En Córdoba se realizó la jornada
«Ruka resiste», en referencia a la
intención estatal de desalojar un
espacio comunitario de producción
agroecológica
Resumen Latinoamericano, 14 de marzo de 2023.
Esta nota transmite las voces genuinas y necesarias de un grupo de trabajadorxs de la economía popular que pelean día a día por cultivar productos sanos, sin químicos ni aditamentos parecidos, que practican, desde su militancia en la OLP-Resistir y Luchar, la agroecología y que reniegan de los transgénicos. Ahora, que existe una intención de desalojarlos del espacio Ruka, en la provincia de Córdoba, son muchos y muchas que están decididos a defender dicho predio. Sobre todo, en tiempos de hambruna en los sectores más humildes de la población y de avance voraz del extractivismo destructor del medio ambiente.
Este pasado 10 de marzo se realizó una minga y conversatorio entre distintas organizaciones sociales, políticas, comunitarias, campesinas y agroecológicas en apoyo al NO desalojo del trabajo genuino y agroecológico. Una demostración de solidaridad del campo popular para defender el Espacio Ruka.
¿Quiénes son y qué hacen?
Espacio Ruka (Casa en mapudungun) un espacio interdisciplinario de encuentro cuya actividad principal es la producción agroecológica de verduras y hortalizas. Está situado en el límite Noroeste de la Ciudad de Córdoba, zona de Arguello en el barrio San José.
Surge como un proyecto de unidad productiva impulsado por la organización social y política OLP Resistir y Luchar. Se aproxima a cumplir 2 años de iniciado este proyecto. Este espacio funciona como unidad productiva agroecológica vinculando a más de 20 familias que trabajan en el predio haciendo su contraprestación del programa nacional de inclusión socio productiva y desarrollo local y que al mismo tiempo genera un valor agregado en la comercialización de los productos que se cultivan.
Ruka es un espacio de una hectárea y media, se caracteriza por ser un gran espacio de preservación de la flora y fauna nativa, un pulmón verde dentro del barrio. Actualmente trabajan la tierra en gran parte del territorio con huerta. No solo cultivan de forma agroecológica sino también desde la preservación de la flora y fauna nativa que se expresa en el lugar. En estos años distintos actores, como INTA, Red de Huertas Comunitarias, especialistas, organizaciones campesinas, sociales y políticas se interesaron en el trabajo y se pusieron al servicio de acompañar el proceso.
¿Cuáles son los hechos actuales?
El pasado 15 de febrero llegó una intimación para que al término de 20 días hábiles (10 de marzo) se
“desocupe” el predio donde hace dos años funciona Ruka. El demandante es la misma Agencia de
Administración de Bienes del Estado (AABE), órgano centralizado del estado que anteriormente a este
proyecto, dejó en abandono total no solo al predio, sino el bien patrimonial de la antigua casona del ex
gobernador Tomas Garzón. Ante la intimación, inmediatamente se envió un escrito de defensa.
¿A qué apunta la demanda?
No sabemos bien a qué apunta, pero sí sabemos que a este espacio en el 2018, lo quisieron subastar a un privado inmobiliario. Tampoco sabemos quiénes fueron los que impulsaron esa maniobra y que rol cumplía el AABE. Lo que sí, es que quieren desalojar el espacio sin un relevamiento previo, justificando la orden por hechos de hace 2 años. Según el expediente de la causa, el juez Hugo Vaca Narvaja (el mismo que imputó y procesó a 27 estudiantes de la UNC) determina esta acción como si ocupantes anteriores aun existieran en el predio.
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¿Qué acciones se han tomado?
Hemos hecho una intervención nueva en el expediente a través de nuestro abogado Carlos Orzaocoa.
Principalmente para dar a conocer nuestra situación, remarcando que el estado mismo se contradice, por un lado nos financia y por otro nos desaloja. Queremos que esta presentación llegue a ser nexo entre estos brazos del estado para llegar a una solución.
Sobre la jornada
La jornada comenzó bien temprano con una repartición de tareas en la minga, luego, antes del almuerzo, después de una ronda de presentación, distintos/as representantes de las organizaciones presentes compartieron su punto de vista, aportes de sus experiencias y reflexiones conjuntas que invitaron a continuar pensando este proceso.
Se destacó la visita del escritor, historiador y periodista Mariano Saravia, del histórico militante de derechos humanos «Vasco» Orzaocoa, de la casa imprenta del pueblo Roberto Matews, Henry Boisrolin Miembro de la OLP RyL y del Comité Democrático de Haití. También los artistas presentes como Marcos Esqueche Cantautor y percusionista afroperuano y Ludmila, trovadora del valle de Punilla. También participaron diferentes organizaciones sociales y políticas como la Juventud Guevarista, el MTR Votamos luchar , Movimiento Pueblo, Lucha y Trabajo, Mocase (Movimiento Campesino de Santiago del estero) y La red de huertas comunitarias de Córdoba.
