Chubut: asambleas socioambientales
hacen presentación contra proyecto
de ley extractivista de Arcioni
Por Resumen Latinoamericano, 10 de mayo de 2023.
Las asambleas socioambientales que integran la Unión de Asambleas de comunidades de Chubut (UACCh) presentaron un Proyecto de Declaración en los Concejos Deliberantes de Esquel, Gaiman, El Hoyo, Epuyén, Corcovado, Trelew, Rawson, Puerto Pirámides y Puerto Madryn, en rechazo al Proyecto de Ley 19/23 de «Soberanía Energética» impulsado por el gobernador Mariano Arcioni en la Legislatura provincial, que propone explotar nuevas fuentes de energía, la creación de la Empresa Provincial de Energía Chubut S.A. y el funcionamiento de un Mercado Eléctrico Mayorista Regional. «Además, se envió una nota a la Legislatura con nuestros fundamentos para oponernos a su aprobación», ampliaron.
Así lo informaron en redes sociales: «en rechazo al proyecto de ley del gobierno provincial PL 19/23 de ‘Soberanía Energética’, las asambleas de la Unión de Asambleas de comunidades de Chubut (UACCh) presentaron un Proyecto de Declaración en los Concejos Deliberantes de Esquel, Gaiman, El Hoyo, Epuyén, Corcovado, Trelew, Rawson, Puerto Pirámides y Puerto Madryn. Además, se envió una nota a la Legislatura con nuestros fundamentos para oponernos a su aprobación», detallaron.
Las asambleas socioambientales de Chubut ya se habían declarado días atrás en alerta ante el Proyecto de Ley 019/23 presentado a fines de abril por el gobernador Mariano Arcioni en la Legislatura provincial, que propone explotar nuevas fuentes de energía, la creación de la Empresa Provincial de Energía Chubut S.A. y el funcionamiento de un Mercado Eléctrico Mayorista Regional.
«¿Nuevas fuentes? Litio, petróleo offshore, ¿qué más? No es no», remarcó en aquel momento la Asamblea No a la Mina de Esquel, que también convocó a una guardia frente a la Legislatura el jueves 27 de abril. En tanto, la Asamblea de Vecinos Rawson Playa Unión en contra de la Megaminería remarcó que el proyecto «constituye la puerta abierta a todo tipo de extractivismo y una ventana que este gobierno abriría otra vez con la creación de una supuesta disfrazada y encubierta empresa para el manejo de la política de recursos que afectarían al agua, mar y tierra, y a la explotación de la totalidad de los bienes comunes, empezando por lo energético, que concluiría en la energía nuclear y, en consecuencia, la futura megaminería».
Corte de ruta de vecinos y ambientalistas chubutenses en mayo pasado. | Foto: Aníbal Aguaisol.
Todo esto se da, además, en el marco de un aumento de la escalada de la criminalización de la protesta social en la provincia gobernada por Mariano Arcioni, donde el jueves 27 de abril el Juez Federal de Rawson Gustavo Lleral procesó a 23 vecinas y vecinos de Trelew, Rawson y Puerto Madryn por luchar con cortes de ruta en mayo de 2021 en defensa del agua, el territorio y la Segunda Iniciativa Popular contra la Megaminería.
Dicho fallo es el mismo que fue aplicado por la jueza correccional Marta Yañez, que condenó a la docente Estela del Valle Juárez a tres meses de prisión en suspenso por participar de las protestas de estatales de 2019 en reclamo del pago de salarios atrasados y la restitución de fondos gubernamentales.
¿Qué propone el proyecto extractivista impulsado por Mariano Arcioni?
Imagen: Asamblea de vecinos Rawson Playa.
El Proyecto de Ley 019/23 expresa el objetivo de «establecer como nuevo paradigma la soberanía energética», entendida como «la capacidad del pueblo de la Provincia del Chubut de usufructurar el producto de la explotación de sus recursos naturales con potenciar energético». Dichos recursos, enumera, son: «hídricos, eólicos, fotovoltaicos, mareomotriz, geotermia y sus vectores energéticos, sus potenciales combinaciones o nuevas fuentes que se desarrollen en el futuro con afectación directa al uso del suelo, el mar y recursos naturales, renovables o no«.
Para alcanzar dicho objetivo, en su artículo 23 el proyecto dispone la creación de una empresa provincial de energía, que se llamaría Empresa Provincial de Energía Chubut (EPECH) S.A., una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria que podrá llevar a cabo, según detalla a iniciativa:
a) «La explotación de toda fuente de energía eléctrica, su transporte, almacenamiento, distribución e industrialización, y la comercialización de sus productos y/o derivados, directos e indirectos. La investigación, desarrollo, exploración, explotación, transporte, comercialización e industrialización de los recursos electro energéticos renovables y no renovables que se le transfieren por la presente Ley, de los que se le transfieran en el futuro y de los que adquiera en el curso de su desenvolvimiento industrial y comercial.
b) La construcción, adquisición y/u operación de centrales hidroeléctricas, centrales térmicas, eólicas, solares y demás fuentes de energía eléctrica que estén disponibles en el futuro.
