Centro de esquí El Azufre o la cesión
de soberanía en tierras campesino-
indígenas
Por Oscar Soto y Amalia Ramires, Resumen Latinoamericano, 4 de noviembre de 2022.
El Gobierno de Mendoza cedió 12.300 hectáreas a El Azufre S.A, de capitales extranjeros, para un negocio turístico exclusivo. Por decreto, generó un desalojo de facto, de tierras habitadas por comunidades indígenas y familias campesinas productoras trashumantes de caprinos en una zona con glaciares y nacientes de ríos. El Estado nacional desconoció la cesión y el caso podría llegar a la Corte Suprema.
¿Hacía falta tanta nieve para tapar tanta soberanía? El día 7 de enero de 2022 se dio a conocer la asignación de 12.351,66 hectáreas del denominado «Campo Potreros de Cordillera» en el departamento de Malargüe, a la empresa EL Azufre S.A. Esta sesión se concretó mediante el decreto 2138/21, firmado por el gobernador Rodolfo Suárez y su ministro de Gobierno Víctor Ibáñez, llamativamente el 23 de diciembre, en los últimas días hábiles de 2021. Bajo el pretexto de aprovechar un lugar «prodigioso» para el deleite del turismo de élite en el centro de esquí El Azufre, la provincia concretó una de las mayores entregas de tierras de los últimos años en Cuyo y Argentina.
El territorio denominado “Termas del Azufre” se encuentra a 180 kilómetros de la ciudad de Malargüe dirigiéndose hacia el sur por Ruta Nacional 40 hasta la intersección con la Ruta Nacional 145 —localidad de Las Loicas— empalmando, luego, con la Ruta Provincial 226 en dirección al noroeste. Esa zona es testigo del nacimiento de uno de los brazos del Río Grande: el río Valenzuela. Se trata de un espacio privilegiado por su nieve y sus glaciares, ya que posee un clima frío nival con precipitaciones anuales del orden de los 800/900 milímetros y uno de los ecosistemas más importantes de la región por su alto valor biológico y forrajero.
Cuenta, además, con valles de origen glaciario (El Azufre y El Peñón) que disponen de uno de los ecosistemas más importantes de los Andes Centrales o Áridos. Las «vegas» —valles alimentados por las aguas de los glaciares— habitadas históricamente por comunidades campesinas trashumantes denominadas localmente “puesteros o crianceros”, son utilizadas para el engorde de sus rebaños; su alto valor biológico resalta, inclusive, por estar entre las de mayor tamaño y más productivas de la región. En la cima de estas termas, en el límite argentino-chileno, se ubica el segundo volcán más activo de nuestro país, el Complejo Volcánico Planchón Peteroa, cuya última erupción ocurrió en 2018/19.
Para graficar la irregularidad en la cesión de un territorio que es propiedad del Estado como éste, bastaría mencionar la vulneración de leyes fundamentales, tanto nacionales como provinciales, entre ellas: Ley Nacional de Glaciares (26.639), Ley de Emergencia Territorial Indígena (26.160), las normativas que regulan las áreas y zonas de frontera, y la Ley Provincial de Promoción y Arraigo de Puesteros (6086). A ello se deben sumar tratados y declaraciones internacionales como la Declaración de los Derechos Campesinos a instancias de Vía Campesina en la Organización de Naciones Unidas.
La empresa El Azufre S.A promueve un megaproyecto inmobiliario y turístico que promete una inversión de 200 millones de dólares a la provincia y generaría 700 puestos de trabajo. Este consorcio internacional, fue creado hace cuatro años, por entonces con un capital accionario de solo 100.000 pesos. En sus objetivos estatutarios incluye negocios inmobiliarios y quienes la integran son Daniel Alejandro Nofal, Alejandro David Spinello y José Ignacio Beccar Varela. Nofal tiene una trayectoria corporativa relacionada al marketing y la comunicación con empresas vinculadas al Grupo Clarín y los Beccar Varela, entre otras actividades, poseen un estudio jurídico y un negocio inmobiliario dedicado a transacciones de grandes propiedades. Todos, además, de excelente relación con la embajada y partidos norteamericanos.
Con un decreto, El Azufre vulnera los derechos campesinos e indígenas
La situación de los campos en cuestión ha sido objeto de acuerdos desde la década del sesenta del siglo pasado, cuando la Nación otorgó a la provincia la posesión del campo bajo ciertas condiciones de colonización. Según lo detalla Cesar Ferrer González, integrante de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST), en el año 1991 la Provincia celebró un acuerdo con la Oficina Nacional de Frontera que ratificó mediante el Decreto 2868, allí se dejó sentada la obligatoriedad de hacer la mensura de los campos a favor de los puesteros. Los planes de colonización y arraigo han reconocido la posesión a un grupo de puesteros que en la actualidad son los legítimos poseedores del Campo Potrero de Cordillera.
Sucede que recién en abril 2019, varios años después, se publicaron los edictos —en el diario Los Andes— para la realización de la mensura de 12.600 hectáreas en el Campo Potrero de Cordillera. Aún más significativo es que tres años después se lograra dicha mensura bajo el N° 19.4363, aprobada por la Dirección General de Catastro. El acceso a la posesión de dos puesteros fue la causa de que estos titulares con derechos posesorios, cedieran días después sus derechos como legítimos ocupantes a El Azufre S.A. La empresa devino en “cesionaria” de los derechos posesorios, por lo que podría usufructuar las 12600 hectáreas de tierra. Lo cierto es que no existe, hasta la fecha, información sobre aquella transacción.
Por su parte, el decreto del gobernador Suarez omite leyes como la N° 8051 y la N° 8999 que establecen los lineamientos jurídicos de ordenamiento territorial tanto en la provincia y como en los municipios. Pero sí da potestad al Ministerio de Hacienda y Finanzas, a cargo de Víctor Fayad, para accionar en el conflicto de la mensura: de fondo, las razones que se esgrimen para favorecer la cesión gratuita de tierras a una empresa de capitales privados extranjeros, son las que se usaron para justificar el arraigo de puesteros y la colonización de tierras en el marco de un desarrollo local en los años ´90.
La mensura de estas tierras comenzó en diciembre de 1993, por entonces la Provincia de Mendoza en conjunto con la Unión Crianceros de Malargüe, convinieron el fraccionamiento del “Campo Potrero de Cordillera” para un grupo de 20 familias puesteras. La causal del uso de estas tierras —por la que la Nación habilitaba a la Provincia— recaía en la obligación de garantizar una mejoría en la calidad de vida de puesteros y la viabilidad económica de su usufructo territorial. Sin duda, este argumento de arraigo de familias campesinas e indígenas no sería trasladable en nada a este gigante de las pistas de esquí.
Mientras tanto, la reciente propuesta de Ordenamiento Territorial del departamento de Malargüe, impulsada por la actual gestión —sin haber respetado los niveles de participación ciudadana que establece la Ley de Ordenamiento Territorial de Mendoza (Ley 8051/09)—, promueve el proyecto, utilizando la planificación para avalar este tipo de emprendimientos.
Las pretensiones de organización espacial que el municipio de Malargüe ha esbozado en la actual gestión del Intendente Juntos por el Cambio Juan Manuel Ojeda dan cuenta de cómo ha crecido el lobby político y empresarial sobre esos espacios en los últimos años: «La creación de polos y corredores (…) entre estos polos se destacan polos productivos especializados, tales como el ‘Corredor Turístico de Valles’: dentro de este corredor debe atenderse la próxima creación del centro de esquí «El Azufre«, reconoce la propuesta del jefe comunal. Huelga decir que el desarrollo turístico a escala local, que respete y equilibre las dimensiones económica, social y ambiental de manera consensuada y participativa, siempre ha sido una alternativa válida para este territorio.
Siguiendo algunas intuiciones del integrante de la UST Ferrer González, todo parece indicar que a partir de la asignación, la empresa podría intensificar sus actividades demandando más recursos y generando más impacto sobre el ambiente. Para muestra basta un botón: desde el momento inicial de la entrega, comenzó la apropiación de facto de aguas de vertiente perteneciente al Lof Butamallin, ubicado en ese espacio ancestral. Es más, el impacto de las vegas ya se hace evidente, no solo se ha modificado parte de la traza del río Valenzuela, a partir de la construcción de un puente que afecta directamente un sector de las vegas, sino que, de continuar estas intervenciones sin ningún tipo de control, el daño en este ecosistema puede ser irreversible. Lo llamativo es que la empresa modifica de hecho la estructura geográfica del lugar, sin tener siquiera una evaluación de impacto ambiental, obligatoria en estos casos.
Ahora bien, esta entrega no solo pone en cuestión el reflejo soberano que conserva el alicaído aparato estatal en los espacios rurales nacionales —se trata de un inminente ocupación privada transnacional en una naciente de agua, vital para el futuro de las poblaciones locales e incluso para la sostenibilidad regional y nacional—; también evidencia la persistencia de un racismo visceral que al momento de asignar tierras acostumbra a dejar de lado el derecho territorial de pueblos originarios preexistentes.
Las comunidades indígenas y campesinas tienen facultades posesorias por normas de mayor jerarquía que un decreto, además de razones de índole histórico. Al fin y al cabo, hacer una pista de aterrizaje en áreas de frontera, como trascendió sobre el helipuerto construido para garantizar el turismo de boutique, conjuga la entrega de soberanía territorial con la resignación de un medio de subsistencia campesina fundamental.