Luego de una ronda de presentación representantes de los distintos espacios dejaron eco en sus
intervenciones. Primero, Mariano Saravia compartió su asombro al conocer estos procesos de huertas que se vienen tejiendo por el trabajo militante que hacen lxs compas de la Red de huertas comunitarias. “eso es lo que necesitamos y a veces uno no conoce que ya se está haciendo”. Luego le preguntamos ¿qué enseñanzas nos puede dar desde su experiencia respecto a la lucha que se está llevando en Ruka? Con lo que nos respondió; “Yo me dedico a la historia, trato de vincular la historia con el presente, la historia por sí misma no sirve para nada. Pero si resignificamos políticamente la historia nos puede servir para vivir hoy. Estoy convencido que hoy, ser progresista es volver atrás, romper con la idea eurocéntrica de que la historia es lineal y siempre vamos para adelante, eso es mentira, eso nos dicen los que no quieren aprender de la historia”.
Henry Boisrolin se notó muy agradecido por la presencia de las organizaciones. Resaltó que hay personas que ante cualquier caso de injusticia, dicen presente, refiriéndose al abogado que tomó la causa. “Lo que sí, es en la lucha donde uno encuentra la verdadera solidaridad que no es solamente de palabra, sino de hecho”.
Y agregó: “Es también en la lucha donde uno entiende el valor de la unidad en la diversidad, en las diferencias. Ganar acá no es una victoria para Ruka nada más, es una victoria de todxs nosotroxs”. refiriéndose a las organizaciones presentes, que pertenecen al campo popular. “Es un compromiso que la solidaridad no quede solamente acá, hoy, sino que podamos seguir trabajando para más adelante, para otras cosas. Ruka nos une hoy, pero hay muchas cosas que nos esperan en las calles” Invitando a construir un espacio para este 24 de marzo.
De igual manera el abogado Carlos “Vasco” Orzacoa aportó primero, “que es muy importante este espacio de recuperación, de emblema”, observando que no solo había una cantidad de personas, sino que todxs ellxs son militantes, fuerza militante que con un objetivo se expresa en calidad, y que eso se tiene que convertir en cantidad. También hizo mención sobre la experiencia de Galpón 3 en La Matanza.
Marcos Esqueche y Ludmila cerraron la jornada con canciones del folklore Latinoamericano y percusión
afroperuana. En un momento se hizo una sola voz en el canto colectivo, donde todes les espectadores se convierten en ejecutantes. También le enviamos nuestra fuerza y saludo a todo el hermano pueblo del Perú, que en estos días está viviendo horas de profundo dolor y al mismos tiempo de mucha lucha producto del terrorismo de estado llevado adelante por el gobierno ilegitimo de Dina Boluarte.
Así fue en la totalidad toda la presentación en «Ruka resiste»: trabajo de minga, compartir de saberes y
perspectivas, apoyo y solidaridad, un canto que revive el espíritu de lo comunal, de lo ancestral, de resistencia y Lucha .
¡NO AL DESALOJO DE ESPACIO RUKA!
¡ NO AL DESALOJO DEL TRABAJO GENUINO!
¡NO A LA ESPECULACIÓN INMOBILIARIA!
LA HUERTA DE RUKA
La medida del agua. Avanza la
mercantilización de los recursos
hídricos en Mendoza
por Susana Lara / Resumen Latinoamericano, 14 de marzo de 2023
Mendoza busca ser la primera provincia argentina que implemente una reforma estructural de la gestión pública del agua para crear un mercado local bajo las reglas de la oferta y la demanda de un bien de la naturaleza cada vez más escaso a escala global. Desde fines de febrero y hasta principios de este mes, el gobierno provincial y la empresa estatal Mekorot Israel National Water Co hicieron una maratón de reuniones informales con referentes de instituciones directamente vinculadas a la prestación del servicio público, a los diferentes consumos de agua y a la investigación académica.
El gobierno propondrá a la Legislatura un Código de Aguas que regule las nuevas condiciones del manejo integral de las aguas superficiales, las subterráneas, las recuperadas con distintos tipos de tratamiento y las desalinizadas. La futura ley creará una autoridad de aplicación centralizada de los recursos hídricos bajo dominio de Mendoza, que hoy comparten cuatro organismos públicos de distinto rango y poder institucional. Ese eventual Código de Aguas respaldará el plan maestro para 2050 que formulará Mekorot, consultora contratada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) el año pasado para participar de este proceso de reforma impulsado por la emergencia hídrica y los compromisos internacionales ante el cambio climático y el calentamiento global, entre otras razones.
El 4% de la superficie total de esta provincia cuenta con infraestructura de riego destinada a la industria frutihortícola de los oasis productivos. Allí, desde al menos cuatro años, llega la mitad del caudal normal a raíz de la mega-sequía que se inició en 2010. El 0.8% del territorio corresponde a los 1.230 kilómetros cuadrados de glaciares y ambiente periglaciar de los Andes Centrales, de acuerdo al Inventario Nacional de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares que realizó el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y ciencias Ambientales (IANIGLA). En la Argentina “podemos agrupar a las reservas hídricas estratégicas en estado sólido en dos grandes grupos: glaciares (descubiertos y cubiertos) y glaciares de escombros. Estos grandes grupos contienen, tanto en volumen como en superficie cubierta, las mayores reservas hídricas en estado sólido de la cordillera”, plantea el documento publicado en 2018, recordando otros elementos territoriales que necesariamente involucrará la reforma del régimen de agua. Esa reserva de agua dulce de las alturas está en retroceso, como en todo el mundo.
