Más cruces entre los gobiernos de Alberto Fernández y Omar Perotti
El narco también hirió los vínculos políticos
La Casa Rosada dijo que trabaja en Santa Fe “sin campañas de prensa ni marketing, y lejos del show y las bravuconadas mediáticas”. La Casa Gris respondió: "Es insuficiente".
La pelea de alto voltaje entre Provincia y Nación por la inseguridad en Rosario no descansó ni siquiera el domingo, y ante la declaración del gobernador Omar Perotti de que “el gobierno nacional abandona a Rosario”, desde Casa Rosada contestaron a través de un comunicado en el que destacan el trabajo que vienen llevando adelante para combatir el narcotráfico, "sin campañas de prensa ni marketing y lejos del show y las bravuconadas mediáticas". Al mismo tiempo, advierten que las consecuencias de esta problemática “son demasiado dolorosas y no dejan lugar para discusiones sin sentido ni para el rédito político”. A poco de conocerse este documento, el ministro santafesino Marcos Corach utilizó sus redes sociales para aclarar que “no se desconocen los aportes a la fecha, pero tampoco que son insuficientes”.
El pase de facturas entre el gobernador Perotti y el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, continuó durante el fin de semana y derivó en la publicación de un comunicado que fue compartido en redes sociales por la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, y el propio Aníbal Fernández, pero también fue publicado a modo de solicitada en varios medios gráficos nacionales. En el mismo, el gobierno nacional aclara que trabajan “sin campañas de prensa ni marketing, y lejos del show y las bravuconadas mediáticas”. Además, destacan que lo hacen “primero, por respeto a las vidas que el narcotráfico se llevó pero también porque así lo indican las más elementales normas profesionales de un área en donde el manejo confidencial de la información, la planificación reservada y la sorpresa son centrales para definir el éxito de una operación”.
De esa manera, contestaron directamente a la acusación del mandatario santafesino de que “el Gobierno nacional abandona Rosario”, comentario que expresó luego de que el titular de la cartera nacional de seguridad le dijera: “Es su provincia, es su policía. El problema lo tiene él. Entonces, resuélvalo con su policía y nosotros lo ayudamos de la mejor manera". Al mismo tiempo, Perotti destacó el sábado que “la verborragia política y las chicanas tuiteras no resuelven los problemas de inseguridad en la Argentina” y que "la pelea del ministro no debe ser contra este ni contra ningún gobernador, sino contra el narcocrimen”. Y agregó: “Sólo falta que le pidan a Santa Fe custodiar las fronteras del país para que no entren armas o drogas".
Para refutar la denuncia de inacción argumentada por Perotti, en el comunicado se destaca que “el esfuerzo es muy grande”, seguido por una lista de acciones y resultados obtenidos durante la actual gestión. En cuanto a la cantidad de agentes desplegados para el trabajo en la ciudad, detallan que hay 3.693 hombres y mujeres de las fuerzas federales, agrupadas en un comando unificado, "que trabajan a diario aportando lo mejor de sí en las calles de Rosario”. Además, subrayaron el refuerzo de “la presencia de Gendarmería Nacional con 1.000 efectivos”.
Por otro lado, mencionaron que a partir del establecimiento del Comando Unificado de las Fuerzas Federales, junto a la Policía de Santa Fe se elaboró un Plan de Operaciones con foco en la seguridad ciudadana y se conformó una nueva Agrupación Especial de Despliegue Rápido de Gendarmería. Al mismo tiempo, resaltaron el “desarrollo y despliegue de inteligencia criminal, cruzando información con otros organismos bajo una estrategia coordinada”. A la hora de realizar un balance del trabajo realizado hasta el momento, se detalla la realización de 2.010 procedimientos; 2.077 personas detenidas por decisión de fiscales provinciales y federales; y que se superó un 309% más la incautación de cocaína con respecto a 2021.
