NADIA SCHUJMAN
"Es un armado político", dijo la abogada de HIJOS Rosario acusada de espionaje ilegal
"Como hay un interés político tan grande, y esta causa es un armado, se instrumentaliza la Justicia con intereses espurios", señaló la abogada en diálogo con Télam.
Schujman fue imputada el martes pasado, junto al exministro de Seguridad santafesino Marcelo Sain, y otros cinco miembros de su equipo, por conformar una supuesta asociación ilícita que cometió espionaje ilegal y violación de secreto.
La causa se inició en agosto el año pasado con la denuncia de un exfuncionario radical durante los gobiernos del Frente Progresista, y derivó en un allanamiento sin testigos -según consta en el acta de procedimiento- a las oficinas de la cartera de Seguridad en Rosario, en noviembre de 2021.
Si bien el fiscal Ezequiel Hernández notificó a Sain y a sus antiguos colaboradores de que estaban siendo investigados, la audiencia de imputación recién se realizó un año después de aquel allanamiento, cuando el tema había crecido en la prensa local como un caso de "espionaje ilegal".
"Estuvieron durante un año en una excursión de pesca intentando construir algo, después de haber hecho ese allanamiento ilegal y batido el parche en los medios", indicó Schujman, que durante la gestión de Sain fue encargada de la Agencia de Control Policial.
Desde esa función se iniciaron varias investigaciones, entre las cuales abogada resaltó una en la cual se descubrió el uso de un millón de pesos en gastos reservados del Ministerio para pagar los honorarios de la defensa de cinco policías de Asuntos Internos. Los efectivos estaban involucrados en la causa que se sigue por la desaparición forzada seguida de muerte de Franco Casco, un joven bonaerense detenido en una seccional que apareció flotando en el río Paraná, en octubre de 2014.
Hace un año comenzó el juicio oral por el caso Casco, que aún se desarrolla, y que tiene a 17 policías de la comisaría 7ma de Rosario y de Asuntos Internos acusados por esa muerte.
La investigación por el uso de fondos reservados, recordó Schujman, desembocó en una denuncia penal contra varios exfuncionarios, entre ellos el entonces ministro de Seguridad, el radical Maximiliano Pullaro, hoy en las filas de Juntos por el Cambio (JxC).
El día del allanamiento a las oficinas de Seguridad en la causa por el presunto espionaje ilegal, Pullaro fue quien anunció, cuando aún no había terminado el procedimiento, que se habían secuestrado "miles de carpetas" con datos de opositores y empresarios.
Para Schujman, el caso tiene "todos y cada unos de los condimentos del lawfare", al considerar que "los medios de comunicación han instalado una culpabilidad y subvertido la presunción de inocencia".
Para Schujman, el caso tiene "todos y cada unos de los condimentos del lawfare", al considerar que "los medios de comunicación han instalado una culpabilidad y subvertido la presunción de inocencia
"Me han condenado a través de los medios y recién ahora comienza lo judicial. Se violaron todas las garantías constitucionales, como el debido proceso, la inviolabilidad de la defensa en juicio, la igualdad ante la ley, el derecho a la intimidad y la propiedad y el juez natural", remarcó Schujman.
La histórica abogada de organismos de Derechos Humanos sostuvo que se trata de un caso de "persecución política", que puede apreciarse "en quiénes son los querellantes de la causa".
"Si uno mira quiénes están del otro lado tiene un panorama claro. El ex ministro de Seguridad y jefe de la bancada opositora en Diputados, Maximiliano Pullaro, el dueño del multimedios monopólico de esta provincia, Gustavo Scaglione (titular de Televisión Litoral y el multimedios La Capital, entre otros), que además estaba muy preocupado porque estaba siendo investigado", sostuvo.
También mencionó a "dos abogados vinculados con el levantamiento policial de septiembre de 2020" y a uniformados que se constituyeron como querellantes en esta causa por supuesto espionaje ilegal, debido que habían sido incluidos en "perfilamientos" que se realizaron durante la gestión de Sain.
Para el fiscal Hernández, que investiga el caso, algunos de esos perfilamientos se habrían hecho sin autorización judicial, mientras que los acusados afirman que fueron realizados en el marco de las funciones legales que disponía la cartera.
"Quien hace la denuncia penal, quien hace el allanamiento, quienes declaran en la causa y quienes hacen las pericias es gente del Organismo de Investigaciones (la policía judicial del Ministerio Público de la Acusación), que son todas personas contratadas por Pullaro (cuando era ministro) y que la mayoría militan en ese espacio político. Algunos incluso han sido candidatos", contó Schujman a esta agencia.
