Condena en juicio abreviado a uno de los responsables del robo a Tribunales en 1984
La única manera de obtener justicia
El fiscal Adolfo Villatte y su auxiliar Juan Murray impulsaron el procedimiento para lograr que Juan Fructuoso Funes aceptara la responsabilidad -no sólo propia, sino de todo el Ejército- en la sustracción de la documentación sobre la represión ilegal.
El Ejército argentino ordenó y organizó el robo de documentación y pruebas del terrorismo de Estados en Tribunales, en un operativo comando que se realizó el 8 de octubre de 1984, con la democracia recién recuperada. Esa madrugada, tras amenazar a la custodia, ingresaron en el juzgado de Francisco Martínez Fermoselle y sustrajeron “la casi totalidad del material secuestrado en los distintos allanamientos relacionados con las denuncias radicadas por la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep)”. Así lo confirmó el Tribunal Oral Federal número 2 al convalidar el juicio abreviado suscripto por Héctor Fructuoso Funes, quien fuera Jefe del Destacamento de Inteligencia 121 en 1984. El militar retirado admitió su responsabilidad y recibió una condena de cuatro años de prisión. La verdad jurídica queda establecida, ya que el peligro inminente era que el caso quedara impune, ya que Funes tiene 86 años y los otros dos imputados fallecieron. La Fiscalía quedaría entonces sin posibilidades de avanzar en la investigación, y ese fue uno de los motivos que llevó a impulsar el procedimiento al fiscal federal de la Unidad de Derechos Humanos, Adolfo Villatte.
“No solamente él habla de su responsabilidad, sino que habla de haber recibido órdenes y de haber impartido órdenes. Las órdenes que recibe para juntar la información, para transformarla en inteligencia, se las suministra al comandante del Segundo Cuerpo de Ejército, y a partir de Pino Cano, él recibe las órdenes para junto con el Jefe de Operaciones, por intermedio del personal del Destacamento de Inteligencia 121, diseñar una operación especial de Inteligencia, que es justamente el robo de Tribunales, entonces, no es que él admite su responsabilidad, habla de la responsabilidad del Ejército Argentino, no es un free lancer”, destacó el fiscal auxiliar Juan Murray. En cuanto a las responsabilidades, los otros dos imputados eran Víctor Pino Cano, quien fuera Comandante del Segundo Cuerpo y Luis Américo Muñoz, que era segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 121. Pino Cano murió en mayo de 2021 y Muñoz, en julio de 2022.
Para la denunciante histórica de esta causa, la decisión fue fundamental. “Agradezco profundamente el trabajo que ha hecho la Fiscalía, porque realmente nadie lo hizo en 38 años y no será porque yo no lo he dicho, porque vengo hace mucho tiempo denunciando”. Adriana Arce es sobreviviente del terrorismo de Estado, fue querellante en la causa Guerrieri I, estuvo desaparecida en el centro clandestino de detención Fábrica Militar y en 1984 participó en los allanamientos en los que se recabó toda la documentación y material incriminatorio hacia los integrantes del Destacamento de Inteligencia 121, en lo que entonces era la causa Feced, en los Tribunales provinciales de Rosario. Esa noche, había declarado hasta la 1 de la mañana, cuando se fue a dormir para seguir declarando al día siguiente. A la madrugada la despertaron y le dijeron que se habían robado toda la documentación. Desde entonces, ha denunciado numerosas veces y en distintas instancias. “Me siento súper feliz de que esto se haya aclarado y ojalá podamos saber cuál fue el destino de la documentación, porque lo que realmente nos interesa es que toda esa información del Segundo cuerpo abriría las posibilidades de aclarar muchas cosas”.
Murray fue quien inició la causa en 2011 -en su carácter de fiscal subrogante de San Nicolás-, al analizar el legajo de Muñoz en el marco de la causa por el asesinato de Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi. Allí encontró un reclamo al entonces presidente Raúl Alfonsín, en el que narró dos hechos que se correspondían con su gestión como Segundo Jefe del Destacamento de Inteligencia 121. “En virtud de que, tanto por la fecha de los hechos como también por el contenido de la misiva, se podía inferir que la operación a la que se refiere es aquella que se llevó adelante en los Tribunales Provinciales de la ciudad de Rosario, el día 8 de octubre de 1984”, rememora el fallo judicial.
