Basta de asesinatos laborales
El 9 de septiembre se convirtió en el día de la lucha contra los asesinatos laborales. En un nuevo aniversario de los asesinatos de Diego, David y Richard, movilizamos por justicia y para decir ¡Basta de Asesinatos Laborales!
Lunes 9 de septiembre Rivadavia 1439 | CABA
UN PEDIDO DESESPERADO POR PAZ, PAN Y TRABAJO
UN PEDIDO DESESPERADO POR PAZ, PAN Y TRABAJO
Nuestro pueblo sufre una situación desesperante. A la destrucción del trabajo y el poder adquisitivo del salario, se suma la emergencia alimentaria que padecen millones de familias que no cuentan con lo necesario para llevar el pan a sus hogares. Esto se potencia con la angustia que genera la inflación, la inestabilidad económica y la vulnerabilidad institucional de nuestro país, con un gobierno que no ofrece respuestas ni siquiera para los reclamos más urgentes.
Los movimientos populares hemos sido perseguidos y demonizados en incontables ocasiones por este gobierno, aunque los funcionarios que interactúan con nosotros saben perfectamente que, en el trabajo, la organización y la lucha, siempre buscamos garantizar los derechos sociales y la convivencia democrática en nuestro país. Nunca jugamos a la desestabilización política, pero tampoco vamos a quedarnos callados frente a los atropellos sociales en un contexto de urgencias.
Los movimientos populares no hemos nacido para soportar silenciosa y pasivamente la miseria sino para transformar la vida y convertir la consigna “Tierra, Techo y Trabajo” en una realidad efectiva para todos y cada uno de los argentinos y argentinas. Por eso desde hace muchos años asumimos la necesidad de visibilizar las múltiples exclusiones que sufre nuestro pueblo pobre con nuestra presencia masiva y pacífica en la calle y el espacio público, ámbitos donde mal que le pese a algunos intolerantes, también se construye la participación democrática.
En este momento tan dramático para los más humildes, queremos hacer un aporte a la paz social. Nuestro mejor aporte es la solidaridad proyectada como clamor por la satisfacción de las necesidades vitales de quienes hoy ven peligrar su subsistencia. Este aporte se hace efectivo en el trabajo invisible de decenas de miles de compañeros y compañeras en los distintos espacios de contención e integración comunitaria para los excluidos que con amor llenan los estómagos vacíos de los que no tienen pan. También lo haremos en los reclamos a las autoridades, en los que hemos decidido desarrollar una metodología de lucha a través de jornadas de trabajo solidario, ollas populares y presentación de leyes, evitando metodologías que puedan ser interpretadas o utilizadas maliciosamente, tanto por los medios de comunicación como por aquellos que buscan demonizarnos.
En este sentido venimos solicitando al Gobierno Nacional la declaración de la Emergencia Alimentaria para reforzar las partidas de alimentos en comedores y merenderos escolares y comunitarios en todas las provincias del país. Se trata de cientos de miles de centros comunitarios que desbordan con una demanda creciente de vecinos desesperados y que para colmo desde hace más de quince días no reciben elementos básicos como la leche. Según el Ministerio de Desarrollo Social la razón de estos faltantes radica en problemas administrativos con los proveedores. Es indignante que cuando el hambre campea en la Argentina, en vez de reforzar la asistencia alimentaria, esta se reduzca con la excusa de cuestiones burocráticas. El Gobierno no puede evadirse de su responsabilidad de garantizar el derecho constitucional a la vida, que nos asiste a todos los argentinos y argentinas, votemos a quien votemos.
Insistimos en el reclamo de recomponer el poder adquisitivo del Salario Social Complementario y la jubilación mínima que son la fuente de ingreso de los trabajadores activos y pasivos más vulnerables de nuestro país. Sectores que hasta ahora no han sido contemplados por ninguna de las medidas tomadas por el gobierno. El Aumento del salario mínimo, vital y móvil, decretado por el gobierno en forma unilateral, no permite que nuestros compañeros superen si quiera la línea de indigencia. El miserable bono de 900$ decretado para los jubilados de la mínima, excluye además a los más pobres entre ellos, es decir, a casi dos millones de ancianos de la llamada moratoria. Es una crueldad inaceptable.
Es absolutamente imposible que las organizaciones comunitarias y movimientos populares podamos contener la desesperación de nuestro pueblo pobre si el estado no garantiza condiciones elementales de subsistencia. Como todos sabemos los más afectados son las dos puntas de la pirámide social, que el Papa Francisco define como “la fuerza de un pueblo”: los niños y los ancianos”. Advertimos que medidas como la emergencia social y alimentaria constituyen un mínimo necesario para sostener la paz social en el país, y responsabilizamos al gobierno por las consecuencias inevitables que producirá si sigue con su indiferencia frente al clamor de los excluidos. No hay en este planteo ni una pizca de amenaza muy por lo contrario expresa un pedido desesperado de auxilio a las autoridades gubernamentales. Nosotros sabemos bien quienes son los que sufren cuando todo estalla y estamos poniendo el cuerpo para evitarlo.