c) El desarrollo y la generación de fuentes de energía eólica, solar; mareomotriz; basada en hidrógeno; biomasa; geotérmica, y en general fuentes de energía eléctrica en todas sus formas.
d) El diseño, fabricación, explotación y comercialización del equipamiento necesario, y de sus partes componentes, para ser empleados en el origen y destino de las diferentes fuentes de energía eléctrica antes mencionadas.
e) La prestación de servicios profesionales de asistencia técnica, servicios industriales y comerciales, en materia de generación y explotación de recursos energéticos, a nivel provincial, nacional e internacional.
f) Podrá prestar el servicio público de energía eléctrica a requerimiento del Poder Ejecutivo Provincial, con todas las adecuaciones normativas necesarias a tal efecto.
g) La sociedad podrá prestar servicios de comunicaciones en todos sus formatos, a tal efecto queda autorizada para gestionar las licencias que la legislación específica requiera ante las autoridades correspondientes.
h) La sociedad deberá ejercer la representación y control de todas las acciones que la Provincia del Chubut posee en sociedades vinculadas a proyectos energéticos y/o relacionadas con el presente objeto social, como así también las sociedades a crearse en el futuro.
h) En general toda la actividad vinculada a la generación, transporte y distribución de energía eléctrica».
Mariano Arcioni, gobernador de Chubut e impulsor del proyecto ante la Legislatura provincial.
Asimismo, el proyecto dispone la conformación de un «Mercado Eléctrico Mayorista Regional». Esto «le otorgaría al Estado provincial el rol, ya no de actor de reparto, sino como representante significativo del sector energético regional y nacional, y en particular, posicionarlo estratégicamente para replantear las reglas de juego en la renegociación de contratos de concesión de las represas que caducarán en 2025″, argumenta Arcioni en su proyecto extractivista.
Fuente: Anred
Reserva Santa Catalina: la Provincia
decidió expropiarla
Por Andrés Miquel, Resumen Latinoamericano, 10 de mayo de 2023.
Las 15 hectáreas disputadas pertecen al área protegida provincial. Desde el Ministerio de Ambiente fueron contundentes: “no más medidas parches”.
El Ministerio de Ambiente de la Provincia en conjunto con el municipio de Lomas de Zamora presentó un proyecto de Ley para declarar de utilidad pública la superficie del área protegida en la Reserva Natural Santa Catalina, ubicada en tierras lomenses. “No podemos tomar más medidas parches, por eso vemos como única salida la expropiación”, dijo la titular de la cartera medioambiental, Daniela Vilar. Esta decisión respalda el reclamo histórico de las organizaciones que defienden la preservación del áreay se contrapone ala decisión de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) de poner en venta una porción de los terrenos.
A través de una licitación, la casa de estudios platense, propietaria de la mayoría de los terrenos que componen la Reserva, puso en venta 15 de sus 728 hectáreas. Desde 2011, y a partir de la sanción de la Ley 14.294, la Legislatura bonaerense declaró a Santa Catalina como área protegida. Como las tierras que la integran están en manos de privados, fue necesario establecer mecanismos para cumplir la norma con el consentimiento de los dueños. Sin su aval, según explican desde Ambiente, no se puede implementar la Ley. Además, explicaron que las instancias de diálogo previas a esta medida no prosperaron.
La cartera que encabeza Daniela Vilar optó por ampararse en el artículo 9 de la Ley 10.907 que dicta que en casos como éste donde el propietario se opone a la declaracipón de reserva natural, el ejecutivo tiene la potestad de expropiar los terrenos por medio de una ley. Desde el organismo argumentaron que la decisión de la Universidad de La Plata “pone en tensión el cumplimiento de la Ley provincial que declara a este reservorio natural como Área Protegida Provincial”.
El proyecto que solicita la declaración de interés público y “sujeto a expropiación” a los terrenos que componen la reserva lleva la firma del presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia y legislador de Lomas de Zamora, Federico Otermin. El texto solicita que el inmueble pase a la órbita del Estado Provincial, bajo administración del Ministerio de Ambiente y establece como “urgente” la declaración de expropiacion.
“Santa Catalina es uno de los reservorios naturales más importantes de la Provincia y de los pocos pulmones verdes que quedan en nuestro Conurbano Sur”, afirmó Vilar. Preocupada por la posible alteración que puede recibir el ecosistema a raíz de una venta de estas características, la ministra indicó que “no podemos tomar más medidas parches que lo único que hacen es complejizar la implementación de la reserva, por eso vemos como única salida posible la expropiación, una herramienta que la ley misma contempla”. A su vez,el Municipio de Lomas de Zamora comunicó que iniciará acciones judiciales.
