con cámaras no visibles que filman de modo continuado) en las inmediaciones de los domicilios en cuestión”.
Un testigo de identidad reservada relató ante Picardi: “Teníamos que ir a instalar un servicio en un domicilio de Recoleta con un vehículo y determinar si había movimiento de personas o cajas o bolsos ingresando o saliendo del mismo”.
El Estado te espía siempre, gobierne quien gobierne
En su descargo, primero ante la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso y luego ante el propio fiscal, Arribas y Majdalani justificaron ese accionar sobre CFK en supuestas “tareas vinculadas a la posibilidad de que la entonces senadora fuera blanco de un ataque en el marco de la cumbre internacional de G20 llevada a cabo en la Ciudad de Buenos Aires por aquellos días”. Por eso, dijeron, crearon una “Dirección de Operaciones Especiales inorgánica” con recursos propios, vehículos, oficinas y personal dirigido por Alan Ruiz.
La denuncia que dio origen a la causa que ahora el fiscal pide elevar a juicio fue presentada en febrero de 2020 por la entonces interventora de la AFI Cristina Caamaño, nombrada en el cargo por Alberto Fernández cuando asumió dos meses antes. Caamaño, vale decir, conoce bien “el paño” de la inteligencia estatal desde mucho antes de ser convocada por el Frente de Todos.
En su editorial de este lunes a la noche en el programa “Odisea argentina” (LN+), Carlos Pagni puso especial atención en Caamaño. Sobre todo por lo que habría hecho en tiempos en los que, como fiscal dependiente de la procuradora general Alejandra Gils Carbó, tenía a su cargo una serie de escuchas telefónicas vinculadas a Alberto Nisman.
Dice Pagni: “Mientras sucede esto, aparece de nuevo en escena el tenebroso Jaime Stiuso y dice: ‘He leído cosas en los diarios por las cuales quiero declarar de nuevo en la causa por la que se investiga al fiscal Nisman’. ¿Qué vio en los diarios Stiuso? Que hay una cantidad de espías que fueron a declarar en la causa que investiga el juez (Hernán) Ercolini por la muerte de Nisman. Y esos espías respondían a su enemigo dentro de la AFI, Fernando Pocino. Él debe temer que lo ensucien a él porque Pocino y sus espías están complicados en el tema Nisman. ¿Por qué están complicados? Porque es bastante evidente que una vez que Nisman hizo su denuncia, la AFI lo mandó a espiar para ver con quién hablaba, quién le proveía información, etc. Y ahora Stiuso va en defensa propia, pero dice ‘voy a dar información que va a complicar al kirchnerismo’”.
“¿Qué información estaría manejando Stiuso?”, se pregunta el editorialista de La Nación. Y responde: “La información que viene de otra causa judicial. Una empresa, Darkstar, hacía investigaciones clandestinas, supuestamente, para una potencia extranjera, para Gran Bretaña. Investigando esto, Stiuso manda con nueva orden judicial, que primero le da el juez Torres y después Ramos, Rodríguez y Lijo, con la que interviene una gran cantidad de teléfonos. Entre otros, el de Pocino. Quiere decir que en la causa Darkstar se seguían las investigaciones de Pocino. Cuando en la oficina en la que se seguían las escuchan ven que hay un registro en esa causa de comunicaciones de Pocino -esto no lo sabemos, pero muy presumiblemente espiando a Nisman-, borran todos esos registros. Esto es lo que iría a denunciar Stiuso”.
Finalmente, Pagni se pregunta “¿quién es la que estaba al frente de esas escuchas? Cristina Caamaño (…) Quiere decir que la misma Caamaño que denuncia a la AFI de Macri por espiar a Cristina, ella también quedaría como encubridora del espionaje clandestino que llevaba Pocino sobre Nisman. Este es el estado de los servicios de inteligencia dentro de la democracia, donde la clandestinidad es transversal, donde el que denuncia también es denunciado”.
Fuente: Izquierda diario
La Matanza: detienen a 11 policías
tras el asesinato de un hombre
durante un operativo policial
Resumen Latinoamericano, 01 de noviembre de 2022.
El episodio ocurrió este lunes en un barrio de la localidad de Virrey del Pino, cuando personal de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas realizaba un operativo para desbaratar un búnker de drogas. No se encontró un arma de fuego no policial que avale la hipótesis de un tiroteo.
Un hombre de 39 años fue asesinado este lunes durante un procedimiento policial en el partido bonaerense de La Matanza y por el hecho aprehendieron a once efectivos, que ya fueron desafectados de sus funciones.
