Enésimo round de los fiscales versus el senador que no quiere declarar
La Corte en off side y Traferri a preocuparse
La Procuración General de la Nación invalidó un fallo del tribunal supremo santafesino a favor de la inmunidad del legislador en la causa de juego clandestino.
Eduardo Casal, procurador general de la nación interino.El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, dejó mal parada a la Corte Suprema de Santa Fe al rechazar su intervención en el litigio que enfrenta al Ministerio Público de la Acusación provincial contra el senador sanlorencino Armando Traferri, en el marco de su relación con la investigación sobre juego clandestino y connivencia con el poder político y judicial.
En un documento firmado ayer, Casal –jefe del ministerio público fiscal– dejó en off side a la máxima autoridad de la Justicia en Santa Fe, cuando rechazó el planteo de los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, de exigir luz verde para obligar a Traferri a concurrir a audiencia penal y declarar como imputado.
Ocurrió que el voto de la Corte había sido desfavorable para con la pretensión de los fiscales, por 5 votos a 1. Y los fiscales, entonces, escalaron en la pirámide judicial y presentaron un recurso extraordinario federal.
En estas circunstancias, ayer la Procuración General de la Nación concluyó que la Corte santafesina no tuvo una decisión colegiada, que los votos de mayoría de sus miembros fueron en la misma dirección (favorable a la inmunidad de Traferri) pero con argumentos dispares. "No hay una coincidencia mayoritaria sustancial sobre los fundamentos (...), opino que corresponde descalificarla y ordenar el dictado de una nueva", escribió Casal.
Describió el fallo de la Corte, en tiempos de Rafael Gutiérrez como presidente, como "una suma de opiniones", impropia de un pronunciamiento cortesano.
Ahora es la Corte Suprema de la Nación la que puede adherir al dictamen del procurador, o no, y según ello, el senador del departamento San Lorenzo, involucrado por el capitalista de juego Leonardo Peiti en la causa, sabrá si tiene que preocuparse o si ya habrá quedado definitivamente fuera del alcance de la ley penal.
Idas y vueltas
El caso viene de arrastre hace dos años, y ya provocó la destitución y arresto de los ex fiscales Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad, por recibir coimas regulares de la organización de juego ilegal comandada por Peiti.
Las idas y vueltas de esta historia son conocidas. El senador se negó a comparecer al llamado de los fiscales Edery y Schiappa Pietra por sus fueros parlamentarios. Sus colegas del Senado provincial ratificaron por mayoría su inmunidad y lo blindaron.
Ante ello, los fiscales plantearon la inconstitucionalidad del artículo 27° del Código Procesal Penal y del 51° de la Constitución de la Provincia de Santa Fe, que le impedían citar a Traferri y, por lo tanto, violarían el principio de igualdad consagrado por la Constitución de la Nación y obstaculizaría la función de la Justicia.
La Cámara de Apelaciones les dio la razón a los fiscales y declaró inconstitucionales algunos párrafos de los artículos referidos. Así habilitó a citar a declaración imputativa a Traferri. Pero el senador acudió a la Corte Suprema de Santa Fe, que anuló la sentencia apelada y reenvió la causa al tribunal de segunda instancia.
Solo Daniel Erbetta se pronunció en sentido opuesto. Los ministros Rafael Gutiérrez, Eduardo Spuler, Roberto Falistocco, Mario Netri y Angélica Gastaldi fallaron a favor de la inmunidad parlamentaria de Traferri, pero por argumentos diferentes.
Los fiscales apelaron ese dictamen con un Recurso Extraordinario Federal. La Corte provincial alegó competencia para responder ese contragolpe de los acusadores rosarinos: y les dio un nuevo revés al considerarlo improcedente.
Schiappa Pietra y Edery no cesaron y acudieron a la instancia nacional de Justicia con un Recurso Extraordinario de Queja. Y allí vino el reto jurídico que ayer le propinó Procuración General de la Nación a la Corte santafesina.
"En virtud de los argumentos expuestos, opino que V.E. debe hacer lugar a la queja, declarar procedente el recurso extraordinario y dejar sin efecto la sentencia apelada", expresó Casal en un mensaje que deja mal parada a la Corte provincial, al menos a los 5 ministros que fallaron a favor de evitar que Traferri pueda ser imputado penalmente.
Casal le recordó doctrina propia a la Corte que considera que "los pronunciamientos de tribunales colegiados son inválidos cuando resultan de una mera agregación de opiniones individuales que no exhibe una coincidencia mayoritaria sobre la sustancia de las razones que dan fundamento a lo que se resuelve".