Con muy poca documentación pública disponible y anuncios muy amplios, las asambleas ambientales comenzaron a sumar los acuerdos con Mekorot a la agenda de conflictos en las provincias. El 4 de marzo marcharon en Mendoza asambleas de base en defensa del agua y los bienes comunes, cuando debutó en las calles un muñeco que representó a un directivo de la empresa israelí. Dos días después, en Viedma (Río Negro) las asambleas del Currú Leuvú, la Multisectorial en Defensa del Golfo San Matías y la asociación civil Árbol de Pie de Bariloche pidieron formalmente copia de los acuerdos con empresas extranjeras a la gobernadora Arabela Carreras y a las autoridades del Departamento Provincial de Aguas (DPA).
Tours
Hace un mes arribaron al país Yizhaq Aharonovich, presidente de Mekorot; Daniel Soffer, director general adjunto; Barak Graber, director de Negocios; y el argentino Diego Berger, coordinador de Proyectos Internacionales, entre otros directivos. El 13 de febrero firmaron convenios técnicos con cinco provincias, a la vez que se sumaron dos al proyecto general de reforma integral de la gestión de los recursos hídricos bajo la consultoría israelí.
Gobernantes y/o representantes de diez distritos viajaron a Israel en abril del año pasado para conocer instalaciones industriales de Mekorot. Mendoza y San Juan formalizaron acuerdos en septiembre del año pasado; después, Río Negro, Catamarca y La Rioja. Ahora se sumaron Santa Fe y Santa Cruz. Participaron del acto del mes pasado los gobernadores de Entre Ríos, Gustavo Bordet, y de Formosa, Gildo Insfrán, así como funcionarios de Santiago del Estero, lo que permite suponer que esas tres provincias también se plegarán al proyecto que impulsa Eduardo “Wado” de Pedro, ministro del Interior.
Sergio Marinelli, superintendente del Departamento General de Irrigación (DGI) de Mendoza, actuó como anfitrión de las reuniones de gobierno local con los empresarios. También de los encuentros que ambas partes mantuvieron con actores locales y de visitas a infraestructura de agua y saneamiento en funcionamiento. La agenda se conoció con muy poca anticipación, lo que impidió que esas reuniones informativas pudieran contar con mayor y más amplia participación.
“En vez de mirar la montaña (con los glaciares en retroceso) en el corto plazo, en nuestra gestión tenemos que mirar muy bien cuál es la oferta, qué es lo que hay en la montaña”, propuso Marinelli en su exposición en la Legislatura. Ocupa el cargo desde 2022, con designación de la Legislatura por períodos de 5 años, uno más que el gobernador. El acuerdo entre partes prevé un trabajo de consultoría por 18 meses, pero Mendoza ya habla de proyecciones a 30 años. Marinelli no aportó copia del convenio marco general entre el CFI y Mekorot, aseguró José Luis Ramón, diputado provincial por el Frente de Todos.
En otro momento, el funcionario dijo que “una cosa es la oferta, otra la disponibilidad”, sin explicitar a los asistentes las definiciones operativas que se usarán en esta etapa. “La oferta es un estudio científico que hará el IANIGLA para proyectar cómo vamos a disponer a mediano y largo plazo de las aguas en todo el territorio, todas las cuencas, no sólo las áreas irrigadas”, añadió. Un asambleísta señaló que el investigador del IANIGLA presente se limitó a aclarar que había sido invitado el día anterior, por lo que se desprende que ese instituto no estaba al tanto de lo que se espera de su participación.
“La población cada vez exige más agua y más alimentos, por lo que la demanda se proyectará hacia el consumo humano y la agricultura”, consideró Marinelli, sin mencionar la demanda de la megaminería, por detallar un sector en crecimiento en la provincia. En ese mismo edificio, pocos días antes el Senado aprobó el estudio de impacto ambiental de un proyecto minero que omitió consignar que estará emplazado en zona de glaciares.
Por su parte, Berger insistió en que la gestión es el eje de la política del sector. “No se puede gestionar un recurso que no se conoce cuánto se tiene”, reiteró citando a Marinelli, que asegura no conocer la magnitud de los recursos hídricos de la provincia. El DGI publica con actualización diaria las mediciones de agua en los embalses y presas, así como los caudales de los ríos. El año pasado se puso en marcha el Observatorio de Nieve de los Andes de Argentina y Chile, portal web de acceso público con documentación satelital permanentemente actualizada y análisis de cuencas.
Un grupo de investigadores publicó el año pasado el documento “¿De dónde viene y a dónde va el agua de las ciudades? Base de datos integrada para 243 centros urbanos argentinos”, un pormenorizado trabajo que une justamente la oferta con la demanda, por plantearlo en términos de Martinelli y Berger. Se obtuvo un registro unificado y geolocalizado de los puntos de provisión y disposición de agua, así como el de la identidad de los cuerpos de agua asociados, para 243 ciudades de la Argentina de más de 20.000 habitantes (que incluyó varias de Mendoza). De este modo se abarcaron más de tres cuartas partes de la población total del país, aseguraron los autores de la Red de Evaluación y Monitoreo de Ecosistemas Acuáticos (REM.AQUA), en base a un convenio entre el CONICET y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. Parte de ese equipo realiza la plataforma Aguas Claras para actualizar el documento base.
