Hostigamiento judicial
Honduras 26 de septiembre de 2013
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), solicita su intervención urgente ante la siguiente situación en Honduras.
Descripción de la situación:
El Observatorio ha recibido con grave preocupación informaciones de fuentes fidedignas sobre el hostigamiento judicial en contra de los líderes indígenas del pueblo Lenca la Sra. Bertha Isabel Cáceres Flores, Coordinadora General del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), y los Sres. Tomás Gómez Membreño y Aureliano Molina Villanueva, integrantes de esta misma organización.
De acuerdo con las informaciones recibidas, el 20 de septiembre de 2013, el Juzgado de Letras Primero del Departamento de Intibucá dictó medida cautelar de prisión preventiva contra la Sra. Bertha Cáceres, y medida cautelar sometiendo a régimen de presentación cada quince días a los Sres. Tomás Gómez y Aureliano Molina, en la causa que se les sigue por haber presuntamente instigado a cometer los delitos de “usurpación de tierras”, “coacciones” y “daños” continuados en perjuicio de la Sociedad Mercantil Desarrollos Energéticos S.A. (DESA). El Juzgado también les prohibió el acercamiento a la zona donde se produjeron los supuestos hechos delictivos. El 25 de septiembre, la defensa apeló la decisión.
Desde el pasado mes de abril, el pueblo indígena Lenca, organizado en el COPINH, se está oponiendo pacíficamente al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca sobre el río Gualcarque, ubicado en sus territorios ancestrales. El proyecto está implementado por las empresas transnacionales DESA, SINOHYDRO y el grupo FICOHSA, sin que se haya procedido a la consulta previa, libre e informada de las comunidades afectadas, en clara violación del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, ratificado por Honduras en 1995. La oposición a la represa hidroeléctrica de Agua Zarca, así como a otros proyectos similares, ha ocasionado que varios integrantes del COPINH sufrieran una serie de amenazas, ataques y actos de hostigamiento, y más recientemente, denuncias judiciales e incluso asesinatos.
En respuesta a la movilización indígena, la zona fue militarizada, y el 15 de julio de 2013 fue asesinado el líder Lenca Tomás García, presuntamente por el ejército hondureño, durante una manifestación frente a las instalaciones de la represa. La empresa DESA y el Ministerio Público acusan ahora a la Sra. Bertha Cáceres y los Sres. Tomás Gómez y Aureliano Molina de haber incitado a los miembros de la comunidad Lenca a cometer los mencionados delitos y causar daños a la empresa. La Sra. Bertha Cáceres, quien es beneficiaria de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya está sometida a otro proceso judicial desde el mes de mayo de 2013 por el presunto delito de “porte ilegal de arma”, que habría sido puesta en su vehículo y según afirma, no le pertenecería.
Este hostigamiento judicial se desató tras una reunión sobre el proyecto Agua Zarca, realizada con el Presidente de la República y el entonces Ministro de Recursos Naturales y Ambiente, en la que no se llegó a ningún acuerdo con las comunidades pues el Gobierno hondureño habría sostenido que en este caso, no tenía la obligación de aplicar el proceso de consulta contemplado en el Convenio 169 de la OIT.
Adicionalmente, cabe destacar que el Sr. Víctor Fernández, abogado de la Sra. Bertha Cáceres y Coordinador del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, y su hermano el abogado Martín Fernández, también han sido denunciados por instigación a delinquir por la empresa minera La Victoria, tras haber investigado las supuestas irregularidades en su registro legal y actividades en el departamento de La Atlántida. El uso de esta figura penal, además de no estar fundamentado en hechos concretos, crea un precedente grave para los defensores de derechos humanos en el país, en la medida en que parece usarse para perseguir sus actividades.
El Observatorio condena el asesinato del Sr. Tomás García y manifiesta su profundo rechazo ante el hostigamiento judicial contra la Sra. Bertha Cáceres, los Sres. Tomás Gómez, Aureliano Molina, Víctor Fernández y Martín Fernández, considerando que éste se produce en respuesta a sus actividades de defensa de los derechos humanos frente a los impactos de los megaproyectos de desarrollo económico.
En este sentido, el Observatorio urge a las autoridades hondureñas a investigar con celeridad el asesinato del Sr. Tomás García y a poner fin a todo acto de hostigamiento, incluyendo a nivel judicial, contra la Sra. Bertha Cáceres, los Sres. Tomás Gómez, Aureliano Molina, Víctor y Martín Fernández, así como contra todos los líderes e integrantes del COPINH, que defienden el derecho a ser consultados sobre sus tierras, como lo establece el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.
Acción solicitada:
Favor dirigirse a las autoridades de Honduras urgiéndolas a:
i. Adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de la Sra. Bertha Isabel Cáceres Flores, de los Sres. Tomás Gómez Membreño, Aureliano Molina Villanueva, Víctor Fernández y Martín Fernández, así como de los demás integrantes del COPINH y de todos los defensores de derechos humanos en Honduras;
ii. Realizar una investigación inmediata, independiente, exhaustiva e imparcial en torno al asesinato del Sr. Tomás García, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente e imparcial y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley;
iii. Ofrecer una adecuada reparación a la familia del Sr. Tomás García y garantizar su seguridad e integridad física;
iv. Velar por que se ponga fin a todo acto de hostigamiento - incluyendo a nivel judicial - contra la Sra. Bertha Isabel Cáceres Flores, los Sres. Tomás Gómez, Aureliano Molina, Víctor Fernández y Martín Fernández, y más generalmente, contra todos los defensores de derechos humanos en Honduras;
v. Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente al:
- Artículo 1: “Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional.”
- Artículo 5.a: “A fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, en el plano nacional e internacional a reunirse o manifestarse pacíficamente.”
- Artículo 12.2: “El Estado garantizará la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración.”
vi. De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Honduras.
Direcciones:
• Sr. Porfirio Lobo Sosa, Presidente de la República, Casa Presidencial, Boulevard Juan Pablo Segundo, Palacio José Cecilio del Valle, Tegucigalpa, Honduras. Fax: +504 2290 5010. Correo electrónico: diseloalpresidente@presidencia.gob.hn; info@presidencia.gob.hn
• Sr. Oscar Chinchilla, Fiscal General de la República, Lomas del Guijarro, Avenida República Dominicana, Edificio Lomas Plaza II, Tegucigalpa, Honduras. Fax: +504 2221 5667. Correo electrónico: suazog@mp.hn; oscarfernando@me.com
• Sra. Ana Pineda, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos. Correo electrónico: iquintanilla@sjdh.gob.hn
• Sr. Arturo Corrales, Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad. Correo electrónico: doriselsonity@hotmail.com
• Sra. Ethel Deras, Procuradora General de la República. Fax: +504 2239 6182. Correo electrónico: ederass@yahoo.com
• Sr. Ramón Custodio López, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Colonia Florencia Norte, Boulevard Suyapa, Tegucigalpa, Honduras C.A. Telefax: +504 2231 0204 / 2231 0882 / 2235 7697 / 2235 3532. Correo Electrónico: custodiolopez@conadeh.hn
• Sr. Jorge Alberto Rivera Avilés, Presidente de la Corte Suprema de Justicia. cedij@poderjudicial.gob.hn
• Sr. Embajador Efraín Díaz Arrivillaga, Misión Permanente de Honduras ante las Naciones Unidas en Ginebra, Avenue de France 23, 1202 Geneva,, Suiza. Fax: +41 22 710 07 66. Email: mission@hondurasginebra.ch
• Embajada de Honduras en Bruselas, 3 av. Des Gaulois, 1040 Etterbeek, Bélgica. Fax: + 32 2.735.26.26. Email: ambassade.honduras@chello.be
Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de Honduras en sus respectivos países.
