Pichetto dice que hay que hacer la reforma laboral sin llamarla reforma laboral
El candidato a vicepresidente dijo que Reforma Laboral «es una palabra que no se debe usar porque los trabajadores la identifican con procesos de ajuste y de despido». Sin embargo pidió encararla como en Vaca Muerta.
El precandidato a vicepresidente por Juntos Somos el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, subrayó que la reforma laboral «es una palabra que no se debe usar» porque «los trabajadores la identifican con procesos de ajuste y despido», ante lo cual consideró que se debe avanzar en «un acuerdo económico-social» entre sindicatos y empresarios.
Hay que hacer normas que tengan que ver con generación de empleo, modernización, productividad. La reforma laboral como se la entiende en la Argentina y lamentablemente tiene una historia muy negativa, con un hecho muy grave que ocurrió en el Senado, es una palabra que no se debe usar porque los trabajadores la identifican con procesos de ajuste y de despido. Lo que hay que hacer es un debate más inteligente, un acuerdo económico-social, sentar a los empresarios», sostuvo el senador nacional.
En diálogo con Radio Mitre, el referente peronista puso como ejemplo el «modelo Vaca Muerta» y se mostró confiado en que «en todas las actividades se pueden generar estos marcos, con una visión global: generación de empleo, modernización de normas, competitividad, productividad, mejores salarios».
«Éste es el debate argentino y no volver a repetir la reforma laboral para que la gente crea que van a joder a los trabajadores. Tiene que haber una comprensión», remarcó el rionegrino.
Al respecto, Pichetto subrayó que «es importante que el sector empresario y el sector del mundo del trabajo, los sindicatos, que hasta ahora han actuado responsablemente en la Argentina, se puedan sentar y acordar las reformas y el país pueda generar más empleo.
Cierra la histórica Cacciola de Tigre y despide todo su personal
La histórica empresa dejará de operar hoy. Unía Tigre con la isla Martín García y la ciudad uruguaya Carmelo. Unos 40 empleados quedan en la calle.
30/06/2019
La tradicional empresa de transporte fluvial Cacciola, que une Tigre con la isla Martín García y la ciudad uruguaya de Carmelo deja de operar hoy definitivamente. Así se lo transmiten los titulares de la compañía al director provincial de Islas, Leonardo Gobelli.
Según explicó el portal LaPolíticaOnline, la decisión de culminar el servicio se enmarca en el proceso de reestructuración de los pasivos de la compañía que se iniciaron en octubre pasado con la presentación de su concurso preventivo de acreedores.
La empresa fluvial que llegaba diariamente a Carmelo, estaba integrada al grupo argentino ERSA fundado en 1963 que brindaba servicios de transporte de pasajeros terrestre y que en 2012 compró la empresa Cacciola.
La flota estaba integrada por dos catamaranes, uno con capacidad para 167 pasajeros y el otro para 140. Los trabajadores de la empresa (unos 40) fueron recibiendo con el correr de las horas telegramas de despido.
Las autoridades de Cacciola aseguran que la empresa no fue ajena a los avatares de la economía en el país y hablan de una combinación de caída de la actividad, altas tasas de interés y devaluación de la moneda. Esos factores -dicen- impactaron en los costos de la operación tornando insustentable la continuidad de la operación internacional.
También destacan que la devaluación del dólar generó una notable disminución en la afluencia de pasajeros hacia el Uruguay.
Las cifras oficiales confirman que el último año los salarios perdieron por casi 20 puntos contra la inflación
En los últimos doce meses, la mejora promedio en las remuneraciones llegó en abril al 36,7% según el Indice de Salarios que mide el INDEC, contra una inflación del 55,8%.
29/06/2019
Los salarios registraron en abril una suba del 2,2% y acumularon en los primeros cuatro meses un alza del 12,5%, aunque se mantienen por debajo de la inflación, según informó el INDEC.
En los últimos doce meses, la mejora promedio en las remuneraciones llegó en abril al 36,7% según el Indice de Salarios que mide el organismo estadístico, contra una inflación del 55,8%.
En abril, la inflación oficial se ubicó en el 3,4% contra el 2,2% de la mejora en el nivel de los sueldos del sector público y privado.
Desde diciembre hasta abril, el índice salarial mejoró 12,5% contra el 15,6% de alza de precios minoristas en el mismo periodo, medidos por el organismo.
El Indice de Salarios del total de trabajadores registrado mostró un crecimiento de 2,5% en abril respecto de marzo, como consecuencia del incremento de 2,5% del sector privado registrado y un aumento de 2,8% del sector público.
El nivel de remuneraciones en el sector de la economía informal mejoró en abril solamente un 1,2%, también por debajo del alza de precios de ese mes.
La mejora del 38,5% para los trabajadores registrados, en los últimos doce meses fue consecuencia del incremento de 38,2% del sector privado registrado y un aumento del 39,1% del público, en el mismo período.
En el último año, los salarios del sector formal de la economía crecieron un 38,1% y esa suba se encuentra casi 20 puntos porcentuales por debajo del alza del IPC en ese período, que fue del 55,8%.
En el mismo período, quienes trabajan en la informalidad registraron una mejora en sus sueldos del 31,1%.
En abril pasado respecto del mes anterior, los salarios de los trabajadores públicos registrados mejoraron un 2%, los del sector privado un 2,5% y los del sector informal, 1,2%.
El índice oficial estima la evolución de los salarios pagados en la economía, aislando el indicador de variaciones relacionadas con conceptos tales como la cantidad de horas trabajadas, descuentos por ausentismo, premios por productividad y todo otro concepto asociado a las remuneraciones.
Zanella cierra su planta marplatense y la crisis industrial no se detiene
Luego de meses de suspensiones e incertidumbres, Zanella confirmó el cierre de su planta ubicada en Mar del Plata. La UOM busca que se reubique el personal. La firma se había apostado en 2014 y había proyectado 300 puestos de trabajo. El modelo Cambiemos la empujó a la baja de persianas.
La crisis industrial no cede ni un sólo día. Ahora, pese a haber prometido que no se daría el cierre, la empresa Zanella confirmó el fin de la utilización de la planta de Mar del Plata, luego de meses de conflictos y paralización de la producción.