Este miércoles reclamaremos nuevamente la emergencia social y alimentaria realizando una jornada nacional solidaria con ollas populares y actividades comunitarias en todo el país. Asimismo, a movilizarnos al Congreso Nacional a reclamar la aprobación de una versión unificada de los siete proyectos que tienen Estado Parlamentario. Convocamos a todas las organizaciones a evitar provocaciones y sostener métodos de protesta que no puedan ser desvirtuados por aquellos que quieren demonizarnos. Asimismo, solicitamos a diputados y diputadas de todos los bloques a sintetizar en un solo proyecto las distintas propuestas de emergencia alimentaria y les pedimos que prioricen la deuda con el pueblo por sobre los intereses mezquinos de los grupos financieros.
Se establece el primer nodo de la Red Intersindical contra la Violencia Laboral
Olavarría será la pionera y avanza hacia la regionalización con el fin de abordar la violencia laboral «Es una problemática que nos preocupa a todos los gremios, sobre todo en el contexto actual donde para un trabajador perder la fuente de trabajo sería terrible»
El 31 de mayo de 2019 se produjo el 1er. encuentro para la conformación de la Red Intersindical contra la Violencia Laboral. La misma nació de un acta compromiso en el año 2012 ?por un trabajo digno sin violencia laboral?, con más de 100 organizaciones gremiales bajo el apoyo de el entonces Ministerio de Trabajo de la Nación. El 2do. encuentro tiene fecha para el próximo 16 de septiembre y en él se constituirá el primer nodo de la Red en la ciudad de Olavarría.
El objetivo de los encuentros y de la Red misma es entender, abordar y capacitar a delegados y militantes sindicales para combatir la violencia laboral en todas sus formas.
Hay distintos tipos de violencia laboral que son el acoso sexual y la violencia física o psicológica. Esta última se registra con mayor frecuencia y es el más difícil de afrontar porque muchas veces las víctimas no saben que sufren violencia laboral y eso limita también el accionar sindical.
El diario local El Popular entrevistó a Estela Peralta, secretaria adjunta de Suteryh Centro de la Provincia, y Viviana Gómez, secretaria de la Mujer del Centro Empleados de Comercio (CECO). Ambas integran la mesa de Olavarría que se conformó en mayo y también se incorporaron a la Red Intersindical Nacional.
Las dirigentes coincidieron en que casi ningún gremio está preparado para abordar la violencia laboral, «en salud, contención o acompañamiento». La excepción es el sindicato de los trabajadores judiciales (AJB) que tiene un protocolo de actuación.
Explicaron la necesidad de abordar el problema en forma interdisciplinaria desde la protección legal y la contención psicológica, «sobre todo en el contexto actual donde para un trabajador perder la fuente de trabajo sería terrible».
La mesa local tiene planes de ampliarse a una regional que incluya a sindicatos de Azul y Tandil.
El gran proyecto es la ley nacional para que cada sindicato tenga incorporado el tema de la violencia laboral en su convenio colectivo de trabajo. Tanto la mesa de Olavarría como la Red Nacional traccionan para su sanción. «Desde la Organización Internacional de Trabajo (OIT) salió en junio el Convenio 190 y una recomendación para que los países integrantes legislen por la violencia laboral» explicó Viviana. Con esa base se redactó el proyecto en Argentina.
Sentencia definitiva: Movi deberá incorporar a las conductoras
mujeres
En el marco del proceso que llevaron adelante cuatro conductoras de colectivo por discriminación de género, el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral de la Décima Nominación de Rosario, dictó sentencia definitiva esta mañana: dispuso la incorporación de las trabajadoras a la empresa Movi Rosario SAU.
Las acciones legales comenzaron con la denuncia de las mujeres el pasado 30 de abril. Mediante la sentencia deberán ser incorporadas como “chofer guarda” dentro de los tres días de notificada la sentencia.
Luego de pasar los exámenes de rigor exigidos para poder conducir colectivos, las mujeres habían sido contratadas para cubrir licencias por vacaciones, pero no fueron incorporadas a planta permanente con posterioridad, a pesar de haber existido 19 vacantes, las que fueron ocupadas, en su totalidad, por hombres pese a que la ordenanza 7981 de 2006 ya obligaba a cubrir “…en forma igualitaria entre mujeres y varones, garantizando el ingreso de una mujer por cada dos puestos a cubrir” (art. 5°).
Al momento de dictar la sentencia definitiva, la magistrada Dra. Paula Calace Vigo, titular del Juzgado Laboral N° 10 de los Tribunales de Rosario, entendió comprobada la discriminación por género denunciada por las trabajadoras, no sólo por el incumplimiento a la normativa estatal de 2006 tendiente a garantizar la “igualdad real de oportunidades” (Semtur -absorbida por Movi- jamás había incorporada a una mujer), sino debido a que la empresa tampoco ofreció prueba alguna que desacreditase la idoneidad de las cuatro mujeres que ya se habían desempeñado como choferes de la empresa.
Así, se puso de relieve a lo largo del fallo, las seis etapas que debieron atravesar las actoras a los fines de acreditar idoneidad para el puesto de chofer, como así mismo la normativa constitucional y supra legal conculcada en el caso.