«Campo Potreros de Cordillera», tierra de puesteros
La movilidad de la residencia familiar del campesinado malargüino, ligada a la actividad caprina que procura los valles de altura cordillerana, es reconocida como una práctica milenaria de traslado de la invernada a la veranada, en tanto apropiación espacial de la naturaleza por parte del puestero. La trashumancia al sur de Mendoza constituye una forma de sociabilidad milenaria, ligada tanto a la movilidad y el desplazamiento como a la ocupación respetuosa del territorio y los bienes comunes. Si atendemos a la principal actividad de la ruralidad malargüina, es el puestero el sujeto que predominantemente habita el territorio local. Según el Registro Único de Puesteros de la provincia, los puestos de veranada en ese espacio, son alrededor de 14 familias de campesinos e indígenas que se diseminan por el valle Potreros de Cordillera.
La veranada es una de las etapas del ciclo de trashumancia con el que se crían los chivos del sur de Mendoza, producción que se destaca por ser mayoritariamente campesina y porque Mendoza ocupa el segundo lugar nacional con más de 800 mil cabezas caprinas. En el verano los crianceros arrean sus piños hasta los potreros cordilleranos y luego, en el inicio del otoño, retornan a los campos de invernada donde se encuentran sus casas en los valles cordilleranos o el llano.
Se trata de una actividad hecha de espaldas a los circuitos productivos hegemónicos, con escasos uso de tecnología, bajo la forma de pastoreo continuo a campo abierto y con rotación a gran escala. La trashumancia es comunitaria y es también un trabajo compartido, contra ciertas razones que se esgrimen para relativizar la presencia de puesteros en el lugar, se trata de una relación móvil con el espacio que data de tiempos inmemoriales.
En los registros de la provincia se contabilizan, desde hace 30 años, unas 3500 familias campesinas dedicadas a la cría de cabras, pese a ello, la Federación de Cooperativas Campesinas y de la Agricultura Familiar (FECOCAF), articulada al trabajo de la UST, con 44 grupos de base en 14 departamentos de Mendoza, estima que hoy esas familias se multiplicaron, existiendo hasta cuatro grupos familiares donde antes había uno solo.
Mientras en menos de un año la empresa El Azufre logró esta adquisición, organizaciones como la UST, perteneciente al Movimiento Nacional Campesino Indígena- Somos Tierra (MNCI-Somos Tierra) acumula reclamos que involucran a un centenar de familias campesinas sin poder concretar la regularización dominial de sus espacios vitales.
Por su parte, la organización indígena Malalweche ha solicitado información pública, sin tener respuesta, tanto al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, el Ministerio de Defensa de Nación, Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de Mendoza, así como al Departamento General de Irrigación y Fiscalía de Estado de Mendoza. Basándose en normativa existente como los artículos 75 inciso 22 y 41 de la Constitución Nacional y tomando como referencia los artículos 18 de la Ley 25.675 y 2 de la Ley Provincial N° 9070, la organización ha hecho pública la presencia de tres comunidades reconocidas por INAI y el Estado provincial en ese valle montañoso.
Los interrogantes y los silencios sobre el conflicto con El Azufre
La situación actual describe la inercia estatal y las complicidades locales con grupos económicos de mucha permeabilidad. Pese a que el gobierno nacional a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) denunció a la empresa por ocupar ilegalmente tierras estatales que son de dominio de la Nación, la demanda recayó en el juzgado federal de San Rafael, a cargo de Eduardo Puigdéngolas, quien se declaró incompetente para dirimir en el conflicto. Por lo pronto, el Ministerio Público acompañó el pedido de traslado de competencia para que la demanda sea tomada por la Corte Suprema.
Así las cosas, todo parece transitar rápido para aquellos intereses foráneos y lento para las familias del campo. De hecho, es lícito pensar que ha habido ya un desalojo de facto, ¿cómo es que la empresa sigue avanzando con habilitaciones precarias que les otorga solo una jurisdicción como la municipal? Llama poderosamente la atención que se haga una mensura en un espacio protegido por una ley: los glaciares son bienes de dominio público. Allí existe de mínima una contradicción flagrante entre la mensura y el dominio de esos grandes ventisqueros. Aún más revelador es que la mensura llega hasta el volcán Peteroa.
Si ocurriera una erupción, ¿quién se haría cargo del problema ambiental? ¿El Estado? ¿Será el Estado el que socorra a un privado de estas características? Este conglomerado de capitales extranjeros se queda, en un chasquido de dedos, con el volcán, con los glaciares, con las nacientes del Río Grande. No obstante, si le faltara algo a este drama, arriesgamos una hipótesis más: este territorio es un enclave de riqueza minera, ¿habrá otros intereses futuros allí?
El «Campo Potreros de Cordillera», como su nombre lo indica, ha sido utilizado como potrero por generaciones enteras de familias campesinas e indígenas. Es además zona de frontera, ya que una gran extensión del mismo limita con Chile. No solo la falta de políticas públicas para proteger la agricultura familiar, campesina e indígena socava los modos de vida y la soberanía alimentaria de la población, también el accionar sigiloso y efectivo de los gobiernos locales y los grupos económicos con pie de barro, atentan contra el resguardo de nuestros bienes comunes.
La vida puestera es una cultura ancestral en la región cuyana y patagónica, inseparable del territorio. Allí se producen alimentos sanos y se sostiene una forma de estar en la tierra y aseguran la soberanía alimentaria de la sociedad. En todo caso, se trata de una forma de producción y de relaciones sociales, es decir, una cultura. Para el mundo rural malargüino, el territorio es vida y forma parte de su identidad, a través de una relación de pertenencia recíproca y cuidado de generación en generación.https://www.youtube.com/embed/MixnGUUwsy8?feature=oembed
(*) Politólogo y docente Universidad Nacional de Cuyo / CEFIC – Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra MNCI- Somos Tierra
(**) Profesora en Enseñanza Media y Superior en Geografía y Máster en Ordenamiento Territorial. Universidad Nacional de Cuyo / Asamblea por los Bienes Comunes de Malargüe.
Fuente: Agencia Tierra Viva
Nueva ley para situaciones de
violencia de género: ¿purple
washing o respuesta “real”?
Por Anabella Antonelli y Nadya Scherbovsky, Resumen Latinoamericano, 4 de noviembre de 2022.
El 27 de octubre, el Senado aprobó una ley que incorpora al Programa Médico Obligatorio (PMO) la atención integral a personas que viven situaciones de violencia de género. El proyecto fue impulsado por doce legisladoras de distintos bloques, aunque se lo conoció con el nombre de la senadora cordobesa Alejandra Vigo, representante de una provincia donde las políticas de género y el cumplimiento de la legislación vigente encuentran serios obstáculos. Conversamos con dos activistas feministas que brindan su opinión al respecto.
La semana pasada, la bancada cordobesa ocupó los portales nacionales con la aprobación de una ley presentada en Diputados en 2020 y votada por unanimidad en la Cámara de Senadores el jueves 27 de octubre. La normativa obliga a las obras sociales, prepagas y prestadores de salud a garantizar cobertura total y atención integral a personas en situación de violencia, asegurando prácticas preventivas y terapéuticas médicas, psicológicas, psiquiátricas, farmacológicas, quirúrgicas y todo tipo de atención necesaria o pertinente.
Surgen dudas al respecto: ¿estas prestaciones no están garantizadas en otras normativas? ¿Es una legislación que realmente va más allá del “purple washing” si la impulsa la misma senadora que, por ejemplo, votó en contra de la Ley de Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo? ¿Acaso no se trata del mismo partido que gobierna Córdoba y que, entre otras cosas, achicó el presupuesto destinado a las políticas de género para 2022?
Mayca Balaguer, coordinadora de Asuntos Legales y de Géneros y Diversidad Sexual de Fundeps, en diálogo con La tinta, señala que celebra la implementación de políticas públicas que busquen prevenir y erradicar la violencia de género en todas sus formas. “Es fundamental contar con una norma que reconozca la necesidad de que quienes padecen estas situaciones accedan a servicios integrales de salud en el sistema de la seguridad social y que estos servicios cuenten genuinamente con la capacidad de comprender y abordar de forma adecuada las complejidades características de estos casos”, afirma.
Ante las cifras alarmantes de femicidios, la violencia más extrema y la más visible, “contar con cada vez más mecanismos para su erradicación, para asistir a las víctimas antes de que sea demasiado tarde es, sin dudas, necesario. Pero, ¿qué sucede con las violencias que no son visibles? Nos preguntamos inevitablemente: ¿cuáles son las prioridades? ¿Qué pasa con las personas que no tienen este tipo de cobertura? ¿Qué políticas públicas se están pensando para otros sectores?”, agrega la abogada.
El Observatorio Mujeres, Disidencias y Derechos MuMaLá – Mujeres de la Matria Latinoamericana reportó que, desde el 1 de enero al 30 de octubre de 2022, se produjeron 329 muertes violentas de mujeres, travestis y trans, de las cuales 196 son femicidios. El 47% tenía orden de restricción de contacto o perimetral, y el 17% contaba también con botón antipánico. Se registraron, además, 348 intentos de femicidios, travesticidios y transfemicidios. Un dato resulta especialmente alarmante: en octubre, hubo 27 femicidios en todo el país, 12 más que en septiembre, es decir que aumentó en casi el 50%.
Fuente: La tinta
«Los aplaudían en pandemia y
ahora los olvidan»: sobre la lucha
de residentes y concurrentes
Resumen Latinoamericano, 4 de noviembre de 2022.
La lucha de los trabajadores continuará la próxima semana, el lunes habrá postas de salud y asambleas en todos los hospitales por la mañana; y el martes se realizará una movilización desde el Obelisco hacia Bolivar 1 (sede del Ministerio de Salud de la Ciudad).
Reclaman por un salario que alcance a cubrir la canasta familiar que supera los $200.000. Desde la Asamblea de Residentes y Concurrentes de CABA destacan que han arrancado un aumento para los residentes, con una oferta de $440 la hora (de $300 anteriores), pero que el gobierno ignora la situación de los concurrentes.
