Lunes 24 de Agosto
Facundo Alé
La diputada por el Frente Amplio en Uruguay, Macarena Gelman, nieta del poeta y escritor argentino, también integra el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia que investiga los crímenes de lesa humanidad.
Fue una de las víctimas del Plan Cóndor, cuando en agosto de 1976 sus padres fueron secuestrados en Buenos Aires y asesinados en Uruguay. 13 compartidos "Tenemos mucho que aprender de la Argentina"
"Tenemos mucho que aprender de la Argentina" Macarena Gelman ocupa desde el 15 de febrero pasado una banca en la Cámara de Diputados de Uruguay por el gobernante Frente Amplio.
Forma parte también del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia que el presidente, Tabaré Vázquez, creó por decreto a comienzos de año, con el objetivo de investigar los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el terrorismo de Estado que tuvo lugar en ese país entre los años 1973 y 1985.
Según consignó Tiempo Argentino, Macarena fue una de las víctimas del Plan Cóndor, cuando en agosto de 1976 sus padres biológicos, Marcelo Ariel Gelman y María Claudia García Iruretagoyena, fueron secuestrados en Buenos Aires, trasladados a Uruguay y luego asesinados. Ella era una recién nacida cuando fue entregada a manos de sus padres adoptivos, hasta que a los 23 años conoció su verdadera identidad. Esa trágica historia la acercó a la lucha en defensa de los Derechos Humanos.
En la entrevista que le concedió a Tiempo Argentino, Macarena destaca la creación de la comisión, similar a la Conadep argentina, que busca garantizar el avance y seguimiento de las "causas y sentencias vinculadas con los delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura uruguaya", y celebra que hoy el tema de los Derechos Humanos se encuentra "en la agenda de los medios" de su país, "lo cual antes no sucedía".
La diputada pronosticó que “el tema de la integración regional, más allá de los distintos enfoques que puedan haber, seguirá siendo una cuestión central en el gobierno de Montevideo”.
Además, marca como un hecho fundamental en su país que los jueces ya "no están aplicando la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado", o como se la llama, peyorativamente, Ley de Impunidad.
–Si tuviera que hacer un diagnóstico, ¿en qué instancia se encuentra el proceso de esclarecimiento sobre los delitos de la dictadura militar en Uruguay?
–Los primeros gobiernos democráticos después de los años de dictadura tuvieron una clara política de silencio y ocultamiento sobre lo que había pasado en nuestro país. Esto se terminó en los últimos diez años, cuando asumió su primer gobierno el doctor Tabaré Vázquez. Nadie puede negar que en ese período se registraron en Uruguay los avances más significativos en materia de Derechos Humanos, con el progreso de las causas y el hallazgo de cuerpos y de gente con vida, como yo. Afortunadamente hoy el tema está en la agenda de los medios, lo cual antes no sucedía.
–¿Qué resultados espera obtener con la conformación del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia?
–Se trata de una iniciativa del Poder Ejecutivo que le da autonomía a sus miembros para trabajar, proponer, sugerir y avanzar en materia de Derechos Humanos. El objetivo fundamental de este grupo es realizar un seguimiento de las causas y las sentencias vinculadas con los delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura uruguaya, debido a que hay mucha información dispersa que de alguna manera debe ser contenida en un soporte que permita el entrecruzamiento de esa información.
–Uno de los mayores obstáculos que encontraron en Uruguay para la profundización del proceso de Memoria, Verdad y Justicia tuvo que ver con el retaceo de información por parte de los militares. ¿Esto es verdaderamente un escollo o se puede prescindir de esos testimonios?
–Si bien esa información es valiosa y una desearía que se brindara, sabemos que no podemos depender de lo que digan los militares uruguayos para avanzar efectivamente en el esclarecimiento de los hechos. Por esa razón apostamos a realizar un trabajo sistemático de relevamiento de toda la información que existe y de ir a buscar toda la que aún no fue recabada y que consideramos que puede ser importante.
–¿Se refiere al testimonio de las víctimas?
–Es sabido que en Uruguay, y en la región en general, la mayor fuente de información en materia de Derechos Humanos siempre fueron los sobrevivientes del terrorismo de Estado, aunque entendemos que esa responsabilidad no puede recaer siempre en ellos, es decir, en nosotros. Sin embargo, con este grupo buscamos llegar a todos los rincones del país para que las personas que no hayan brindado su testimonio puedan hacerlo, siempre en el marco del debido proceso y con las garantías constitucionales.
–¿Qué otros mecanismos contemplan para la obtención de la información necesaria?
