7 de Agosto Marcha de San Cayetano a Congreso
Prórroga por 4 años de la Emergencia Social Emergencia Alimentaria Infraestructura Social Agricultura Familiar Emergencia en Adicciones Emergencia en Violencia de Género Presupuesto para la ley de Urbanización de Barrios Populares Inclusión al Consejo del Salario Mínimo Vital y MóvilLos datos oficiales que desmienten a Macri respecto al trabajo en el campo
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Un informe elaborado por el Ministerio de Industria y Trabajo y el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas de Trata niegan las palabras que dijo el presidente Mauricio Macri este sábado durante la ceremonia de inauguración oficial de la 133° Exposición Rural, cuando dijo que el campo «genera trabajo de calidad en cada rincón del país”.
Según el estudio, cuyos datos fueron difundidos en Página 12 alertan que eltrabajo informal en el sector aumentó al 44 por ciento en promedio entre 2016 y 2018, con picos de 85 por ciento en algunas provincias.
Mientras tanto, las denuncias por trabajo infantil hechas por el gobierno incluyeron apenas a 22 menores, a pesar que la Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes 2016-2017 del Indec contó 72.808 casos de niños y niñas de entre 5 y 15 años que realizan algún tipo de labor en el ámbito rural “en condiciones de mercado”.
Además, se contabilizaron sólo 734 empresas rurales incluidas en el Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal), un número muy bajo para los altos niveles de informalidad y explotación registrados en el ámbito agropecuario.
Por otro lado, entre 2016 y 2018, la actual secretaría de Trabajo hizo 7.068 inspecciones en el país, de las cuales el 58 por ciento arrojó algún grado de irregularidad. Del total de trabajadores relevados en este período (61.057), la informalidad laboral detectada fue la siguiente: un 43 por ciento en 2016, 46 por ciento en 2017 y un 43 por ciento en 2018.
Según datos oficiales, en los últimos meses, la precarización laboral en el sector rural, fue del 44 por ciento, en promedio. Es decir, más de 26.800 trabajadores y trabajadoras fueron encontrados en condiciones de informalidad.
Encuentro del Frente Sindical, la Corriente Federal y las CTA
Gremios contra la reforma laboral
Con críticas al modelo económico de Cambiemos y a la pretensión oficial de avanzar hacia una reforma laboral, se realizó la primera Jornada del Movimiento Obrero por el Trabajo y la Producción Nacional. El encuentro, que convocó a unas 600 personas en la sede del Smata, fue organizado por gremios del Frente Sindical para el Modelo Nacional (Fresimona), de la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) y de los distintos sectores de la CTA.
El titular del sindicato anfitrión, Ricardo Pignanelli, descartó la posibilidad de desarrollar una reforma laboral, tal como pretende el Gobierno, y llamó en cambio a promover el «diálogo social tripartito» en cada actividad para actualizar los convenios colectivos y salir de la crisis económica provocada por las políticas oficiales. Pignanelli puso como ejemplo el proyecto que los mecánicos elaboran desde hace dos años junto con los empleadores del sector, y aseguró que «un pacto social para la foto no sirve». «El verdadero pacto social –dijo– es revisar actividad por actividad de forma conjunta, es decir, los trabajadores, los empresarios y el Gobierno, para llegar a la raíz de los problemas y trazar políticas de Estado», explicó el dirigente.
«La industria está al 40 por ciento de su capacidad operativa. Se pueden hacer muchos proyectos para vender más autos, pero con los actuales intereses es muy difícil activar el mercado, porque la franja que puede acceder es cada vez más chica», dijo Pignanelli, en referencia al acuerdo oficial con automotrices y concesionarias para incentivar la venta de vehículos.
El titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, planteó que «es enorme la destrucción en términos sociales» que han generado las decisiones del gobierno de Mauricio Macri. «El hambre, el drama de los jubilados, el drama de la gente que hoy no tiene otra posibilidad que ir a un comedor de un barrio, los despidos, los pequeños empresarios que se funden, los negocios que cierran», enumeró y rescató que ese proyecto neoliberal todavía no pudo terminar de plasmarse: «Quedaron a mitad de camino. No pudieron llegar hasta el hueso. No pudieron concluir la obra que tenían en mente realizar, tal cual era su compromiso con los grupos poderosos. Y los que impedimos que esa obra se pudiera concretar, los que impedimos que pudieran liquidar totalmente el sistema jubilatorio, los que impedimos que liquidaran definitivamente la protección laboral, la justicia laboral, los derechos; los que impedimos que pudieran llevar el ajuste hasta donde lo querían llevar, fuimos esta parte del movimiento sindical y las alianzas sociales que se activaron para ponerle freno a esta política depredadora y destructora del país». El dirigente concluyó con un llamado a apoyar al Frente de Todos en las próximas elecciones.
La justicia ordenó suspender la actividad de Rappi, Glovo y Pedidos Ya
Las aplicaciones de delivery deberán complementar una serie de medidas de seguridad y la registración laboral de sus repartidores. Además la justicia pidió a las tarjetas que inhabiliten los pagos en las plataformas
El titular Juzgado de Feria en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2, Andrés Gallardo, ordenó suspender la actividad de reparto de mercaderías y alimentos a domicilios en moto o bicicleta a las empresas que no hayan cumplido con la ley 5.526 y su reglamentación, que obligaba a las aplicaciones de delivery a ofrecer mayor seguridad para los repartidores.
Además, el letrado ordenó a Visa Argentina S.A., Mastercard Cono Sur S.R.L., Tarjeta Naranja S.A. y American Express Agentina S.A. que dispongan la inmediata suspensión y bloqueo de las operaciones realizadas en Rappi Arg. S.A.S., Kadavra S.A.S. (Glovo) y Repartos Ya S.A. (Pedidos Ya) en la Ciudad de Buenos Aires.