El gobierno de la Ciudad se niega a recibir a la Asamblea de Residentes y Concurrentes, y la orientación de Quirós es responsable del colapso de los 33 hospitales públicos y 45 Cesac de la Ciudad.
La medida se dio en el marco del noveno paro consecutivo ante la intransigencia de Larreta y Quirós. A quienes se nuclean en la Asamblea de Trabajadores Residentes y Concurrentes CABA y van por su sexta semana, se le sumaron el personal de planta nucleado en la Federación de Profesionales. Luego se movilizaron al Ministerio de Salud porteño a cargo de Fernán Quirós.
La Izquierda Diario realizó la pregunta ¿qué opinás del reclamo de los trabajadores de la salud?, comenzó una lluvia de apoyos y solidaridad para con ellos y ellas. “Me parece muy justo, ellos merecen uno de los mejores sueldos de la Argentina”, “Antes los aplaudían, ahora los olvidan”, “Me parece excelente, deberíamos unirnos para apoyarlos porque gracias a ellos trabajamos durante la pandemia y lo seguimos haciendo”, fueron algunas de las respuestas.
Una de las entrevistadas decía: “Ellos están en todo su derecho a reclamar y me parece perfecto que hagan esto”, esta declaración dialoga mucho contra la posición del movimiento antipiquete de los libertarios, a tal punto, que ni hablan del tema, tampoco se los ve. La Marea Blanca crece y el reclamo contagia al resto de los trabajadores, por lo que las conducciones de los sindicatos tuvieron que empezar a responder ante sus bases.
Otro entrevistado sostenía que “al sacarle presupuesto a la salud, estás dejando al pueblo sin salud, no solo a los médicos”. Se hace visible, cada día más, el vaciamiento de la salud pública y la sociedad está tomando conciencia de la situación, por esto, otra respuesta fue: “A partir de la pandemia, tenemos que tener más conciencia con este tema”, el vaciamiento es una realidad que también afecta la atención de las y los pacientes.
“El problema no es económico, sino político”, argumentaba una de las presentes. Tal como lo exponía una trabajadora de la salud: “Mientras que al FMI se le sigue pagando, tanto Macri como este gobierno, siempre se sigue ajustando a la clase trabajadora”. Otro entrevistado decía que “esto tiene que ver con el acuerdo con el FMI y con respecto a los achiques, los perjudicados siempre son los laburantes”.
Melina, residente del hospital Elizalde explicó que el reclamo comenzó porque los gremios habían firmado una paritaria a la baja y a espaldas de las y los trabajadores y que “con menos de lo que vale la canasta familiar, no se puede vivir”. Otra profesional no médica, agregó que estaban ahí, apoyando en principio, a los residentes y concurrentes, pero además “hay trabajadores no médicos y de otras especialidades, kinesiólogos, enfermeros, etc, y somos los que sostenemos la salud pública”, que también están manifestándose con sus reclamos. Básicamente exigen recomposición salarial y luchan contra el vaciamiento en la salud.
Esta marea está contagiando a las y los trabajadores de los hospitales Garrahan, Posadas, a los hospitales de las provincias y también a las y los residentes de la misma, ya que “cuando cobraron el sueldo, se dieron cuenta que a ellos tampoco se los reconoce y que están, incluso en situaciones peores por el nivel de vaciamiento extremo que hay en la provincia de Buenos aires”.
Otra profesional no médica decía que hace 20 años que trabaja en salud y que la emocionaba la movilización, “nunca vi algo así”, también hizo hincapié en la unidad de todos los sectores junto a las y los usuarios. Agregó: “Hay que felicitar a los pibes porque la juventud siempre está por delante nuestro”.
Fuente: Izquierda diario
8N Paro y movilización de médicos
y trabajadores municipales de CABA/
Pluriempleo y desgaste: ¿Por qué
lxs residentes piden recomposición
salarial?
Resumen Latinoamericano . 4 de noviembre 2022
8 de noviembre. Paro y movilización
El 8 de noviembre la Asociación de Médicos Municipales convoca a un paro de 24 horas con movilización en reclamo de una inmediata revisión de la paritaria salarial.
Nuestro gremio exige un salario inicial no menor a $200.000 de bolsillo para todos los profesionales de la salud.
Este paro se realiza en conjunto con la Federación de Profesionales de la Salud y Sutecba en defensa de nuestros derechos y de la salud pública, que atraviesa una crisis a causa de una política sanitaria que no contempla las necesidades de las instituciones de salud ni de sus trabajadores ni de los pacientes.
Por otra parte, la AMM emitió un comunicado conjunto con la Federación de Profesionales Y Sutecba en donde sostienen: “Las organizaciones que representan al conjunto de Trabajadoras/es pertenecientes al Ministerio de Salud de CABA en su conjunto exigimos una revisión inmediata de la Paritaria salarial y la resolución de los temas pendientes de cada organización elevados oportunamente sin resolución a la fecha. Por lo expuesto decretamos paro el día 8 de noviembre y Movilización, con la garantía de las guardias cubiertas de los servicios correspondientes”.
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La justicia ordenó a la CABA reconocer a trabajadores de enfermería como profesionales de la salud
En un fallo contundente, la jueza porteña López Vergara dio lugar al reclamo de trabajadores y trabajadoras de la salud y reconoció que la discriminación del ejecutivo porteño es inconstitucional.
Después de tantos años de lucha, marchas, paros y movilizaciones la justicia porteña le dio la razón a los trabajadores y trabajadoras del sector, y ordenó al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que la enfermería debe ser incluida dentro de Ley de Profesionales de la Salud. Este viernes, el Juzgado de 1ra instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 6 secretaría N°11, a cargo de la jueza Dra. Patricia Graciela López Vergara, sentenció el Gobierno de la Ciudad debe reconocer por orden judicial a los Licenciados en Enfermería dentro de la Ley 6035 de Profesionales de la Salud de CABA.
“Lo importante es que después de tanto esfuerzo y toda la lucha, avanzamos en el reconocimiento de nuestras demandas para que se hagan respetar nuestros derechos laborales”, manifestó a Tiempo el Licenciado en enfermería y delegado del Hospital Durand, Héctor Ortiz. “igualmente vamos a seguir con la medida de fuerza del martes próximo porque nuestra profesión sigue siendo una de las más precarizadas y maltratadas en la Ciudad de Buenos Aires”, agrega.
El fallo judicial responde a una presentación realizada por la Asociación Trabajadores del Estado contra GCBA, a través del Secretario General del Consejo Directivo de Capital Federal –Daniel Adolfo Catalano–, con el patrocinio letrado de los Dres. Lucas Adrián Arakaki, Eliana Elizabeth Bagnera y Matías Francisco Lanchini, y promueve acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 6 y 7 de la ley n° 6.035.
Foto: Hernan Foulliet / ARGRA
«Estamos muy felices porque acabamos de dar un paso enorme. Después de acampes, paros, marchas, festivales, ruidazos y decenas de protestas, ¡ganamos el amparo en el cual, la jueza declara la inconstitucionalidad de la exclusión de la carrera de Licenciatura en Enfermería de la Ley 6035!”, exclama Andrea Ramírez, enfermera del Hospital Ramos Mejía y presidenta de la ALE (Asociación de Licenciados en Enfermería). “El fallo ordenó al Gobierno de la Ciudad a aplicar el régimen de los Profesionales de la Salud a los Licenciados de Enfermería, hasta tanto ordenen ellos la inclusión en la carrera. Es decir, nos van a hacer extensivo todo el régimen previsto en la Ley de los Profesionales de la Salud a todos los licenciados en enfermería, por entendernos profesionales».
El fallo la jueza es contundente, coincide con el reclamo del sector, que “las tareas efectuadas por las licenciaturas aquí representadas son propias de Profesionales de la Salud, por lo que deben escalafonárseles en dicha carrera profesional por aplicación del principio de primacía de la realidad”. Además ordena la inclusión a la Ley del resto de las profesiones que fueron expulsadas por el ejecutivo porteño en 2018: “Las Licenciaturas en Enfermería, Producción de Bioimágenes y Psicomotricidad tienen derecho a estar incluidas en la Carrera de Profesionales de Salud de conformidad con lo resuelto en el apartado C de esta sentencia. Por lo cual, las diferencias apuntadas recrudecen la discriminación consumada en la ley N° 6.035”, agrega la jueza.
Asimismo la magistrada también da por tierra “la nueva Carrera de Profesionales de Enfermería denominada CAPE creada por las actas n° 04/2022 y 19/2022 del 30/08/2022 que ni siquiera tiene definidas sus pautas de regulación (es decir que se ha creado una carrera vacía de contenido al día en que se dicta esta sentencia) modifica la conclusión antes arriba de que estas carreras intensifican la discriminación consumada en la ley n° 6.035”.
“Hoy es un día de festejos para toda la enfermería, es un día de justicia. Acaban de confirmar lo que nosotros venimos diciendo desde hace años. Ya sabemos que Larreta y Quirós van a apelar este fallo, pero la ganamos, y tarde o temprano el gobierno de la Ciudad va a tener que acatar esta orden judicial”, dijo a Tiempo Cristian Acosta Licenciado en enfermería, integran de SITRE (Sindicato de Trabajadores y trabajadoras de Enfermería).
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Pluriempleo y desgaste: ¿Por qué lxs residentes piden recomposición salarial?
El reclamo de residentes y concurrentes en CABA transita la séptima semana. En tanto, frente a la falta de escucha del Gobierno porteño, llevan a cabo un paro por tiempo indeterminado. La kinesióloga residente Antonela Zanier dialogó con Infonews y detalló los motivos del conflicto y cómo es poner el cuerpo en el día a día con salarios precarios.
