“Este juicio es sanador y liberador”
Reynaldo Bignone, Santiago Omar Riveros y Eugenio Guañabens Perelló están acusados por los secuestros y desapariciones, entre ellos de siete militantes embarazadas. Críticas por la brevedad de la primera audiencia y la poca frecuencia de éstas.
Por Alejandra Dandan
Los generales retirados Santiago Omar Riveros y Reynaldo Bignone, custodiados en el recinto.Imagen: Rafael Yohai
“¡Doce años tenía cuando me torturaron!”, se oyó en medio de la sala. El silencio con el que empezaron a levantarse para salir los tres represores se partió con ese grito sacado desde el alma. “¡Asesinos!”, se oyó.“¡Genocidas!” “¡Violadores!” Alguien entonces logró mancomunar las voces que habían desatado. “¡Treinta mil compañeros desaparecidos!”, vivó. “¡Ahora y Siempre!”, respondió la sala.
Reynaldo Bignone, enfundado en saco de invierno pesado, y Santiago Omar Riveros se sentaron al costado de los integrantes del Tribunal Oral Federal 1 de San Martín, uno al lado del otro. En la silla de atrás, con la cara tapada entre las arrugas, lo hizo Eugenio Guañabens Perelló, director de la Escuela de Apoyo para el Combate General Lemos de Institutos Militares en 1977. Sólo tres de los diez acusados de este juicio que acaba de empezar en San Martín, por los crímenes de veintiún personas en la jurisdicción de Campo Mayo, entre las que hay siete militantes mujeres embarazadas, secuestradas y desaparecidas con sus compañeros. Para sorpresa de varios familiares que estuvieron ahí, algunos de los que se acercaron a la sala para ver las caras de los acusados, el Tribunal irá sentando a los demás a medida que se avance con las causas. Bignone, Riveros y Guañabens Perelló están acusados por allanamientos, privación ilegal, tormentos en el expediente de las embarazadas, el primero que se analizará en las audiencias.
Riveros también está acusado por el homicidio de una de las parejas.
“Este juicio es para que se sepa la verdad de lo que pasó con mis papás y el resultado de eso, que fue mi apropiación”, dice parada en la puerta del Tribunal Carolina de Sanctis Ovando, sobre el juicio que no sólo se detendrá en el secuestro y desaparición de sus padres, Myriam Ovando y Raúl De Sanctis, sino en el que se juzgará además a sus apropiadores. Catalina recuperó su identidad en 2008. “Es sanador y liberador para mí todo este momento –dijo–, aunque todavía falta mucho porque acá vamos a estar juzgando a los que dieron las órdenes en el caso de mis papás, pero todavía falta saber quiénes se los llevaron, quiénes secuestraron a mi papá. La justicia llega, pero siempre falta.”
Momentos antes, en la sala de audiencias recién estrenada para los juicios de Campo de Mayo, los nombres de las siete embarazadas aparecieron desplegados en las manos de otros compañeros que los sostenían en toda la sala. Una mujer de Malvinas Argentinas sostuvo la foto de María Eva Duarte y de su compañero, Samuel Aranda. Ella estaba embarazada de dos meses. “¡Hoy estoy quebrada!”, suspiró apenas se sentó al lado del cartel Sara Fernández: “¡Mirale la carita!”, dijo la abuela de Sebastián Bordón barrida por las lágrimas. “¡Estos son los mismos tipos que se llevaron a Sebastián, la policía brava del Proceso!”
Juana Muñiz Barreto estaba un poco más adelante. Anotó cada cosa en una libreta. La hija del diputado Diego Muñiz Barreto, asesinado por la dictadura y por el que fue condenado Luis Aberlado Patti, esperaba a alguno de los acusados que todavía no llegaron al juicio. Entre otros, a Julio San Román, alias “Cacho”, y a Hugo Miguel Castagno Mongue, alias “Yaya”, los dos oficiales de Gendarmería, jefes de la custodia de El Campito, el centro clandestino de Campo de Mayo, parte de la trama de represores que aún no fueron juzgados por el crimen de su padre.
Media hora después de las 10, el presidente del Tribunal, Héctor Sagretti, abrió el debate con la lectura de la acusación abreviada, de acuerdo con las pautas de la Cámara de Casación para acelerar los juicios. Una secretaria leyó una síntesis con la reconstrucción de los secuestros de las mujeres y los casos en los que ellas aparecen como parte de una trama más amplia en la que cayeron otros compañeros. Luego les dieron la palabra a los acusados. Riveros lo único que dijo es que estaban mal los datos de su domicilio. Bignone dijo lo mismo. Y como si se hubiesen puesto de acuerdo, Guañabens Perelló a su turno volvió a decirlo.