El mundo académico reconoce la fragmentación de la documentación sobre el asunto, pero sonó exagerado negar todo conocimiento acumulado. La pregunta es qué tipo de información necesita la reforma que imagina el gobierno local y la consultora, y para qué análisis.
Interiores
Damián Moreno, integrante de Crece desde el Pie, organización de productores agroecológicos del Valle de Uco, el sábado 4 fue a la marcha del agua y el lunes siguiente alcanzó a ir a la reunión informativa en Tunuyán. “No más de treinta personas, tampoco había lugar para más. Insistieron en que el sistema actual es ineficiente, que no se sabe qué tenemos ni qué se entrega”, sintetizó el productor. Esa parece ser la plataforma de Berger, que insiste en que todo lo que se entrega se mide y lo que se mide se cobra. En Mendoza los regantes están en la base institucional del DGI, con voto y representación directa en el órgano de aplicación de la Ley de Aguas. Hasta ahora, en la Argentina se cobra el costo del funcionamiento del servicio público, pero no se le asigna un valor al agua.
Berger recitó el cuadro tarifario del valor del agua potable de uso agrícola en Israel, la que fija la empresa. Establecieron un sistema de cuotas para cada usuario. El metro cúbico cuesta 76 centavos de dólar, hasta cubrir la cuota asignada. El precio se eleva a 1.20 dólares el metro cúbico por el consumo de hasta 10% más por sobre la cuota. Y algo más de 2 dólares por encima del 10% de la cuota básica. Imaginemos esos valores aplicados a los volúmenes almacenados en las presas hidroeléctricas.
“Es un bien escaso. Pero el problema de fondo es la inequidad de la distribución de esa escasez”, sostuvo Moreno. Esa inequidad aplica al modelo vigente. Un productor de orégano de la organización Crece desde el Pie tiene asignado derechos de agua para cuatro hectáreas en Paraditas (departamento San Carlos), de las que solamente mantiene en producción dos por la merma en el suministro de agua a los canales los últimos años. También hay fundos abandonados por la deuda impaga del canon de riego. Por el contrario, el capital concentrado no sufre la sequía.
En el mismo departamento San Carlos, Simplot Argentina S.R.L. produce papas en tierras propias en Luján de Cuyo, inscriptas a nombre de San Fili S.R.L. Para las papas que se procesan y venden congeladas, la firma readecuó perforaciones de agua abandonadas en lotes vecinos por fuera de lo que dicta la normativa vigente, se quejaron en su momento productores que asistieron a la audiencia pública por el estudio de impacto ambiental del proyecto. Scott Simplot, actual presidente de la casa matriz, llegó de la mano de Fabio Calcaterra a Mendoza. En la inauguración de la planta de papas congeladas en 2018 estuvo la selección de la dirigencia política criolla.
La reflexión del diputado Ramón también apunta al reparto de la escasez. El 80% del agua está destinada al riego de tierras agrícolas y solamente el 18% al consumo humano. Todos los veranos, la población de los barrios más humildes de la capital mendocina se queda sin agua. El gobierno provincial tiene quórum propio y los votos necesarios para imponer cualquier proyecto en las dos cámaras legislativas, aseguró Ramón.
“¿Y todo esto quién lo paga?”, preguntó un productor en la Cámara de Comercio de Tunuyán. Marinelli ensayó una sonrisa entre amigos y dijo: “El CFI, todo corre por cuenta del CFI”. La duda es cuál era la pregunta de fondo del productor, acostumbrado a ver correr el agua a cielo abierto con esta idea de entubar el agua para poder medirla, transportarla y venderla.
A todas las partes les quedó claro que esta historia continuará.
FUENTE: El Cohete a la Luna
Jujuy: Morales reprime a familias
que reclaman por falta de personal
Por Resumen Latinoamericano, 14 de marzo de 2023.
Familias de la Escuela de Frontera de La Quiaca tomaron la institución como forma de reclamo frente a la no designación de maestras y personal de servicios generales. También protestaron por falta de gas y problemas edilicios. La respuesta de Morales fue mandar la represión en su mayoría a madres de la Escuela.
Durante la mañana de hoy familias de la Escuela de Frontera de La Quiaca tomaron la institución ya que están cansadas de que desde el Ministerio de Educación no den respuestas a los reclamos que vienen llevando adelante por el retraso en la designación del personal de servicios generales y maestras que necesita la institución. También reclaman por falencias edilicias y falta de gas. Una de las consecuencias de todas estas carencias es por un lado que al día de la fecha hay grados enteros que no tuvieron clases y por otro lado, no se puede suministrar un correcto servicio del comedor escolar, cuestión que en tiempos de ajustes e inflación perjudica a niños y niñas que dependen del comedor para tener un desayuno o una comida diaria.