En el marco de la causa «Envíos Ya y otros contra GCBA y otros sobre Amparo ? Otros», el fallo instó a las tres empresas que presenten en el plazo de dos días la nómina del personal afectado al servicio de reparto de mercaderías, acreditando su correcta registración en cumplimiento de las normas laborales y previsionales.
Además, en ese plazo deberán entregar de manera gratuita a cada rider: casco e indumentaria con bandas reflectivas reglamentaria, caja portaobjetos reglamentaria con sistema de ajuste al vehículo, comprobante de póliza de seguros personales y de riesgos del trabajo vigentes y copia de las libretas sanitarias.
«Queda expresamente vedado a las empresas citadas obligar a los empleados a costear las provisiones establecidas», señaló el magistrado quien completó que una vez cumplido lo requerido se decidirá acerca de la rehabilitación de su funcionamiento provisional.
Además, Gallardo ordenó al Jefe de la Policía de la Ciudad que a partir de este viernes disponga la realización de operativos en la vía pública, para identificar a los conductores de ciclorodados y motovehículos afectados al trasporte de mercadería, con detalle de la empresa para la que prestan servicios, y verificar, en todos los casos las condiciones de seguridad de su tarea diaria, según consignó el portal iJudicial.
En caso de incumplimiento, los efectivos deberán «proceder al decomiso de la caja portaobjetos y de su contenido dejando debida constancia» y «permitir que el conductor continúe circulando con su vehículo, salvo que se verificasen otras infracciones a las normas de tránsito que requieran la adopción de un temperamento diferente».
Por otra parte, las compañías podrán ser sancionadas con una multa de diez mil pesos por cada irregularidad verificada, cuyo pago se hará efectivo mediante embargo en las cuentas bancarias de su titularidad. «Los importes recaudados en tal concepto serán transferidos a una cuenta abierta a nombre de estos autos y su destino será determinado oportunamente», dispuso el titular del Juzgado de feria.
La Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios (ASIMM), parte coactora en este amparo colectivo, solicitó la habilitación de la feria judicial para que se adopten una serie de medidas tendientes al cumplimiento de la cautelar dictada el 6 de diciembre de 2018.
Sin embargo, desde Rappi aseguraron confirmaron «el normal funcionamiento de la aplicación y mantienen un fluido diálogo con las autoridades pertinentes».
Además, agregaron: «Expresamos nuestra preocupación por este fallo que perjudica tanto a repartidores, como comercios locales y consumidores, y lamentamos profundamente dicha decisión judicial, que será apelada. Seguiremos velando por los intereses de todas las partes, con el mismo compromiso de siempre».
En los últimos dos años y medio se perdieron 9.200 empleos en la industria del calzado
El sector del calzado viene sufriendo golpes duros. En los últimos dos años y medio se perdieron 9.200 puestos de trabajo. Las principales marcas de calzado deportivo internacionales cerraron sus plantas en el país y hoy importan todo lo que venden.
Alberto Sellaro, presidente de la Cámara del Calzado de la provincia de Buenos Aires, hizo una radiografía del sector en declaraciones a BAENegocios: «Adidas y Nike dejaron de fabricar en el país, Reebok importa todo y a Puma sólo le quedan 400 trabajadores».
«En 2002 producíamos 36 millones de pares de calzado. Cuando terminó la convertibilidad y empezamos a ser competitivos, se generaron 5 millones de puestos de trabajo y en el 2015, tuvimos un récord histórico, llegamos a producir 125 millones de pares». añadió el dirigente.
La situación se complicó en los últimos tres años. «Teníamos un consumo promedio de tres pares y medio per cápita y hoy apenas llegamos a los dos pares y medio. En tres años, pasamos de fabricar 125 millones en 2015 a hacer sólo 90 millones ahora. Hoy es libre importar, no hay cupo. Antes se controlaba, no digo que sea ilícito importar, pero a las empresas internacionales sólo les interesa su negocio, no les interesa las fuentes de trabajo que se pierden», agregó.
El presidente de la Cámara del Calzado cuenta que hasta hace 5 meses había un kit que incluía todo lo necesario para ensamblar que pagaba un 35% por derechos y que el Gobierno lo redujo a 15%.
«Priorizaron importar para no tener que pagar cargas sociales. Hoy las que dan la pelea son las empresas más chicas. A las más grandes les es fácil ir a convocatoria, las pymes no hacemos esas cosas», completó.
Knorr y Hellman´s lanzaron un plan de «retiros voluntarios»
Las firmas alimenticias Knorr y Hellman´s, de Unilever, comunicaron que abrirán un plan de «retiros voluntarios» para empleados con «baja productividad». Desde el gremio creen que se trata de despidos encubiertos.
Las alimenticias Knorr y Hellman´s, de Unilever, le comunicaron a los trabajadores de la empresa que planea ofrecer «a los empleados de bajo rendimiento» un plan de retiros voluntarios. La noticia cayó por sorpresa en los trabajadores y desde el Sindicato de la Alimentación alertaron por la posibilidad de despidos en la alimenticia Knorr.
La noticia surgió de un encuentro con la Comisión Interna en la que se informó de la situación al gremio. Por eso desde el gremio salieron a repudiar la decisión patronal y pidieron el sostenimiento del total de los puestos de trabajo en la planta.
La mala nueva llegó en medio de la negociación salarial. La empresa propuso adelantar la cuota de marzo de 2020 (5%) a diciembre de 2019, pero, a cambio, solicitó «paz social» hasta diciembre y atrasar la cuota de noviembre de 2019 (5%) a diciembre de 2019.
«Además adelantó que tiene en planes ofrecerle al personal de bajo rendimiento la desvinculación de la empresa bajo forma de retiro voluntario», anunciaron desde la Comisión Interna.