La causa se centra en la sustracción de documentación. “Se le imputó haber preparado los planes y órdenes para la reunión de información, procesamiento de dicha información para transformarla en inteligencia en forma personal, o por intermedio del personal a sus órdenes, y en cumplimiento de las mismas, haber intervenido en la adquisición de los ‘blancos’ a ejecutar”, dice la resolución, que enumera los delitos cometidos para cumplir con la operación realizada el 8 de octubre de 1984, a la 1.45: amenazas de muerte con armas de fuego a la custodia policial del edificio de Tribunales, sargento Demetrio Flores y agente Juan José Aguirre, a quienes se redujo y se les robó sus armas reglamentarias, haber maniatado al personal policial, privándolo de su libertad en forma ilegítima hasta que fueron liberados por personal que trabajaba en el edificio, alrededor de las 5 de la mañana. También se le imputa la privación ilegal de la libertad al custodio de la casa de calle Dorrego 1638, Eugenio Leopoldo Encina, donde estaba depositada una parte muy importante del material allanado, “debido a su magnitud”.
Entre las pruebas y documentos sustraídos en esa operación había organigramas de los grupos de represión ilegal, con nombres y apodos de los grupos ilegales, designación de lugares a cumplir operativos y tareas asignadas a los integrantes de esos grupos; como así también gran cantidad de carpetas de personas que habían sufrido operativos de parte de esos grupos, como así también álbumes de fotografías y -entre muchos otros elementos- diversas agendas con listas de personas, algunas de las cuales se encontraban desaparecidas. Un material probatorio de incalculable valor para dilucidar el accionar del terrorismo de Estado en la región.
Villatte fue muy preciso al explicar por qué optaron por una figura poco común en delitos de lesa humanidad, como es el juicio abreviado. “Es un hecho del año 84, que si fue fue si bien fue declarado conexo con delitos de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptible, tiene la particularidad de que no tiene víctimas directas que hayan sido secuestradas, violadas, torturadas, desaparecidas o asesinadas”, expresó Villatte, quien también subrayó que “por el tipo de hecho de que se trató, la calificación legal por los delitos cometidos tienen penas muy inferiores” a las de las causas por delitos de lesa humanidad. “Lo que se buscó con este hecho se puede interpretar de distintas formas, ya sea encubrir los delitos cometidos por la dictadura o se puede pensar que era una continuidad de la complicidad de toda la estructura del Ejército en esa estructura represiva ilegal que pervivía en democracia”, indicó Villatte.
Lo nodal fue que esta condena les permite continuar con la investigación. “El único imputado vivo tiene 86 años y todavía no teníamos certeza sobre la fecha del juicio que se iba a fijar, eso nos hacía dudar de poder llegar a un juicio y además, si se consiguiera realizar ese juicio, tendríamos que transcurrir todas las etapas recursivas, que son muy largas, con Funes con vida”. Si el imputado moría en ese lapso, la acción legal quedaba extinta. “Esta condena sienta una base a partir de la cual, la investigación que nosotros seguimos llevando adelante parte de la existencia de una responsabilidad de un alto integrante de la Plana Mayor del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército”, siguió Villatte.
El fiscal adelantó que el próximo paso en esta investigación es la citación a quien fuera jefe del ejército durante el gobierno de Carlos Menem, Martín Balza.
Murray también enfatizó que Luis Américo Muñoz, para ascender al grado de coronel, necesitó de un acuerdo del Senado, y si bien el reclamo elevado a Alfonsín no se le aceptó, hay “un expediente que tiene radicación en el Ministerio de Defensa, cuando el ministro era Horacio Jaunarena, y no hubo ningún tipo de información de esos hechos a los organismos de derechos humanos”. Recordó que “esos hechos no estaban cubiertos por las leyes de obediencia debida y punto final”, que cubrían desde el 24 de marzo de 1976 al 10 de diciembre de 1983. Más tarde, Muñoz fue ascendido a teniente coronel. Y por eso Murray considera "interesante" que algunas de las personas que hizo caso omiso a esa información brinden explicaciones sobre la falta de investigación.
Arce considera "un éxito enorme el haber conseguido esta condena". "Sobre todo atendiendo no sólo a la edad que tiene él, sino a la edad que tengo yo también", expresó, a sus 75 años. "Es la demostración fehaciente de que aún durante los gobiernos democráticos, las fuerzas de seguridad continúan con los métodos viejos métodos aprendidos de la dictadura", concluyó la sobreviviente.
Negativo
Sukerman con Monteverde
Directo a una PASO con amplio acuerdo
Si bien ya había muchos indicios y debates previos, el anuncio de ayer fue de alto impacto político en la ciudad: El Partido Justicialista y Ciudad Futura anunciaron oficialmente que irán a una primaria pautada para intendente con Roberto Sukerman y Juan Monteverde, por una y otra fuerza, como precandidatos a intendente. Es un abierto desafío para el actual jefe comunal Pablo Javkin si se mantiene la posibilidad de que intente repetir mandato al frente del Ejecutivo Municipal. “Rosario va a cambiar, que la gente decida cuál es el mejor camino. Con Juan Monteverde tenemos miradas distintas en un montón de cosas, pero en algo estamos de acuerdo: Rosario no puede seguir así", dijo Sukerman. Por su lado, el precandidato de Ciudad Futura señaló que "convocamos a los rosarinos a una utopía, el proyecto de cambiar la ciudad desde abajo, hoy la política no está convocando en general a dar batallas y eso nos inmoviliza. Para cambiar, tenemos que hacerlo entre todos".