Luego de la protesta en la Escuela las familias se movilizaron por la ciudad y se dirigieron a cortar la ruta 9 para que su reclamo sea escuchado, luego de meses de que no hay respuestas desde las autoridades del área. La respuesta del Gobierno provincial fue enviar efectivos de la policía para reprimir a las familias movilizadas, en su mayoría mujeres.
El ajuste de los gobiernos nacional y provincial afecta a toda la comunidad educativa y se expresa en este tipo de problemas tanto en lo edilicio como en la designación de personal. En el resto de las escuelas de La Quiaca como en distintos lugares de la provincia se repiten reclamos que tienen estos denominadores comunes. Esta es la realidad de la educación pública bajo el gobierno de Morales, muy alejado del relato de ser la provincia que más invierte en educación.»
Y agregaron que «Morales se la pasa de campaña mostrando una provincia que no existe. Hace campaña mostrando escuelas nuevas, pero no se garantizan todos los insumos necesarios para que funcionen ni se crean nuevos cargos y en las escuelas ya existentes se repiten los problemas: falta de personal, estructuras edilicias precarias, falta de gas o agua. Los salarios son bajísimos y hay miles de docentes esperando un cargo y sin embargo en todos los niveles educativos las clases comienzan sin docentes. Las conducciones gremiales deben ponerse a la cabeza de organizar una lucha conjunta de toda la comunidad educativa.»
Fuente: La Izquierda Diario
Crisis diplomática con Ecuador
expulsaron a los embajadores
Resumen Latinoamericano, 14 de marzo de 2023.
Cancillería solicitó este martes el retiro del embajador ecuatoriano en Buenos Aires tras lamentar la «incomprensible decisión del Gobierno» de Quito de solicitar el retiro de Gabriel Fuks, el embajador argentino en ese país.
Argentina solicitó este martes el retiro del embajador ecuatoriano en Buenos Aires tras lamentar la «incomprensible decisión del Gobierno» de Quito de solicitar el retiro de Gabriel Fuks, el embajador argentino en ese país. La decisión del gobierno ecuatoriano tuvo lugar luego de que María de los Ángeles Duarte, exministra durante el gobierno de Rafael Correa, decidiera terminar su estadía de dos años como asilada en la sede diplomática nacional en ese país y trasladarse a la de Caracas, Venezuela.
«Se ha decidido adoptar, por nuestra parte, la misma situación con respecto al embajador ecuatoriano en Argentina. El Gobierno argentino ha tomado con sorpresa y profunda tristeza la decisión de Ecuador de escalar el desacuerdo existente respecto a la situación de la señora María de los Ángeles Duarte Pesantes y llevarlo a nivel de perjuicio en la relación bilateral», indicó la Cancillería en un comunicado.
Asimismo, aclararon que “no existe norma internacional alguna que obligara a las autoridades diplomáticas argentinas a ejercer custodia sobre la Sra. Duarte Pesantes” y aclaró que “el profundo aprecio al pueblo del Ecuador no habrá de variar con esta situación coyuntural”.
También, explicaron que el predio, de 2400 metros cuadrados (es una de las delegaciones argentinas más grandes en el mundo) dificulta el contacto directo con el ala en la que vivía Duarte. “Ella estaba acá como asilada política, no tenía restricción de ningún tipo ni dio explicaciones sobre lo que se iba a hacer”, aseguraron. Y agregaron que la residencia está cuidada por la policía ecuatoriana, por lo que deslindaron responsabilidades de “custodia” de la ministra condenada, que luego de salir de la sede diplomática recorrió media capital ecuatoriana, pasó por los controles de migraciones en el aeropuerto y llegó, sin problemas, al país que preside Nicolás Maduro.
“En modo alguno se entiende que se pretenda atribuir a un accionar expreso del Gobierno argentino que la persona mencionada haya podido, por inoperancia de las autoridades ecuatorianas, circular por Ecuador y partir desde ese país hacia el extranjero eludiendo los sistemas de control dispuestos por dichas autoridades alrededor de la Residencia de la embajada argentina en Quito”, expresó el comunicado de Cancillería argentina.
Y reiteró que “lamentando por lo tanto la incomprensible decisión del Gobierno ecuatoriano de solicitar el retiro de Ecuador del Embajador Gabriel Fuks, se ha decidido adoptar por nuestra parte la misma situación con respecto al Embajador ecuatoriano en Argentina”.
“El Gobierno argentino seguirá actuando en el marco del pleno respeto de las normas internacionales aplicables y estará siempre dispuesto a entablar diálogo con las autoridades ecuatorianas para encontrar respuestas mutuamente aceptables para esta situación con el objetivo permanente de fortalecer nuestras relaciones con la República del Ecuador”, finalizó el escrito.
Sin dar su paradero, la propia Duarte agradeció vía twitter a la Argentina “por haberme cobijado ante la persecución de los gobiernos de Lenin Moreno y Guillermo Lasso”. Pocas horas más tarde, llegó a la sede de la embajada argentina en Caracas, dónde la recibió el embajador Oscar Laborde. La exministra de Obras Públicas tuvo un saludo protocolar hacia el diplomático y dio a entender que por el momento no piensa en viajar a la Argentina.
La estadía de Duarte en la embajada se efectivizó en agosto de 2020, antes de la llegada de Fuks a Quito y durante la presidencia de Lenin Moreno. En plena pandemia, la sede diplomática no tenía embajador designado.