La decisión ya fue comunicada hacia los representantes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que pelea por la reubicación de sus trabajadores a otras fábricas de la planta industrial local.
«En algunos casos ya lo consiguieron y hay expectativa de que todos queden en otra fábrica. La idea es que la reubicación sea dentro de Mar del Plata: los que ya se reubicaron fueron a otras empresas del Parque Industrial», le dijo al portal local 0223 el titular del gremio, José Luis Rocha.
La marca de motocicletas se radicó en la ciudad a mediados de 2014 y en los últimos años atravesó una política de reducción de personal debido a la crisis económica. Este año, se anunció despidos masivos en las cuatro fábricas del país, entre ellas la de Mar del Plata.
Sin embargo, tan solo el mes pasado el gremio había comunicado que los directivos no planeaban el cierre final de la planta marplatense. Este viernes, la noticia golpeó duro a todos sus trabajadores.
Según explicó Rocha, la fábrica arrancó «con 20 personas y el crecimiento proyectado que tenían era llegar a las 300 personas».
Desde la UOM responsabilizaron del cierre al gobierno de Macri y también apuntaron contra la gestión de María Eugenia Vidal y la del municipio a cargo de Carlos Arroyo.
«Las medidas que tomaron sólo agudizaron la situación cada vez más y hoy terminamos con este cierre», sostuvieron.
También hay despidos en la aceitera Vicentín
La firma industrial ubicada en el Gran Rosario despidió el último miércoles 5 trabajadores de manera inesperada. Antes había abierto retiros voluntarios. Desde el sindicato evalúan las acciones a seguir.
28/06/2019
Las cesantías fueron confirmadas por el titular del Sindicato de Aceiteros y Desmotadores en la región Reconquista, Dionisio Alfonso. «Estamos un poco incómodos y molestos por la situación que estamos viviendo desde ayer (por el último miércoles). Donde cinco compañeros de la firma Vicentin recibieron el telegrama de despido de una manera muy feroz. Realmente no esperábamos que trataran así a los compañeros«, señaló el gremialista.
El dirigente explicó al portal Sin Mordaza que a través del sindicato «habíamos mantenido un diálogo con la empresa. Donde la patronal siempre manifestó que no iba a haber despidos. Pero hoy, de forma muy arbitraria, mandó telegramas de despido para cinco trabajadores».
«Sabíamos que había dos sectores, el de refinería y el de fraccionado, que tenían problemas, y habíamos abierto un retiro voluntario donde los compañeros podían decidir quiénes se acogían a él. El pasado 24 de mayo fue la última audiencia en la Secretaría de Trabajo en donde se firmó un acuerdo para mantener la paz social. Pero hoy estamos viendo otra realidad», agregó Alfonso.
«Todavía no tuvimos ningún contacto con la patronal, fue algo inesperado por la parte gremial, ya que en horas de la tarde noche los compañeros recibieron el telegrama de despido», concluyó.
Moyano avisa que los Camioneros irán al paro si el Gobierno no les homologa la paritaria
El secretario General del gremio de Camioneros, Hugo Moyano, aseguró que «habrá paro de transporte» en agosto en caso de que la secretaría de Trabajo no homologue el acuerdo firmado con las cámaras del sector.
28/06/2019
«Hemos firmado con el sector empresario un acuerdo del 23 por ciento de aumento hasta diciembre, lo hemos presentado a la secretaría de Trabajo, pero (el ministro Dante) Sica ha dado instrucciones de que no sea homologado»,manifestó Hugo Moyano.
El líder sindical aseguró en declaraciones formuladas esta mañana a radio El Destape que en caso de que a fines de julio o principios de agosto no se cumpla con el acuerdo alcanzado con las cámaras se tomarán «las medidas que sean necesarias».
«Si a fin de mes cuando llegue el momento no homologan el acuerdo no queda otro camino que un paro de transporte. Ponen argumentos que no tienen nada que ver con la realidad, de cualquier manera vamos a recurrir a la justicia», señaló Moyano.
«Con nuestro gremio son muy duros pero creo que lo están haciendo con otras organizaciones sociales también, por supuesto que nosotros no vamos a aceptar de ninguna manera negociar los derechos de los trabajadores», agregó.
Cerró la textil que trabajaba para la marca de Awada y los empleados acampan para que les paguen las indemnizaciones
La textil JS que producía para la marca de ropa de niños de Juliana Awada decidió bajar la persiana porque no puede afrontar los costos. Los trabajadores realizan un acampe en las inmediaciones de la planta en reclamo de que se les paguen las indemnizaciones que estipula la ley.
28/06/2019
Como se venía hablando en las últimas semanas, finalmente cerró la fábrica JyS Textil, ubicada en San Pedro, y dejó a ochenta trabajadores desempleados. Se llegó a este final luego de una serie de audiencias realizadas en el marco de la conciliación obligatoria dictada en medio del conflicto que no dieron fruto.
La firma decidió cerrar la fábrica producto de una fuerte caída en la producción. JyS Textil no escapa a la crisis en el sector, fundamentalmente motivada por la apertura de importaciones, el aumento de los costos y el derrumbe del consumo interno.
Se trata de una contratista que producía prendas y proveía a la marca de ropa de niños Cheeky, propiedad de la Primera Dama, Juliana Awada.
Los trabajadores admitieron que la situación de la empresa era crítica y llegaron a reducir su jornada laboral a tres horas diarias para continuar con sus fuentes de trabajo. Sin embargo, esto tampoco pudo torcer la realidad y los representantes de la empresa dieron por finalizadas la negociaciones y audiencias realizadas en el ministerio de Trabajo de la Provincia.
Ahora, un grupo de trabajadores de JyS Textil se encuentran acampando en la puerta de la fábrica en reclamo del pago de 100% de las indemnizaciones. Advirtieron que no se moverán del acampe hasta tanto la firma no confirme esa condición.
Desde la firma la primera oferta fue el pago de apenas el 30% de lo que estipula la ley.