París-Ginebra, 26 de septiembre de 2013
Por favor infórmenos sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta.
El Observatorio, programa conjunto de la OMCT y de la FIDH, está destinado a la protección de los defensores de los derechos humanos víctimas de violaciones y a proporcionarles una ayuda cotidiana tan concreta como sea posible.
Para contactar al Observatorio, comuníquese con la Línea de Urgencia:
· E-mail: Appeals@fidh-omct.org
· Tel. y fax: OMCT : + 41 22 809 49 39 / + 41 22 809 49 29
· Tel. y fax: FIDH : + 33 1 43 55 25 18 / + 33 1 43 55 18 80
Policías de Honduras hacen huelga para exigir pago de salarios
Por: TeleSur | Domingo, 29/09/2013
Por: TeleSur | Domingo, 29/09/2013
La policía hondureña se declaró este fin de semana en huelga general
Credito: TeleSur
Credito: TeleSur
29 de septiembre de 2013.- La policía hondureña se declaró este fin de semana en huelga general para exigir a las autoridades del Gobierno el pago de sus servicios, el cual no reciben desde hace más de dos meses.
Medios locales informaron este domingo que 200 funcionarios de la Policía de Tránsito, la Preventiva y de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, participaron en la protesta, que tuvo lugares en varias ciudades del país.
Los funcionarios tomaron este sábado los edificios de la policía en la ciudad de San Pedro Sula, al norte, en señal de protesta.
Algunos de ellos explicaron que el 60 por ciento de los efectivos que sirven en la ciudad del norte de Honduras, no habían cobrado el sueldo y al resto se les debe dos meses.
"Nosotros a esto le llamamos despido injustificado, porque no nos pagan los dos meses, fuimos tres veces a censarnos y nos han borrado del sistema", dijo un funcionario citado en el diario La Tribuna.
Con este acción, la policía se unió a los trabajadores de otros sectores, como el de la salud y los transportistas, que también exige el pago de salarios retrasados.
El presidente de Honduras, Porfirio Lobo , se enfrenta a una crisis financiera sin precedentes, algo que ha llevado a ser frecuente ver escenas de huelgas y manifestaciones de numerosos trabajadores hondureños que solicitan cobrar sus salarios y otros beneficios atrasados.
En abril pasado, 100 agentes de Policía Nacional de Honduras suspendidos por liderar una huelga de mil 800 agentes que pedían mejoras salariales.
Medios locales informaron este domingo que 200 funcionarios de la Policía de Tránsito, la Preventiva y de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, participaron en la protesta, que tuvo lugares en varias ciudades del país.
Los funcionarios tomaron este sábado los edificios de la policía en la ciudad de San Pedro Sula, al norte, en señal de protesta.
Algunos de ellos explicaron que el 60 por ciento de los efectivos que sirven en la ciudad del norte de Honduras, no habían cobrado el sueldo y al resto se les debe dos meses.
"Nosotros a esto le llamamos despido injustificado, porque no nos pagan los dos meses, fuimos tres veces a censarnos y nos han borrado del sistema", dijo un funcionario citado en el diario La Tribuna.
Con este acción, la policía se unió a los trabajadores de otros sectores, como el de la salud y los transportistas, que también exige el pago de salarios retrasados.
El presidente de Honduras, Porfirio Lobo , se enfrenta a una crisis financiera sin precedentes, algo que ha llevado a ser frecuente ver escenas de huelgas y manifestaciones de numerosos trabajadores hondureños que solicitan cobrar sus salarios y otros beneficios atrasados.
En abril pasado, 100 agentes de Policía Nacional de Honduras suspendidos por liderar una huelga de mil 800 agentes que pedían mejoras salariales.
Derechos Humanos
Honduras: Familiares se unen para denunciar asesinatos y desapariciones forzadas
Adital - 02.10.2013
Familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos ocurridas desde 2009 hasta hoy, se reunieron con integrantes de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) para reafirmar su sed de justicia y denunciar, una vez más, casos de asesinatos, desapariciones forzadas y persecuciones por parte del actual gobierno.
Luis Guillermo Pérez Casas y Magdalena Garcés son los integrantes de la misión de la FIDH que están en el país para escuchar a las familias y documentar los casos de violaciones de derechos humanos. Las declaraciones van a dar origen a un informe que se entregará a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Los representantes de la misión van a recolectar también informaciones con representantes de organizaciones sociales, autoridades del gobierno, del Ministerio Público y representantes de la Unión Europea en Honduras.
Durante la reunión, se denunciaron casos como el del profesor Félix Murillo López, asesinado en septiembre de 2009. La víctima era testigo del asesinato de otro profesor y debería haber sido protegido en virtud de las informaciones que tenía, pero fue muerto antes de que ello ocurriera. La madre del profesor denunció que ya pasaron cuatro años y que el Ministerio Público todavía no resolvió el caso ni castigó a los culpables.
Otros casos más recientes fueron el del fiscal de Choluteca, Manuel Eduardo Díaz, asesinado hace cerca de un año y el del campesino José Antonio López Lara, cuyo cadáver fue exhumado hace pocos meses, incluso habiendo sido asesinado hace más de un año. La exhumación sólo fue posible por acción del Comité de Familiares de Detenidos – Desaparecidos en Honduras, (Cofadeh), ya que no hubo interés o iniciativa por parte del poder público para proceder con esta acción.
Neptalí Esquivel sobrevivió a tiros disparados por un militar del Ejército, en 2011, y estuvo en la reunión, aún con dificultades para caminar, a fin de dar su declaración. Esquivel fue alcanzado durante una protesta popular en la comunidad de Planes. A pesar de que todavía es joven, no consigue trabajar a causa de las secuelas de los disparos.
La presencia de los representantes de la misión de la FIDH también generó nuevas denuncias. Según informaciones de ‘Defensores en Línea’, Guillermo Pérez y Magdalena Garcés recibieron de fuentes confiables informaciones sobre atentados contra la vida del periodista Esdras Amado López; de Rafael Alegría, coordinador de Vía Campesina Honduras; de los comunicadores sociales Juan Ramón Flores Hueso y Claudia Garmendia y del dirigente popular Anselmo Romero Ulloa.