"Rosario no puede seguir así. Tiene que haber un cambio y tiene que ser ahora”, indicó Sukerman en una publicación en redes junto a una foto con Monteverde con el Monumento detrás. “Rosario va a cambiar, que la gente decida cuál es el mejor camino. Con Juan Monteverde tenemos miradas distintas en un montón de cosas, pero en algo estamos de acuerdo: Rosario no puede seguir así. Tiene que haber un cambio y tiene que ser ahora”, indicó Sukerman en una publicación en redes junto a una foto con Monteverde con el Monumento detrás.
Y continuó: “Por eso hemos decidido que sea la ciudadanía la que elija quién representa mejor el cambio que Rosario necesita y lo haga en una PASO para que llegue un único candidato a la general”. Por su parte, el edil de Ciudad de Futura replicó un mensaje casi idéntico utilizando la misma imagen.
En el anuncio, ambos dirigentes señalaron que "formamos parte de proyectos políticos distintos, con trayectorias diferentes, pero los dos hace años que tenemos una prioridad: cómo hacer una Rosario mejor. Y creemos que llegó el momento de construir un Acuerdo Interpartidario para hacerlo posible".
Y agregaron que "sea transversal, plural y moderno. No un conjunto de siglas, no un amontonamiento de partidos para repartir cargos, no un frente anti. Distintas propuestas y caminos pero ninguna anti nada, todas a favor, a favor de Rosario".
También indicaron que "ganará esta interna amplia, quien sepa expresar mejor el sentir de la mayoría de nuestro pueblo. Quien muestre el mejor plan y los mejores instrumentos para sacar a Rosario de la crisis de violencia y desigualdad que vive hace más de una década y que ya reclama nuevas políticas!.
Desde ambos sectores políticos se reconoció que en el 2019 "lo intentamos y no se concretó, hoy la gravedad de los problemas que tenemos nos obliga a ser más responsables. Más humildad y menos egos. Acá no se trata de nosotros, de nombres propios o carreras personales. Acá se trata del millón de rosarinos y rosarinas que no pueden esperar que los gobiernos sigan fracasando. En 2019 competimos en las generales, hoy vamos a competir pero en las PASO para que en la final gane el cambio que la ciudad espera". Y agregaron también que "hoy es posible competir en unidad, hoy es posible darle a los rosarinos y rosarinas una alternativa real de cambio. Sabrá el pueblo en las urnas elegir el mejor camino. En él confiamos".
Informe oficial
Violencia institucional
Juan José Placenzotti, de San Carlos Centro
Confirman condena a intendente
Desde Santa Fe
La Cámara de Apelaciones en lo Laboral (Sala I) confirmó ayer la sentencia del juez Jorge Raúl Candioti que condenó al intendente radical de San Carlos Centro Juan José Placenzotti a retractarse y pedir disculpas a quince trabajadores y trabajadoras que persiguió, estigmatizó y llamó “patota municipal” porque ejercían su derecho de huelga por salarios adeudados, en 2021. El juez ya había dicho que la actitud de Placenzotti era “ofensiva y desacreditante” y ahora la Cámara lo ratificó: “Esa sola palabra: ‘patota’ ya es ofensiva”, más en una ciudad pequeña. El “proceder” del intendente no tiene “ningún justificativo” para “calificar de patota municipal” a los huelguistas, con el “agravante” de que también publicó sus nombres y apellidos en la página oficial del municipio, “lo que lógicamente presupone un impacto para cualquier lector por las connotaciones que eso tiene”, dijo el tribunal. El veredicto impone el pago de los gastos del pleito al “vencido” que es Placenzotti y abre las puertas para un segundo juicio por “daños y perjuicios” en el fuero civil, que será otro costo del apriete.
“Es un fallo histórico”, dijo el abogado Juan Andrés Pisarello, quien promueve la demanda. Porque protege “derechos personalísimos de los trabajadores sindicalizados en conflictos colectivos”. Y condena a una patronal pública, en este caso la Municipalidad de San Carlos Centro, a “retractarse públicamente por destratar a trabajadores cuando ejercían el derecho de huelga”.
El operativo de Placenzotti comenzó en marzo de 2021, cuando publicó los nombres de los huelguistas en el portal del municipio: “La patota municipal impide el derecho a trabajar y pone en riesgo la salud e higiene de la población”, era el título del panfleto. Los trabajadores le pidieron que se retractara en público, pero como no lo hizo, denunciaron la “persecución” y la “actitud discriminatoria” ante la justicia.