La comunidad bonaerense que trabaja por el pleno cumplimiento de la Ley que crea y protege la reserva, celebró la medida y recordó el accionar de la universidad platense años atrás cuando ejecutó una maniobra similar. Desde el colectivo “Santa Catalina: Reserva Natural Ya!!!” lanzaron una advertencia: “a los posibles privados interesados en el negocio ilegal que la UNLP les está ofreciendo, les anunciamos y advertimos que la población no baja los brazos y que promoverá toda clase de acciones en defensa de la integridad territorial y consagración de Santa Catalina como área natural e histórica protegida sin enajenación, para las generaciones presentes y futuras.”
También expresaron su repudio a la decisión de la UNLP las agrupaciones que integran la Multisectorial Santa Catalina. Calificaron de “aberrante” las intenciones de la casa de estudios respecto a la decisión de vender los twrrenos y señalaron otra medida optada por la universidad hace 15 años. “La UNLP ya cuenta con nefastos antecedentes, cuando en 2008 le vendió ilegítimamente a la empresa COVELIA SA 300 hectáreas del sector Humedal de la Reserva Natural”, remataron.
La Universidad de La Plata informó que se pone en venta un inmueble del Predio Santa Catalina y el pliego de licitación informa como valor de referencia mil ciento sesenta y nueve millones quinientos mil pesos.
Por su parte, las autoridades de la UNLP le informaron a Buenos Aires/12 que en el transcurso de la jornada emitirán un comunicado sobre el tema.
Fuente: Página 12
Conflicto de Villa Mascardi:
referentes le piden a Alberto
Fernández que los reciba
Por: Christian Masello, Resumen Latinoamericano, 10 de mayo de 2023.
Los representantes indígenas que intervienen en la mesa de diálogo por el conflicto de Villa Mascardi, ante la postergación del encuentro con funcionarios nacionales que se iba a llevar a cabo el martes 9 de mayo en Buenos Aires, el cual, ahora, en teoría, se realizaría el 1 de junio, le enviaron una carta al presidente Alberto Fernández, quien, justamente, convocó a ese espacio de conversación en pos de arribar a una pronta solución a la cuestión.
La misiva comienza: “Escribimos esta carta como Comitiva Mapuche Tehuelche en defensa del rewe (sitio sagrado) de machi (autoridad espiritual y especie de sanadora, en referencia a Betiana Colhuan Nahuel, una de las cuatro mujeres que permanecen con prisión preventiva domiciliaria), ubicado en el territorio de la lof Lafken Winkul Mapu. Quienes conformamos esta Comitiva somos autoridades ancestrales del Pueblo Mapuche Tehuelche –longko, pillan kushe, lawentuchefe, werken, entre otros– y miembros de comunidades y organizaciones mapuche tehuelche de las provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut”.
Tras esa presentación, se hace un repaso de los acontecimientos según el punto de vista de quienes acompañan a la citada lof. Así, se expone: “El 12 de diciembre de 2022, usted recibió a esta Comitiva y conoció sus relatos sobre lo que significó la aplicación de la violencia estatal, a través de sus fuerzas de seguridad, sobre una pequeña comunidad conformada por niños y niñas, ancianos y ancianas, mujeres y hombres. También le contamos acerca del dolor que sentimos, como miembros del pueblo mapuche tehuelche, al ver militarizado el rewe de la machi Betiana Colhuan Nahuel. Como le dijimos en aquella oportunidad, la aparición de una machi en una comunidad debería haber sido un hecho común y corriente para nuestra cultura, sin embargo, no lo es. No lo es por el intento de genocidio que llevó a cabo el Estado argentino en los años en que vivían nuestros abuelos y abuelas”.
De esa manera, le señalan al mandatario que, en aquella jornada de diciembre, él dispuso la creación de un espacio de encuentro. En tal sentido, manifiestan que, “para llevar a cabo la apertura de una mesa de diálogo”, Fernández instruyó a la Secretaría de Derechos Humanos para que actuara a manera de “institución articuladora”, como así también que se formalizara “el nombramiento de la presidencia del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que hasta ese momento continuaba acéfalo”.
Además, en la carta, recuerdan que el presidente indicó que se estableciera “un cronograma con las próximas fechas de encuentro”, y que, a los sesenta días de aquel 12 de diciembre, los referentes mapuches deberían volver “a Casa Rosada a evaluar cómo había resultado el proceso de discusión de esta mesa”.
“Las reuniones subsiguientes fueron inéditas en el trato entre Estado y pueblo mapuche tehuelche, en tanto pudimos discutir y abordar cada uno de los temas con respeto, tolerancia y siempre tratando de que las diferencias de cultura no sean un impedimento para discutir políticamente”, aprecian los referentes de pueblos originarios en el texto que le enviaron a Alberto Fernández.
“Tal como usted dispuso, en la mesa de diálogo participaron la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Ministerio de Seguridad, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el Ministerio de la Mujer, la presidencia de Parques Nacionales y nosotros como Comitiva. Esta mesa fue acompañada en todos sus encuentros por veedores de diversas organizaciones de Derechos Humanos que se conformaron como Comisión de Resguardo y Seguimiento”, se lee en la carta.
