SEGURIDAD - SANTA FE
Aníbal Fernández, sobre la violencia en Rosario: «Hay que ir al hueso»
El ministro de Seguridad de la Nación afirmó que la situación en la ciudad santafesina "no se puede sostener más".
07/03/2023
El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, aseguró este martes que la situación que se vive en la ciudad santafesina de Rosario «no se puede sostener más» y que «hay que ir al hueso», por lo que, afirmó, se continuarán «profundizando» las tareas para detener «a aquellos que corresponda», en relación a la venta de estupefacientes y las amenazas mafiosas que se conocieron en los últimos días.
«Todas las semanas se revisa el mapa del delito y se distribuyen las zonas para estar atento. En este caso (el crimen de Máximo Jerez, de 11 años) no estaba en la zona de Gendarmería. Son situaciones que no se pueden sostener más y tenemos que ir con el cuchillo hasta el hueso», sostuvo esta mañana el funcionario nacionales en declaraciones a la prensa.
«El esfuerzo que estamos haciendo es poder prestar un trabajo mucho más profundo» en Rosario, donde la venta de drogas y las amenazas narcos «lleva muchos años», agregó Fernández.
«Vamos a seguir profundizando nuestras tareas de ir deteniendo a aquellos que correspondan. Lo hicimos con la familia Cantero, la familia Alvarado, la familia Funes, que son íconos que producen esa tarea, que genera no sólo la venta del estupefaciente, que es un delito que combatimos, sino la extorsión y lo mafioso que se exhibe en el propio Rosario, donde no se puede vivir tranquilo», prosiguió.
El ministro señaló que desde el 1 de enero se detuvieron en esa ciudad santafesina a 12 personas que debía estar presas y que «alguien dejó salir».
Fernández reiteró que desde que asumió en septiembre de 2021, envió 575 efectivos de fuerzas federales a Rosario para ponerse a disposición del Ministerio Público de la Acusación santafesino y del Ministerio Público Federal «para cumplir con todos los oficios que ordenaban».
«Eso nos dio en 2022 realizar más de 2050 procedimientos con 2075 detenidos», concluyó.
VIOLENCIA - SANTA FE
Perotti dio luz verde a tres proyectos de ley pedidos por víctimas del delito
El gobernador de Santa Fe amplió el temario del actual período extraordinario de sesiones de la legislatura provincial.
07/03/2023
El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, amplió el temario del actual período extraordinario de sesiones de la Legislatura provincial con tres iniciativas pedidas por distintas organizaciones de víctimas de delitos y familiares, que fueron acordadas en la última reunión de la Junta Provincial de Seguridad, informaron voceros oficiales.
Una de las iniciativas planteadas por el Observatorio de Víctimas de Delitos, que integra la Junta Provincial de Seguridad, requiere la modificación del Artículo 221 del Código Procesal Penal de la provincia.
La modificación establece «que si al momento de cometerse un hecho con apariencia de delito se portan o utilizan armas, será procedente el dictado de la prisión preventiva”.
Ese proyecto cuenta con la media sanción de la Cámara de Diputados de la Provincia y ahora se encuentra en el Senado para su tratamiento.
Además, se habilita el debate de otro proyecto que está relacionado con el Registro Provincial de Acopiadores y Comercializadores de Metales No Ferrosos, que refiere al robo de cables del tendido eléctrico y de telefonía en la vía pública.
Al igual que el proyecto anterior, ese texto obtuvo media sanción en la Cámara baja y se encuentra en el Senado.
Por último, se propone la incorporación del Artículo 221 bis al Código Procesal Penal de la Provincia, sobre la prisión preventiva “cuando se viole la medida perimetral en el marco de hechos cometidos en situación de violencia familiar o de violencia de género”.
Las propuestas a debatir fueron pedidas por las organizaciones mencionadas y definidas como resultado de las acciones consensuadas en el ámbito de la Junta Provincial de Seguridad, celebrada la pasada semana.
Fuente:TiempoArgentino
Vecinos de Los Pumitas estallaron contra el narco
Un día de furia en el barrio
Es el lugar donde fue asesinado Máximo Gerez, un niño de 11 años que murió en una balacera. Todo sucedió después del velatorio.
Una buena parte del vecindario que rodea a la comunidad Los Pumitas de Empalme Graneros, vivió ayer un verdadero día de furia: pasado el mediodía luego del velatorio y entierro de Máximo Gerez, el niño de 11 años asesinado durante una balacera cuyos plomos iban destinados a una banda narco del barrio, un centenar de personas incendió una moto y derribó al menos tres viviendas que fueron apuntadas como lugares de venta de droga. La Policía asistió al lugar minutos después de que el sospechoso -un dealer de la banda de Los Salteños- fuera apedreado y lastimado cuando salió a la terraza a amenazar a los manifestantes. El narco, fue detenido por personal policial, junto a dos de sus hijos y a dos mujeres integrantes de la familia. El padre de Máximo resultó herido con postas de goma. Luis Gerez se encontraba también entre los vecinos enardecidos y al ser consultado sobre si el hombre que vive en ese domicilio atacado es narcotraficante y el culpable de la muerte de su hijo, afirmó: “Sí, es él”.
La pueblada y el saqueo de las viviendas se fue gestando a medida que pasaban las horas. Pero seguramente el punto culminante se dio cuando el dealer, amenazó a la madre del chiquito muerto. "Reaccionamos así por mi sobrino. Amenazaron a mi hermana, que está en el hospital. El señor (por el dealer) fue a amenazar a Margarita (madre de Máximo). Yo estoy jugada. Cuando todo termine, a nosotros nos van a cagar a tiros, ya lo sabemos”, dijo la tía de Máximo.
Lo cierto es que la familia Gerez y sus vecinos fueron hasta la zona de Cabal al 1300 bis para intentar derribar una casa en construcción en la que, según señalaron, vive la persona que vende drogas en el barrio y que era el objetivo. Muchos de los presentes intentaron hacer justicia por mano propia, lanzando ladrillos y botellas contra una vivienda y sacar del lugar a un vecino, ante las cámaras de televisión de varios canales que estaban en la zona. En un momento se escucharon varios disparos y luego apareció personal policial, que lanzó gases lacrimógenos y balas de goma contra la gente que intentaba llegar hasta al menos una vivienda. Varios de los manifestantes tomaron mazas y distintos objetos contundentes, entre ellos un hierro que supo ser el sostén de un canasto para depositar basura y derribaron la pared de ingreso a la vivienda del presunto vendedor de drogas, aprovechando que había un agujero tapado con cerámicos sin revocar.