En la causa, Pisarello logró probar que durante la huelga, Placenzotti “llamó 'patota sindical' a los trabajadores que reclamaban”, difundió sus nombres en “el portal oficial” del municipio y remitió copia a los medios de la zona. “Todo eso se comprobó en el expediente”, explicó el abogado.
“Los trabajadores y trabajadoras se sintieron vulnerados por el escarnio público”. “Muchos no pudieron desarrollar otra actividad laboral porque en la ciudad y en pueblos aledaños los habían individualizados como ‘patoteros’”. Y otros, “recibieron tratamiento médico profesional por la tristeza y vergüenza” que sufrían y el “temor a más represalias”.
El 27 de mayo de 2022, el juez Candioti (Laboral 1ª) les dio la razón a los trabajadores y condenó a Placenzotti a retractarse y pedir disculpas. “Patota es un grupo que suele darse a provocaciones, desmanes y abusos en lugares públicos”. “Una calificación ofensiva y desacreditante”, explicó el magistrado.
Por lo tanto, la actitud de Placenzotti revela no sólo una “falta de cautela y prudencia” en el conflicto, sino también una “incuestionable intención de desacreditar y ofender” a sus perseguidos. La “publicación” del intendente lesionó “derechos personalísimos” de los trabajadores y les causó “un evidente perjuicio al honor y a la reputación”, más allá de que después fuera “eliminada” del portal.
Ayer, la Cámara confirmó el fallo del juez Candioti y la condena a Placenzotti. “Lo primero que llama la atención” –señaló el tribunal en el primer voto de la jueza Julia Collado- es que el intendente diga que “su conducta era legítima”, pero al mismo tiempo “suprima la publicación” de “La patota”, que originó la demanda.
“El eje del debate es el contenido de la publicación. Lo que se debe dilucidar es si las expresiones vertidas en el artículo ‘La patota municipal…’ afectan los derechos de los reclamantes”, se planteó la Cámara. Y su respuesta fue sí. Citó la misma definición de la Real Academia Española –que utilizó Candioti- que asocia "patota" a la violencia de “provocaciones, desmanes y abusos en lugares públicos”.
“Claramente, esa sola palabra: patota ya es ofensiva”, más en un “un contexto de mediatización” en una ciudad como San Carlos Centro, tal como lo pondera el juez de primera instancia”, agregó la Cámara.
“Ningún calificativo valida el proceder” de Placenzotti de calificar de “patota municipal” a los trabajadores en huelga, con el agravante de que publicó sus nombres en el portal del municipio, “lo que lógicamente presupone un impacto para cualquier lector con las connotaciones que eso tiene”. En el caso, “no estamos ante una interpretación subjetiva” del juez Candioti, sino “frente a un accionar ofensivo y desacreditante” del intendente de la UCR.
Por lo tanto, la Cámara confirmó la condena a Placenzotti y le impuso el pago de las costas al “vencido”, que es el intendente. La sentencia salió con los votos de la jueza Collado y de su colega José María Pfeiffer y la abstención del tercer vocal de la Sala I, Marcelo Giuliani.
Pisarello dijo que esperaba que Placenzotti “acepte la sentencia y asuma su accionar contrario a derecho”. Pero si apela, ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia “seguirá defendiendo a los trabajadores de esta injusticia que han vivido por ejercer el constitucional derecho a huelga”.
San Jorge
A 30 meses sin Flor Gómez
A 30 meses del femicidio de Florencia Gómez (foto), en San Jorge, desde el Partido Comunista organizaron una actividad a la que llamaron "Juicio ético y popular", con cuestionamientos al accionar judicial; pero la familia de Flor y el fiscal de la causa, Omar De Pedro, dieron cuenta de la actividad que hay en la causa y negaron que se encuentre estancada. Además, la familia planteó que no fueron “informados ni convocados al denominado juicio ético y popular".
"En nuestro carácter de querellantes, madre, hermanos y hermana hacemos saber que la causa está activa y que fiscalía hace un trabajo sostenido, aunque por motivos legales y prácticos no se den a conocer públicamente", expresaron en un comunicado los familiares de Florencia, referente feminista y militante del Partido Comunista, asesinada en San Jorge cuando había salido a caminar, el 12 de octubre de 2020.
Ante el anuncio de la actividad organizada por el PC, la familia de la mujer -que tenía dos hijas de, por entonces, 2 y 5 años-, y el fiscal De Pedro, dieron cuenta del estado de la causa y que se sigue buscando a quien haya cometido el hecho. El fiscal señaló que "cuando la universidad -en cuyo espacio cultural se iba a hacer el juicio popular inicialmente- supo que no era la familia la que estaba motorizando esto, no se dio el espacio", dijo en Radio Nacional Rosario.