Sobre esto, el portal El Diario de San Pedro, informó que el abogado de la empresa, Germán Verdón, detalló que «la mayoría (de los trabajadores) tiene la situación resuelta con la fábrica» debido a que «ya imaginaban que iba a suceder esto y acordaron». Por último, avisó que «en los casos en que no es así, se discutirá judicialmente.
Crecen las críticas gremiales al acuerdo bilateral aeronáutico con Estados Unidos
Luego de la firma de un acuerdo bilateral con Estados Unidos que liberaliza el uso de rutas e instalaciones aeronáuticas en nuestro país, siguen multiplicándose los cuestionamientos a lo que se considera una pérdida de ciudadanía que además puede terminar siendo muy perjudicial para la aerolínea de bandera.
La Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF) consideró que el acuerdo firmado por el ministro de Transporte argentino Guillermo Dietrich es “perjudicial” para trabajadores y gremios de la actividad aeronáutica. “Bajo el eufemismo de ‘modernizar el acuerdo de transporte aéreo de 1985’ el acuerdo es perjudicial para los/as trabajadores/as y ha sido una sorpresa para los sindicatos argentinos y estadounidenses”, denuncian en un comunicado.
“Los gobiernos declararon que el objetivo es ‘beneficiar a los/as trabajadores/as de la aviación’, pero lo que sabemos es que los acuerdos de completa desregulación sin ningún tipo de protección para los/as trabajadores/as como el que firmaron ayer sólo producen un deterioro de las condiciones de trabajo y la pérdida de trabajadores/as capacitados y con experiencia que generalmente son reemplazados por nuevos en condiciones más bajas”, añade el texto.
Josep Tiberi, Presidente de la Sección de Aviación Civil de la ITF y Jefe de Gabinete de Transporte en el IAMAW estadounidense, añadió: “La ITF rechaza este acuerdo ya que no hay disposiciones laborales ni protecciones para los/as trabajadores/as en ninguno de los dos países”. Stephen Cotton, Secretario General de la ITF, añadió: “Apoyaremos a nuestros sindicatos en los Estados Unidos y Argentina para luchar contra este injusto acuerdo. Hacemos un llamado a los parlamentarios en ambos países para oponerse y revertir este acuerdo”.
Juan Pablo Brey, secretario General de la Asociación Argentina de Aeronavegantes, expresó su “firme oposición a toda medida o modificación de normativas que resulte en una política de cielos abiertos, poniendo en enorme riesgo miles de puestos de trabajo argentinos de calidad”. “Nuestro equipo legal se encuentra evaluando detenidamente el documento y sus eventuales implicancias”, añadió
“Es un hecho concreto que, de todos los acuerdos bilaterales que se ampliaron en los últimos tres años (como Gran Bretaña, España o Colombia ), sólo han expandido sus operaciones y salido beneficiadas las aerolíneas extranjeras. Es atinado inferir que en este caso, sean una vez más los intereses norteamericanos los que prevalezcan en el marco de esta enmienda”, concluyó Brey.
Télam: del conflicto a la reconstrucción
La Justicia del Trabajo ordenó esta semana 68 reincorporaciones en la agencia pública. Ya se proyecta un modelo de reconstrucción para Télam, pero -también- hay vientos de cambio en la justicia laboral. La estrecha encrucijada que azota a los camaristas que todavía no resolvieron.
Rodolfo Pous? y Ricardo Carpena, presidente y vicepresidente de T?lam. Ingresan cabizbajos a la redacci?n patronal de Tecn?polis tras conocer el fallo judicial que orden? reincorporar, el jueves, a 68 trabajadores.
A un año de los 357 despidos ejecutados en Télam, la Justicia del Trabajo comenzó a desanudar la madeja del conflicto: el jueves, la Sala V de la Cámara de Apelaciones ordenó 68 reinstalaciones. Fue una señal potente y acaso ineludible para todos los magistrados a cargo de casos de periodistas y administrativos de la agencia todavía pendientes de resolución. Pero, como suele suceder, el cierre de una controversia anima la apertura de otra.
En los pliegues de este conflicto -que todavía promete nuevas escenas- no sólo ya se prefigura un modelo futuro para la agencia pública sino que, producto de aquel sacudón, también se imaginan renovados consensos internos para alentar una etapa diferente en el fuero del trabajo, que estuvo bajo fuego en los cuatro años de la administración de Mauricio Macri.
La estrategia del fracaso
“A borregos como vos les hace falta unos buenos cachetazos. Te voy a cagar a piñas: yo soy campeón de box”, proclamó, destemplado, el abogado Julio César Zampaglione, a pesar de sus 72 años, en el segundo piso del edificio de Lavalle 1268. Al mismo tiempo, intentó lanzar una trompada pero terminó haciendo una morisqueta en el aire. El destinatario de su ira era un joven colega letrado que había cometido el sacrilegio de patrocinar a una empleada de Télam en la justicia del trabajo.
La escena ocurrió el 20 de noviembre de 2018, pocos meses después de los despidos masivos de Télam. Fue una pequeña muestra de las sutilezas que manejaban los cerebros jurídicos del gobierno en sus estrategias legales para encarar lo que juzgaban un “sobredimensionamiento” de la agencia pública.
“¿Quién te crees que soy? ¿Sabés lo que te falta a vos? Yo trabajé con Justo López (no confundir con el modesto autor de esta crónica: Justo López fue el autor de la Ley de Contrato de Trabajo, una suerte de prócer del iuslaboralismo vernáculo). Arreglemos esto de una vez afuera de este juzgado y como hombres”, gritó Zampaglione en aquella audiencia desarrollada en el Juzgado 58, tan lejos del decoro como de la perspectiva de género.
En Télam, el ministro Hernán Lombardi no recurrió a cirujanos, sino a carniceros. Por eso fue el mismo Zampaglione el elegido como abogado para poner la firma a la denuncia Nro. 232/2018 que el gobierno promovió contra los jueces Enrique Arias Gibert y Néstor Miguel Rodríguez Brunengo en el Consejo de la Magistratura. Ayudaron los 165 mil pesos mensuales que recibe a modo de retribución del gobierno.