"Las decisiones de los tribunales colegiados no pueden concebirse como una colección o sumatoria de opiniones individuales y aisladas de sus integrantes, sino como el producto de un intercambio racional de ideas", agregó el jefe de los fiscales federales.
Ante esta "carencia de unidad lógico jurídica" –postuló el dictamen– el fallo de la Corte resultaría nulo porque la Cámara de Apelaciones no tendría una base argumentativa unívoca sobre el cual analizar y volver a fallar sobre la cuestión apelada. Hay "una orden dirigida a un tribunal inferior para que dicte una nueva sentencia , cuyo acatamiento en estas condiciones resultaría difícil de evaluar", advierte Casal.
Por lo tanto, como el fallo de la Corte resulta disperso según el procurador, se habilitaría un peligroso terreno para las especulaciones "con el riesgo que ello supone de que sea una parte interesada la que le atribuya al pronunciamiento un fundamento que aquel, como tal, no tuvo", se anticipó el dictamen de Procuración.
Ahora queda la decisión en manos de la Corte Suprema de la Nación: adherir al dictamen de Procuración, y entonces habrá que sortear conjueces en Santa Fe que deberán darle un nuevo desenlace al "dilema Traferri". Si los cortesanos nacionales no adhieren, igual pueden anular a sus colegas santafesinos, pero por motivos distintos. O pueden rechazar el recurso de los fiscales rosarinos y en ese caso, finalmente el senador apuntado podrá respirar tranquilo, ya sin riesgo procesal mientras conserve esa investidura.
ANONIMOS
Las altas temperaturas de estos días incentivaron campañas oficiales para prevenir los golpes de calor y aconsejar no realizar actividades físicas extenuantes. La municipalidad de Rosario lanzó uno de esos mensajes con una fotografía que muestra un grupo de gente paseando a pleno sol y haciendo ejercicio en un parque. Lo que no notaron es que uno de los "anónimos" que muestra esa foto en la web oficial del municipio es nada menos que el exjefe de los fiscales de Rosario, Patricio Serjal, destituído de su cargo, condenado y encerrado en su momento por su vinculación a la megacausa del juego clandestino en la provincia.
Están las ternas para elegir jefes de los fiscales
Perotti tiene la última palabra
Debe designar al jefe del MPA y al nuevo fiscal regional de Rosario, entre otros. La exclusión de Schiappa Pietra.
El gobernador ante una decisión de alto perfil judicial y político.. Imagen: Andres MaceraDesde Santa Fe
Omar Perotti elegirá en los próximos días al reemplazante del fiscal general y jefe del Ministerio Público de la Acusación Jorge Baclini entre una terna que integran dos camaristas penales: Roberto Prieu Mántaras y Javier Beltramone y la auditora del MPA, María Cecilia Vranicich. “La decisión es inminente”, dijo una fuente de la Casa Gris al confirmar que el ala política del gabinete ya prepara los doce pliegos que el gobernador enviará a la Legislatura para definir los relevos en el MPA y en la Defensa Pública, entre ellos la sucesión de Baclini y de Patricio Serjal, el ex fiscal regional de Rosario destituido por corrupción de un cargo que tiene otra terna de aspirantes: la fiscal María Eugenia Iribarren –que es interina-, su colega Miguel Moreno y Vranicich. Lo que provocó mucho ruido político es la marginación en ambas ternas -elevadas a Perotti- del jefe de la Agencia de Criminalidad Organizada de Rosario, Luis Schiappa Pietra, quien descubrió cómo operaba Serjal y luego pidió en la misma causa el desafuero del senador Armando Traferri, que el Senado rechazó en diciembre de 2020. “La exclusión del fiscal Schiappa Pietra que investiga el crimen organizado y sus vínculos estatales es un escándalo para nuestra provincia. Lo dije en la Junta de Seguridad. Su examen fue brillante. Algo huele mal”, alertó ayer la diputada peronista Matilde Bruera.
El concurso para la sucesión de Baclini comenzó a definirse el 28 de febrero, cuando el Consejo de la Magistratura –que preside la ministra de Gobierno Celia Arena- reveló que siete postulantes habían “superado ampliamente las pautas de evaluación”, que es la máxima nota: los tres que hoy integran la terna: Prieu Mántaras, Beltramone y Vranicich; tres fiscales regionales: Carlos Arietti (Santa Fe), Iribarren (Rosario) y Rubén Martínez (Reconquista). Y Schiappa Pietra.