De Pedro agregó que en la causa "hay líneas que se mantienen y está en plena investigación. Aunque lleva tiempo, no está parada. Trabajamos codo a codo con la familia y los querellantes. Tenemos hipótesis firmes, pero mantenemos el hermetismo y la prudencia. Lo que podemos contar es que estuvimos con el equipo de la Policía Federal que trabajó en el caso de Fernando Báez, y algunas cosas se volverán a peritar, tenemos a disposición profesionales de primer nivel y llevamos toda la causa para recibir colaboración de alto nivel", sostuvo en el programa La siesta jugada por Radio Nacional. Además, señaló que "mucha gente que hoy sale en los medios preocupada por el caso, están siendo investigadas". Y sobre los estudios de ADN, sumó: "Es muy razonable que se pueda conectar con una persona. Ahora nos queda ponerle el nombre a ese ADN, aunque no necesariamente será el autor del hecho".
El juicio por el crimen de Carlos "Bocacha" Orellano
"Quiero saber por qué mataron a mi hijo"
Edgardo, papá del muchacho asesinado cuando fue a bailar al boliche Sr. Ming, pidió justicia. Dos policías y dos patovicas enfrentan pedidos de 19 a 23 años de prisión.
"Quiero saber por qué mataron a mi hijo", reclamó Edgardo, en la previa del inicio del juicio que tiene sentados en el banquillo a dos policías y dos patovicas acusados por el homicidio de Carlos "Bocacha" Orellano, cometido el 24 de febrero de 2020, cuando salió a bailar con amigos al boliche Sr. Ming, que funcionaba en La Fluvial. El debate oral y público tiene previsto extenderse durante alrededor de dos meses, ya que hay agendados más de 200 testimonios que escuchará el tribunal integrado por Mariano Aliau, Aldo Bilbao Benítez y José Luis Suárez, durante las audiencias en el Centro de Justicia Penal. Fiscalía y querella piden penas de entre 17 y 23 años de prisión.
Los acusados en el caso de homicidio con dolo eventual agravado son los policías Karina Gómez, de 43 años, y Gabriel Nicolossi, de 40, para quienes Fiscalía solicita penas de 19 años de prisión, al tiempo que la querella pide que se los condene a 23 años. En tanto, para los empleados de seguridad privada Claudio Maidana, de 56 años, y Emiliano López, de 32 años, el fiscal Saldutti pidió que sean penados a 17 años; y para la querella deben ser sentenciados a 20 años.
El fiscal los acusa por el hecho cometido el 24 de febrero de 2020, "en horas de la madrugada, mientras cumplían servicio de policía adicional y seguridad privada para el local bailable, luego de que la víctima fuera retirado del boliche, haber ejercido violencia física contra éste, en cercanías del Muelle 3". La imputación agrega que "tras rodear a la víctima contra la baranda del río, aprovechando la superioridad física y numérica, y habiéndolo golpeado, determinaron con su accionar que Orellano brinque las barandas de protección y caiga a las aguas del río, circunstancias que le provocaron la muerte". El cuerpo emergió dos días después. A ello se suma el accionar irregular de los policías, tales como omitir información y no dar aviso inmediato al Ministerio Público de la Acusación de ninguna de las circunstancias, además de insertar dato falsos en el acta de procedimiento.
El querellante habló de una "secuencia interna de agresión y expulsión forzada" de Bocacha antes de lo ocurrido en el muelle. Además, dijo que "es una deuda de la ciudad trabajar en la normativa y el control de la noche para cuidar a los pibes y no para agredirlos". Y aseguró: "La familia entiende que faltan responsables", en relación a las responsabilidades en el local.
Una bandera al ingreso del Centro de Justicia Penal, donde la familia estuvo acompañada por diferentes organizaciones -entre ellas la Multisectorial contra la Violencia Institucional-, lleva estampado el rostro del joven: "Cómo olvidar esa sonrisa feliz", expresa.
No hay clases en escuela lindera
Disparos al aire frente a la comisaría 20°
Vecinos de barrio Empalme Graneros se sobresaltaron anoche al escuchar el estruendo de una serie de disparos al aire, frente a la comisaría 20°, una de las que se encuentra valladas por seguridad. Sucedió cuando dos hombres pasaron en moto por la zona de Carrasto y Teniente Agnetta, al noroeste de la ciudad.
Alrededor de las 20.15 se oyeron los disparos que también fueron advertidos por un agente que estaba dentro de la seccional. En la calle, se encontraron cinco vainas servidas de calibre 9 milímetros.