"Esos argumentos hacen que muy fundadamente vea una persecución política", abundó.
La mayor parte de la evidencia expuesta por el fiscal Hernández en la audiencia de imputación del martes surgió de audios del teléfono personal de Schujman, secuestrado en noviembre de 2021.
El "crudo" de esa extracción fue entregado por la Fiscalía a los querellantes, entre ellos el empresario Scaglione, que difundió en sus medios "audios privados" y que "nada tienen que ver con el objeto procesal de la causa".
"Con la extracción de ese teléfono, secuestrado y peritado de manera ilegal, se entregaron a particulares dos años y medio de conversaciones privadas y también de documentación y conversaciones con fiscales provinciales y federales, en las cuales hay tareas de un lugar tan sensible", recordó Schujman sobre su actuación en el control policial.
Allí había "un montón de datos que tienen que ver con investigaciones en curso", dijo, para alertar que "me han puesto en riesgo, porque los sectores más peligrosos de la Policía saben ahora con nombre y apellido, foto y domicilio, quiénes son las persona que llevaron adelante esas investigaciones, que además las destruyeron porque los investigados ya lo saben".
Por último, la abogada consideró que la causa representa un mensaje para quienes investiguen la relación de la narcocriminalidad con sectores del poder político, judicial y empresarial.
La abogada consideró que la causa representa un mensaje para quienes investiguen la relación de la narcocriminalidad con sectores del poder político, judicial y empresarial
"Nosotros tocamos intereses que comprometían a parte del poder político de la provincia, y también del Poder Judicial y empresarial. Entonces hay que sacarnos del medio de la manera más violenta posible y que todo el mundo reciba el mensaje que con eso no hay que meterse", aseguró.
Una audiencia clave definirá el destino de la causa
La persecución a Nadia Schujman: la defensa pide el pase al fuero federal
El defensor de la histórica abogada de H.I.J.O.S. impugnó la competencia de los tribunales de Santa Fe para investigar la supuesta violación a la ley de inteligencia nacional y la asociación ilícita. El juez convocó a audiencia para el miércoles. "Estoy preocupada por el quiebre institucional", dijo Schujman.
Desde Santa Fe
La persecución judicial a la histórica abogada de H.I.J.O.S. Nadia Schujman que generó la primera marcha de los organismos de derechos humanos contra el lawfare en Santa Fe podría pasar al fuero federal. Su abogado defensor, el exministro de Justicia de la provincia, Juan Lewis, y su colega Hernán Martínez, quien asiste al exministro de Seguridad Marcelo Sain impugnaron la competencia de los Tribunales santafesinos para investigar una presunta “violación a la ley 25.520 de Inteligencia Nacional” y “asociación ilícita” –que es la imputación que pesa sobre sus defendidos- y solicitaron que la causa tramite en la justicia federal. Ante el planteo, el juez penal de primera instancia Jorge Patrizi convocó a una audiencia pública para el miércoles, a las 17, en la que escuchará a las partes y luego resolverá si acepta o rechaza el pedido de las defensas para que “se declare incompetente” y “remita las actuaciones” al Juzgado Federal Nº 2 de Santa Fe.
Nadia Schujman es, además, la exdirectora de la Agencia de Control policial de Santa Fe. La semana pasada aseguró que la persecución se desató porque empezaron a "tocar múltiples intereses". "Estoy preocupada por el quiebre institucional que implica para esta provincia y por ver que las personas que están detrás de todo esto van por todo", declaró en AM750. "En nuestra gestión intentamos hacer una reforma de la policía en la provincia de Santa Fe, que es bastante conocida por sus niveles de corrupción y violencia, y es en ese proceso que empezamos a tocar múltiples intereses".
En la audiencia imputativa de la semana pasada, los fiscales Ezequiel Hernández y Federico Grimberg imputaron a Sain, Schujman y a otros seis investigados en la causa varios hechos, entre ellos: “1) La conformación de una asociación ilícita con la finalidad de la comisión del delito de espionaje, previsto en la ley 25.520; 2) La realización de acciones de inteligencia prohibidas por la ley 25.520, y 3) La comisión de abuso de autoridad por el dictado de órdenes contrarias a la ley 25.520”.