Por Rocío Bao
Lxs residentes y concurrentes continúan de paro frente a la falta de escucha y respuestas por parte del Ministerio de Salud porteño, al que asistieron infinidad de veces para ser parte de la discusión paritaria, poner en la mesa su cotidianidad laboral y despejar dudas sobre lo evidente: sus salarios rondan los 120 mil pesos mensuales que, traducido a la cantidad de horas volcadas en el hospital, el tiempo otorgado a lo académico, las guardias, las 36 y hasta 48 horas, resumen su sueldo a un equivalente de entre 300 y 350 pesos la hora. Lxs concurrentes directamente trabajan gratis y no tienen ART.
Entonces el reclamo se torna claro: «Pedimos una recomposición salarial», explica a Infonews la kinesióloga residente Antonela Zanier, y detalla los motivos del reclamo: «En mi caso, estamos entre las 6.30 y las 7.30 am en el hospital con jornadas súper extensas, también cubrimos guardias de 24 horas, muchas veces trabajamos hasta 36 e incluso 48 horas, cubrimos los fines de semana, y obviamente con los salarios bajos que tenemos, tenemos que tener otros trabajos. En mi caso, también soy docente y atiendo pacientes a domicilio. Es una cuestión de pluriempleo porque realmente no llegamos a fin de mes. Es imposible solamente vivir de la residencia, y aunque físicamente no te da el cuerpo ni el tiempo, tenés que hacerte el espacio, trabajar en tu día libre y además de todo eso, nosotros tenemos que cubrir una parte académica, porque dentro del reglamento de la residencia, un 30% de nuestro tiempo tiene que ser académico, con lo cual, si no tenemos ese tiempo en el hospital tenemos que llevar ese trabajo a nuestra casa. Para poder estar al día también en ese aspecto, muchas veces es ir a trabajar sin dormir».
Este viernes se cumplen once días en que residentes y concurrentes realizan el paro como medida de fuerza y con una intensa búsqueda de diálogo con las autoridades porteñas, mientras se organizan en la asamblea de la salud, y remarcan: «Queremos volver al hospital, a atender a nuestros pacientes, pero para eso necesitamos que el Gobierno nos de una solución al conflicto».
Ayer se movilizaron desde el Obelisco hacia el Ministerio de Salud porteño y resolvieron en asamblea sostener el paro por tiempo indeterminado. En tanto, hoy a las 13 darán una conferencia de prensa en la Plaza de Mayo.
Antonella explica que desde el gobierno de CABA «se han comprometido a darnos una respuesta luego de este plazo de 96 horas y no nos llegó ninguna convocatoria. Fuimos un montón de veces hasta Bolívar 1 a pedir, presentando la documentaicón correspondiente a través de cartas y mails. Nosotros la verdad que intentamos seguir los pasos correspondientes a través de todas las vías de comunicación para poder pedir esta reunión y poder ser parte, poder expresar qué es lo que está pasando con la situación de concurrentes y residentes y no nos están escuchando«.
En ese sentido, sostiene que tanto residentes como concurrentes son «una parte esencial» de la discusión entre el gremio y las autoridades porteñas, ya que son «el cuerpo trabajador que sabe mejor que nadie» el día a día laboral.
Por ello, considera que «un arreglo justo sería poder tener una recomposición salarial del 100%. Nosotros ganamos alrededor de 120 mil pesos por mes, que parece que está bien, pero cuando lo dividís, estamos ganando entre 280 y 350 pesos la hora, es muy poco. Entonces, lo que logró hacer el gobierno es simplemente adelantar las paritarias, que se traduce en ganar entre 400 y 450 pesos la hora, que sigue siendo poco, mientras que nosotros lo que estamos pidiendo es una recomposición, que nuestro salario pase a ser de 250 mil pesos en mano. Por otro lado, quiero aclarar que no es un tema de inflación, porque sino eso se solucionaría en paritarias, nosotros estamos pidiendo otra cosa, el reclamo es recomposición y salario, y ART para los concurrentes, que son trabajadores que hacen exactamente lo mismo que nosotros pero van menos horas quizás y trabajan gratis, no tienen un sueldo y ni siquiera una cobertura o seguro. Queremos poder cobrar en base al trabajo que hacemos«.
Realizaron una acción Plurinacional
contra el extractivismo y la represión
en el Congreso
Resumen Latinoamericano, 4 de noviembre de 2022.
Fotos: Resumen Latinoamericano
Se llevó adelante este viernes 4 de noviembre en el marco de un nuevo Atlanticazo en comunidades costeras y en ciudades de todo el país en contra el avance del extractivismo y para exigir el tratamiento y sanción de la Ley de Humedales. En la Ciudad de Buenos Aires, se realizó una volanteada y semaforazo en el Obelisco y después fueron al Congreso .
Desde la Coordinadora Basta de Falsas soluciones denuncian «mientras el gobierno nacional junto al ministerio de ambiente presentan un discurso verde lleno de proyectos de mitigación para frenar el cambio climático, el verdadero proyecto, el del terricidio sin límites, el que nos está dejando sin monte, sin humedales, sin bosques, con el agua llena de venenos, con el aire que cada vez es más irrespirable, el de la persecución y represión a las comunidades indígenas, el de los desalojos violentos en los que no les importa mandar a la policía a maltratar a mujeres y niñes, NO PARA»
Desde la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones sostienen que ningún plan de mitigación será posible si no FRENAN YA los negocios del extractivismo que sólo benefician a las empresas que los llevan adelante. Parar este #ecocidio también depende de nosotres, de nuestro compromiso, de la presión social que ejerzamos sobre nuestros gobernantes.Creemos que la calle sigue siendo el lugar donde hay que resistir y sostener la lucha, por eso te invitamos a acercarte a las convocatorias de cada territorio para que puedas informarte de lo que está pasando y sumarte a activar.
Documento de las Asambleas ambientalistas:
Jornada plurinacional de lucha antiextractivista
Hoy un nuevo ATLANTICAZO se expresa en las calles, para celebrar que la lucha de las Comunidades Costeras, en conjunto con otros territorios, ha logrado detener una vez más el avance del proyecto petrolero costa afuera.
Esta ACCIÓN PLURINACIONAL surgió como iniciativa del 35° Encuentro Plurinacional de mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales y no-binaries celebrado en octubre, en la ciudad de San Luis, del cuál participamos como asamblea. Y es reflejo de la resistencia que se viene gestando desde hace muchos años contra el extractivismo, a lo largo y ancho de nuestro país y de toda Latinoamérica.
Por eso, volvemos a gritar que nuestros territorios y nuestros cuerpos NO SON ZONAS DE SACRIFICIO. Los pueblos nos unimos para resistir al despojo colonial que intentan seguir imponiéndonos con los mismos argumentos falaces sobre progreso que repiten desde hace siglos.
Queremos dejar en claro que el megaproyecto petrolero involucra a todo el mar argentino y no sólo a la costa de Mar del Plata.
En el año 2018, durante el gobierno de Macri, la Secretaría de Gobierno de Energía llamó a Concurso Público Internacional para la adjudicación de permisos para la búsqueda de hidrocarburos en 14 áreas de la Cuenca Argentina Norte, 6 áreas de la Cuenca Austral y 18 áreas de la Cuenca Malvinas Oeste.
Durante el año 2019 fueron otorgados 18 bloques, más el CAN 100 adjudicado directamente a YPF, que en 2020 compartió titularidad con Equinor y Shell. Éstas 19 áreas se extienden por cientos de km en nuestro mar, con la posibilidad de afectar de manera irreversible al ecosistema marino.
El pasado 18 de octubre, el Juzgado Federal N°2 ratificó la medida cautelar emitida en febrero, alegando que no se cumplieron todos los requisitos solicitados por la Cámara Federal de Apelaciones en el mes de junio. El gobierno y el lobby pro petrolero no pudieron demostrar que no habrá daños irreparables sobre los ecosistemas marinos, por lo que la actividad sísmica sigue suspendida en tres bloques de la cuenca norte: 100, 108 y 114.
Denunciamos que aún así, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación continúa llamando a nuevas Audiencias Públicas no vinculantes, que involucran distintas áreas marítimas adjudicadas a las corporaciones petroleras en la costa bonaerense y patagónica.
En octubre realizaron una Audiencia para tratar el proyecto presentado por EQUINOR por el Pozo exploratorio Argerich, y por otro lado, llamaron a una nueva audiencia para avanzar en un bloque que se encuentra frente a las costas de Tierra del Fuego.
Como vemos, es clara la intención del gobierno de profundizar la política
extractivista, rifando nuestros bienes comunes a cambio de unas magras regalías, ignorando los desastres ambientales que dejan a su paso y condicionando el destino de las generaciones futuras, y de cada ser que habita el planeta. Nos prometen desarrollo económico y trabajo, pero sabemos que lo único que se puede derramar con un proyecto petrolero es contaminación, pobreza e injusticia social. Es la cruda realidad que se vive a lo largo y ancho de Latinoamérica con los proyectos de saqueo implementados por las corporaciones extractivistas.
Nos prometen desarrollo económico y trabajo, pero sabemos que lo único que se puede derramar con un proyecto petrolero es contaminación, pobreza e injusticia social. Es la cruda realidad que se vive a lo largo y ancho de Latinoamérica con los proyectos de saqueo implementados por las corporaciones extractivistas .
Del 7 al 18 de noviembre, en Egipto, se celebrará la 27° COP (Conferencia de la ONU sobre sobre el Cambio Climático) ¿Firmarán una vez más acuerdos que no piensan cumplir?