Después de conocerse el comunicado, el ministro de Gestión Pública de Santa Fe, Marcos Corach, utilizó sus redes sociales para referirse al tema pero sin hacer mención directa a lo recientemente expresado por Nación. “El caso Rosario es de una particularidad y una complejidad que sentimos que el gobierno nacional no termina de dimensionar. No se desconocen los aportes a la fecha, pero tampoco que son insuficientes”. También consideró que “la respuesta que la sociedad demanda nos necesita trabajando” por lo que dejó su pedido al Ejecutivo nacional: “Necesitamos toda la ayuda disponible y la necesitamos ya. Necesitamos inteligencia, coordinación y compromiso de todas las partes. Porque lo hecho hasta acá no alcanza”.
Por su parte, el Bloque Justicialista "Lealtad" de la Cámara de Senadores de Santa Fe rechazó las declaraciones de Aníbal Fernández, al sostener que las afirmaciones del funcionario "demuestran su más profundo desconocimiento de la difícil situación que atravesamos los santafesinos en la lucha contra el flagelo del narcotráfico y sus consecuencias sobre la inseguridad que afectan a todo el territorio nacional". La bancada, constituida por los senadores Eduardo Rosconi, Cristina Berra, Marcos Castello, Ricardo Kaufmann y Alcides Calvo, también exhortó "al gobierno nacional a que, en cumplimiento de sus obligaciones como estado federal, asuma la responsabilidad de dotar de recursos materiales y humanos necesarios para tal fin, para que de modo articulado Nación, junto con la Provincia y la Comunidad toda, podamos enfrentar esta difícil situación y de este modo darles la tranquilidad y seguridad que nuestros ciudadanos merecen".
UZBECO
Exconcejal
Audiencia por Trasante
David Moreira fue linchado en 2014 por robar una cartera
Un juicio que se sigue postergando
Fue suspendido en noviembre de 2020, dos veces en 2021 y pasó todo 2022. Dos hombres están acusados de "homicidio en agresión".
Una de las tantas marchas y reclamos que se hicieron desde 2014 por justicia.. Imagen: Andres Macera
Mientras que la causa por el crimen de Fernando Baez Sosa, cometido en Villa Gesell en enero de 2020, sigue generando debates en torno al juicio que terminó el lunes pasado; en Rosario se espera fecha para juzgar la muerte de David Moreira, de 2014. Luego de que en 2019 uno de los acusados fuera sentenciado en un juicio abreviado a la pena de tres años de prisión condicional, por homicidio en agresión, en el Centro de Justicia Penal se suspendió cuatro veces el debate oral para otros dos acusados.
David tenía 18 años cuando fue atacado, tras el intento de arrebato de una cartera, en barrio Azcuénaga. Esa tarde estaba con otro joven que logró escapar, pero luego fue detenido y condenado por el hecho. Moreira quedó atrapado por vecinos que lo patearon y golpearon hasta dejarlo inconciente, en la zona de Marcos Paz y Liniers. La paliza le provocó traumatismos que lo llevaron a la muerte tres días después. Los detalles de la investigación dieron cuenta que fue arrastrado por el asfalto a lo largo de media cuadra; incluso, llegaron a golpearle la cabeza con la puerta de un auto. El ataque duró alrededor de 15 minutos.
El caso se conoció como un linchamiento, cometido el 22 de marzo de 2014. En aquel momento, la madre del joven albañil, Lorena Torres, fue contundente: "Si mi hijo robó, lo tendrían que haber llevado a la policía", reprochó; y también pidió justicia. La situación generada y el dolor de la familia que vivía en una zona humilde de la ciudad, hicieron que se fuera de Rosario.
Los dos primeros imputados fueron detenidos en septiembre de ese año y tras una prisión domiciliaria fueron liberados en marzo de 2015. En mayo de 2017 se sumó el tercer acusado. Cuatro años después llegó la primera sentencia en juicio abreviado a tres años de prisión condicional para uno de los primeros detenidos. Los dos restantes, Gerardo G. y Cristian A., están acusados y en libertad por el delito de homicidio en agresión -figura planteada por la Fiscalía-, que implica una pena de dos a seis años.