Como consecuencia, las autoridades de la escuela lindera a la comisaría decidieron suspender las clases este jueves. Se trata de la escuela Nº 1182 San Luis Gonzaga, desde donde esta mañana comunicaron la decisión con un un cartel en la puerta de entrada que rezaba: "Hoy, jueves 13/4, no se dictarán clases en ambos turnos".
Fuente:Rosario12
Balaceras e inseguridad
“Intimidaciones, disparos y robos al personal y a los alumnos no pueden ser parte de la cotidianeidad de la escuela”. Con esta frase Martín Lucero sintetizó los motivos que llevan a Sadop Rosario a solicitar una reunión urgente con el Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe. El mismo reclamlo ya había sido efectuado el pasado martes cuando se realizó un acto en la Plaza San Martín bajo la consigna “queremos educar y trabajar en paz”.
Los hechos que referencian desde Sadop se centran en los tiros que se sucedieron frente al colegio San Luis Gonzaga y que determinaron el levantamiento de las clases hasta el próximo lunes, los robos a alumnos y docentes en las inmediaciones de Santo Tomás de Aquino y lo sucedido con la mochila de la docente de General Manuel Savio.
“Exigimos a las autoridades políticas una respuesta inmediata a esta situación y reforzamos el pedido de ser atendidos por las autoridades del Ministerio de Seguridad. Lo peor que puede pasarnos como sociedad es naturalizar estos hechos “, sentenció Lucero. Y agregó: “Es inconcebible que la comunidad educativa tenga miedo de ir a la escuela, que niños, niñas, adolescentes, maestros, maestras, profesores, personal directivo, personal no docente y familias, tengan miedo de ir a un establecimiento escolar ante la eventualidad de sufrir un hecho de inseguridad, un hecho de violencia; y ayer tuvimos dos. Evidentemente la política no funcionó”.
Desde Sadop Rosario además sostienen que “ya no alcanza con la saturación policial; debe dar respuestas el gobernador, los responsables del Poder Judicial, los responsables del Poder Legislativo y si es necesario que vengan a vivir a los barrios para garantizar que la gente vaya a la escuela. No hay otra solución. Si el Estado no tiene presencia, la presencia las tiene las bandas criminales y si las bandas criminales son quienes comandan el territorio, la educación se vuelve un derecho ilusorio porque nadie va a poder ir a la escuela”.
Desde el sindicato que nuclea a los docentes particulares, hay una convicción y es que, a partir de la pacificación de la escuela se pueda volver a pacificar la sociedad.
Otra vez
Una nueva balacera contra un edificio público estremece la rutina de Rosario. Esta vez, el blanco fue la comisaría 20ª, de Empalme Graneros. Dos hombres jóvenes a bordo de una moto dispararon 5 balazos contra el edificio policial, lindante con una escuela. Tras el estupor del vecindario, las clases fueron suspendidas en el establecimiento educativo contiguo por este jueves.
Se abre el recinto
La Cámara de Senadores de la Nación volverá a sesionar este jueves desde el mediodía para debatir una serie de iniciativas que cuentan con media sanción de Diputados, entre las que se destaca el fortalecimiento de la Justicia Federal para la provincia de Santa Fe. Además, en el temario consensuado, oficialismo y oposición decidieron llevar al recinto también las denominadas Leyes Lucio y de Alcohol Cero.
El acuerdo para abrir el recinto, sin sesiones desde noviembre del año pasado, fue alcanzado este miércoles por los bloques que integran la Cámara alta: el Frente de Todos (FdT), Juntos por el Cambio (JxC) y Unidad Federal (UF), este último conformado por peronistas disidentes.
En una reunión llevada a cabo el miércoles en el Salón Gris del Palacio Legislativo, encabezada por la presidenta Provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, los senadores del oficialismo y de la oposición decidieron sesionar este jueves desde las 12.
Al encuentro asistieron los titulares de los bloques que conforman el oficialismo, el formoseño José Mayans, la bonaerense Juliana Di Tullio y la mendocina Anabel Fernández Sagasti. También sus pares de JxC Alfredo Cornejo, Luis Naidenoff y Humberto Schiavoni, y los conductores de UF, Guillermo Snopek y Alejandra Vigo.
En el encuentro se acordó tratar, entre otros temas, la designación de jueces para las provincias de Santa Fe y Córdoba, la Ley Lucio de capacitación para personal de los distintos poderes del Estado sobre violencia contra la niñez y la adolescencia y la ley que prohíbe el consumo de alcohol inmediatamente antes de conducir.
La intención de todos los espacios fue avanzar en una sesión que termine con el paréntesis legislativo que se abrió a mediados de noviembre del año pasado y que se agudizó luego de que el oficialismo perdiera el quórum por la salida de cuatro senadores que ahora integran la bancada de UF.