–También trabajaremos sobre la temática de archivos, en las distintas reparticiones del Estado nacional, que incluye por supuesto al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior, donde hay un gran trabajo por hacer en cuanto al reconocimiento y la accesibilidad a esa información. Además, se busca profundizar la tarea del Equipo de Antropología Forense que funciona en Uruguay, para poder relevar la información obtenida y eventualmente resolver nueva excavaciones, pero con una investigación previa importante. Por último, trabajar también en los temas que tienen que ver con leyes reparatorias, y sobre cómo están siendo aplicadas hoy, ya que existen distintas observaciones internacionales sobre modificaciones a algunas de esas normas, lo cual también será materia de este grupo.
–En una nota que brindó a Tiempo Argentino en 2011, usted decía que, a pesar de la vigencia de la Ley de Caducidad, algo estaba cambiando en Uruguay respecto de los Derechos Humanos. ¿Cuánto se avanzó desde ese momento hasta hoy?
–Seguramente menos de lo que una querría, pero tengo la firme convicción de que siempre se puede profundizar más, máxime cuando se empieza prácticamente desde cero. Un dato importante es que, luego de la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado uruguayo, que establecía sortear los obstáculos normativos que impidiesen avanzar en materia de justicia, ya los jueces no están aplicando la Ley de Caducidad. Esto no implica que no sigan existiendo trabas.
–¿Qué tipo de trabas?
–Todavía seguimos teniendo problemas en lo que hace a la prescripción de las causas, aunque somos optimistas de que esta gran pelea que se da a nivel del Poder Judicial se pueda superar. Sobre todo porque tenemos un gobierno con voluntad expresa de avanzar en un sentido claro, contundente y sin contradicciones, que planea establecer metas de cooperación con ese poder del Estado para que la información se maneje de manera más fluida.
–¿Por qué cree que la sociedad uruguaya votó en contra en dos consultas populares (1989 y 2009) de modificar los alcances de la Ley de Caducidad?
–La primera vez se realizó en el marco de una democracia muy joven y frágil, donde se buscó inspirar el miedo en la población. En la segunda instancia la cuestión fue diferente, aunque tuvo como positivo que se generó una gran sensibilización respecto de este tema, que hizo que los jóvenes que prácticamente desconocían los hechos se interiorizaran sobre la cuestión.
–El presidente del Instituto de Estudios Legales y Sociales de Uruguay, Jorge Pan Cruz, aseguró que "Uruguay está a años luz de la Argentina" en materia de Derechos Humanos, ¿usted qué opina?
–Yo no sé si hablar de años luz, pero sí es claro que en algún momento estuvimos muy lejos y hoy seguimos a distancia, porque hay una diferencia en la idiosincrasia de ambas sociedades, que hace que los procesos de ambos países hayan sido bien distintos. En primer lugar, el reconocimiento del tema se dio mucho antes en Argentina que en Uruguay, lo cual quedó de manifiesto con el juicio a las juntas militares.
Además, los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner lograron establecer importantes políticas públicas de memoria, verdad, justicia y reparación. Coincido en que hay mucho que aprender de la Argentina, pero lo positivo es que con el tiempo el tema se fue afianzando también en Uruguay.
La fuerte embestida de la derecha en la región Macarena Gelman se mostró preocupada por lo que consideró “una fuerte embestida contra los gobiernos” progresistas de la región, a los cuales no les perdonan –aseguró- que “hayan avanzado sobre intereses que nunca antes se habían tocado” y que lograsen sumar “derechos para las personas, que la derecha naturalmente tiende a combatir”.
Esa embestida, consideró la militante de Derechos Humanos uruguaya, se logra gracias “al papel de los medios de comunicación locales, que muchas veces juegan en línea con los intereses” de la derecha regional.
“Los medios aprovechan su fuerte llegada internacional para instalar una realidad que muchas veces no es necesariamente la que ocurre”, aseguró la diputada.
Respecto de las movilizaciones antigubernamentales que tuvieron lugar en los últimos meses en países como Venezuela, Ecuador y Brasil, Gelman opinó que tienen que ver con “la necesidad de avance que tiene la derecha para recuperar el terreno perdido” en la región, y aseguró que a pesar “de las importantes experiencias de los gobiernos latinoamericanos, hay que estar alerta”.
En el marco del segundo gobierno del presidente Tabaré Vázquez, Gelman vaticinó una continuidad con las políticas adoptadas por el ex presidente -también del Frente Amplio- José “Pepe” Mujica, aunque con matices:
“Quizás los discursos puedan ser diferentes, pero en términos generales habrá continuidad.” Sin embargo, “la política exterior del gobierno de Mujica es diferente a la de Vázquez, aunque no creo que las diferencias sean tan significativas como para hablar de un cambio de signo”, agregó Gelman.
Por último, la diputada pronosticó que “el tema de la integración regional, más allá de los distintos enfoques que puedan haber, seguirá siendo una cuestión central en el gobierno de Montevideo”.
Fuente:Infonews
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