Desde la Comisión Provincial por la Memoria reclaman mayor celeridad en el juzgamiento a los genocidas impunes y hallar a los asesinados y desaparecidos.
Este 16 de mayo se cumple un año de la sentencia condenatoria a prisión perpetua para ocho militares imputados por el fusilamiento clandestino de detenidos políticos perpetrado el 13 de diciembre de 1976 en cercanías a Margarita Belén.
Luego de 11 meses de juicio oral y 60 días de audiencia con más de un centenar de testigos se demostró que el 13 de diciembre de 1976 en la Ruta 11 las fuerzas de seguridad del Estado fusilaron a un grupo de presos políticos y encubrieron el crimen como un enfrentamiento durante un intento de fuga.
Las organizaciones que integran la Comisión Provincial de Derechos Humanos expresan que “las condenas no significan el final de esta historia.Se investigan otras víctimas y otras responsabilidades, y la ratificación judicial de la Masacre compromete al Estado a investigar y buscar por todos los medios los restos de los asesinados y desaparecidos”.
Señalan que “hay una lista de denunciados en la que sobresalen integrantes del área de inteligencia militar y colaboradores civiles, con el médico torturador Grillo y el encubridor judicial Mazzoni a la cabeza”. Los organismos de DDHH exigen “mayor celeridad en el avance de las causas residuales de los respectivos juicios (Causa Mascre de Margarita Belén y Causa Caballero) y que se incorpore la figura de asociación ilícita en las imputaciones”.
“Con sus avances y retrocesos, este juzgamiento al genocidio es el resultado de una lucha de más de treinta años”, evalúan las organizaciones que integran la Comisión Provincial de Derechos Humanos. Luego consideran que “la perseverancia y la organización del colectivo de organismos de Derechos Humanos y adherentes derribó el muro de impunidad que durante tanto tiempo pareció impenetrable. Un paso indispensable para avanzar hacia un futuro con Memoria, Verdad y Justicia”.
LOS “HECHOS”
Los ocho militares intervinientes en el operativo fueron condenados a la pena de prisión perpetua por ser considerados responsables de “homicidio agravado por alevosía y por el número de partícipes (once hechos en concurso ideal entre sí) y de privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida con el uso de violencia y por el transcurso del tiempo (cuatro hechos en concurso ideal entre sí)”, según consta en el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia integrado por los jueces Gladys Mirtha Yunnes, Eduardo Ariel Belforte y Ramón Luis González.
Los “once hechos” son Luis Ángel Barco, de Saénz Peña, 25 años; Mario Cuevas, de Santa Fe, 28 años; Manuel Parodi Ocampo, de Misiones 28 años; Luis Arturo Franzen, de Misiones, 24 años; Carlos Alberto Duarte, de Misiones, 24 años; Patricio Blas Tierno, de La Plata, 24 años; Néstor Carlos Sala, de La Plata, 33 años; Luis Díaz, de Corrientes, 25 años; Carlos Zamudio, de Resistencia, 28 años; Alcides Bosch, de Santa Fe, 28 años y Ema Cabral, de Reconquista, 28 años. (*) Los siete primeros ingresaron a la Alcaidía durante la tarde del 12 de diciembre, provenientes de la U7. Zamudio lo hizo desde la Brigada de Investigaciones. Alcides Bosch y Emma Cabral fueron enterrados como NN para hacerlos pasar por supuestos atacantes del convoy de traslado. Estuvieron desparecidos hasta ser identificados en 2007 por el Equipo Argentino de Antropología Forense.
Los cuatro “hechos de privación ilegítima” son los asesinatos y el ocultamiento de los cadáveres de Fernando Piérola, de Entre Ríos, 24 años; Roberto Horacio Yedro, de Corrientes, 28 años; Reynald Zapata Soñez, de Entre Ríos, 35 años, y Julio Andrés Pereyra de Formosa, 25 años. Todos presos políticos que figuran en la lista de traslado y a quienes la dictadura intentó hacer pasar por prófugos. Sospechosamente se tardó lo suyo para librar las correspondientes órdenes de captura contra los “fugados”: la de Yedro es del 17 de mayo de 1977, la de Piérola tardó tres años, las de Pereyra y Zapata Soñez nunca llegaron. Según los acólitos de la dictadura, todos ellos permanecen fugitivos, huyendo incansablemente desde hace 36 años, una suerte de “subversivos errantes”.