“Como resultado de la segunda reunión de la Mesa de Diálogo –realizada el 10 de febrero del 2023, en San Carlos de Bariloche– se acordaron de manera unánime diferentes puntos, leídos públicamente por la Secretaría de Derechos Humanos, sobre la ejecución de la restitución del rewe”, indica la misiva, que, aludiendo a un encuentro que nunca se concretó, prosigue: “La mesa estableció ese mismo día que el 24 de febrero se volvería a reunir para firmar el acuerdo”.
“El desarrollo de esta mesa de diálogo tuvo repercusión nacional e internacional, puesto que, por primera vez, el Estado dejaría de utilizar el Código Penal para resolver un conflicto territorial con los pueblos indígenas”, aprecia el texto, donde también se considera que “se trataba de una discusión política y madura que auguraba un final prometedor para la coexistencia democrática entre diversos actores políticos”, aunque luego se sostiene: “Sin embargo, ya pasaron ocho meses desde aquel violento desalojo (apuntando al accionar estatal del 4 de octubre de 2022 en Villa Mascardi), y la mesa no se volvió a reunir desde febrero, porque, de manera unilateral, las instituciones estatales fueron aplazando fechas”.
FUENTE: El Cordillerano
Detalles de lo que se iba a firmar
por el conflicto en Villa Mascardi
Por: Christian Masello, Resumen Latinoamericano, 10 de mayo de 2023.
Se conocieron detalles de lo acordado en relación al conflicto de Villa Mascardi entre funcionarios nacionales y referentes mapuches el viernes 10 de febrero en Bariloche, es decir, aquello que iba a rubricarse en Buenos Aires el martes 9 de mayo, lo que no sucedió porque el Gobierno decidió posponer la reunión.
En un acta de aquella jornada barilochense de tres meses atrás, se indica que el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, tras dar inicio al encuentro –el segundo de una mesa de diálogo–, informó que la Justicia federal había suspendido por noventa días la audiencia de debate del juicio oral a la espera del resultado que emergiera de ese espacio.
Luego, según se expone, Pietragalla dio a conocer “la posibilidad de que el Estado acepte el resguardo de la elección del rewe como espacio sagrado, la propuesta de diez hectáreas para la relocalización de la Lof Lafken Winkul Mapu y el informe técnico presentado por el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) a las partes que fundamenta el rewe como parte del sistema de salud tradicional mapuche”.
En tal sentido, la representación indígena manifestó “su rechazo a las diez hectáreas de tierras por considerar insuficientes para el desarrollo de la comunidad”, y expuso “su conformidad en relación al informe técnico sobre la machi y el rewe presentado por el INAI”.
A su vez, la Administración de Parques Nacionales señaló “la necesidad de requerir un informe ampliatorio que dote de mayor contenido y sustento jurídico sobre la constitución del rewe”.
Ante una pregunta por parte de los referentes de pueblos originarios acerca del régimen jurídico aplicable a la cesión de tierras, los representantes gubernamentales aclararon “que respecto del rewe sería un reconocimiento como lugar sagrado para el pueblo mapuche con autorización de ocupación limitada a la machi, su familia inmediata y colaboradores/as”. En cuanto a la cesión de tierras para la lof, “sería a título comunitario previa inscripción de su personería jurídica en el RENACI (Registro Nacional de Comunidades Indígenas)”.
Los indígenas les explicaron a los representantes del Estado Nacional que el linaje de la machi proviene de su pertenencia a la comunidad Lafken Winkul Mapu, “tal como lo describe el informe realizado por el INAI”, por lo que el régimen jurídico debería “adecuarse a esta realidad”.
Además, añadieron, precisamente, “que esas tierras deberán entregarse en un marco legal y jurídico, a la machi o la comunidad”.
Tras un intenso debate entre las partes, se llamó a un cuarto intermedio.
Al regreso, tras analizar los planteos, se acordaron cuatro puntos.
El primero apuntó al compromiso del Estado “a reconocer el rewe como lugar sagrado para el pueblo mapuche”. Asimismo, para que la machi Betiana Colhuan retorne a ese sitio, la Administración de Parques Nacionales indicó que autorizaría que allí se construyeran tres viviendas: “la ruka Lawen (espacio donde pernoctarán los pacientes y estarían a resguardo todos los elementos de uso para la medicina tradicional mapuche), la ruka Kellun (donde viven los colaboradores de la machi) y la ruka de la machi, donde vivirá ella y su familia”.
Se dejó constancia que, hasta resolver en qué calidad sería la entrega de esas tierras, “el régimen jurídico que rija la ocupación y eventualmente la cesión del lote identificado catastralmente como 19-7-A-011-14-0, ubicado en la jurisdicción del Parque Nacional Nahuel Huapi, será consensuado entre las partes”.
Otra cuestión que se fijó fue que la Lafken Winkul Mapu aceptaba ser reubicada “en inmediaciones del lago Guillelmo, previa constatación del lugar ofrecido (según artículo 75, inciso 17)”.
De esa manera, se explicitó que, “en un plazo de diez días”, la Administración de Parques Nacionales haría llegar “la propuesta de la extensión y ubicación de la tierra, así como también el marco jurídico en el que se otorgarían dicho territorio”.