El episodio ocurrió en horas de la mañana en un barrio de la localidad de Virrey del Pino, adonde personal de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) realizaba un operativo para desbaratar un búnker de drogas.
Testigos afirman que “los tres móviles policiales entraron al barrio a los tiros” (Infobae, 1/11). La “confusión” de los uniformados le costó la vida a este joven trabajador, que había salido buscar el auto al taller para poder llevar a su bebé recién nacido al pediatra. Frente a ello, los vecinos, luego de custodiar el cuerpo para evitar que los policías adulterasen las pruebas, respondieron cortando la emblemática Ruta 3 exigiendo justicia. La reacción popular dio como resultado que once miembros del operativo policial fueran detenidos, quienes serán investigados por “Homicidio calificado por el uso de arma de fuego y por la condición de ser funcionario policial”.
La indignación de los habitantes de Vernaza es contra la maldita policía que, lejos de combatir el narcotráfico que azota a los barrios populares, lo ampara llevándose una tajada del negocio; mientras puebla las cárceles bonaerenses de consumidores y pequeños vendedores que constituyen el eslabón más débil de la cadena siendo fácilmente reemplazables, manteniendo intacta toda la estructura de comercialización. Para colmo, cuando hacen una pantomima de operativo “antidrogas” matan a un laburante y le arruinan la vida a su familia. Estamos frente a un entramado delictivo que hunde sus raíces en la profunda descomposición de las fuerzas represivas, particularmente de la Bonaerense, cuya complicidad con la venta de drogas la vimos nítidamente con el caso de la cocaína adulterada en Puerta 8, que involucraba a varios efectivos del distrito. El ministro Berni intentó presentarlo como un hecho aislado cuando todos sabemos que es la norma del accionar policial.
La Ley de desfederalización de estupefacientes (n° 26.052), sancionada en 2005, empoderó a la Policía Bonaerense dado que le dio competencia para tipificar e investigar este tipo de delitos, sobre todo los vinculados al narcomenudeo y al consumo, reservando para el fuero federal las causas de producción, acopio, tráfico y comercialización a gran escala. A partir de allí, la Bonaerense tuvo “carta blanca” para organizar la venta de droga en el territorio provincial, garantizando las zonas liberadas que permitieron el desembarco del narcotráfico en las barriadas, constituyendo un verdadero flagelo para la población trabajadora y la juventud.
En paralelo, creció la criminalización sobre las personas dedicadas al comercio minorista de estupefacientes y sobre los consumidores, particularmente de los sectores más empobrecidos, sin que esto haya proporcionado mejora alguna en materia de “seguridad”. Teniendo en cuenta que, según la Procuraduría de Narcocriminalidad, el 80% de las investigaciones por infringir la ley de estupefacientes en la provincia de Buenos Aires las inicia la Policía Bonaerense (el otro 20% las fiscalías), estamos en presencia del “lobo cuidando a las gallinas”. Los datos oficiales arrojan que, en PBA, entre 2006 y 2017 aumentó en un 300% la cantidad de causas abiertas por tenencia para consumo y narcomenudeo. A su vez, en ese lapso de tiempo, se multiplicó por diez el número de personas encarceladas por drogas en el Servicio Penitenciario Bonaerense, y, en su inmensa mayoría, se encuentran en prisión preventiva esperando el juicio privados de su libertad.
Como vemos, la “cruzada contra el narcotráfico” de la policía se basa en perseguir pibes pobres, algunos de los cuales son reclutados por los narcos para que oficien de “soldaditos” y muchos otros solo consumen. Lo anterior forma parte de un hostigamiento sistemático que reciben los jóvenes de los barrios por parte de las fuerzas de seguridad con el objetivo de regimentarlos. La expresión más extrema de este modus operandi es el gatillo fácil, que ha recogido 436 víctimas en el transcurso de cinco años solo en la provincia de Buenos Aires. Una práctica que prolifera al calor de la protección que le ofrece el poder político; sin ir más lejos, Berni fue el primero en encubrir a los oficiales responsables de la desaparición y el asesinato de Facundo Astudillo Castro. En ese sentido, los policías que le dispararon sin miramientos a Esteban Bellido, lo hicieron con la tranquilidad de saber que el Estado les confiere siempre un manto de impunidad.
IFE 5: se multiplican las denuncias
de quienes no pueden acceder al
bono
Resumen Latinoamericano, 01 de noviembre de 2022.