Sin embargo, el debate fue suspendido en noviembre de 2020, dos veces en 2021 y pasó todo 2022. En la última suspensión les dijeron a la querella que el juicio debería ser en febrero, pero en la agenda de la Oficina de Gestión Judicial no hay fecha asignada para este mes. Para la mamá de David, la espera es "una lucha diaria" y comparó el caso, por la forma de la muerte de su hijo, con el de Fernando. Además, aseguró que cada vez que les hablan de una posible fecha de juicio "es como vivir todo otra vez y remover ese dolor que no se irá".
Para el abogado Norberto Olivares, quien es querellante por la familia de David, "es difícil pensar que una condena puede resolver un problema que es tan estructural. Falta otro proceso, que es el debate hacia la sociedad y hay que dar esa discusión. ¿Cómo pedir una conciencia comunitaria ante el individualismo?", planteó.
Cuando fue cometido el hecho, se abrieron diferentes debates que por estos días se retomaron a partir del juicio por el crimen de Fernando, que tuvo otro tratamiento. “Hay gente que cree que hay vidas que valen más, hay muertes que valen menos. Entonces, si alguien intentó robar una cartera, y lo corren y lo patean durante quince minutos y lo matan, no importa, porque se intentó robar una cartera, no es una víctima inmaculada”, analizó la abogada Claudia Cesaroni, en una nota publicada el viernes por la periodista Sonia Tessa, en Las12, en la que "deslinda la necesaria responsabilidad penal por el homicidio de Baez Sosa del reclamo de un encierro de por vida". La autora de los libros La vida como castigo y Contra el punitivismo: agregó sobre el caso de David: “¿A nadie le importa eso? ¿Por qué hay vidas que no valen?”.
Lo crearán la Asociación Empresaria y la provincia
Protocolo contra extorsiones
La problemática de las extorsiones por parte de bandas criminales a comerciantes y empresarios a llegado a un punto que la Asociación Empresaria de Rosario acordó con funcionarios del Ministerio de Seguridad de la provincia crear un protocolo de acción y contención, y una mesa de diálogo y seguimiento de las denuncias. También estuvieron presentes comerciantes de Villa Gobernador Gálvez.
Reunidos en la Asociación Empresaria de Trabajo comerciantes y funcionarios del Ministerio de Seguridad acordaron constituir una mesa de diálogo y seguimiento de hechos delictivos que tiene como víctimas a comerciantes.
Encabezados por el presidente de la Asociación Empresaria de Rosario, Ricardo Diab, comerciantes de distintas cámaras y referentes de los 24 Centros Comerciales Abiertos de Rosario, se reunieron con el secretario de Gestión Institucional y Social del Ministerio, José Córdoba Ríos, y el asesor técnico Diego Ronsisvalle. Los comerciantes plantearon la principal problemática con la que se encuentran que son las amenazas y las extorsiones. Ante esto, se acordó crear un protocolo de acción y contención, y una mesa de diálogo y seguimiento de las denuncias.
“Nosotros nos reunimos con todos los ministros desde el 2008 y entendemos todo lo que nos explican, pero necesitamos respuestas concretas –dijo Ricardo Diab–. Vemos la intención y seguimos apostando a que quienes están a cargo encuentren la solución a estas problemáticas”.
Fuente:Rosario12
Narcópolis
La permanencia de altos niveles de violencia deglutió a otro ministro de Seguridad, el cuarto. Los límites del autogobierno policial, la incapacidad estatal para regular la ilicitud. Y un asesinato inédito.