La tercera cuestión dejaba en claro que la comunidad daría “inicio del trámite de su inscripción en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas”.
Incluso se expresó que el Poder Ejecutivo Nacional habilitaría en la zona “oficinas de distintas agencias gubernamentales –Secretaría de Derechos Humanos, Centro de Acceso de Justicia, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Ministerio de Seguridad, etc)”.
Ante ese último tema, la representación indígena solicitó “que efectivos de fuerzas de seguridad no se sitúen en los terrenos lindantes al rewe ni a ninguna parte de la comunidad”.
El acta culmina informando: “Se fija como fecha probable de una nueva reunión el lunes 24 de febrero del corriente año 2023”.
Ese encuentro nunca se concretó, y cuando parecía, de acuerdo a lo notificado a la comisión representativa de pueblos originarios que interviene en la mesa de diálogo, que la reunión iba a efectuarse esta semana –ya para la firma del acuerdo–, se postergó, en principio, para el 1° de junio.
FUENTE: El Cordillerano
Qué dice la carta que las comunidades
mapuches enviaron a Alberto Fernández
Resumen Latinoamericano, 10 de mayo de 2023.
El Gobierno nacional suspendió nuevamente la mesa de diálogo por Villa Mascardi. “Se trataba de una discusión política y madura que auguraba un final prometedor para la coexistencia democrática”, manifestaron y solicitaron un encuentro con el Presidente.
Según informaron desde la comitiva mapuche tehuelche, el Gobierno nacional suspendió de manera unilateral el encuentro de la mesa de diálogo por Villa Mascardi que estaba pautado para hoy.
En este marco, los representantes de las comunidades mapuches de Neuquén, Río Negro y Chubut enviaron una carta al presidente, Alberto Fernández, solicitando un encuentro para evaluar con mayor profundidad el resultado que ha tenido la misma.
“El desarrollo de esta Mesa de Diálogo tuvo repercusión nacional e internacional, puesto que, por primera vez, el Estado dejaría de utilizar el Código Penal para resolver un conflicto territorial con los pueblos indígenas”, indicaron el documento enviado al mandatario nacional al que tuvo acceso La Tecla Patagonia.
Y explicaron: “Se trataba de una discusión política y madura que auguraba un final prometedor para la coexistencia democrática entre diversos actores políticos”.
Además, indicaron que ya pasaron 8 meses desde el desalojo en Villa Mascardi y que las mujeres mapuches “siguen detenidas junto a sus niñas y niños, el resto de la comunidad continúa en una incertidumbre jurídica y el Rewe sigue militarizado para negarnos la posibilidad de su cuidado y protección, en un estado de progresivo deterioro”.
El último encuentro había sido el 10 de febrero en el cual los representantes nacionales habían propuesto la cesión de tierras en la zona del lago Guillelmo y la devolución del rewe (sitio sagrado). Pese a considerarlas insuficientes, la comunidad Lafken Winkul Mapu iba a aceptar las 10 hectáreas que ofreció el Gobierno nacional.
San Carlos de Bariloche, Puelmapu, 7 de Mayo de 2023
Sr. Presidente de la Nación Argentina
Alberto Fernández
Escribimos esta carta como Comitiva Mapuche Tehuelche en defensa del Rewe de machi,
ubicado en el territorio de la Lof Lafken Winkul Mapu. Quienes conformamos esta Comitiva
somos autoridades ancestrales del Pueblo Mapuche Tehuelche –longko, pillan kushe,
lawentuchefe, werken, entre otros—y miembros de comunidades y organizaciones mapuche
tehuelche de las provincias de Río Negro, Neuquen y Chubut.
El día 12 de diciembre del año 2022, usted recibió a esta Comitiva y conoció sus relatos sobre lo
que significó la aplicación de la violencia estatal, a través de sus fuerzas de seguridad, sobre una
pequeña comunidad conformada por niños y niñas, ancianos y ancianas, mujeres y hombres.
También le contamos acerca del dolor que sentimos, como miembros del Pueblo Mapuche
Tehuelche, al ver militarizado el Rewe de la machi Betiana Coluan Nahuel. Como le dijimos en
aquella oportunidad, la aparición de una machi en una comunidad debería haber sido un hecho
común y corriente para nuestra cultura, sin embargo, no lo es. No lo es por el intento de
genocidio que llevó a cabo el Estado argentino en los años en que vivían nuestras abuelos y
abuelas.
En esa ocasión, y para llevar a cabo la apertura de una Mesa de Diálogo, usted instruyó que la
Secretaría de Derechos Humanos sería la institución articuladora de la Mesa; que se formalice
el nombramiento de la presidencia del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas que hasta ese
momento continuaba acéfalo; que se establezca un cronograma con las próximas fechas de
encuentro; y que, a los sesenta días de la fecha del 12 de diciembre del 2022, volviésemos a Casa
Rosada a evaluar cómo había resultado el proceso de discusión de esta Mesa.
