La investigación involucra a un ex suboficial del Ejército y a su padre, responsables de una empresa ligada a las FF AA. La omisión de Bullrich y el sospechoso descontrol de la ANMaC.
Esa imagen televisiva, transmitida en noviembre del año pasado, mostraba a la ministra Patricia Bullrich al salir de un restorán de Río Cuarto ya entonada e indiferente ante los cantitos de quienes la escrachaban. Fue entonces cuando dijo: «El que quiera andar armado que ande armado; este es un país libre». No faltaba a la verdad.
La ANMaC (Agencia Nacional de Materiales Controlados), creada en octubre de 2015 en reemplazo del RENAR (Registro Nacional de Armas), es el ente descentralizado (dependiente del Ministerio de Justicia) que fiscaliza la fabricación, compra-venta y tenencia de todo lo que escupa balas o explote. Pero el gobierno del PRO desvirtuó tal objetivo al no aplicar las disposiciones de la ley que le dio origen. Y el ministro Germán Garavano la puso en manos de Eugenio Cozzi, un fanático de tales adminículos, quien además es miembro de ALUTARA (Asociación de Legítimos Usuarios y Tenederos de Armas de Fuego de la República Argentina). Un mal augurio unido a otra fatalidad: el Poder Ejecutivo jamás cumplió con la obligación legal de girar al organismo las partidas presupuestarias que le corresponden, dejando a su exiguo personal (30 inspectores para un millón y medio de usuarios inscriptos) sin manera de financiar sus funciones. Esa suma de hechos es la base fáctica del mencionado «sincericidio» de la señora Bullrich.
El 26 de junio ella anunció «el secuestro de armas más importante de la historia». Se refería a 2500 unidades, además de pólvora, municiones, minas, granadas y piezas de artillería, tras 52 allanamientos con 17 detenciones.
En la ocasión, la acompañaba el ministro de Defensa, Oscar Aguad, la otra pata institucional de esta trama, quien a su vez se jactó de que no hubiese policías y militares implicados en esta causa.
Se ve que hasta ese instante nadie le había avisado que el suboficial del Ejército, Julio Palazzo, era uno de los arrestados, al igual que un funcionario suyo, el abogado Diego Martín Bollati, nada menos que jefe de Contrataciones del Instituto Geográfico Militar (que depende que Defensa). Ni que éste quedó tras las rejas junto con su papá, don Arnaldo Cristóbal, de 76 años. Con ambos el ministro mantenía una añeja amistad.
Ellos son los titulares de las empresas Tala SA e Industria Militar SA, a través de las cuales –según el expediente instruido por el juez Pablo Yadarola– el trío le vendía explosivos (almacenados en un polvorín de la Fuerza Aérea, cuya administración, en comodato, estaba en sus manos) a la red de traficantes que triangulaban armas desde Estados Unidos y Europa hacia Argentina, para ser enviadas a Paraguay y Brasil.
En realidad, la pesquisa que desbarató dicha banda fue una «operación controlada del Homeland Security Investigation (HSI), la agencia policial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, en su sigla inglesa)», para la cual fue necesaria la colaboración del Estado argentino, de acuerdo a lo manifestado por su director adjunto, Mattehew Albence.
¿Acaso él habría estado al tanto de la desidia oficial ante tal negocio y de la cercanía al ministro de Defensa de por lo menos un sospechoso? Resulta imposible saberlo. Pero seguramente no imaginó ciertas complicaciones –con sello bien criollo– que sorprendieron a sus agentes.
Bien vale reconstruir un gran momento al respecto.
La investigación había comenzado en el otoño de 2017. Pero recién en la primavera del año siguiente el asunto empezó a tomar color. En octubre, el juez –a requerimiento de los norteamericanos– autorizó la «entrega vigilada» de una encomienda enviada desde Miami a Ezeiza.
Un sexto sentido hizo que los norteamericanos evitaran que sus colegas locales se hicieran cargo de esa tarea. De modo que arribó al país un grupo de agentes del HSI. Poco después localizaron en el aeropuerto una valija negra con una faja de la empresa DHL. Contenía partes de cinco fusiles AR-15 para ser ensambladas en el país. Y las reemplazaron por réplicas de madera pintada de negro, envueltas en bolsas «ziploc» con un pequeño dispositivo de rastreo.
Únicamente había que esperar la llegada del paquete a sus destinatarios.
Eso fue lo que hicieron los muchachos del HSI con la paz de quienes confían en la tecnología. Pero la espera fue en vano.