La jueza también contempló que Movi Rosario SAU es enteramente propiedad de la Municipalidad de Rosario, y que el ejecutivo local venía incumpliendo la normativa pese a lo ordenado por el Concejo.
En ese sentido, expresó que: “Si la igualdad no hubiera merecido ser conquistada, el Concejo municipal no hubiera tenido que urgir el cumplimiento de su normativa al Departamento Ejecutivo Municipal después de que pasaran más de 10 años sin reglamentar el ingreso paritario, pues ambas empresas eran dirigidas, en última instancia, desde ese vértice. El primer párrafo del visto del decreto N° 49639 así lo hace notar: ‘Que ante la falta de cumplimiento de incorporación de mujeres en el plantel de choferes del TUP pertenecientes a las líneas administradas por la Sociedad del Estado Municipal para el Transporte Urbano de Pasajero (Semtur)…’”.
Para reforzar la condena a otorgar la incorporación inmediata a los puestos de trabajo de las afectadas, el pronunciamiento hizo particular énfasis en que Rosario tenía normativa de avanzada a diferencia de otras jurisdicciones del país, donde los jueces tuvieron que sustituir esa omisión legislativa. En relación al amparo colectivo, la jueza entendió que ya no era posible expedirse al respecto debido a que durante la tramitación de la causa judicial se dictaron la ordenanza 9979/2019 y decreto reglamentario 1288/2019.
Por último, la juzgadora concedió una compensación dineraria a cada amparista por haber sido víctima de violencia de género, en virtud del manifiesto incumplimiento a la legislación.
Trabajadores despedidos cortaron el Puente Pueyrredón
Una manifestación de trabajadores despedidos de la empresa Ansabo se manifiesta desde el inicio de este martes en el paso entre Avellaneda y la Capital Federal tras copar la avenida Mitre desde las 7 de la mañana.
Un multitudiario grupo llegó desde muy temprano a la avenida Mitre, en el partido bonaerense de Avellaneda, y de esta manera impide el acceso al Puente Pueyrredón de todos los vehículos que suelen desplazarse por ese paso hacia el barrio de Barracas para pedir la restitución de sus puestos de empleo en la planta de Quilmes.
De la protesta también participan empleados de otras empresas como Coca-Cola, RanBat, Shell, Ferroviarios, Kimberly Clark y Siam así como estudiantes e integrantes de organizaciones sociales.
La convocatoria a la manifestación se empezó a difundir ayer lunes 2 de septiembre a la tarde después de una reunión de coordinación de los trabajadores de las distintas compañías. La protesta se lleva a cabo para exigir “la reapertura de la fábrica y en defensa de los puestos de trabajo”.
En julio de 2019, la patronal de la papelera Ansabo cerró la planta ubicada en Villa La Florida de San Francisco Solano. Según denuncian, con la clausura alrededor de 40 familias quedaron en la calle a quienes no se les terminó de pagar los salarios, el aguinaldo y las vacaciones.
Desde entonces los trabajadores realizaron diversas movilizaciones hasta el edificio municipal para reclamar una solución. En esta ocasión, se desplazaron hasta uno de los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires.
Agencia El VigíaTrabajadores de Ansabo cortan el Puente Pueyrredón para exigir a Martiniano Molina y a María Eugenia Vidal que intervengan en defensa de los puestos de trabajo con la reapertura de la fábrica . Video vía @SeccionCiudad
El reclamo está dirigido al intendente de Quilmes y a la gobernadora de la provincia, para que intervengan en defensa de los puestos de trabajo con la reapertura de la fábrica .
La Justicia ordenó que la prepaga reintegre lo cobrado de más a un afiliado
OSDE perdió un juicio por cobrar un «aumento abusivo»
La firma había incrementado la cuota de un afiliado por su edad. Para la Justicia, se trató de un «aumento desproporcionado, abusivo, excesivo e irrazonable».
Osde deberá retrotraer el aumento «irrazonable».
Imagen: Rafael Yohai
La Justicia prohibió a una empresa de medicina prepaga cobrar un «aumento desproprocionado» a una afilado por cuestiones de edad, al hacer lugar a un recurso de amparo con un dictamen en el que ordena que se reintegre lo cobrado al demandante con los intereses que correspondan, informaron fuentes judiciales.
La Sala III de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal ratificó el amparo iniciado por K.S.L. para que OSDE “cese de aplicar el aumento desproporcionado, abusivo, excesivo e irrazonable del valor de su cuota por cuestiones de edad y reintegre lo cobrado con más los intereses correspondientes”.
En primera instancia se había dispuesto que la empresa facture el monto de la cuota a valores de junio de 2017, más los incrementos autorizados por la Superintendencia de Servicios de Salud.
En este aspecto la demandada había argumentado que los aumentos aplicados no se debieron a la edad sino porque carecía de cinco años de antigüedad y la ley 26.682 y su decreto reglamentario establecen que para gozar de ese beneficio los afiliados deben tener el doble de ese tiempo.