Luego de su paso por la secretaría d Seguridad, con Sabina Frederic como ministra, Fuks llegó a Quito y “heredó” el problema, ya que el gobierno de Lasso-enfrentado políticamente con Correa-nunca vio con buenos ojos que la ministra utilizara su asilo como modo de evitar cumplir con la condena judicial.
La situación de Duarte
María de los Ángeles Duarte fue condenada a ocho años de cárcel por el delito de cohecho, que es imprescriptible en Ecuador. La justicia determinó que la exfuncionaria, junto al expresidente Correa -asilado en Bélgica- y otros exfuncionarios del gobierno, integraban una estructura delictiva que pidió sobornos por casi 7,6 millones de dólares a empresas a cambio de contratos con el Estado.
Correa y excolaboradores rechazaron los fallos de la justicia y denunciaron que se trató de una persecución política del actual gobierno de derecha.
Crisis diplomática: Argentina y Ecuador expulsaron a los embajadores
Cancillería solicitó este martes el retiro del embajador ecuatoriano en Buenos Aires tras lamentar la «incomprensible decisión del Gobierno» de Quito de solicitar el retiro de Gabriel Fuks, el embajador argentino en ese país.
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Argentina solicitó este martes el retiro del embajador ecuatoriano en Buenos Aires tras lamentar la «incomprensible decisión del Gobierno» de Quito de solicitar el retiro de Gabriel Fuks, el embajador argentino en ese país. La decisión del gobierno ecuatoriano tuvo lugar luego de que María de los Ángeles Duarte, exministra durante el gobierno de Rafael Correa, decidiera terminar su estadía de dos años como asilada en la sede diplomática nacional en ese país y trasladarse a la de Caracas, Venezuela.
«Se ha decidido adoptar, por nuestra parte, la misma situación con respecto al embajador ecuatoriano en Argentina. El Gobierno argentino ha tomado con sorpresa y profunda tristeza la decisión de Ecuador de escalar el desacuerdo existente respecto a la situación de la señora María de los Ángeles Duarte Pesantes y llevarlo a nivel de perjuicio en la relación bilateral», indicó la Cancillería en un comunicado.
Asimismo, aclararon que “no existe norma internacional alguna que obligara a las autoridades diplomáticas argentinas a ejercer custodia sobre la Sra. Duarte Pesantes” y aclaró que “el profundo aprecio al pueblo del Ecuador no habrá de variar con esta situación coyuntural”.
También, explicaron que el predio, de 2400 metros cuadrados (es una de las delegaciones argentinas más grandes en el mundo) dificulta el contacto directo con el ala en la que vivía Duarte. “Ella estaba acá como asilada política, no tenía restricción de ningún tipo ni dio explicaciones sobre lo que se iba a hacer”, aseguraron. Y agregaron que la residencia está cuidada por la policía ecuatoriana, por lo que deslindaron responsabilidades de “custodia” de la ministra condenada, que luego de salir de la sede diplomática recorrió media capital ecuatoriana, pasó por los controles de migraciones en el aeropuerto y llegó, sin problemas, al país que preside Nicolás Maduro.
“En modo alguno se entiende que se pretenda atribuir a un accionar expreso del Gobierno argentino que la persona mencionada haya podido, por inoperancia de las autoridades ecuatorianas, circular por Ecuador y partir desde ese país hacia el extranjero eludiendo los sistemas de control dispuestos por dichas autoridades alrededor de la Residencia de la embajada argentina en Quito”, expresó el comunicado de Cancillería argentina.
Y reiteró que “lamentando por lo tanto la incomprensible decisión del Gobierno ecuatoriano de solicitar el retiro de Ecuador del Embajador Gabriel Fuks, se ha decidido adoptar por nuestra parte la misma situación con respecto al Embajador ecuatoriano en Argentina”.
“El Gobierno argentino seguirá actuando en el marco del pleno respeto de las normas internacionales aplicables y estará siempre dispuesto a entablar diálogo con las autoridades ecuatorianas para encontrar respuestas mutuamente aceptables para esta situación con el objetivo permanente de fortalecer nuestras relaciones con la República del Ecuador”, finalizó el escrito.
Sin dar su paradero, la propia Duarte agradeció vía twitter a la Argentina “por haberme cobijado ante la persecución de los gobiernos de Lenin Moreno y Guillermo Lasso”. Pocas horas más tarde, llegó a la sede de la embajada argentina en Caracas, dónde la recibió el embajador Oscar Laborde. La exministra de Obras Públicas tuvo un saludo protocolar hacia el diplomático y dio a entender que por el momento no piensa en viajar a la Argentina.
La estadía de Duarte en la embajada se efectivizó en agosto de 2020, antes de la llegada de Fuks a Quito y durante la presidencia de Lenin Moreno. En plena pandemia, la sede diplomática no tenía embajador designado.
Luego de su paso por la secretaría d Seguridad, con Sabina Frederic como ministra, Fuks llegó a Quito y “heredó” el problema, ya que el gobierno de Lasso-enfrentado políticamente con Correa-nunca vio con buenos ojos que la ministra utilizara su asilo como modo de evitar cumplir con la condena judicial.
