La lista Celeste y Blanca de Sadop reclama piso salarial de 275 mil pesos mensuales
PARITARIA
Diputada Bruera volvió a reclamar una comisión investigadora sobre genocidio
Impulsores y beneficiarios
Desde Santa Fe
La diputada peronista Matilde Bruera volvió a pedirle a la Cámara que apruebe la ley que crea una comisión investigadora de los “impulsores, partícipes y beneficiarios civiles” del genocidio. “Es una deuda que la Legislatura tiene con Santa Fe”, que -a juicio de la legisladora- debería saldarse antes de que se cumpla una década del primer proyecto que presentó su compañero del Partido Justicialista, José María Tessa, en mayo de 2014. La misma iniciativa fue impulsada luego por su colega del Frente Social y Popular Carlos del Frade. Tessa propuso “investigar y esclarecer la actuaciones de los actores económicos que promovieron o facilitaron los delitos lesa humanidad en la provincia”. Bruera amplió la mira: “investigar, estudiar, desentrañar y esclarecer la responsabilidad de los actores económicos, empresarios o empresas, que promovieron, ejecutaron, facilitaron, contribuyeron, se beneficiaron o participaron de alguna forma en los crímenes de lesa humanidad en la provincia”. “Los tiriteros del terrorismo de estado que siguen impunes”, los llamó Del Frade.
Bruera insistió en la sanción ya en el cierre del último período ordinario. Pidió preferencia para que se tratara en las sesiones del 3 de noviembre y luego en la del 24 de noviembre, pero el expediente no llegó al recinto porque faltaba el dictamen de la comisión de Asuntos Constitucionales que manejan socialistas y radicales. “Es una contradicción” reivindicar las políticas de memoria, verdad y justicia y al mismo tiempo “no tratar la creación de la comisión investigadora” de los partícipes económicos de la dictadura, se lamentó.
El proyecto ya se presentó cinco veces en la Cámara de Diputados, en estos nueve años: Tessa en mayo de 2014, Del Frade en 2016 y en 2020 y Bruera también en 2020 y 2022. El de Tessa tuvo media sanción en noviembre de 2014, con 25 votos a favor y dos en contra de los radicales Julian Galdeano y Santiago Macheroni, pero caducó en el Senado en marzo de 2016, en la comisión de Derechos Humanos que presidía el senador Lisandro Enrico, hoy jefe del bloque de la UCR en la Cámara alta.
En la semana de la memoria, Bruera insistió en solicitarle a la Cámara que apruebe el proyecto que presentó en febrero de 2022, hace un año. En el texto, la acompañaron con su firma el presidente del Partido Justicialista Ricardo Olivera, sus compañeras Paola Bravo y Lucila De Ponti y sus pares del Frente Social y Popular: Del Frade y Dámaris Pacchiotti (Ciudad Futura). Olivera ya era cofirmante del proyecto de Tessa en 2014, igual que sus colegas Luis Rubeo, Eduardo Toniolli (hoy diputado nacional), Gerardo Rico (líder del Movimiento Evita), Oscar Urruty (viceministro de Gobierno de la provincia) y las ex diputadas Patricia Gazcué y Alicia Gutiérrez.
“Pedí que se conforme una Comisión Bicameral Investigadora por la Memoria, la Verdad y la Justicia”, les dijo Bruera a sus colegas en el recinto. “Insistí que se trate el tema, que se le otorgue preferencia (para las sesiones del 3 y del 24 de noviembre de 2022), pero aún no se lo ha tratado. Esta es una deuda de la Legislatura y de la Cámara de Diputados con Santa Fe”.
“La ley no es mía”, recordó Bruera. “La presenté apenas asumí, pero es una ley que ya habían presentado los diputados José María Tessa (en 2014) y Carlos del Frade (en 2016 y 2020). Es una ley que tiene una trayectoria que merece ser aprobada”. Y volvió a marcar la contradicción entre los “discursos” y una ley que no avanza, que ni siquiera llega al recinto para el debate, como sucedió hace nueve años.