De inmediato, uno de los jefes locales de la red recibió una llamada telefónica. Desde el otro lado de la línea alguien le informó que un «contacto» en el Correo Argentino había avisado que esa valija era «seguida de cerca».
El cabecilla en cuestión era Román Ragusa; el «contacto» en el Correo, un tal Jorge Loschiavo. Ambos cayeron luego por obra de un soplón.
En el teléfono de Ragusa también se detectaron llamadas con teléfonos de Fray Luis Beltrán, la localidad santafesina donde está la Fábrica Militar y el Batallón de Arsenales 603. En ambos sitios hubo en los últimos años faltantes de municiones, explosivos y fusiles FAL.
Es curioso que en los días posteriores a los allanamientos la información abundara en los pintorescos perfiles de algunos implicados. Como el «Tuerto Richard» (Ricardo Deisernia), un vecino del Norte bonaerense con antecedentes penales por contrabando de armas, o el dentista bahiense Hernán Castillo, quien atesoraba una colección de fusiles para francotiradores en una piecita secreta de su consultorio. El flujo de datos luego se frenó.
Fue cuando en el expediente comenzaron a aflorar nombre y lugares no ajenos al poder. « Fue cuando en el expediente comenzaron a aflorar nombre y lugares no ajenos al poder. «
Tiempo Argentino
(Foto: Télam)
(Foto: Télam)
Villa 31: “Nos quieren sacar a los pobres”
Estefanía Santoro / Resumen Latinoamericano / 8 de julio de 2019
El gobierno de Larreta pretende avanzar con una ley que impone la enajenación de las tierras de la Villa 31, donde hay más de 60 mil familias. Quiere que los terrenos pasen a manos privadas.
No hay frío que pare la lucha de lxs más de 200 vecinxs de la Villa 31 que esta mañana salieron a las calles para marchar en caravana hasta la Legislatura porteña y decirle no a la subasta de sus casas. El Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta pretende avanzar con una ley que impone la enajenación de las tierras de la 31, donde hay más de 60 mil familias que desde hace años -a base de esfuerzo y un gran sacrificio- edificaron sus casas en la villa. Se trata de una de las zonas de mayor valor inmobiliario del país, el único fin es llevar adelante un gran negocio inmobiliario que viola los derechos de lxs miles de vecinxs, y sienta un peligroso precedente para el resto de las villas de la Ciudad.
María del Carmen vive en la villa hace más de 30 años, tiene 5 hijos y hoy salió a las calles para que el Gobierno no le arrebate la casa que construyó con sus propias manos: “Ellos dicen que vienen a urbanizar pero es una mentira, usan esa palabra para vender esas tierras y quieren que nosotros compremos nuestras propias casas. Ni siquiera nos dicen el precio que tendremos que pagar. A todos los gobiernos de turno les hemos pedido pagar la luz y el agua pero jamás tomaron la decisión política de dejarnos pagar. Hay gente que ha sido relocalizada en las viviendas nuevas del barrio Cristo Obrero pero esas casas no son definitivas, están hechas de durlock, chapa y lana de vidrio, viviendas precarias, fácil de tirar y dentro de un tiempo los van a sacar de ahí. Nosotros queremos viviendas con materias tradicionales como las nuestras, pero no nos respetan, no nos reconocen nada”, cuenta María.
La villa 31 tiene más de 80 años de historia, generaciones enteras de familias viven allí, es un barrio con identidad propia. María del Carmen asegura: “Este gobierno lo único que quiere es sacar a los pobres, pero nosotros vamos a seguir de pie. En la villa hay profesionales, médicos, odontólogos, abogados que tienen sus propios consultorios. Tengo un hijo que con mucho esfuerzo estudia ingeniería electromecánica, otro paleontología y otro es discapacitado. En la villa no somos ignorantes. Nosotros sabemos lo que quiere decir esta nueva ley, ellos dicen que es para que nos den el título de propiedad pero no es así. Ya teníamos una ley, la 3343, que decía que éramos poseedores de esas casas e hicieron esta otra, donde nos hipotecan nuestro propio hogar. Por supuesto que corresponde que nos cobren el terreno que ocupamos, pero no la construcción que hicimos nosotros”.