No hubo matices: Zampaglione pidió la destitución de los jueces. El argumento fue, sencillamente, que habían desoído el pedido del gobierno de convalidar los despidos en Télam. Claro que fallar contra el Poder Ejecutivo, en una democracia, no habilita a sancionar a un juez y menos a removerlo de su función. Por eso los abogados de carrera de la gerencia legal de Télam se negaron a poner su firma en esa aventura.
Para esa misión, Télam, más que juristas, necesitaba un campeón de box. Lombardi encontró uno, pero terminó besando la lona.
La semana proxima los trabajadores de Telam cumplirrn un mes de actividades consecutivas frente a la Camara del Trabajo en reclamo por transparencia judicial.
La rebelión de los jueces
Quienes conocen a la justicia y sus músculos observan con alguna indulgencia a los jueces de la Cámara del Trabajo porque los mensajes de la Casa Rosada para revertir las reincorporaciones de los trabajadores de Télam no fueron meras recomendaciones ni se acotaron a diplomáticas visitas de emisarios a los despachos. Acá el mensaje llegó en un lenguaje que jamás se había oído en los 75 años del fuero. Los jueces no son santos, pero en la justicia laboral tampoco se operaba con la retórica del hampa. Menos con la de los servicios de inteligencia.
De a poco, se construyó la salida. Y en andurrial del conflicto premió a aquellos camaristas que no mostraron inflexión alguna, a los que defendieron al derecho y, bien mirado, también, a los que se defendieron a ellos mismos. Hubo un sentido de preservación, si se quiere, corporativo.
El cascabel al gato lo comenzaron a enlazar Enrique Arias Gisbert y Miguel Rodríguez Brunengo que, con los guiños de sus pares, ratificaron esta semana 68 despidos en cinco de los nueve expedientes judiciales pendientes de los trabajadores de Télam. Beatriz Ferdman, recién elegida camarista (fue designada por el presidente Macri en su segundo intento por acceder a la Cámara: lo había intentado en forma fallida en 2012 cuando tuvo un encontronazo con Héctor Recalde, uno de los jurados del concurso), dejó su voto negativo.
La sentencia mostró a Arias Gibert con renovados bríos y ya en Ginebra, durante la Conferencia Anual de la OIT, el titular de la Sala V había dado señales a quien se lo cruzara de que estaba dispuesto a atravesar la tormenta. El fin de sus vacilaciones impactó en los camaristas de las Salas III y IV, que deben resolver –todavía- si rechazan la jurisdicción y devuelven sus expedientes a la Sala V (lo que redundará en más reinstalaciones) o si reman contra la corriente y resuelven ellas mismas.
En la Sala VIII, el presidente de la Cámara, Luis Catardo, tuvo que dirimir el viernes un desacuerdo de sus colegas y finalmente empujó el expediente que le habían derivado y lo remitió, de nuevo, hacia el despacho de Arias Gibert. Ese gesto fue atendido y entendido por quienes todavía no se jugaron por una decisión.
¿Cuál es el retardo? En la Sala III se esperó el retorno a Buenos Aires de Cañal(también pasó por Suiza), una figura que, aun heterodoxa para el clisé de los jueces del trabajo, suma miradas hacia un nuevo mapa político de ese cuerpo. Cañal fue acaso la voz más áspera y beligerante para condenar, internamente, el proceder de la Cámara en la causa Télam. Cuando en febrero se comenzó a aplicar retroactivamente un reglamento que afectaba el curso de los expedientes, contra la elemental interpretación del Código Civil, tuvo una encendida posición en pos de que se hiciera una aclaración pública sobre lo actuado. Porque, aunque debiera ser obvio que un reglamento no se puede aplicar para atrás -dijo-, lo “obvio no fue tan obvio para los jueces” si se observa cómo se comportaron. El zafarrancho era tal que trató a algunos de sus pares como alumnos primerizos.
Aquellos ánimos caldeados ya bajaron y, de hecho, todos finalmente enfundaron las armas y votaron por unanimidad la posición de la camarista. Ahora, puertas adentro de su sala, Cañal tendrá que conciliar un pronunciamiento con Alejandro Peruggini y Miguel Omar Pérez, habitualmente de posiciones menos enjundiosas.
En la Sala IV -que tiene el otro expediente pendiente- manda Héctor Guisado, que las vivió todas en el fuero del Trabajo (ingresó al poder judicial en 1977) y mide el tiempo para cambiar sus cartas. En su momento pareció jugar a fondo en un sentido y ahora estudia el movimiento para que su aterrizaje en una pista inesperada no sufra turbulencias. Esas destrezas despiertan admiración en la familia judicial.
Una prosecretaria de sala observó el mapa y vaticinó que no hay otra posibilidad. ¿Si los trabajadores de Télam sostuvieron 119 días de huelga a pesar del descuento de los salarios, si llevan más de un mes soportando el invierno en la puerta de la Cámara del Trabajo, quién los va a desalojar si no se resuelve el entuerto?
Hay una certeza: el 22 de julio comienza la feria judicial y, tras el receso, sería inadmisible el mismo paisaje de protestas en la puerta, que ofende a más de algún distinguido miembro del Poder Judicial.
Alberto Fernandez, precandidato presidencial, se solidarizo con los trabajadores de Telam. En la foto, Emiliano Buonanotte y Ariel Bargach, delegados de la la agencia.
Errores y excesos
Las sentencias no pueden disipar toda la niebla. Hay aspectos del conflicto que son territorio exclusivo de la política.
Hay 242 acciones de fondo de trabajadores despedidos de Télam que se tramitan ante Juzgados de primera instancia. Entre los testigos aparecen diputados, senadores y celebridades del periodismo televisivo. Nadie imagina tolerable una secuencia infinita de videos y entrevistas a la salida de cada juzgado replicando, durante tres o cuatro años, todas las semanas, los estertores de un conflicto cuyo trazo central debería definirse, si imperase el sentido común, en estos días. Ese cierre, todavía sin boceto, se imagina con algún interlocutor del próximo gobierno que diseñe un esquema de conciliaciones y desistimientos en masa. El conflicto eterno no le sirve a ninguna trinchera política.