El tribunal recordó que si bien “el artículo 17 de la ley 26.682 autoriza a establecer precios diferenciales para los planes prestacionales según franjas etarias” en este caso la empresa “no acreditó que el valor fijado al señor K. haya respetado la proporción que indica dicho artículo”.
Los camaristas Ricardo Recondo y Graciela Medina remarcaron, además, que se omitió informar “con precisión” sobre el modo y condiciones en que podría variar el valor de las cuotas según las franjas etarias, lo que “constituye un incumplimiento al deber establecido en la ley de defensa del consumidor”. En el fallo se señaló que «los agravios expuestos (en este caso por OSDE) deben alcanzar un mínimo de suficiencia técnica en los términos de la norma citada» para poder «demostrar el desacierto de la resolución » de primera instancia, en favor del afiliado.
Al mismo tiempo son necesarias las «argumentaciones razonadas, fundadas y objetivas sobre los errores incurridos por el juzgador» de primera instancia. Pero en este caso «son inadmisibles las quejas planteadas que sólo comportan la expresión del mero desacuerdo con lo resuelto y en modo alguno se hacen cargo del claro enfoque jurídico utilizado· por el juzgado de primera instancia.
El tribunal sostuvo que «es importante tener presente la Disposición de la Gerencia de Atención y Servicios al Usuario de la Superintendencia de Servicios de Salud (…) que concluye que ‘el aumento aplicado en razón del cambio de rango etario del denunciante y su cónyuge, resulta ser un aumento no autorizado por la normativa vigente‘”. Al mismo tiempo, en el artículo cuarto «de la citada disposición, se estimó expresamente que la cuota correspondiente al mes de julio de 2017 no debería superar el monto de $8458,40 (valor que se tomó como referencia) en la apelación presentado por OSDE.
Finalmente y por todas las razones expuestas por los camaristas, se resolvió «confirmar la resolución apelada» y por tal motivo «las costas de ambas instancias (judiciales) se imponen a la demandada», dado que «teniendo en cuenta el objeto primordial de la acción, los emolumentos cuestionados deben ser fijados ponderando la entidad, mérito y extensión de las labores realizadas, las etapas cumplidas y el resultado obtenido». De manera tal que OSDE deberá asumir todos los costos del proceso judicial
Trabajadores en lucha Chubut
DOCENTES EN EL CORTE DE RUTA…MENSAJE PARA LA COMUNIDAD CHUBUTENSE!
APROVECHAMOS TAMBIEN PARA REPUDIAR LO DICHO POR EL DIRIGENTE ÁVILA, SOLO PARA ENFRENTARNOS ENTRE TRABAJADORES.
ARRIBA LXS QUE LUCHAN!
#Comodoro DOCENTES EN EL CORTE DE RUTA…MENSAJE PARA LA COMUNIDAD CHUBUTENSE!APROVECHAMOS TAMBIEN PARA REPUDIAR LO DICHO POR EL DIRIGENTE ÁVILA, SOLO PARA ENFRENTARNOS ENTRE TRABAJADORES.ARRIBA LXS QUE LUCHAN!#CHUBUTENLLAMASPublicada por Trabajadores en lucha Chubut en Lunes, 2 de septiembre de 2019
«No tiene demasiado sentido pensar en un paro con un Gobierno que está en sus últimos momentos»
El secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, consideró hoy que la situación de la Argentina es «la misma» que la de 2001, con la diferencia de que actualmente se está «mejor» que en aquel año «porque el pueblo tiene la esperanza en octubre de salir de esto». Además descartó la posibilidad de ir a una huelga
03/09/2019
«Hay que poner las prioridades en garantizar que la gente no siga cayendo, garantizar el acceso a los alimentos y empezar a hablar de recomponer la trama productiva, volver a un país que empiece a recuperarse», sostuvo el dirigente gremial.
En diálogo con FM La Patriada, el diputado nacional consideró que «toda la fauna neoliberal le exigió al Gobierno de Cristina Kirchner las medidas que aplicó milimétricamente Mauricio Macri».
«Aquí nadie puede hacerse el desentendido, acá nadie puede decir que fallaron porque hubo mucho gradualismo o porque se aplicó mal una partitura que era buena», señaló al respecto.
En este sentido, el referente opositor opinó que «el resultado de las elecciones precipitó los tiempos y sinceró lo que se estaba tratando de ocultar sobre todo con el dinero del Fondo Monetario Internacional (FMI)».
«Hoy estamos mejor que en el 2001 porque el pueblo tiene la esperanza en octubre de salir de esto. Hay penurias alimenticias y un calvario para los que menos tienen, pero hay una esperanza abierta», manifestó.
Para el referente sindical, «la situación (del país) suele ser la misma», pero con «el agravante de que este Gobierno fue ampliamente apoyado por los sectores dominantes, salvo por algunos que pidieron todavía más dureza».
Por último, Yasky explicó que «no tiene demasiado sentido» pensar en hacer un paro «en estas circunstancias, donde hay un Gobierno que está drogado, en sus últimos momentos», aunque aclaró que «no hay que descartar las movilizaciones reclamando respuestas a los temas urgentes».