María del Carmen cuenta que esta nueva ley se hizo a puertas cerradas, sin consultar a lxs vecinxs, con algunos concejeros del barrio que hoy son punteros políticos: “Estas personas acordaron a nuestras espaldas y amedrentan a los vecinos cuando salen a reclamar por esta causa justa, las denuncias caen la mano de la jueza Liberatori que le da siempre la razón al gobierno, no es una jueza del pueblo. Nosotros queremos que se haga justicia y se respeten nuestros derechos a la vivienda, a la salud y a la educación y vamos a seguir luchando por eso”, explica.
Marina Allegros tiene 3 hijos, es madre soltera y el único sostén de su familia, hace diez años alquila una casa en la 31. Todos los días se levanta con miedo a perder su vivienda y quedar en la calle con sus hijos y se pregunta: ¿Por qué no nos venden a nosotros el lugar en vez de venderlo a otros? El Gobierno sabe que estamos dispuestos a pagar, pero si venden las tierras a un privado no vamos a poder afrontar sumas tan altas y nos van a sacar todo. Yo no tengo un trabajo en blanco, trabajo en casas por hora y hay días que no me sale nada”.
Magdalena Bazán cuenta que en el barrio hay cada vez más compañeros que pierden sus puestos de trabajo. En la 31 funcionan varias cooperativas donde solo ganan 10 mil pesos por mes y subsisten como pueden. La situación económica es muy complicada, como los es para la gran mayoría de las familias argentinas que hoy enfrentan las consecuencias de la grave crisis económica en la que se encuentra sumida el país. “Una persona que trabaja en una cooperativa no va a llegar nunca a tener dinero para pagar su vivienda, si pasa a manos privadas nos van a pedir una fortuna, estamos hablando de familias con trabajos precarios, hay jefas de hogar que son el único sostén. En cambio, si pasa a manos del Estado, con cuotas sociales podríamos pagarlo. Ellos hacen esto para sacarnos de esas tierras que son muy valiosas. Están haciendo casas para la gente que vive abajo de la autopista y ya hay gente hacinada. Donde tendrían que vivir 40 familias viven 200. Estamos peleando para que las tierras sean vendidas a los dueños que corresponden, que somos nosotros; eso era lo que habíamos acordado”.
El proyecto de ley de enajenación recibió 41 votos afirmativos del interbloque oficialista, que reúne a Vamos Juntos y Evolución, y 17 en contra. La iniciativa contempla 12 terrenos distribuidos en la Ciudad, incluidos los del barrio de la Villa 31, y otro ubicado donde actualmente funciona el Mercado de Hacienda de Liniers, en el barrio de Mataderos.
Hoy, cuando lxs vecinxs llegaron al palacio de la Legislatura se encontraron con los alrededores del edificio vallado y blindado por un excesivo operativo de seguridad, carros de Infantería y una gran cantidad de policías. Todo ese despliegue para impedir que lxs manifestantes avanzaran y que sus reclamos sean escuchados. Para lxs legisladores las voces de lxs vecinxs de la villa no tienen valor, solo les importa lucrar con sus casas.
Revista Cítrica
Denuncian por acoso sexual al director del Centro Cultural San Martín
Anahí de la Fuente denunció a Diego Pimentel (foto) por acoso sexual y laboral pero la única respuesta fue quedarse sin trabajo.
La denunciante, Anahí de la Fuente, comunicadora, maquilladora profesional y performer.
Imagen: Jose Nico
¿Quién es Diego Pimentel? Es el director del Centro Cultural San Martín, profesor titular de la Universidad Nacional de Arte y de la Universidad de San Andrés, asesor externo de la Universidad de la Cuenca del Plata. Ese curriculum exhibe en sus redes sociales y todos estos cargos están fechados con año de inicio y “presente” para dar cuenta de su actividad actual. Diego Pimentel es, además, el penalmente acusado por maltrato físico y acoso sexual en lugares privados de acceso público agravados por su jerarquía y por funcionario público.
Las denunciantes son dos, una prefiere no hablar, la otra es Anahí de la Fuente, comunicadora, maquilladora profesional y performer, 28 años; desocupada desde que hizo la denuncia porque la única consecuencia inmediata que tuvo ponerle palabra pública a un padecimiento que se le metía en el cuerpo y que afectaba hasta sus mínimas decisiones fue ser despedida del Centro Cultural San Martín, en abril de este año.
Después de que la historia se mediatizara, el Gobierno de la Ciudad inició un sumario administrativo del que no se conocen consecuencias. “El sigue trabajando como funcionario, no hubo respuesta institucional en relación a eso”, dice Jimena Gibertoni, abogada de las querellantes y miembrx de la Red de Abogadas Feministas.