La suma del 10% en diciembre bloquearía, además, la posibilidad de un bono de fin de año, negociación que se lleva adelante todos los años.
«Desde las CI´s y el STIA rechazamos de plano los retiros voluntarios, planteando que son despidos encubiertos», expresó el Sindicato de Alimentación a través de un comunicado de prensa.
«Además, dejamos manifiesto que por cada trabajador que tome el retiro, en caso de que se haga, reclamaremos la efectivización de un trabajador contratado», pidieron desde el gremio.
Entre Ríos: la quita de subsidios pone en jaque el servicio de colectivos en Paraná
Se presentó un Proceso Preventivo de Crisis para recortar unidades en las calles, despedir trabajadores y analizan una suba del boleto.
A la par de este crítico escenario, el Sistema Integrado de Transporte Urbano -SITU-, órgano estatal que nuclea a todos los actores vinculados con el sector -concejales, defensor del Pueblo, gremios, especialistas en costos- comenzó a analizar un nuevo incremento del boleto, solicitado por las empresas como consecuencia, especialmente, de la quita nacional de subsidios. A ello se le sumó la inflación, el pago de nuevos convenios salariales, el incremento desmedido de las naftas y la devaluación, que ha llevado a que se esté pagando el triple de lo previsto la adquisición de nuevas unidades.
El valor solicitado fue, en principio, prácticamente imposible de cumplir: $28 más un subsidio municipal de $11. El costo sería de 12 millones mensuales para la comuna. ¿Por qué imposible? Porque el precio actual es de $20, y subirá a $22,80 a partir del 1° de agosto, como consecuencia de que, por decreto, Varisco eliminó un subsidio de $2,80 por ticket que regiría hasta octubre. El motivo es la falta de solvencia para cubrir ese beneficio. Como consecuencia, se puede deducir que si el municipio no puede hacerle frente a un subsidio de $2,80, mucho menos a uno de $11. Desde el Poder Ejecutivo municipal se llamaron a silencio: argumentaron la quita, señalaron que los empresarios no dicen la verdad sobre la deuda -señalan 40 millones de pesos y la comuna dice que son seis millones de pesos-, dejarán que el Concejo Deliberante tome una determinación sobre la tarifa y amenazaron con anular el contrato con las empresas si siguen incumpliéndolo, luego de constatar un recorte de unidades y la quita, sin previo aviso, del servicio nocturno.
El Estado provincial, a su vez, se encargó del 50% de los subsidios eliminados por Nación. La medida fue anunciada en diciembre de 2018. El gobierno de Gustavo Bordet afrontará una partida de más de 340 millones de pesos durante 2019 que, acorde a los propios empresarios, no presenta retrasos.
«Hay un abandono total del gobierno nacional a los usuarios del interior del país. Nadie se hace responsable del lugar que ocupaba y deja en manos de la buena de Dios a la gente. Es difícil prestar el servicio si no están los medios», señaló Marcelo Lischet, uno de los empresarios del transporte, en contacto con Radio UNER. Y agregó: «Ahora las provincias deben determinar si quieren o no subsidiar, si quieren o no tener servicio de colectivos».
El titular de la compañía Mariano Moreno subrayó: «Hoy no nos alcanza la plata para cumplir con las obligaciones. Tenemos ingresos para 600 mil kilómetros y debemos cumplir con 960 mil. Hay un bache que no se puede cumplir. El transporte en el mundo es subsidiado, porque el subsidio no es para las empresas, sino que para los usuarios. Si la ecuación económica se restablece, tenemos la obligación de prestar el servicio tal cual lo firmamos. Pero si no hay acuerdo vamos a tener que tomar decisiones dolorosas en pos de no perder todas las fuentes de trabajo. Nuestra pretensión es que sigan todos, pero tenemos que ver cómo salimos de esto».
Para Lischet, el valor actual de la tarifa no está actualizado, sino que corresponde a septiembre de 2018: «Es costo operativo. El litro de gasoil subió, las unidades cuestan más caras. Es imposible afrontar los gastos hoy». Los vecinos, de manera organizada, intentan tomar medidas para visibilizar la situación que atraviesan. La Asamblea Ciudadana Vecinalista de la capital se reunió el último lunes a la noche, con el objetivo de discutir los pasos a seguir.
«Vamos a endurecer las medidas durante esta semana» adelantó a El Destape, Alicia Glauser, integrante de la Vecinal Santa Lucía y principal vocera de la Asamblea. Y agregó: «El intendente ya ha resuelto que el boleto va a salir $30. Lo va a pasar por el Concejo Deliberante y tiene los votos. Además va a concederle a las empresas la Emergencia, para que retiren unidades y frecuencias».
Desde la organización sostuvieron que la principal causa de la crisis es la quita nacional de subsidios: «Es primordial que haya algún tipo de ayuda, para que la gente pueda seguir usando el colectivo. Nos oponemos al nuevo aumento, necesitamos que vayan a la Nación y resuelvan esto para que dejen de lavarse las manos». Glauser apuntó además contra Varisco: «Dice que tenemos el boleto más barato del país y es mentira. En Buenos Aires sale mucho menos que acá».
Sergio Groh, secretario Gremial de la seccional entrerriana de la Unión Tranviarios Automotor -UTA-, en diálogo con El Destape, señaló que aún corre el plazo para no ejercer medidas de fuerza, pero que los días pasan y sigue sin haber novedades. «El medio aguinaldo no fue pagado y el martes de la semana que viene deben depositar sueldos. Si la plata no está, lamentablemente vamos a tener que tomar medidas otra vez. Esta situación ya no se tolera, estamos esperando el dinero porque hace falta», apuntó.