Algunos recibieron mensajes de celular con amenazas de muerte, otros fueron informados sobre los atentados inminentes por autoridades del Estado. Como característica común ellos tienen su participación activa en el Frente Nacional de Resistencia y su actuación en Libre, partido en los que son candidatos a diputado.
Ante esto, la Federación Internacional convoca al presidente Porfirio Lobo, al Ministro de Seguridad, Arturo Corrales Álvarez, y demás autoridades competentes para que garanticen la vida y la integridad de estas personas y de sus familiares, además de investigar y castigar a los responsables de las amenazas y demás delitos ya cometidos.
Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com
Honduras: A la jueza Lissien Lisseth Knight Reyes
A las organizaciones de derechos humanos de Honduras
He sabido en estas horas, que se ha citado de urgencia a una nueva audiencia, a Aureliano Molina Villanueva, integrante del COPINH, a quien se le habían ordenado medidas sustitutivas en el juicio que se le sigue en el Juzgado Primero de letras de Intibucá.
Sé que se quiere cambiar estas medidas por prisión preventiva, argumentando que me acompañó a mí en el viaje que hice a Río Blanco.
Quiero aclarar que ese viaje lo hice para participar de una misa, junto con la comunidad lenca; misa que fue brindada por cuatro sacerdotes que, al igual que yo, buscan contribuir a una resolución pacífica de esta situación que afecta duramente a la comunidad.
Dejo constancia que en ningún momento nos acercamos al lugar de los hechos, como busca ser dicho por la Fiscalía.
Reclamo que no se continúe la persecución contra este pueblo y sus líderes, que se resuelva de una vez la libertad definitiva de Berta Cáceres, Aureliano Molina, y Tomás Membreño; y que se termine con la persecución y la judicialización de las defensoras y los defensores de derechos humanos.
Atte.Nora CortiñasMadre de Plaza de Mayo - Línea Fundadora
El objetivo de la citación es cambiar las medidas sustitutivas por prisión preventiva, castigándolo asi por haber viajado junto a Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, hasta Río Blanco, donde participaron de una misa junto a la comunidad.
En ningún momento, los sacerdotes que dieron esa misa, ni la delegación internacional en la que participó Nora Cortiñas, se acercó al lugar de los hechos por los que están acusados los dirigentes del COPINH.
Entendemos que esta citación, y la búsqueda de prisión, es un nuevo momento de agresión al COPINH, y de judicialización de sus luchas.
Rechazamos esta medida, y nos indigna que no se permita a un pueblo, a una comunidad en lucha, y a sus dirigentes, celebrar una misa para pedir por la pacificación de la región
El COPINH llama a sostener la solidaridad con Berta Cáceres, Tomás Membreño, y en este caso, a evitar que se dicte prisión a Aureliano Molina.
Decimos que continuaremos en movilización y lucha, con dignidad.
Honduras: Todas somos Berta, todas somos Magdalena
Tuesday, 01 October 2013
Berta Cáceres
La Red departamental de mujeres «Por una Vida Digna» de Santa Bárbara; aglutinadas a las organizaciones de mujeres, feministas defensoras de derechos Humanos, ambientales, territoriales de Honduras y Mesoamérica nos pronunciamos de la siguiente manera:
Frente a la situación persecución enjuiciamiento y criminalización de compañeras como Berta Cáceres del COPINH a quien la Corte Suprema de Justicia emitió resolución que dicta prisión y donde como pruebas ridículas presentadas en contra de la compañera es que en la defensa de territorios han expresado consignas «El rio no se vende, se cuida y se defiende»
Además la Compañera Magdalena Morales de la organización Campesina CNTC será enjuiciada en la Ciudad de El Progreso este 30 de septiembre por defender los derechos de las campesinas y campesinos, la tierra y la producción soberana de alimentos.
Estas dos acusaciones y criminalización contra las compañeras y otras mujeres defensoras en Honduras, es la expresión de Represión y militarización del Régimen Lobo- Hernández confabulado con gobiernos locales serviles lacayos que favorecen las empresas extractivas y destructoras de los bienes comunes, naturales y territoriales.
Como Red de mujeres de Santa Bárbara alzamos nuestras voces manifestando nuestra indignación y rechazo a la criminalización y enjuiciamiento de las defensoras luchadoras, nos solidarizamos y acompañamos a Berta Cáceres y Magdalena Morales.
¡¡¡¡ NI GOLPES DE ESTADO; NI GOLPES A LAS MUJERES¡¡¡¡¡¡
Santa Bárbara 30 septiembre 2013
Honduras: COMUNICADO CLADEM exige cese de persecución y criminalización a dirigenta indígena hondureña Bertha Cáceres
PREOCUPACIÓN por las continuas amenazas y hostigamiento contra las organizaciones indígenas en Honduras, conforme lo recoge la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)[2] durante su visita en el año 2010, donde específicamente recibió información sobre amenazas y agresiones contra miembros del COPINH, las cuales continuaron conforme detalla en su informe3 del 2012, en que se denuncia el decomiso de equipos en las instalaciones de la radio comunitaria La Voz Lenca, pretendiendo intimidar la labor de difusión de información que ésta realiza4.
DENUNCIA el proceso de criminalización y persecución judicial contra la defensora Bertha Cáceres y otros dirigentes, iniciado desde mayo pasado, cuando fueron detenidos por efectivos militares camino a Rio Blanco cuando se movilizaban para solidarizarse con el bloqueo que realizaba la comunidad rechazando la construcción del proyecto Aguazarca. El 20 de setiembre, la magistrada del Juzgado Primero de Letras, Reyes Lissien Knight emitió resolución judicial determinando la prisión preventiva para Bertha Cáceres, quien actualmente se encuentra privada de libertad en el reclusorio de La Esperanza y medidas sustantivas para Aureliano Molina y Tomás Gómez que entre otros dispone, la prohibición de acercarse al proyecto y les exige presentarse al juzgado a firmar cada 15 días.
RECHAZA cualquier acción de intimidación, amenaza y asesinatos contra los y las defensores/as de los pueblos indígenas, como el ocurrido el 15 de julio pasado, en Intibucá, donde fue asesinado Tomas García, miembro del Consejo Indígena y Auxiliar de la comunidad y integrante activo del COPINH por un efectivo del ejército de Honduras; mientras la comunidad se desplazaba de manera pacífica en oposición a la construcción del proyecto. Igualmente la militarización creciente5 de la región dispuesta por el gobierno, la persecución judicial y represión política contra sus líderes comunitarios, así como el desalojo de territorio que les pertenece, conforme a resolución judicial, acusándolos de usurpar su propio un territorio.