Las reuniones subsiguientes fueron inéditas en el trato entre Estado y Pueblo Mapuche
Tehuelche, en tanto pudimos discutir y abordar cada uno de los temas con respeto, tolerancia y
siempre tratando de que las diferencias de cultura no sean un impedimento para discutir
políticamente.
Tal como usted dispuso, en la Mesa de Diálogo participaron la Secretaría de Derechos Humanos
de la Nación, el Ministerio de Seguridad, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el Ministerio
de la Mujer, la presidencia de Parques Nacionales y nosotros como Comitiva. Esta Mesa fue
acompañada en todos sus encuentros por veedores de diversas organizaciones de Derechos
Humanos que se conformaron como Comisión de Resguardo y Seguimiento.
Como resultado de la segunda reunión de la Mesa de Diálogo –realizada el 10 de febrero del
2023, en la ciudad de San Carlos de Bariloche—se acordaron de manera unánime diferentes
puntos, leídos públicamente por la Secretaría de Derechos Humanos, sobre la ejecución de la
restitución del Rewe. La Mesa estableció ese mismo día que, el próximo 24 de febrero del
corriente año, se volvería a reunir para firmar el acuerdo.
El desarrollo de esta Mesa de Diálogo tuvo repercusión nacional e internacional, puesto que,
por primera vez, el Estado dejaría de utilizar el Código Penal para resolver un conflicto territorial
con los pueblos indígenas. Se trataba de una discusión política y madura que auguraba un final
prometedor para la coexistencia democrática entre diversos actores políticos.
Sin embargo, ya pasaron ocho meses desde aquel violento desalojo, y la Mesa no se volvió a
reunir desde febrero, porque, de manera unilateral, las instituciones estatales fueron aplazando
fechas hasta el día hoy. Pu lamuen siguen detenidas junto a sus niñas y niños, el resto de la
comunidad continúa en una incertidumbre jurídica y el Rewe sigue militarizado para negarnos
la posibilidad de su cuidado y protección, en un estado de progresivo deterioro. Mientras, un
pequeño sector de empresarios y políticos celebran en los medios de comunicación y en
discursos públicos esta postergación.
Puesto que ya han transcurrido más de sesenta días, solicitamos una reunión con usted, para
evaluar con mayor profundidad el resultado que ha tenido esta Mesa de Diálogo que usted ha
propiciado.
Saludamos atentamente,
Comitiva Mapuche Tehuelche en defensa del Rewe de machi
Comunidades y Organizaciones del Puelmapu
FUENTE: La Tecla Patagonia
Santa Fe: trabajadores aceiteros
manifiestan preocupación por sus
puestos de trabajo en Vicentin
Avellaneda
Por Resumen Latinoamericano, 10 de mayo de 2023.
El Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEAD) de Reconquista expresó su «preocupación» por los puestos de trabajo en el Complejo Industrial Vicentin de Avellaneda, en el marco del proceso concursal que atraviesa la firma. «La pasada semana nuestro Sindicato presentó un escrito al Juez Fabián Lorenzini, a la Corte Suprema de Santa Fe y a la Comisión Consursal, mediante nuestro compañero Leandro Monzón, Secretario General del Soead Reconquista, reiterando la preocupación por las fuentes laborales en el citado establecimiento. En este escrito, Monzón pone en evidencia, como ya lo ha hecho en reiteradas ocasiones, que el acuerdo concursal que propone la firma implica el despido inicial de 80 trabajadoras y trabajadores, en principio todos ellos administrativos, y pasados los 18 meses, en los que supuestamente garantizarían la continuidad de la producción, todo indica que la planta Vicentin Avellaneda dejará de ser tenida en cuenta incluso por los compradores estratégicos, poniendo en riesgo la fuente de ingresos de casi 200 familias».
En la misma línea, el sindicato agregó: «la pasada semana, nuestro Sindicato presentó un escrito al juez Fabián Lorenzini, a la Corte Suprema de Santa Fe y a la Comisión Consursal, mediante nuestro compañero Leandro Monzón, Secretario General del Soead Reconquista, reiterando la preocupación por las fuentes laborales en el citado establecimiento. En este escrito, Monzón pone en evidencia, como ya lo ha hecho en reiteradas ocasiones, que el acuerdo concursal que propone la firma implica el despido inicial de 80 trabajadoras y trabajadores, en principio todos ellos administrativos, y pasados los 18 meses, en los que supuestamente garantizarían la continuidad de la producción, todo indica que la planta Vicentin Avellaneda dejará de ser tenida en cuenta, incluso por los compradores estratégicos, poniendo en riesgo la fuente de ingresos de casi 200 familias», alertó el SOEAD Reconquista, sobre los puestos laborales en la localidad ubicada en el noreste de la provincia de Santa Fe.