Fuente: Radio 2
Situación epidemiológica
Con cerca de 11 mil casos de dengue confirmados, el Ministerio de Salud provincial llamó este jueves a extremar los cuidados y la higiene doméstica para combatir el mosquito Aedes aegypti. Además, desde esa cartera aseguraron que aún no se alcanzó el pico de casos y tampoco hay certezas respecto a la duración del brote del virus.
La mayoría de casos se concentran en departamentos del norte provincial, pero sin embargo en el departamento Rosario se volvió a registrar una suba de contagios con 2069 casos. “No estamos en el pico todavía y no sabemos cuánto va a durar el brote”, alertó la titular de Epidemiología, Carolina Cudós.
El nuevo reporte de contagios confirmado es de 10.805 casos, con un pico de casos en el departamento General Obligado (5.665). A esa cifra le siguen los departamentos Rosario (2.069), San Cristóbal (1.180), Castellanos (856) y La Capital (546), donde falleció una persona de un barrio de la ciudad santafesina producto del virus que transmite el mosquito.
En conferencia de prensa, Cudós señaló que “la única forma de combatir el dengue es evitar los mosquitos en nuestras casas, dado que el cambio climático no lo podremos detener en lo inmediato. No estamos en el pico todavía y no sabemos cuánto va a durar el brote, por eso no hay que confiarnos con el descenso de temperatura porque el mosquito sigue presente”.
En ese sentido, sostuvo que la prevención del dengue “no pasa sólo por la aplicación de repelentes, es una herramienta más para evitar el contagio de más mosquitos en personas que tengan síntomas, ya que no hay modo de brindar semejante cantidad a personas asintomáticas en la provincia ni en otros países”.
Con respecto al fallecimiento de una mujer oriunda del barrio Sargento Cabral de la ciudad de Santa Fe, la funcionaria comentó que “no tenía comorbilidades”, y subrayó que “la mayoría de víctimas ostentan un rango etario por debajo de los 40 años y las personas mayores”.
“Es una enfermedad que tiene características propias de un cuadro febril y que al séptimo día aparecen síntomas de alarma a partir de un proceso inflamatorio que provoca una falla multiorgánica y, como ocurrió en este caso, determina el posterior fallecimiento”, explicó por último Cudós.
Fuente: LC/ Ministerio de Salud de Santa Fe
Fuente:RedaccionRosario
Clausuraron 15 chatarrerías por el robo de cables y toda clase de metales
Un operativo en Rosario, Baigorria y VGG derivó en la clausura masiva de esos acopios. Les encontraron muchos kilos de cobre, objetos metálicos robados y hasta corralitos de Assa y costosas baterías de Telecom denunciadas como sustraídas.
La Policía desplegó por orden del fiscal Matías Ocariz unos 18 allanamientos en chatarrerías de Rosario, Granadero Baigorria y Villa Gobernador Gálvez durante la jornada del miércoles, en el marco de una investigación sobre el robo sistemático de cables de servicios, de medidores de luz y de agua, ornamentos funerarios en cementerios y demás objetos de metal. Cinco detenidos, medidores, cientos de kilos de cobres, cables y hasta corralitos de Aguas Santafesinas fue el saldo del procedimiento, en la misma semana que comienza a debatirse una ordenanza en el Concejo para un mayor control a este sector.
Un total de 15 galpones de acopio de chatarra terminaron clausurados en los operativos de la Agencia de Investigación Criminal encomendados por el fiscal Matías Ocariz, en los que además participaron técnicos de Aguas Santafesinas, EPE, Litoral Gas y agentes de Control y Convivencia municipal. Los detenidos serán imputados este viernes por encubrimiento, y el fiscal confirmó que va a solicitar la prisión preventiva.
De esta forma, entre los resultados se dio con cables de tendido eléctrico, cables de tendido de fibra óptica, flexibles de bronce, medidores de gas y de agua, baterías de respaldo energético (de la empresa Telecom) valuadas en $250.000 cada una, arpilleras con cantidades de chapas con inscripciones de medidores monofásicos con números de serie perteneciente a la EPE, llaves de línea de cobre perteneciente a Aguas Provinciales, y hasta corralitos pertenecientes a dicha empresa y a la Municipalidad de Baigorria.
La cadena delictiva de los chatarreros
La causa contra los chatarreros comenzó a partir de varias denuncias de las empresas prestatarias de los servicios de telefonía, internet, electricidad, agua y gas, “por robo, hurto y daño de las infraestructuras urbanas”. La investigación continúa activa y no se descartan nuevos procedimientos que apunten a desbaratar a las bandas dedicadas a la industria ilegal de cobre y bronce.
El fiscal Ocariz detalló a la prensa que "en esta cadena delictiva son varios eslabones: quienes realizan el robo en la vía pública, el eslabón de la comercialización en las chatarrerías, y hay un eslabón mas arriba al que estamos investigando y esto recién comienza. Sin duda que en esta economía delictiva hay bandas mas complejas", sin dar mayores precisiones.