Luego de varios minutos volvieron al lugar patrulleros de la policía provincial y también del grupo Giri (Grupo de Infantería de Respuesta Inmediata), para intentar calmar a quienes estaban protestando en plena calle e intentando derribar la vivienda.
Algunos uniformados lograron sacar al hombre apuntado como narco, en medio de insultos y agresiones, y luego, muchos de los presentes derribaron tres viviendas ubicadas a pocos metros una de otra, señaladas como punto de venta de drogas. También sacaron todo lo que había en su interior, incluidos varios electrodomésticos, muebles y ropa. Mientras la casa era derrumbada, los vecinos aplaudían y "marcaban" otras casas que consideraban que eran utilizadas como kioscos de drogas. La policía halló en las viviendas que fueron derribadas por los vecinos varias armas de fuego, entre ellas una pistola ametralladora.
Mientras eso ocurría en el barrio, en la sede del Centro de Justicia Penal de Rosario, el fiscal en turno de la Unidad de Homicidios Dolosos, Adrián Spelta, señaló que en base a los primeros datos recabados en el marco de la investigación del crimen del menor, el ataque a tiros se dio en el marco de “una disputa en el barrio que está vinculada a dos bandas locales, una que se dedica al narcomenudeo en el lugar y otra que quiere ganar el territorio”.
Según Spelta, fue en ese enfrentamiento en el que fueron atacados los niños “que nada tenían que ver con la pelea. Realizaron gran cantidad de disparos en toda la cuadra y la verdad es que se han corrido ciertos límites o códigos que se venían teniendo"
Máximo Gerez y sus tres primos -que también resultaron heridos- no eran el blanco del ataque. Las balas buscaban a una mujer ligada a la banda de “Los Salteños”, liderada por Cristian Carlos Villazón, un narco condenado a 15 años de prisión por un triple crimen de una familia. El móvil del ataque sería un conflicto entre las organizaciones criminales que operan en ese punto del Noroeste de la ciudad.
Villazón, de 25 años y apodado ‘El Salteño’, está preso en la cárcel de Piñero y tiene registrado su domicilio en la calle Cabal al 1.300, en esa misma cuadra en la que Máximo recibió el tiro que lo mató. El objetivo del ataque de los sicarios, en tanto, logró escapar, agregaron las fuentes.
El 7 de septiembre del año pasado, Villazón fue condenado a la pena de 15 años de prisión por haber sido considerado coautor de un triple crimen ocurrido en febrero de 2020 en Génova y Cabal, a pocas cuadras de donde fue asesinado Máximo. En ese ataque murieron Cristopher Albornoz, de 21 años, su pareja Florencia Corbalán (21) y la bebé de un año y medio, hija de la pareja. De acuerdo a la investigación, los agresores dispararon desde un Ford Focus negro. En esa causa, la fiscal Marisol Fabbro mencionaba que Villazón se dedicaba a la venta de droga.
En el primer mes de este año, hubo allanamientos en Empalme Graneros en domicilios vinculados a la organización liderada por Villazón por otro homicidio: el de Alejandro Francisco Orona, un hombre de 55 años que el 20 de enero pasado se tomó un taxi en Francia y 3 de Febrero y se dirigió hasta Virginio Ottone y Juan B. Justo. Antes de que se bajara del auto, un sicario lo acribilló y lo mató de múltiples disparos.
Por ese asesinato fueron imputados el jefe narco y algunos miembros de su banda. “El Salteño” también registra un procesamiento de la Justicia Federal, de abril de 2019, pero dos meses más tarde fue sobreseído por la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones.
CRIMEN
Perotti habló luego de uno de los fines de semana más violentos
Otro palito que se llevan Alberto y Aníbal
El gobernador reiteró al Ejecutivo nacional mayores recursos para enfrentar la violencia narco en Rosario. "Enfrentamos delitos federales", remarcó el mandatario.
La balacera contra 4 niños en el asentamiento Los Pumitas calzó en la prédica de Omar Perotti para volver a insistir por mayor asistencia de orden federal para la provincia de Santa Fe y el problema de violencia criminal desbocada en Rosario. "El Ejecutivo nacional debe mandar más fuerzas, el Congreso debe avanzar con el tratamiento del proyecto que presentaron todos los legisladores santafesinos y también el Senado debe sesionar para aprobar los pliegos de la Justicia federal para reforzar juzgados y fiscalías en Santa Fe. Necesitamos que todas las expresiones de solidaridad para con Rosario se expresen en hechos y que la política haga causa común con un problema de esta magnitud", reclamó el gobernador.
"Si hay decisión política firme y acompañamiento de los tres poderes –advirtió–, podremos sobrellevar esta situación, para que rosarinos y rosarinos puedan tener control de la ciudad. Estamos trabajando con el municipio, codo a codo, buscando para enfrentar un delito federal como es el lavado de dinero y el narcotráfico", afirmó ayer al mediodía en conferencia de prensa.
Perotti lamentó la balacera salvaje en la madrugada del domingo en el rincón más pobre de Empalme Graneros. "Desgraciadamente –dijo– no es la primera vez que tenemos chicos implicados en una balacera. La violencia está tomando características inusitadas, cuando no hay ni el menor resguardo ante la presencia de niños", observó el jefe del Ejecutivo provincial.
Igual que la semana pasada, luego de la reunión de la Junta Provincial de Seguridad, el mandatario reiteró el reclamo. "“No pedir ayuda seria faltar al resguardo de nuestra población. Necesitamos ayuda y en mayor magnitud que la que tenemos. Se necesita un acompañamiento diferente de Nación, que incluya mayores efectivos, mayor despliegue, mayor logística y mayor dinámica en el territorio”.
Pero también asumió Perotti una tarea que le es propia y sigue pendiente. "Tenemos que cortar todo vínculo de la policía con el delito. En este marco, total y pleno respaldo a los que tienen vocación de servicio y afirmo que estará toda la dureza contra los que se apartan de la ley”, aseveró.
Perotti recogió el guante que echaron el Presidente Alberto Fernández, y el ministro de Seguridad nacional, Aníbal Fernández, acerca de la responsabilidad clave que le cabe a la Policía de Santa Fe frente al descontrol criminal que campea en la periferia rosarina.
"No puedo no coincidir (con lo que dijeron los Fernández). Venimos de una institución policial golpeada; es verdad y es una parte, pero también hay que considerar que estamos enfrentando delitos federales", replicó.
“La policía está en transición, pero no se depura de la noche a la mañana. Venimos de jefes procesados y condenados. Aunque eso es sólo una parte, lo que estamos enfrentando es un delito de magnitud, como son el narcotráfico y el lavado de dinero. No pedir ayuda a Nación en este contexto sería una irresponsabilidad”, señaló.