Del Frade coincidió: lo que falta investigar es la pata civil y económica del terrorismo de estado. “Los titiriteros del genocidio”, los llamó. “Los desaparecedores fueron las grandes cúpulas empresarias argentinas, que generaron la deuda externa, la concentración y extranjerización de las riquezas y que hoy manejan los medios de comunicación que destruyen la política como herramienta de transformación”. El 24 de marzo de 1976, eran los que “estaban detrás del golpe” y “hoy son los que están detrás de achicar la política y la democracia en beneficio de esos sectores económicos”.
La “matriz económica” del terrorismo de estado se presentó “acá en Santa Fe -recordó Del Frade- el 20 de marzo de 1975, cuando se invade Villa Constitución con 4.000 parapoliciales que convierten al Albergue de Solteros de Acindar en el primer centro clandestino de detención de personas y le pagaron 200 dólares a cada uno de estos asesinos. Uno de los que pagaba era el gerente general de la empresa, José Alfredo Martínez de Hoz, quien un año después como ministro de Economía de la dictadura autorizó un crédito de 600 millones de dólares para Acindar, que luego estatizó otro personero económico, Domingo Cavallo, junto con la deuda de 600 empresas privadas que terminamos pagando entre todos: la deuda externa”.
“Invirtieron en desaparecidos, deuda externa y desocupación. En 1991, Acindar despidió a 2.500 trabadores porque se oponían a una reducción de salarios. ¡Es impresionante! Son tres palabras: desaparecidos, deuda externa y desocupados. Y los responsables de esas tres palabras son los personeros del poder económico. Los que nunca aparecen en los grandes medios de comunicación porque ellos también se apropiaron de los medios. Entonces, hoy es más fácil escuchar el discurso destructivo contra la política para hacer una democracia y una sociedad obediente”.
“Los desaparecedores son los que hoy siguen rigiendo el destino de la Argentina”, advirtió Del Frade. “Por eso, se murió impune y en libertad (el empresario Carlos Pedro) Blaquier y Martínez de Hoz jamás respondió por los 68 desaparecidos de Villa Constitución”.
“Hay que hablar de los desaparecedores porque esos mismos intereses están presentes hoy en la vida cotidiana, en los proyectos políticos que escuchamos”, planteó.
Testimonio de víctima estafada con préstamo hipotecario tramposo
Pesadilla con usureros y lavadores
Rosario/12 habló con la mujer cuyo caso abrió una investigación judicial por lavado de dinero a través de hipotecas amañadas.
Tres veces R.Z. estuvo a punto de perder su casa por subasta judicial. Desde que entró hace siete años en una inmobiliaria céntrica y tomó un préstamo hipotecario en la urgencia de salvar un negocio familiar. Luego descubriría que su acreedora no era la inmobiliaria adonde iba a pagar cada cuota en dólares, sino una persona a la que nunca conoció ni le permitieron conocerla. Y así fue distinguiendo que había caído en manos de una organización cuyo fin no era cobrarse el préstamo sino ejecutar la hipoteca y luego comprar el inmueble en un remate y a precio básico. R.Z. es una de las decenas de personas que cayeron en la trampa por la que hoy la fiscal federal n°3 de Rosario, Adriana Saccone, abrió una investigación penal por el presunto delito de lavado de dinero, a pedido de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Esta semana desfilarán por su escritorio 34 damnificados citados a declarar como testigos. Es la punta investigativa que el Ministerio Público de la Acusación, dirigido por Jorge Baclini, desestimó de tomar cuando los abogados de R.Z. acudieron a radicar denuncia, al menos por usura o intermediación financiera no autorizada. La fiscalía provincial no quiso abrir causa por ello, a pesar de las pruebas que indican que esta organización reiteró estas maniobras en numerosas ocasiones, y sembró de ejecuciones hipotecarias todos los juzgados del fuero civil y comercial de Rosario. R.Z. no puede pensar en el retiro aún, ni tampoco en la tranquilidad de saberse dueña definitiva de su hogar. La casa está declarada como bien litigioso, y la subasta ha sido suspendida por tercera vez, pero eso puede cambiar. Esas no son todas las secuelas que le dejó este calvario: en el medio desarrolló una cardiopatía severa y graves problemas al interior de su familia. Lo que sigue será su relato, detrás de esas iniciales que ocultan –a su pedido– su identidad.