El 17 de abril la empresa presentó una propuesta de pago a sus acreedores, el juez Lorenzini declaró la existencia de acuerdo concursal y abrió un plazo de 10 días hábiles para la formulación de impugnaciones. En ese marco, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el Banco de la Nación Argentina (BNA) impugnaron el acuerdo por considerarlo «abusivo» y contrario al principio de igualdad de los acreedores. «De la deuda privilegiada ofrecieron devolver u$s 225 millones en 56 años, sin intereses. Y de la deuda quirografaria, proponen hacer una quita del 80%, o sea que de u$s 72 millones, nos devolverían u$s 15 millones», sostuvieron las entidades en un comunicado.
También impugnó el acuerdo la empresa Commodities S.A. y otros 71 miembros del fideicomiso de acreedores granarios de Vicentin: «el fraude que pretende consolidar Vicentin y el desguace que sus directivos están proponiendo son un golpe al corazón de la cadena del agro», señalaron estas empresas en una carta pública. Además, agregaron que «es de imposible cumplimiento, ya que pretenden vender bienes embargados por la justicia penal». Y el supuesto pago a 12 años, «está sujeto a tantas contingencias que sería, definitivamente, cero».
«El día sábado estuvimos realizando una asamblea informativa en el Complejo Industrial Vicentin de Avellaneda, a la cual convocamos por la situación actual que atraviesa la firma en el proceso concursal – informó este lunes 8 de mayo el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEAD) Reconquista en sus redes sociales – Gran número de compañeros se hizo presente para manifestar su preocupación, y aclarar las dudas que han surgido en los días previos. El Sindicato volvió a reiterar el trabajo que viene realizando; y los pedidos en los que manifesta la necesidad de dejar plasmado por escrito en el expediente la continuidad laboral de la Planta Vicentin Avellaneda«.
Fuente: Anred
La salida de Ferraresi de Edesur:
¿Enel gana la pulseada por el
dinero de los tarifazos?
Por Randy Stagnaro, Resumen Latinoamericano, 10 de mayo de 2023.
La dueña de la distribuidora eléctrica se opone a que se usen esos fondos para obras. Se abre una nueva negociación con el gobierno.
La salida de Jorge Ferraresi de la intervención administrativa de Edesur tuvo una explicación oficial: el funcionario completó su misión en la distribuidora eléctrica al crear un plan de obras junto con los intendentes que dirigen en la zona de cobertura de la empresa.
Ferraresi lo señaló así en su cuenta de la red social Twitter, en la que señaló: “Hemos presentado un diagnóstico en base a un relevamiento territorial, sus informes y el plan de acción para que nuestros vecinos y vecinas dejen de sufrir problemas por falta de inversiones. Con la ruta trazada, consideramos que la actuación como interventor está cumplida”.
Ese plan fue presentado el lunes 24 de abril por el ministro de Energía, Sergio Massa, la secretaria de Energía, Flavia Royon, y el propio Ferraresi. Estipula una inversión de $ 7000 millones que se fondearán con el 37% de los nuevos ingresos que percibirá Edesur por los aumentos tarifarios.
Al momento de la puesta en escena del programa de obras, no había señal alguna de que Ferraresi hubiera cumplido su misión. Massa aseguró que “ahora viene una etapa de trabajo”, en la que incluyó al intendente de Avellaneda. A su turno, Ferraresi exclamó: «El control y el seguimiento de las obras lo haremos con los intendentes”, incluyéndose en las tareas de la etapa siguiente.
Foto: Prensa Economia
Tiempo pudo confirmar en dos intendencias de la zona sur del Gran Buenos Aires que no tenían señal alguna de que el interventor en Edesur fuera a renunciar a su cargo.
Todo esto sería una anécdota si no fuera porque la razón detrás de la salida de Ferraresi podría estar más vinculada a una pulseada económica y política con una multinacional que ha sido apuntada por el gobierno nacional como responsable de la pésima calidad del servicio eléctrico en la zona de concesión.
La multinacional en cuestión es Enel, la semi estatal italiana propietaria de Edesur y que le puso el cartel de venta a todos sus activos en el país. Los más rentables ya los vendió: las centrales generadoras de energía Costanera y Dock Sud. Le quedan en el portafolio dos activos más: Edesur y la central hidroeléctrica Chocón, en Neuquén.
Enel no consigue comprador para Edesur. En el mercado financiero circulan las versiones acerca del regateo constante que realizan los potenciales compradores con el objetivo de bajarle el precio a mínimos “insostenibles” según Enel. Y en la conducción local de la firma se sospecha con que el gobierno viene trabajando en esa línea, la de bajarle el precio, desde que Enel anunció su intención de vender, en octubre de 2022.
La plata es mía
En ese contexto, Claudio Cunha, el CEO de Edesur, impugnó el plan de obras de Edesur con un argumento insólito: el dinero previsto, los $ 7000 millones, “eran insuficientes”. En realidad, Cunha no pedía que se detrajeran más fondos de los que le ingresarían a Edesur por el aumento de las tarifas. Si no, lo contrario, que el fondeo del plan de obras saliera de otro lado y no del aumento tarifario.
El razonamiento es sencillo: para vender Edesur a buen precio, Enel requiere que sus utilidades crezcan lo más posible y sean firmes y estables en moneda constante, y eso va en contra de la detracción de un tercio de los nuevos ingresos por incremento de tarifas. Esa es la causa por la que los técnicos de Edesur prácticamente no participaron de la elaboración del plan de obras y ningún ejecutivo de Edesur participó de su lanzamiento.