Ninguno declaró. Todos se remitieron a declaraciones anteriores. Cuando la secretaria del Tribunal se disponía a leerlas, el fiscal Marcelo García Berro pidió al Tribunal que las diera por leídas. En la lógica de acelerar el debate, las querellas dijeron lo mismo. Y listo. Poco más de media hora después de haber comenzado un juicio esperado desde hace años –y hace año y medio por falta de salas–, la primera jornada se terminó. Sagretti dispuso un cuarto intermedio hasta la semana próxima. Y aclaró que todavía no sabían si iban a poder seguir el cronograma previsto, que iban a intentarlo, pero que tienen otros juicios y uno de los jueces sigue un debate similar en Mar del Plata.
La sala se paró en completo silencio, como paralizada por eso que no acaba de empezar. “¿Cómo es posible que se haya hecho así?”, dijo Daniel Cabezas de la Comisión Campo de Mayo, parado con la foto de su hermano Gustavo desaparecido, al que se llevaron sangrando después de descargarle una serie de disparos mientras repartía volantes en una plaza. “Es maravilloso que empiece el juicio, reivindicamos que se esté juzgando, pero pedimos otra forma de organización, porque si no esto va a durar cien años.” El abogado querellante Pablo Llonto se pronunció en el mismo sentido. “La audiencia duró media hora en una sala nueva después de tanto esfuerzo y hoy se podía haber seguido con la etapa testimonial”, dijo. “Los reclamos de los jueces son porque la Cámara de Casación debe completar los tribunales con otros jueces para que no ocurra lo que está pasando, que un juez no puede seguir el debate porque se va a Mar del Plata.”
Las audiencias están previstas de dos jornadas a la semana, pero cada quince días. El cronograma distribuido por los querellantes entre los que está Justicia Ya!, la abogada Alcira Ríos, Abuelas de Plaza de Mayo y la Secretaría de Derechos Humanos indica, sin embargo, que las próximas cuatro semanas tendrán un día de audiencias cada vez.
En la sala, varios nietos recuperados acompañaron a Catalina. Victoria Montenegro, el diputado Horacio Pietragalla, Guillermo Pérez Roisinblit y Lorena Battistiol. También Juliana García Recchia, cuyos padres son parte del juicio. En la primera fila se la veía a Mirta de Baravalle, de Madres Línea Fundadora, y a Lita Boitano, de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas.
Los siete casos de embarazadas
Envío:Andrea Benítes-Dumont
- Marta Graciela Alvarez y Francisco Hugo Mena. Marta estaba embarazada. Con ellos secuestraron a Francisco Tiseira, Julio Visuara y Norma Argentina Benavides, que también son víctimas en este juicio. Los secuestraron el 19 de abril de 1976 en Tortuguitas. Los interrogaron y trasladaron a uno de los centros clandestinos de Campo de Mayo. Marta y Francisco Tiseira murieron como consecuencia de disparos en la cabeza. Fueron identificados. Los otros están desaparecidos.
- Ana María Lanzillotto y Domingo “el Gringo” Menna. Ana María estaba embarazada de ocho meses, la secuestraron el 19 de julio del ‘76 en Villa Martelli, en un operativo en el que cayó la conducción del PRT-ERP. Los vieron en uno de los centros de Campo de Mayo. Domingo fue torturado. Los dos están desaparecidos.
- María Eva Duarte y Alberto Samuel Aranda. María Eva Duarte estaba embarazada, la secuestraron el 9 de septiembre de 1977 en Los Polvorines. Tenía otros dos hijos, Lorena de 2 años y Alejandro de 7 meses, que quedaron con los vecinos. Alberto fue privado de la libertad ese mismo día en la parada del colectivo cuando volvía del trabajo. Los dos están desaparecidos.
- Isabel Acuña y Oscar Gutiérrez Sesarego. Ella estaba embarazada. La secuestraron el 26 de agosto del ’76 en Ramos Mejía. Habrían sido alojados en el sótano de la comisaría 4ª de San Isidro provenientes de otro centro. Están desaparecidos.
- Myriam Ovando y Raúl De Sanctis. Ella estaba embarazada. Los secuestraron entre el 1º de abril y 20 de mayo del ’77. A ella en Escobar y a él en la estación de Campana. Los dos están desaparecidos.
- Susana Stritzler. Estaba embarazada. Fue secuestrada el 21 de diciembre de 1976 en Boulogne por un grupo vestido de civil. Está desaparecida. Con ella, en la causa están incorporados Miriam Ardito Calvo, Nélida Beatriz Ardito Calvo, Roberto Coma Velasco de Ardito.
- Beatriz Recchia y Antonio Domingo García. Beatriz estaba embarazada. El tramo incluirá el secuestro de Juliana que estuvo secuestrada con ellos.
FuentedeOrigen:Pagina12
Fuente:Agndh
es el 7º de la megacausa por los abusos cometidos en esa guarnición
Nuevo juicio por los crímenes cometidos en Campo de Mayo
Investiga delitos contra 20 víctimas, siete de ellas mujeres embarazadas que dieron a luz en cautiverio y siguen desaparecidas. Entre los procesados figuran Reynaldo Bignone y Santiago Omar Riveros.