El 6 de marzo, Arietti renunció al concurso por “motivos personales y funcionales”, una baja que corrillos políticos de la Casa Gris interpretaron que no integraría la terna que se elevaría a Perotti, una semana después. Y así ocurrió.
Quedaron seis postulantes que “superaron ampliamente las pautas de evaluación”. Los de la terna: Prieu Mántaras, Beltramone y Vranicich, quien también fue propuesta para otros dos cargos: fiscal regional de Rosario y el puesto que hoy ocupa: auditora del MPA, para un nuevo período.
La cuarta en la lista –por orden alfabético- era María Eugenia Iribarren, quien pasó a integrar la terna de fiscal regional de Rosario. El quinto, el fiscal regional de Reconquista Rubén Martínez, integró la terna para sucederse a sí mismo en el cargo. Y el sexto, que era Schiappa Pietra quedó afuera de las dos ternas para reemplazar a Baclini o a Iribarren.
La diputada Bruera publicó ayer las comunicaciones del Consejo de la Magistratura y advirtió: “La exclusión de las ternas de fiscal general y regional de Rosario de Luis Schiappa Pietra, el fiscal que investiga el crimen organizado y sus vínculos estatales, es un escándalo para nuestra provincia. Lo dije en la Junta de Seguridad. Su examen fue brillante. Algo huele mal”.
-¿Qué dijo en la última Junta de Seguridad? –preguntó Rosario 12
-Que una de las medidas claves para superar la crisis de inseguridad y violencia en la provincia es elegir bien al fiscal general y al regional de Rosario. Ellos son los que diseñan la política criminal, que debe investigar los vínculos del delito con la corrupción estatal –respondió la legisladora. El cargo demanda un saber. “Hay fiscales muy formados, con experiencia concreta que dieron un examen excelente. Además, el sistema acusatorio lo exige”.
-Pero ninguno de los tres: Prieu, Beltramone y Vranicich, son fiscales.
-Vranicich es auditora general del MPA. Si, es una barbaridad que no haya nadie de la Fiscalía para dirigir fiscales –señaló Bruera.
El diputado del Frente Social y Popular Carlos del Frade coincidió que las ternas que excluyeron a Schiappa Pietra de la sucesión de Baclini e Iribarren “vuelven a mostrar el poder del Partido Unico Santafesino (PUS)”, como llamó a la “ unidad de los sectores conservadores de la política, la justicia, el mundo empresarial, la Iglesia y los grandes medios de comunicación”. "Los fiscales que investigaron los subsidios de los senadores, el narcotráfico y el juego clandestino directamente no figuran. La ciénaga santafesina crece en forma paralela a la desigualdad y los privilegios de pocos. Es hora de romper todo esto”, planteó el legislador.
Su colega de la UCR Fabián Palo Oliver dijo que ya las ternas que se elevaron al gobernador para el MPA ya eran "un secreto a voces". “La mesa judicial y la corporación política, una vez más, metiendo la mano para facilitar la llegada de los que seguramente serán funcionales y desplazar a quienes incomodan”.
"Schiappa Pietra es junto a su colega Matías Ederhy uno de los fiscales más valientes y comprometidos con las investigaciones del narcodelito y sus derivaciones. El senador Traferri intentó que a Edery no le aprueben su pliego para ser fiscal titular. No lo logró” Pero a Schiappa Pietra “lo sacaron de la terna para reemplazar a Baclini” y a Iribarren.
Colectivo de mujeres contra Prieu Mántaras
Las sentencias que definen al magistrado
La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito (Regional Rosario) expresó ayer que “es indignante” que el juez de la Cámara Penal de Santa Fe Roberto Prieu Mántaras integre la terna para reemplazar al jefe del Ministerio Público Jorge Baclini, le pidió al gobernador Omar Perotti que no lo designe en el cargo y –si lo hace- le planteó a la Legislatura que rechace el pliego. Uno de los antecedentes que le reprochan al magistrado es la sentencia que revocó la condena del ex arzobispo de Santa Fe monseñor Edgardo Gabriel Storni por “abuso sexual” a un seminarista por “motivos técnicos”, que garantizó la “impunidad” del condenado y la posibilidad de cobrar la “jubilación de privilegio hasta su muerte”. Prieu Mántaras es un candidato que “subestima la voz de las infancias y el respeto a las leyes y tratados de derechos humanos que protegen a las mujeres y niñes en situaciones de violencia”, dijo la campaña.