La salida del director de policía retirado Rubén Tigre Rimoldi del Ministerio de Seguridad a seis meses de asumir la función revela, otra vez, que la seguridad pública no se trata de una cuestión de nombres y que el autogobierno policial posee límites infranqueables, sobre todo en una provincia con una fuerza de seguridad y un Servicio Penitenciario con las características de las santafesinas. Así la describió el jefe de la Agencia de Criminalidad Organizada, el fiscal Luis Schiappa Pietra: “Los fenómenos criminales que tenemos en Rosario obedecen a que estos mercados ilícitos no tienen ningún tipo de control o regulación, porque el Estado perdió también la capacidad de regular esos ámbitos de ilicitud, que en otras ciudades sí los tienen. En Rosario tenemos un problema grave en términos de la capacidad que tiene hoy la policía y otros actores de la seguridad pública para intervenir”. Para el presidente de la Corte Suprema de Justicia provincial, Daniel Erbetta, “creíamos que habíamos tocado fondo y pareciera que el fondo todavía no llega. Acá hay un problema grave, tenemos una disputa violenta por mercados que están totalmente desregulados”. Mencionó como ejemplo que “Hamburgo es el principal puerto de ingreso de la droga en Alemania y la policía alemana lo sabe perfectamente, el mercado se regula y hay límites: ni muertos, ni financiamiento de la política con este dinero. Esa situación no se da en la ciudad de Rosario, se ha perdido el control del territorio”.
El sistema político santafesino despreció hace poco un intento de reforma de la institución policial, de modernización del sistema de seguridad pública y de avance en la conducción política de la fuerza. Los tres proyectos legislativos, que incluían un crudo diagnóstico, enviados por el entonces ministro Marcelo Sain a la Legislatura chocaron con la indiferencia de algunos y la resistencia al cambio de otros. Perdieron estado parlamentario sin ser leídos.
Tras el interregno de Jorge Lagna en la cartera, el gobernador Omar Perotti se inclinó entonces por el camino del regreso sin matices al autogobierno policial, al designar al frente del Ministerio a un comisario retirado, el Tigre Rimoldi.
Unos meses antes de asumir, en una entrevista radial a una FM de la ciudad de Casilda, Rimoldi dijo sobre los problemas de seguridad pública que “claro que se puede solucionar, pero no me lo pidan para mañana, necesito tener el poder para conducir una fuerza de una manera totalmente distinta y que la política no se meta”.
Agregó que “el mando natural es «no hay políticos dentro de la fuerza», se vuelve a ascender como se tiene que ascender, cada uno cobra lo que tiene que cobrar. La meritocracia tiene que funcionar en esto”. No funcionó.
La ciudad de Rosario lleva más de una década con altos índices de homicidios dolosos, entre el doble y el triple de la tasa promedio nacional. Sufrieron esas ominosas estadísticas gobiernos de distinto palo político y diferentes gestiones de un mismo partido.
No hay por qué ser optimista, menos en un año electoral, pero el crimen del músico y artesano Lorenzo Jimi Altamirano, secuestrado al azar y asesinado en la puerta del estadio de Newell’s Old Boys como mensaje mafioso, abrió una puerta que sería deseable que el conjunto de la dirigencia política procurara cerrar.
Si bien existen muchas “víctimas inocentes” que quedaron “en medio” de disputas armadas, nunca antes se había registrado un hecho de esta naturaleza: matar a alguien al voleo para enviar un mensaje, cuyo destinatario no está claro. Es improbable que a los integrantes de las múltiples células de lo que fuera la banda Los Monos les inquiete el crimen de un desconocido. Al Estado, en cambio, lo pone en jaque.
Esa boca es mía
Como parte de un día agitado, el miércoles 8 de febrero el todavía ministro Rimoldi dijo que “la metodología” de ese asesinato evocaba la utilizada en Colombia durante el período más sangriento del fenómeno narco en ese país sudamericano. Enseguida, aunque ya tarde, aclaró que no era comparable lo que ocurría en esta ciudad con lo sucedido en aquél país. El pez por la boca muere.
En la misma conferencia de prensa, el Tigre interpretó la escalada violenta que atraviesa la ciudad como una reacción al buen desempeño de la fuerza de seguridad en materia de persecución a las organizaciones criminales, ya que el jefe de Rosario le informó que en un fin de semana se secuestraron 18 armas de fuego.
Dijo tener “plena convicción” de que es “el sistema que hay que utilizar para pacificar Rosario” y que “las estadísticas nos dicen que es el camino correcto”. Quién va a discutirle a una ciencia exacta.