En todo el país largas filas en el Anses para acceder al bono de $45.000 en dos cuotas. Está dirigido a los sectores que no reciben ninguna ayuda estatal. Los requisitos son excluyentes para una gran mayoría, y solo podrán acceder un 10 % o 15 % de quienes lo solicitaron.
Foto del Anses de Mendoza: una de las colas que se realizaron para acceder al IFE 5
La inscripción, que comenzó el lunes 24 de octubre en la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), registró durante días largas colas en todo el país e importantes demoras en la inscripción virtual. Fueron rechazados del trámite, en los primeros días que se abrió la inscripción, cerca del 80 % de los solicitantes. Solo pudieron acceder entre un 10 y 15 % de personas al bono, que será de $45.000, y pagarán en dos cuotas de $22.500 durante noviembre y diciembre.
Este dato surge de un relevamiento que también indica que el principal foco de problemas se registra en la provincia de Buenos Aires. “No cobro nada pero cuando quiero hacer IFE me dice ’incompatible’ (…) Si cobrara no me hubiese comido semejante fila” cuenta uno de ellos.
Corresponsales de La Izquierda Diario de Jujuy hablaron con quienes hacían la fila para inscribirse. Algunos de ellos, como Alfredo, sostuvieron que se anotaron para retirar el IF 5 porque está desocupado y “aparte estoy excedido en edad y nadie me quiere dar trabajo”.
En tanto Vanesa relata que ”por la crisis que se está viviendo en todo el país vine a buscar el IF 5”, y denuncia que le fue denegado “porque supuestamente tengo propiedades y vehiculos cosas que no poseo” “estoy trabajando en negro, como la gran mayoría, es por eso que vine a buscar la ayuda”.
También denuncia que los que perciben el plan Potenciar Trabajo no acceden al IF5, “cuando con $25.000 no podes vivir. No alcanza el dinero con la inflación que hay”.
Otra señora denunció ante elDiarioAR, que no recibió el IFE por usar billetera virtual: “Mis hijos me bajaron la billetera virtual de Santa Fe para que pueda hacer compras y recibir los reintegros de la tarjeta. Me transfieren $2000 para alimentos, es mi único ingreso y salgo rechazada”.
Según relevó elDiarioAR, el principal foco de problemas se dio en Buenos Aires (740 casos) y en menor medida en el resto de las provincias: Corrientes, 154; Río Negro, 115; Misiones, 88; Mendoza, 69; Capital Federal, 64, y siguen las jurisdicciones.
Requisitos excluyentes
La medida abarca sólo a un sector de la población más vulnerable. Así lo indicó el ministro de Economía, Sergio Massa, que solo podrán cobrar el beneficio aquellas personas que «hoy no tienen nada: no tienen un plan, no tienen la Asignación Universal, no tienen seguro de desempleo, no tienen trabajo y sienten que el Estado no los está protegiendo».
Entre los que quedarán excluidos, se encuentran los que posean algún ingreso registrado, aun cuando sea muy bajo y los que reciban alguna otra transferencia del Estado. Además, tener un vehículo, como una moto, que hoy un sector de la población lo utiliza como una herramienta para hacer “changas”. No ser titular de ninguna prestación, ni nacional ni provincial (jubilación, pensión, Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones Familiares, Progresar, Desempleo, Potenciar Trabajo, entre otras). No tener registrados vehículos de menos de 10 años ni propiedades. No registrar consumos de tarjeta de crédito y/o débito en los últimos 2 meses. No poseer plazos fijos o compra de bonos en los últimos 6 meses. No tener acreditación en cuentas bancarias en los últimos 2 meses. No haber comprado dólares o monedas extranjeras en los últimos 6 meses. No estar registrado en una obra social o prepaga.
Considerando que más de cuatro millones de personas se encuentran sumergidos en la indigencia debido a las políticas de ajuste del Gobierno y la alta inflación, el “refuerzo” anunciado no llega a cubrir ni el 20 % de la canasta básica de una familia estimada por el Indec para el mes de septiembre y el bono se cobrará en noviembre y diciembre. En tanto, mientras la pobreza afecta al 36,5 % de la población -17 millones de personas-, Sergio Massa viene otorgando grandes beneficios a las patronales como el dólar soja y profundizaron el ajuste para cumplir con las exigencias del FMI.