El debate, el séptimo de la megacausa por crímenes en esa guarnición militar, tiene once acusados por delitos cometidos contra más de 20 personas entre los que se encuentran siete mujeres embarazadas secuestradas junto a sus parejas, que dieron a luz en cautiverio y permanecen desaparecidas.
El Tribunal, integrado por los jueces Héctor Sagretti, Daniel Cisneros y Daniel Petrone, arrancó pasadas las 10 con la lectura de las elevaciones a juicio, lo que marcó la inauguración de la nueva sede para los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos en la jurisdicción de Campo de Mayo en Pueyrredón 3728 en el partido de San Martín. Mientras arrancaba el debate, familiares de las víctimas y organismos de Derechos Humanos se movilizaron hasta la puerta del tribunal para la inauguración del juicio.
Con las fotos de los desaparecidos marcharon la Comisión por la Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte, Comisión por la Memoria de San Martín. Estuvieron acompañados por la agrupación El Eternauta, Movimiento Evita, Juventud Peronista de San Martín y Kolina. Los procesados que llegan al juicio oral son once. En la lista de los acusados figura Eugenio Guarañabens Perelló, quien junto a Riveros y Bignone fueron los únicos que presenciaron el inicio del proceso.
Mientras que el resto de los imputados se irán agregando al debate a medida que se incorporen sus expedientes. Se trata de Luis Sadí Pepa, ex director de la Escuela de Comunicaciones del Comando de Institutos Militares; Carlos Eduardo Somoza, oficial de Inteligencia del Ejército que integró el centro clandestino de detención El Campito y el teniente Carlos Tomás Macedra.
Además están acusados Eduardo Oscar Corrado y los gendarmes Julio San Román y Hugo Miguel Castagno Monge. A estos se suman el oficial de Inteligencia Carlos del Señor Garzón y su esposa María Francisca Morillo, matrimonio acusado por la apropiación de Laura de Sanctis Ovando, nieta restituida por Abuelas de Plaza de Mayo.
"Este juicio significa abrir heridas, limpiarlas y aliviarlas, y también es una manera de honrar y hacer presentes a mis padres", dijo la nieta restituida, y aseguró que "es importante que toda la ciudadanía sepa que el Estado que perpetró crímenes de lesa humanidad hoy exponga y castigue a los culpables".
Al caso de la madre de Laura, Miryam Ovando, se suman otras seis mujeres embarazadas desaparecidas junto a sus parejas. « piden desclasificar archivos clave La Comisión de Derechos Humanos, que preside el diputado Remo Carlotto, recibió ayer al legislador demócrata de Estados Unidos Maurice Hinchey, quien impulsa la desclasificación de documentos de la CIA referidos a la dictadura argentina.
En la reunión, el legislador ratificó su compromiso para trabajar en busca de la apertura de esos archivos clasificados y aseguró que el presidente Barack Obama tiene voluntad para avanzar en el mismo sentido. “Si Estados Unidos tiene información, y sé que la tiene, puede ayudar a hacer justicia. Deben hacerse públicos.
Supongo que hubo alguna presión para que no se hiciera. Cuando seguí insistiendo encontré objeciones de los republicanos a pesar de que los demócratas seguían apoyándolo. Nunca quedó claro por qué los republicanos no lo apoyaban”, sostuvo Hinchey, quien en el año 2000 logró que el Congreso estadounidense aprobara la desclasificación de los archivos referidos a la dictadura chilena.
FuentedeOrigen:TiempoArgentino
Fuente:Agndh
El congresista norteamericano Maurice Hinchey dijo que su país podría colaborar en las causas de los hijos desaparecidos
En el año 2000 logró que el Congreso de su país aprobara la misma propuesta pero referida a la dictadura chilena, régimen que como reconoció hoy, su país apoyó. “Si Estados Unidos tiene información, y sé que la tiene, puede ayudar a hacer justicia. Deben hacerse públicos.
Supongo que hubo alguna presión para que no se hiciera. Cuando seguí insistiendo encontré objeciones de los republicanos a pesar de que los demócratas seguían apoyándolo.
Nunca quedó claro porqué los republicanos no lo apoyaban” sostuvo. En la reunión ratificó, frente a los diputados argentinos, su compromiso para trabajar en busca de la desclasificación de documentos de la CIA y del departamento de Defensa de Estados Unidos.
También dijo que Barack Obama tiene voluntad para avanzar en la apertura de estos archivos de inteligencia. El Director General de Derechos Humanos de la Cancillería, el Sr. Federico Villegas Beltrán complementó la presentación proporcionando información a los legisladores sobre la situación de las demandas de desclasificación de archivos fuera del país. Remo Carlotto agradeció la presencia del congresista y saludó la iniciativa política de Hinchey que acompaña con acciones concretas la búsqueda de hijos de desaparecidos que fueron apropiados durante la dictadura en Argentina.
En la reunión estuvieron presentes diputados de diversos bloques que acordaron trabajar sobre la redacción de una declaración parlamentaria para expresar que se vería con agrado la desclasificación de los archivos de inteligencia.
Envío:Agndh
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