Esta mujer, profesional de renombre en el ámbito de la salud, se encontró en 2016 en la urgencia de disponer de una fuerte suma de dinero y con premura para sostener una inversión familiar conducida por uno de sus hijos. Asumió que no calificaba como para que ningún banco le hubiera prestado tanto y tan rápido como lo requería. "Llegamos a la inmobiliaria Solares a través de un conocido. Era octubre de 2016. Vimos el aviso en el diario (La Capital). N., la dueña, vino a mi casa y la tasó. Hicimos la primera hipoteca con la escribana P.N., nos entregó el dinero, 40 mil dólares el monto nominal. Y empezamos a pagar todos los meses ahí en la inmobiliaria", contó R.Z. luego de que Rosario/12 publicara la existencia de esta organización en su edición del lunes pasado. La inmobiliaria aludida tiene sede en calle Italia al 1200. Allí la denunciante tomó un préstamo de 40 mil dólares, y en febrero de 2017 un segundo por 42 mil dólares. Como garantía, su vivienda céntrica, de 3 dormitorios, valuada en 220.000 dólares como piso.
La transacción quedó asentada en un contrato de mutuo que luego le depararía sorpresas. "Yo pensaba que quien me prestaba era la inmobiliaria, no sabía que firmaría el mutuo a una persona desconocida, que nunca me dejaron conocer. Y en cuanto a la escritura hipotecaria, me dieron una copia distinta, con nombres sobreescritos, otro DNI, tachaduras sin salvar, una desprolijidad enorme que no era casual. Todo eso para que yo no pudiera individualizar a mi acreedora. Nos daban un recibo precario, de esos celestitos, y no siempre lo firmaba la misma persona. Anotaban en cuadernitos, todo en negro. Cada vez que iba pedía que me discriminara capital, intereses, cómo iba quedando la deuda, siempre me hacía números extravagantes y nunca una cifra clara", relató.
Los problemas empezaron con una de las turbulencias del tipo de cambio. "Se me empezó a dificultar pagar las cuotas porque no podía conseguir dólares, tenía que ir a buscarlos al mercado negro, en el banco la Afip me había puesto un límite que no era suficiente, y a la inmobiliaria tenía que pagarle en dólar billete. Encima me enfermé gravemente, tuve que trabajar menos, y así arrastré dificultades para completar el monto de las cuotas", contó R.Z.
"A mis acreedoras nunca las conocí. Una trabaja en la API. Sospechamos que acaso hayan invertido en la inmobiliaria, en una mesa de dinero, y que le hayan usado el nombre. Todo esto nos causó una gran angustia y estrés al punto que a mí se me declaró una miocarditis. Siempre que proponían un arreglo era cada vez más desfavorable. En una de las veces que iban a rematarme, el precio base iba a ser de 110 mil dólares, la mitad de la valuación, o sea que iba a quedar sin casa y endeudada. Mi abogada me hizo ver que en realidad no querían arreglar, no querían cobrarse sino rematarme la casa", concluyó.
R.Z. rememoró aquellos días en los que la angustia se agigantaba: "Pedí una reunión con las acreedoras para renegociar, porque fui al abogado de ellos hasta con monedas de dólar para demostrar voluntad de pago. Y me negaban el contacto con las supuestas acreedoras con excusas. No hubo posibilidad de renegociar. Así terminamos en la Justicia. Seguimos con la catarata de desprolijidades, el juzgado hizo lugar al juicio hipotecario e hizo morigeración de intereses porque entonces advirtió usura pero avaló igual esta ilegalidad, y ya me hizo ruido".
Como en las otras ejecuciones descubiertas, la misma escribana, el mismo martillero, el mismo abogado que luego termina imponiendo su oferta en el remate. "En la primera vez que iban a rematarme la casa, el martillero llevó gente supuestamente interesada. Era evidente que era gente conocida suya, toda una puesta en escena para después simular una compulsa en el remate", observó la damnificada.
Los primeros dos intentos de remate los evitó a último momento con promesas de pago. En noviembre de 2022 sería la tercera intentona de subasta, pero entonces la abogada Micaela Domínguez interpuso la denuncia ante Procelac, que notificó a la Justicia Federal. La fiscal Saccone abrió una pesquisa y el juez Marcelo Bailaque interpuso una medida cautelar, que renovó el mes pasado, de manera que declara la vivienda en cuestión como bien litigioso. Por lo tanto, el remate fue suspendido otra vez.