Anahí, por su parte, tuvo que dejar el departamento que alquilaba para ir a vivir con su abuela, está tomando antidepresivos y se endeuda para pagar lo poco que le cobran sus representantes legales porque no tiene ingresos.
La peor pesadilla de Anahí se cumplió: perdió un trabajo que le gustaba por animarse a decir basta. Pero no había otra salida. Cada día en el área de comunicación en el Centro Cultural San Martín se parecía a una tortura. Pimentel no sólo la arrinconaba contra las paredes –“como cualquier violento en una discoteca”–, la besaba en el cuello como si fuera un saludo normal o le hacía “masajes” sin permiso cuando ella estaba sentada en su escritorio. También le infringía dolor. “Me daba miedo, tenía algo medio sado, me retorcía los brazos para atrás como si fuera a esposarme; a mi compañera la agarró del cuello hasta que gritó que la estaba asfixiando, me apretaba la cintura hasta hacerme doler”, dice.
“Nos podía extirpar como a muelas”
“¿Por qué no le dijeron que no?”, fue lo que preguntó “la mano derecha” de Pimentel después de perseguir a Anahí y a su compañera hasta dentro de su oficina y cerrar la puerta detrás de ella. Le podían arruinar la carrera a Diego, eso les dijo, les prohibió que volvieran a hablar en público sobre él. “Mi compañera se había quejado al salir de la oficina de Pimentel de que encima que la manoseaba jamás había dicho una palabra sobre su trabajo”, dice Anahí y continúa: “Mil veces dijimos que no, siempre, pero si explotamos en lugar de hablar antes era justamente porque temíamos que nos despidieran. Se lo dije a su asistenta, no es un tipo en una disco, es el director del Centro Cultural, se trata de asimetría de poder”.
Enterado de esta escena que sucedió un viernes, llamó a una reunión a todo el equipo de dirección la semana siguiente. “Una reunión de ‘reorganización’ en la que todo el tiempo usó las metáforas de la dictadura, diciendo que éramos como un cuerpo, que se puede enfermar y que hay partes que se pueden extirpar como a las muelas”. En ese mismo momento a la compañera de Anahí la bajaron de categoría “adelante de todo el mundo y de manera humillante. Al otro día empezaron a revisar escritorios. La reorganización consistió en separarnos a quienes estábamos hablando.”
Anahí tuvo que decidir. Cuando otros compañeros le contaron que su perfil de Facebook había sido expuesto en una reunión –porque había puesto una búsqueda laboral diciendo que en su trabajo actual estaba viviendo “una situación insoportable”– su disyuntiva fue: “O me iba en silencio como todas o cortaba con esto, con la impunidad total”. Fue entonces que se comunicó, junto con su compañera, con la Red de Abogadas Feministas. Se acordó mandar un telegrama al Gobierno de la Ciudad, al Ministerio de Cultura, y al Centro Cultural San Martín. La demanda era que les asignen otro trabajo para que se interrumpa la violencia que estaban sufriendo. La respuesta fue otro telegrama, firmado por Pimentel, en el que les rescindían sus contratos, renovados hacía menos de dos meses. Fue entonces cuando presentaron la denuncia penal.
El hambre o el acoso
“Al final para nosotras todo es daño, porque tuvimos que elegir entre el hambre y el acoso; entre conservar el trabajo y dejarte violentar o estar en la calle”, dice Anahí de la Fuente quien jamás recibió ninguna respuesta institucional sobre su fuente de trabajo o sobre la situación de quién la acosó. “Entiendo que el Ministerio no tiene que darme explicaciones a mí sobre lo que van a hacer con Pimentel, pero sí sobre mi situación laboral”
La causa penal sigue su curso, está en etapa de pruebas. “Se presentaron testigos que acreditan el trato desigual de Pimentel con respecto de las empleadas mujeres. Su defensa se basa en presentar el caso como un conflicto laboral y en que no había contacto directo pero tenemos prueba suficiente para desacreditar esos testimonios”, dice Jimena Gibertoni, la abogada querellante.
“El Gobierno de la Ciudad debería garantizar nuestros puestos de trabajo”, insiste Anahí. “Pimentel tiene tres laburos y yo no tengo ninguno, él sigue teniendo beneficios y nosotras en un estado de vulnerabilidad total, yo me tuve que ir de mi casa a vivir con mi abuela porque ya no podía pagar el alquiler. Me endeudé para pagarle a la abogada que igual me cobra casi nada, no consigo trabajo pero además, por qué no puedo seguir laburando ahí yo si el que se tiene que ir es él”.