Fuente: Izquierda diario
Nora Moyano ante la criminalización:
«vamos a seguir defendiendo nuestra
agua»
Por María Torrellas, Resumen Latinoamericano 1 de noviembre de 2022
La Asamblea por el Agua de Las Heras denunció a Alfredo Cornejo y Rodolfo Suarez como los principales responsables de la persecución política y judicial contra Nora Moyano. Mujer luchadora en defensa del agua, de 70 años. Está criminalizada por algo tan absurdo como haber instigado el secuestro de todo el cuerpo de legisladores de Mendoza, en diciembre de 2019, durante el tratamiento de la Ley cianuro. En esa protesta había miles de personas y las movilizaciones multitudinarias duraron 13 días. La Justicia, que ya le negó el sobreseimiento, citó a Moyano a una audiencia virtual para hoy a las 8.30 hs.
Esto nos dijo Nora de la audiencia:
«Realmente lo primero que tengo que decir es que estoy orgullosa de los abogados defensores que nos defienden. Brillante y sobresaliente es poco. A la vez, decir que, a raíz de todas las fundamentaciones, la jueza Patricia Alonso, a cargo de esta audiencia, dio un cuarto intermedio debido a que la audiencia llevaba ya una hora y media y ella pensaba que iba a durar 40 minutos y había suspendido otra audiencia. Le pidió tanto a la fiscalía de Ticheli, como a nuestros abogados defensores, que los fundamentos vertidos hoy en esta audiencia virtual los presentaran por escrito en su despacho. Como dije, fueron realmente enjundiosos los argumentos de nuestros abogados y sinceramente lo del fiscal Ticheli es lamentable. Muestra una filosofía evidentemente que se para desde el punitivismo entre tantos argumentos y aspectos de su fundamentación. Dijo entre tanto que la Señora “encartada”, yo soy la encartada Moyano, con su oratoria incitó a la violencia a las 2 mil ó 3 mil personas que había allí. Por una parte, reconocen que no éramos sólo 70 personas, por otra parte el desprecio absoluto que tiene a la inteligencia de nuestro pueblo, a la capacidad analítica y pensamiento crítico. Es pavoroso decir que el pueblo no piensa, que tiene alguien que lo lleva de las narices, es un argumento sinceramente abominable.
Otra de las cuestiones que dijo es que ante nuestros argumentos, es que uno de ellos es que él resolvió no ha lugar al sobreseimiento sin fundamentar. Entonces el abogado dijo “porque sí, porque se le ocurre”, frente a eso, que si nosotros tenemos un cuestionamiento que hagamos un pronto despacho. Y dale con el tema de la “encartada Moyano”. En un determinado momento le recordó a esta jueza que es la misma que nos tocó en junio de 2021 a raíz del pedido de nulidad de mis abogados defensores de aquel momento, la jueza no ha lugar, no nos dio la nulidad y dijo que se siga investigando. Entonces el fiscal le recordó que ella ya había sentenciado referido a esto. En este caso no es nulidad sino sobreseimiento como para decir” no vuelvas sobre tu paso”. Es lamentable que este sea el fiscal que defiende los intereses del Estado, se supone que los fiscales defienden los intereses de la cosa pública. Como bien argumentaron los abogados pareciera ser que no estábamos viviendo en la república que está establecida en la constitución nacional desde el año 53 a la fecha y por supuesto todos los tratos y pactos internacionales que nos amparan para poder ejercer el derecho a la libertad de expresión y derecho a la protesta. Tanto la abogada como nuestro abogado estuvieron con argumentos muy bien elaborados basándose en el código.
Continuamos como cuarto intermedio en la lucha. Tenemos que lograr que el intendente de Malargüe y su señora esposa la senadora Laferte de la UCR no logren la zonificación minera en Malargüe como tampoco consigan aprobar el proyecto de Cairo y otros, referido al uso de ácido sulfúrico para toda la Provincia de Mendoza, que no pase por la legislatura.
Y desde este viernes el diputado del Pro, Cairo Además de él, aparecen como coautores del proyecto Enrique Thomas, también del PRO; Josefina Canale, del Partido Demócrata Progresista (PDP); y
Guillermo Mosso, del sector del Partido Demócrata (PD) que sigue siendo
aliado del gobierno.
Su proyecto es la autorización del uso del ácido sulfúrico para todo tipo de industria, conculcando lo reglamentado por la Ley 7722.
La propuesta apunta a permitir una sustancia actualmente prohibida y elimina el filtro legislativo.
Esto tiene un objetivo: favorecer el desarrollo de las minas de cobre de toda Mendoza.
Seguimos defendiendo nuestra agua, nuestros bienes comunes y la ley 7722 y seguimos en pie.
No nos amedrentan ni a nosotras ni a nadie.
Vamos contra la criminalización de la protesta social, laboral , ambiental».
Vamos por la unidad de nuestro maravilloso pueblo que sabemos construir nuestra resistencia popular.
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