El Ministerio del Interior protegerá a testigos del juicio por Melitón Bustos
Personal del Programa de Protección de Testigos del Ministerio del Interior de la Nación, llegarán esta semana para interiorizarse de la causa por el secuestro y desaparición del escribano Aldo Melitón Bustos, que será llevada a juicio el próximo 23 de noviembre por el Tribunal Oral Federal de Salta.
Cuarenta y tres testigos declararán durante las audiencias del juicio, comenzando por el propio hijo del escribano, Raúl, quien vio cómo en la noche del 2 de febrero de 1978, uniformados se llevaban a su padre. Al día siguiente, cuando fue a denunciar el hecho en el Ejército reconoció a Carlos Alberto Arias, uno de los acusados junto a Luis Angel Zírpolo.Personal del Programa de Protección de Testigos del Ministerio del Interior de la Nación, llegarán esta semana para interiorizarse de la causa por el secuestro y desaparición del escribano Aldo Melitón Bustos, que será llevada a juicio el próximo 23 de noviembre por el Tribunal Oral Federal de Salta.
"Es muy importante que el Ministerio del Interior esté monitoreando la causa y que se ofrezca la protección a los testigos, teniendo en cuenta los antecedentes que hemos tenido en la Argentina con Julio López", dijo la abogada de la querella, Tania Kiriaco.El juicio por el secuestro de Melitón Bustos es el primero que se realiza en Salta por un crimen de lesa humanidad.
Actualmente la propia Kiriaco y una hermana del escribano desaparecido-que sufrió un intento de incendio de su domicilio- tienen protección de la policía federal.
Limitación
La abogada, por otra parte, cuestionó la resolución del Tribunal que sólo autorizó el ingreso al juicio de la prensa gráfica y dejó fuera a los medios audiovisuales. "Creemos que si es un juicio oral y público tiene que ser publicitado también a través de la radio y la televisión", señaló.
La limitación de los medios audiovisuales dispuesta por el Tribunal desentona también con una acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 2008, que dispuso que en sólo en caso de limitación de espacio físico, debería permitirse a una única emisora, preferentemente pública, la toma de imágenes bajo la condición de que el material obtenido sea compartido luego con otras emisoras interesadas.Sin embargo, el Tribunal Federal de Salta dispuso que sólo filmarán el juicio personal designado por los mismos jueces, y que sus imágenes y audio se pondrá a disposición de las partes.
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), la Asociación por los Derechos Civiles, y la Asociación de Entidades Periodísticas de Salta (ADEPA), cuestionaron resoluciones similares del Tribunal Oral Federal Nº 5. Las organizaciones reclamaron que se cumplan las condiciones de acceso y de trabajo de reporteros gráficos y medios audiovisuales dispuestas por la acordada de la Corte. "Sólo así se garantizará de manera plena el derecho a la información y al control de los actos de gobierno en este proceso de gran trascendencia pública y especial relevancia institucional".
Se dicta hoy la sentencia en la querella de Juan Kairuz contra Daniel Tort
El juicio oral y público en el que se ventila una acusación por calumnias e injurias y daños y perjuicios promovida por el director técnico, ex policía y ex futbolista Juan de la Cruz Kairuz contra el abogado Daniel Tort seguirá hoy, día en el que se producirán los alegatos de las partes y se espera conocer la sentencia del juez Correccional y de Garantías de 2º Nominación, Carmelo Marinaro.
La limitación de los medios audiovisuales dispuesta por el Tribunal desentona también con una acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 2008, que dispuso que en sólo en caso de limitación de espacio físico, debería permitirse a una única emisora, preferentemente pública, la toma de imágenes bajo la condición de que el material obtenido sea compartido luego con otras emisoras interesadas.Sin embargo, el Tribunal Federal de Salta dispuso que sólo filmarán el juicio personal designado por los mismos jueces, y que sus imágenes y audio se pondrá a disposición de las partes.
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), la Asociación por los Derechos Civiles, y la Asociación de Entidades Periodísticas de Salta (ADEPA), cuestionaron resoluciones similares del Tribunal Oral Federal Nº 5. Las organizaciones reclamaron que se cumplan las condiciones de acceso y de trabajo de reporteros gráficos y medios audiovisuales dispuestas por la acordada de la Corte. "Sólo así se garantizará de manera plena el derecho a la información y al control de los actos de gobierno en este proceso de gran trascendencia pública y especial relevancia institucional".
Se dicta hoy la sentencia en la querella de Juan Kairuz contra Daniel Tort
El juicio oral y público en el que se ventila una acusación por calumnias e injurias y daños y perjuicios promovida por el director técnico, ex policía y ex futbolista Juan de la Cruz Kairuz contra el abogado Daniel Tort seguirá hoy, día en el que se producirán los alegatos de las partes y se espera conocer la sentencia del juez Correccional y de Garantías de 2º Nominación, Carmelo Marinaro.
El defensor Pedro García Castiella junto a Daniel Tort en una audiencia anterior
Está previsto que la audiencia se inicie a las 9,30, con los alegatos del abogado de Kairuz, Dardo Verchán, y del letrado que asiste a Tort, Pedro García Castiella.