Pero no hay rosa sin espinas. Aquella idea podría clausurar el conflicto judicial-sindical, pero jamás el económico. El abogado Juan José Etala, a pesar de sus altos honorarios y su trabajado prestigio como director de la revista jurídica de la editorial Thomson Reuters (la sucedánea de “La Ley” para los nostálgicos del fuero), calculo mal las indemnizaciones de 147 despedidos y, entonces, hasta los trabajadores de Télam que no tienen interés en regresar a sus puestos de trabajo iniciaron un litigio por diferencias indemnizatorias. Otro foco de litigio a futuro son los aumentos salariales selectivos, exclusivos para los empleados leales al gobierno.
El resultado es insólito: hay más litigios en curso que trabajadores despedidos. Un monumental caso de mala praxis en el asesoramiento jurídico patronal.
En la revista de Etala suele escribir el abogado Pablo Devoto, a su vez jerarca del diario La Nación que, cuestiones ideológicas al margen, conoce a fondo la letra del Estatuto del Periodista.
Pero Etala, como hacía Alicia en la novela surrealista de Lewis Carroll, da buenos consejos pero rara vez los sigue.
Cartógrafos del porvenir
El conflicto de Télam dejó un surco profundo en la agencia y también otro la Justicia del Trabajo. El precandidato presidencial Alberto Fernández –que en su tiempo de Jefe de Gabinete, de alguna forma, condujo los destinos de Télam- recibió una copia del proyecto de ley “Télam: una agencia pública no gubernamental con control parlamentario”, redactado por los abogados de los trabajadores de la agencia. El modelo, que lleva a la tradición latinoamericana un modelo de servicio público de fuente internacional, a simple vista aparece por fuera del canon de la política de medios del peronismo clásico, pero –ahora- puede conciliarse con el tiempo político que viene. Fernández sabe que el despropósito de Hernán Lombardi le deja la pelota servida para anotar un gol. En un tiempo económico que se asegura estrecho, un logro simbólico en Télam puede convertirse en un páramo y ayudar a construir un nuevo discurso que se acomode al sentimiento ecuménico que trabaja en su campaña. El proyecto tiene 28 firmas de diputados, de los bloques más diversos, y hoy está en el escritorio de un abogado de linaje académico, ajeno al territorio político pero próximo al candidato.
Fernández escucha a muchos que han pasado por la redacción de Télam y, entre ellos, recibe informes de Armando Vidal, memorable periodista parlamentario que jerarquizaba las páginas de Clarín junto a otra pluma de prosapia peronista, Carlos Eichelbaum. Vaya contraste el de aquellos cronistas de robustas convicciones con los periodistas parlamentarios que hoy tiene Télam, que en el conflicto jugaron con la patronal y ahora pedalean en el vacío.
Pero el conflicto de Télam también movió las piezas internas en el fuero del trabajo. El mapa electoral y la futura presidencia de la Cámara en cabeza de Diana Cañal, una abogada que también es doctora en filosofía y que quiebra en sus sentencias el tono monocorde de fallos judiciales torpemente armados con el copy/paste de la computadora, insinúan un nuevo tiempo. Aspira a irradiar, desde su lugar y aun indirectamente (ya que no tendrá potestades formales obre ello), una nueva impronta en temas espinosos: discriminación, responsabilidad personal de los directivos de las personas jurídicas en casos de fraude a la ley, género, reafirmación de la competencia laboral en causas laborales que comprendan al Estado… un programa extraordinariamente ambicioso que exige una solución prolija para el expediente más trascendente del año del fuero del trabajo.
Pero esas proyecciones hoy escapan a los trabajadores de Télam, que manejan otras urgencias. Les quedan dos tandas de expedientes por resolver y, hasta tanto, habrá vigilia y el acampe en la puerta de la Cámara del Trabajo.
Ya lo dijo Perón: los hombres son buenos pero vigilados son mejores. Y, en este tiempo, incluso para el macrismo, se ratifica aquel apotegma que el viejo general lanzó en una entrevista en el exilio: peronistas somos todos.
Reforma mortal
«En nuestro segundo mandato vamos a hacer la Reforma Laboral». Esta semana, el ministro Nicolás Dujovne expresó la promesa ante un grupo de especuladores de Wall Street. Es un mantra repetido: hace tres semanas le dijo lo mismo a Christine Lagarde, la mandamás del FMI. Es evidente que el gobierno considera que esa promesa es una herramienta de marketing poderosa, capaz de «calmar los mercados» y, a la vez, recoger apoyos para la campaña del presidente, Mauricio Macri.¿En qué consiste la meneada «reforma» que el oficialismo vende como solución al creciente desempleo que la propia política económica del gobierno provocó? El ministro no dio detalles, pero hay indicios, como la reforma que rige para los trabajadores petroleros de Vaca Muerta, el mayor yacimiento de hidrocarburos de la Argentina.
«Acuerdos de este tipo necesitamos en todo el país», dijo fuerte y claro el presidente el 10 de enero de 2017, en el acto de presentación del pacto entre petroleras, gremios y gobierno. El anexo de 25 artículos al convenio colectivo habilitó cambios en los esquemas de trabajo, extendió las jornadas laborales, generalizó los contratos a término, eliminó el pago por «horas taxi» –tiempo de traslado– y modificó las condiciones de operación nocturna y bajo rigores climáticos.
Al momento de la presentación, las petroleras estimaron que la flexibilización les permitiría reducir entre un 30 y 40% los costos laborales. Este ahorro «derramaría», dijeron, en un incremento de las plantillas de los empleados.
«En Vaca Muerta este año trabajan 30 mil personas… el año que viene van a ser 80 mil y en un par de años va a ser medio millón de personas trabajando en generar energía para los argentinos y para el mundo», afirmó Macri el 18 de julio de 2018, durante una visita a los yacimientos neuquinos. La realidad, como es usual, desmiente el pronóstico presidencial: en la actualidad el ministerio del Trabajo contabiliza unos 84 mil trabajadores registrados en «Explotación de minas y canteras», la rama de actividad que incluye a los trabajadores petroleros de todo el país. Apenas un 4% más que los 80 mil empleos que se registraban en enero de 2017, cuando se firmó la flexibilización.