Si la empresa toma definitivamente la decisión de hacer un recorte, veremos los pasos a seguir», agregó y destacó: «Por el salario y la fuente de trabajo, vamos a pelear hasta las últimas consecuencias». El gremialista finalizó: «Esto no pasa solo acá, hay muchos problemas en el interior del país, como consecuencia de la decisión del gobierno nacional de sacar los subsidios. Es muy sensible lo que está pasando».
* Juan Pablo Scattini es corresponsal de El Destape en Entre Ríos.
EMPRESARIOS ACEITOSOS
Una empresa productora de biodiesel de aceite vegetal de soja despidió a 28 trabajadores
La totalidad de los trabajadores que fueron despedidos el 16 de mayo llevan más de 40 días de acampe fuera de la planta Bio Ramallo, ubicada en el Parque Industrial Comirsa del partido de Ramallo. La empresa no respetó la conciliación obligatoria y no dejó ingresar a los empleados que con la presencia de la policía de la provincia de Buenos Aires, a través del subcomisario Cristian Ponce —oficiando de portero— notificó la imposibilidad de acceso el 13 de junio a los trabajadores enrolados en el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de Rosario (SOEAR). El jueves existió una audiencia en la Secretaría de Trabajo de Nación. Ante la inacción y violación por parte de la empresa de los pasados veinte días de Conciliación Obligatoria, se resolvió extender el plazo una semana más. La Secretaría pretende sentarse con el dueño de la empresa, que ha estado ausente en las audiencias. Los trabajadores seguirán resistiendo y SOER no descarta medidas de fuerza regional y nacional en caso de no arribar a una solución que en principio es tener a los 28 trabajadores dentro de la planta.
Subcomisario Ponce oficia de mensajero en la portería anunciando la decisión de la empresa de no dejarlos ingresar a los trabajadores.
La empresa paga todavía los sueldos de los 28 trabajadores que siguen sin poder ingresar. La producción está parada pero en los papeles se sigue comercializando como Bio Ramallo, denuncian los trabajadores. La maniobra se efectúa a través de otras tres plantas relacionadas. Bio Ramallo es una empresa productora de biodiesel de aceite vegetal de soja que se creó en 2011. Su dueño es Juan Carlos Bojanich, con negocios en el juego en Bahía Blanca. Refinar Bio, Biobal Energy SA y Bio Corba SA están relacionadas al Grupo Bojanich. Juan Manuel Bojanich preside Bio Corba y Carlos Balassone, socio fundador de Biobal Energy SA, aparece además como socio en Bio Ramallo, donde el ramallense Carlos Balestrino es también socio inversor. Emiliana Borra es directora de Refinar Bio, pero aparece también como directora junto a Juan Ignacio Bojanich en una compañía dedicada a la elaboración de bioetanol. “La planta no está funcionando en este momento porque estamos todos los despedidos afuera y no vamos a permitir que nadie ingrese bajo otro convenio, porque lo que pretenden es un convenio a la baja. El problema es que la empresa sigue funcionando en los papeles, esta empresa está ‘fasoniando’, como lo llamamos nosotros, el producto sale de otras empresas a nombre de Bio Ramallo”, dice el delegado Fabián Sola. “Tenemos evidencia de que sigue viniendo etanol, sigue viniendo aceite y ellos venden el biodiesel a nombre de Bio Ramallo, pero lo están sacando de otras plantas”.
La maniobra de Bio Ramallo —señalan los trabajadores— viola la cláusula octava de la Resolución 56/2012 de Acuerdo de Abastecimiento de Biodiesel para su Mezcla con Combustibles Fósiles en el Territorio Nacional, que prohíbe el servicio de fasón (manufactura de un producto por mandato de un tercero) y los préstamos de producto entre empresas sin debida autorización.
Flojas de papeles
Las empresas Refinar Bio, Biobal Energy SA y Bio Corba SA no cuentan con la habilitación municipal correspondiente. La empresa Biobal Energy S.A quiso acogerse a los beneficios de la Ley de Promoción Industrial 13.656, pero el trámite fue rechazado por Resolución 173 publicada en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires con fecha 26 de junio de 2019, donde se puede leer: “‘Habiendo recabado información en las propias empresas, (Biocorba S.A., Refinar Bio S.A. y Biobal Energy S.A.), nos comunican que empiezan formalmente a funcionar, entre enero y marzo de 2017. Complementando lo antedicho, es necesario informar que a la fecha ninguna de las tres empresas cuenta con habilitación municipal producto de estar pendientes las categorizaciones expedidas por la autoridad de aplicación correspondiente, habiendo iniciado los expedientes municipales respectivos» (fojas 117). En otros de los considerandos también se expresa “que la empresa omitió acompañar el correspondiente certificado de aptitud ambiental (Ley 11.459)”, lo que llevó al ministro Javier Miguel Tizado a rechazar la solicitud efectuada por la firma Biobal Energy S.A con respecto a acogerse a los beneficios del Régimen de Promoción Industrial.
Los trabajadores advierten que “la empresa BioCorba además no cuenta con planta de tratamiento de efluentes líquidos, por lo cual todos sus efluentes generados son enviados a la planta de tratamiento de efluentes líquidos de Bio Ramallo”. También denuncian que existen “una serie de conexiones no declaradas tales como cañerías que conectan los tanques de Neutro seco de Biocorba a Bio Ramallo, cañerías que conectan la caldera de Biocorba con la de Bio Ramallo, para proveer de vapor desde Biocorba, sin necesidad de utilizar la caldera y personal de Bio Ramallo”. El 20 de junio el Concejo Deliberante de Ramallo votó por unanimidad suspender los beneficios de exención de tasas municipales otorgados por la Ordenanza 3458/08 a las empresas beneficiarias que despidan a sus trabajadores en forma injustificada y sin haber cumplimentado el procedimiento preventivo de crisis de empresa y/o no se encuentre al día en el pago de tasas y tributos municipales, como es el caso de Bio Ramallo. El Senado provincial declaró su repudio y preocupación por la resolución de la empresa Bio Ramallo de despedir a la totalidad del personal de su planta. El Concejo Deliberante debería exigir al Municipio que ejerza su rol de contralor poniendo el ojo en las irregularidades con la que están operando las plantas espejos, como denuncian los trabajadores.