Las detenciones se realizaron en predios de 26 de Diciembre al 700 (en Baigorria), Felipe Moré y Deloit, Villa del Parque al 4000 y al 4500, y Colombia al 1700.
Fuente:RosarioPlus
Se hizo justicia
Fueron los militares: condenan en Rosario a un oficial del Ejército por el robo a Tribunales de 1984
Por primera vez se determinaron responsabilidades por el golpe comando en Montevideo y Balcarce. El material robado era parte de la investigación de la Conadep y nunca fue encontrado. Ahora quedó demostrado que lo concretó el propio Ejército y para ello fue clave el testimonio de Adriana Arce
Por Candela Ramirez
La violencia de género tampoco cesa en Rosario: ya hubo más de 3.800 alertas
Durante el primer trimestre, la Municipalidad de Rosario recibió 3.836 alertas. También, en lo que va del año, se tramitaron 85 medidas de Prohibición de Acercamiento, 8 de Exclusión del Hogar y 10 Recupero de Pertenencias. El Teléfono Verde y el Whatsapp "Contacto Violeta", creado en 2020 para quienes no pueden realizar llamadas, funcionan los 365 días del año, las 24 horas.
La violencia de género en Rosario no afloja. Es un flagelo que pareciera estar enquistado en la sociedad y que cuesta mucho poder erradicarlo. Solamente en el primer trimestre de este año el municipio de Rosario recibió 3.836 alertas a través del Teléfono Verde (0800-444-0420) y Contacto Violeta (3415 781509, la línea de Whatsapp para quienes no pueden realizar llamadas).
Las alertas en la ciudad no cesan y si bien pareciera que no se disparan, como sucedió durante la pandemia, sí se mantiene cifras altas. Las herramientas dispuestas por el municipio para que no solo víctimas, sino también familiares, amigos, vecinos/vecinas puedan alertar, lograron imponerse en la sociedad, en base al informe oficial de la secretaría de Género y Derechos Humanos al que accedió Mirador Provincial.
Hay que recordar que el Teléfono Verde y el Whatsapp, creada en 2020 para quienes no pueden realizar llamadas, funcionan los 365 días del año, las 24 horas, atendidos por profesionales que realizan una escucha activa. Desde estos servicios se brinda asesoramiento y se coordinan intervenciones específicas de acuerdo con las características de cada situación y la urgencia.
Estas vías de contacto municipales no cuentan con poder de policía, es decir, que se encargan de asesorar a las víctimas o familiares, amigos, tutores o conocidos para que puedan saber con qué herramientas cuentan para poder actuar o denunciar.
Al rojo vivo
El hecho de implementar estas líneas de contacto, permitió que el Ejecutivo pueda llevar adelante un registro de los índices de violencia de género en la ciudad. Aunque se trata de una mirada sesgada, ya que solo se detectan las alertas, permite exponer un marco de cómo se vive el flagelo en Rosario.
Las cifras demuestran que las denuncias siguen siendo muy altas en los últimos tres años. Con la incorporación del Contacto Violeta, las alertas se multiplicaron. Esto se evidencia en el 2021, dado que la nueva línea de contacto se implementó en 2020.
La importancia de estas denuncias, es que habilita a que el municipio pueda actuar en consecuencia. Por ejemplo, en 2021 se tramitaron 462 medidas de Prohibición de Acercamiento, 49 de Exclusión del Hogar y 35 Recupero de Pertenencias.
En 2022, según cifras oficiales, se tramitaron 361 medidas de Prohibición de Acercamiento, 42 de Exclusión del Hogar y 42 Recupero de Pertenencias. Y, en 2023 (enero/febrero/marzo), se tramitaron 85 medidas de Prohibición de Acercamiento, 8 de Exclusión del Hogar y 10 Recupero de Pertenencias.
Entre otras medidas que se viene aplicando, también se tramita la solicitud de otorgamiento de botones de alerta ante el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, según un protocolo acordado, como mecanismo de protección de víctimas. A las personas usuarias se les da seguimiento desde los equipos de atención.
En 2021 se gestionó un total de 103 botones de alerta; en 2022 se entregaron 77 botones de alerta y se recuperaron 117; y en lo que va del 2023, se entregaron 10 botones de alerta y se recuperaron 26.
A su vez, ante un caso de femicidio o trans/travesticidio, la Dirección de Atención y Empoderamiento de Víctimas cuenta con un protocolo para acompañar a grupos familiares o afectivos. El acompañamiento integral implica asistencia psicológica, jurídica y económica, así como un seguimiento para garantizar el acceso a la salud, la educación y la recreación, entre otros derechos humanos vulnerados.
Fuente:ElLitoral
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