En la misma rueda de prensa en la que fue consultado por la balacera a edificios públicos y el novedoso crimen al voleo de una persona como mensaje mafioso, el funcionario adelantó la realización de un presunto allanamiento, que derivó en la queja de Schiappa Pietra: “Cómo un ministro va a salir a decir que nosotros estamos por allanar un domicilio. Es inaudito que alguien diga que estamos por allanar”.
Mientras se retiraba el cucurucho de la frente, Rimoldi respondió ante la consulta de Telefé Rosario acerca de si un sector de la fuerza de seguridad le jugaba en contra que “no, no tengo ninguna sospecha, porque sé el compromiso que tiene la Policía de Santa Fe”.
Dos días antes se había conocido la condena a 3 años de prisión al ex jefe de la comisaría 10ma, Gerardo Malpassi, por detener con falsos testimonios a dos pibes inocentes con el supuesto fin de cubrir a la banda de Emanuel Pimpi Sandoval, el transa de zona norte acribillado a balazos en 2019. El mismo que fue condenado por el tiroteo al domicilio particular del entonces gobernador Antonio Bonfatti, en 2013. Con ese nivel de profesionalismo en el ejercicio de la función y las estadísticas favorables, qué podía salir mal. Pero a la noche fue reemplazado por el hasta ese momento secretario de Seguridad, Claudio Brilloni.
El gendarme retirado cumple funciones desde fines de 2021 en el Ministerio de Seguridad. Su nombre no alienta –a priori– la producción de cambios sustanciales en las políticas de la cartera que asumió.
Es apresurado pensar que la gritería del intendente Pablo Javkin por la balacera al centro de salud ubicado en el distrito municipal haya precipitado la salida de Rimoldi de Seguridad. El alcalde tiene una larga trayectoria en la confección de diagnósticos y reclamos a otros.
De todos modos, ese hecho es demostrativo de la calidad del servicio de seguridad: debía haber efectivos en el lugar por un convenio firmado en diciembre entre Perotti y Javkin, pero no estaban. La policía científica levantó de la escena las vainas servidas del ataque pero se le pasó un cartelito intimidatorio que encontró, cuatro horas después, un vecino.
Un ciclista balea un automóvil y el frente de una comisaría y nadie lo persigue. Rimoldi explica que el edificio policial está ubicado frente “a una villa” y que no existe acceso en automóvil por esos recónditos pasillos populares. De correr ni hablar.
Con independencia de que los casos pueden ser anecdóticos, el mensaje a la población es que los polis no se preocupan ni cuando les tirotean el lugar de trabajo.
Un cóctel
“Tenemos una policía absolutamente incapaz de regular los espacios públicos, ayer un ministro de la Corte Suprema dijo que la policía había perdido el gobierno del territorio, de la calle, y yo agrego a eso que el Servicio Penitenciario está pensado para administrar parte de un fenómeno criminal de hace 30 o 40 años”, dijo Schiappa Pietra en la entrevista aludida, concedida a la señal de cable TN.
Siguió: “Santa Fe hoy tiene otras modalidades de criminalidad y no tenemos una policía acorde a ese nivel de problematización”.
Consultado a si se trataba de corrupción o ineptitud, el fiscal respondió que todo. “Hay negligencia, complicidad, incapacidad, falta de profesionalismo, falta de entrenamiento, sueldos muy bajos, falta de recursos, estructuras edilicias precarias y perimidas para los que son los fenómenos criminales hoy”, enumeró.
En otra entrevista, con la radio LT8, dijo que “la estructura policial no da para más” porque “ni siquiera tiene capacidad de administrar cuestiones delictivas que antes controlaba, es decir, ni las cajas negras”, en referencia al sistema de regulación ilegal del delito por medio de coimas o dádivas que en otros épocas garantizó cierta estabilidad.
Ese doble pacto, de la política con la policía para dejarla hacer a cambio de “resultados” y de la fuerza de seguridad con el delito para regular la violencia, se quebró hace años en Santa Fe.
Lo que dice el fiscal es que hoy la policía rosarina no sirve siquiera para eso.