RECUERDA que el Estado hondureño ha ratificado instrumentos internacionales de derechos humanos obligándose al respeto a los Derechos de los Pueblos Indígenas y al Medio Ambiente, Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos de Consulta Previa, Libre e Informada, Convenio No. 169 de la OIT. A nivel nacional, el artículo 346º de su Constitución establece el deber del Estado de dictar medidas de protección de los derechos e intereses de las comunidades indígenas, especialmente de las tierras y bosques donde estuvieren asentadas. Que el proyecto hidroeléctrico en mención viola los derechos de los pueblos indígenas en relación al reconocimiento del derecho a la propiedad y a la posesión de las tierras que tradicionalmente han ocupado6. Igualmente viola el derecho a la consulta previa libre e informada y a garantizar la participación de los pueblos indígenas en las decisiones relativas a cualquier medida que afecte sus territorios7, asimismo ha incumplido en abstenerse de otorgar permisos o concesiones para realizar proyectos de desarrollo o inversión a gran escala que tienen un impacto significativo en el uso y goce de las tierras y territorios de los pueblos indígenas.
REAFIRMA que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado “para las comunidades indígenas la relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras”[8] y que la CIDH9 ha manifestado que existe una creciente iniciación de acciones penales en algunos países en contra de líderes indígenas quienes participan en protestas para la reivindicación de derechos bajo el argumento de que supuestamente atentarían contra la seguridad del Estado o contra la propiedad privada.
LLAMA LA ATENCIÓN que el proceso judicial contra Berta Cáceres es el de toda Honduras, pero con una situación especial porque en los departamentos de Intibucá, Comayagua y Santa Bárbara hay territorios indígenas ancestrales que tienen una historia muy arraigada hacia la Madre Tierra. La propia CIDH ha reconocido que la situación de los pueblos indígenas en Honduras continúa enfrentando serios desafíos relativos entre otros a la persistente amenaza de los megaproyectos, y la falta de tutela efectiva de los pueblos indígenas por parte del Estado.
EXIGE al Estado hondureño y la comunidad internacional tomar en consideración que la detención de Bertha Cáceres y los dos integrantes del COPINH se realiza en un contexto de represión, ocupación militar y criminalización de la lucha, en base a cargos no probados, como fue en principio el de posesión ilegal de armas, cargos que fueron desestimados por falta de evidencias y ahora se les acusa de coacción y usurpación y daños económicos continuados, que no es más que la criminalización y represión de sus acciones. Conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos10, nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas y métodos queaun calificados de legales puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles o faltos de proporcionalidad. Así como también, que la medida de detención preventiva, no debe entenderse como regla general, debiendo ser esta de carácter excepcional, sin la existencia de una motivación fundamentada que determine la necesidad de continuar con esta medida, lo cual vulnera los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad, indispensables en una sociedad democrática11
Leer el documento completo
www.cladem.org
30 de Septiembre, 2013
[1] El Pueblo Lenca se opone a la construcción del proyecto en mención, pues considera que este agrede su hábitat, privatiza el Río Gualcarque y sus afluentes por más de 20 años, destruye patrimonios culturales y económicos, conlleva al desplazamiento de su población y afecta su derecho al agua, continuar con su construcción significaría un irrespeto a la autodeterminación de la comunidad y un desprecio a la cultura indígena.
[2] Observaciones preliminares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre su visita a honduras realizada del 15 al 18 de mayo de 2010.
[3] Observaciones del Estado de Honduras al Proyecto de Informe General sobre la Situación de Derechos Humanos en Honduras. párr.. 150. 2012
[4] Conexión. 15 de noviembre de 2012. COPINH denuncia amenazas a la Radio La Voz Lenca; Telesur. 15 de noviembre de 2012. La Voz Lenca denuncia asedio por parte del Conatel.
[5] Ya la CIDH en el capítulo IV del Informe Anual 2012, había observado ¨…que el empleo de miembros de las fuerzas armadas en actividades policíacas debe realizarse sólo de manera excepcional y con respeto y atención constante a la protección de los derechos humanos. Como lo ha mencionado la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, este tipo de acciones deben ir también encaminadas a evitar caer en un estado de impunidad en relación con posibles violaciones a los derechos humanos
[6] Artículo 14 del Convenio 169 de la OIT
[7] En abril de 2012, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) denunció la existencia de aproximadamente 15 proyectos que afectan tierras y territorios indígenas, particularmente del pueblo Lenca, y que no llevaron un proceso de consulta previa.
[8] Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 149. Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párrs. 124, 131. Corte IDH. Caso Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de noviembre 2004. Serie CNo. 116, párr. 85.
[9] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Segundo informe sobre la situación de las defensoras y defensores de los derechos humanos en las Américas. 2011. párr. 107.
[10] Articulo 7.3
[11] Corte IDH. Caso Acosta Calderón vs Ecuador. Párr. 74. Sentencia 24 de junio de 2005 (fondo, reparaciones y costas).
Honduras: PRONUNCIAMIENTO del Frente Departamental de Resistencia Popular de Lempira
Honduras: Familiares se unen para denunciar asesinatos y desapariciones forzadas
Adital - 02.10.2013
Luis Guillermo Pérez Casas y Magdalena Garcés son los integrantes de la misión de la FIDH que están en el país para escuchar a las familias y documentar los casos de violaciones de derechos humanos. Las declaraciones van a dar origen a un informe que se entregará a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Los representantes de la misión van a recolectar también informaciones con representantes de organizaciones sociales, autoridades del gobierno, del Ministerio Público y representantes de la Unión Europea en Honduras.
Durante la reunión, se denunciaron casos como el del profesor Félix Murillo López, asesinado en septiembre de 2009. La víctima era testigo del asesinato de otro profesor y debería haber sido protegido en virtud de las informaciones que tenía, pero fue muerto antes de que ello ocurriera. La madre del profesor denunció que ya pasaron cuatro años y que el Ministerio Público todavía no resolvió el caso ni castigó a los culpables.
Otros casos más recientes fueron el del fiscal de Choluteca, Manuel Eduardo Díaz, asesinado hace cerca de un año y el del campesino José Antonio López Lara, cuyo cadáver fue exhumado hace pocos meses, incluso habiendo sido asesinado hace más de un año. La exhumación sólo fue posible por acción del Comité de Familiares de Detenidos – Desaparecidos en Honduras, (Cofadeh), ya que no hubo interés o iniciativa por parte del poder público para proceder con esta acción.
Neptalí Esquivel sobrevivió a tiros disparados por un militar del Ejército, en 2011, y estuvo en la reunión, aún con dificultades para caminar, a fin de dar su declaración. Esquivel fue alcanzado durante una protesta popular en la comunidad de Planes. A pesar de que todavía es joven, no consigue trabajar a causa de las secuelas de los disparos.
La presencia de los representantes de la misión de la FIDH también generó nuevas denuncias. Según informaciones de ‘Defensores en Línea’, Guillermo Pérez y Magdalena Garcés recibieron de fuentes confiables informaciones sobre atentados contra la vida del periodista Esdras Amado López; de Rafael Alegría, coordinador de Vía Campesina Honduras; de los comunicadores sociales Juan Ramón Flores Hueso y Claudia Garmendia y del dirigente popular Anselmo Romero Ulloa.