Cronología del conflicto
El conflicto estalla en abril de este año, cuando la empresa niega la aplicación del convenio 420/05, firmado en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires en junio de 2015, donde la empresa se comprometió a la aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo para Obreros y Empleados de la Industria Aceitera a partir del 01/05/2015, reconociendo sueldos, delegados, permisos gremiales, día del aceitero, día del trabajador, navidad y año nuevo. En el año 2016 y 2017 se abonaron sin inconvenientes las paritarias correspondientes. El 4 de mayo del año 2018 se firmó una nueva paritaria de la que se adeuda retroactivos de los meses: enero, febrero y marzo. En el mes de agosto de 2018 se fijó una nueva escala salarial vigente a partir del 1 de agosto la cual fue abonada sin inconvenientes. El 1 de diciembre del 2018 se produjo una nueva revisión de la paritaria y se fijó una nueva escala salarial vigente a partir del 1 de diciembre de 2018, que la empresa abonó luego de una serie de audiencias en el Ministerio de trabajo de la provincia de Buenos Aires. El 6 de diciembre del 2018 se fijó nueva escala salarial vigente a partir del 1/1/2019: categoría A $43.821,83; categoría B $47.492,34; categoría C $51.956,91; categoría D $56.873,72.
Luego de una serie de audiencias en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y ante la negativa de la empresa Bio Ramallo a abonar las deudas, el 24 de abril de 2019 se intimó a la empresa a abonar las deudas y diferencias salariales. El 30 de abril la empresa brindó respuesta negando la aplicación del convenio 420/05 y deudas existentes. El 14 de mayo los trabajadores comenzaron una huelga por tiempo indeterminado. El 15 de mayo recibieron Carta Documento, intimándolos a reincorporarse a sus puestos de trabajo. El 16 de mayo se realizó una audiencia en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Los trabajadores comenzaron a recibir los telegramas de despido. Bio Ramallo despidió la totalidad de los obreros. El 20 de mayo en una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires se dictó Conciliación Obligatoria por 20 días. Durante esos días se realizaron varias audiencias sin llegar a ningún acuerdo. Pero el día 13 de junio la empresa rompió la Conciliación, no dejando ingresar a los empleados a la planta, acto que fue constatado mediante escribana pública.
Finalizada la Conciliación Obligatoria la empresa ratificó los despidos de la totalidad del plantel de Bio Ramallo. Sin solución al conflicto, los trabajadores declararon una nueva huelga por tiempo indeterminado a partir del día 14 de junio. El 24 de junio la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo dictó una nueva Conciliación Obligatoria por 15 días, bajo la cual la empresa debió retrotraer los despidos y otorgar tareas en forma normal y habitual a todos sus trabajadores. Ese mismo día la empresa nuevamente incumplió e impidió que los trabajadores ingresen a la planta utilizando la fuerza policial. La empresa ratifica que el convenio 420/05 no es aplicable a la actividad que se realiza en Bio Ramallo y mantiene firme los despidos de la totalidad de los trabajadores.
La fuerte presencia policial que aún existe se debe a que el gerente de Bio Ramallo, Néstor Fabián Astrada, denunció a los trabajadores ante la Fiscalía nº 3 de San Nicolás a cargo de María Belén Baños, quien dispuso “librar oficio urgente a Jefatura de Policía Departamental a los fines de que arbitren los medios necesarios para solicitar al Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, personal de infantería y policía ecológica, con equipos suficientes, se constituya en el lugar de los hechos denunciados —calle pública nro. 24, Parque Industrial Comirsa— sector Pymes 2, y empresas Bio Ramallo S.A; Biocorba S.A; Biobal Energy S.A”, con el propósito de “hacer cesar y/o impedir la comisión de los delitos de coacción y turbación de la posesión, como así también garantizar el libre tránsito y circulación de la calle pública”. Una vez más la alianza del Poder Judicial con el poder empresarial y las fuerzas de seguridad del Hada Buena iban contra los trabajadores. La empresa violó la Conciliación Obligatoria no dejando ingresar a los obreros a la planta, y eso no importó. Los querían afuera, callados y dispersos, nada de andar ejerciendo el derecho a la protesta, vedado en tiempos amarillos por ese palito de abollar ideologías, como dice la Mafalda de Quino. “La fiscal nunca vino a constatar que lo que estábamos realizando era nuestro legítimo derecho a huelga, se dejó llevar por los dichos del gerente de la planta, donde nada de lo que dijo era real”, expresa Fabián Sola. Los trabajadores continuarán con el acampe y lucha hasta que Bojanich entienda que no se trata de un juego.
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NO VOY EN TREN, VOY EN AVIÓN
Politizar la grieta, darle un contenido de clase, como parte de la batalla por las cuestiones democráticas
El gobierno de Macri decidió no esperar el resultado de las elecciones de octubre para ratificar el rumbo de su política: “Iremos en la misma dirección, pero más rápido” no es una promesa electoral sino una definición política de esta etapa. Los 47 trabajadores aeronáuticos que prestan servicios para Aerolíneas Argentinas en el aeropuerto de Carrasco en Montevideo quedarán en la calle a partir del mes de octubre. La decisión se conoce ahora y, aunque la legislación uruguaya los considera empleados dependientes de nuestra línea de bandera, el gobierno lo da a conocer en plena campaña electoral para aventar a competidores que lo corren por derecha por no haber “ajustado” lo suficiente.