"Es una situación muy dura –finalizó la protagonista y denunciante de esta pesadilla–, que sobrellevamos hace ya muchos años, siempre con una espada sobre el cuello sin saber para dónde saldrá, porque la Justicia tiene otros tiempos y otras interpretaciones distintas sobre lo que está bien y lo que está mal. En el medio pasó la pandemia, yo me expuse muchísimo, tuvimos pérdidas familiares. Estamos de pie porque yo soy batalladora y siempre buscamos ayuda profesional. Uno hace algo en la premura de solucionar algo y nunca pensamos que desembocaría de esta manera".
De negro a blanco
La abogada Micaela Domínguez sostiene que el objetivo de la maniobra completa era blanquear dinero negro, que empieza con el préstamo y termina con la ejecución hipotecaria y la compra del inmueble en el remate. "Son ellos mismos quienes adquieren la propiedad en remate y así terminan blanqueando el monto prestado originalmente y con una propiedad de millones de pesos. Es lavado en diferentes etapas: cuando introducen dinero en la inmobiliaria que no está declarado frente a Afip, y así darle una apariencia legal. Las acreencias hipotecarias tienen obligación fiscal de estar declaradas. Ese dinero, entonces, por lo menos viene de evasión tributaria. Ese dinero no declarado lo introducen en la inmobiliaria y lo prestan en otro circuito delictivo que es la intermediación financiera no autorizada, una actividad ilegal que promocionaban en los avisos. Además está el delito de falsedad ideológica de documento público, porque en las escrituras ponen que Fulano le presta plata a Mengano y es mentira porque no se conocen", señaló.
El abogado Gerardo Bravo representa a R.Z. en el la causa penal que se tramita en el juzgado federal de Bailaque. En estos días solicitará algunas medidas para orientar la investigación. "Es preciso que la fiscal examine la cartera de ofertas de inmuebles en alquiler y en venta de la inmobiliaria Solares, y posibles vinculaciones con otras, quiénes son los dueños de esos inmuebles; considerar la intermediación financiera no autorizada como probada a partir del aviso clasificado: no puede ser que una inmobiliaria preste dinero, y acaso allí esté el delito precedente de lavado de dinero. Además, que se cite a declarar a las personas que figuran como acreedoras, porque tienen hipotecas por todos lados. ¿Invirtieron en la inmobiliaria, eran testaferros, le usaron el nombre?", inquirió el letrado.
Gremios a las PASO
En los últimos años nos quedamos en la discusión de lo que la política nos baja en lugar de aportar a la construcción de políticas.
Vamos a ir a las Paso; es volver a un camino que tiene historia, y también una forma de ampliar la trinchera para que la representatividad no sea solo desde lo gremial sino que cuando los gobiernos quieran llevarse puesta alguna ley de los trabajadores, además de estar movilizados en las calles, también estemos defendiendo esos derechos desde las bancas.
Son alrededor de ochenta gremios de la provincia que se encolumnan detrás de esta movida, que le permite a la CGT recuperar iniciativa política fuera de su ámbito después de muchos años. Camioneros, Luz y Fuerza, Empleados de Comercio, UOM, UOCRA, UPCN, Obras Sanitarias, Smata, Garagistas, Alimentación, Aduanas, Calzado y Correos, entre otros, son los que avalan la estrategia.
Queremos retornar a que nuestras organizaciones gremiales sean parte de la democracia a través de la participación en los legislativos, como fue históricamente en el peronismo. En este momento eso no sucede; sí vamos a encontrar que algunos legisladores son de extracción gremial. Y no cabe duda de que el compañero que ocupa ese lugar a través de una organización política va a tener una posición adecuada, pero no reporta a la organización gremial.
Marcelo Ciordia
En una dejaron nota amenazante
Dos escuelas baleadas
Dos escuelas fueron blanco de balas durante el fin de semana. En uno de los establecimientos atacados, los autores dejaron notas amenazantes. Amsafé Rosario desobliga mañana de 10.30 a 14.30, y moviliza mañana.
Se trata de las instituciones N° 84 José Mármol, ubicada en Larrea al 300, a la altura de Campichuelo, en barrio Ludueña. Allí, los agresores dejaron dos notas de las que no trascendió el contenido.