Lo que queda por ahora, a tres meses de presentada la denuncia penal, es lo que Anahí de la Fuente describe como una “revancha. Porque nosotras quebramos el pacto de silencio con un abusador. Pero las que estamos en la calle somos nosotras”.
fuente: Página 12
Por Alberto Mas*, 8 julio 2019
Se acaba de inaugurar en la bonaerense localidad de San Martín, provincia de Buenos Aires, una nueva Casa de Amistad entre los Pueblos, con delegaciones de las embajadas de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y del Frente Amplio de Uruguay.
En un acto realizado en el sindicado de la Asociación Obrera Textil de San Martín, capital de la industria de ese ramo en el Gran Buenos Aires, se inauguró la Casa de Amistad entre los Pueblos, con cuatro objetivos definidos: 1) Promover la amistad y la solidaridad con los pueblos amenazados o sometidos por el imperialismo, 2) Denunciar y defendernos de las campañas de desinformación de los medios hegemónicos, 3) Concientizar sobre las agresiones constantes del imperialismo, 4) Mantener relaciones permanentes con los pueblos hermanos, los que fueron expuestos por su Presidenta Patricia Bertoldo y su Secretaria Susana Gonzalez.
Al dar la bienvenida a los participantes de la actividad, la secretaria general del sindicato local, María Victoria Olaya, denunció las acciones del gobierno argentino, al que definió como cipayo y entreguista, y sus relaciones con otros gobiernos derechistas de la región, definiendo que la salida está en trabajar en unidad y con solidaridad entre los pueblos, por eso apoya decididamente este proyecto de Casa de Amistad entre los Pueblos.
Con el apoyo de organizaciones políticas, sociales, de derechos humanos, sindicales, del Movimiento de Solidaridad con Cuba y de medios de comunicación locales, se desarrolló el emotivo acto fundacional, donde se pudo escuchar al embajador de Nicaragua, Orlando Gomez, denunciar el despiadado ataque que los EE.UU realizan contra el gobierno del presidente Ortega, al que intentaron derrocar con un golpe blando, matriz similar a la utilizada contra Venezuela, a su turno Camileidis Lorca, becaria venezolana estudiando en Argentina, quien representó a la Bolivariana Embajada de Venezuela, describió la triste historia de dependencia sufrida hasta la llegada de Chavez, denunció el desfachatado informe de Michelle Bachelet sobre derechos humanos y rescato el valioso aporte de la mujer en el proceso de construir el socialismo del siglo XXI.
A su turno también hicieron uso de la palabra el responsable de organización del Frente Amplio de Uruguay en Argentina, Daniel Pisciottano, mostrando la realidad electoral del cono sur para este año, señalando que buscarán consolidar un cuarto período de gobierno, en un momento interno muy difícil, donde incluso el F.A. expulso al traidor de Luis Almagro de sus filas, actual operador de la CIA y el Departamento de Estado norteamericano en la OEA y principal organizador de las campañas contra Venezuela, mientras que Mauricio Rodríguez, representando a la embajada del Estado Plurinacional de Bolivia expresó un contundente apoyo a las políticas del gobierno de Nicolás Maduro y al pueblo bolivariano, exponiendo que en la “nueva diplomacia” impulsada por el mandatario Evo Morales desde su llegada a la presidencia, apoyan toda fuente solidaria como es ésta casa y las políticas de integración entre los pueblos americanos y caribeños.
Cerró las exposiciones el diplomático cubano Leogel Delgado, acompañado por la secretaria política Gretter Alfonso, agradeció la solidaridad desplegada contra el genocida bloqueo y la aplicación de la ley Helms-Burton que se desarrolla en Argentina, marcando que estamos en tiempos de reencuentro entre los pueblos y es hora de marchar unidos para evitar que el imperio se apodere de nuestro continente, al que consideran injustamente su patio trasero, tratando de destruir la unidad lograda en épocas de Fidel, Chávez, Ortega y Evo.
El momento cultural estuvo a cargo del trovador Pablo Fernandez y del cuenta-cuentos Barón Infante.
Los integrantes de la Casa de Solidaridad posan con los diplomáticos que participaron del lanzamiento
*corresponsal de Cubainformación en Buenos Aires,
Envio:RL
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