La impugnación pública a Prieu Mántaras se conoció en una carta abierta dirigida al propio gobernador Perotti. “Es indignante” que un “juez conocido por fallos fuertemente cuestionados” integre la terna de candidatos para reemplazar a Baclini. Y mencionó tres sentencias:
*Anuló por “motivos técnicos” la condena a Storni por “abuso sexual” a un joven seminarista, que le permitió “seguir impune y cobrar su jubilación de privilegio hasta su muerte” en una casa en La Falda, Córdoba.
*Absolvió a un violador condenado por el abuso de su sobrina de 12 años. Un fallo que luego anuló la Corte Suprema de la provincia con severas críticas a Prieu Mántaras porque relativizó "la declaración de la niña víctima de abuso sexual” en la Cámara Gesell, no tuvo en cuenta otras “pruebas que se correspondían con sus dichos” y las desestimó en forma “infundada”. “El juez desconoció la fuerza probatoria del testimonio de la menor" que “le otorgan las normativas convencionales, constitucionales, legales y la jurisprudencia de alto nivel orgánico”, denunció la campaña.
*Dejó sin efecto la suspensión de la matricula de una psicóloga de la organización Grávida que “se infiltró en el Hospital Iturraspe de Santa Fe para manipular a la familia de una menor de 12 años discapacitada, embarazada en una violación y obstaculizar el derecho de la niña a acceder a un aborto y al cuidado de su salud integral. La Corte Suprema revocó también este fallo de Prieu Mántaras y confirmó la sanción del Colegio de Psicólogos de Santa Fe a la profesional. El hecho volvió a repetirse. “Hace unos meses, la misma organización Grávida virtualmente secuestró a una niña y a su madre para obstaculizar la decisión de abortar de la niña, lo que muestra el riesgo de habilitar tales conductas mediante retorcidos fallos como los de Prieu Mántaras”.
“Estos tres ejemplos muestran la inclinación de Prieu Mántaras de subestimar la voz de las infancias y el respeto a las leyes y tratados de derechos humanos que protegen a las mujeres y niñes en situaciones de violencia”.
“Es particularmente indignante que a pocos días de las masivas manifestaciones por el 8M, donde la población se expresó en reclamo por las violencias que siguen sufriendo mujeres, niñes y diversidades en nuestra provincia, se piense en designar en un cargo tan estratégico para el efectivo acceso a la justicia de las víctimas a alguien con semejantes antecedentes”, concluyó.
Cinco imputados por el crimen de Maximiliano Jerez en Los Pumitas
El rol de cada uno en la balacera mortal
Para la Fiscalía, el homicidio del chico fue consecuencia de un ataque del grupo comandado por "Araña" contra la banda del "Salteño", en esa zona de Empalme.
Dos hermanos fueron imputados ayer con prisión preventiva por dos años como coautores del asesinato del niño Máximo Jerez, cometido el 5 de marzo pasado durante una balacera Empalme Graneros, mientras que se ordenó la captura de otros dos partícipes. También una mujer y sus dos hijos fueron acusados de encubrir el hecho por guardar en su casa el auto utilizado en el homicidio. Así lo dispuso el juez penal Hernán Postma al término de la audiencia en la que el fiscal del caso, Adrián Spelta, detalló los roles de cada uno de los cinco imputados del asesinato de "Maxi".
El fiscal le atribuyó a uno de los detenidos la semana pasada, Maximiliano Oscar Castillo, ser quien conducía el Honda Civic negro desde el que tres personas dispararon contra un grupo de niños que estaba en calle Cabal al 1300, en el asentamiento "Los Pumitas".
Según Spelta, Nicolás Ariel Castillo, hermano de Maximiliano, fue uno de los que disparó contra las víctimas, mientras que otros dos cómplices que iban en al auto permanecen prófugos.
El fiscal identificó durante una rueda de prensa a una de las personas con pedido de captura como Nicolás Torres, un joven cuyo domicilio fue allanado la semana pasada y del que se secuestraron "muchísimas municiones y cargadores", precisó. Además, agregó que al ser entrevistada la madre, dijo que su hijo "era soldadito de los Castillo" y de otro apodado "Araña"".
Ese sobrenombre corresponde a un preso de Piñero, llamado Alex Ibáñez (22), a quien el fiscal identificó como uno de los "transeros" del narcomenudeo que opera en "Los Pumitas", enfrentado a otro grupo también liderado por un detenido condenado por un triple homicidio, Cristian "Salteño" Villazón.
Para la Fiscalía, el homicidio de Jerez fue consecuencia de un ataque pergeñado por el grupo comandado por "Araña" contra la banda del "Salteño".