Algunos recibieron mensajes de celular con amenazas de muerte, otros fueron informados sobre los atentados inminentes por autoridades del Estado. Como característica común ellos tienen su participación activa en el Frente Nacional de Resistencia y su actuación en Libre, partido en los que son candidatos a diputado.
Ante esto, la Federación Internacional convoca al presidente Porfirio Lobo, al Ministro de Seguridad, Arturo Corrales Álvarez, y demás autoridades competentes para que garanticen la vida y la integridad de estas personas y de sus familiares, además de investigar y castigar a los responsables de las amenazas y demás delitos ya cometidos.
Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com
Honduras: A la jueza Lissien Lisseth Knight Reyes
A las organizaciones de derechos humanos de Honduras
He sabido en estas horas, que se ha citado de urgencia a una nueva audiencia, a Aureliano Molina Villanueva, integrante del COPINH, a quien se le habían ordenado medidas sustitutivas en el juicio que se le sigue en el Juzgado Primero de letras de Intibucá.
Sé que se quiere cambiar estas medidas por prisión preventiva, argumentando que me acompañó a mí en el viaje que hice a Río Blanco.
Quiero aclarar que ese viaje lo hice para participar de una misa, junto con la comunidad lenca; misa que fue brindada por cuatro sacerdotes que, al igual que yo, buscan contribuir a una resolución pacífica de esta situación que afecta duramente a la comunidad.
Dejo constancia que en ningún momento nos acercamos al lugar de los hechos, como busca ser dicho por la Fiscalía.
Reclamo que no se continúe la persecución contra este pueblo y sus líderes, que se resuelva de una vez la libertad definitiva de Berta Cáceres, Aureliano Molina, y Tomás Membreño; y que se termine con la persecución y la judicialización de las defensoras y los defensores de derechos humanos.
Atte.Nora CortiñasMadre de Plaza de Mayo - Línea Fundadora
Pasaporte 00019538
Desde Buenos Aires, Argentina, 2 de octubre de 2013
Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras - COPINH
Bo. Las Delicias, Intibucá, Intibucá; copinh@copinh.org; copinhonduras.blogspot.com
Tel. (504) 2783-0817; http://copinh.org; FB: Copinh Intibucá; twitter: @copinhhonduras
COMUNICADO URGENTE
Para el día de mañana, 3 de octubre, fue citado a una nueva audiencia, Aureliano Molina Villanueva, integrante del COPINH, en el Juzgado Primero de letras de Intibucá.
El objetivo de la citación es cambiar las medidas sustitutivas por prisión preventiva, castigándolo asi por haber viajado junto a Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, hasta Río Blanco, donde participaron de una misa junto a la comunidad.
En ningún momento, los sacerdotes que dieron esa misa, ni la delegación internacional en la que participó Nora Cortiñas, se acercó al lugar de los hechos por los que están acusados los dirigentes del COPINH.
Entendemos que esta citación, y la búsqueda de prisión, es un nuevo momento de agresión al COPINH, y de judicialización de sus luchas.
Rechazamos esta medida, y nos indigna que no se permita a un pueblo, a una comunidad en lucha, y a sus dirigentes, celebrar una misa para pedir por la pacificación de la región
El COPINH llama a sostener la solidaridad con Berta Cáceres, Tomás Membreño, y en este caso, a evitar que se dicte prisión a Aureliano Molina.
Decimos que continuaremos en movilización y lucha, con dignidad.
¡LOS RÍOS NO SE VENDEN, SE CUIDAN Y SE DEFIENDEN!
¡A MAS REPRESIÓN, MAS LUCHA Y ORGANIZACIÓN!
¡Con la fuerza ancestral de Iselaca, Lempira, Mota y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, dignidad, libertad y paz!
INTIBUCÁ, COPINH
twitter: @COPINHHONDURAS
Honduras: Todas somos Berta, todas somos Magdalena
Tuesday, 01 October 2013
Frente a la situación persecución enjuiciamiento y criminalización de compañeras como Berta Cáceres del COPINH a quien la Corte Suprema de Justicia emitió resolución que dicta prisión y donde como pruebas ridículas presentadas en contra de la compañera es que en la defensa de territorios han expresado consignas «El rio no se vende, se cuida y se defiende»
Además la Compañera Magdalena Morales de la organización Campesina CNTC será enjuiciada en la Ciudad de El Progreso este 30 de septiembre por defender los derechos de las campesinas y campesinos, la tierra y la producción soberana de alimentos.
Estas dos acusaciones y criminalización contra las compañeras y otras mujeres defensoras en Honduras, es la expresión de Represión y militarización del Régimen Lobo- Hernández confabulado con gobiernos locales serviles lacayos que favorecen las empresas extractivas y destructoras de los bienes comunes, naturales y territoriales.
Como Red de mujeres de Santa Bárbara alzamos nuestras voces manifestando nuestra indignación y rechazo a la criminalización y enjuiciamiento de las defensoras luchadoras, nos solidarizamos y acompañamos a Berta Cáceres y Magdalena Morales.
¡¡¡¡ NI GOLPES DE ESTADO; NI GOLPES A LAS MUJERES¡¡¡¡¡¡
Santa Bárbara 30 septiembre 2013
Honduras: COMUNICADO CLADEM exige cese de persecución y criminalización a dirigenta indígena hondureña Bertha Cáceres
El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM, expresa su preocupación, rechazo e indignación por la prisión preventiva contra Bertha Cáceres y las medidas sustitutivas contra Aureliano Molina y Tomás Gómez, integrantes del COPINH – Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras- dictado por el juzgado de Intibucá, acusados por los delitos de usurpación, coacción y daños a la empresa DESA, que pretende llevar a cabo el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en territorio ancestral del pueblo indígena Lenca1, y manifiesta lo siguiente:
PREOCUPACIÓN por las continuas amenazas y hostigamiento contra las organizaciones indígenas en Honduras, conforme lo recoge la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)[2] durante su visita en el año 2010, donde específicamente recibió información sobre amenazas y agresiones contra miembros del COPINH, las cuales continuaron conforme detalla en su informe3 del 2012, en que se denuncia el decomiso de equipos en las instalaciones de la radio comunitaria La Voz Lenca, pretendiendo intimidar la labor de difusión de información que ésta realiza4.
DENUNCIA el proceso de criminalización y persecución judicial contra la defensora Bertha Cáceres y otros dirigentes, iniciado desde mayo pasado, cuando fueron detenidos por efectivos militares camino a Rio Blanco cuando se movilizaban para solidarizarse con el bloqueo que realizaba la comunidad rechazando la construcción del proyecto Aguazarca. El 20 de setiembre, la magistrada del Juzgado Primero de Letras, Reyes Lissien Knight emitió resolución judicial determinando la prisión preventiva para Bertha Cáceres, quien actualmente se encuentra privada de libertad en el reclusorio de La Esperanza y medidas sustantivas para Aureliano Molina y Tomás Gómez que entre otros dispone, la prohibición de acercarse al proyecto y les exige presentarse al juzgado a firmar cada 15 días.