La situación de Duarte
María de los Ángeles Duarte fue condenada a ocho años de cárcel por el delito de cohecho, que es imprescriptible en Ecuador. La justicia determinó que la exfuncionaria, junto al expresidente Correa -asilado en Bélgica- y otros exfuncionarios del gobierno, integraban una estructura delictiva que pidió sobornos por casi 7,6 millones de dólares a empresas a cambio de contratos con el Estado.
Correa y excolaboradores rechazaron los fallos de la justicia y denunciaron que se trató de una persecución política del actual gobierno de derecha.
Libertad a Martín Rodríguez, Lorena
Torres, Eduardo Tirado y Micaela
Guiñazú, detenidos en Mendoza en
el marco de la jornada nacional de
la Unidad Piquetera.
Resumen Medio Oriente, 14 de marzo de 2023.
Este martes 14, mientras se concentraban las columnas de la Unidad Piquetera para movilizarse a Casa de Gobierno en Mendoza, en el marco del acampe nacional contra el hambre y el ajuste llevado adelante por el gobierno nacional, fueron detenidos los compañeros Martín Rodríguez, Lorena Torres y Edurado Tirado, del Polo Obrero, y Micaela Guiñazú, del FOL. La orden de detención corrió a cargo de la Fiscalía contravencional del doctor Giunta. La policía apartó a los compañeros de la movilización y los detuvo con violencia, inclusive contra las compañeras. Posteriormente, fueron trasladados a las comisarías de Luján y Godoy Cruz.
Las detenciones se producen en el marco de una ofensiva de criminalización de la protesta en Mendoza, con causas contra diferentes dirigentes piqueteros por las movilizaciones. Martín Rodríguez, por ejemplo, fue echado de su trabajo en la Municipalidad de Guaymallén y reincorporado luego de una campaña de denuncia y movilización, y viene siendo perseguido por la justicia por su rol en la organización de los desocupados. El gobierno radical de Suárez actúa en Mendoza como el ala represiva que custodia la política de ajuste que lleva adelante el gobierno del Frente de Todos, con Massa y Toloza Paz a la cabeza.
Reclamamos la urgente liberación de los compañeros, el cese de la criminalización y una respuesta urgente a los reclamos de los trabajadores desocupados.
PrensaObrera.com
Envio:ResumenLatinoamericano
Sergio Massa prepara un paquete de medidas para tratar de bajar la inflación, que en febrero encadenó cuatros meses seguidos al alza y alcanzó un inquietante 6,6 por ciento.
Según anticiparon en exclusiva a LPO fuente del Gobierno, las medidas se dividen en dos grandes capítulos. Por un lado apuntan a contener los precios y pro el otro los dólares financieros. El paquete contaría con el aval del FMI, que el lunes anunció la aceptación de las metas del último trimestre y redujo la pretensión de acumulación de reservas.
Todo indica que las medidas fueron conversadas con las autoridades del Fondo en las recientes negociaciones que encabezó en Washington el viceministro, Gabriel Rubinstein.
El paquete sería inminente y en el Gobierno hablan de anuncios en los próximos días, incluso arriesgan que podrían concretarse antes que termine la semana. Se entiende: el equipo económico necesita mostrar reacción tras el 6,6% de febrero, que los sorprendió con la guardia baja. En el gobierno se prepararon para un índice que rondara el 6%, nunca imaginaron que treparía hasta acercarse a los siete puntos.
La inflación de febrero fue del 6,6%, un 0,6 por ciento más que en enero, y acumula una suba del 102,5% en los últimos 12 meses, alcanzando por primera vez los tres dígitos la inflación anual acumulada que llegó al 102,5%. Se trata de un golpe muy duro al equipo económico que encabeza Sergio Massa, que acumula cuatro meses consecutivos de suba de la inflación.
La tasa de inflación de tres dígitos fue noticia mundial y coloca a la Argentina en la lista negra de los países con mas inflación del mundo. Desde 1991, cuando el país salía de la hiperinflación que la Argentina no alcanzaba los tres dígitos de inflación. De hecho, en el mundo actual una inflación de tres dígitos se considera hiperinflación.
El impacto de los tres dígitos complica las chances del peronismo en las presidenciales de este año y lastima el proyecto presidencial de Sergio Massa. En el Gobierno el número generó un shock y no pocos funcionarios reconocieron que los "sorprendió". Es que las proyecciones más pesimistas rondaban el 6,1 por ciento.
El índice que anunció el Indec estuvo empujado por una fuerte suba en alimentos y bebidas no alcohólicas, que en sólo un mes subieron un 9,8%. Esto se debió principalmente por la incidencia que tuvo el alza de carnes y derivados y de leche, productos lácteos y huevos. LPO ya había anticipado que la carne iba a pegar fuerte en febrero, porque el 70% del aumento de enero impactaba en el mes siguiente.
También hubo una suba fuerte en los precios de comunicaciones: la categoría en la que entran los celulares subió el 7,8%. Los restaurantes y hoteles subieron 7,5%, impulsados por el turismo de verano.