Por último adelantó el jefe de la Casa Gris que mañana firmará en Rosario el convenio con Afip para crear en esta ciudad una delegación fija de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), con el propósito de incrementar el poder fiscalizador del Estado en cuanto a operaciones de lavado de dinero proveniente del crimen organizado.
"Eso es clave y lo venimos solicitando hace mucho tiempo: debe haber una intervención directa sobre la fuente financiera y los recursos que maneja el narcotráfico. Será un elemento muy importante", vaticinó.
"Perotti cortó la connivencia del Estado con el delito"
El análisis del ministro Marcos Corach
Desde Santa Fe
El ministro de Gestión Pública Marcos Corach analizó ayer la crisis de inseguridad y violencia en Rosario a la luz de una decisión política que el gobernador Omar Perotti tomó el primer día de su gobierno, que “es cortar la connivencia del Estado con el delito". "Eso genera respuestas”, dijo. Y en un directo al pasado, recordó que en el gobierno anterior del Frente Progresista, el ministro de Seguridad tenía “entre sus funcionarios a abogados de bandas narcos de la provincia” y hasta “utilizó fondos reservados” del área de Asuntos Internos para “pagar a los abogados defensores de policías imputados en el caso del chico (Franco) Casco”. “Estos hechos nos permiten entender la gravedad de lo que estamos hablando”. Corach advirtió también sobre las apariciones mediáticos de “caranchos” políticos, como llamó a quienes “fueron a Rosario a caranchear” después de las amenazas al capitán de la selección argentina Lionel Messi y el ataque a balazos a un comercio de su familia política, que tuvo repercusión en el país y el mundo. “Vinieron a hacer payasadas, pero los rosarinas y rosarinos se dan cuenta de quiénes son y las cosas que hacen”.
"Hoy no hay connivencia del Estado con el delito", dijo Corach en un diálogo con LT9. "El gobernador Perotti siempre fue claro en su decisión de cortar la connivencia con el delito y eso genera erespuestas".
Y cuando le preguntaron sobre los vínculos de la Policía de Santa Fe con el delito organizado, Corach apuntó: “Los líderes de los grupos que organizaron el narcotráfico en Rosario hoy están presos. Pero cuando fueron detenidos y condenados, ya formaban parte de esas estructuras miembros de las fuerzas policiales” que respondían a las órdenes de los jefes narcos. “Esa es la Policía de Rosario que heredó el gobierno de Perotti y que empezamos a corregir”.
“En las gestiones que nos antecedieron –como llamó al gobierno del Frente Progresista-, el Ministerio de Seguridad de la Provincia tenía entre sus funcionarios a abogados de bandas narcos". “Y otro ex ministro de Seguridad, el actual diputado y candidato a gobernador (Maximiliano) Pullaro, utilizó fondos reservados para pagarles a los abogados de policías acusados de encubrir a otros policías por el asesinato de un chico Casco. Esto nos permite entender la gravedad de lo que estamos hablando”.
Acerca de la amenaza a Messi y la balacera al supermercado de su familia política, con repercusiones en el país y el mundo, Corach dijo que “es un tema muy complejo, con varias aristas” y “no se puede descartar la existencia de una vinculación entre el año electoral y algunos episodios que sucedieron”. Y entre esos hechos, mencionó también “el ataque al Canal 3 de Rosario”.
"Hoy tenemos el problema focalizado en Rosario con los homicidios, las balaceras,los atentados. Es difícil preveer ataques" como los del fin de semana a "chicos de un cumpleaños". "Quién los hace? ¿Por qué? ¿Quién los manda? a los gatilleros, se preguntó Corach.
-El objetivo es infundir terror -le planteó el colega de LT9.
-Si, es así, infundir terror y miedo en Rosario -respondió Corach. Y siguió con más preguntas: "¿Quién los manda? ¿Con qué están vinculados? ¿Que este es un año de elecciones? ¿O es (una parte de) la política que está metida en estas cosas? No puedo decir que hay un sector de la política que está metiendo la cola. Pero si alguien quiere sacar ventaja de esto, me parece que va por mal camino".
-Está claro que la amenaza a Messi y la balacera al supermercado de su familia política tenían un objetivo. Y sus autores lo lograron porque el hecho tuvo repercusión en el mundo. ¿Esto es les hace pensar que ese armado tiene que ver con el año electoral?
-Si tuviéramos elementos de esa vinculación, voy corriendo y hago la denuncia judicial. El ataque a Messi es un operativo para que tome dimensión de otras características. El fiscal está investigando -respondió Corach.
"Nosotros vamos a seguir luchando, a pesar de todo eso” subrayó Corach. “La mejor prueba de que queremos cambiar esta situación, es que hemos cambiado once jefes de policías y cuatro ministros de Seguridad”. “El gobernador tiene claro hacia dónde vamos y si la gestión de un funcionario no se plasma en resultados, si no se puede evidenciar en números y acciones concretas, lo cambia”. “Cuando no se obtienen los resultados pedidos, los cambia".
"Quiero dejarlo muy claro. Hoy no hay convivencia del poder político con la corrupción de la policía. Pero no tengan dudas que nosotros los seguiremos combatiendo con decisión firme. No hay convivencia del poder político ni con las bandas narcos ni con los policías corruptos, esto no existe” concluyó Corach.
Escuela
Sin clases por los tiros
El gobierno convocará a los gremios docentes el jueves
Los números de la futura oferta
Perotti ratificó que habrá una propuesta superadora, que sería en espejo a las Buenos Aires y Córdoba, que fueron del 40%.
Desde Santa Fe
Omar Perotti adelantó ayer que los cuatro sindicatos docentes -entre ellos Amsafé y Sadop- serán convocados el jueves, después del paro de 48 horas de hoy y mañana, para ofrecerles un aumento superior al 33,5% que fue rechazado con cuatro días de huelga. “Tenemos una propuesta para hacerles conocer”, dijo el gobernador y si bien no dio detalles, fuentes de la Casa Gris dejaron trascender que sigue el esquema de las provincias de Buenos Aires y Córdoba, donde los maestros aceptaron un aumento del 40% en tres tramos hasta julio, con cláusulas de revisión y comenzaron el ciclo lectivo el 1º de marzo. Perotti se mostró optimista en el nuevo intento de superar el conflicto. “Ojalá podamos encontrar en esta instancia un acuerdo y tener una continuidad de las clases durante todo el año”, señaló.