“Evidentemente, la renuncia de Ferraresi obedece a que no hay decisión política, una vez más, del gobierno nacional de imponerle condiciones a una empresa, en este caso a Edesur”, dijo a Tiempo un referente social con conocimiento de las discusiones. “La empresa se opuso a que el financiamiento surja del aumento tarifario y el gobierno –de acuerdo con la reacción de Ferraresi– dio marcha atrás”, agregó.
El referente recordó que, en diciembre del año pasado, la Secretaría de Energía, con el acuerdo del Ministerio de Economía, “le perdonó parte de la deuda que tenía con Cammesa y el resto de lo que tenía por pagar se lo financió a ocho años”. A lo que agregó que el aumento de tarifas significará una mejora de ingresos para Edesur del 261% solo en la primera mitad de este año.
“Y la respuesta del gobierno nacional es transigir, recular, como ha hecho todo este tiempo. No es capaz de imponerse a la decisión de la empresa en función de los intereses de los usuarios”, reclamó.
Para este referente, la salida de Ferraresi de Edesur abre una nueva etapa de negociaciones entre el gobierno y Enel. Una de las consecuencias es que el ritmo del plan de obras podría ralentizarse, aprovechando que las bajas temperaturas del invierno alivian el calor que los picos de demanda generan en los transformadores, que al quemarse en verano son la principal causa de los cortes masivos de luz. Pero esa alternativa dejaría a los usuarios desamparados ante el próximo verano, que promete ser caliente, y no solo por cuestiones climáticas.
Fuente: Tiempo Ar
La Unidad Piquetera y la UTEP se
movilizarán a Desarrollo Social de
forma conjunta el jueves 18 de mayo:
contra el hambre y el ajuste
Resumen Latinoamericano /Anred / 10 de mayo de 2023.
Unidad de acción y dura crítica a la ministra Tolosa Paz.
Al hablar de electromagnetismo podemos decir que los polos opuestos de un imán se atraen a partir del campo magnético que poseen una serie de materiales. En política, de vez en cuando, también pasa. La ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, resultó ser el magnetismo que atrae a las organizaciones sociales divididas por la ancha avenida que separa a oficialistas de opositores. Este jueves 11 de mayo a partir de las 11 horas la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y la Unidad Piquetera (UP) realizarán una conferencia de prensa en el Obelisco, donde anunciarán una serie de medidas de fuerza conjunta ante la profundización del ajuste a los sectores populares. ¿El reclamo? Subsidios para la producción, ingresos al Potenciar Trabajo de familias desocupadas, mejora en la calidad y entrega de alimentos para los comedores populares, entre varios ejes. De todas formas, habrá que esperar el transcurso de la semana para evaluar si desde el Gobierno se convoca a las organizaciones al diálogo para destrabar las demandas del sector, lo cual en caso de hacerse podría hacer naufragar la medida como tantas veces ocurrió.
Este jueves 11 en el Obelisco conferencia de prensa conjunta de los movimientos sociales y piqueteros.
Desde las 11. 30 hs las organizaciones sociales, piqueteras y de la economía social anunciaremos medidas de lucha para la semana que viene, frente a la grave situación social que atravesamos los trabajdores precarizados, desocupados y con programas sociales y ante el ajuste y el hambre que crece.
OBELISCO JUEVES 11DE MAYO DESDE LAS 11HS.
Un poco de historia piquetera
Si bien ambos reagrupamientos territoriales han realizado conferencias de prensa conjuntas y coordinado días de movilización aunque con convocatorias diferenciadas, la posibilidad de una acción unificada sería un hito en la historia de las organizaciones sociales desde su surgimiento al calor del fuego piquetero, allá por 1996.
Si bien en las asambleas piqueteras de La Matanza de julio de 2001 se logró unificar un espectro muy amplio de organizaciones, bautizadas en aquel entonces como “combativos” y “dialoguistas” (duros o blandos), lo cierto es que el ajuste llevado a cabo por el gobierno de la Alianza no fue suficiente para congregar a todo el espectro de las organizaciones. En esa oportunidad faltaban los MTD que semanas después conformarían la CTD Aníbal Verón, uno de los movimientos de mayor relevancia por aquellos tiempos.
Años después y con Mauricio Macri sentado en el sillón de Rivadavia, se ensayarían niveles de unidad que de todas formas no lograrían contener a la totalidad de tendencias. Para aquel entonces, el Triunvirato piquetero (CTEP, CCC y Barrios de Pie) empalmó en varias medidas con organizaciones de izquierdas como el Frente de Organizaciones en Lucha, el Frente Popular Darío Santillán, entre otras muchas, de las cuales muchas son provenientes de la CTD Aníbal Verón y el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR). Para aquella cita faltó el trotkysmo piquetero, encabezado por el Polo Obrero.
Envio;ResumenLatinoamericano
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