Además, otra escuela de Travesía y Juan B. Justo, de la comunidad Qom, también fue atacada. Manuel Moure, director del Eempa que funciona en la Escuela Ziperovich, dijo que "Hoy no hay clases. Estamos tratando de garantizar el corredor seguro", señaló en LT8.
Se trata de una zona donde se había establecido un refuerzo de seguridad tras el crimen del niño Máximo Jerez.
Por su parte, el dirigente de Amsafé Rosario, Pablo Casiello, dijo que "fueron en zonas custodiadas. Hay una demostración de impunidad muy fuerte". Y adelantó: "Convocamos para mañana a una concentración frente a la sede del gobierno provincial". Según indicó, el martes se desobligará a los alumnos entre las 10.30 y las 14.30.
Pasan al miércoles el inicio del juicio por "Bocacha" Orellano
Audiencia reprogramada
La Justicia penal pasó al miércoles el inicio del juicio por el homicidio de Carlos "Bocacha" Orellano, que tenía fecha fijada para este lunes.
Según indicaron desde la Asociacion Bocacha Orellano y la Multisectorial contra la Violencia Institucional la invitación a la sociedad será a partir de las 7.30 del miércoles en el Centro de Justicia Penal (Sarmiento y Virasoro) , para acompañar la jornada tan esperada por la familia del joven que tenía 23 años.
En el caso, dos patovicas y dos policías están acusados como autores del homicidio en un contexto de violencia institucional y policial, luego de que el joven haya ido a bailar al boliche Ming, en la zona de La Fluvial, en febrero de 2020.
Fuente:Rosario12
Dos instituciones educativas baleadas
tras dos escuelas de Rosario fueron baleadas durante este fin de semana. Se trata de la Escuela N° 84 José Mármol (Larrea al 300) y del Complejo Rosita Ziperovich (Travesía y Juan B Justo), en las que además dejaron mensajes amenazantes. “Una vez más queda claro que usan a la escuela como vidriera o medio para algún mensaje criminal, entre bandas, y de paso intimidar, demostrar poder, control del territorio”, afirmó el director de la Regional VI de Educación, Osvaldo Biagiotti, a Redacción Rosario.
A primera hora de esta mañana, Biaggiotti estaba en la sede de la Escuela 84 para “acompañar, con todas las instancias de la regional, desde el equipo de supervisión Socioeducativo como el de Bienestar Docente”. Otro equipo del ministerio haría lo propio en la escuela Taigoyé que funciona en el Complejo Ziperovich.
El funcionario advirtió que en esta tarea de acompañar, “no hay procedimientos estandarizados, porque el miedo y la angustia no se tramitan siempre de la misma forma”, tienen que ver con las distintas realidades que atraviesan a las escuelas. De todos modos, señaló que “como premisa básica, se trata de ir, estar, acompañar y escuchar”.
En la Escuela 84 este lunes no hay clases. Y según adelantó Biaggiotti, “se verá en el día a día. Será cuando el personal docente, de asistentes escolares y el directivo estén en condiciones de retomar la actividad”.
El director regional explicó que también se hace presente en estas escuelas personal político del Ministerio de Seguridad de la provincia, “para recoger dudas, conversar, de modo directo” con la comunidad.
Biaggiotti lamentó también lo ocurrido en la Escuela Taigoyé, de la que era alumno Maxi Jeréz, el niño asesinado el 5 de marzo pasado en una balacera. El delegado del Ministerio, recordó que se trabajaba con la comunidad escolar ante lo ocurrido. “Quizás esto implique más temor en las familias”, agregó
Para el delegado regional, “siempre se trata de pensar juntos cómo poner en valor a la escuela y tramitar el miedo, el duelo, la angustia”.
Bronca y dolor
“Balearon la escuela, nuestra querida Escuela 84. La escuela que es de todos los niños y las niñas. Pensábamos que nunca nos iba a tocar pero nos equivocamos. Con total impunidad y furia, anoche apuntaron y descargaron sus armas hacia ella.No podemos entenderlo, sentimos mucha bronca y un profundo dolor. La escuela debería ser un lugar sagrado, cuidado y respetado por todos!! Hasta cuándo tendremos que soportar cosas así??”, expresa un flyer que comenzó a circular por las redes sociales este domingo de Pascuas desde muy temprano.