La solidaridad de los gremios aeronáuticos argentinos con la representación sindical uruguaya de los despedidos no se hizo esperar en el marco de una batalla que llevan adelante los pilotos nucleados en APLA y en UALA. Edgardo Llano, de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), afirmó: “Una vez más los trabajadores hemos sido atacados por el gobierno ante un reclamo de los compañeros pilotos, quienes para evitar perjuicios a los pasajeros simplemente están haciendo anuncios en los vuelos explicando la realidad que vivimos. Ante esto el gobierno salió a atacarnos junto a la Cámara empresaria cuando lo único que hacemos los trabajadores es defender los puestos de trabajo argentinos y la soberanía aérea ante la entrega que hace el ministro Guillermo Dietrich en los acuerdos. Si hacemos paro nos critican, si hacemos asambleas, peor. Nos agreden a través de los medios de comunicación que les hacen el juego. Por eso no nos callamos, nos solidarizamos con los pilotos y seguimos trabajando en unidad para poder cambiar la historia”. La lógica solidaria de los gremios aeronáuticos desvela a los estrategas oficialistas que procuran el aislamiento para la derrota.
El Smata cordobés firmó un acuerdo con la fábrica de camiones Iveco para evitar despidos hasta finales del 2020 y aceptó suspensiones rotativas del personal.
Toyota anunció la suspensión de sus 5.000 trabajadores por bajas de la producción y las ventas. Según Infogremiales, “es el inicio de la reforma laboral de hecho. Los operarios cobrarán su salario sin rebaja mientras estén suspendidos y como contrapartida la gerencia creará el tan discutido banco de horas, por medio del cual recuperarán esas horas no trabajadas los días sábado una vez que se reactive el consumo. El banco de horas es una de las iniciativas más resistidas de todas las propuestas en el borrador de reforma laboral que el gobierno nacional hizo llegar al Senado en 2017. Ahora, de hecho, vuelve a instalarse como una realidad en el mercado de trabajo. Entre los empleados empieza a crecer el temor de despidos, especialmente en la franja de contratados.” La autopartista Clapp cerró sus puertas y va indemnizar a sus 40 empleados en la localidad de Brandsen.
Este mal trago cotidiano no merece ningún comentario de parte del gobierno y tiene un tratamiento meteorológico en los medios hegemónicos de comunicación. 33.000 kioscos desaparecieron en la era de Macri. Si ello es informado como la nieve, el frío o la lluvia, el público lo escucha “como quien oye llover”. Esto explica el ataque cerril todo terreno del gobierno contra los sindicatos. No les alcanza con acuerdos de crisis que permitan “bancos de horas” si no pueden implementarlos en forma permanente en la legislación laboral. Y esa reforma la quieren concretar en el momento de mayor debilidad del mundo del trabajo. Con recesión, despidos y suspensiones, cuando todo es posible con tal de mantener el empleo.
La contracara de esta política es la construcción de la unidad del movimiento obrero. La grieta no es una construcción mediática ni la explicación antiperonista de la derecha argentina del sentido de la historia. Es la lucha de clases en clave argentina. Para mal o para bien, el movimiento obrero encontró históricamente en el peronismo el espacio para reivindicar sus derechos y para impedir el aislamiento de sus luchas. Todo lo sólido se desvanece en el aire y este debate no es solo superestructural sino que se hace visible en la base de la pirámide sindical entre sectores de la izquierda más ortodoxa y el nuevo activismo obrero protagonista de esta etapa de resistencia. El viejo dilema del 45 está otra vez sobre la mesa; resta saber cuánto aprendió la izquierda política de aquella experiencia donde perdió la conducción del movimiento obrero. La democracia fue siempre el momento deseado para reivindicar derechos y conquistas. La de octubre no es una elección más. Significa la continuidad de esta política antisindical y antipopular o la recuperación de un proyecto de gobierno nacional y popular.
El 2020 será un año de crisis con presencias populares que deberán ser el contrapeso de cualquier pacto social que no reconozca los derechos caídos en este último período de voracidad capitalista. La unidad del movimiento obrero será verdadera en tanto estos debates vayan haciendo síntesis y un nuevo contenido político acompañe la renovación de los viejos dirigentes. La izquierda tradicional deberá entender que la nueva clase trabajadora y sus referentes no deben ser cautivos partidarios sino potenciar su desarrollo para expresar el presente de luchas y resistencias.
La huelga docente en Salta es un claro ejemplo de esto. Surgió como movimiento de protesta en los valles Calchaquíes y se extendió por fuera de cualquier organización y control a toda la provincia, con gran masividad y legitimidad dados los miserables salarios que el gobierno provincial paga a sus trabajadores. Tal fue el apoyo obtenido que la autoridad policial suspendió a 6 jefes que se solidarizaron con la medida de fuerza de los educadores a través de las redes sociales. Estos gestos extremos de policías alentando una huelga por mejores salarios solo son visibles cuando el amperímetro de la crisis señala la fase terminal. No hay dudas de que estamos a las puertas de una nueva etapa y que el voto de octubre, amén de democrático, se presenta como un hecho revolucionario. La Argentina no volverá a ser la misma cuando se vaya Mauricio Macri.
El 7 de agosto cerca de 300.000 afiliados definen en las urnas el futuro de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), uno de los sindicatos más combativos y poderosos del país. Las 9.000 urnas componen un escenario complejo lleno de cuestionamientos. Desde la trinchera del Tanito Daniel Catalano (Lista Verde y Blanca) afirman que la pretensión es dejar de ser una minoría intensa como resulta bajo el actual jefe del gremio, CachorroHugo Godoy, quien acepta una representación en la paritaria establecida en 1998 que no refleja el crecimiento del sindicato. Pretenden un cuestionamiento frontal al ultraoficialista Andrés Rodríguez (UPCN) que “acepta la baja salarial y no acciona frente a los despidos a mansalva. De UPCN nada nos sorprende. Godoy y Víctor De Gennaro llevan gente que comparte listas con Cambiemos y nunca dijeron nada sobre los presos políticos en la Argentina”, afirma el adjunto porteño Manol” Sueiro. La mención directa es por la histórica dirigente de CTA Milagro Sala, responsable de la Secretaría de Pueblos Originarios de esa Central junto a Catalano.