A la nómina oficial de fusilados se suman los nombres de otros militantes políticos que fueron vistos en Alcaidía o en la Brigada y permanecen desaparecidos desde diciembre de 1976: Carlos Enrique Tereszecuk, Misiones, 24 años; Dora Noriega, de General San Martín, 24 años; Delicia González, de Goya, 37 años; Raúl María Caire, de Entre Ríos, 27 años; Eduardo Lalo Fernández, de Goya, 21 años; Raúl Antonio Méndez, de Corrientes, 25 años.
Quedó probado que las víctimas fueron concentradas en la Alcaidía policial de Resistencia el domingo 12 de diciembre y ferozmente garroteadas en el comedor del penal durante la noche hasta que fueron subidos a los camiones del convoy de la muerte.
El Tribunal no encuadró los crímenes en el marco de un genocidio, tal y como lo pidieron los querellantes Duilio Ramírez, Ataliva y Pedro Dinani de la Liga Argentina de los Derechos del Hombre, pero concedió declarar de Lesa Humanidad los asesinatos y las desapariciones, reconociendo que los criminales agraviaron a la humanidad en su conjunto cuando decidieron fusilar a un grupo de detenidos políticos maniatados y agonizantes por las torturas propinadas en la Alcaidía. Un método para irradiar el terror y golpear a toda la población, “una masacre contra el pueblo”, como la definió el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel en su declaración testimonial.
ANTECEDENTES Y PORVENIR
Si la Masacre es un paradigma del terrorismo de Estado, la causa judicial, con sus avances y retrocesos, es un emblema de la lucha por la justicia en la región. Las demoras y los recursos dilatorios de la defensa de los represores imposibilitaron el avance del proceso judicial durante años, al punto de mediar casi una década entre la presentación por la reapertura de la causa realizada por familiares, ex detenidos, H.I.J.O.S. Chaco y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) el 28 de mayo de 2001 y la elevación a juicio oral el 24 de febrero de 2009. La Masacre formó parte de la “Causa 13” contra los jerarcas de la última dictadura cívico-militar, por lo que el hecho material de la causa ya fue ampliamente probado.
Los fallecidos Cristino Nicolaides (teniente general que ordenó el operativo de exterminio, máxima autoridad militar de la zona en tanto comandante de la Séptima Brigada de Infantería con asiento en Corrientes), Jorge Alcides Larrateguy (jefe del Área Militar 233 de Resistencia) y el espía del SIDE, Alberto Valussi eludieron la condena judicial pero no el escrache social.
ALEGATO FISCAL POR EL JUICIO Y CASTIGO
A modo de cierre de esta nota, una síntesis tomada del alegato de Jorge Auat, antiguo fiscal de Instrucción de la causa y actual jefe de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de causas por crímenes de lesa humanidad: “Creo que en cada pliegue y repliegue de la tragedia de Margarita Belén hay cosas muy importantes… Ese expediente tiene mucho más que caligrafía, tiene mucho dolor, tiene mucha vergüenza, mucho deshonor, mucha ignominia (…) [El juzgamiento a la represión] es una respuesta a un impulso ético de la sociedad. Ese impulso ético tiene en su base algo que es fundamental y que creo que es digno de rescatar, porque es el gran protagonista de esta historia: el concepto de memoria. (…) Fue la memoria la que se encargó de producir este parto doloroso y la investigación de todos estos hechos. En realidad, la memoria termina siendo por definición un acto de justicia, como el olvido es un acto de injusticia. Me dirán: ¿por qué se vuelve tanto sobre el tema? ¡¿Tenemos derecho nosotros a ponerle fin, a no reivindicar la memoria de las víctimas, tenemos derecho nosotros a decir cuándo termina esta historia? ¡¿Tenemos derecho nosotros a apropiarnos del dolor de los familiares, a agotar toda palabra que pudiese reflejar ese dolor inconsolable? Es por ello que estos juicios son mucho más que un expediente; son, quizás, la reconstrucción de la historia más dolorosa que nos tocó vivir en el siglo XX…”
Fuente:Chaco.online
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