RECHAZA cualquier acción de intimidación, amenaza y asesinatos contra los y las defensores/as de los pueblos indígenas, como el ocurrido el 15 de julio pasado, en Intibucá, donde fue asesinado Tomas García, miembro del Consejo Indígena y Auxiliar de la comunidad y integrante activo del COPINH por un efectivo del ejército de Honduras; mientras la comunidad se desplazaba de manera pacífica en oposición a la construcción del proyecto. Igualmente la militarización creciente5 de la región dispuesta por el gobierno, la persecución judicial y represión política contra sus líderes comunitarios, así como el desalojo de territorio que les pertenece, conforme a resolución judicial, acusándolos de usurpar su propio un territorio.
RECUERDA que el Estado hondureño ha ratificado instrumentos internacionales de derechos humanos obligándose al respeto a los Derechos de los Pueblos Indígenas y al Medio Ambiente, Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos de Consulta Previa, Libre e Informada, Convenio No. 169 de la OIT. A nivel nacional, el artículo 346º de su Constitución establece el deber del Estado de dictar medidas de protección de los derechos e intereses de las comunidades indígenas, especialmente de las tierras y bosques donde estuvieren asentadas. Que el proyecto hidroeléctrico en mención viola los derechos de los pueblos indígenas en relación al reconocimiento del derecho a la propiedad y a la posesión de las tierras que tradicionalmente han ocupado6. Igualmente viola el derecho a la consulta previa libre e informada y a garantizar la participación de los pueblos indígenas en las decisiones relativas a cualquier medida que afecte sus territorios7, asimismo ha incumplido en abstenerse de otorgar permisos o concesiones para realizar proyectos de desarrollo o inversión a gran escala que tienen un impacto significativo en el uso y goce de las tierras y territorios de los pueblos indígenas.
REAFIRMA que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado “para las comunidades indígenas la relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras”[8] y que la CIDH9 ha manifestado que existe una creciente iniciación de acciones penales en algunos países en contra de líderes indígenas quienes participan en protestas para la reivindicación de derechos bajo el argumento de que supuestamente atentarían contra la seguridad del Estado o contra la propiedad privada.
LLAMA LA ATENCIÓN que el proceso judicial contra Berta Cáceres es el de toda Honduras, pero con una situación especial porque en los departamentos de Intibucá, Comayagua y Santa Bárbara hay territorios indígenas ancestrales que tienen una historia muy arraigada hacia la Madre Tierra. La propia CIDH ha reconocido que la situación de los pueblos indígenas en Honduras continúa enfrentando serios desafíos relativos entre otros a la persistente amenaza de los megaproyectos, y la falta de tutela efectiva de los pueblos indígenas por parte del Estado.
EXIGE al Estado hondureño y la comunidad internacional tomar en consideración que la detención de Bertha Cáceres y los dos integrantes del COPINH se realiza en un contexto de represión, ocupación militar y criminalización de la lucha, en base a cargos no probados, como fue en principio el de posesión ilegal de armas, cargos que fueron desestimados por falta de evidencias y ahora se les acusa de coacción y usurpación y daños económicos continuados, que no es más que la criminalización y represión de sus acciones. Conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos10, nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas y métodos que
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www.cladem.org
30 de Septiembre, 2013
[1] El Pueblo Lenca se opone a la construcción del proyecto en mención, pues considera que este agrede su hábitat, privatiza el Río Gualcarque y sus afluentes por más de 20 años, destruye patrimonios culturales y económicos, conlleva al desplazamiento de su población y afecta su derecho al agua, continuar con su construcción significaría un irrespeto a la autodeterminación de la comunidad y un desprecio a la cultura indígena.
[2] Observaciones preliminares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre su visita a honduras realizada del 15 al 18 de mayo de 2010.
[3] Observaciones del Estado de Honduras al Proyecto de Informe General sobre la Situación de Derechos Humanos en Honduras. párr.. 150. 2012
[4] Conexión. 15 de noviembre de 2012. COPINH denuncia amenazas a la Radio La Voz Lenca; Telesur. 15 de noviembre de 2012. La Voz Lenca denuncia asedio por parte del Conatel.
[5] Ya la CIDH en el capítulo IV del Informe Anual 2012, había observado ¨…que el empleo de miembros de las fuerzas armadas en actividades policíacas debe realizarse sólo de manera excepcional y con respeto y atención constante a la protección de los derechos humanos. Como lo ha mencionado la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, este tipo de acciones deben ir también encaminadas a evitar caer en un estado de impunidad en relación con posibles violaciones a los derechos humanos
[6] Artículo 14 del Convenio 169 de la OIT
[7] En abril de 2012, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) denunció la existencia de aproximadamente 15 proyectos que afectan tierras y territorios indígenas, particularmente del pueblo Lenca, y que no llevaron un proceso de consulta previa.
[8] Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 149. Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párrs. 124, 131. Corte IDH. Caso Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de noviembre 2004. Serie CNo. 116, párr. 85.
[9] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Segundo informe sobre la situación de las defensoras y defensores de los derechos humanos en las Américas. 2011. párr. 107.
[10] Articulo 7.3
[11] Corte IDH. Caso Acosta Calderón vs Ecuador. Párr. 74. Sentencia 24 de junio de 2005 (fondo, reparaciones y costas).
Honduras: PRONUNCIAMIENTO del Frente Departamental de Resistencia Popular de Lempira
El Frente Departamental de Resistencia Popular del departamento de Lempira, estructura social popular surgida del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), comprometido en la defensa de la vida de nuestros hermanos(as) hondureños en general y de manera especial en aquellos que luchan por la conservación de los Bienes Comunes de los hondureños, se manifiesta en los siguientes términos:
CONSIDERANDO QUE:
1. El Gobierno de Honduras es un gobierno espurio, surgido al calor de prácticas políticas irregulares y con un bajo nivel de legitimidad en el pueblo hondureño. Los crímenes y la persecución política desatados a partir del Golpe de Estado, han quedado impunes. Los niveles de criminalización y avasallamiento de la protesta social han llegado a sus límites institucionales en Honduras.
2. Los grupos económicos ligados al Golpe de Estado son cómplices en una estrategia capitalista que destruye a Honduras, a sus ecosistemas y a sus pueblos. Lo que priva hoy en Honduras son las nuevas formas de acumulación económica que suponen la eliminación de las formas tradicionales y originarias, en perjuicio de pueblos enteros, de sus expresiones sociales, culturales y autóctonas.