Rappi, Pedidos Ya, Glovo y otras plataformas se integraron al panorama laboral argentino desde los socavones de la conciencia, apenas basados en la necesidad. En el neoliberalismo se aplica el concepto de “precarización laboral” para nombrar a la neoesclavitud. Esto implica la sobreexplotación de la fuerza de trabajo sin ningún tipo de contraprestación, ya que ni siquiera tienen que comprar al esclavo. El neoesclavo tiene “libertad” en el mercado (luego de ser obligado a comprar sus propios medios de producción) y aunque su condición jurídica es la de ciudadano sujeto de derecho en el contexto de la democracia liberal, su situación concreta y material es la de ser un esclavo para poder sobrevivir y alimentar a su familia. Se multiplican las horas de trabajo y se ignoran sus derechos, que se transforman en letra muerta de la democracia formal y sus instituciones. Los capitalistas, con la complicidad del Estado liberal, retrotraen a la sociedad a los años de la Conquista; cuando se explotaba la fuerza de trabajo indígena hasta la muerte y donde la reproducción de los y las trabajadoras dependía de las relaciones de reciprocidad y ayuda mutua al interior de las comunidades.
Un fantasma recorre la política.
Entre los jóvenes y las mujeres el debate alcanza umbrales desconocidos en otros países. La juventud trabajadora y estudiantil muestra repertorios de acción colectiva, lenguajes y pañuelos que se exportan al mundo. Se habla de política hasta en los programas mediáticos de evasión y entretenimiento. Ya no es posible fraccionar nuestro discurso entre lo político y lo sindical. Está claro a esta altura que el neoliberalismo tardío que ganó las elecciones de 2015 utiliza al país como si la cosa pública fuera de su propiedad , y está achicando la democracia a límites casi insoportables en todos los terrenos. Al cumplirse dos años de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado en la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia de Cushamen, se convocó a protestas en todo el mundo.
La persecución a los sindicatos y sus líderes se hace cotidiana, la quita de medicamentos a jubilados, la rebaja de salarios y prestaciones previsionales ofenden al democrático derecho de sobrevivir. Estamos llamados a ampliar los reclamos hacia el terreno político y no caer en la reivindicación sectorial. La despolitización, el inmediatismo y el economicismo, son expresiones del atraso en la conciencia, cuyos avances no son parejos con el extraordinario avance en la politización. Quien no acepte la conciliación de clases es sindicado como culpable de ahondar la simplificadora grieta que consagra el entusiasmo optimista, tan necesario para adormecer conciencias.
La contradicción no es capitalismo versus socialismo sino aislamiento contra protagonismo político, en un momento histórico donde la unidad del campo popular puede determinar la agenda política de los próximos años. “Volver y luchar” significa ser parte de ese proceso popular para velar por los intereses de los trabajadores en una etapa superior. Raúl Alfonsín decía que con la democracia se come, se cura, se educa y tuvo gran aceptación. La ecuación actual es al revés. Si no comemos, si no nos educamos, si no nos curamos, no hay democracia real. Nadie considerará las afrentas de los “mercados” o el Fondo Monetario Internacional como ataques contra la democracia o las violaciones del bendito “pacto electoral”, que se rompe todo el tiempo cuando los que llegan al Gobierno hacen todo lo contrario de lo prometido. A la izquierda del arco político hay que enseñar que no sólo la lucha obrera contra los burócratas y el sistema capitalista es la salida, sino que el trabajador/ciudadano tiene cada vez menos derechos y salir de ahí requiere saltar la grieta, politizarla, darle un contenido de clase que nos encuentre en la primera fila de la batalla por las cuestiones democráticas. El poder real, aún en la democracia más perfecta, descansa en quien tenga el poder económico. Eso sí que lo aprendimos.
Centros de diálisis ya no atenderían a jubilados por PAMI
El presidente de la Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina (CADRA), Miguel Discepolo, anticipó que desde este lunes 5 de agosto, todos los centros privados de diálisis del país dejarán de recibir nuevos pacientes derivados por el PAMI, por lo que también peligra la continuidad laboral de muchos centros de diálisis de todo el país en donde se atienden más de 30 mil pacientes.
La medida surge ante la falta de respuestas positivas de las autoridades de la obra social de los jubilados, a los recurrentes pedidos de los nefrólogos con respecto a la actualización del arancel de los servicios, prácticamente sin aumentos significativos desde hace bastante tiempo.
Discepolo informó que CADRA envió una carta documento a las autoridades del PAMI, expresándoles la gravedad de la crisis que afecta a los centros de diálisis del país, advirtiendo, además, que si no se actualizaba el valor del arancel, en agosto no estarían en condiciones de recibir nuevos pacientes del organismo. Y que en caso de persistir el conflicto, desde el 5 de setiembre próximo, se suspendería la atención de los pacientes en tratamiento, quiénes seguirán recibiendo el servicio hasta que el PAMI indique la derivación.
El titular de CADRA, informó que desde PAMI ofrecieron constituir una mesa de trabajo conjunta para que, en el término de 60 días, se conforme un análisis de costos para determinar el valor de la prestación, propuesta que fue desechada de plano por cuanto “hoy tenemos que resolver un problema mayúsculo que es el desfasaje entre el costo que demanda la práctica y el valor del módulo, distorsión agravada por el tipo de cambio de incidencia directa en insumos y tecnología importados que conlleva la prestación médica, además de las paritarias y el impacto de las tarifas de servicios públicos”, según aseguró Discepolo.