Kairuz, que en la década del 70 fuera policía en Libertador General San Martín y está acusado de haber cometido violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar, promovió una querella contra Tort, por injurias, calumnias y daños y perjuicios. En septiembre de 2006 Tort, socio de Gimnasia y Tiro, se opuso a que Kairuz se desempeñara como director técnico de este club. El abogado le envió una carta al órgano fiduciario que conduce a esta organización objetando la contratación de Kairuz debido a sus antecedentes de represor.
Aunque el órgano fiduciario nunca le respondió a Tort, y el propio Kairuz dijo en entrevistas públicas que los dirigentes del club le rescindieron el contrato por temor a que fueran manifestantes con “banderas rojas”, el técnico se manifiesta ofendido por las expresiones del abogado y sostiene que su intervención le hizo perder dinero y por eso reclama también un resarcimiento por daños y perjuicios. Lo curioso es que este proceso en el marco de la querella impulsada por el propio Kairuz sirvió para que se presentaran pruebas de la participación del ex policía en la represión estatal y paraestatal durante la última dictadura. Varios testigos confirmaron que el ex futbolista, que residía en dependencias del ingenio azucarero Ledesma (empresa señalada como partícipe de la represión), participó de un grupo de tareas que allanó la casa de Olga Márquez de Aredez en junio de 1977, al cumplirse un mes de la desaparición de su esposo, el médico Luis Aredez. También contaron que el ex policía perseguía y amenazaba a Olga y a integrantes de su familia.
El propio Kairuz reconoció –contradiciéndose con lo que hasta el momento venía sosteniendo- que ingresó a la Policía de Jujuy en 1973, que cumplía horarios y usaba arma reglamentaria. El querellado y su abogado, militantes ambos de organizaciones de derechos humanos, ya han pedido que las constancias de este debate sean remitidas a la Justicia Federal de Jujuy, donde Kairuz esté acusado de haber participado de la represión durante la dictadura.
Comprarán cartuchos en forma directa por "razones de urgencia"
Mediante la resolución 670, publicada la semana pasada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos autorizó a la Policía provincial a comprar 7.000 cartuchos de pistola calibre 9 milímetros y de 12/70 antitumulto mediante el procedimiento de contratación directa por libre negociación directa. La autorización responde a un pedido de la Escuela de Suboficiales y Agentes "y de distintas dependencias".
Está previsto que la audiencia se inicie a las 9,30, con los alegatos del abogado de Kairuz, Dardo Verchán, y del letrado que asiste a Tort, Pedro García Castiella.
Kairuz, que en la década del 70 fuera policía en Libertador General San Martín y está acusado de haber cometido violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar, promovió una querella contra Tort, por injurias, calumnias y daños y perjuicios. En septiembre de 2006 Tort, socio de Gimnasia y Tiro, se opuso a que Kairuz se desempeñara como director técnico de este club. El abogado le envió una carta al órgano fiduciario que conduce a esta organización objetando la contratación de Kairuz debido a sus antecedentes de represor.
Aunque el órgano fiduciario nunca le respondió a Tort, y el propio Kairuz dijo en entrevistas públicas que los dirigentes del club le rescindieron el contrato por temor a que fueran manifestantes con “banderas rojas”, el técnico se manifiesta ofendido por las expresiones del abogado y sostiene que su intervención le hizo perder dinero y por eso reclama también un resarcimiento por daños y perjuicios. Lo curioso es que este proceso en el marco de la querella impulsada por el propio Kairuz sirvió para que se presentaran pruebas de la participación del ex policía en la represión estatal y paraestatal durante la última dictadura. Varios testigos confirmaron que el ex futbolista, que residía en dependencias del ingenio azucarero Ledesma (empresa señalada como partícipe de la represión), participó de un grupo de tareas que allanó la casa de Olga Márquez de Aredez en junio de 1977, al cumplirse un mes de la desaparición de su esposo, el médico Luis Aredez. También contaron que el ex policía perseguía y amenazaba a Olga y a integrantes de su familia.
El propio Kairuz reconoció –contradiciéndose con lo que hasta el momento venía sosteniendo- que ingresó a la Policía de Jujuy en 1973, que cumplía horarios y usaba arma reglamentaria. El querellado y su abogado, militantes ambos de organizaciones de derechos humanos, ya han pedido que las constancias de este debate sean remitidas a la Justicia Federal de Jujuy, donde Kairuz esté acusado de haber participado de la represión durante la dictadura.
Comprarán cartuchos en forma directa por "razones de urgencia"
Mediante la resolución 670, publicada la semana pasada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos autorizó a la Policía provincial a comprar 7.000 cartuchos de pistola calibre 9 milímetros y de 12/70 antitumulto mediante el procedimiento de contratación directa por libre negociación directa. La autorización responde a un pedido de la Escuela de Suboficiales y Agentes "y de distintas dependencias".