El gobernador lamentó que la cercanía de los dos paros, el de la semana pasada: el miércoles 1º y jueves 2 de marzo y el de hoy y mañana, frenaron las negociaciones formales que ahora se reanudarán el jueves próximo. “Lamentablemente cuando se toman decisiones de este tipo de un paro una semana y otro la que sigue, se impide que en el medio (de una y otra medida de fuerza) podamos reunirnos”, explicó.
Si bien aún no se formalizó la convocatoria, las fuentes dijeron se concretará el jueves en el Ministerio de Trabajo con la presencia del titular de la cartera, Juan Manuel Pusineri y de la ministra de Educación Adriana Cantero, entre otros funcionarios. El objetivo –dijo Perotti- es “encontrar en esta instancia un acuerdo y tener una continuidad de las clases durante todo el año”.
La propuesta que el gobierno formalizará a los gremios docentes es similar a la de provincias vecinas que sí comenzaron las clases en tiempo y forma. “La idea es mejorar” el aumento del 33,5% –que fue rechazado- con un esquema similar al de Buenos Aires y Córdoba, donde los docentes aceptaron un aumento del 40% hasta el mes de julio. “Los detalles los conversaremos con los gremios de Santa Fe”, dijo una fuente del gabinete consultada por Rosario/12.
En la provincia de Buenos Aires, el Suteba aceptó una suba del 40% en tres tramos: 18% en marzo, 10% en mayo y 12% en julio; una cláusula de revisión y monitoreo y el compromiso de reabrir la negociación paritaria en agosto. "Es una propuesta acorde a nuestro pedido de no perder poder adquisitivo", dijo el titular del sindicato, Roberto Baradel, que también es el número dos de Ctera, que lidera la ex secretaria general de Amsafé, Sonia Alesso.
En la provincia de Córdoba, el aumento también es del 40% para primer semestre del año. Si la inflación es mayor a lo previsto en el acuerdo, la actualización será automática, en el mes de mayo y julio.
La semana pasada, la ministra Cantero sugirió que la propuesta a los docentes en Santa Fe sería en espejo a las de Buenos Aires y Córdoba, aunque aclaró que los pisos salariales en la provincia son más altos. “La paritaria de Buenos Aires llevó el sueldo inicial de los docentes a 165.000 en el mes de julio y en Santa Fe, en nuestra propuesta –la que fue rechazada por Amsafé y Sadop- lo habíamos llevado a 160.000 pesos en marzo y a 181.000 pesos en julio.
-¿Se van a descontar los cuatro días no trabajados? –le preguntaron.
-No es momento de hablar de descuentos. Tratamos de mirar de qué manera se puede producir una salida de este conflicto para que los chicos vuelvan a la escuela –respondió la ministra. El tema estará en la agenda de la negociación paritaria, como sucede cada vez que hay un conflicto.
El líder de Amsafé Rodrígo Alonso ratificó el paro de hoy y mañana porque "no hay motivos" para suspenderlo y tampoco tenía "facultad" para hacerlo, como pidió el gobierno. “Los paros se determinan y se levantan por asamblea, por los votos de los docentes en las escuelas. Por lo tanto, está claro que la comisión directiva provincial no tiene potestad para eso, pero también lo dice nuestra resolución de asamblea. El paro del 7 y 8 de marzo estaba sujeto a la presentación de una nueva propuesta, no de una nueva convocatoria”, precisó. En realidad, como Amsafé y Sadop no suspendieron los paros, el gobiernos los convocará el jueves para formalizar la propuesta.
“La paritaria nacional acordó un aumento del salario mínimo garantizado del 43%, que incluye el incentivo docente y la conectividad. Estamos lejos, a 10 puntos” de ese aumento, explicó Alonso. “El gobierno está en condiciones de mejorar la propuesta Tiene recursos propios coparticipables, ahorros, o sea que la posibilidad está. Falta la voluntad política, está claro”, apuntó.
“El gobierno dice que la primera propuesta que presenta a los docentes siempre va a ser rechazada. En diciembre, presentó una sola propuesta en el ámbito paritario que fue aprobada por más del 70% de los docentes en la asamblea de Amsafé. Hace mucho que no se aprobaba una propuesta con esa diferencia de votos”, recordó. “Esto se puede solucionar si hay voluntad política”, cerró Alonso.
REFERÉNDUM
Revocatoria de mandatos
La tarjeta SUBE ya funciona en Rosario
"Un día muy importante"
El intendente y el ministro de Transporte de la Nación lanzaron el nuevo sistema.
Las pequeñas canceladoras azules empezaron a usarse en las unidades del transporte urbano ayer, y hubo acto conjunto entre el intendente Pablo Javkin y el ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano. "Es una muestra clara que cuando nos unimos, podemos hacer cosas juntos en beneficio de la sociedad”, expresó el funcionario nacional, ya que la medida era muy esperada, porque beneficia a un millón de personas y permite descuentos del 55 por ciento en el valor de la tarifa a los grupos vulnerables. Es la ciudad número 49 de todo el país en incorporar el sistema. "Es un acto de justicia, darle un impulso muy fuerte al transporte público a través de la SUBE. Nos tocó un ministro rosarino (Giuliano) y pudimos saldar con Rosario y toda la región la deuda pendiente de la llegada de SUBE, que además tiene un gran aporte de Nación a la demanda y al pasajero", apuntó Javkin. Mientras tanto, por 120 días, la Movi seguirá operativa en las unidades.
“Lo de hoy es un momento que queríamos tener desde hace mucho tiempo en nuestra ciudad de Rosario. Venimos a cumplir una promesa que hicimos. Era el compromiso más importante que teníamos con la tarjeta SUBE en todo el país. Es un factor de integración federal muy fuerte, da accesibilidad a todo el sistema de transporte nacional e iguala la tarifa federal solidaria en toda la Argentina, incorporando un millón de vecinos y vecinas de la ciudad”.
En la misma línea, Javkin dijo que ayer fue "un día muy importante para la ciudad". Y ponderó que la puesta en marcha de la SUBE en Rosario "es una decisión política de recursos, que hacen que los rosarinos y rosarinas mejoren su vida de forma inmediata”.
Con la implementación de la SUBE, los grupos vulnerables podrán acceder a un descuento en el valor del boleto del 55 por ciento con la tarifa social. Este importante descuento, logrado únicamente a través del sistema SUBE, es financiado por el Gobierno nacional a través de los programas de atributos sociales que tienen como objetivo brindar mayor accesibilidad al transporte público.
Para obtener los detalles, con información sobre cantidad de máquinas validadoras, centros de carga, grupos beneficiados, se puede consultar online.
Ya hay más de 6.000 vecinas y vecinos que realizaron el trámite y están en condiciones de acceder a este beneficio. De ellas, el 41% del registro lo realizaron en el Centro Cultural Roberto Fontanarrosa.