A días de las PASO, revive la polémica por el uso de los datos de la Anses con fines electorales
Las ONG especializadas en el derecho a la intimidad cuestionan que la Corte aún no haya limitado el uso de esa información. El gobierno sostiene que no se utiliza.
Aunque un fallo de segunda instancia le impidió al Estado Nacional ceder datos personales sin el consentimiento de sus titulares, una llamativa demora de la Corte Suprema de Justicia de la Nación le permite al gobierno mantener vigente un convenio firmado en 2016 para que la Secretaría de Comunicación Pública de la Jefatura de Gabinete, en manos de Marcos Peña, pueda acceder y utilizar la base de datos de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), considerada uno de los cúmulos de información personal más importantes que tiene el Estado en la actualidad. Su utilización, cuestionada por una jubilada ante la Justicia desde hace tres años, alimenta sospechas sobre la uso de esa información en tiempos de campaña electoral, especialmente en manos del oficialismo, reconocido por su capacidad para la explotación e interpretación de bases de datos públicas y privadas para optimizar el alcance de su comunicación electoral.
Desde que el caso tuvo repercusión pública ha sido seguido por distintos especialistas en protección de datos personales y resguardo de la intimidad. Uno de ellos es la docente e investigadora Beatriz Busaniche, presidenta de la Fundación Vía Libre, una ONG dedicada a “la defensa de derechos fundamentales en entornos mediados por tecnologías de información y comunicación”. Para ella, la demora en el fallo de la Corte ”beneficia a la alianza Cambiemos porque no tiene una limitación clara de lo que hace con los datos de la ciudadanía”. Para la especialista, el convenio es una muestra de “la negligencia con la que se tratan los datos personales en el Estado, porque la actual administración y las anteriores no hicieron nada para profundizar ese cuidado”.
El manejo de los datos de los ciudadanos en manos del Estado es custodiado por la Agencia de Acceso a la Información Pública, en manos del especialista Eduardo Bertoni. Su cargo está dentro del organigrama que controla Peña, al igual que el secretario de Comunicación Pública , Jorge Grecco. Consultado sobre el litigio, Bertoni eludió las preguntas de este diario, aunque firmó un dictamen clave para avalar el pacto, aprobado por la Resolución Nº 166-E/2016 de la Jefatura de Gabinete. Otra fuente cercana a Peña sostuvo que “la base de datos no se utiliza porque es vieja. No está actualizada y no sirve para las funciones de comunicación que estaban previstas”. Sin embargo, ese argumento no está dentro del expediente, donde tres abogadas recurrieron a la Corte para mantener en funcionamiento el convenio. Las fuentes oficiales consultadas tampoco pudieron explicar por qué no dieron de baja el convenio si es cierto que la base de datos de la Anses no es utilizada por la secretaría de Comunicación Pública.
El desenlace de la polémica sigue en manos de la Corte. Para Busaniche no hay garantías de la preservación de los datos en Argentina. Sin la sentencia confirmada hay riesgos. “De ahí a que los datos se usen en la campaña, en microtargeting, en microsegmentacion, en comunicación personalizada, o en mandarte cartas a tu casa para que votes a la gobernadora o al Presidente, hay un solo paso”, advirtió la experta, sobre un interrogante que crece como una sombra ante el silencio de los cortesanos. “Si los datos están ahí disponibles y el Estado no tiene ninguna consecuencia de usarlos de manera ilegítima, ¿por qué no habría de hacerlo?”, se preguntó Busaniche para dimensionar la profundidad del problema en Argentina, ya que “no está estandarizada la protección de datos porque no es considerada por el Estado como una cuestión de cuidado, aunque está consagrado por el artículo 43 de la Constitución”.
El acuerdo N° 37 de 2016 lleva la firma Grecco y del subdirector Ejecutivo de la Anses, Federico Braun. El texto dice que buscó establecer “un marco técnico y jurídico para el intercambio electrónico de información”. En la segunda cláusula, la Anses se compromete a remitir “periódicamente” el nombre, apellido, DNI, CUIT, teléfonos, correos electrónicos, fecha de nacimiento, estado civil y estudios de los integrantes de su base de datos.
Tenía una vigencia inicial de dos años, con opción de extenderse a otros dos, pero fue cuestionado por la jubilada Carmen Torres Abad, que presentó un amparo ante en el fuero Contencioso, Administrativo y Federal. En su escrito le solicitó a la Justicia que suspenda el convenio porque violaba su intimidad. También porque la Anses “no puede cederlos ni darlos a conocer ya que se encuentran protegidos bajo la cobertura de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales”.
El planteo fue rechazado en primera instancia y Torres Abad apeló la sentencia ante la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario Federal. El 3 de julio de 2018, los jueces Guillermo F. Treacy, Pablo Gallegos Fedriani y Jorge Federico Alemany, sostuvieron que los datos del convenio requerían la autorización expresa de sus titulares y que la secretaría dependiente de Peña, no podía utilizar esa base. El 3 de agosto, hace un año, el Estado presentó un recurso extraordinario para que la Corte se expida al respecto y de acuerdo al expediente al que tuvo acceso Tiempo, el máximo tribunal lleva 8 meses sin moverlo, un período ventana que, a diferencia de las respuestas oficiales, desata intrigas sobre la manipulación de los datos de la ciudadanía en manos del Estado.
“No puedo afirmar que esta práctica sea ilegal hasta que tengamos un fallo firme, pero el dictamen que firmó Bertoni, y que permitió aprobar el acuerdo, está mal, porque tiene una mirada laxa sobre un tema que requiere un cuidado estricto”, opinó Busaniche. Según ella el funcionario “no debería haber dejado pasar una cosa como esa”. «
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