3. Desde hace varios años las comunidades Lencas que conforman el sector de Río Blanco, organizadas en el COPINH, han venido denunciando al Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca por la amenaza que representa para la vida de las comunidades. La concesión del río para dicho proyecto, fue otorgada por el Congreso Nacional con el aval de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, SERNA, en septiembre del 2010 a la Empresa Desarrollo Energético Sociedad Anónima. DESA, con la participación de la trasnacional estatal SINOHYDRO, inicialmente otorgada por un periodo de 30 años. Esta concesión se ha hecho de manera ilegal y corrupta, favoreciendo a las empresas anteriormente mencionadas.
4. La concesión fue otorgada irrespetuosamente y sin consulta, violentando, en el caso de los Pueblos Originarios, el Derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada, el Convenio 169 de la OIT Sobre Pueblos Indígenas y Tribales del Mundo, la Declaración de la ONU Sobre Pueblos Indígena, títulos antiguos y al derecho ancestral al territorio como fuente de vida, sus culturas y espiritualidad, patrimonios económicos y comunitarios
6. La comunidad decidió en un proceso asambleario indígena defender su territorio, por lo que desde el 01 de abril del 2013 hasta el día de hoy 23 de setiembre, han realizado diversas acciones en su defensa.
7. La empresa DESA con un equipo grande de abogados, junto con el Ministerio Publico presentaron una denuncia contra Berta Cáceres, Aureliano Molina y Tomás Membreño acusándolos de coacción, usurpación y daños continuados contra la empresa DESA, encubriendo el verdadero conflicto que es la agresión al territorio Lenca y la legitima acción de defensa que hace el COPINH. El pasado 20 de setiembre del 2013 se les dictó prisión preventiva a la compañera Berta Cáceres, Aureliano Molina y Tomás Membreño le dictó otras medidas cautelares tales como no acercarse a Río Blanco y firmar cada 15 días en el juzgado.
POR TANTO, EXIGIMOS AL GOBIERNO DE HONDURAS:
1. Se deje sin efecto la sentencia contra la compañera Bertha Cáceres Vasquez hasta tanto no se cumplan las condiciones políticas y de derechos humanos, mínimas para que se desarrolle un juicio justo, transparente y legal.
2. Se suspenda la orden de desalojo del pueblo en resistencia en Río Blanco.
3. No se continúe con el proyecto de explotación de energía hidroeléctrica en la región del Río Blanco.
4. Que se respete la voluntad popular de los habitantes de las comunidades afectadas negativamente por la construcción de dicho proyecto.
5. Dejar sin valor y efecto todas las acciones relacionadas con la implementación de la explotación de energía hidroeléctrica como ser: Desalojo de los pobladores Lencas de las zonas de protesta popular, expulsión de sus tierras y su río que tiene un invaluable significado en su cosmogonía como pueblos originarios de nuestra Honduras
¡Resistimos y Venceremos! Frente Departamental de Resistencia Popular de Lempira 27 de septiembre de 2013
2. Los grupos económicos ligados al Golpe de Estado son cómplices en una estrategia capitalista que destruye a Honduras, a sus ecosistemas y a sus pueblos. Lo que priva hoy en Honduras son las nuevas formas de acumulación económica que suponen la eliminación de las formas tradicionales y originarias, en perjuicio de pueblos enteros, de sus expresiones sociales, culturales y autóctonas.
3. Desde hace varios años las comunidades Lencas que conforman el sector de Río Blanco, organizadas en el COPINH, han venido denunciando al Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca por la amenaza que representa para la vida de las comunidades. La concesión del río para dicho proyecto, fue otorgada por el Congreso Nacional con el aval de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, SERNA, en septiembre del 2010 a la Empresa Desarrollo Energético Sociedad Anónima. DESA, con la participación de la trasnacional estatal SINOHYDRO, inicialmente otorgada por un periodo de 30 años. Esta concesión se ha hecho de manera ilegal y corrupta, favoreciendo a las empresas anteriormente mencionadas.
4. La concesión fue otorgada irrespetuosamente y sin consulta, violentando, en el caso de los Pueblos Originarios, el Derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada, el Convenio 169 de la OIT Sobre Pueblos Indígenas y Tribales del Mundo, la Declaración de la ONU Sobre Pueblos Indígena, títulos antiguos y al derecho ancestral al territorio como fuente de vida, sus culturas y espiritualidad, patrimonios económicos y comunitarios
6. La comunidad decidió en un proceso asambleario indígena defender su territorio, por lo que desde el 01 de abril del 2013 hasta el día de hoy 23 de setiembre, han realizado diversas acciones en su defensa.
7. La empresa DESA con un equipo grande de abogados, junto con el Ministerio Publico presentaron una denuncia contra Berta Cáceres, Aureliano Molina y Tomás Membreño acusándolos de coacción, usurpación y daños continuados contra la empresa DESA, encubriendo el verdadero conflicto que es la agresión al territorio Lenca y la legitima acción de defensa que hace el COPINH. El pasado 20 de setiembre del 2013 se les dictó prisión preventiva a la compañera Berta Cáceres, Aureliano Molina y Tomás Membreño le dictó otras medidas cautelares tales como no acercarse a Río Blanco y firmar cada 15 días en el juzgado.
POR TANTO, EXIGIMOS AL GOBIERNO DE HONDURAS:
1. Se deje sin efecto la sentencia contra la compañera Bertha Cáceres Vasquez hasta tanto no se cumplan las condiciones políticas y de derechos humanos, mínimas para que se desarrolle un juicio justo, transparente y legal.
2. Se suspenda la orden de desalojo del pueblo en resistencia en Río Blanco.
3. No se continúe con el proyecto de explotación de energía hidroeléctrica en la región del Río Blanco.
4. Que se respete la voluntad popular de los habitantes de las comunidades afectadas negativamente por la construcción de dicho proyecto.
5. Dejar sin valor y efecto todas las acciones relacionadas con la implementación de la explotación de energía hidroeléctrica como ser: Desalojo de los pobladores Lencas de las zonas de protesta popular, expulsión de sus tierras y su río que tiene un invaluable significado en su cosmogonía como pueblos originarios de nuestra Honduras
Honduras: Comunicado Foro de Mujeres por la Vida
2. La persecución y represión llaga a los límites cuando se criminaliza a las defensoras de los Derechos Humanas, como nuestra compañera Berta Cáceres, Coordinadora del COPINH y defensora de nuestros bienes naturales. Berta a quien se le dicto auto de prisión el 20 de Septiembre, por luchar, por ser parte de una población que ama esta tierra, por enfrentar una trasnacional que pretende apropiarse de nuestro territorio y robarle el derecho a decidir a los pueblos indígenas, hoy se declara perseguida política.
Hoy todas somos Berta y con voz fuerte en cada rincón de Honduras, exigimos LIBERTAD, para Berta, para Magdalena quien enfrentara un juicio este lunes 30 de septiembre. LIBERTAD para todas y para nuestro pueblo.