Para hacerlo, el titular de la cartera de Justicia, Pablo Kosiner, se amparó en dos incisos del artículo 13 de la Ley de Contrataciones (6.838) que habilitan esta modalidad de contratación si se cumplen ciertas condiciones. Por un lado, convocó el inciso "a", que establece que se puede realizar contrataciones directas "entre las entidades del Estado, sean nacionales, provinciales o municipales y con entes públicos no estatales, cuando las mencionadas entidades contraten dentro de su objeto".
Pero curiosamente, Kosiner también atribuyó la compra directa al inciso "h" de la Ley de Contrataciones, que habilita este procedimiento "cuando existan probadas razones de urgencia o de emergencia".En los considerandos de la resolución, sólo se consigna que la "intervención es compartida por la Dirección de Administración de la citada institución policial". Pero no se explica cuáles son las razones que motivaron esta urgencia, es decir, si ocurrió un acontecimiento imprevisto que los obligó a comprar balas de manera urgente.
En el informe que la Auditoría General de la Provincia (AGP) presentó la semana pasada sobre el sistema de contrataciones, uno de los cuestionamiento formulados fue justamente la utilización del concepto de "urgencia" para las compras directas en casos en los que lo que se registró fue una falta de una correcta planificación por parte del Estado en cuanto a la adquisición de sus insumos.
El ministro se refirió a la solicitada firmada por el gobernador Juan Manuel Urtubey.
Pero curiosamente, Kosiner también atribuyó la compra directa al inciso "h" de la Ley de Contrataciones, que habilita este procedimiento "cuando existan probadas razones de urgencia o de emergencia".En los considerandos de la resolución, sólo se consigna que la "intervención es compartida por la Dirección de Administración de la citada institución policial". Pero no se explica cuáles son las razones que motivaron esta urgencia, es decir, si ocurrió un acontecimiento imprevisto que los obligó a comprar balas de manera urgente.
En el informe que la Auditoría General de la Provincia (AGP) presentó la semana pasada sobre el sistema de contrataciones, uno de los cuestionamiento formulados fue justamente la utilización del concepto de "urgencia" para las compras directas en casos en los que lo que se registró fue una falta de una correcta planificación por parte del Estado en cuanto a la adquisición de sus insumos.
El ministro se refirió a la solicitada firmada por el gobernador Juan Manuel Urtubey.
Solicitada de Urtubey del 24 de agosto ultimo donde anticipa la decisión de reprimir las manifestaciones sociales.
En declaraciones a la prensa sostuvo que las políticas públicas están dirigidas a lograr una provincia que se desarrolle, tenga progreso y prevea la inclusión de los que menos tienen.
En declaraciones periodísticas el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Pablo Kosiner, se refirió a la solicitada firmada por el gobernador Juan Manuel Urtubey sosteniendo que la misma expresa la voluntad y decisión del Gobierno de dar prioridad a la generación de condiciones más equitativas para una sociedad mucho más justa.
En este sentido, Kosiner sostuvo que las políticas públicas están dirigidas a lograr una provincia que se desarrolle, tenga progreso y prevea la inclusión de los que menos tienen, entendiendo que el crecimiento económico implique el progreso de los más desprotegidos en pos de un tejido social más equilibrado y solidario.
“La inversión y la necesidad de seguir fomentando el desarrollo y el equilibrio fiscal son importantes. El crecimiento de cualquier sector tiene que ir de la mano de los que menos tienen, esa es la filosofía de este Gobierno”, aseveró el funcionario provincial, dejando en claro que “en ese marco se abrió el diálogo con todos los sectores”.
Kosiner indicó que detrás de los reclamos de los últimos tiempos “hay intereses políticos que perjudican al conjunto de la sociedad” donde “el Gobierno deja como última instancia la actitud represiva y prioriza el diálogo porque la solución a los problemas está por esta vía y no por la intervención policial”.
En declaraciones periodísticas el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Pablo Kosiner, se refirió a la solicitada firmada por el gobernador Juan Manuel Urtubey sosteniendo que la misma expresa la voluntad y decisión del Gobierno de dar prioridad a la generación de condiciones más equitativas para una sociedad mucho más justa.
En este sentido, Kosiner sostuvo que las políticas públicas están dirigidas a lograr una provincia que se desarrolle, tenga progreso y prevea la inclusión de los que menos tienen, entendiendo que el crecimiento económico implique el progreso de los más desprotegidos en pos de un tejido social más equilibrado y solidario.
“La inversión y la necesidad de seguir fomentando el desarrollo y el equilibrio fiscal son importantes. El crecimiento de cualquier sector tiene que ir de la mano de los que menos tienen, esa es la filosofía de este Gobierno”, aseveró el funcionario provincial, dejando en claro que “en ese marco se abrió el diálogo con todos los sectores”.
Kosiner indicó que detrás de los reclamos de los últimos tiempos “hay intereses políticos que perjudican al conjunto de la sociedad” donde “el Gobierno deja como última instancia la actitud represiva y prioriza el diálogo porque la solución a los problemas está por esta vía y no por la intervención policial”.
(Fuente:Rdendh).
No hay comentarios:
Publicar un comentario