En el frente de esta institución de Larrea al 300 -informó el portal Rosario 3– “se encontraron varios disparos, vainas servidas y dos notas de amenaza cuyo contenido no había sido difundido”. La investigación estaba a cargo del fiscal de Flagrancia, Lucas Altares.
Fuente:RedaccionRosario
La campaña tironeada hacia la derecha
Las piñas a Berni y los límites de la demagogia punitiva. Pullaro, el candidato “enfierrado” de Juntos por el Cambio. Seguridad pública democrática, el modelo Bukele y las ausencias estatales más notorias.
La violenta agresión al ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni, el pretendido sheriff que dice haber sido copiado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, pone en evidencia los límites discursivos de la demagogia punitivista como solución a los problemas reales de seguridad pública que atraviesan, sobre todo, los centros urbanos más poblados del país. Como émulo local de la dureza que hace falta, el precandidato a gobernador de Juntos por el Cambio, el ex progresista Maximiliano Pullaro, hace campaña con un fierro en la cintura y explica que su conducta procura evitar restarle recursos humanos a la policía en una custodia personal, que rechazó porque le “quita libertades”. Su ahora compañera de aventuras políticas, Patricia Bullrich, clama por la presencia del Ejército en las calles para “combatir” al narcotráfico a pesar del fracaso de esas incursiones en los países latinoamericanos donde se aplicó. Sin disimulo por sus preferencias, Javier Milei directamente trabó un acuerdo electoral con el hijo del genocida tucumano Antonio Domingo Bussi, Ricardo, quien lanzó su campaña a gobernador de esa provincia con un spot en el que pide por la “portación libre y legal de armas”. Para los “buenos”, claro. A pocos meses de las elecciones provinciales y nacionales, el proselitismo se inclina cada vez más hacia la derecha en un contexto de crecimiento y amplificación, en paralelo, de las voces de la antipolítica como salida a los problemas políticos, cuya evidencia es incontrastable. Un uso de la violencia con fines instrumentales, como llenar las urnas a los tiros.
Angustias
En una de las principales acciones de campaña hasta el momento, el diputado provincial Maximiliano Pullaro anunció que volvió a pedir a la Anmac la portación de un arma de fuego para protegerse en forma individual de los malos, luego de que en una balacera a la sede del Nuevo Banco de Santa Fe de Granadero Baigorria dejaran un mensaje intimidatorio que lo mencionaba.
Así como Mauricio Macri se conmiseró de la angustia que según cree deben haber experimentado los patriotas de 1816 al independizarse de España con la declaración de Tucumán, Pullaro hizo saber que andar calzado constituye “cosas feas y tremendas” que está dispuesto a sufrir por los y las santafesinas.
“Que una persona tenga que estar armada es muy fuerte y angustiante. Pero son decisiones que tenés que tomar. Debo ser la persona más amenazada de la provincia de Santa Fe”, se autopercibió.
En varias entrevistas que brindó la semana pasada –que revelan su necesidad de exorcizar la angustia por medio de la palabra (en los medios de comunicación)– explicó que sufrió “una amenaza a mi persona, pero en realidad fue a las instituciones de la democracia y a mi rol de legislador provincial”.
Tras el ofrecimiento de custodia por parte del fiscal Matías Edery, el radical en evolución hacia la derecha liberal contó que la rechazó porque implicaría “sacarle a la policía 42 hombres para que me cuiden a mí solamente”.
Ese gesto altruista estuvo combinado con otras explicaciones que brindó al respecto: “Me cuesta mucho tener custodia. Tendría que dejar de ser candidato a gobernador como soy, porque no podría hacer un montón de cosas que estoy haciendo (…) Para tener custodia tenés que perder todo tipo de libertades”.
Entonces dijo que “rechacé esa custodia pero tramité la portación (de un arma de fuego) que tuve durante casi seis años, mientras fui ministro de Seguridad y el primer año y medio cuando volví a ser diputado de la provincia, y que por razones inexplicables el kirchnerismo no me había renovado”.
Para que quede claro, añadió: “Estoy en contra de la portación de uso civil de las personas” pero “no así de funcionarios públicos que estamos más expuestos”. Es decir que rechazó el privilegio de la custodia para tener el privilegio de la portación por exposición pública.