El sistema capitalista se aferra con uñas y dientes al uso de fuentes de energía altamente contaminantes, porque sin ellas no puede sostener este ritmo de producción y consumo. Por eso, más allá de las recomendaciones científicas, se siguen extrayendo hidrocarburos del subsuelo, con métodos cada vez más extremos y costosos, y se continua alimentando una maquinaria industrial militar que haga mover la rueda del capital.
No nos extraña entonces, que desde los espacios gubernamentales no se resuelva un plan serio para avanzar sobre la reducción de la extracción y uso de energías fósiles. Mientras se juntan a discutir sobre el cambio climático, siguen pagando la deuda externa con ecocidio y firman acuerdos para sostener la entrega diagramada con el plan IIRSA. Se disfrazan de capitalismo verde, ostentan una “moral ambientalista” pero a nuestras espaldas mercantilizan los bienes comunes en beneficio de unos pocos.
Ante estos hechos innegables denunciados por la comunidad científica, por las comunidades de pueblos originarios, por asambleas socioambientales y organizaciones sociales y políticas de todo el territorio, nos organizamos para seguir dando pelea a los planes de saqueo y muerte. Salimos a las calles con la convicción de que nos merecemos una vida digna en un territorio libre, y que la única salida ante tanta devastación, es colectiva.
Los gobiernos reprimen, judicializan y persiguen la resistencia de los pueblos y a les luchadores socio ambientales, intentando callar las voces que defienden los territorios.
Sin embargo, su violencia no logra silenciarnos ni invisibilizar nuestro reclamo. Por el contrario nos multiplicamos, y hoy nos encontramos en una misma acción conjunta en Miramar, necochea, partido de la costa, trelew, puerto madryn, Rawson, Bolsón,Trelew, las grutas, Rosario y Buenos Aires.
Somos muchxs resistiendo contra el extravismo. En chaco y misiones, avanzan con el desmonte, nos estamos quedando sin monte nativo. Lo mismo en córdoba, donde el capital inmobiliario vale más que el oxígeno de los bosques y una autovía vale más que la comunidad afectada. En río negro con el hidrogeno verde, nos quieren vender una salida ecológica que está destruyendo el territorio. En neuquén están sufriendo con sismos, con pérdida de la producción frutal, a costa de la expansión del fracking en vaca muerta. Santa Fé, Buenos Aires, y en muchos rincones de nuestro país el agronegocio nos está intoxicando con las fumigaciones y las quemas de humedales. En La rioja, catamarca siguen insistiendo con la minería, aunque ya dijimos los pueblos que la mina contamina, y que el agua vale más que el oro, la plata y el litio.
El ATLANTICAZO se expande porque no conoce fronteras. Sigue brotando y resistiendo en cada rincón de nuestro territorio y, como la memoria impresa en la semilla, rebrota los 4 de cada mes para recordarnos que la VIDA insiste a pesar de todo. Seguimos uniendo fuerzas para detener estos proyectos. Elles quieren manchar el mar, pero nosotres no les dejaremos avanzar!!
Somos mar, somos tierra, somos aire, somos agua, somos monte, somos naturaleza que se defiende!
Por eso decimos una vez más:
¡NO QUEREMOS SER UNA CIUDAD PETROLERA! EL MAR NO SE MANCHA!
EL PUEBLO DE CHOYA RESISTE, NO A LA MINA!!
BASTA DE REPRESIÓN Y JUDICIALIZACIÓN DE LAS LUCHAS!! LIBERTAD A LAS PRESAS POLÍTICAS MAPUCHE !!
Fallo judicial reconoce a Enfermería
dentro de la Ley de Profesionales
de la Salud
Por RedEco, Resumen Latinoamericano, 4 de noviembre de 2022.
Desde la Asociación de Licenciados en Enfermería (ALE) informaron que la justicia dio a conocer lo que califican como un “fallo histórico”. Se exige al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que reconozca a los Licenciados en Enfermería dentro de la Ley 6035 de Profesionales de la Salud de CABA.
Al respecto, Andrea Ramírez, enfermera del Hospital Ramos Mejía y presidenta de la ALE, expresó: «Estamos muy felices porque acabamos de dar un paso enorme. Después de acampes, paros, marchas, festivales, ruidazos y decenas de protestas, ¡ganamos el amparo en el cual, la jueza declara la inconstitucionalidad de la exclusión de la carrera de Licenciatura en Enfermería de la Ley 6035! El fallo ordenó al Gobierno de la Ciudad a aplicar el régimen de los Profesionales de la Salud a los Licenciados de Enfermería, hasta tanto ordenen ellos la inclusión en la carrera. Es decir, nos van a hacer extensivo todo el régimen previsto en la Ley de los Profesionales de la Salud a todos los licenciados en enfermería, por entendernos profesionales».
«Además, en el fallo la jueza expresa la evidente discriminación que sufrimos las y los Licenciados en Enfermería, al ser excluidos de la Carrera de Profesionales de la Salud. Este lunes 7 de noviembre vamos a realizar una asamblea informativa con nuestro abogado de ALE para evacuar todas las dudas, y el martes 8 continuamos con el paro de salud, para seguir en el camino de la recomposición salarial y el reconocimiento efectivo y real a nuestra carrera», agregó.
Envio:ResumenLatinoamericano
Reapareció recargada en el acto de la UOM
Cristina Kirchner: "Voy a hacer lo que tenga que hacer para que el pueblo recupere la alegría"
En su primera aparición en un acto masivo después del atentado, CFK reclamó una suma fija para los trabajadores, afirmó que el gobierno tiene que terciar en la distribución del ingreso, destacó el trabajo de Massa y dejó abierta la puerta a una candidatura.
"Voy a hacer lo que tenga que hacer para lograr que nuestro pueblo, nuestra sociedad pueda organizarse en un proyecto de país que vuelva a recuperar la ilusión, la fuerza y la alegría de nuestra gente". La frase la pronunció Cristina Fernández de Kirchner cuando finalizaba su discurso ante los congresales de la UOM. La dijo cuando desde las tribunas coreaban su nombre y le agregaban el "presidenta". Para muchos de los que estaban allí lo que ella dijo, en su primera aparición tras el intento de asesinato, significaba una clara confirmación de que volverá a disputar por la presidencia el próximo años. Para otros, algunos dirigentes con experiencia, lo dicho representaba una apuesta a la unidad y la decisión de realizar todo lo posible --como en 2019-- para que el Frente de Todos siga en el gobierno.
Más allá de las especulaciones, el regreso de CFK representa una renovación del debate político y, como ella afirmó, un llamado a reorganizar y profundizar el compromiso con la política, incluso desde el sindicalismo, para reconstruir "el modelo de organización política del país" al que, advirtió, es preciso agregarle un nuevo pacto de convicencia democrática "porque las diferencias políticas no se resuelven con violencia". Dos meses y tres días después del atentado, Cristina Kirchner volvió, habló y en el Microestadio Municipal de Pilar nadie pudo evitar conmoverse.
La UOM suele realizar congresos en todas las regionales que hay en el país. El cierre suele ser un gran encuentro que congrega a los secretariados generales de todo el país más los cuerpos de delegados. En esta oportunidad, el actual secretario general de los metalúrgicos, Abel Furlán, invitó a Cristina Kirchner a cerrar el cónclave que se realizó baja la consigna "no hay solución gremial sin solución política", una frase atribuida a Lorenzo Miguel y que para el metalúrgico tiene una nítida vigencia. "Soy kirchnerista porque Néstor y Cristina son quienes mejor interpretaron al peronismo", confesó el dirigente metalúrgico que intentó negar que la invitación a CFK tenía como objeto pedirle que sea candidata. Apenas se lo escuchaba porque las tribunas aturdían con el "Cristina presidenta". Eso obligó a Furlán a reconocer que "no siempre los compañeros me hacen caso".
Algo parecido le sucedió al intendente de Pilar, Federico Achával, que no logró que militancia metalúrgica cesara con sus cánticos. Mucho menos cuando dijo "para los trabajadores y las trabajadoras, el futuro es con vos".
Achával junto a Furlán recibieron a CFK, que llegó en helicóptero y bajo una fuerte custodia de la Policía Federal con presencia de la Bonaerense. Cerca del escenario la presencia de la seguridad fue sutil: estuvieron pero sin ostentación. En la platea la seguridad estuvo a cargo de la UOM.
"Me quieren acusada"
Las primeras palabras de Cristina estuvieron dedicadas al fallido atentado contra su vida. Los ojos se le humedecieron cuando hizo referencia a ese día que lo tiene marcado a fuego. Tanto que detalló que ocurrió hace dos meses y tres días. "No me di cuenta del arma que quería volarme la cabeza", reconoció. Luego dijo que todo lo vio por la televisión y pensó en sus hijos y nietos.
En este tramo de su discurso, Cristina no habló como abogada o vicepresidenta sino como víctima de un ataque violento. "Esos presuntos indignados era gente pagada por empresarios que se identificaron con el anterior gobierno, con el macrismo que endeudó a la República Argentina", afirmó y advirtió que la justicia "no va a investigar nada porque me quieren de acusada, no de víctima". (ver nota aparte)
El salario y la suma fija
La segunda parte del discurso de la vicepresidenta se concentró en la economía donde desplegó una serie cuadros y números para demostrar la variación del salario desde 1973 en adelante. Cómo se destruyó durante la dictadura, el menemismo y cómo se fue recuperando durante los gobiernos de Néstor Kirchner y los dos de ella. Es más, reivindicó que fue su segundo mandato el que permitió que los salarios superaran la barrera del 50 por ciento de la participación en el producto.
Luego, también con ayuda de cuadros, demostró que en el gobierno de Mauricio Macri el salario de los trabajadores cayó muy por debajo de la productividad, unos 17 puntos porcentuales, que desmiente la teoría económica liberal y afirmó que "esa diferencia es la renta extraordinaria que está tomando el capital hoy en la Argentina".