El módico incremento en la tasa de empleo contrasta con las supertasas de producción y ganancia empresaria. En febrero de este año el yacimiento registró un incremento del 193% en la producción de gas y petróleo. Para la misma época, Tecpetrol (del Grupo Techint, la principal operadora privada en Vaca Muerta) declaró un aumento del 338% en sus ganancias anuales.
En el lado oscuro del «paraíso energético», mientras tanto, crecen la desigualdad, la pobreza y la muerte.
Cifras del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) del Ministerio de Producción muestran las enormes diferencias salariales de los trabajadores petroleros de Neuquén con sus pares de otras actividades. Mientras el salario promedio de la industria petrolera se ubica en $ 144 mil, en la construcción es de $ 42 mil, en gastronomía de $ 23 mil, en docencia $ 21 mil y $ 28 mil en turismo.
La desigualdad salarial «derrama» en pobreza. El Índice del Precio al Consumidor marca una fuerte distorsión en los precios de los productos de consumo masivo y la vivienda, que se incrementan al ritmo de los salarios petroleros y se alejan del poder adquisitivo del resto de la población.
El «derrame» flexibilizador también trajo muerte. En el último año se registraron ocho incidentes fatales en Vaca Muerta. Los trabajadores y especialistas relacionan el aumento de «accidentes laborales» a la reforma que permite contratar personas de escasa o nula formación, propicia las multitareas, modifica los cronogramas de descansos y provoca excedentes de horas trabajadas. O sea: los operarios murieron por falta de capacitación y cansancio, mientras las petroleras y sus contratistas embolsan ganancias récord apalancadas con subsidios estatales.
En eso consiste, parece, el modelo de reforma laboral que los dueños del poder y del dinero promocionan en sus medios como «lo que hay que hacer».
Total normalidad.
Santa Fe Convocatoria
En defensa de la moratoria previsional
Santa Fe este Martes 2 de julio a las 10hs frente a la puerta de Anses concentramos en defensa de la moratoria previsional
#NiUnaJubiladaMenos #SantaFe
#TodasSomosTrabajadoras
#TodasSomosTrabajadoras
Usan el acuerdo con la UE para impulsar el reclamo de una reforma laboral
Sectores del empresariado piden al gobierno que la impulse a fin de lograr la competitividad que les permita enfrentar lo que prevén será una invasión de productos europeos.
La euforia oficial que explotó tras el anuncio de la firma del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur en la tarde del viernes último comenzó a caer y empezaron a asomar las aristas del acuerdo que, más allá de las palabras altisonantes y los números desproporcionados, justificarán el intento de establecer una agenda de reformas que hasta ahora han sido cuestionadas y que son agrupadas detrás de la palabra competitividad.
Ese es el caso de la reforma laboral y previsional, las dos propuestas más ambiciosas del gobierno y que no pudo encarar por las resistencias sociales y políticas que encontró.
Tanto el gobierno nacional como los principales conglomerados empresarios están detrás de ambas propuestas. A ellos se les suma el Fondo Monetario desde el momento que comenzó a monitorear los números de la economía argentina a partir de la vuelta de la revisión del Artículo 4, como se conoce al control que ejerce el FMI sobre los fundamentos económicos de todos los países que están asociados.
Asimetrías
Luego de varias horas de festejos, algunas voces comenzaron a dejarse oír en la noche del viernes y a lo largo del sábado advirtiendo que sin esta agenda de reformas, las empresas argentinas no estarían en condiciones de competir en un mercado abierto con sus pares de la Unión Europea.
Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y titular de la Copal, la cámara empresaria que agrupa a toda la industria de alimentos, aseguró que el acuerdo «exige una estabilidad macroeconómica y previsibilidad sobre las reglas de juego para que haya simetría». Funes enumeró: «La UE tiene mucha estabilidad, con una moneda única y bajos niveles de inflación, de gasto público y de presión fiscal».
La UIA ha sido uno de los sectores empresarios más reticentes a la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. En la entidad fabril observan con preocupación que, mientras por esa vía pierden la protección del mercado interno, por el otro incrementa la competencia en Brasil, principal destino de las exportaciones industriales argentinas.
«Nosotros siempre hemos reclamado por políticas que incrementen la competitividad de la actividad económica y del aparato productivo. El acuerdo con la UE nos pone un plazo y obliga a tomar determinaciones», señaló un directivo de la entidad fabril.
Llamó la atención que ninguna de las partes involucradas en el acuerdo diera a conocer la versión completa. En el gobierno aseguraron que no tardarán en hacerlo y que irán convocando a los sectores productivos involucrados para discutir los detalles.
Lo mismo sucederá, aunque con un plazo mayor, con los diputados y senadores que surjan del nuevo Congreso, tras las elecciones de octubre. Ellos serán los encargados de ratificar o rechazar el acuerdo, del mismo modo que lo harán los parlamentarios de los países que integran el Mercosur y los de las naciones de la Unión Europea. También deberá pasar el filtro del Parlamento Europeo.
Entre los empresarios, el sector más entusiasta con el acuerdo es el vinculado a la actividad agropecuaria en su versión más primaria. Ello porque la producción de granos y de cultivos industriales (algodón, lino) supera la demanda interna. El caso paradigmático es el de la soja ya que se calcula que un 60% de la cosecha tiene destino de exportación, sea en bruto o transformada en aceite o harina.
En cambio, los sectores industriales de los autos, el calzado, las autopartes, la metalmecánica, el calzado, los neumáticos y el juguete, además de las empresas de servicios y los contratistas del Estado, estarán sometidos a la competencia europea sin posibilidades de protección.
Y desde estos sectores surgen los planteos que apuntan a mejorar la competitividad por medio de la reforma de la legislación laboral. Una nueva crisis de avecina..
El jueves vence el plazo judicial para lograr un acuerdo por el Bauen
Sin expectativas en la cooperativa que gestiona el hotel ante la falta de voluntad de negociación de los supuestos dueños.
La cooperativa que gestiona el hotel Bauen vuelve a ser acorralada por el fantasma del desalojo. La jueza María Paula Hualde le dio siete días hábiles para llegar a un acuerdo con Mercoteles, la sociedad anónima que figura como dueña del inmueble desde julio de 2001. De no llegar a un acuerdo (es lo más probable), avanzaría con el desalojo.