Además de la angustia padecida por llevar un arma en la cintura, el ex ministro de Seguridad del tercer gobierno del Frente Progresista contó que para él fue “muy fuerte” la adaptación “al mundo policial”, atento a que proviene “de las ciencias sociales” mediante las cuales “estudié seguridad desde el aspecto de las políticas públicas” y no desde el punto de vista del polígono de tiro.
De todos modos, dijo, como quienes “nos exponemos, nos jugamos, planteamos cosas fuertes, sabemos que no vamos a poder vivir tranquilos, que no podemos dormir, que vamos a ser perseguidos por las calles”, y agregó que cuando fue ministro “llevé adelante el curso táctico de las Tropas de Operaciones Especiales, en tres o cuatro oportunidades, y tuve que aprender a utilizar un arma”.
Eso “no era lo que me gustaba, no era lo que hubiese querido en mi vida, no me formé para eso. Pero la vida a veces te lleva a roles institucionales, como ser ministro de Seguridad durante cuatro años”. Por esas necesidades impuestas por “la vida”, debió convertirse en el sheriff con el que hoy hace campaña “para ser el próximo gobernador de la provincia de Santa Fe”.
El abogado, criminólogo y docente rosarino Enrique Font recordó en estos días, a través de su cuenta de Twitter, que en su adolescencia Pullaro fue protagonista involuntario de un accidente con un arma de fuego que tuvo consecuencias irreparables. “No aprendió nada”, apostrofó. Tal vez en esa materia, porque parece haber aprendido a no ponerse límites en la consecución de un objetivo personal.
El copiado
Veinte días antes del aniversario cuadragésimo séptimo del Golpe de Estado de 1976, el ministro de Seguridad bonaerense Berni dijo que el modelo salvadoreño de “estado de excepción” que suprime derechos y garantías constitucionales es “música para mis oídos”. En dos minutos se contradijo.
Intérprete vernáculo de alguna versión de Rambo, el médico militar retirado ha hecho uso y abuso de la imagen publicitaria de duro, del que va “al frente” en los operativos contra la criminalidad, con el arma en la mano, como si las detenciones de personas fueran funciones intrínsecas del titular del Ministerio.
“No me sonroja decir que creo que Bukele me copió lo que tengo en la cabeza”, dijo Berni en un reportaje, en el que también afirmó: “No tengo ninguna duda de que la solución de la Argentina es el camino que llevó adelante Bukele”. Sin embargo, no lo pudo sostener ni en la misma entrevista.
El modelo de Bukele en El Salvador combina el punitivismo normativo con el discurso religioso acerca de lo “torcido” que Dios sabe “enderezar”, mediante la aplicación de castigos.
Según un reporte de la agencia Associated Press, en su gestión presidencial se produjeron 65.291 detenciones de personas presuntamente relacionadas con las pandillas, de las cuales unas 57 mil están procesadas sin condena.
También se registraron 3.745 casos de personas liberadas por ausencia de pruebas y 7.900 denuncias de abuso estatal ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Pero a partir de comienzos de este año redujo la tasa de homicidios de su país, según la versión oficial, “a cero”. Allí radica una parte del atractivo de su modelo que elimina derechos y garantías individuales como precio a la “pacificación”. La otra parte está relacionada con lo que, en otro contexto, Rita Segato llama pedagogías de la crueldad.
También en un contexto diferente, Argentina experimentó hace 47 años un modelo de pacificación de la violencia –en aquella ocasión asociada a la política– desde el Estado a través de prácticas terroristas, en el que la población cedió libertades individuales en pos de un resultado deseado.
La última dictadura “pacificó” el país con cárceles clandestinas, torturas, asesinatos, fusilamientos, robo de bienes y supresión de identidad de personas recién nacidas, abusos sexuales y otro tipo de vejámenes.
A diferencia del modelo de Bukele, los ejecutores de aquellos crímenes son juzgados desde hace una década con los mismos derechos y garantías constitucionales que cualquier delincuente común y, en general, poseen mejores condiciones de cumplimiento de la condena porque la cárcel replica intramuros las diferencias sociales que existen afuera.
Las víctimas y sus familiares no clamaron fusilamientos sino juicios justos con garantías del debido proceso. Eso constituyó uno de los pilares del pacto democrático laboriosamente construido por la sociedad argentina a partir de 1983.