El economista Miguel Kiguel planteó en declaraciones radiales que "nunca hubo un plan antiinflacionario", por lo cual "lamentablemente, en vez de haber bajado, ha subido la inflación, como hemos visto este mes, que llegó al 6,6%".
"Prometieron inflación al 3% y se sigue al 6%, no solo no bajó sino que está como antes o un poquito más alto", agregó el ex funcionario radical y señaló que "esto es un problema muy preocupante porque no se ve una estrategia con este gobierno para frenarla", resaltó.
"Para este gobierno es muy difícil generar credibilidad a esta altura, porque se hace el ajuste fiscal a regañadientes, por un lado dicen que lo van a hacer y en la misma coalición dicen que no hay que hacerlo, entonces nadie cree en este ajuste y en un plan de estabilización", concluyó Kiguel.
Fuente:LaPolitica.online
Alberto Fernández de reposo en Olivos porque tiene una hernia de disco lumbar
La información la brindó la Unidad Médica Presidencial
El presidente de la Nación, Alberto Fernández, debió ser trasladado al Sanatorio Otamendi por un fuerte dolor en la espalda este martes por la noche, según precisaron por medio de un comunicado desde Presidencia de la Nación. Más tarde se supo que tendrá que hacer reposo porque tiene una hernia de disco lumbar.
"El señor Presidente de la Nación, Doctor D. Alberto Ángel Fernández presenta un cuadro de dolor lumbar agudo, motivo por el cual se realizarán los estudios correspondientes con el fin de poder administrarle un tratamiento específico”, señaló el primer comunicado oficial.
“Alberto Fernández presenta un cuadro de dolor lumbar agudo”.
Luego, el escrito precisó que “se mantendrá informada a la opinión pública” sobre la evolución de la salud del mandatario, expresó el escueto comunicado de la Unidad Médica Presidencial apenas minutos pasadas las 20 de esta noche.
El comunicado difundido lleva la firma de Federico Saavedra, médico personal de Alberto Fernández y quien lo atiende desde hace más de una década.
"Al señor Presidente de la Nación, Doctor D. Alberto Ángel FERNANDEZ, le realizaron los estudios correspondientes, evidenciándose una hernia de disco lumbar, por tal motivo se realizará un bloqueo radicular programada en 48 / 72 horas", señaló otro parte de la Unidad Médica Presidencial.
Además, se le indicó reposo y adecuar sus actividades de agenda a la residencia presidencial, por lo que suspenderá el viaje a Chaco que tenía programado para mañana y el acto en Lanús previsto para el jueves, indicaron fuentes oficiales.
La Justicia suspendió la reforma jubilatoria de Vidal que reducía haberes y aumentaba la edad
La Suprema Corte de la Provincia dispuso la suspensión de la ley promulgada en 2017 y que Kicillof había prometido frenar
El oficialismo cantó victoria anoche tras converse la definitiva suspensión por parte de la Justicia sobre la mentada ley de reforma jubilatoria aprobada durante el gobierno de María Eugenia Vidal. Fue la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires que decidió frenar la normativa que instauraba el régimen de movilidad jubilatoria instaurado en por la ley 15.008 en 2017, que implicaba una reducción de haberes de 82% a 75%, y aumentaba también la edad de jubilación para las mujeres.
Fue a través de una medida cautelar que la Suprema Corte dispuso que la Caja de Jubilaciones del Banco Provincia suspenda la reforma impulsada por el anterior gobierno de Vidal, tras varios años de reclamos y acciones legales presentados desde la política y asociaciones de jubilados contra la reforma, por considerarla inconstitucional.
“Hoy la Suprema Corte de la Provincia dejó sin efecto la Ley 15.008 del gobierno de Vidal para ajustar a los jubilados del BAPRO. El fallo nos da la razón: además de injusta, es inconstitucional. Nuestro gobierno prometió cambiarla. Y tal como lo muestra el fallo de la Corte, lo hicimos. Sin embargo la oposición que había acordado votarla recibió un llamado de Macri y de Vidal y cambió de idea”, expresó el gobernador Axel Kicillof a través de las redes sociales, quien aprovechó para enviar sus mensajes a la oposición.
“Ahora la justicia suspende definitivamente la ley de Vidal y le instruye a la oposición (¿republicana?) que vote de una vez la modificación. Hicieron daño desde el gobierno, hacen daño como oposición. Alguna vez trabajen por los intereses del pueblo de la provincia”, indicó el mandatario en referencia a la evaluación de la Corte, que instó a que se sancione una nueva ley que corrija los defectos de la ahora suspendida.
A su vez, el máximo tribunal bonaerense dispuso una progresiva recuperación de los haberes que hubieran percibido los beneficiarios con el sistema anterior.
“La lesión a los derechos previsionales por cuya protección se acciona está centrada en el -a primera vista- descalificable reemplazo del régimen de movilidad. De tal suerte, la cuestión se corresponde con una infracción constitucional, objetiva y no dependiente de las peculiaridades del contexto de su aplicación. Las disposiciones cuestionadas impactan de lleno sobre el núcleo esencial de los bienes jurídicos sensibles pertenecientes al ya indicado grupo de personas”, destaca el fallo de la Corte.
Fuente:Diagonales
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