Algo similar planteó el presidente de la Corte, Erbetta. “Creíamos que habíamos tocado fondo y pareciera que el fondo todavía no llega. Acá hay un problema grave, tenemos una disputa violenta por mercados que están totalmente desregulados”, sostuvo en diálogo con la misma emisora.
También introdujo otro aspecto de la cuestión, el del autogobierno y la fragmentación de la fuerza de seguridad en microemprendimientos ilegales, pero sin el control de la ilicitud sino en condición de subordinación a las bandas criminales.
“Hay mucha gente que trata de cumplir a conciencia con su deber, el problema son los niveles de autonomización y de atomización de la policía”, sostuvo el ministro del máximo tribunal.
Puntualizó que “hay muchos jefes policiales y agentes de la policía que están condenados, otros sometidos a proceso. Están condenados porque no sólo brindaron protección, sino que en algunos casos han pasado a gerenciar estos negocios conjuntamente con los sectores que controlan la calle y hacen uso de la violencia”.
Para Erbetta, en ese proceso de degradación existe “una responsabilidad importante del poder político, porque a la policía la debe gobernar la política. Nunca puede autogobernarse la policía”.
El presidente de la Corte detalló que “el proceso de autonomización de la policía no es nuevo” sino que “se inicia varios años atrás”.
“Porque de lo contrario no podrían pasar las cosas que pasan. Tampoco tener los niveles de integrantes de la fuerza sometidos a proceso penal o condenados. No es común”, concluyó.
La diputada provincial Matilde Bruera coincidió al señalar que “acá lo que hay que hacer es terminar con el autogobierno de la policía, la seguridad se debe gobernar políticamente”.
La legisladora planteó la necesidad de “un gobierno político que gobierne y regule a las fuerzas de seguridad, que a esta altura se han convertido en un serio problema para la seguridad”.
¿Y ahora?
La repetición de las recetas probadas y frustradas sólo ahondará el fiasco. Santa Fe se debe, desde hace muchos años, la modernización del sistema de seguridad y una reforma policial que le brinde a la conducción política del Estado las herramientas más o menos útiles para gestionar el problema, cuya complejidad es indisimulable. No hay recetas mágicas en la materia ni sheriff salvadores.
Eso requeriría de un acuerdo de las diferentes fuerzas políticas que exceda el término de las gestiones de gobierno y sostenga políticas públicas a –por lo menos– mediano plazo. Erbetta lo ha planteado en varias oportunidades, retirar los temas de seguridad pública de la agenda electoral.
No se vislumbra ese horizonte, menos en un año en el que hay comicios provinciales y nacionales. Contar un muerto más o menos en relación al año anterior no sólo es miserable sino inútil.
Con toda la ayuda que puede y deba recibir del gobierno federal –porque Rosario queda en Argentina–, Santa Fe debe entender que el problema está acá, es fundamentalmente propio. A las fuerzas federales les cuesta coordinar acciones con una policía que en parte está corrompida por las organizaciones ligadas a los mercados ilegales y en parte carece de conducción, entrenamiento y objetivos claros.
Pero el crimen de Altamirano debería convertirse en una alerta para el conjunto del sistema político, judicial y de las organizaciones civiles.
Es un hecho inédito en la historia criminal reciente de la ciudad. Ya no se trata de un aliviador “ajuste de cuentas” o un “se matan entre ellos”, ni siquiera de alguien que tuvo la mala fortuna de quedar en medio del fuego cruzado de la cotidiana violencia urbana.
Es difícil aventurar pronósticos porque, como se dijo, se trata de algo novedoso. Dejarlo pasar como un hecho más o disolverlo en la disputa mezquina de todos los días pareciera configurar la perspectiva más peligrosa.
Fuente:ElEslabon
La mafia de las extorsiones a comerciantes exige $50 mil por mes como mínimo
Ricardo Diab, de la AER, habló de las prácticas extorsivas que padecen comerciantes en Rosario y que motivó la elaboración de un protocolo de acción con el Ministerio de Seguridad.