En ese sentido, CFK afirmó que la recuperación del salario se producirá si se vuelve a pagar de acuerdo a la productividad. Un tema que para la vicepresidenta es lucha que deben llevar adelante los gremios. Fue ahí cuando retomó la necesidad de la suma fija para que "vuelva a darle capacidad al salario de los trabajadores y que esto no va en detrimento de las paritarias. ¡Por favor!", indicó.
En cuanto a los precios, esos que suben de manera desenfrenada como si nada ni nadie pudiesen detenerlos, la vicepresidenta rechazó la posibilidad de que el Estado se mantenga alejado de la regulación. "Estamos ante mercados absolutamente concentrados, con cadenas en las que hacen valer su poder en la distribución del ingreso y en esto es el Gobierno el que tiene que terciar en la distribución del ingreso como lo hacíamos durante nuestros gobiernos", reclamó. De inmediato reconoció el "gran esfuerzo" que está haciendo el ministro de Economía, Sergio Massa, "administrando las consecuencias de lo que pasó".
El pasado y el futuro
Así como Cristina Kirchner nombró a Massa, no pronunció el nombre Alberto Fernández. Sin embargo, se cuidó de no criticarlo, al menos de manera directa. Reivindicó su decisión de 2019: "No me arrepiento porque realmente pudimos lograr que no era votar en contra de alguien sino en contra de deterinadas políticas", afirmó. Incluso recordó que muchos la habían dado por terminada en la político: “Algunos movimientos sociales, los más importantes, no veían tan mal las ayudas que recibían (durante el gobierno de Cambiemos) y en la CGT no estaban tan decididos a enfrentar”. Pero no avanzó más y llamó a "volver a reconstruir el acuerdo democrático donde las diferencias no pueden ser solucionadas a través de la violencia".
Para esto, dijo que es preciso que "los trabajadores vuelvan a participar en la política, pero no solo en reclamo sindical, sino en el modelo de organización política del país". Al final, hizo la referencia sobre que hará lo que tenga que hacer y reiteró la necesidad de recuperar la organización "en un proyecto de país que vuelva a recuperar la ilusión, la fuerza y la alegría de nuestra gente".
A esa altura, la multitud que había colmado el microestadio municipal cantaba a voz en cuello la candidatura presidencial de Cristina Kirchner. Ella sonreía, en la tribuna de los funcionarios y dirigentes políticos también se voceaba la consigna. Tal vez el único que se cuidó de hacerlo fue el intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, que hasta hace nada era ministro de Desarrollo Social.
Detalles del acto donde regresó CFK
Alegría y silbidos. “Es la UOM, es la UOM, compañeros de la UOM”, surge el cántico de los parlantes y la militancia metalúrgica se entusiasma. Cantan y saltan a la espera del comienzo del acto. Las secciónales compiten en los cánticos. La más bulliciosa es la de La Matanza. La de Avellaneda también grita y se presiente más numerosa. Todo es alegría, salvo cuando el locutor anuncia la presencia de Antonio Caló. Unos silbidos intensos bajan desde las tribunas. Los silbidos se repetirán cuando CFK lo cite durante su discurso.
La tribuna izquierda. Un sector de la tribuna izquierda quedó destinada a los invitados especiales. Allí se ubicaron el gobernador Axel Kicillof, intendentes como Mario Secco y Fernando Espinoza y Mayra Mendoza, diputados como Carlos Heller y Eduardo Valdés, legisladores porteños como Matías Barroetaveña. Por el gabinete nacional estuvieron el ministro de Defensa Jorge Taiana, el viceministro de justicia, Juan Martín Mena, el titular de la AFIP, Carlos Castagnetto y Martín Sabbatella por Acumar. Los ministros bonaerenses Andrés Larroque, Cristina Alvarez Rodríguez (gobierno) y Estela Díaz (mujeres y género). También estuvieron Julián Domínguez, el ex vicepresidente Amado Boudou y senadores como Oscar Parrilli, Juliana Di Tullio, María de los Ángeles Sacnun (Santa Fe) y Mariano Recalde.
Los gremios hermanos. Hasta Pilar también llegó un sector de la conducción de CGT, con el triunviro Pablo Moyano a la cabeza que se sentó junto a Omar Plaini, Mario “Paco” Manrique, Sergio Palazzo y Víctor Santa María. También estaban Pablo Biró, Vanesa Siley (judiciales), Daniel “Tano” Catalano de ATE Capital, y el titular de la CTA de los Trabajadores Hugo Yasky, entre otros.
Una propuesta para el nuevo escenario mundial
Después del atentado, Cristina Kirchner duplicó la apuesta
En el primer acto público después que intentara asesinarla un grupo de fanáticos antikirchneristas, Cristina Kirchner habló ante miles de delegados de la UOM y se perfiló como posible candidata para el 2023
Cristina Kirchner explicó que cuando decidió las candidaturas para el 2019 había un contexto internacional y local diferente y destacó que el reciente ganador de las elecciones de Brasil, Lula da Silva, estaba preso. Pero la mayor parte de su discurso enfocó el futuro: “debemos recuperar la alegría de los trabajadores y trabajadoras, recuperar el valor del salario”. Entre la explicación del pasado y las propuestas al futuro quedó en el aire la posibilidad de su candidatura para el 2023.
“A veces los compañeros no me hacen caso –se adelantó el titular de la Unión Obrera Metalúrgica, Abel Furlán-- pero no la invitamos para pedirle nada, ni para pedirle que sea candidata, ni nada”. Apenas lanzó esa frase, los más de cinco mil delegados metalúrgicos que participaban en el acto comenzaron a gritar “Cristina presidenta” y otras consignas con el mismo contenido.
Con emoción contenida, la vicepresidenta habló del atentado y contagió esa emoción a muchos de los presentes a quienes también les brillaron los ojos. Impresionó que en el primer acto público después del intento de su asesinato doblara la apuesta a sus agresores y a quienes los financiaron, entre ellos empresarios relacionados con algunos exfuncionarios de Mauricio Macri.
Ha sido una marca de Néstor y Cristina Kirchner. Cuando sus adversarios y enemigos creyeron que los habían acorralado, en vez de bajar el perfil, siempre doblaron la apuesta. En este caso, se presentó en un acto de enorme importancia para el peronismo, donde el público que la escuchaba eran representantes de cientos de miles de trabajadores de la industria que la aclamaron con entusiasmo.
Una nueva Cristina en un nuevo escenario
El triunfo de Lula en Brasil, cambió el escenario en la región, sobre todo en el plano de las alianzas y los espacios ideológicos. Este fenómeno de apertura se da también en todo el mundo, donde se acabó el esquema unipolar, el de una globalización neoliberal sustentada por la hegemonía de los Estados Unidos.
La presencia de China en el escenario internacional a través de una paciente urdimbre de acuerdos y alianzas ya constituye un hecho irreversible. Se acabó ese esquema unipolar. El mundo ya se está configurando de una forma multipolar que facilita la existencia de proyectos políticos que hasta ahora estaban muy limitados. Con el Consejo de Cooperación de Shangai, China selló una alianza de seguridad y defensa con Rusia y otros seis países. En el tratado Asia-Pacífico participan 14 países de esa zona interesados en una apertura aduanera progresiva con China. Con el BRICS, China ha cerrado acuerdos con Rusia, India, Brasil y Sudáfrica. La megainiciativa de la Franja y la nueva Ruta de la Seda implica unir a China por tierra y mar con toda Asia y Europa, más África, América y Oceanía.
En el Congreso del Partido Comunista Chino, que se realizó hace diez días, Xi Jinping planteó la propuesta de una “comunidad internacional con un destino compartido”. Una idea que contrasta con el rigor de la globalización neoliberal subordinada a la hegemonía norteamericana con términos de intercambio muy desfavorables entre países ricos y pobres.
La idea china es de convivencia pacífica entre sistemas diferentes. Al acuerdo Asia Pacífico se incorporó Australia, que ha sido y sigue siendo, aliado incondicional de los Estados Unidos. Y al BRICS pidió su incorporación Arabia Saudita, otro aliado histórico de Washington.
Estados Unidos vs. China
En teoría, el neoliberalismo fue la expresión ideológica de un ciclo del capitalismo representado por la globalización neoliberal. Ese esquema ya no existe, lo cual no quiere decir que desaparezca el neoliberalismo como idea, pero ya no se apoyará en una hegemonía mundial absoluta como hasta ahora.
En contrapartida, en su Estrategia de Seguridad Nacional que difundió hace pocos días, el departamento de Defensa de los Estados Unidos apuntó a China como su enemigo principal. Con la guerra en Ucrania y los atentados terroristas que destruyeron los gasoductos Nord Stream 1 y 2, que debían sustentar el salto de la economía Alemana, condenó a los países europeos a ralentizar su industria y subordinarse a Washington.
Al bombardear los gasoductos que llevaban el fluido desde Rusia, bloqueó el proyecto euroasiático de Moscú, que entonces se volcó definitivamente hacia China. En la zona del Índico—Pacífico, China advirtió que Estados Unidos está preparando una provocación para obligarlos a confrontar con Taiwán en una guerra que los desgastaría.
Lula y el panorama regional
Los gobiernos norteamericanos consideran a América Latina como zona de su influencia, por lo que mantendrán la estrategia de lawfare y fake news sobre la base de los servicios de inteligencia para respaldar gobiernos subordinados a su poder. Un planteo de defensa de los intereses de la Nación pasa casi como única opción por la integración regional. Esta vía se fortaleció con el triunfo de Lula en Brasil, que puede ayudar a crear una zona a escala que le permita relacionarse con los dos polos en pugna sin someterse a ninguno. Además de desplazar a la bestia parda de Jair Bolsonaro, Lula es la llave de la puerta a ese nuevo escenario de mediano plazo.