A las veinticuatro horas de la imputación, los dos abogados defensores plantearon la cuestión de competencia que se discutirá pasado mañana, en Tribunales. El juez Patrizi tiene un plazo de ley para resolverla. “La justicia ordinaria es incompetente para entender en los delitos previstos en la ley 25.520”, dijo Martínez.
Lewis coincidió: “Existe un supuesto claro de incompetencia material para que la justicia ordinaria" instruya ésta causa. "La investigación y juzgamiento de los delitos previstos en la ley 25.520” corresponden “a la justicia federal”. Por lo tanto, el juez Patrizi debería remitir el legajo al Juzgado Federal Nº 2 de Santa Fe, que ya intervino en el proceso, en un incidente anterior, pero sobre el mismo asunto.
“La ley 25.520 –explicó Lewis- estructura el Sistema Nacional de Inteligencia” y tipifica las “acciones de inteligencia prohibidas”. Pero ésas “conductas” requieren un “sujeto activo calificado”, que son los funcionarios de esa estructura del Estado nacional, una condición que no cumple ninguno de los ocho imputados en la causa, entre ellos Sain y Schujman.
En esa línea, Lewis recordó un fallo del 30 de marzo del juez de la Cámara de Apelaciones de Santa Fe, Sebastián Creus, quien advirtió que los hechos que agitaba el fiscal Hernández no encuadraban en el supuesto de “espionaje ilegal”. Sin embargo, Hernández “persistió tozudamente” en la audiencia imputativa del 29 de noviembre en “sostener una imputación frente a la justicia provincial por hechos presentados e imputados como violación a la ley de Inteligencia Nº 25.520”, advirtió Lewis. Y le pidió al juez Patrizi que decline la competencia del fuero ordinario y “remita la causa a la justicia federal”.
El abogado de Sain solicitó lo mismo. “La jurisprudencia unánime en materia de espionaje en los términos de la ley 25.520 proviene de Tribunales Federales”, dijo el doctor Martínez. Y también citó el fallo del juez Creus cuando alude a las “conductas” que reprocha el fiscal Hernández por el “hallazgo de material impreso, o conservado en forma digital, con datos e información social, personal, de negocios, etc., respecto de individuos, personas físicas y jurídicas que se afincan en la provincia de Santa Fe, colectadas o en manos de los funcionarios públicos del Ministerio de Seguridad”.
Según Creus, esas “conductas” que imputó Hernández no encuadran “en los términos de la ley de Inteligencia Nacional porque los tipos penales” previstos en la norma “se refieren a autores calificados” (es decir, “funcionarios del sistema de inteligencia” del Estado nacional, “cosa que los funcionarios imputados en la causa están lejos de esa categoría”) o “se refieren a la divulgación de información recabada dentro de la actividad propia de las agencias comprendidas en la ley”.
Es más, Creus planteó otra hipótesis, que si las supuestas “conductas” de Sain y de su equipo “estuvieran comprendidas” en la ley 25.520 “claramente debería poner en cuestión la competencia material de la justicia ordinaria”. En ese sentido, aún cuando se comprenda la utilización publicitaria de términos como “espionaje”, en el contexto de intereses particulares proselitistas, no cabe duda que resulta una exageración”, agregó el magistrado.
Los defensores son muy críticos de la imputación que formalizaron los fiscales en un dossier de 65 páginas que describe “una serie de hechos bastante confusos, entreverados, poco entendibles”, dijo Martínez. “La Fiscalía metió la mayor cantidad de elementos posibles para confundir o dificultar la tarea de la defensa. Lo dijimos en la audiencia: es bastante difícil entender fácticamente el sustento que ha intentado dar la Fiscalía”. “Pero si traducimos ese relato, lo que se imputa es una (presunta) asociación ilícita que se conformaría como organización destinada al delito de espionaje en los términos de la ley 25.520 de Inteligencia Nacional”.
El abogado de Schujman coincidió que la acusación fiscal relata "hechos muy poco serios” y con un “nivel de imprecisión que es inadmisible”, dijo por Radio Universidad de Rosario. “Tiene un falta de precisión, vaguedad y por supuesto una falta de seriedad”. Lo que revela que la “causa evidentemente está más trabajada en la arena política y mediática, que en los Tribunales”, remarcó Lewis. “Más allá de lo subyugantes que pueden parecer las 65 páginas, se trata justamente de hechos que todos tienen esta naturaleza. Están puestos para impresionar, pero a poco que uno los reflexiona se da cuenta de la falta de seriedad”.
Fuente:Pagina12
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