Contradicciones
Volviendo al sheriff Berni, su máscara se cae al poco de andar. Si bien exterioriza en sus conductas públicas un modelo de demagogia punitiva aplicado desde una fuerza política de origen popular, en las mismas entrevistas que alabó a Bukele –seguramente en busca de una porción de votantes que adhieren a las nuevas derechas– terminó por contradecirse.
Berni sostuvo en una charla radial que el país atraviesa “un problema delictivo pero con un fenómeno distinto al de Las Maras (la pandilla salvadoreña) que es el del narcotráfico, pero es totalmente distinto”. Difícil entonces aplicar la misma solución a problemas diferentes.
“No es la misma realidad de la Argentina”, sostuvo el ministro bonaerense, para quien “el país está pasando por una decadencia del sistema penitenciario”, apreciación poco cuestionable.
Destacó la “importancia del servicio penitenciario” en la “reinserción” de las personas privadas de la libertad, “porque eso es lo que dice nuestra Constitución”. Es decir, resocialización y no castigo, como promociona el modelo de Bukele basado en infligir dolor para enderezar.
Berni propuso en ese mismo reportaje, brindado a María O’Donell, que “el preso tiene que trabajar” para mantener a su familia y evitar que “nuevamente entre en el delito”.
También dijo que concibe una agencia que reinserte laboralmente “a los presos cuando cumplen su condena”.
Como lo que busca es un efecto inmediato en la opinión pública más que el desarrollo de una política racional que provoque los resultados buscados a mediano y largo plazo, también dijo en esa entrevista que los presos no pueden dejar la cárcel al haber cumplido la condena si no tienen un trabajo.
Contradictoriamente con la música que supone para sus oídos el modelo de Bukele, sostuvo: “No estoy hablando de quitar garantías constitucionales ni un estado de excepción”. ¿Y entonces?
Una de las consecuencias de la demagogia punitiva –que no previene delitos ni garantiza justicia, sino que alienta fantasías de venganza– quedaron expuestas en el rostro del ministro de Seguridad chocando contra puños y botellas cuando apareció en helicóptero en el partido de La Matanza tras el asesinato del chofer de colectivos Pedro Daniel Barrientos, el último lunes.
Qué peligro
El episodio de la violenta agresión, más allá de los debates sobre si estuvo o no fogoneado políticamente, revela el aspecto más peligroso de la crisis de seguridad pública: el hartazgo social. Avivado 24×7 por la palabra mediática hegemónica que se postula como representación de “la voz de la gente” sin ningún conocimiento sobre el asunto. Sólo echar leña al fuego.
La receta del aumento de penas, de la baja de la edad de imputabilidad, de las restricciones a las excarcelaciones y el incremento de las prisiones preventivas ya se probó sin obtener los resultados esperados, desde las leyes Blumberg para acá.
La mentada “puerta giratoria” parece haberse trabado, porque la población carcelaria se incrementó por encima del crecimiento de la población total. En Santa Fe se duplicó en 10 años la cantidad de personas privadas de la libertad, la mitad sin tener una condena.
Sin embargo, el desentendimiento de las fuerzas políticas populares acerca de los problemas de seguridad pública, que abandona como un asunto propio de “la derecha”, y la ausencia de políticas de estado integrales de los gobiernos allanan el camino a la oferta de salidas fáciles y rápidas, como los tiempos mandan. Resolver el problema a un click.
“Un Estado presente no es un estado violento”, se titula un documento del Centro de Estudios Legales y Sociales de 2014, que entonces advertía sobre la “necesidad de una respuesta democrática efectiva a los problemas del delito y la violencia”.
Como suele decir el diputado santafesino Carlos Del Frade, el Estado no está ausente en los barrios marginados de Rosario sino presente a través de los nichos policiales corruptos que alimentan a las violentas bandas narcopoliciales del menudeo de drogas.
La ausencia más notable, en todo caso, es la de la politización no electoral de “la inseguridad” y el debate público acerca las herramientas estatales para “torcer” las causas de la criminalidad, que exceden largamente –aunque incluyen– el sistema penal, el carcelario y las fuerzas de seguridad.
Nota publicada en la edición impresa del semanario El Eslabón del 08/04/23
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