Ese cuadro anuncia dificultades para la política interna de la Argentina, pero al mismo tiempo constituye una oportunidad en la que aparecen cartas en la mano que un gobierno macrista estaría ideológicamente impedido de aprovechar. Vaca Muerta con YPF y los acuerdos por miles de millones de dólares con China para tres represas hidroeléctricas y una central nuclear son obras que ya fueron paralizadas cuando asumió Macri. Y en este nuevo escenario el macrismo estaría mucho más comprometido con la potencia del Norte, la que redoblaría su presión para impedir que se hagan.
Sin embargo, es un escenario preelectoral atravesado por una inflación alta que se constituye en el factor condicionante de mayor peso. La vicepresidenta proyecta una imagen de “oficialismo crítico”, en tanto que Lula hizo campaña desde la oposición, lo que le dió más libertad de movimiento. En este año y medio será crucial la dirección que tome el índice de inflación.
El fantasma del Macri II
El acto en la UOM, donde la vicepresidenta fue muy aplaudida por los trabajadores, es un llamado de atención para el macrismo. Implica también una transformación en el mapa de la política. Hasta ahora, el sindicalismo había maniobrado con alianzas y alejamientos pero con independencia de los otros sectores políticos del peronismo. En este caso hay una conexión directa. Hay una generación de trabajadores de la industria que se incorporó durante las gestiones kirchneristas y sufrió después la del macrismo.
El proyecto de reformas neoliberales extremas que presentó Macri cerraría miles de industrias y negocios otra vez y habría despidos masivos en el Estado como lo viene anunciando. Ese proyecto no deja resquicio siquiera para los sectores más conciliadores del sindicalismo.
En ese rol tan delicado de “oficialismo crítico”, Cristina Kirchner saludó la presencia del anterior titular de la UOM, Antonio Caló, que se encontraba entre los presentes y que es adversario de Forlán. Hubo silbidos y abucheos, pero la vicepresidenta los hizo callar. “En esta tenemos que estar todos juntos” dijo. Fue un mensaje al peronismo y al Frente de Todos.
El otro nombre que surgió en el discurso fue el de Sergio Massa “quien está haciendo un esfuerzo considerable al frente de la economía”. Para el ministro es aún más difícil porque está más comprometido con los resultados económicos. Todavía no hay candidatos proclamados, pero es como los brujos: que los hay, los hay.
Qué descubrieron los investigadores y qué frena Comodoro Py
Todo lo que dijo Cristina Kirchner sobre el atentado y el rol de la Justicia
“Estoy resignada a que la Justicia no investigue, porque me quieren acusada, no de víctima”, dijo Cristina Fernández de Kirchner. Aludió al financiamiento de los grupos que la atacaron, a la responsabilidad de sectores de la oposición y a las trabas a la investigación puestas por la Cámara Federal.
“Estoy resignada a que la Justicia no investigue, porque me quieren acusada, no de víctima”. La frase de Cristina Fernández de Kirchner patentiza una realidad: hoy la causa por la tentativa de asesinato de la vicepresidenta es manejada por la Sala I de la Cámara Federal, la llamada Cámara M (por macrista) que prácticamente le dijo a la jueza María Eugenia Capuchetti que, con los tres imputados -Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo- mande todo a juicio cuanto antes, sin investigar las conexiones, el financiamiento, quién estuvo detrás.
Pero, además, CFK dejó en claro que la tremenda tentativa de matarla no fue protagonizada por indignados sino que “una primera conclusión es que esos presuntos indignados tiraban teas a la Casa Rosada y eran pagados por empresarios vinculados al anterior gobierno, alguno de los que endeudó a la Argentina”. La referencia obvia fue a Caputo Hermanos, la empresa ligada a Luis Caputo, ex ministro de Mauricio Macri, que le transfirió 13 millones de pesos a Jonathan Morel, el líder de Revolución Federal.
Sin respetar el orden cronológico, estas fueron las definiciones de CFK:
1. No eran indignados
“La primera conclusión que saqué es que esos presuntos indignados e indignadas que agredían, que insultaban, que esperaban, que tiraban teas encendidas a la Casa Rosada, etc... no eran indignados, era gente pagada. Gente pagada por empresarios que se identificaron con el anterior gobierno, con el macrismo, alguno de ellos funcionario que endeudó a la República Argentina. Lo cierto es que esos indignados que eran reproducidos por la televisión y por algunos programas como 'qué indignada que está la gente con los K, con la clase política, con los políticos', porque en definitiva hablaban de gente que, bueno, no estaban enojados con la política, recibían millones de pesos para hacer eso. A uno de ellos se le encontró 50 mil dólares en el allanamiento, así que córtenla con lo de los indignados rentados, que no va más esta mentira en la República Argentina”.
El propio juez de la causa que investiga a Revolución Federal, Marcelo Martínez de Giorgi, vinculó en los procesamientos a los integrantes de la banda con el atentado: son los que crearon el clima, dice el magistrado, que propició el intento de magnicidio. Y los abogados de CFK, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, sostienen que ese grupo y la familia Caputo armaron un simulacro de provisión de muebles por 13 millones de pesos, 5 millones en negro y 8 millones en blanco. La idea es que el dinero en negro fue para financiar a Revolución Federal. En los chats y los vivos en redes sociales, el grupo insistía en que "se necesita un héroe, un San Martín", alguien que vaya y le dispare a CFK, tal como ocurrió.
2. Gerardo Milman y Miss Argentina
“La segunda cosa positiva, por así decirlo, es que en definitiva esa fuerza política que dice que va a darles seguridad a los argentinos, descubrimos que durante su gestión en seguridad pusieron a conducir la Escuela de Inteligencia y la Dirección Nacional de Inteligencia para la Política Criminal a una Miss Argentina. ¡Mirá vos! Yo la verdad que cuando la vi pensé que debía ser como en las películas de James Bond que la espía siempre es la más linda, bueno, pero no es así”.
La referencia fue a Carolina Gómez Mónaco, exMiss Argentina 2012 que asombrosamente fue designada por el hoy diputado del PRO Gerardo Milman al frente de la Escuela de Inteligencia Criminal pese a no tener ningún antecedente en la materia. Y la hermana de la modelo también recibió su designación en la Dirección de Inteligencia Criminal, nada más y nada menos que para manejar los fondos oficiales y reservados.
CFK hizo mención al hecho porque Milman estuvo con Gómez Mónaco en la confitería Casablanca, frente al Congreso, dos días antes del ataque contra ella y un asesor de un diputado del Frente de Todos lo escuchó decir: “Cuando la maten, voy a estar en la Costa”. El asesor se presentó a la Justicia y lo ratificó bajo juramento.
Lo impactante es que al mismo tiempo que Milman la designaba en el Ministerio de Seguridad, Gómez Mónaco inauguraba un lujoso centro de estética, a metros del Obelisco. Según la denuncia presentada por el abogado Yamil Castro Bianchi, Gómez Mónaco no tenía, ni remotamente, los recursos como para poner en marcha semejante emprendimiento.
Curiosamente, hasta ahora, el PRO no dijo nada de aquella designación de la Miss Argentina en el ministerio de Patricia Bullrich.
3. El partido judicial de Comodoro Py
“Una Justicia que, ya estoy resignada, no va a investigar nada porque me quieren de acusada, pero no de víctima. Les sirvo de acusada, pero no de víctima a ese Partido Judicial”.
La referencia es a todo el aparato judicial. Pero respecto del atentado contra CFK, el papel protagónico lo tiene la Cámara M: Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens --los dos primeros, trasladados a dedo por Macri y el último, arquero del equipo que jugaba en la quinta del expresidente--. Esos magistrados intentan frenar cualquier profundización de la investigación. Hay que mandar esto a juicio, le dijeron --en palabras más técnicas-- a la jueza Capuchetti-. O sea, la Sala M quiere cerrar todo en los detenidos Sabag, Uliarte, Carrizo, y relegar todo lo relacionado con las conexiones de quienes actuaron en Juncal y Uruguay.
Hay pruebas de que en los días anteriores se hizo inteligencia; hay vínculos con Revolución Federal; hay relaciones con el ala de Patricia Bullrich del PRO. Pareciera evidente que Milman tenía datos de la existencia de la tentativa de asesinato, no sólo por el episodio de Casablanca, sino porque presentó un extraño proyecto en la Cámara de Diputados, el 19 de agosto, hablando de que podría haber “un falso atentado contra Cristina Kirchner”.
En cuanto a tenerla como acusada, la ofensiva se aceleró en las últimas semanas, con la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y gran parte de los tribunales de Comodoro Py, en línea absoluta con el macrismo. No sólo desempolvaron la causa conocida como Dólar Futuro, pese a que un peritaje demostró que no hubo perjuicio para el Estado, sino que vuelven a la carga este mes con el Memorándum de Entendimiento con Irán y Hotesur-Los Sauces, dos expedientes en los que hubo sobreseimientos. La acusación por las obras viales en Santa Cruz se derrumbó en los tres años de juicio y, aún así, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola preparan una nueva ofensiva para el 14 de noviembre. Y el aparato de Comodoro Py ya ha hecho saber que, en la causa de los cuadernos, no le importan las tachaduras, correcciones y el dictado del contenido en las anotaciones del exchofer Oscar Centeno, porque igual seguirán adelante con ese juicio.
Fuente:Pagina12
04.11.2022 / PRO
La Oficina Anticorrupción denunció a Patricia Bullrich por la compra de cuatro lanchas con sobreprecio en 2016
El organismo apuntó a la ex ministra y al ex Jefe de Gabinete Marcos Peña por un convenio con el Ministerio de Defensa de Israel por la compra de las lanchas que se habría realizado con un sobreprecio del 138%. La denuncia se encuentra en el juzgado a cargo de Daniel Rafecas.