Los abogados Diego Carbone y Ataliva Dinani esperan por un llamado de Mercoteles, pero sin mucha expectativa. Mientras, los trabajadores se preparan para realizar actividades que visibilicen la lucha.
“Todo esto tiene que ver con el veto de (Mauricio) Macri a la Ley de expropiación del hotel, sancionada por el Congreso en diciembre de 2016. El Estado recuperaba un activo para su patrimonio y la cooperativa gestionaba el hotel”, expresó a Tiempo Federico Tonarelli, referente de la cooperativa que maneja al Bauen. “Los fundamentos del veto son falaces (NdeR: acusaba la imposibilidad de realizar una erogación extraordinaria). Es todo lo contrario. Los privados nunca pagaron ni una cuota del crédito que el Estado le dio para construir el hotel, en 1978. El perjuicio lo provoca el veto, ya que impide al Estado recuperar un activo basado en esas deudas”, aseguró.
En el Bauen, que es gestionado por los trabajadores desde 2003, funciona un complejo cooperativo que alberga a la revista Cítrica, al colectivo teatral El Descubridor, a la revista La Garganta Poderosa y al Movimiento Popular La Dignidad (CTEP), que tiene un almacén en la planta baja del hotel.
Nacho Levy, referente de La Poderosa, dio a Tiempo su punto de vista: “Esta Catedral del Cooperativismo fue la cuna de La Poderosa. Hace 14 años, cuando no teníamos ningún punto de encuentro, la puerta de esta casa apareció abierta. Desde que nació la gestión de los trabajadores, estuvo abierta para los organismos de Derechos Humanos y del campo popular”.
“El Bauen es mucho más que un hotel o una empresa recuperada. Es una bandera de la solidaridad y es una insignia de la fuerza colectiva que hemos podido desarrollar como sociedad. En la lucha del Bauen, están todas las luchas. No me parece casual que un gobierno que brega por el individualismo, por el egoísmo, por la mezquindad, por el sálvese quien pueda, por el sálvese quien nos convenga, por el sálvese a quien necesitemos, atente tan inescrupulosamente, con tanta saña, contra un colectivo de trabajadores”, apuntó Levy y siguió: “Este presidente malicioso, sumiso a intereses que no tienen nada que ver con nuestro pueblo, decidió meter un decreto para inhibir ese proceso natural, legítimo y victorioso que tenía esta lucha. El desenlace victorioso no se lo va a quitar ningún acto de autoritarismo unipersonal, ningún atentado a la fuerza colectiva”.
“Ellos están expresando a través de sus voceros judiciales que los trabajadores nos tenemos que ir. Los trabajadores y trabajadoras que día a día convivimos en el Bauen estamos diciendo que de acá no nos vamos nada y los que se van son ellos”, sentenció Levy.
“Si lo pensás desde la lógica, no cierra la idea. Pero tampoco parece lógico salir a disparar a los chicos por la espalda. Nuestra tranquilidad y reposo no están en la previsibilidad que tenga un presidente tan carente de valores y de sentido común. Nuestra tranquilidad radica en la atmósfera de fraternidad y sororidad que se respira adentro del Bauen, entre las personas que participamos de este complejo cooperativo”, finalizó.
Rafael Klejzer, secretario general de CTEP Capital, fue tajante: “En la campaña electoral, van a querer mostrar esto como una profundización de su bolsonarismo y los trabajadores vamos a resistir la avanzada de estos tipos. Si nos movemos, la van a pensar dos veces”, aseguró y detalló: “Lo que ellos evalúan es que puede haber un muerto y si eso les puede sumar o restar votos. Porque saben que si intentan desalojar va a haber miles de personas defendiendo el hotel. Nosotros, planteamos la firmeza en la defensa del Bauen. Van a haber acciones en defensa del lugar para mostrar al pueblo la justicia de este reclamo”.
Manuel Callau, presidente de El Descubridor, destacó: “Mientras esta propuesta de gobierno genera desocupados todos los días, el movimiento cooperativo en general y del Bauen en particular genera trabajo desde hace 16 años. El mundo propuesto por la cooperativa es mucho más bello y noble que el de la competencia y del lucro”. El Descubridor no pudo la última semana abrir la sala Osvaldo “Chacho” Dragún, por inhibición del gobierno de la Ciudad. “No son cuestiones técnicas, sino políticas, que obstruyen el camino a la solución. No somos guerreros, pero este gobierno es capaz de hacer morder a Lassie. Es un acto de un prepotente mal asesorado. Si nos cierran las posibilidades de trabajar, habiendo invertido mucho dinero, no quedan muchas opciones”, afirmó.
Una de las opciones es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde los abogados del Bauen hicieron una petición, basados en que el veto de Macri cercena el derecho al trabajo. Otra posibilidad es que avance el nuevo proyecto de ley de expropiación, presentado por el diputado Agustín Rossi (PJ – Unidad Ciudadana). Su asesor Sergio Woyecheszen contó a Tiempo: “Tratamos de empujar el tema en comisiones para que salga y se pueda tratar el proyecto en las cámaras. Pero el gobierno fue cerrando los canales. Todo nuestro espacio político está a disposición de lo que los trabajadores del Bauen crean necesario para dar respuesta a las situaciones que se vayan presentando”.
Por su parte, el legislador porteño y candidato a Jefe de Gobierno Gabriel Solano (FIT – PO) aseguró: “El Bauen debe ser expropiado de manera definitiva, de forma no onerosa, y entregado a la cooperativa. Votamos a favor de la ley que fue vetada. Fuimos críticos en que nos parecía que debía haber sido votada antes porque eso hubiera permitido que Macri no la vete”. “Los trabajadores invirtieron parte de su trabajo en sostener la propiedad; invirtieron en el hotel. Debería expropiarse, pero no tenemos expectativa de que el parlamento se mueva. Debiera haber una convocatoria preventiva, de lucha, por parte de los sindicatos para defender al Bauen. Vamos a apoyar en todos los planos cualquier propuesta de los trabajadores”.