En esta primera etapa, el proceso de registro está dirigido a personal del trabajo doméstico, veteranos de la Guerra de Malvinas, monotributistas sociales y beneficiarios de: Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Programa de Jóvenes con Más y Mejor trabajo, Seguro por desempleo, Seguro de Capacitación y Empleo, Programa Promover Igualdad de Oportunidades, Programa Progresar, Programa Potenciar Trabajo y Pensiones No Contributivas.
Quienes ya cuenten con una tarjeta SUBE, esté o no registrada, no deben realizar ningún trámite y están en condiciones de utilizarla. Es importante destacar que estudiantes, docentes, jubilados y todas las demás franquicias vigentes (BEG, Medio Boleto, Mayores de 69 años, Discapacitados, etc.), podrán seguir utilizando el beneficio en sus tarjetas Movi, sin necesidad de realizar ningún trámite en esta primera etapa.
Pronunciamiento docente ante el crimen de Máximo: "Basta de matarnos alumnos"
Bandera y corazón a media asta
La docencia rosarina se hizo eco de la enésima muerte violenta que recae sobre un niño o adolescente en Rosario. Por eso ayer corrió por la mayoría de las escuelas la decisión de atravesar el primer día de clases de la semana con la bandera nacional a media asta, y la lectura de una carta gremial cargada de dolor y hartazgo ante tanta sangre cotidiana, la de sus alumnos.
"La situación es insostenible. La violencia protagonizada por las bandas narco-policiales se ha adueñado de la región. En las escuelas padecemos especialmente la gravedad de la situación. Llegar o salir de las escuelas se ha convertido en ocasiones en una situación de riesgo", expresó ayer Juan Pablo Casiello, titular de Amsafé Rosario.
Desde esa seccional gremial se difundió ayer un texto que fue leído en la mayoría de las escuelas públicas de la ciudad. Dicha carta decía lo que sigue a continuación:
"Basta de matar a nuestros alumnos y alumnas. La situación en la región es cada vez más grave. La violencia crece y cada día nos arrebata nuevas vidas. Cada día son más los pibes y pibas asesinados. Hoy, en una escuela de la zona norte de Rosario tenemos otro banco vacío. No es que se mudó. No dejó la escuela. Maxi, un chico de apenas 12 años fue asesinado. No podemos permitir que esto siga así. No podemos aceptarlo con resignación. Donde quedaron los derechos de las infancias cuando no se respeta ni el derecho a la vida. El Estado, los gobiernos, son los responsables de la situación. Hablan mucho pero no hace nada para frenar tantas muertes. Alcemos la voz desde cada escuela. Dejemos la bandera a media asta. Basta de matar a nuestros alumnos y alumnas".
Fuente:Rosario12
A la plaza
Amsafé y Sadop marchan esta mañana en reclamos de mejores salarios y condiciones de trabajo. La movilización de maestras y maestros lleva también como bandera principal el reclamo de “¡Basta de matar a nuestrxs alumxs!”. Este martes y miércoles se cumplen las otras jornadas de paro en escuelas públicas y privadas. El gobierno convocaría a una nueva mesa paritaria tras las medidas de fuerza.
A las 10 de este martes, las y los docentes se concentrarán en la Plaza 25 de Mayo (Córdoba y Laprida) para marchar hasta la Plaza San Martín (Santa Fe y Dorrego). La movilización se da en la tercera jornada de reclamos y lleva la consigna de la defensa salarial y las condiciones laborales, además del pedido para que se termine la violencia.
Las jornadas de paro de esta semana son continuidad del plan de lucha de la semana pasada (1 y 2 de marzo hubo medidas de fuerzas), votado en asambleas docentes y en rechazo al ofrecimiento del 33,5% de aumento (a pagar en tres tramos) realizado por el gobierno santafesino.
Las movilizaciones y manifestaciones de reclamos se repetirán este martes por los distintos departamentos de la provincia, con concentraciones, clases públicas, radios abiertas, conferencias de prensa y distintas actividades para cumplir con lo resuelto por la última Asamblea provincial.
En tanto, el gobernador Omar Perotti aseguró este lunes que luego de los paros del martes y el miércoles convocará a una nueva reunión paritaria. La reunión se daría el próximo jueves. “Tenemos una propuesta para hacerles conocer, pero lamentablemente cuando se toman este tipo de decisiones de paro y paro impide en el medio que podamos estar reuniéndonos”, manifestó el gobernador en declaraciones a distintos medios.
Fuente:RedaccionRosario
Desiguales
El inicio del juicio por la megacausa de estafas inmobiliarias y las coberturas periodísticas. Consecuencias de un pulpo mediático. Poderosos sin nombres pero con influencias. Y un fiscal con impronta personal.
El inicio del juicio oral de la denominada megacausa por estafas inmobiliarias, siete años después del comienzo de la investigación, es útil no sólo en cuanto revelador de los límites del sistema penal cuando tiene como acusados a personas poderosas, sino que también resalta las consecuencias de la hiperconcentración mediática que se produjo en los últimos años en la provincia de Santa Fe y la región. Los medios de comunicación ligados al súper grupo La Capital – Televisión Litoral excluyeron de sus coberturas del inicio del proceso los nombres de dos actores importantes del caso: quien fuera gerente general del diario fundado por Ovidio Lagos, Pablo Marcelo Abdala, y del desarrollador inmobiliario de las torres Aqualina y agente de Bolsa, Jorge Luis Oneto. Que ambos quedaran desligados de una de las causas judiciales más trascendentes de los últimos años en Rosario –que vincula el lavado de dinero con el negocio narco– sólo encuentra explicación en la posición que ocupan en la jerarquía social y el poder que detentan.
Los olvidados
Quienes en los últimos días hayan navegado por el portal Rosario3 o por la versión online del diario La Capital; aquellos que conforman la audiencia de Radio Dos o LT8; los que miran los noticieros de Canal 3 o siguen las FM más escuchadas de la ciudad podrán saber que en el juicio de la megacausa por estafas inmobiliarias que comenzó el lunes 27 de febrero hay catorce acusados.
Conocerán, tal vez, que son el escribano Eduardo Martín Torres; el falso corredor inmobiliario Juan Roberto Aymo; el sindicalista Maximiliano González de Gaetano; el contador y propietario de una clínica de implantes dentales Marcelo Jaef; el “empresario” automotriz Leandro Lelo Pérez; los escribanos Juan Bautista Aliau y Luis María Kurtzemann.