La Oficina Anticorrupción (OA) denunció a la presidenta del PRO Patricia Bullrich, al ex jefe de Gabinete Marcos Peña y a Alberto Fernando Föhrig-ex secretario de Coordinación, Formación y Carrera del Ministerio de Seguridad durante la presidencia de Mauricio Macri- por la compra de cuatro lanchas de patrullaje con un sobreprecio de u$s29.000.000 en 2016."La entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich suscribió un convenio con Israel, mediante el que se contrató la provisión cuatro lanchas incumpliendo la normativa de contrataciones prevista y más específicamente las normas de contratación directa a las que correspondía ceñirse", sostiene la denuncia de la OA en referencia a un convenio con el país y el incumplimiento de las condiciones para la adquisición de las lanchas del modelo Shaldag MKII, fabricado por el astillero Israel Shipyards Ltd.
Las cuatro lanchas fueron adquiridas a través de un convenio con el Ministerio de Defensa de Israel, en el cual aseguran que Bullrich y Marcos Peña intentaron esquivar la posibilidad de competencia y contrataron una empresa privada previamente elegida. La compra se habría realizado con un sobreprecio del 138%, de acuerdo a un estudio del Área de Investigación del Vector Naval de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires.
En detalle, el precio abonado por las lanchas fue de u$s 12,5 millones, cuando el valor de mercado era de u$s 5,25 millones. De esta manera, el total da como resultado un sobre precio de u$s 29 millones, en una compra adjudicada principalmente a la ex ministra de Seguridad.
La denuncia, que se encuentra en el juzgado a cargo de Daniel Rafecas, muestra además el antecedente de Breier Oded, el vicepresidente de Marketing del Astillero Israel Shipyards Ltd y encargado de las ventas de lanchas en Argentina quien fue detenido en marzo de 2018 por "presuntas maniobras de cohecho en la negociación para proveer de lanchas Shaldag a la República Federal de Nigeria".
Según la Oficina Anticorrupción (OA) Alberto Fernando Föhrig, quien dejó su cargo al final del mandato del expresidente Mauricio Macri, fue quien "avaló el cúmulo de irregularidades y a pesar de ellas lo elevó a para la rúbrica de la ex ministra".
El Gobierno desdoblará la suba de las prepagas tras las críticas de CFK
El incremento del 13,8% autorizado por el Ejecutivo Nacional para diciembre se transformará en dos subas mensuales del 6,9%, para intentar mitigar el impacto en los bolsillos de la población
Tras las fuertes críticas de Cristina Fernández de Kirchner al aumento de las prepagas autorizado por el Gobierno nacional, el Ejecutivo decidió desdoblar en dos meses la suba del 13,8% que originalmente se había dispuesto para diciembre.
A partir de esta decisión, el incremento será dividido en dos tramos de 6,9% para intentar reducir el impacto en el bolsillo de los afiliados y los índices inflacionarios a fin de año.
Hace tan sólo unos días atrás, la vicepresidenta utilizó sus redes sociales para cuestionar la decisión del Gobierno nacional de permitir el incremento que calificó como “francamente inaceptable”.
"Resulta francamente inaceptable el nuevo aumento, esta vez de dos dígitos (13,8%), que el Gobierno autorizó a las empresas de medicina prepaga, y que de esta manera suman el 114% anual de aumento otorgado. O sea, más de un 20% sobre la inflación anualizada”, expresó Cristina Fernández y desató una nueva discusión dentro del Frente de Todos.
La postura de la ex mandataria fue inmediatamente respaldada por el ministro de Economía, Sergio Massa, quien si bien coincidió con la vicepresidenta, también deslizó algunos cuestionamientos: “No generó ningún ruido, comparto filosóficamente el tuit, pero más que quejarme me toca trabajar en la resolución. El tuit desnuda un problema, que las prepagas en la Argentina en el último año tuvieron aumentos por encima del promedio, es verdad”, sostuvo Massa en una entrevista con El Destape.
A partir de esta discusión, el Gobierno decidió desdoblar el aumento que ahora será del 6,9% en diciembre y otro 6,9% en enero. Así, en lugar de un incremento del 113,8% en 2022, la suba en las prepagas entre diciembre del año pasado y el mismo mes de este año será del 100,9%.
Además, la Unión Argentina de Salud (UAS) confirmó que desde febrero del año próximo se implementará un nuevo esquema de aumento mensual de las cuotas, en reemplazo del índice de costo de salud que se aplicaba en forma bimestral, segmentado según los ingresos del afiliado.
Fuente:Diagonales
"LOGRO HISTÓRICO"
Tras congelar Potenciar Trabajo, el gobierno dispuso que el 30% de la obra pública se destine a cooperativas
Lo hizo a través de la creación del Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario. La posición del Movimiento Evita, FACTA y Cooperar.
04/11/2022
El Gobierno Nacional dispuso la creación de un Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario con el objetivo de formalizar las condiciones de los beneficiarios de planes y al mismo tiempo prohibió nuevos ingresos al Potenciar Trabajo. La medida había sido adelantada por la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, hace dos semanas y generó diferencias al interior de los movimientos sociales.
El Decreto 728/2022 fue publicado este viernes en el Boletín Oficial, y lleva la firma del presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Juan Manzur; y los ministros de Economía, Sergio Massa; de Trabajo, Raquel Kismer de Olmos; de Obras Públicas, Gabriel Katopodis y de Tolosa Paz. La intención es «impulsar políticas que generen empleo genuino», dicta el DNU.
Además, el Gobierno convocó a las organizaciones inscriptas en el Registro de Asociaciones de Trabajadores de la Economía Popular y de Subsistencia Básica, a designar los y las representantes que integrarán el referido Consejo y los encomienda a promover una «agenda para la institucionalización y el desarrollo» del sector.
La medida también promueve en favor de las cooperativas el otorgamiento del 30 por ciento de la Obra Pública Nacional bajo la modalidad de contratación que corresponda, en la realización de obras de hasta $300 millones, monto que será actualizado conforme lo disponga la autoridad de aplicación.
Por último, y en lo que quizás sea la medida que generó más polémica, el Gobierno dispuso que «a partir de la entrada en vigencia del presente decreto no podrá ampliarse el número de titulares de los siguientes programas: Programa Nacional de Inclusión Socio Productiva y Desarrollo Local Potenciar Trabajo, Potenciar Inclusión Joven, Nexo y Plus Esencial». Y promete que «el ahorro que eventualmente se produzca (por cortar las altas a esos planes) será destinado a las unidades de gestión productiva, exclusivamente para la adquisición de bienes de capital.
El visto bueno por parte de las organizaciones
Ansol consultó a diferentes referentes de la economía popular y el cooperativismo sobre la medida del Gobierno y las expectativas que genera. Patricia «Colo» Cubría, diputada de la provincia de Buenos Aires y referente del Movimiento Evita, celebró la iniciativa: «Es una institucionalización que veníamos planteando e implica el desafío de apostar por el trabajo y no en la teoría del derrame o el subsidio«.
Para Cubría, «esto acompaña a que haya un proceso de consolidación y desarrollo a la economía popular a través del trabajo, sobre todo con el 30 por ciento de la incorporación de la obra pública para cooperativas». Y concluyó sobre la postura del Movimiento Evita: «nos parece histórico, muy positivo y fuimos parte del acuerdo«.
Federico Tonarelli, presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (FACTA), también se mostró esperanzado ante la consulta de este medio: «La incorporación del 30 por ciento de la obra pública para las cooperativas es una gran noticia, era un reclamo histórico. Nuestro sector está en condiciones de construir y revestir la obra pública.
Sin embargo, el titular de FACTA planteó que le «preocupa el cierre de los ingresos al Potenciar Trabajo en tanto que la situación económica es muy difícil y el programa ayuda en cuestiones básicas de supervivencia. No hay que someterse a la idea de que la culpa de la situación de Argentina es por los planes. Hay que trabajar para que el Gobierno no quede enganchado en esa posición«.
Por último, el economista y gerente de la Confederación de Cooperativas de la República Argentina (Cooperar), César Basañes, opinó que «lo más importante es la puesta en acción del Consejo donde va a ser clave la discusión de qué entendemos sobre trabajo registrado, si es el de relación de dependencia o si van a reconocer que también lo es el de las cooperativas».
Para el referente de Cooperar, «el decreto promueve una contratación con un cupo para las cooperativas, entonces está reconociendo que es trabajo registrado. Lo que hay que ver es quiénes se sientan en la mesa del Consejo y cómo se dirimen las disputas».
Potenciar Trabajo: entre el congelamiento de altas y la ampliación de los fondos en 2023
Hace dos semanas, Ansol adelantó a través de un informe que de aprobarse el presupuesto 2023 va a haber una fuerte suba de fondos para el Potenciar Trabajo, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y que financia el salario de los que forman parte de proyectos socio-productivos y comunitarios. Mientras que para este año cuenta con un presupuesto vigente de $322.609 millones (de los cuales el 98% ya se ejecutó), para el año que viene el Estado destinará a este proyecto un total de $590.981 millones.
Esto significa que tendrá un aumento del 83 por ciento, un 23 por ciento más que la inflación proyectada del 60 por ciento. Como el dinero que cada beneficiario cobra está atado al valor del Salario Mínimo Vital y Móvil, se especulaba con que la suba en términos reales del presupuesto se traducirían en una mayor cantidad de beneficiarios, algo que quedó descartado ahora. La pregunta que queda, entonces, es cómo se repartirá el aumento dentro del programa.
Fuente:TiempoArgentino
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