Finalmente, Mariana Aquino, periodista integrante de revista Cítrica, resumió: “Para el campo popular, el Bauen es un emblema de autogestión y de resistencia, y todas las cooperativas que integramos el Complejo Cooperativo percibimos a este lugar como nuestra casa. Este hotel era una cooperativa, pero se transformó en otra cosa. Ahora, somos muchas cooperativas en una, somos 200 puestos de trabajo en peligro por una amenaza de desalojo. Somos el Bauen y lo vamos a defender”.
Córdoba: en un año se desconectaron 54.000 usuarios de la red de gas por el tarifazo
En el último año, el 8 % de los usuarios se dio de baja del servicio por no poder pagar la boleta. En la provincia solo hay 76 localidades con gas natural.
Por Daniela Valente
Una de las obras más publicitadas del Gobierno de Córdoba fue la de los gasoductos troncales, que permiten llevar el gas natural a 282 localidades del interior. Esto representa que, en toda la provincia, los usuarios podrían llegar a 972.000.
Pero detrás de la propaganda de Schiaretti se esconde otra realidad. Una nota de La Voz del Interior de este domingo informa que durante el último año, 54.000 usuarios se desconectaron de la red de gas, un 8 % de los 637.000 que registró la Distribuidora Gas del Centro (Ecogas) en 2018. La mayor parte fue por mora, pero también hay una gran cantidad de bajas voluntarias. Aunque las alternativas al gas natural son mucho más caras, permiten controlar el gasto y no tener que esperar a que llegue la boleta para saber si se podrá pagar o no. Por el lado de las nuevas conexiones “puras”, sumaron solo 10.200 el año pasado.
La tarifa de gas natural aumentó, para la categoría de referencia en Córdoba (R2-3), más de 1.600 % en tres años y la dificultad para pagar se refleja no solo en las bajas sino en un menor consumo. En dicha categoría están los usuarios que consumen entre 800 y 1.000 m3 anuales, lo que representa un calefón, calefactor de uso muy moderado y cocina. Solo el 11 % de los usuarios de Ecogas entra en esa franja, mientras que el 46 % consume menos de 800 m3 anuales.
Conexiones caras y alternativas peores
Los datos del Gobierno de Córdoba muestran que ya hay 76 localidades con gas natural, pero la decisión de hacer la conexión domiciliaria también está sujeta a las posibilidades económicas, ya que tiene un costo de $ 60.000 y requiere una obra importante en el hogar.
Por este motivo, cuando en 2017 Ecogas presentó sus planes de expansión en la Secretaría de Energía, preveía que solo el 30 % de los más de 30.000 nuevos usuarios potenciales se conectaría en los siguientes cinco años.
Donde no llega el gas natural, las opciones para cocinar y calefaccionarse son las garrafas, los tubos de gas licuado o directamente la leña.
Todas estas alternativas son mucho más caras que el gas natural y su costo aumenta al mismo ritmo que la tarifa de Ecogas. La garrafa de 10 kg sale $ 430 (en el caso de la subsidiada, $ 330) y puede durar una semana en una estufa, mientras que el tubo de gas de 45 kg cuesta entre $ 2.200 y $ 2.500 y equivale a cuatro garrafas y media. La tonelada de leña, en tanto, sale entre $ 5.000 y $ 6.000 y sirve para un mes de calefacción. En promedio, con cualquiera de estas opciones una familia tipo gastará unos 12.000 en los tres meses de invierno, solo para calentar el ambiente.
Los empresarios no pierden
Según refleja La Voz del Interior, en el Enargas advierten este fenómeno en las distribuidoras de todo el país y están estudiando la posibilidad de instalar medidores inteligentes más fáciles de leer, y que también pueden servir como prepagos si es necesario. Es decir, que, si el usuario tiene dinero, puede usar gas. Cuando se acaba la carga, el gas se corta. Algo que ya sucede con la electricidad en 180.000 hogares de Buenos Aires, donde los medidores prepagos fueron instalados compulsivamente por Edenor
Mientras miles de familias tienen que hacer malabares para cocinar y calefaccionarse, las empresas distribuidoras de gas natural ganan millones gracias a los tarifazos. En el caso de la Distribuidora Gas del Centro, que abarca Córdoba, Catamarca y La Rioja, el año pasado tuvo ganancias netas por $ 1.429,9 millones, un incremento del 84,89 % con respecto al 2017.
El incremento en las utilidades se debe principalmente al aumento del precio de la distribución (que, junto a los incrementos en el valor del gas propiamente dicho y en el transporte explican los tarifazos) y solo una pequeña parte por una mayor cantidad de clientes.
La sociedad que controla Ecogas, con un 44 % de las acciones, es nada menos que Central Puerto S.A., una de las empresas del holding SADESA (Sociedad Argentina de Energía SA), que tiene entre otros accionistas a Guillermo Reca, la familia Miguens Bemberg, y a Nicolás Caputo, amigo personal del presidente Mauricio Macri.
Los servicios son un derecho, no un negocio
Queda demostrado que, en el sistema capitalista, las ganancias de los empresarios, sobre todo si son amigos del poder de turno, prevalece por sobre el derecho de la población de contar con servicios indispensables. Esto no sucede solo bajo el gobierno de Mauricio Macri, ya que durante los 12 años de gobierno kirchnerista tampoco se retrocedió en las privatizaciones de los 90, durante las cuales se desmembró la producción energética nacional que integraba extracción, producción, transporte y distribución.
Mientras los servicios públicos estén en manos de empresarios que lucran con ellos, millones de personas seguirán sin poder acceder a los mismos, ya sea por los tarifazos o porque la lógica empresarial impide la expansión de las redes. Por otro lado, las empresas estatales gestionadas por el gobierno también se enfocan a los intereses de los negocios empresarios y no aseguran la prestación de un servicio accesible y de calidad. Por eso, además de la nacionalización y reestatización sin pago de todas las empresas privatizadas, el Frente de Izquierda propone que sean puestas bajo control, administración y gestión de trabajadores y control de los usuarios populares. Así se podrán establecer los términos para la prestación del servicio a un precio que garantice el acceso sin restricciones, segmentando las tarifas con criterio progresivo, al mismo tiempo que asegurando la sustentabilidad del sistema.
Portada: foto de archivo
Envio:RL






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