También que la nómina de acusados la conforman Ramona Rodríguez; Magalí González de Gaetano; Sandra Moresco; Vanina Viglione; Andrés Martín; Omar Buscellato y el escribano José Luis Gordó.
Pero se habrán privado de conocer que en noviembre de 2018, en un caso infrecuente de renuncia a la persecución penal de un delito grave por parte del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quedaron desligados del caso Abdala y Oneto, quienes accedieron a la oportunidad de lavar sus responsabilidades penales con dinero, mediante un acuerdo civil.
El diario digital Rosario3, propiedad de Scaglione, consignó en una de las notas sobre el tema que “previo al comienzo del debate, en tanto, hubo dos imputados que fueron beneficiados con un principio de oportunidad (que incluyó la devolución del dinero como retribución del daño causado a las víctimas), cuatro firmaron acuerdos abreviados y un restante contaba con una enfermedad producto de la edad que le impidió comprender la criminalidad de los hechos y recibió un archivo”.
A pesar del cambio de manos en la conducción y el ingreso como principal accionista del financista Gustavo Scaglione, Abdala continúa sus labores ejecutivas en el multimedios La Capital. Oneto sigue con la sociedad de Bolsa que lleva su nombre y apellido ubicada en Santa Fe al 1200 y ninguno de los dos es mencionado en las crónicas actuales sobre las estafas.
El otro actor protagónico de esa historia –silenciada en su momento por los grandes medios– es Patricio Serjal, el ex fiscal Regional de Rosario que renunció a su cargo al ser imputado por recibir coimas de un capitalista de juego ilegal que luego fue condenado, en una causa en la que nunca pudo ser formalmente acusado el senador por el departamento San Lorenzo, Armando Ramón Traferri, por la indemnidad que sus fueros legislativos le conceden.
El caso muestra una trama en la que se entrelazan la cobertura recíproca del Poder Judicial con el económico y mediático.
La causa
La denominada megacausa por estafas inmobiliarias se inició a mediados de 2016. El fiscal de la unidad de Delitos Complejos y Económicos de Rosario centró su pesquisa en cinco casos de supuesta apropiación indebida de inmuebles rurales y urbanos, en los que se repetían algunos nombres y el modus operandi.
El más relevante, por el monto en juego, era un campo de 124 hectáreas ubicado en Villa Amelia, desapoderado a Ana Josefina Luppi, ex esposa del fallecido camarista Ernesto Navarro.
Los otros casos son la compraventa fraudulenta del 50 por ciento de una fracción de terreno también en Villa Amelia; una casa ubicada en Presidente Roca al 20 –cuya venta trucha no llegó a concretarse–; otro inmueble en Eva Perón al 7600 y un quinto en Viamonte 5390.
En todos los casos la operación se inició con un poder falso a favor del –también falso– corredor inmobiliario Juan Roberto Aymo, a quien según esos papeles los titulares dominiales de las propiedades lo autorizaban a venderlas. Quien firmaba esos poderes truchos era, invariablemente, el escribano Eduardo Martín Torres.
Cuando efectuó la acusación contra los once imputados, el fiscal Narvaja deslizó que detrás de las operaciones inmobiliarias podía advertirse el dinero producido por otra actividad ilegal: el narcotráfico. Puntualmente, señaló la relación de tres involucrados en la causa con la banda de Los Monos.
Para el diputado del Frente Social y Popular (FSP), Carlos Del Frade, “lo central” en la cuestión del lavado de activos originados en la comercialización de estupefacientes, “es la megacausa”.
“Porque ahí claramente se demuestra que el nexo con la usurpación de inmuebles es Lelo Pérez, que era lugarteniente de Luis Medina”, dijo Del Frade a El Eslabón en aquel momento, cuando la olla se destapó, en relación al empresario narco asesinado en diciembre de 2013.
Leandro Lelo Pérez, uno de los acusados que llegó a juicio, ganó notoriedad pública por un romance que mantuvo con la vedette Vicky Xipolitakis, aunque antes su nombre había sido mencionado en la causa judicial contra la banda narco Los Monos y en un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) remitido a la Justicia Federal rosarina, sobre el origen dudoso de los recursos económicos que manejaba.
Narvaja indicó en el caso de Pérez que “canaliza movimientos de fondos ilícitos a través de la compra y venta de autos de alta gama, valiéndose de la posibilidad de comprar y vender vehículos sin figurar registralmente en las operaciones”.
Una sociedad en la que participaba Pérez, Reina Automotores SRL, era investigada por la Justicia Federal de Rosario a partir de un informe de la UIF sobre presunto lavado de dinero a través de esa concesionaria.
A la vez, Pérez compartió acciones en Repuestos Exclusivos SRL con Gustavo Spadoni, un hombre detenido en julio de 2013 y luego procesado por el envío de 1.235 kilos de cocaína a Portugal camuflados entre peras.
Los poderosos
Los nombres de Abdala y Oneto quedaron ligados al caso más relevante de los cinco investigados, el del campo de 124 hectáreas de Villa Amelia.
De acuerdo a la investigación, la presunta estafa se inició en febrero de 2014 cuando Aymo obtuvo un poder especial de venta a su favor de parte de Ana Josefina Luppi –mediante una firma falsa–, propietaria del inmueble.
Un mes después, el 31 de marzo, vendió el campo al sindicalista Maximiliano González De Gaetano por 3 millones de pesos. Según una tasación oficial solicitada en el expediente, el predio rural tenía en 2016 un valor de mercado de 18 millones.
A pesar del buen negocio realizado por De Gaetano, apenas tres meses después les vendió en partes iguales el campo al gerente de La Capital, Abdala, y al contador Marcelo Jaef, por 3,2 millones de pesos.
Es decir, 200 mil pesos más del valor por el cual lo había adquirido. Según un informe del área patrimonial del MPA, los costos de la operación ascendieron a 243 mil pesos, por lo cual el sindicalista perdió plata en la transacción.
Abdala y su amigo Jaef, a la vez, transfirieron el campo antes de que pase un año, el 27 de mayo de 2015, al agente financiero Oneto por 3,5 millones de pesos, precio también considerado “vil” por los fiscales Narvaja y Valeria Haurigot.
Los acusadores señalaron que dicha venta se realizó “con el objetivo de que el mismo siguiera circulando en el mercado y adquiriera apariencia de origen lícito”. El 2 de septiembre de 2016 el campo volvió a ser vendido: esta vez Oneto se lo transfirió a Juan Marcelo Borgui –ligado a la inmobiliaria Gilli– por 1,6 millones de dólares, es decir a precios de mercado. Esa operación se consideró “de buena fe”.