3. En este momento, nos encontramos unidas, defendiendo la esperanza, construyendo matria a pesar de muchos. Nos convocamos todas en distintos puntos de la región nor-occidental a una lucha contra la militarización disfrazada de seguridad, contra el armamentismo, contra el saqueo de nuestro territorio, contra la represión, contra el miedo
Nosotras mujeres indígenas, jóvenes, niñas, afrodecendientes, campesinas, pobladoras, con retos especiales, urbanas, rurales, obreras, académicas, profesionales, artista; exigimos libertad, seguridad como un derecho humano que parte de el goce de todos nuestros derechos y nuestra autonomía. Exigimos una vida libre de violencias y miedos.
Nosotras seguimos cantando, soñando, construyendo, resistiendo, transformando.
Red de Mujeres de El Progreso.
Red de Mujeres de San Francisco de Yojoa.
Madres de Paso a Paso
Centro de Derechos de Mujeres
Red Contra la Violencia de Marcala
Sindicato de trabajadoras y trabajadores del Registro Nacional de las Personas.
Federación Unitaria de Trabajadoras y trabajadores de Honduras FUTH
Red de Mujeres de Santa Bárbara
Asociación Femenina Rita Pendergast – AFERPEG
Unidad de Desarrollo Integral de la Mujer y la Familia UDIMUF
Organización Fraternal Negra de Honduras – OFRANEH
Colectivo Unidad Color Rosa
Red de Mujeres Jóvenes de Cortés
Mujeres Artesanas
Feministas Universitarias
Equipo de Monitoreo Independiente de Honduras – EMIH
Red de Mujeres para el Desarrollo del Valle del Aguán.
Cooperativa Mixta Femenina Limitada – COMFEL
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia – MADJ
Colectivo Amplio de Mujeres Limeñas – CAMUL
Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Empresa Nacional Portuaria
Comunicación Comunitaria – COMUN
Red de Mujeres de Tela
Colectivo de Mujeres Trabajadoras de Honduras COMUTRAH
Hermanas de San José
Colegio de Profesoras y Profesores de Educación Media de Honduras – COPEMH
Tejedoras de Sueños
Movimiento Campesino de San Manuel Cortés – MOCSAM
Movimiento de Jóvenes de la Colonia López Arellano y Aledaños – MODEJCLAA
Hermanas de la Misericordia
Movimiento de Mujeres de la Colonia López Arellano y Aledaños. MOMUCLAA
Red de Mujeres de Potrerillos.
Red de Mujeres Jóvenes de Potrerillos.
Radio Progreso
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación – ERIC
Envío:Amarelle
Puerto Cortés, Honduras, 28 de Septiembre 2013.
Mujeres organizadas de distintos puntos de la región noroccidental, conectadas en la juntada anual del Foro de Mujeres por la Vida, manifestamos ante la comunidad nacional e internacional que:
1. Las mujeres en Honduras estamos en una situación de riesgo e inseguridad, la violencia en sus distintas manifestaciones está marcando nuestras vidas de miedo, dolor y luto. Mientras el Estado, continúa militarizando nuestro país y generando más violencias. Y aunque muchos se niegan a nombrarla, las hondureñas nos encontramos en una guerra, donde nuestros cuerpos son un campo de batalla.
Mujeres organizadas de distintos puntos de la región noroccidental, conectadas en la juntada anual del Foro de Mujeres por la Vida, manifestamos ante la comunidad nacional e internacional que:
1. Las mujeres en Honduras estamos en una situación de riesgo e inseguridad, la violencia en sus distintas manifestaciones está marcando nuestras vidas de miedo, dolor y luto. Mientras el Estado, continúa militarizando nuestro país y generando más violencias. Y aunque muchos se niegan a nombrarla, las hondureñas nos encontramos en una guerra, donde nuestros cuerpos son un campo de batalla.
2. La persecución y represión llaga a los límites cuando se criminaliza a las defensoras de los Derechos Humanas, como nuestra compañera Berta Cáceres, Coordinadora del COPINH y defensora de nuestros bienes naturales. Berta a quien se le dicto auto de prisión el 20 de Septiembre, por luchar, por ser parte de una población que ama esta tierra, por enfrentar una trasnacional que pretende apropiarse de nuestro territorio y robarle el derecho a decidir a los pueblos indígenas, hoy se declara perseguida política.
Hoy todas somos Berta y con voz fuerte en cada rincón de Honduras, exigimos LIBERTAD, para Berta, para Magdalena quien enfrentara un juicio este lunes 30 de septiembre. LIBERTAD para todas y para nuestro pueblo.
3. En este momento, nos encontramos unidas, defendiendo la esperanza, construyendo matria a pesar de muchos. Nos convocamos todas en distintos puntos de la región nor-occidental a una lucha contra la militarización disfrazada de seguridad, contra el armamentismo, contra el saqueo de nuestro territorio, contra la represión, contra el miedo
Nosotras mujeres indígenas, jóvenes, niñas, afrodecendientes, campesinas, pobladoras, con retos especiales, urbanas, rurales, obreras, académicas, profesionales, artista; exigimos libertad, seguridad como un derecho humano que parte de el goce de todos nuestros derechos y nuestra autonomía. Exigimos una vida libre de violencias y miedos.
Nosotras seguimos cantando, soñando, construyendo, resistiendo, transformando.
Red de Mujeres de El Progreso.
Red de Mujeres de San Francisco de Yojoa.
Madres de Paso a Paso
Centro de Derechos de Mujeres
Red Contra la Violencia de Marcala
Sindicato de trabajadoras y trabajadores del Registro Nacional de las Personas.
Federación Unitaria de Trabajadoras y trabajadores de Honduras FUTH
Red de Mujeres de Santa Bárbara
Asociación Femenina Rita Pendergast – AFERPEG
Unidad de Desarrollo Integral de la Mujer y la Familia UDIMUF
Organización Fraternal Negra de Honduras – OFRANEH
Colectivo Unidad Color Rosa
Red de Mujeres Jóvenes de Cortés
Mujeres Artesanas
Feministas Universitarias
Equipo de Monitoreo Independiente de Honduras – EMIH
Red de Mujeres para el Desarrollo del Valle del Aguán.
Cooperativa Mixta Femenina Limitada – COMFEL
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia – MADJ
Colectivo Amplio de Mujeres Limeñas – CAMUL
Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Empresa Nacional Portuaria
Comunicación Comunitaria – COMUN
Red de Mujeres de Tela
Colectivo de Mujeres Trabajadoras de Honduras COMUTRAH
Hermanas de San José
Colegio de Profesoras y Profesores de Educación Media de Honduras – COPEMH
Tejedoras de Sueños
Movimiento Campesino de San Manuel Cortés – MOCSAM
Movimiento de Jóvenes de la Colonia López Arellano y Aledaños – MODEJCLAA
Hermanas de la Misericordia
Movimiento de Mujeres de la Colonia López Arellano y Aledaños. MOMUCLAA
Red de Mujeres de Potrerillos.
Red de Mujeres Jóvenes de Potrerillos.
Radio Progreso
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación – ERIC
Envío:Amarelle
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