Más de 50 despidos por la paralización de la Autovía en Corrientes sobre la ruta 12
Por la paralización de las obras comenzaron a llegar los telegramas. En principio son más de medio centenar los despedidos.
03/09/2019
En la jornada de ayer comenzaron a viralizarse las denuncias y más tarde la información se confirmó. Es que ya son más de 50 las cesantías en la obra vial que se estaba desarrollando en la Ruta 12 a la altura de la provincia de Corrientes.
De no anunciarse respuestas presupuestarias en lo inmediato para la prosecución de la autovía sobre la ruta 12, en septiembre se pararía definitivamente la obra.
En la promocionada autovía Nación Provincia Municipio que hace muchos meses se viene construyendo a ritmo aletargado en la capital de Corrientes, lejos de pensarse en la alegría de su inauguración, se padece la tristeza de los despidos, producto de los numerosos desaciertos del gobierno de Cambiemos, donde Macri mantiene una incondicional sintonía con Gustavo Valdés, que ahora tiene como consecuencia inicial a 65 empleados dados de baja.
«Nos dijeron que es por el tema de la mala economía del gobierno nacional», resumió uno de los obreros al portal Corrientes Hoy.
La situación amenaza ser más caótica, porque en caso de no solucionarse la situación presupuestaria de la obra pública en el orden nacional, y la autovía correntina está incluida en eso,»en este mismo mes en curso, se paralizará por completo» la construcción que pretende brindarle agilidad y seguridad al tramo vial entre la localidad de Riachuelo y el acceso a Santa Ana.
La UIA reconoce que se reabrirán las paritarias pero advierte que «va a costar 10 años recomponer el poder adquisitivo»
El titular de la UIA, Miguel Acevedo, reconoció que el «el poder adquisitivo ha caído muchísimo» y señaló que «se van a tener que abrir las paritarias». Pero advirtió que «va a costar 10 años recomponer el poder adquisitivo».
03/09/2019
El titular de la UIA, Miguel Acevedo, se mostró crítico con la gestión económica del gobierno de Mauricio Macri. Luego de celebrar el Día de la Industria, el empresario reconoció una pérdida del poder adquisitivo por parte de los trabajadores, y señaló que «se van a tener que abrir paritarias».
«Se van a tener que abrir las paritarias. El poder adquisitivo ha caído muchísimo y tenemos que empezar a crecer y ver cómo lo recomponemos», dijo Acevedo en declaraciones a Radio La Red. «Nos va a costar 10 años recomponer el poder adquisitivo», añadió.
Sus declaraciones van en línea con el mensaje que brindó el lunes el ministro de producción y Trabajo, Dante Sica, al concurrir al almuerzo que brindó la UIA en su sede central, con motivo de celebrar el Día de la Industria. Allí, el funcionario dijo que mantiene conversaciones con la CGT por el tema salarial. «Les dije que miremos cómo salen los números de agosto y a partir de ahí si hay algunas actividades que tienen necesidades, habrá que sentarse», explicó.
Consultado acerca de la coyuntura económica, el empresario señaló: «Tenemos un problema político, no económico». «La coyuntura económica es muy mala, pero estamos ahogándonos en un charco de agua», analizó.
Acevedo dijo además que el presidente, Mauricio Macri, «ignoró la industria argentina». «Desde el 2011 hasta hoy tenemos una destrucción del 15% de la industria», explicó.
ATE se desmarca de quienes piden esperar y lanza un paro con movilizaciones para el 10 de septiembre
El gremio de estatales resolvió una paro general con movilizaciones en todo el país. Se distancia de quienes piden esperar sin huelgas hasta el cambio de Gobierno.
El Consejo Directivo Nacional de ATE resolvió continuar con el plan de lucha que viene sosteniendo contra las políticas del Gobierno Nacional y lanzó un paro nacional para el próximo 10 de septiembre que tendrá, además, movilizaciones en las principales ciudades del país.
Con la medida, el gremio comandado por Hugo «Cachorro» Godoy volverá a exigir la reincorporación de todas y todos los trabajadores despedidos, reapertura salarial, restablecimientos de todos los programas que fueron dados de baja y el rechazo al acuerdo entre el Gobierno y UPCN para la estabilidad y aumento desmedido de los cargos jerárquicos en la Alta Dirección Pública.
Será una forma, también, de expresar el rechazo del aumento resuelto por el Gobierno en la reunión del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil realizada el pasado viernes. Es que, sin acuerdo con los gremios, Dante Sica dejó la actualización del haber mínimo 20 puntos por debajo de la inflación de los últimos 12 meses.
La decisión contrasta contra el reclamo explícito de la conducción de la CGT, de los referentes del Frente Sindical para el Modelo Nacional y de la CTA de los Trabajadores de no ir a huelgas para evitar que la gestión de Mauricio Macri pueda «victimizarse» en medio de una crisis económica que todavía está en pleno desarrollo.