Tras el anuncio de la Asociación Empresaria de Rosario de componer un protocolo de acciones frente a las extorsiones mafiosas padecen comerciantes en la ciudad, el presidente de esa entidad, Ricardo Diab, reveló este lunes que el problema se agravó casi ya como una costumbre extendida, y que la dimensión de los chantajes representan como mínimo pagos de 50.000 pesos mensuales a cambio de permitirles trabajar en paz.
“Lamentablemente, tenemos conocimiento de estas amenazas, hechos extorsivos. Notamos además que a este tipo de delito se han subido bandas organizadas por un lado, pero también personas que de manera más precaria intenta imitar estas acciones para obtener algún dinero” dijo Diab este lunes por Sí 98.9.
Y aunque los montos de los chantajes son disímiles y varía según la ocasión y la dimensión económica de la víctima, Diab estimó que “el más modesto (de los chantajes) exige un pago de 50 mil pesos por mes, y de ahí en adelante”, señaló.
La AER acordó el viernes con autoridades del Ministerio de Seguridad la elaboración de un protocolo, pasos a seguir ante hechos extorsivos.
Diab explicó que el primer dispositivo que integrará el protocolo será la confección de “una guía telefónica para que nuestro asociado tenga una toma de denuncia directa”, y un instructivo sobre cómo actuar en estos casos.
Días atrás, el jefe del Ministerio Público Fiscal, Jorge Baclini, reveló que desde el pasado a este aumentó 50% la cantidad de denuncias realizadas por extorsiones y balaceras como consecuencia de aprietes mafiosos.
“Debemos darle una contención a nuestros asociados que vienen reclamando hace tiempo por la inseguridad, la recepción de amenazas extorsivas en cualquier lugar de la ciudad”, dijo el referente del comercio rosarino.
“Siempre hay que denunciar. En este protocolo incluiremos un teléfono para denuncias, pero pueden hacerlo también al 911 o Fiscalía. En este caso nosotros proponemos hacer el seguimiento desde la AER”, explicó.
“Desde otros lugares del país se asombran por la situación de Rosario, aunque el que viene acá descubre que la situación no es tan dramática como se dice, pareciera que no se puede ni entrar a Rosario, y no es así. Pero es un problema a atender, y esperamos que haya un cambio. Se ha exacerbado. Lo de las mecheras y arrebatos que siempre motivaban nuestro reclamo ya parecen temas menores frente a esto de las extorsiones”, concluyó.
Fuente:RosarioPlus
Rosario: balearon el edificio de la Policía Comunitaria del sudoeste de la ciudad
Un hombre que iba en moto disparó tres veces contra el edificio de la Policía Comunitaria de barrio Acindar, al sudoeste de Rosario, alrededor de las 3.15 de este lunes. Uno de los balazos impactó contra el frente vidriado.
Balearon la Policía Comunitaria del sudoeste de Rosario.
Mauro Yasprizza.Las balaceras en Rosario continúan y este lunes, luego de que el domingo por la madrugada asesinaran a un policía, balearon la sede de la Policía Comunitaria de barrio Acindar, al sudoeste de la ciudad. Según se informó, un hombre que iba en moto disparó tres veces contra el edificio alrededor de las 3.15 y uno de los balazos impactó contra el frente vidriado.
La policía halló en el lugar tres vainas servidas, un cargador con municiones calibre 9 milímetros, y una nota contra la Guardia Operativa de la Restitución del Orden (Goro).
Al hecho lo investiga la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
El ataque a una dependencia policial ocurrió horas después del asesinato de un policía en la puerta de un cantobar el domingo a la madrugada y días después de los cambios en el Ministerio de Seguridad de Santa Fe y la jefatura policial.
El pasado 8 de febrero -hace apenas cinco días- balearon el Centro Municipal del Distrito Sudoeste, ubicado en Acevedo y Francia, apenas a ocho cuadras de la delegación de la policía que fue baleada este lunes.
Luego de aquel ataque, el gobernador Omar Perotti desplazó de su cargo al entonces ministro de Seguridad, Rubén Rimoldi, quien fue reemplazado por Claudio Brilloni.
Noticia en desarrollo.
Fuente:AireDigital
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