Las conversaciones grabadas por la Justicia entre Jaef y Abdala tras la venta también echan luz sobre el asunto. El primero trata de tranquilizar al gerente de La Capital diciéndole que el problema “cada vez está más lejos”.
“Nosotros ya pasamos a ser un intermediario”, se alivia, creyendo que la venta a Oneto los desliga de responsabilidad penal.
Abdala, igualmente, continúa preocupado por su situación. Si bien ante la Justicia declaró que el campo lo compró a medias con Jaef a cambio de un dinero que le había prestado, en las charlas con su amigo asegura que sólo figuró como testaferro.
“Yo soy dueño de la mitad del campo por hacer un favor, y dentro de tres años capaz que tengo que pagarle la mitad de algo a alguien, y ni siquiera la recibí”, se lamenta sobre un posible reclamo.
Le dice a Jaef que es un prestanombre del negocio de otro: “Vos lo tenés (al campo), no yo, ¿Entendés? Yo voy a tener que pagar de mi plata, el millón setecientos cincuenta”, en referencia a la mitad del valor que le pagaron a De Gaetano por el inmueble rural. “Es sencillo lo que te digo. Porque es una cosa súper lógica, porque como yo soy testaferro, ¿entendés? Por eso cago, porque soy testaferro”.
En otra llamada, Jaef revela que el negocio era de Lelo Pérez, dueño de la concesionaria de autos Reina Automotores, mencionada en la causa que derivó en la condena a los cabecillas de Los Monos por la venta de vehículos a integrantes de la banda.
Jaef le dice a Oneto: “Pablo (Abdala) tiene que salir. Y no entra más… y yo tampoco, y yo tampoco porque yo no hice nada. Yo no te vendí nada a vos, Jorge. La operación la hizo él (por Lelo), la operación de compra mía la hizo él, entonces que se ocupe él”.
De esa conversación podría interpretarse que Abdala y Jaef oficiaron de testaferros de Pérez, que era quien aportaba el dinero cuyo origen dudoso no le permitía hacerlo a él.
Dotado de contundentes evidencias, el fiscal Narvaja pidió una pena de cuatro años y seis meses de prisión para Abdala y el pago de una multa por 36 millones de pesos.
Al requerir la elevación a juicio del caso, solicitó la misma pena para Oneto y una multa más elevada, de 54 millones.
Pero a fines de abril de 2017 asumió como nuevo jefe de la Fiscalía Regional Rosario Patricio Serjal, y la historia tomaría otro rumbo. En su discurso, dijo que en su gestión “seguiremos con la profundización de lo que fue la implementación de este nuevo sistema penal. Habrá una continuidad, pero pondremos la impronta personal en algunas cuestiones”. Sólo faltaba tiempo para conocer algunos rasgos de esa singularidad.
La oportunidad
En agosto de 2018 se produjo un giro notable en el caso: el fiscal Narvaja modificó drásticamente su estrategia acusatoria. A pesar de tener una robusta prueba, acordó con las defensas de Abdala y Oneto la aplicación del denominado “criterio de oportunidad” establecido en el artículo 19 del Código Procesal Penal, que permite al MPA no promover o prescindir de la acción penal (es decir, no acusar a alguien por un delito) en casos específicos enumerados en la norma.
El inciso 2do del artículo 19 de esa norma dice que podrá desistirse de la persecución penal “cuando se trate de hechos que por su insignificancia no afecten gravemente el interés público, salvo que fuesen cometidos por un funcionario público en el ejercicio o en razón de su cargo o que se hubiesen utilizado armas de fuego para la comisión”.
Es decir que la Fiscalía pretendía desistir de la acusación contra Oneto y Abdala por lavado de activos, asociación ilícita y falsificación de instrumento público equiparándolos con dos desgraciados que se roban una revista al pasar frente a un quiosco de diarios, cuya persecución penal termina siendo para el Estado más costosa en recursos económicos, materiales y tiempo que su decisión de no imputarlos por la intrascendencia del hecho.
Pero la decisión no había sido de Narvaja sino de su superior, Serjal, quien lo instruyó para que la adoptara, según explicó el propio fiscal de grado. Fue una orden.
La solución tejida entre parte del Poder Judicial con el poder mediático y empresarial consistía en un acuerdo civil que contemplaba la devolución del campo de 124 hectáreas de Villa Amelia.
La negociación también incluía, en el caso de Abdala, una reparación consistente en la entrega del 50 por ciento de un departamento en la torre Aqualina, de una oficina en el edificio Embajador Real y de 50 mil dólares en efectivo. Oneto le propuso a la dueña del predio, Ana Josefina Luppi, pagarle una indemnización de 200 mil dólares.
Sin embargo, ese acuerdo entre la cúpula del MPA con las defensas del financista y el ejecutivo de medios aún debía sortear un escollo. Al tribunal que debía homologarlo le pareció demasiado.
En septiembre, una resolución firmada por los jueces Héctor Osvaldo Núñez Cartelle, Hernán Fernando Postma y José Luis Suárez (este último en disidencia), rechazó la transacción.
Señaló que el principio de legalidad del proceso se impone al de oportunidad y que, en oposición al acuerdo celebrado entre las partes, el interés público sí estaba afectado en la causa por estafas inmobiliarias y lavado de activos.
En su voto a favor de rechazar la homologación del acuerdo, el juez Núñez Cartelle sostuvo que “no puede aplicarse el criterio de oportunidad basado en un principio «político utilitario» de conveniencia temporal, práctica, económica, toda vez que la regla de «legalidad» prohíbe en principio la renuncia al ejercicio de la persecución penal, o el desistimiento de la acción penal intentada, como también toda transacción o acuerdo con el imputado por parte de las autoridades públicas predispuestas”.
La resolución indicó que “resulta insostenible que la Fiscalía que, en su requerimiento, pidiera una pena de cuatro años y medio de prisión para cada uno de los imputados, luego mutatis mutandis renuncia a ese impulso y aplica un criterio renunciante basado en que, a su criterio, por «cuestiones de política criminal» no le interesa la persecución de la causa”.
Para los jueces el acuerdo era tan escandaloso que no podían ponerle la firma.
“No podemos ser menos que críticos con la postura del fiscal, cuando basándose en tener la potestad de determinar, por orden de su superior jerárquico de las políticas públicas, ejercerlas discrecional y arbitrariamente y, sin tapujos, provocar un corrimiento de su posición inicial, nada más y nada menos, que interpretar que en el caso en cuestión el interés público no estaba en juego”, escribieron.
Era difícil, pero no imposible.
La solución
El intríngulis se resolvió el 18 de octubre de 2018 en una audiencia de Cámara, tras la apelación de la fiscalía al rechazo de la homologación del acuerdo.
