31 de julio de 2013

REPRESORES NO IRÁN AL HOSPITAL MILITAR.

31.07.2013
lo dispuso el ministerio de defensa, luego de la fuga de dos condenados 
Represores no irán al Hospital Militar 
Con la publicación en el Boletín Oficial, se oficializó ayer la decisión del Ministerio de Defensa de prohibir la atención de militares procesados o condenados por delitos de lesa humanidad en hospitales dependientes de las Fuerzas Armadas.
La medida fue tomada luego de la fuga de Antonio Olivera y Gustavo De Marchi, condenados en San Juan, quienes el jueves pasado huyeron del Hospital Militar central de Palermo.

En la resolución 85/2013, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, le prohibió al jefe del Estado Mayor Conjunto así como a los jefes de cada fuerza -Ejército, Armada y Fuerza Aérea-, la asistencia de personal civil y militar a los hospitales que dependan de las FF AA.

También ordenó a las autoridades de las fuerzas que todo requerimiento de la justicia para trasladar a condenados o procesados por delitos de lesa humanidad "deberá ser comunicado inmediatamente al Ministerio para su consideración y efectos, bajo apercibimiento de aplicación de sanciones administrativas y/o disciplinarias".

El secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, se refirió también a la fuga de los dos condenados, situación que consideró "muy grave", y pidió a la justicia "mayor atención" en los traslados de los represores.
"No es el Servicio Penitenciario Federal el que ordena un traslado a otra provincia; los que tienen la responsabilidad, la garantía y, sobre todo, la jurisdicción sobre los internos son los jueces y ellos se desligan totalmente luego de que los condenan", aseguró el funcionario.

El lunes se había creado la Comisión de Asesoramiento Médico, que revisará los antecedentes de salud de detenidos por crímenes cometidos en la dictadura y decidirá si es necesario el traslado por cuestiones de salud. Esta comisión estará integrada por médicos de los ministerios de Defensa, Justicia y Salud, que evaluarán el estado de salud de quien solicite atención.
Fuente:TiempoArgentino


30.07.2013
La resolución del Ministerio de Defensa fue publicada en el Boletín Oficial
Ya es oficial: Está prohibido enviar represores presos a hospitales de las Fuerzas Armadas

Ministro Rossi. Lex dura lex 
El Ministerio de Defensa oficializó hoy la decisión de prohibir la internación o asistencia ambulatoria de represores en hospitales militares o unidades de salud dependientes de las Fuerzas Armadas, luego de la fuga, la semana pasada, de dos condenados por delitos de lesa humanidad. La medida, publicada hoy en el Boletín oficial, fue adoptada mediante la resolución 85/2013, firmada el viernes último por el ministro Agustín Rossi un día después de conocerse la evasión de dos convictos, el mayor retirado Jorge Antonio Olivera y el teniente 1º retirado Gustavo De Marchi del Hospital Militar Central de Buenos Aires.

"Prohíbese al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, al jefe del Estado Mayor General del Ejército, al jefe del Estado Mayor General de la Armada y al jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea la internación y/o asistencia ambulatoria en hospitales militares o unidades de salud dependientes de las fuerzas armadas, de personas condenadas penalmente o procesadas con privación preventiva de la libertad que tengan o hayan tenido estado militar", ordena el artículo 1º.

Luego, la resolución indica que la prohibición "alcanza a la totalidad del personal civil y/o militar de las Fuerzas Armadas".

Finalmente, señala que "todo requerimiento de carácter judicial de internación y/o asistencia médica" de las personas incluidas en la resolución "deberá ser comunicado inmediatamente al Ministerio de Defensa para su consideración y efectos, bajo apercibimiento de aplicación de sanciones administrativas y/o disciplinarias".

En otra medida adoptada en el mismo sentido tras la fuga de Olivera y De Marchi, los ministerios de Justicia, Defensa y Salud acordaron ayer conformar una comisión de médicos para revisar los antecedentes de salud de los imputados, procesados o condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.
El Gobierno nacional ofrece una recompensa de 2.000.000 de pesos por cabeza a para quienes aporten datos que permitan recapturar a los ex militares recientemente condenados en la provincia de San Juan.
Fuente:Telam

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