Además de la medida de fuerza, el próximo jueves 5 de septiembre se llevará a cabo en el gremio el encuentro de El Derecho al Acceso a Medicamentos en la Argentina que viene, a cargo de IDEP Salud. También, el 5 de septiembre, se realizará en el Hotel Quagliaro la reunión de Mujeres de ATE con Responsabilidad de Género. Y el día 6, la reunión de Secretarias de Género de la CTA Autónoma de todo el país.
Estas dos actividades se enmarcan en lo que será el Encuentro de 12, 13 y 14 de octubre a realizarse en la ciudad de La Plata.
Finalmente, para la primera semana de octubre, se realizará el encuentro de debate de Políticas Públicas para discutir el Estado que viene con el próximo gobierno.
Intendentes bonaerenses le reclamaron a Vidal la emergencia alimentaria
Intendentes bonaerenses del PJ se reunieron frente a la Casa de la provincia de Buenos Aires para presentarle a la gobernadora María Eugenia Vidal un documento común en el que exigen que se declare la Emergencia Alimentaria. También pidieron fondos extra para los comedores escolares y merenderos.
En la misiva, los jefes municipales basaron su reclamo en “la angustiosa situación que vive nuestro pueblo y que se viene profundizando mes a mes, a partir de la crisis económica y social que atraviesa el país y que tiene implicancias durísimas en la provincia de Buenos Aires”.
También apuntaron que “esta realidad que golpea a los habitantes de la Provincia y, en forma acuciante, a los sectores más vulnerables del Conurbano, se refleja de manera contundente en los siguientes datos que fueron publicaros por diversos organismos oficiales e instituciones académicas de prestigio”.a nota para exigir la emergencia alimentaria frente a la urgente situación que estamos viviendo en nuestros Municipios.
La carta de los intendentes recuerda el reciente informe de la Universidad Católica Argentina (UCA), al que definieron como “de indiscutible seriedad”, que sostiene que “cuatro de cada diez niños, niñas y adolescentes bonaerenses se alimentan en comedores comunitarios en el tercer trimestre de 2018”.
El informe también denuncia que los niños del Gran Buenos Aires presentan grandes desventajas en materia de seguridad alimentaria respecto del promedio nacional, ya que el 7,8% no consume ningún nutriente esencial (carnes, lácteos, frutas, verduras) en su dieta alimentaria diaria. Según la UCA, “esa inseguridad alimentaria severa (que un hogar no pueda acceder a los alimentos), junto con la cobertura de alimentación gratuita, experimentó un fuerte incremento en el último periodo interanual (2017-2018), tanto para el total de niños, niñas y adolescentes”.
En otro párrafo piden “incrementar los cupos en los comedores escolares, y en relación a los colegios secundarios y de formación de adultos, iniciar la apertura de los mismos”. Y añaden: “En su carácter de Gobernadora debe asumir la responsabilidad de hacer frente a la crítica situación que enfrentan cada vez más niños, niñas, jóvenes y adolescentes, en edad escolar, abuelos, abuelas y comerciantes”.
Pese a la delicada situación social y económica, Vidal no ha mostrado intención de lanzar medidas “de alivio” como las impulsadas por el Gobierno nacional o de aprobar la Emergencia Alimentaria como reclaman los intendentes justicialistas. Federico Salvai, jefe de Gabinete de la administración bonaerense, declaró que “por ahora estamos abocados a seguir gobernando y si más adelante consideramos que podemos hacer medidas, lo vamos a hacer”.
IOMA: Trabajadores y afiliados denuncian riesgo de vaciamiento y privatización de sectores
Trabajadores y gremios de la obra social Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) están llevando adelante un plan de lucha en rechazo a un convenio firmado entre el director de la entidad y Provincia NET, que terceriza pagos, cobros, prácticas y medicamentos. Denuncian el riesgo de que un actor privado maneje información personal de 2 millones de afiliados y alertan sobre peligro de “vaciamiento” y de privatización de áreas estratégicas.
A través de una conferencia de prensa en la ciudad de La Plata, trabajadores estatales de ATE, profesionales médicos de la CICOP y judiciales de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) denunciaron los riesgos que implica el polémico acuerdo firmado en mayo de este año. Aunque el acuerdo no está formalmente cerrado, el director de IOMA Pablo Di Liscia ya comenzó a avanzar en su implementación. El primo del presidente, además de intendente de Vicente López, Jorge Macri, es Presidente del Grupo Banco Provincia, holding del que depende Provincia NET.
Los gremios alertaron sobre la urgencia desatada particularmente después del resultado adverso en las PASO. Oscar de Isasi, titular de ATE Buenos Aires, explicó: “Es un negocio que hacen antes de apagar la luz, porque lo aceleraron después del 11 de agosto, cuando el pueblo argentino y los bonaerenses le dimos un cachetazo a este tipo de políticas de ajuste y vaciamiento del Estado”.
Antes de la asamblea, una enorme asamblea de trabajadores y afiliados de IOMA rechazó el convenio y exigió su derogación inmediata. Luana Simioni, Delegada General de la Junta Interna de ATE en IOMA, detalló: “Es un atropello realizado con apenas dos votos favorables en el directorio, algo que es legal pero no tiene mucha legitimidad. Con esos dos votos deciden los destinos de la obra social más importante del país después del PAMI, y que debe garantizar la salud de todos los trabajadores estatales y nuestras familias”.