"La hipótesis es que el objetivo principal del ataque era la familia de los Salteños. Un testigo manifiesta que al no poder encontrar a nadie, dirigen el ataque a toda la gente que estaba ahí", dijo el representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
En la audiencia, los hermanos Castillo fueron imputados del "homicidio calificado" de "Maxi" y la tentativa de asesinato de tres primos suyos, dos de 13 y uno de 2 años, quienes resultaron heridos durante la misma balacera. La expectativa de pena de esos delitos es de prisión perpetua, recordó el fiscal.
Por otra parte, Spelta acusó a Alejandra Rodríguez y a sus hijos Esteban Marengo y Gustavo Borda de "encubrimiento agravado por delito precedente grave, en grado consumado y en calidad de coautores", informó el MPA.
Según la investigación, Rodríguez es la pareja del taxista Gustavo Marcelo Borda, condenado a 5 años y medio de prisión como partícipe necesario del crimen de un adolescente, Ticiana Espósito, ocurrido en septiembre de 2020.
Fuentes judiciales recordaron que por ese mismo homicidio fue condenado "Araña" Ibáñez, a quien le secuestraron un arma empleada en la balacera que derivó en el asesinato de la chica de 14 años.
Ambos están alojados en el pabellón 9 de la cárcel de Piñero -que la semana pasada fue allanado-, desde donde, según explico Spelta, Alejandra Rodríguez recibió un llamado para que guardara en su casa el vehículo utilizado en la balacera contra los "Salteños" y que derivó en el asesinato de Jerez y las lesiones a sus primos.
"Las tres personas recibieron la orden de esconder el vehículo, el conductor del Honda Civic negro lo dejó en el domicilio de esta familia, fue un pedido desde la cárcel de Piñero", explicó el fiscal tras la audiencia. Y añadió que "el pabellón 9 es de donde en principio salió la orden para esconder el vehículo, y es además donde se encuentran detenidas personas vinculadas en forma directa, por ser familiares, con los imputados" en el asesinato del niño de la comunidad Qom.
Por su parte, el juez Postma tuvo por formalizada la acusación y dictó la prisión preventiva por dos años a los cinco imputados, tal como lo solicitó el fiscal.
Detenidos
Amenaza a multinacional
Marcos Cleri y el intendente Pablo Corsalini recorrieron obras en Pérez
“Trabajamos por un desarrollo en favor del bienestar de la gente”
El diputado nacional Marcos Cleri visitó junto al intendente Pablo Corsalini el barrio Cabin 9 y recorrieron las obras de infraestructura que se están llevando adelante: red de agua, desagües cloacales y red vial completa que incluyen pavimento y asfalto en todas las calles de esa zona de la ciudad de Pérez.
“Venimos promoviendo el trabajo conjunto entre los gobiernos nacional y provincial con los municipios, a través del diálogo y la unidad de criterios, por un desarrollo federal, equilibrado siempre en favor del bienestar de la gente, como vemos hoy acá en Pérez, con una obra histórica gestionada por el intendente Pablo Corsalini”, destacó el legislador nacional y dirigente peronista santafesino.
“Estamos recorriendo el barrio, mostrando las condiciones en las que se encuentran las obras proyectadas para este sector de la ciudad con un atraso de más de 40 años, escuchando a los vecinos y vecinas. Junto a mi equipo de gobierno nos comprometimos a redoblar los esfuerzos, las capacidades y el compromiso de trabajo para dotar de servicios esenciales y mejorar la calidad de vida de cada uno de los habitantes”, resaltó después Pablo Corsalini.
En la recorrida llevada a cabo este lunes, se pudieron apreciar las calles recién asfaltadas por el programa ReNaBaP y el agradecimiento de vecinos y vecinas de Cabin 9, expresando con asombro su satisfacción por ya no tener zanjas y no pisar barro o tierra como durante casi 40 años.
“Cuando pensamos en un Estado presente, lo primero que se nos viene a la mente es la justicia, la seguridad y la educación. Sin duda estos pilares son fundamentales a la hora de proyectar una ciudad próspera. Sin embargo, entre las tareas específicas del Estado también se encuentra la de prestar servicios básicos de infraestructura en barrios de alta vulnerabilidad; y hoy lo estamos viendo y escuchando en la boca de los propios protagonistas”, remarcó Corsalini.
Finalmente, el intendente y el diputado nacional Marcos Cleri visitaron el SAMCO del barrio Cabin 9, dialogando con el presidente Roberto Durán, quien informó a las autoridades sobre la ampliación en la atención médica y las obras que se están llevando adelante para mejorar la atención sanitaria del barrio.
Fuente:Pagina12
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