Los fundamentos del MPA para abandonar la acción penal contra Oneto y Abdala como si se tratara de simples mecheras constituyeron un balbuceo contradictorio que mostró la tensión entre Serjal, que impulsaba el perdón a los poderosos, y Narvaja que mascullaba bronca.
La Fiscalía sostuvo que “la posición fiscal es que existe una afectación al interés público pero que cuando la ley habla de ese interés hace referencia a un estándar que, si lo dimensionamos de forma global, debe ser evaluado en cada caso en particular y respecto de personas determinadas para determinar la magnitud de la afectación y la capacidad que tiene la solución concreta del caso para equilibrar ese interés público que ha sido afectado, sosteniendo que la solución propuesta por las partes en este caso es adecuada para generar este equilibrio”. Un párrafo antológico.
De acuerdo al acta de la audiencia, la Fiscalía sostuvo que “la solución concreta de estos dos casos particulares es plausible y razonable desde el punto de vista político criminal. Alude a su vez a la reparación integral de la víctima, la cual debe ser oportuna, y, teniendo en cuenta que el caso lleva más de 4 años, la solución arribada cubre tal requisito”.
Frente a ese planteo, el juez de cámara Daniel Acosta resolvió “tener por desistida la acción penal por parte del MPA respecto de los imputados Jorge Luis Oneto y Pablo Marcelo Abdala”. Así, el perdón quedó consumado, y los acusados cambiaron pena por plata.
El 11 de agosto de 2020 Serjal fue imputado con prisión preventiva por ponerle su impronta personal al caso que derivó en la condena por juego clandestino de Leonardo Peiti, un capitalista de ese mercado ilícito. Según la investigación, le pedía coimas mensuales de unos 5 mil dólares para evitar su persecución penal y ponerlo al tanto de investigaciones judiciales en su contra. Eso se descubrió siguiendo la pista de un crimen al voleo en el casino de Rosario, ejecutado por un lugarteniente de Ariel Guille Cantero, el jefe de Los Monos.
Fuente:ElEslabon
Balaceras: detienen al secretario general de la Uocra Rosario
Sixto Irrazábal, a cargo del sindicato de la construcción, fue detenido este martes a primera hora en la casa de su ex pareja, en barrio Fontanarrosa. Se lo involucra dentro de la investigación de una balacera.
El secretario general de la delegación local de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), Sixto Irrazábal, fue detenido este martes en el marco de un operativo por balaceras.
El dirigente se encontraba en una casa denunciada por vecinos en Laguna y Salvat, en la zona norte de la ciudad. En el lugar, los agentes policiales encontraron una pistola 9mm, con el debido permiso de tenencia y portación, pero fue secuestrada para su verificación y la realización de peritaje.
Antes de ser demorado, el secretario general de la Uocra afirmó: “No tengo ni idea por qué me detienen. Tengo un arma pero es legal”.
En agosto de 2013, el referente de los trabajadores de la construcción había sufrido un atentado en su casa de Granadero Baigorria. Un grupo de personas atacó con al menos catorce balazos su domicilio y su auto particular.
Perotti envió tres proyectos de ley a pedido de víctimas de violencia criminal
Las iniciativas sugieren cambios en el Código Procesal Penal para endurecer la prisión preventiva como medida ante ciertos delitos con armas y sobre casos de violencia de género. También sobre la comercialización clandestina que alienta el robo de cables.
El gobernador Omar Perotti envió este martes a la Legislatura santafesina la ampliación del temario de asuntos a considerar en sesiones extraordinarias, de tres proyectos solicitados por las Asociaciones de Víctimas del Delito y sus familiares, en el marco de la ola de violencia criminal que asuela a Rosario.
Una de las iniciativas planteadas por el Observatorio de Víctimas de Delitos, que integra la Junta Provincial de Seguridad, requiere la modificación del artículo 221 del Código Procesal Penal, “estableciendo que si al momento de cometerse un hecho con apariencia de delito se portan o utilizan armas, será procedente el dictado de la prisión preventiva”. El mismo, ya cuenta con la media sanción de la Cámara Baja y ahora se encuentra en el Senado.
Además, se habilita el debate de otro proyecto que está relacionado con el Registro Provincial de Acopiadores y Comercializadores de Metales No Ferrosos, que refiere al robo de cables del tendido eléctrico y de telefonía en la vía pública. Cabe señalar que el mismo obtuvo sanción de Diputados y se encuentra en el Senado.
Por último, se propone la incorporación del Artículo 221 bis al Código Procesal Penal de la Provincia, sobre la prisión preventiva “cuando se viole la medida perimetral en el marco de hechos cometidos en situación de violencia familiar o de violencia de género”.
Cabe destacar que las propuestas a debatir fueron pedidas por las organizaciones mencionadas y definidas como resultado de las acciones consensuadas en el ámbito de la Junta Provincial de Seguridad, celebrada la pasada semana, de la que el Observatorio también integra.
Muerte en zona norte: “Lo citaron para ver el auto, salió a la puerta y lo mataron”
El hermano del hombre asesinado en Rondeau y Martín Fierro habló con los medios nacionales y locales. "No sé qué decirles, estoy conmocionado”, dijo.
“Yo no estuve en la situación. Me llamó mi hermano más grande y me dijo ‘vení que lo mataron’”, declaró este lunes a la tardecita Hernán Granados, hermano de Gustavo, asesinado este lunes a las 17 luego de salir a mostrar un auto para vender. “Amo a mi ciudad, pero no pueden matar a la gente como un perro. Perotti, Javkin, vayanse”, declaró Hernán entre lágrimas.
A modo de hipótesis y para describir a la víctima de esta tarde, Hernán declaró ante los medios presentes: “Mi hermano era un chico temperamental. El que lo conoce sabe que resolvía todo a los bollos, quizás le quisieron chorear y él le pegó una piña o algo así. Lo liquidaron, gente”. Agregó que los asesinos se fueron en un Volkswagen Up gris.
“Yo me puse del lado de la gente de Empalme hoy. Estaba mirándolo por tele y me llama mi hermano más grande para decirme que mataron a mi hermano más chico. No sé qué decirles, estoy conmocionado”, dijo Hernán a los medios, dejando en claro que nadie es ajeno a la inseguridad y violencia que está viviendo la ciudad, de la cual ahora es parte la familia Granados a través del reciente homicidio.
En cuanto al esclarecimiento del hecho, el hermano del comerciante de autos usados afirmó que en la zona hay cámaras de todo tipo: “Veremos cuando pasen las horas si aparecen las imágenes”.
Fuente:RosarioPlus
No hay comentarios:
Publicar un comentario