El convenio aprobado por el voto del director (que desempató la votación del directorio de la entidad que tuvo dos votos a favor, dos en contra y dos abstenciones), permite que Provincia Net contrate empresas privadas, cosa que ya comenzó a hacerse pese a que el expediente aún no cuenta con el correspondiente cierre administrativo (porque además la Fiscalía de Estado lo objetó por sus montos excesivos). Entre otras empresas que ya están operando en la obra social, en un proceso denunciado como de “privatización de áreas estratégicas”, se cuenta Conexia, una empresa de software que se contrató para el desarrollo de un sistema de gestión integral que podría haber sido realizado por técnicos de IOMA, pero además con el derecho a la exclusiva propiedad intelectual de los productos de software utilizados, lo que implica un grave despojo a la autonomía de IOMA respecto del manejo de información.
“Por medio de ese convenio quieren gerenciar nuestra obra social. Quieren avanzar sobre la información de 2 millones de afiliados, intervenir en el proceso de cobro tanto a afiliados como a prestadoras, e intervenir en la autorización de prestaciones, por mencionar solo algunos aspectos”, insistió De Isasi.
Pablo Abramovich, secretario general de la AJB manifestó: “Venimos detectando una política sistemática de deterioro de las prestaciones del IOMA, que básicamente va de acuerdo con esta decisión del Gobierno provincial de apropiarse del excedente del Instituto, tomada de esa ley ilegítima votada en diciembre de 2017”.
Marta Márquez, presidenta de CICOP, concluyó: “No nos sorprende. Si hay algo que ha caracterizado al Gobierno de María Eugenia Vidal en la Provincia y al Gobierno de Macri en la Nación es avanzar sobre los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, y privilegiar negocios para los amigos. Este nuevo intento de avance no es otra cosa que ir hasta el final con aquello que se propusieron hacer cuando asumieron el Gobierno”.
SATSAID analizará medidas de fuerza
Ante la falta de respuestas de la cámara empresaria por la revisión de la paritaria 2019, SATSAID, el gremio que nuclea a los trabajadores de la televisión, realizará asambleas para analizar la posibilidad de llevar adelante medidas de fuerza.
Incluso, el sindicato lanzó un video en donde se pregunta «¿Qué pasó con el compromiso empresario de ATA-CAPIT?», y da cuenta que el acuerdo firmado a fines de 2018 invita a revisar la paritaria a partir de junio de este año. Por el momento, no hubo respuestas por parte de los empresarios.
«No faltan viviendas, faltan derechos»
Más de 200 casas abandonadas y tapiadas amanecieron empapeladas con afiches que reclaman viviendas accesibles para los vecinos y vecinas que padecen alquileres exorbitantes o que viven a la intemperie en CABA. El grupo de organizaciones sociales denuncia la falta de politicas del gobierno de la Ciudad. Hay mas de 130 mil casas ociosas y se calcula que hay mas de 7mil personas viviendo en las calles. Por ANRed
El comunicado emitido por la Consejeria de Viviendas, Proyecto 7 y Amigues de la Calle se titula «No faltan viviendas, faltan derechos» y denuncia la profundización de una crisis habitacional que se evidenció este invierno cuando las bajas temperaturas sensibilizaron a parte de la sociedad que vio como vivian familias enteras en las veredas de la ciudad porteña.
Se acaba el invierno y ya fuera de la agenda de los medios hegemónicos, la emergencia persiste. Estas organizaciones senalan que «La crisis habitacional en CABA no es algo nuevo y se agrava por su crecimiento exponencial. Sin embargo, en 2019 el presupuesto para vivienda fue un 8% menor al año anterior, recorte que no sufrieron la publicidad o las fuerzas represivas».
Apuntaron contra los números que informó el gobierno sobre las personas en situacion de calle, casi siete veces menos de los datos recabados por el reciente censo realizado por organizaciones populares, «Para Rodríguez Larreta, no es tanta la gente que vive en la calle, sino que muchas y muchos vienen a CABA a «pasar el día». El censo del gobierno porteño dice que son 1.146 personas que viven en las calles, cifra mucho menor a las 7.251 que arroja el 2° Censo Popular de Personas en Situación de calle. Es alarmante saber que de ellxs, 871 son niñas y niños».
Y continua explicando, «El IVC y el Min. de Desarrollo Humano y Hábitat están lejos de brindar soluciones a esta problemática, no aportan propuestas concretas, por lo que el drama de los desalojos aumenta día a día acrecentado por la crisis económica y la voracidad del mercado inmobiliario. A su vez, la desregularización total de los alquileres y la falta de acceso a la vivienda definitiva, hacen que hoteleros e inmobiliarias planteen sus propias reglas, con el visto bueno del estado. En el marco de la deuda con el FMI, inmuebles y tierras públicas que pudieran tener un fin social, son rematados para obtener las migajas a que los compran los grandes terratenientes urbanos».
La emergencia esta agrabada por la creciente crisis economica y social que atraviesa el pais. La disparada del dolar arrastra el alza inflacionaria que aumenta semana a semana el costo de vida, las familas con problemas de vivendas son las mas afectadas, «Creemos que todo este panorama no hará más que aumentar la población que carece de un derecho tan básico como un techo, y que ya es momento de actuar para revertir estas injusticias. La crisis golpea muy duro a la clase trabajadora, que ve amenazado su trabajo, su salud, su vivienda».
Y prosigue, «Recientemente, el IVC junto a organizaciones, Defensorías y ONGs han relevado 138.328 casas ociosas.Entendemos que es un primer paso para evaluar medidas impositivas que desalienten la existencia de viviendas vacías. Sin embargo, ante el panorama de crisis habitacional que describimos anteriormente, creemos que son necesarias medidas decisivas y urgentes, como pueden ser la expropiación de casas tapiadas y la garantía de su uso social en caso de ser del estado (incluso las de herencia vacante)».
Las organizaciones empapelaron las casas que estan inactivas o deshabitadas, algunas desde hace años, y en donde se podría albergar a las miles de familias. Piden que el gobierno tome medidas sobre la crisis social que se agrava dia a dia, «que no haya ni casas sin gente, ni gente sin casas», proclama el comunicado.
«¿De qué valen sólo las medidas a largo plazo si cada año son más lxs muertxs por el frío, más lxs niñxs en la calle, y se siguen a la intemperie una nueva ola de desocupadxs por la crisis?»
«Por eso consideramos necesario visibilizar la crisis social en la que nos encontramos, en contraste con la disponibilidad de terrenos y casas ociosas ¿Cómo es posible que haya personas sin casa en la misma calle donde hay casas vacías, a la espera de una revalorización de sus precios? Hoy nuestra propuesta es instalar esta reflexión en el ideario común, que todxs empecemos a preguntarnos qué significa el derecho a la vivienda y preguntarnos ¿casas para la gente o casas para el mercado?».
Las organizaciones firmantes se pronunciaron por decisiones que den inmediata solucion «Por la expropiación de la vivienda y tierra ociosa, para apostar a un modelo de alquiler y vivienda social, con control popular sobre la regulación de precios de la renta y sobre el destino de la tierra y la vivienda de la ciudad». y piden sumar adhesiones a consejerias.vivienda@gmail.com
La empresa mudará su producción a Córdoba
SanCor cerró su planta de Lincoln y echó a 21 trabajadores
Los despidos de trabajadores siguen en las principales empresas del país en medio de la crisis. A las últimas desvinculaciones de Zanella y Loma Negra , ahora se suman una veintena de cesantías en la empresa de lácteos SanCor. La compañía cerró una planta ubicada en la localidad de Arenaza, en el distrito de Lincoln, y echó a 20 personas que se desempeñaban en la línea de producción del tradicional queso untable Mendicrim.
La producción será trasladada a Córdoba, no así los trabajadores que se desempeñaban en la planta bonaerense. La empresa y el sindicato no llegaron a un acuerdo para garantizar la continuidad laboral, aunque aguardan un encuentro el 12 de septiembre ante el Ministerio de Trabajo para analizar la situación. “El Estado se mantiene al margen. Al ministerio le pedimos la intervención del intendente municipal y del secretario de lechería”, subrayó Ignacio Iúdica, abogado del gremio Atilra, en diálogo con FM La Patriada.
La empresa alegó que el establecimiento estaba a cargo de la compañía ARSA (Alimentos Refrigerados, perteneciente a la firma Vicentin), que lo compró luego de adquirir también las unidades de SanCor en yogures, flanes y postres. La producción de la planta de Lincoln se había frenado hace unos meses y algunas de las máquinas habían sido ya trasladadas desde Arenaza a Devoto en la provincia de Córdoba.
«Ya han llegado los telegramas, la empresa se niega a trasladar a los trabajadores a la nueva planta», reclamó Iúdica, quien contó que la empresa “se venía negando a pagar la totalidad de los sueldos según el Convenio Colectivo». Se había frenado la producción de la planta de Lincoln hace unos meses y algunas de las máquinas habían sido ya trasladadas desde Arenaza a Devoto en la provincia de Córdoba.
Desde 2018, la firma viene aplicando un brutal ajuste y flexibilización en todas sus plantas, lo que los llevó a vender gran parte de sus pricipales activos. En noviembre del año pasado, SanCor vendió dos de sus plantas y dos marcas al grupo argentino Adecoagro por 45 millones de dólares en el marco de su plan de achique de infraestructura, bienes de capital y plantilla de personal. Los activos transferidos alcanzaron a dos establecimientos industriales ubicados en Chivilcoy y Morteros y las marcas Las Tres Niñas y Angelita.
Eso mismo ocurrió en otras cinco fábricas: la planta de Centeno pasó a manos de La Tarantella. En tanto que Brinkmann fue vendida a Alaisa, Charlone pasó a San Gotardo, Coronel Moldes fue cedida a la Cooperativa de tamberos de Huanchilla y Porteña pasó a Arla.
Fuente:RL
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